CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n.° 56666 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente STL10447-2019 Radicación n.° 56666 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019). Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la acción de tutela presentada por ABELARDO ESCARRAGA LONDOÑO, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, trámite al cual se vinculó al JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO de igual ciudad.

I.

ANTECEDENTES El quejoso, presentó acción de tutela con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y a la «protección de la tercera edad», los cuales, en su criterio, fueron transgredidos por la autoridad judicial cuestionada. Para el efecto, señala que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, mediante Resolución número GNR 29946 del 10 de febrero de 2015, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con fundamento en que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 860 de 2003, pese a que a 1º de abril de 1994, alcanzó a cotizar un total de 502.14 semanas y que cuenta con el dictamen de la Junta Nacional de Calificación, del 1 de agosto de 2014, que calificó su pérdida de capacidad laboral, por enfermedad de origen común, en un 57.96%, con fecha de estructuración a partir del 9 de noviembre de 2011.

Expone que con fundamento en lo anterior, promovió demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones, a fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en aplicación de la condición más beneficiosa, asunto que le correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien mediante sentencia del 22 de febrero de 2016, negó las pretensiones de su demanda, decisión que fue confirmada por el Superior, el 24 de marzo de 2017, sin que presentara recurso extraordinario de casación, al no contar «con los medios económicos», para ello.

Reprocha que desde hace veinte años padece «severos problemas de salud consistentes en: diabetes mellitus con complicaciones neurológicas, trastorno mixto de ansiedad y depresión e hipoacusia neurosensorial bilateral», lo que le impidió continuar laborando desde el año 1994. Por lo anterior, requiere se deje sin efectos la sentencia proferida el 24 de marzo de 2017, por la Sal Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, y en su lugar se le reconozca la pensión de invalidez «amparado en el principio de la condición más beneficiosa; por tener reunidos los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 del mismo año».

Mediante auto del 22 de julio de 2019, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las autoridades judiciales involucradas, y demás partes e intervinientes a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción a su favor. Dentro de la oportunidad legal otorgada, la Administradora Colombiana de pensiones -Colpensiones, requirió se declare improcedente la acción. Por su parte, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, se opuso a la prosperidad de la acción para lo cual expuso que el quejoso no se cumple con el requisito de la inmediatez de la acción, así mismo remitió copia de las providencias cuestionadas.

CONSIDERACIONES De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Ahora bien, en el asunto objeto de estudio, se desprende que la inconformidad del actor deviene con ocasión de las decisiones adoptadas, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de fecha 24 de marzo de 2017, en virtud de la cual confirmó la providencia del juez de primer grado del 22 de febrero de igual año, que negó las pretensiones de la demanda impetrada por el tutelista contra Colpensiones, en relación al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en aplicación de la condición más beneficiosa.

Ahora bien, es criterio pacifico de la Corporación, que la acción constitucional, es procedente frente a decisiones judiciales, sólo cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y la seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones judiciales, lo que se concreta en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

Debe enfatizarse, que la tutela contra una decisión judicial, no es un recurso último o final, sino un remedio urgente para conjurar el quebrantamiento inminente de derechos de origen constitucional. En esta medida, es deber de la parte interesada, hacer uso diligente y oportuno de la protección constitucional, pues de no ser así, la firmeza de las decisiones judiciales estaría sujeta a la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera promover cualquiera de las partes.

En orden a lo expuesto, ha repetido en sendos pronunciamientos esta Corporación, que el principio de la inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela, en orden a garantizar la protección de los derechos que se consideran vulnerados; por ello es indispensable estudiar cada caso en particular, toda vez que es necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se promueva dentro de un término razonable y prudencial, en razón de la misma finalidad de la tutela, en procura de que ésta no se convierta en factor de inseguridad jurídica.

