Radicación n.° 58179 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL917-2018 Radicación n.° 58179 Acta n° 09 Bogotá, D. C., catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUZ INÉS GIRALDO CHICA, contra la sentencia proferida el 29 de junio del 2012, por la SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
Acéptese a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como sucesora procesal del Instituto de Seguros Sociales, en los términos del memorial obrante a folios 31 y 32 del cuaderno de la Corte. I.
ANTECEDENTES LUZ INÉS GIRALDO CHICA demandó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, las mesadas adicionales los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso, Esgrimió que nació el 5 de abril de 1995 y cumplió 55 años de edad en la misma calenda de 2010; que se vinculó al Sistema General de Pensiones después del 1 de abril de 1994, y efectuó aportes por más de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad; que solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la prestación económica, requerimiento absuelto negativamente mediante Acto Administrativo N° 106590 del 1 de octubre del 2010.
La entidad demandada al contestar, manifestó no constarle la reclamación efectuada al ISS, ni su respectiva respuesta hasta el momento en el cual se aporten las pruebas pertinentes; esgrimió como cierto el hecho de que la actora se vinculó al Sistema General de Pensiones después del 1 de abril de 1994; frente a los demás supuestos facticos, afirmó que son citas legales que en su mayoría no cobijan el presente caso, o en su defecto son conclusiones valorativas de la actora.
Así mismo, planteó como excepciones de mérito las que denominó inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales, indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, inexistencia de la obligación de reconocer y reliquidar el retroactivo pensional desde la fecha solicitada, falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe del ISS, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación, e inexistencia de la obligación de reconocer y pagar mesadas adicionales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral Piloto de Oralidad del Circuito de Medellín, por decisión del 23 de noviembre del 2011, absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra, por la señora Luz Inés Giraldo Chica. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en providencia del 29 de junio del 2012, confirmó la providencia emitida por el juzgador de primer grado.
Argumentó que de las pruebas allegadas, no se puede deducir el hecho de que la demandante sea beneficiaria del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que a su vez remite al Acuerdo 049 de 1990, dado que aun cuando cumpla con algunos de los presupuestos establecidos en este, no se encontraba afiliada al Sistema General de Pensiones con anterioridad al 1 de abril de 1994, fecha en la que inicio la vigencia para el sector privado, y como consecuencia, se le debe aplicar es el régimen pensional actual..
Aseguró finalmente, que aun así con la edad cumplida, no reúne las semanas necesarias cotizadas, y exigidas por la Ley 100 de 1993, articulo 33, modificado a su vez por la Ley 797 del 2003, puesto que solo cotizó 659.86 semanas. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente, que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, en cuanto “ confirmó la absolución dispuesta por el A quo”, y en sede de instancia, revoque la emitida por el juzgador de primer grado. Con fundamento en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, la parte recurrente formula dos cargos, que fueron replicados.
CARGO PRIMERO Se enuncia de la siguiente manera: “Por vía directa, el fallo gravado infringe, por interpretación errónea los artículos 36 de la Ley 100 de 1993,3 del Decreto 813 de 1993,12 del Acuerdo 049 de 1990 en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, y por aplicación indebida el artículo 9 de la Ley 797 del 2003”.
