STC2172-2024 — Corte Suprema

STC2172-2024Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2024

Decreto 806 de 2020Ley 2213 de 2022Ley 527 de 1999Ley 806 de 2020

De qué trata

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Procedencia excepcional de la acción Tesis: «Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la acción de tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, al juez constitucional no le es posible inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. Por regla de excepción, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención de esta justicia con el fin de restablecer el orden jurídico». DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Sustentación escrita “transitoria” en vigencia del Decreto 806 de 2020, adoptado como legislación permanente por la Ley 2213 de 2022: validez de la sustentación anticipada efectuada ante el juez de primera instancia (c. j.) DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso de impugnación de actos de asamblea: vulneración del derecho al declarar desierto el recurso de apelación, sustentado anticipadamente, ante el juez de primera instancia DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso de impugnación de actos de asamblea: vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la validez de la sustentación anticipada del recurso de apelación Tesis: «De la revisión realizada a la queja constitucional y las piezas procesales incorporadas al expediente digital por el despacho judicial que conoce del asunto, se advierte que la Sala concederá la salvaguarda reclamada, por cuanto se advierte la vulneración del debido proceso del accionante. 3.1. El debate en relación a la viabilidad de declarar desierta la apelación contra una sentencia que se haya sustentado por escrito antes de la oportunidad prevista en la Ley 2213 de 2022 -antes Decreto 806 de 2020, ha sido abordada por esta Corporación en numerosas ocasiones, con el fin de cavilar sobre la ponderación que se debe realizar, en cada caso particular, sobre la aplicación de dicha sanción en atención a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra del fallo cuestionado. En tal sentido, la posición mayoritaria de esta Sala señaló que: (…) a la hora de observar la temática en el plano supralegal y en relación con los casos concretos, no es admisible la aplicación automática e irreflexiva de la sanción que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, (…) pues, esa tarea debe estar soportada en un análisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentación anticipada era suficiente para la resolución de la alzada, sin que lo adelantado en esa gestión conlleve a sancionar al litigante de forma tan drástica como es el cercenamiento de la segunda instancia. No obstante, no se discute que la anticipada actuación comporta un proceder inadecuado frente a la administración de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentación, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional (STC5790-2021). De ahí que pueda concluirse que, si bien existe una etapa idónea para tal ejercicio de justificación, su presentación anticipada, bajo las circunstancias legislativas aplicables al caso concreto, podrá ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnación comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuación inesperada y errada del censor, de todos modos se cumplió con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en últimas, ya conoció de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que esto conlleve afectación alguna a los derechos del no recurrente, habida cuenta que el apelante no guardó silencio, no superó los términos establecidos para el efecto y tampoco causó «dilación en los trámites»; así mismo, no se sorprende a la contraparte o se vulneran sus derechos, ni se acortan los términos; lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto (STC2691-2023). 3.2. En el sub lite, revisado el expediente criticado se observa que emitida la sentencia de primer grado en audiencia del 20 de septiembre de 2023, el apoderado del Edificio Multifamiliar palma Real P.H., aquí interesado, presentó apelación frente a lo resuelto, y en escrito remitido dentro del término que le fue concedido, esto es, el día 25 del citado mes y año, precisó in extenso como motivos de su descontento, en esencia, i) la primacía del derecho sustancial sobre el procesal; ii) la ausencia de pruebas que acrediten la ineficacia del acta de la asamblea; y iii) el desconocimiento del principio de primacía del interés general sobre el particular y reglas democráticas. Visto lo anterior, emerge ostensible que de las manifestaciones efectuadas oportunamente por el mandatario de la parte tutelante en el escrito referido, pueden colegirse los reproches endilgados frente a la sentencia que resultó desfavorable a sus intereses, razón por la cual, el Tribunal accionado debió desatar de fondo la alzada garantizando la contradicción de los demás intervinientes en el asunto. 4. Así las cosas, y comoquiera que la Corporación convocada no tuvo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la aquí interesada fue debidamente argumentado ante el juez del conocimiento, desconociendo el precedente jurisprudencial de esta Sala en relación a la sustentación anticipada del mecanismo vertical, se concederá la protección rogada». DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: modificaciones introducidas en la fase de segunda instancia por la Ley 2213 de 2022 DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Procedencia de la sustentación escrita en virtud de la Ley 2213 de 2022: inexistencia de exoneración del deber de sustentar dentro del término previsto DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Oportunidad para sustentar el recurso de apelación: imposibilidad de tener por cumplida anticipadamente la carga de sustentación ante el juez de primera instancia Tesis: «La Ley 2213 de 2022 que estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, modificó la segunda etapa en la que, de conformidad con los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelación de decisiones judiciales, esto es, ante el juez de segunda instancia: admisión, sustentación y decisión -, modificación que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez “ejecutoriado el auto que admite el recurso”, actuación cuya competencia está adscrita al superior y no al juez de primer nivel. Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la sentencia apelada y, las consecuencias de su desatención además que no han variado, no se extendieron a la obligación misma de “sustentar la apelación” ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia, admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. Tampoco exoneró del deber de “sustentar” dentro del término allí previsto, esto es, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserción y, por ende, por su propia omisión, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretación, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisión. 2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentación si atendemos que el legislador previó la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatención. Por lo tanto, podría aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realización, esto es, durante el trámite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera». DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso de impugnación de actos de asamblea: la decisión que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia por falta de sustentación ante el juez de segunda instancia, no vulnera el derecho al debido proceso del accionante DERECHO CONSTITUCIONAL - Acciones constitucionales - Acción de tutela - Sentencia de tutela: efectos inter partes Tesis: «Estoy convencida que el resguardo no debió concederse porque el recurrente desacató la carga de sustentación ante el juez competente y, en la oportunidad señalada por el legislador, lo que conllevaba la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelación. 2.4.- Ahora, si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2023 acogió la tesis de la Sala Mayoritaria de esta Magistratura, no conduce a solventar de manera idéntica, en tanto, además que los pronunciamientos emitidos en “las acciones constitucionales” generan efecto inter partes, según el artículo 48, numeral 2°, de la Ley 270 de 1996, que prevé: “[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces” (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y STC5396-2022 y STC382-2023), las razones expuestas allí en nada varían las esgrimdias en salvamentos anteriores frente a idéntica posición de la Sala Mayoritaria y, que aquí, con el debido respeto y consideración, reitero. Con el debido respeto, dejo así consignada mi disconformidad». DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra auto y sentencia: fases en primera y segunda instancia Tesis: «El recurso de apelación contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos específicos, que debe tener en consideración el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposición del recurso y la formulación de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisión, la sustentación de la impugnación y la decisión, que se adelanta ante el de segunda instancia». DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: oportunidad para interponer y sustentar el recurso DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: modificaciones introducidas en la fase de segunda instancia por el Decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022 DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: el Decreto 806 de 2020, la única variación que introdujo fue la forma de hacer la sustentación ante el juez de segunda instancia, de oral a escrita Tesis: «En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelación frente a un fallo, el numeral 3° del artículo 322 del Código General del Proceso, establece, «Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior. Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado». (Se destaca). Por su parte el artículo 327 del Código General del Proceso, señala, “(…) Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código. El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia”. La Ley 2213 de 2022, que adoptó como “legislación permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020”, consagra en el artículo 12, “ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes… Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto”, norma que reproduce íntegramente el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo demás, en nada alteró las exigencias descritas el citado artículo 322, en cuanto a la interposición del recurso y la formulación de los reparos: Se ocupó, exclusivamente de la forma en que se realizaría la sustentación, que antes de su expedición era de manera oral en audiencia (artículo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación, en el término de cinco (5) días, ante el ad quem y no al a quo. La modificación que el citado artículo 14 introdujo al recurso de apelación de sentencias, en últimas lo único que varió fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. Tampoco reformó la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatención, únicamente, se itera, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia, se admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario». DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia: diferenciación entre los reparos concretos y la sustentación DERECHO PROCESAL - Medios de impugnación - Recurso de apelación contra sentencia - Oportunidad para sustentar el recurso de apelación: imposibilidad de tener por cumplida anticipadamente la carga de sustentación ante el juez de primera instancia DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Proceso de impugnación de actos de asamblea: la decisión que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia por falta de sustentación ante el juez de segunda instancia, no vulnera el derecho al debido proceso del accionante Tesis: «(…) no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentación que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (artículo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previó la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatención. Por lo anterior, el amparo propuesto no debió ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelación en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentación ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá) y, en la oportunidad señalada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural».

