República de Colombia Corte Suprema de Justicia 2 Radicación n° 49850 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS Magistrado Ponente SL7705-2016 Radicación nº. 49850 Acta 13 Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por GILBERTO ANTONIO ARDILA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 5 de noviembre de 2010, en el proceso que promovió el recurrente contra el MUNICIPIO DE PALMIRA.
I.
ANTECEDENTES Ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buga, el actor demandó al Municipio de Palmira, para que fuera condenado a reajustarle la primera mesada pensional desde el 7 abril de 1993, y pagarle los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la demandada como trabajador oficial, desempeñando diferentes labores en el sostenimiento de obras públicas; que nació el 20 de junio de “1992”; que por Resolución No. 144 de 1993 le fue reconocida la pensión de jubilación a partir del 7 de abril de 1993, en cuantía de $274.470, liquidada sobre el 100% del promedio salarial devengado en el último de servicios, sin que se le hubiese indexado el ingreso base de liquidación; que el periodo a indexar “Es del último año, entre abril 6/93 último día laborado”, que arrojaba una mesada actualizada de $398.513, y que agotó la reclamación administrativa.
La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos aceptó que el actor laboró a su servicio, pero con la aclaración que ostentó el cargo de obrero de la División de Aseo y Alumbrado Público, adscrita a la Secretaria de Obras Públicas Municipales; el reconocimiento de la pensión, la no indexación del ingreso base de liquidación por cuanto “ entre la terminación del contrato de trabajo y la exigibilidad de la pensión transcurre un tiempo que hace imposible que el último salario pudiese ser la base de la prestación jubilatoria, ya que sobre aquél « se proyectan indudablemente los factores negativos de la inflación », y la reclamación administrativa.
Propuso las excepciones de cobro de lo debido, pago y prescripción. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Fue proferida el 20 de agosto de 2010, y con ella el Juzgado declaró probada la excepción de cobro de lo no debido, absolvió al Municipio de Palmira de las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora. III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la actora, el proceso subió al Tribunal Superior de Buga, Corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión del a quo sin imponer costa por la alzada.
El Tribunal, con fundamento en la Resolución No. 144 del 23 de julio de 1993, tuvo por demostrado que el actor laboró para el demandado desde el 12 de enero de 1968 hasta el 6 de abril de 1993 y que le fue reconocida pensión de jubilación, a partir del 7 de abril de 1993 en cuantía de $274.470, liquidada con fundamento en 100% del último salario devengado más los demás conceptos que constituían salario, conforme lo establecía la convención colectiva vigente.
Luego, se refirió al criterio jurisprudencial sentando por esta Corporación en sentencia del 31 de julio de 2007, rad. 29022, que encontró procedente la indexación de la primera mesada de las pensionales de origen convencional, pero encontró que en el caso bajo examen no había lugar a dicha indexación por cuanto el actor “…laboró hasta el 6 de abril de 1993, y a partir del 7 de agosto de ese mismo año se le reconoció y ordenó pagar la pensión de jubilación por el Municipio de Palmira, ” (sic).
VI. EL RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, se revoque la decisión del a quo, y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito, formula tres cargos, no replicados, y que se resolverán a continuación. VI.
PRIMER CARGO Acusa la interpretación errónea de los artículos 13, 29, 46, 48, 53 y 373 de Constitución Política; 8 de Ley 153 de 1887; 4, 13, 19, 43, 109, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; 11 de la Ley 6ª de 1945; 8 de la Ley 171 de 1961; 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Decreto 3135 de 1968; 1, 3, 7 y 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 3, 4, 5, 6, 44 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1º de la ley 33 de 1985; 41 del Decreto 692 de 1994; 11 del Decreto 1748 de 1995; 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil; 178 del Código Contencioso Administrativo; 831 del Código de Comercio y 21, 36, 141 y 150 de la Ley 100 de 1993.
Asevera que lo pretendido por el demandante es la indexación del período comprendido entre el 7 de abril de 1992 y la fecha en la que le fue reconocida la pensión convencional; agrega que la indexación no es una medida excepcional, sino una regla general, lo cual está consagrado a nivel constitucional y legal y que además, no es cierto que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecte únicamente a las pensiones cuando hay un espacio de tiempo entre el retiro del trabajador y la consolidación del derecho a la pensión, puesto que “Independientemente de que medie un espacio de tiempo entre la consolidación de la pensión y el retiro del trabajador, si el ingreso base con el que se conforma la primera mesada pensional (…) resulta afectado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ese ingreso base debe ser indexado.”.
Anota que el soporte de la sentencia impugnada es errado, toda vez que de conformidad con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política en materia pensional la regla es la preservación del poder adquisitivo del peso. Transcribe el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para indicar que el Tribunal restringió su alcance, por cuanto si los afilados al sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 tiene derecho a que su pensión no sufra mengua por la infracción, no podía haber un sistema legal o convencional discriminatorio para quienes tienen derecho a una pensión legal o convencional.
