Rad. n.° 08001-22-13-000-2025-00235-01 FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente STC7558-2025 Radicación n.° 08001-22-13-000-2025-00235-01 (Aprobado en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veinticinco) Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Se decide sobre la impugnación interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 5 de mayo, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala Civil Familia, en la acción de tutela promovida por Rafael Antonio Solano Urquijo, quien dijo ser apoderado de Talataa Talent S.A.S., contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Séptimo Civil Municipal, ambos de la misma ciudad.

ANTECEDENTES 1. En la descrita condición, el abogado promotor reclama la protección del derecho fundamental al debido proceso de la sociedad que alegó representar, presuntamente vulnerado por las autoridades jurisdiccionales acusadas. 2. Adujo, en lo relevante, que el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Barranquilla, con auto de 15 de julio de 2024, dispuso no librar mandamiento de pago, en relación con la demanda ejecutiva n.° 2024-00450, instaurada por Talataa Talent S.A.S. con respecto a Auxo S.A.S. para el cobro de tres facturas electrónicas.

Resolución que -expuso- resultó ratificada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito idem, en apelación por él formulada (como abogado de la ejecutante), mediante pronunciamiento de 29 de enero del año en curso. Reprochó el tutelante lo así resuelto, por « defectos fáctico y sustantivo », pues, en síntesis, los operadores de justicia convocados inadvirtieron que « s [í] se encuentra evidencia que registra el evento de [la] transmisión » de los títulos valores a la enjuiciada (deudora), además de que el ad quem le impondría « registrar(…) [la] entrega [-de las facturas-] en el RADIAN, no obstante [ que] la jurisprudencia [(STC5345-2024)] ha sido expl [í] cita al indicar que tal requisito solo es exigible cuando la factura (…) circula… ». 3.

Pretende, por ende, restar valor a lo dirimido y la emisión de providencia judicial favorable. LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS El Juzgado Municipal se opuso al éxito del amparo, por ausencia de trasgresión a Talataa Talent S.A.S. y brindó copia del expediente en disenso. LA SENTENCIA IMPUGNADA Negó la salvaguarda comoquiera que, en resumen, los autos censurados escapan a la arbitrariedad.

LA IMPUGNACIÓN La intentó el profesional del derecho convocante, con insistencia en sus críticas y en discrepancia del Tribunal a-quo, por desatender el detalle de la problemática y acompañar los planteamientos de los Juzgados, en cuanto afirmaron -sin soporte- no haber probado (Talataa Talent S.A.S.) la remisión de las facturas a la ejecutada.

CONSIDERACIONES 1. Acorde a los parámetros de esta Corporación, en línea de principio, la tutela no cabe contra las actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras de mantener los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en los procesos judiciales en curso o terminados, para variar los pronunciamientos ahí proferidos o exigir que se adopten de cierta manera.

Sin embargo, la viabilidad de dicha herramienta permanece condicionada a requisitos generales tales como la legitimación en la causa por activa, el agotamiento previo de los instrumentos ordinarios y extraordinarios al alcance y la acudida dentro de un plazo razonable. 2. Corresponde establecer, preliminarmente, si el abogado promotor está facultado para presentar y adelantar el amparo en nombre de Talataa Talent S.A.S. y, de superarse lo anterior, si los Juzgados accionados incurrieron en los desaciertos enunciados por tal profesional. 3.

Así, en relación con la legitimidad para iniciar esta especialísima acción supralegal, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991 estatuye que: podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. Sobre el alcance del precepto legal en mención, la jurisprudencia ha estimado que: la legitimación por activa en la acción de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados.

Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran válidas tres vías procesales adicionales para la interposición de la acción de tutela: (i) a través del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878 de 2007; reiterada entre otras en STC16275-2021 y STC12868-2023). 4.

De la evidencia recogida, muy pronto surge la impertinencia del ruego que formuló el profesional del derecho Rafael Antonio Solano Urquijo, ya que no es el titular de las garantías que invoca como infringidas, ni adosó poder especial idóneo que habilitara su mediación en esta vía como representante judicial de Talataa Talent S.A.S. (interesada en las resultas del presente debate), lo que deriva, más allá de lo actuado y asumido ante el Tribunal de instancia, en su falta de legitimación en la causa por activa, con independencia de que sea apoderado en el ejecutivo materia de la queja.

En tal orden, al margen de los reclamos del abogado frente a la actuación criticada, lo cierto es que, si supuestamente se concretaron las fallas que atribuye al interior de la descrita ejecución, la legitimada para activar este excepcional ruego en procura de controvertir lo allá desatado sería Talataa Talent S.A.S. (ejecutante). Nótese que, si bien el profesional quejoso aportó un mandato que le fue otorgado por Talataa, dicho poder no reúne los requisitos del artículo 74 del Código General del Proceso ni las previsiones del precepto 10 del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta que no es especial, pues aun cuando indica que fue conferido para instaurar acción de tutela contra el Juzgado del Circuito convocado, ni siquiera se observa allí identificado el proceso dentro del cual se genera la vulneración alegada, ni las puntuales actuaciones (u omisiones) trasgresoras de prerrogativas superiores.

Sobre este preciso aspecto, la Sala ha dicho de antaño que: la legitimación de los abogados para instaurar la acción de tutela aduciendo representación judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto señaló en la Sentencia T-001 de 1997, que por las características de la acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión. De este modo, cuando la acción de tutela se ejerce a título de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente.

La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa (Destacó la Sala.

CSJ STC458-2021). Y haciendo suyo el pronunciamiento del máximo órgano de cierre constitucional, en punto de los requisitos de tal mandato, la Sala señaló: Por su parte, (…), el poder especial conferido debe contener una serie de requisitos, a saber: «(i) los nombres y datos de identificación tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela;

(iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (…) En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción» (T-1025/06 Corte Constitucional) (Subrayado ajeno. STC2255-2022, reiterada, entre otras, en STC11111-2024). 5.

Se ratificará el veredicto de origen, aunque por lo hasta acá consignado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comuníquese por un medio expedito, y en oportunidad remítanse las actuaciones a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Presidente de la Sala (E) HILDA GONZÁLEZ NEIRA (ausencia justificada) FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE FRANCISCO TERNERA BARRIOS 10