Rad. n° 11001-02-03-000-2024-00196-00 FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado Ponente STC2172-2024 Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00196-00 (Aprobado en sesión del veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro) Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte la acción de tutela promovida por el Edificio Multifamiliar Palma Real P.H. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, trámite al cual fue vinculado el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito y los intervinientes en el proceso verbal n° 2021-00220.

ANTECEDENTES 1. La propiedad horizontal actora reclama por intermedio de apoderado judicial, la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. 2. En síntesis expuso que Orlando Rafael Pacheco Carrascal y otros promovieron en su contra el referido litigio de impugnación de actas de asamblea, trámite en el cual, pese a que éste interpuso recurso de apelación contra la sentencia que le fue desfavorable, el que sustentó de forma verbal en la audiencia de fallo y por escrito ante el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad declaró desierta la alzada por falta de sustentación en la segunda instancia. Señala que, aunque formuló recurso de reposición y en subsidio súplica contra esa decisión, pues cumplió anticipadamente con la carga echada de menos, la Corporación convocada la mantuvo incólume y rechazó el mecanismo subsidiario por improcedente, desconociendo con aquella determinación los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de esta Corte respecto de la puntual materia. 3.

Pretende entonces, que se ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, « revo [car] el auto que declara desierto el recurso, del pasado 13 de octubre de 2023 », y en consecuencia, « correr traslado del recurso de apelación interpuesto, a los demandantes, para que se pronuncien frente al mismo, y proseguir los trámites ordinarios de la segunda instancia ».

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS 1. El Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá defendió la legalidad de las actuaciones que desplegó dentro del proceso cuestionado, y remitió el enlace de acceso al mismo. 2. A la fecha de registro del proyecto no se habían recibido otras intervenciones. CONSIDERACIONES 1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporación, se ha dicho y reiterado, en línea de principio, que la acción de tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, al juez constitucional no le es posible inmiscuirse en el escenario de los trámites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera.

Por regla de excepción, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protección judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornarían imperiosa la intervención de esta justicia con el fin de restablecer el orden jurídico. 2.

En el presente asunto observa la Sala, que la propiedad horizontal accionante se queja del proveído proferido el 21 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través del cual resolvió « no reponer el auto de 13 de octubre de 2023 », por medio del cual declaró desierto el recurso de apelación que formuló contra la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso verbal n° 2021-00220, pues en su criterio, dicha autoridad desconoció que sustentó anticipadamente el mecanismo vertical. 3.

De la revisión realizada a la queja constitucional y las piezas procesales incorporadas al expediente digital por el despacho judicial que conoce del asunto, se advierte que la Sala concederá la salvaguarda reclamada, por cuanto se advierte la vulneración del debido proceso del accionante. 3.1. El debate en relación a la viabilidad de declarar desierta la apelación contra una sentencia que se haya sustentado por escrito antes de la oportunidad prevista en la Ley 2213 de 2022 -antes Decreto 806 de 2020, ha sido abordada por esta Corporación en numerosas ocasiones, con el fin de cavilar sobre la ponderación que se debe realizar, en cada caso particular, sobre la aplicación de dicha sanción en atención a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra del fallo cuestionado.