VII. SEGUNDO CARGO Denuncia las mismas disposiciones del cargo anterior, pero acusándolas por aplicación indebida, exponiendo en términos generales los mismos argumentos del anterior. IX. TERCER CARGO Por la vía indirecta acusa la aplicación indebida de los artículos 13, 29, 46, 48, 53 y 373 de Constitución Política; 8 de Ley 153 de 1887; 4, 13, 19, 43, 109, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; 11 de la Ley 6ª de 1945; 8 de la Ley 171 de 1961; 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Decreto 3135 de 1968; 1, 3, 7 y 68 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; 3, 4, 5, 6, 44 y 45 del Decreto 1045 de 1978; 1º de la ley 33 de 1985; 41 del Decreto 692 de 1994; 11 del Decreto 1748 de 1995; 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil; 178 del Código Contencioso Administrativo; 831 del Código de Comercio y 21, 36, 141 y 150 de la Ley 100 de 1993.
Aduce que con ocasión de la falta de apreciación del certificado expedido por el Dane, el Tribunal incurrió en el error de hecho de no dar por demostrado, estándolo, que el salario base con el que debió liquidar la pensión convencional del demandante sí sufrió pérdida de su poder adquisitivo. A su juicio, de haber valorado la certificación aludida, en tanto la pérdida del poder adquisitivo es un hecho notorio de acuerdo con el artículo 191 del C de P.C., el Tribunal habría establecido que el salario con el que se liquidó la pensión se depreció entre el 7 de abril de 1992 y 6 de abril de 1993, y perdió por tanto poder adquisitivo, por lo que en esa medida la mesada debidamente indexada ascendía a la suma de $410.992, como se demuestra en el cuadro explicativo, y no la de $274.470, que le reconoció el empleador.
VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundó su decisión de la improcedencia de la indexación reclamada en el hecho de que el actor laboró hasta el 6 de abril de 1993 y a partir del día 7 del mismo mes y año, le fue reconocida la pensión de jubilación en cuantía de $274.470, liquidada con fundamento en el 100% del último salario devengado más el promedio de los demás factores que constituían salario.
El criterio del Tribunal está acorde con las reiteradas decisiones de esta Sala, relativas al tema de la indexación de la primera mesada pensional, toda vez que los supuestos fácticos examinados en esta oportunidad, resultan totalmente diferentes a los analizados en los eventos en los que se ha encontrado viable la actualización de la base salarial de pensiones causadas con posterioridad a la Constitución de 1991, y que actualmente se admite para las pensiones causadas con anterior a la expedición de la norma superior y de la Ley 100 de 1993, conforme se sentó en sentencia CSJ SL, 16 oct. 2013, rad. 47.709.
En ese orden, tal como lo definió el Tribunal, al actor se le reconoció la prestación a partir del día siguiente en que feneció el vínculo laboral, de donde se infiere la inexistencia de un lapso entre la fecha de retiro y aquella en la que empezó a disfrutar de la pensión, por lo que no es posible considerar la hipótesis de una pérdida del poder adquisitivo de la moneda que justifique y haga viable la indexación reclamada, para el efecto bastando traer a colación lo adoctrinado por esta Corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 698 – 2013 del 2 de octubre de 2013, rad.51609, donde así reflexionó: “La situación particular que en este caso se presenta, que no es otra distinta al hecho de que claramente se advierte que la pensión fue reconocida y pagada de manera concomitante al momento en que terminó el vínculo laboral, desvirtúa la existencia de un considerable lapso entre la fecha en la que se terminó el vínculo laboral y la que el beneficiario entró a disfrutar de la prestación, que permita considerar que el monto de la pensión sufrió una notoria pérdida del poder adquisitivo, que abra paso a considerar la posibilidad de actualizar el valor de la mesada.
En ese orden de ideas, no incurrió el Tribunal en los yerros que se le endilgan, pues, en realidad, al haberse reconocido la pensión de jubilación al demandante al día siguiente de la terminación de su contrato de trabajo, no hubo una desmejora en la cuantía de su pensión de jubilación. Cumple aclarar que la sentencia acusada, en verdad, no desconoce las reiteradas decisiones de esta Sala, acerca del tema de la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, cuando de pensiones legales o extralegales reconocidas con posterioridad a la Constitución de 1991 se trata, sino, tal y como lo señaló el Tribunal, sólo obedece al ejercicio, que corresponde al juez, de estudiar la procedencia de la medida teniendo en cuenta las particularidades que rodean el caso.
Por último, tampoco resulta viable actualizar la mesada pensional conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues, se itera, la pensión convencional fue reconocida al demandante directamente por su empleador, a partir del día siguiente al de su retiro y con el 97.4% del promedio del último año de servicios.”. En cuanto al tercer cargo, debe observase que el error de hecho es inexistente, primero porque no obra en el expediente un certificado de la naturaleza predicada por la censura, y segundo, porque así hubiera obrado, lo que no era necesario por ser ciertamente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana un hecho notorio, el Tribunal hubiere concluido de la misma manera como lo hizo, por ser indiscutible que la primera mesada pensional del demandante no sufrió mengua en su poder adquisitivo, en tanto comenzó a devengarla, como ya se ha dicho, desde el día siguiente al retiro del servicio oficial.
No prosperan los cargos sin que haya lugar a las costas en el recurso extraordinario, por no haber sido replicada la demanda de casación. VIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 5 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario que promovió GILBERTO ALBERTO ARDILA contra el MUNICIPIO DE PALMIRA.
Sin costas en casación. Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen. JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN Presidente de Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 11