En desarrollo de la censura, sostiene: “Para lo que interesa a los fines del cargo, se estima que el Tribunal (sic) a la demandante no se le aplica el régimen de transición, por cuanto que no estaba afiliada al ISS al 1 de abril de 1994. Para estar inmerso en el transito legislativo se debe cumplir uno de los dos requisitos, la edad o el tiempo de servicios, asi lo instituyo el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Y cuando la Ley alude a un régimen anterior al cual se encuentran afiliados, lo hace como mera referencia a un régimen precedente, que ya existía y que sirve de comparación para quienes ingresan al sistema, y no a la necesaria vinculación del pretenso beneficiario a éste, pues resultaría absurdo que la ley beneficie con el tránsito legislativo a quienes tengan 35 o 40 años y luego le exija vinculación a un determinado régimen, expresión que, indubitablemente no trajo la ley o que por lo menos contradeciría la finalidad del régimen de transición Aunque la demandante se haya vinculado al Sistema General de Pensiones en mayo de 1994 y cotizado entre los 35 y los 55 años de edad más de 500 semanas, le corresponde la prestación económica que reclama, como se demostró en los argumentos del tribunal que fueron rebatidos” CARGO SEGUNDO Fue planteado por vía directa, manifestando que: “ el fallo gravado infringe directamente (por falta de aplicación según jurisprudencia de la Sala) los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 12, 13 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976, Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional” Argumenta que conforme a los planteamientos esbozados por el tribunal, el régimen de transición no es aplicable a la demandante, por cuanto, no estaba afiliada al ISS el 1 de abril de 1994; que para estar cobijado por el transito legislativo, basta cumplir una de las dos condiciones, tener 35 años de edad si es mujer o 40 si es varón o 15 años de servicio, todos ellos antes de 1 de abril de 1994.
En consecuencia, advierte que el tribunal se rebela contra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues si bien admite que la demandante tenía más de 40 años de edad al 1 de abril de 1994, le niega el reconocimiento de la prestación, por no estar amparada por el tránsito legislativo. Reitera además, que “ si solo es admisible acceder al régimen de transición cuando se cumple bien la edad ora el tiempo de servicios y, como lo admite el ad quem y no lo discute el ataque, el demandante cumple a cabalidad el primer requisito, es dable que acceda a la pensión en las condiciones más favorables instituidas en el régimen de transición; por ello es claro que el juzgador de alzada desatendió la Ley y por ello incurrió en las infracciones legales endilgadas ”.
LA RÉPLICA La apoderada de la entidad demandada, allega escrito de oposición, esgrimiendo falencias técnicas en razón a que los ataques propuestos, se encuentran orientados por el sendero de puro derecho “ pese a esto en la demostración de los mismos el impugnante hizo alusión a aspectos que requieren remisión al acervo probatorio, situación esta propia de la vía indirecta.” Aunado a lo precedente replica los dos cargos de manera conjunta, esgrimiendo lo siguiente: “ El fallador de segundo grado no interpreto erróneamente los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 3 del Decreto 813 de 1993,12, del Acuerdo 049 de 1990 en relación con los artículos 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993, pues le dio el entendimiento adecuado a las normativas citadas, incluso con la interpretación que le ha dado a estas, la propia H. Corte Suprema de Justicia, en el sentido en que no es posible dar aplicación al régimen de transición(artículo 36 de la Ley 100 de 1993), cuando no se cotizo ni se estaba afiliada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Tampoco aplico indebidamente el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues lo hizo acertadamente en la medida en que era dicha norma la encargada de regular el presente asunto, en consideración a que no era posible que la pensión de vejez pretendida por la actora fuera examinada bajo lo normado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año Finalmente es pertinente indicar que el fallador de segunda instancia no se rebeló en la aplicación de las normas citadas por el censor en la proposición jurídica del segundo ataque, simplemente concluyó que la señora GIRALDO CHICA al no tener semanas cotizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no era beneficiaria del régimen de transición y en esa medida no era posible que la prestación pretendida, le fuese reconocida en atinencia a lo preceptuado por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad. ” CONSIDERACIONES Se estudian conjuntamente los cargos propuestos, en consideración a que ambos están planteados por la vía directa, y se hallan soportados en el quebrantamiento de la misma normatividad, lo que además hace visible una sustentación con argumentos que comportan una identidad en su formulación. Ahora bien, aun cuando la réplica se soporta, en falencias técnicas atribuidas a la sustentación de los cargos, eso en modo alguno compromete la viabilidad de su estudio, en tanto entiende la Corte, que la argumentación esbozada guarda relación con la vía elegida, pues si bien se hace mención a situaciones fácticas, ellas solo sirven como soporte para delinear el marco de interpretación de los aspectos netamente jurídicos controvertidos.
Ello por cuanto es claro, que con la modalidad aludida, el recurrente admite las conclusiones probatorias a las que arribó el Tribunal, esto es, que la accionante solo alcanzó a cotizar 659.86 semanas, todas ellas sufragadas en vigencia de la Ley 100 de 1993; y que antes de su entrada en vigor carecía de vinculación pública o privada o un sistema de seguridad social en pensiones que permitiera preservarle algún régimen.