En tal sentido, la posición mayoritaria de esta Sala señaló que: (…) a la hora de observar la temática en el plano supralegal y en relación con los casos concretos, no es admisible la aplicación automática e irreflexiva de la sanción que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, (…) pues, esa tarea debe estar soportada en un análisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentación anticipada era suficiente para la resolución de la alzada, sin que lo adelantado en esa gestión conlleve a sancionar al litigante de forma tan drástica como es el cercenamiento de la segunda instancia. No obstante, no se discute que la anticipada actuación comporta un proceder inadecuado frente a la administración de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentación, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional (STC5790-2021).

De ahí que pueda concluirse que, si bien existe una etapa idónea para tal ejercicio de justificación, su presentación anticipada, bajo las circunstancias legislativas aplicables al caso concreto, podrá ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnación comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuación inesperada y errada del censor, de todos modos se cumplió con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en últimas, ya conoció de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que esto conlleve afectación alguna a los derechos del no recurrente, habida cuenta que el apelante no guardó silencio, no superó los términos establecidos para el efecto y tampoco causó «dilación en los trámites»; así mismo, no se sorprende a la contraparte o se vulneran sus derechos, ni se acortan los términos; lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto (STC2691-2023). 3.2.

En el sub lite, revisado el expediente criticado se observa que emitida la sentencia de primer grado en audiencia del 20 de septiembre de 2023, el apoderado del Edificio Multifamiliar palma Real P.H., aquí interesado, presentó apelación frente a lo resuelto, y en escrito remitido dentro del término que le fue concedido, esto es, el día 25 del citado mes y año, precisó in extenso como motivos de su descontento, en esencia, i) la primacía del derecho sustancial sobre el procesal; ii) la ausencia de pruebas que acrediten la ineficacia del acta de la asamblea; y iii) el desconocimiento del principio de primacía del interés general sobre el particular y reglas democráticas.

Visto lo anterior, emerge ostensible que de las manifestaciones efectuadas oportunamente por el mandatario de la parte tutelante en el escrito referido, pueden colegirse los reproches endilgados frente a la sentencia que resultó desfavorable a sus intereses, razón por la cual, el Tribunal accionado debió desatar de fondo la alzada garantizando la contradicción de los demás intervinientes en el asunto. 4.

Así las cosas, y comoquiera que la Corporación convocada no tuvo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la aquí interesada fue debidamente argumentado ante el juez del conocimiento, desconociendo el precedente jurisprudencial de esta Sala en relación a la sustentación anticipada del mecanismo vertical, se concederá la protección rogada.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo solicitado. En consecuencia, se deja sin valor ni efecto el auto de fecha 13 de octubre de 2023, a través del cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá declaró desierta la apelación que la parte tutelante interpuso contra el fallo proferido en el proceso verbal n° 2021-00220 y las demás providencias que de él se hayan desprendido, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta determinación, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el trámite de la alzada en comento.

Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito y, de no impugnarse esta decisión, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Presidente de Sala HILDA GONZÁLEZ NEIRA (salvamento de voto) MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ (salvamento de voto) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO (Ausencia justificada) LUIS ALONSO RICO PUERTA OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE FRANCISCO TERNERA BARRIOS SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00196-00 Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha solución. 1.- La Sala mayoritaria concedió el amparo constitucional reclamado por el Edificio Multifamiliar Palma Real P.H. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En consecuencia, tras dejar sin efecto el auto emitido por la Corporación censurada el 13 de octubre de 2023, mediante el cual declaró desierta la apelación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida en el proceso verbal n.° 2021-00220 y las demás providencias que de él se hayan desprendido, le ordenó que, «en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta determinación, adopte las medidas necesarias con el fin de continuar con el trámite de la alzada en comento».

