Radicación n°. 11001-02-04-000-2025-01329-01 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC14371-2025 Radicación n°. 11001-02-04-000-2025-01329-01 (Aprobado en sesión del diez de septiembre de dos mil veinticinco) Bogotá D. C., once (11) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). La Corte decide la impugnación interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisión de Tutelas 3 de la homóloga de Casación Penal el 19 de junio de 2025, que negó el amparo promovido en nombre de Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE E.S.P.- contra la Sala de Descongestión 3 de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali.

Al trámite se dispuso vincular al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso de radicado 76001310501820240013100 (01). I.

ANTECEDENTES 1. El abogado tutelante, en nombre de Empresas Municipales de Cali -EMCALI EICE E.S.P.-, reclama la salvaguarda de sus garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. 2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: 2.1. Jair Mejía Henao demandó a EMCALI EICE E.S.P., para que le reconociera la pensión de jubilación del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1999 - 2000, con sus intereses moratorios, por haber acreditado 20 años de servicios continuos o discontinuos a entidades de derecho público y haber cumplido 50 de edad. 2.2.

El 7 de junio de 2024, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali absolvió a la demandada y condenó en costas al actor, determinación que la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revocó el 23 de agosto de ese mismo año y, en su lugar, condenó EMCALI EICE E.S.P. a reconocer la prestación solicitada, de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 48 de la Convención Colectiva de Trabajo 2004 - 2008, calculada con el 90 % del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados en el último año de servicio. 2.3.

Inconforme, la empresa interpuso recurso extraordinario y, mediante sentencia CSJ, SL445-2025, la Sala de Descongestión 3 de Casación Laboral decidió no casar el fallo del ad quem. 3. El abogado tutelante sostiene que la pensión de jubilación convencional del régimen excepcional, especial y temporal de transición del artículo 48 de la Convención Colectiva de Trabajo 2004 – 2008, complementado con los requisitos del artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 1999 – 2000, exige como requisitos concurrentes 20 años de servicios continuos o discontinuos en entidades de derecho público, 50 años de edad y que estos dos elementos se cumplan entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007.

No obstante, las autoridades judiciales accionadas accedieron a la pretensión reclamada, a pesar de que tales presupuestos no se cumplieron en el límite temporal fijado convencionalmente, pues el actor acreditó 20 años de servicios en 2008 y 50 de edad en 2013. En ese sentido, afirma que no era procedente establecer que la edad era simplemente una condición de exigibilidad.

Asegura que las decisiones cuestionadas interpretaron equivocadamente las disposiciones convencionales y se apartaron del precedente judicial contenido en las sentencias CSJ, SL228-2018, SL2050-2018, SL 4358-2019, SL5227-2019, SL2422-2023, SL1689-2024, SL3446-2024 y SL1224- 2025, que sostienen que la edad y el tiempo de servicios deben cumplirse dentro del plazo previsto en el régimen de transición (artículo 48 de la C.C.T. 2004 - 2008).

Con base en ello, considera que la Sala de Descongestión accionada cambió el precedente sin tener competencia para ello. 4. Con sustento en lo narrado, pide dejar sin efectos las determinaciones cuestionadas y que se ordene proferir otra, que acoja el precedente jurisprudencial aplicable. II. RESPUESTAS RECIBIDAS 1. La Sala de Casación Laboral accionada afirmó que la decisión proferida al decidir el recurso extraordinario se respaldó en argumentos razonables y compatibles con el ordenamiento jurídico vigente para ese momento. 2.

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali pidió negar el amparo pretendido, porque su decisión se ciñó al ordenamiento legal y al precedente judicial correspondiente. III. SENTENCIA IMPUGNADA El a quo constitucional no accedió a la protección suplicada, porque la sentencia CSJ, SL445-2025 acogió el precedente judicial aplicable y se encuentra razonada, de modo que no incurrió en causal alguna de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

IV. IMPUGNACIÓN El abogado tutelante insistió, en esencia, en sus argumentos iniciales. V. CONSIDERACIONES 1. La Sala confirmará el fallo impugnado, en cuanto no accedió a la tutela, pero porque el abogado tutelante no acreditó estar legitimado en la causa. 2. En relación con el presupuesto de la legitimación, en la sentencia CSJ, STC10721-2023, esta Sala unificó su postura en torno a los requisitos que reclama el acto jurídico del poder, por lo cual es procedente remitirse a los argumentos expuestos en esa oportunidad. 2.1.

El artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Por su parte, el artículo 10 ibidem dispone que podrá ser ejercida (…) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.

(…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud... Con base en la normativa referida, la Sala, en el fallo citado, destacó que la legitimación en la causa por activa es un elemento subjetivo fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo.

Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a la acción de tutela tiene un interés directo y particular respecto de la protección constitucional invocada, condición que, en relación con los apoderados que actúan en nombre de aquélla, solo se verifica con un adecuado mandato especial, de manera que, al momento de decidir, el juez debe comprobar esa circunstancia en forma estricta.