Conviene precisar que el eje central de la acusación, consiste en cuestionar la inaplicación del régimen de transición que a juicio del censor cobijaba a Luz Inés Giraldo Chica, para quien es contraevidente que pese a que esta cumpliese con la edad para el momento en que entró en vigencia la pluricitada Ley 100 de 1993, se le negara por el hecho de no encontrarse afiliada a un sistema de pensiones.
Para la Sala, teniendo en cuenta los reparos que presenta el recurrente, es claro que el juzgador de segunda instancia, realizó la exégesis apropiada del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual en su tenor literal reza: “ ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.
Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. En efecto, de acuerdo con los reiterados pronunciamientos, la finalidad de una etapa de transición es mitigar los efectos negativos generados por un cambio legislativo a personas que por determinado espacio temporal, vienen construyendo el cumplimiento de requisitos para ser beneficiados con el reconocimiento de una prestación, bajo los parámetros preceptuados por determinada regulación normativa, que de forma imprevista es reemplazada por una nueva, al tiempo que implementan requisitos y exigencias adicionales, haciendo más gravosa la situación de la persona próxima a cumplir los preceptos legales del régimen anterior; de allí que cuando, como en este caso la persona no estuvo vinculada con antelación, no existe norma que preservársele o derecho que protegerle, tal como lo entendió el Tribunal.
Los argumentos precedentes, encuentran sustento en las sentencias CSJ SL11253-2017, Rad.48286, CSJ SL147-2018 Rad.54718, reiteración jurisprudencial, respecto de la cual la Sala ha dirimido conflictos análogos y ha planteado lo siguiente: Conviene destacar que aunque el demandante cumple con uno de los requisitos objetivos de acceso al régimen de transición, la edad requerida al momento de la entrada en vigencia del sistema, carece de régimen pensional anterior toda vez que con anterioridad al 1 de abril de 1994 no se encontraba vinculado a ningún esquema pensional, por tanto, no hay objeto de transición. No se trata en caso alguno de que el afiliado se halle o no cotizando al momento en que se produjo el tránsito de legislación, sino de que para la fecha en que operó el cambio el accionante tenga una expectativa pensional en formación, susceptible de ser protegida en su materialización. Así lo tiene definido la Sala en reiterados pronunciamientos.
Como fuera memorado en sentencia SL14846-2014, radicación 52356: Ahora bien, el Juez plural fundó su decisión básicamente en que a pesar de que el demandante tenía más de 40 años de edad cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, no era beneficiario del régimen de transición por cuanto para esa fecha no había realizado ningún aporte a la seguridad social.
La censura radica justamente su inconformidad en ello, y argumenta para el efecto que el Estatuto de Seguridad Social no exigió más requisitos que un mínimo de edad o 15 de servicios, para ser acreedor del referido régimen, por lo que en su sentir existió equivocación hermenéutica al requerir la afiliación al sistema. Frente a tal discusión cabe decir que aun cuando la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 permite la aplicación de las normas pensionales anteriores a ella, en favor de quienes para 1º de abril de 1994, contaran con más de 40 años de edad tratándose de hombres, o más de 15 de servicio, lo cierto es que el legislador dio por presupuesto que la pensión se había empezado a construir al decir «…la edad para acceder a la pensión de vejez será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados», y por ello el propósito fue el de salvaguardar expectativas de quienes un número considerable de años de trabajo o de cotizaciones, sin que en efecto fuera necesario que estuvieran afiliados al sistema, o una edad que permitiera, en suma el acceso a la prestación. En este sentido se ha pronunciado la Sala en repetidas ocasiones, como recientemente en la sentencia del 30 de julio de 2014 radicación 46694 en la que se dijo: Dada la vía escogida, no se discute en este caso, la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida a partir del día 30 de mayo de 1994; que cotizó durante su vida laboral 718,14 semanas al Instituto de Seguros Sociales según se desprende de la historia laboral aportada al proceso (fls. 5 y 6), y el hecho de que a la entrada en vigencia de la L.100/1993, la actora tenía más de 35 años de edad.