Para ello, ab initio anunció que concedería la salvaguarda, por cuanto «se advierte la vulneración del debido proceso del accionante». Según explicó, porque: (…) 3.1. El debate en relación a la viabilidad de declarar desierta la apelación contra una sentencia que se haya sustentado por escrito antes de la oportunidad prevista en la Ley 2213 de 2022 -antes Decreto 806 de 2020, ha sido abordada por esta Corporación en numerosas ocasiones, con el fin de cavilar sobre la ponderación que se debe realizar, en cada caso particular, sobre la aplicación de dicha sanción en atención a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra del fallo cuestionado (…).

Resaltó la posición mayoritaria de la Sala, adoptada entre otros, en los fallos STC5790-2021 y STC2691-2023 y concluyó: (…) 3.2. En el sub lite, revisado el expediente criticado se observa que emitida la sentencia de primer grado en audiencia del 20 de septiembre de 2023, el apoderado del Edificio Multifamiliar palma Real P.H., aquí interesado, presentó apelación frente a lo resuelto, y en escrito remitido dentro del término que le fue concedido, esto es, el día 25 del citado mes y año, precisó in extenso como motivos de su descontento, en esencia, i) la primacía del derecho sustancial sobre el procesal; ii) la ausencia de pruebas que acrediten la ineficacia del acta de la asamblea; y iii) el desconocimiento del principio de primacía del interés general sobre el particular y reglas democráticas.

Visto lo anterior, emerge ostensible que, de las manifestaciones efectuadas oportunamente por el mandatario de la parte tutelante en el escrito referido, pueden colegirse los reproches endilgados a la sentencia que resultó desfavorable a sus intereses, razón por la cual, el Tribunal accionado debió desatar de fondo la alzada garantizando la contradicción de los demás intervinientes en el asunto (…). 2.- No comparto el veredicto, principalmente, porque el Tribunal Superior de Bogotá no vulneró los derechos invocados por el gestor.

Son mis razones las siguientes: 2.1.- La Ley 2213 de 2022 que estableció la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020, modificó la segunda etapa en la que, de conformidad con los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelación de decisiones judiciales, esto es, ante el juez de segunda instancia: admisión, sustentación y decisión -, modificación que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez “ ejecutoriado el auto que admite el recurso ”, actuación cuya competencia está adscrita al superior y no al juez de primer nivel.

Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la sentencia apelada y, las consecuencias de su desatención además que no han variado, no se extendieron a la obligación misma de «sustentar la apelación» ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia, admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario.

Tampoco exoneró del deber de «sustentar » dentro del término allí previsto, esto es, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserción y, por ende, por su propia omisión, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretación, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisión. 2.2. - Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentación si atendemos que el legislador previó la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatención. Por lo tanto, podría aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realización, esto es, durante el trámite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. 2.3.- Estoy convencida que el resguardo no debió concederse porque el recurrente desacató la carga de sustentación ante el juez competente y, en la oportunidad señalada por el legislador, lo que conllevaba la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelación. 2.4.- Ahora, si bien la Corte Constitucional en la sentencia T-310 de 2023 acogió la tesis de la Sala Mayoritaria de esta Magistratura, no conduce a solventar de manera idéntica, en tanto, además que los pronunciamientos emitidos en « las acciones constitucionales » generan efecto inter partes, según el artículo 48, numeral 2°, de la Ley 270 de 1996, que prevé: «[l]as decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes.

Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces» (CSJ STC 13360-2021, 7 oct., reiterada en STC15781-2021 y STC5396-2022 y STC382-2023), las razones expuestas allí en nada varían las esgrimdias en salvamentos anteriores frente a idéntica posición de la Sala Mayoritaria y, que aquí, con el debido respeto y consideración, reitero.

Con el debido respeto, dejo así consignada mi disconformidad. HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada Radicación n.º 11001-02-03-000-2024-00196-00 SALVAMENTO DE VOTO Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisión en la que se profirió la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la solución adoptada en la acción de tutela que el Edificio Multifamiliar Palma Real PH, promovió contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 1.

Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, En el proceso de impugnación de actas de asamblea que Orlando Rafael Pacheco Carrascal y otros, promovieron en su contra el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá en sentencia de 20 de septiembre de 2023 accedió a las pretensiones, decisión que apeló y sustentó por escrito ante el a quo exponiendo sus inconformidades.

Remitido el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja lo admitió, y en providencia de 13 de octubre de 2023 declaró desierto el recurso por no haber sido sustentado en la segunda instancia, determinación que, recurrida en reposición, mantuvo el 21 de noviembre de 2023. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural mayoritaria, concedió el amparo reclamado por el Edificio Multifamiliar Palma Real PH, tras considerar, (…) 2.

En el presente asunto observa la Sala, que la propiedad horizontal accionante se queja del proveído proferido el 21 de noviembre de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través del cual resolvió «no reponer el auto de 13 de octubre de 2023», por medio del cual declaró desierto el recurso de apelación que formuló contra la sentencia emitida el 20 de septiembre de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso verbal n° 2021-00220, pues en su criterio, dicha autoridad desconoció que sustentó anticipadamente el mecanismo vertical. 3.

En tal sentido, la posición mayoritaria de esta Sala señaló que: (…) 3.2. En el sub lite, revisado el expediente criticado se observa que emitida la sentencia de primer grado en audiencia del 20 de septiembre de 2023, el apoderado del Edificio Multifamiliar palma Real P.H., aquí interesado, presentó apelación frente a lo resuelto, y en escrito remitido dentro del término que le fue concedido, esto es, el día 25 del citado mes y año, precisó in extenso como motivos de su descontento, en esencia, i) la primacía del derecho sustancial sobre el procesal; ii) la ausencia de pruebas que acrediten la ineficacia del acta de la asamblea; y iii) el desconocimiento del principio de primacía del interés general sobre el particular y reglas democráticas.

Me aparto de la decisión mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no incurrió en defecto procedimental absoluto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el Edificio Multifamiliar Palma Real PH. En este asunto en el que se debate sobre la deserción del recurso de apelación por falta de sustentación ante el ad quem conforme a las reglas establecidas en la ley 2213 de 2022, que adoptó como «legislación permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020» mis razones son las siguientes: El recurso de apelación contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos específicos, que debe tener en consideración el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposición del recurso y la formulación de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisión, la sustentación de la impugnación y la decisión, que se adelanta ante el de segunda instancia. En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelación frente a un fallo, el numeral 3° del artículo 322 del Código General del Proceso, establece, «Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral.

El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado». (Se destaca). Por su parte el artículo 327 del Código General del Proceso, señala, «(…) Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código.

El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia». La Ley 2213 de 2022, que adoptó como « legislación permanente las normas contenidas en el decreto ley 806 de 2020 », consagra en el artículo 12, « ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes… Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto », norma que reproduce íntegramente el artículo 14 del Decreto 806 de 2020, el que, por lo demás, en nada alteró las exigencias descritas el citado artículo 322, en cuanto a la interposición del recurso y la formulación de los reparos: Se ocupó, exclusivamente de la forma en que se realizaría la sustentación, que antes de su expedición era de manera oral en audiencia (artículo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelación, en el término de cinco (5) días, ante el ad quem y no al a quo.

La modificación que el citado artículo 14 introdujo al recurso de apelación de sentencias, en últimas lo único que varió fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. Tampoco reformó la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatención, únicamente, se itera, como excepción al principio de oralidad en la administración de justicia, se admitió que, para dicho propósito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario.

Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentación que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (artículo 14 Dto. 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previó la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatención. Por lo anterior, el amparo propuesto no debió ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelación en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentación ante el funcionario competente (la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá) y, en la oportunidad señalada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural.

Con el debido respeto, dejo así consignada mi divergencia MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ Magistrada 1 8