De lo indicado en precedencia, se advirtió que se puede acudir a la acción de tutela de diferentes formas: i) directamente; ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad o de personas jurídicas; iii) a través de apoderado judicial, evento en el cual este debe ostentar la condición de abogado titulado habilitado y tener poder especial; o iv) mediante agente oficioso. 2.2.

Ahora bien, respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, esta Sala ha venido indicando que la persona habilitada para promover la protección constitucional es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. Así, por ejemplo, cuando se trata de rebatir un trámite judicial, se ha establecido que son los sujetos procesales los facultados para interponer una acción constitucional contra las decisiones emitidas en los juicios correspondientes (CSJ, STC7905-2023).

En consonancia con lo anterior, es claro que el profesional del derecho que representa a la parte en el proceso censurado o en otro asunto « es un simple apoderado judicial y, en ningún momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en vías de hecho »   (CSJ, STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ, STC926-2018, STC4611-2018 y STC1042-2019).

Igualmente, la Sala ha señalado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando « tenga poder específico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acción de amparo » y que tal omisión torna improcedente la tutela (CSJ, STC1042-2019). En similares términos, la Corte Constitucional, en la sentencia CC, T-530-98, sostuvo que el poder especial otorgado para representar judicialmente a una de las partes en determinado proceso no es suficiente para acudir en sede de tutela, pues, [a] unque podría pensarse que su calidad de representante de la parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe desecharse esta idea (…); es cierto que éste la representa conforme al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción de tutela [footnoteRef:1]. [1: Similar criterio expuso la Corte Constitucional en la sentencia CC, T-695-98.] 2.3.

En concreto, en cuanto al mandato requerido cuando se actúa a través de apoderado, la Corte Constitucional, en sentencia CC, T-001-1997, precisó que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que « se otorga una sola vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión »[footnoteRef:2]. [2: Criterio reiterado en las providencias CC, T-556-02 y en CC, T-194-12.] Así las cosas, como lo refirió la Corte Constitucional en la sentencia CC, T-1025-2006, el poder especial debe contener en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado;

(ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situación fáctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo.

En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimación en la causa por activa, haciendo improcedente la acción [footnoteRef:3]. [3: Postura reiterada por esta Sala en CSJ, STC1284-2022.] Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional, en providencia CC, T-975-2005, al revisar un poder allegado para actuar en tutela, sostuvo que, como « refiere de manera indeterminada a la interposición de una acción de tutela, sin que se precise el derecho o derechos cuya protección se solicitará, o se especifiquen los hechos que sirven de fundamento para su interposición », no es posible « distinguir este poder de otros que haya podido otorgar la actora », razón por la cual, « Al no configurarse la legitimación en la causa por activa », inviable es pronunciarse de « fondo sobre los hechos, pretensiones y derechos fundamentales invocados, objeto de la presente acción ».

Análoga postura ha expuesto esta Sala (CSJ, STC3956-2023, STC3116-2023, STC3112-2023) y la homóloga de Casación Penal, al destacar que un poder especial debe « identificar la situación fáctica que origina la acción de tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo » (CSJ, STP2343-2023). Teniendo en cuenta lo anterior, en la referida sentencia CSJ, STC10721-2023, esta Sala de Casación precisó que « los poderes abiertos para interponer tutelas no son aceptables », pues un mandato en esos términos solo contiene una delegación genérica frente a determinada autoridad o proceso, que no reúne los elementos de especificidad necesarios para acudir ante el juez constitucional frente a un hecho u omisión específica. 2.4.

De todo lo expuesto, la Sala, en la referida sentencia CSJ, STC10721-2023, concluyó que …La legitimación en la causa es un presupuesto fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma idónea para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, debe declarar improcedente la tutela. …Dada la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente ante los jueces constitucionales para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que también se puede ejercer, entre otros, a través de un profesional del derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. …Los poderes dados para ejercer la representación en otros procesos administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la jurisdicción constitucional. …Un poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una sola vez y para un fin específico.

En ese sentido, el mandato debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisión, proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique o permita identificar la situación fáctica concreta que origina la tutela. … La ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de legitimación en la causa por activa y, por tanto, la tutela es improcedente. 3.

Aplicados los presupuestos anteriores al caso concreto, se advierte que el abogado accionante allegó un poder que no precisa las providencias objeto de reproche, ni los derechos fundamentales que se habrían conculcado, como tampoco hace alusión alguna al hecho, omisión o situación fáctica específica que origina el apoderamiento, de manera que no es especial.

Así las cosas, como el poder presentado no reúne las condiciones de especificidad que se requieren para actuar en esta sede, inviable es analizar el fondo del asunto por falta de legitimación en la causa por activa, razón por la cual se confirmará la decisión impugnada, que negó la tutela, pero porque no está acreditado el presupuesto referido.

VI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comuníquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio más expedito, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, y envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE HILDA GONZÁLEZ NEIRA Presidente de Sala MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE FRANCISCO TERNERA BARRIOS 11