Rad. n.° 76111-22-13-002-2025-00131-01 FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente STC9580-2025 Radicación n.° 76111-22-13-002-2025-00131-01 (Aprobado en sesión de veinticinco de junio de dos mil veinticinco) Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025). Se decide sobre la impugnación interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 27 de mayo, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga - Sala Civil Familia, en la acción de tutela promovida por José Antonio Aguilera Borja, quien dijo ser apoderado de Hernán Aguilera Borja, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, a la cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario que origina la controversia.

ANTECEDENTES 1. En la descrita condición, el abogado promotor reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, « defensa, (…) igualdad [,] acceso a la administración de justicia » y « principio [s] de legalidad, (…) congruencia, (…)perpetuatio jurisdictionis [ y] especificidad » de la persona que alegó representar, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. 2.

Censuró, de un lado, que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga, con auto de 19 de febrero del año en curso, emitido dentro del hipotecario n.° 2024-00029, de Bancolombia S.A. vs. Hernán Aguilera Borja, dispuso desestimar « las observaciones [por él] al [l] egadas » (como apoderado del ejecutado) en torno « al avalúo [de] la (…) demandante », de cara al remate del inmueble materia de la garantía real.

También que esa providencia se ratificó, en reposición suya, mediante pronunciamiento de 7 de abril siguiente. Al efecto adujo, en síntesis, que fue inadvertido por el despacho que « el perito » a cargo « no ha cumplido con la normativa establecida en el artículo 226 del CGP », en cuanto a las obligaciones de: « presentar su historial de participación en otros casos »; «[a] nexar (…) los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio »; aportar « lista de publicaciones(…) relacionadas con [el] peritaje »; informar acerca de la « designa [ción o no] en procesos anteriores o en curso » por Bancolombia o su defensor; y, declarar « si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones [elaborados] son diferentes respecto de los que ha utilizado en [anteriores] peritajes ».

Omisiones que « da [n] lugar a la nulidad (…) o (…) descalificación de su dictamen » según precedentes de la Corte, máxime si el auxiliar de la justicia « nunca visit [ó] el predio » ni probó su permanencia en el Registro Nacional de Avaluadores. Asimismo, el abogado tutelante criticó que el Juzgado, por conducto de proveído de 28 de abril posterior, se abstuvo de tramitar su recurso de queja contra el mencionado auto de 7 de abril, en lo tocante a no concederle la apelación subsidiaria frente a la determinación desestimatoria de las objeciones al « dictamen » (la de 19 feb.), porque fue desconocido que esta última resolución « es apelable conforme el art. 321… [, e] n concordancia con el art. 226 (…) y art. 228 del CGP », con más soporte si, de opinar algún partícipe que « el dictamen pericial es incompleto, incorrecto o no cumple con los requisitos legales, puede impugnarlo… ». 3.

Pretende, por ende, restar valor a « la aceptación del avalúo irregular » y « se ordene (…) designar un perito imparcial… », más la aportación de experticia « legal, técnic [a] y objetiv [a]». LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS 1. El Juzgado recordó lo sucedido y se opuso al éxito del amparo, por ausencia de trasgresión. Brindó copia del expediente en disenso. 2.

Bancolombia S.A. instó a la improcedencia de la tutela, al no controvertir -Hernán- « el dictamen [con] uno nuevo » ni elevar el remedio de queja « en subsidio » de reposición. LA SENTENCIA IMPUGNADA Negó la salvaguarda comoquiera que, en resumen, los autos censurados escapan a la arbitrariedad. LA IMPUGNACIÓN La intentó el profesional del derecho convocante, con insistencia en sus críticas y en discrepancia del Tribunal a-quo, por desatender el detalle de la problemática.

CONSIDERACIONES 1. Acorde a los parámetros de esta Corporación, en línea de principio, la tutela no cabe contra las actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras de mantener los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en los procesos judiciales en curso o terminados, para variar los pronunciamientos ahí proferidos o exigir que se adopten de cierta manera.

Sin embargo, la viabilidad de dicha herramienta permanece condicionada a requisitos generales tales como la legitimación en la causa por activa, el agotamiento previo de los instrumentos ordinarios y extraordinarios al alcance y la acudida dentro de un plazo razonable. 2. Corresponde establecer, preliminarmente, si el abogado promotor está facultado para presentar y adelantar el amparo en nombre de Hernán Aguilera Borja y, de superarse lo anterior, si el Juzgado accionado incurrió en los desaciertos enunciados por tal profesional. 3.

Así, en relación con la legitimidad para iniciar esta especialísima acción supralegal, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991 estatuye que: podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia ha estimado que: la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados.

Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275-2021 y STC12868-2023). 4.

De la evidencia recogida, muy pronto surge la impertinencia del ruego que formuló el profesional del derecho José Antonio Aguilera Borja, ya que no es el titular de las garantías que invoca como infringidas, ni adosó poder especial idóneo que habilitara su mediación en esta vía como representante judicial de Hernán Aguilera Borja (interesado en las resultas del presente debate), lo que deriva, más allá de lo actuado y asumido ante el Tribunal de instancia, en su falta de legitimación en la causa por activa, con independencia de que sea apoderado en el hipotecario materia de la tutela.

En tal orden, al margen de los reclamos del abogado frente a la actuación criticada, lo cierto es que, si supuestamente se concretaron las fallas que atribuye al interior de la descrita ejecución, el legitimado para activar este excepcional ruego en procura de controvertir lo allá desatado sería Hernán Aguilera Borja (ejecutado). Nótese que, si bien el profesional aportó un mandato que le fue otorgado por el señor Hernán, dicho poder no reúne los requisitos del artículo 74 del Código General del Proceso ni las previsiones del precepto 10 del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta que no es especial, pues aun cuando indica que fue conferido para instaurar acción de tutela contra el Juzgado convocado, ni siquiera se observan allí determinadas o identificadas las puntuales actuaciones (providencias) u omisiones que generarían la alegada vulneración de prerrogativas superiores, con ocasión del proceso judicial que ahora se ataca.

Sobre este preciso aspecto, la Sala ha dicho de antaño que: la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.

La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (Destacó la Sala.

CSJ STC458-2021). Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, la Sala señaló: Por su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela;

(iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción» (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subrayado ajeno. STC2255-2022, reiterada, entre otras, en STC11111-2024). 5.

Se reafirmará el fallo de origen, aunque por lo hasta acá consignado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comuníquese por un medio expedito, y en oportunidad remítanse las actuaciones a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. HILDA GONZÁLEZ NEIRA Presidente de la Sala MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA (ausencia justificada) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE FRANCISCO TERNERA BARRIOS 10