Precisado lo anterior, debe decirse que, tal como lo señaló esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL 1495-2014, 12 feb. 2014, rad. 48555, que a su vez reiteró la CSJ SL, 31 ene. 2012, rad. 48031, para que una persona pueda beneficiarse del régimen de transición de la L.100/1993 Art. 36 necesariamente debe estar afiliada a un régimen anterior.
En dicho pronunciamiento se puntualizó: (…) tiene definido la jurisprudencia de la Sala, que para ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se exigen requisitos adicionales a los previstos por el legislador en esa preceptiva, y que hacen referencia a la edad mínima de 35 años para las mujeres y 40 para los hombres, o 15 o más años de servicios, sin que sea menester que para la entrada en vigencia del sistema se tuviera vínculo laboral vigente.
Obviamente el régimen pensional anterior que ampara la transición, es aquel que traía el afiliado antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones; esto supone entonces, que con anterioridad, la situación pensional de quien pretende beneficiarse de la transición, estaba necesariamente regulada por un determinado régimen del que aspira aplicación ultraactiva en los aspectos previstos por la misma disposición. (Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 14 de Jun. de 2011, rad. 41271, señaló lo siguiente: (…) surge evidente que el Tribunal no se equivocó al negar a la demandante la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que antes del 1º de abril de 1994, no se encontraba cubierta por ningún régimen de pensiones, por lo cual, se presenta total indeterminación en cuanto al régimen anterior a que se refiere el inciso 2º del precepto legal recién mencionado, eventualmente más favorable en términos de edad, monto, y tiempo de servicios ó semanas cotizadas.
En ese orden, la situación de la actora quedó gobernada por las previsiones de la Ley 797 de 2003 (art. 9º), que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y, en consecuencia, como su servicio se prolongó solamente durante 526.85714 semanas, no hay lugar a la concesión de la pensión de vejez, en tanto, además de los 55 años de edad, debía acreditar 1050 semanas de aportes.
Si bien, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la exigencia contenida en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 813 de 1994, de que para quedar cubierto por el régimen de transición se requería estar inmerso en una vinculación contractual o reglamentaria a la fecha de entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, la Sala considera que en el caso bajo examen, no se trata solamente de la ausencia de un nexo laboral vigente a la fecha mencionada, sino de la carencia absoluta de afiliación a un régimen pensional antes de esa data.
Por ello, a juicio de la Corte, es necesario que, quien aspira a beneficiarse de la transición mencionada, perteneciera a un esquema pensional para el 1º de abril de 1994, entre otras cosas, porque de no estarlo, resultaría imposible determinar cuál es el régimen precedente que lo beneficiaría, y además porque, si la teleología de la norma es que los trabajadores antiguos no vean frustrada su expectativa de pronto acceso a la pensión, nada se truncaría en casos como el presente, en el que no había expectativa próxima a concretarse, por no formar parte de ningún sistema pensional.
Como el asunto definido anteriormente corresponde a idéntica situación fáctica a la aquí debatida, es de recibo señalar que en ningún error incurrió el Tribunal cuando negó el régimen de transición al demandante que antes del 1º de abril de 1994, no pertenecía a ningún régimen pensional. En conclusión, para ser amparada la aquí demandante bajo los preceptos del régimen de transición, además de cumplir con el requisito de la edad, debió haber estado afiliada a alguno de los regímenes pensionales existentes con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social, independientemente, si ostentaba o no, la calidad de cotizante activa, y como no lo hizo, no podía pretender beneficiarse de un régimen al cual no perteneció. Bastan las anteriores consideraciones, para determinar que el tribunal no incurrió en el yerro endilgado, en consecuencia se declararán infundados los cargos propuestos.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho, la suma de tres millones setecientos cincuenta mil ($3.750.000), los cuales se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo de lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de julio de 2012 por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ INÉS GIRALDO CHICA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy COLPENSIONES.
Costas como se dejó visto en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. FERNANDO CASTILLO CADENA Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 1 2