Con base en los supuestos fácticos narrados, así como en las pruebas allegadas al plenario, se advierte, que el reclamo y reproche constitucional de la parte accionante, fue definido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante sentencia del 24 de marzo de 2017. En consonancia con el precedente jurisprudencial establecido por esta Sala de la Corte, se considera que la presente acción no tiene vocación de prosperidad, por cuanto se advierte que, a pesar de los argumentos expuestos por la parte tutelante, no existe justificación válida que explique el tiempo transcurrido para solicitar el amparo constitucional, si se tiene en cuenta que como se expuso en precedencia, la providencia con la cual la parte peticionaria considera vulnerados sus derechos fundamentales, fue dictada el 24 de marzo de 2017, mientras que la acción de amparo fue radicada el 15 de julio de 2019, es decir, luego de haber transcurrido dos años, tres meses y veintiún días, de proferida la decisión cuestionada, superando el término que la jurisprudencia adoctrinada ha considerado como razonable, para no incurrir en violación al principio de inmediatez, y con ello se desvirtúa la existencia de la violación inminente de los derechos que se pretenden amparar y del perjuicio irremediable que hubiere podido causar a la parte peticionaria, pues esta corporación ha considerado como un plazo prudencial y razonable para hacer uso de esta acción constitucional, el de seis (6) meses luego de proferida la decisión cuestionada o de ocurridos los hechos de los cuales se deriva la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se invoca.

Por ello, puede afirmarse que el incumplimiento de esta exigencia de procedibilidad le impide al juez constitucional conocer de la acción de tutela cuando medie negligencia o desidia del accionante en el ejercicio y agotamiento de las acciones ordinarias de protección de sus derechos. Igualmente, esta Sala ha reiterado, que las características de la acción de tutela, son la subsidiariedad y residualidad, y ha mantenido el criterio de la improcedencia de esta acción contra providencias o sentencias judiciales, salvo que con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados, en forma evidente derechos de estirpe constitucional.

Ahora bien, es relevante expresar que el amparo constitucional no puede erigirse como un atajo arbitrario del cual pueda el interesado servirse para soslayar los medios ordinarios de defensa judicial que el ordenamiento le dispensa. De manera que, quien acude al trámite constitucional tiene que demostrar diligencia en el beneficio de sus propios derechos, pues si no ha hecho uso de las herramientas procesales que la ley prevé, para que el juez competente pueda pronunciarse, pierde la oportunidad de acudir al juez constitucional, salvo claras excepciones, en las que no se encuentra la hoy convocante.

En este orden de ideas, de las pruebas allegadas al plenario, advierte esta Corporación claramente que, la parte accionante, de igual forma no utilizó los mecanismos ordinarios que tenía a disposición para controvertir la sentencia proferida por el cuestionado Tribunal de Pereira, el 24 de marzo de 2017, y que ahora pretende atacar a través de esta vía excepcional, pues por su propia incuria no empleó, como lo era el recurso extraordinario de casación, toda vez que la cuantía del litigio supera los 120 salarios mínimos, y conforme lo ha sostenido esta Sala de Casación Laboral en forma reiterada, el derrotero para determinar la viabilidad en la concesión y admisión del recurso extraordinario, tratándose de la parte demandante, corresponde al valor de las peticiones impetradas y liquidadas hasta la fecha de la decisión de segundo grado que no hayan sido otorgadas, siempre y cuando mantenga el interés jurídico para recurrir frente a esas súplicas, a lo que se suma que cuando se refiere a pensiones o reajuste de las mismas adicionalmente se debe mirar la incidencia futura, tomando como referente la vida probable o esperanza de vida del interesado, máxime si se tiene en cuenta que revisadas las pretensiones de la demanda del actor estás se circunscribían a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

De manera que, la parte vencida no puede en estos momentos, luego de desechar el empleo del recurso extraordinario de casación, dentro de la oportunidad legalmente prevista para ello, acudir a la tutela en franco desconocimiento de su carácter excepcional, residual y subsidiario, por cuanto este mecanismo constitucional, no está estatuido para revivir los términos procesales que por ley se otorga a las partes.

Así las cosas, como quiera que el accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial, lo que, conforme al numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, es causal de improcedencia de este amparo, no hay lugar a conceder el amparo constitucional implorado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela impetrada.

SEGUNDO: ENTERAR de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado, si éste no fuere impugnado. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 1 10