SL756-2020 — Corte Suprema

SL756-2020Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2020

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » SALARIOS » SALARIO INTEGRAL » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Proceden las condenas a favor del actor y a cargo de las demandadas al reconocimiento y pago de cesantías, primas dejadas de percibir e indemnización moratoria y por no consignación de las cesantías, pues siempre estuvo bajo remuneración ordinaria, sin acogerse a la modalidad de salario integral Tesis: «Dado que el recurso de apelación presentado por el demandante (fl. 476 Cd) se solicitó que se declarara que Rubio Sánchez no se acogió a la modalidad de salario integral por lo que siempre estuvo bajo remuneración ordinaria, lo dicho en sede extraordinaria es suficiente para revocar la decisión proferida el 18 de septiembre de 2014, por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. Lo anterior, como quiera que escuchado el fallo de primer grado (fl. 476 Cd), se advierte que el a quo se equivocó al considerar que hubo “aceptación tácita” del demandante, la cual se materializó cuando “realizó ciertos actos de voluntad tales como el cobro de la liquidación final de prestaciones sociales y la continuidad de la labor en dichos términos”, por manera que no solo desconoció el contenido del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, el cual exige que para la variación de salario ordinario a integral debe constar escrito de aceptación del subordinado, sino que, además, pasó por alto las múltiples reclamaciones hechas por el trabajador, quien desde el inicio se opuso al cambio. Es claro para la Sala que la falta de consentimiento de Rubio Sánchez deslegitima el actuar de la Compañía, quien pretendió imponerle la retribución a su arbitrio, de suerte que, debe decirse, la remuneración de Rubio Sánchez nunca pasó de ordinaria a integral, más aún si se tiene en cuenta que esa fue la figura salarial convenida desde el inicio de la relación laboral, sin que se llegara a un posterior acuerdo, como quedó demostrado. Así las cosas, proceden las pretensiones de la demanda inicial». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » SALARIOS » SALARIO INTEGRAL » REQUISITOS - El pacto expreso sobre salario integral no se requiere en el contrato de trabajo, es suficiente cualquier escrito que no deje duda sobre la voluntad de las partes LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » PRESTACIONES SOCIALES » AUXILIO DE CESANTÍA, INTERESES AL AUXILIO DE CESANTÍA, PRIMA DE SERVICIOS » LIQUIDACIÓN Tesis: «El actor tiene derecho a percibir cesantías retroactivas por $197.446.249 de conformidad con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que no estuvo en discusión que laboró para la Compañía por 23 años y 315 días, entre el 1 de octubre de 1988 y el 15 de julio de 2012, y que percibió como último salario la suma de $8.270.000, pues así se desprende del soporte de liquidación definitiva de prestaciones sociales emanado de la encausada (fl. 26). Además, en el expediente no reposa documento que demuestre que el trabajador se acogiera al parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990. De igual manera, tiene derecho a intereses sobre las cesantías por valor de $29.356.117 a partir del 24 de octubre de 2010 y hasta la terminación del vínculo contractual pues, como ya se dijo, las sumas anteriores se encuentran prescritas. El anterior monto, se desprenden del siguiente cuadro: Intereses a las cesantías: […] De conformidad con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el actor tiene derecho a percibir primas de servicio por valor de $13.662.666, por el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2010 y el 15 de julio de 2012, así: […] No procede la indemnización por no consignación de cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues, como ya se dijo, las cesantías del actor permanecieron retroactivas a la luz del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, pagaderas a la terminación del vínculo contractual ». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » INDEMNIZACIONES » INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES » PROCEDENCIA - Procede la imposición de sanción moratoria a favor del actor y a cargo del empleador, pues no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta al desestimar la negativa del trabajador de acogerse al régimen de salario integral y, con base en ello, omitir el pago de sus obligaciones laborales, lo que revela un comportamiento desprovisto de buena fe Tesis: «En cuanto a la indemnización moratoria, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que si a la terminación del contrato, el empleador no sufraga los salarios y prestaciones adeudadas, debe pagar al asalariado una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, e intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes 25 y hasta cuando se verifique el pago. Como es criterio reiterado y pacífico que dicha indemnización no debe ser impuesta de forma automática, se procede al estudio de los medios de convicción en procura de verificar si se acreditaron razones atendibles y relevantes con la entidad suficiente para exonerar a las enjuiciadas de su imposición. Para la Sala es claro que la buena fe que alegaron las demandadas, lejos está de haber sido acreditada, en la medida en que lo que se observa es que valiéndose de su poder subordinante, en forma unilateral y a pesar de la negativa del trabajador, la Compañía adoptó la modalidad introducida por la Ley 50 de 1990, a pesar de que a través de sendos comunicados y correos electrónicos (fls. 14 a 19), el accionante repudió la variación del esquema remuneratorio. De esta suerte, antes que buena fe, lo que develan las pruebas es una conducta reprochable por parte de Seguros Bolívar S.A., en la medida en que, a sabiendas de que en los términos de la Ley 50 de 1990, debía mediar consentimiento del trabajador, para que fuera válida la migración del antiguo sistema al nuevo, lo que se evidenció es que Manuel Ricardo Rubio se opuso radicalmente a que su salario quedara gobernado por las disposiciones que modificaron el régimen retroactivo del auxilio de cesantías y, a pesar de ello, dejó de pagarle las prestaciones sociales que correspondía. Se dice lo anterior, toda vez que según las certificaciones expedidas por la enjuiciada (fls. 42 a 82), el actor devengaba un salario promedio mensual que no estaba sometido a modalidad integral; si bien, la Sala entiende que la aceptación del trabajador de acogerse al nuevo esquema sobre la materia, no está condicionado a la exigencia de algún tipo de solemnidad, lo que sí tiene claro, como también lo tiene la jurisprudencia, es que el cambio de modelo no puede quedar al arbitrio del empleador, en la medida en que ello comportaría un manifiesto compromiso de la libertad y dignidad del asalariado. Igualmente, estima la Corte que en episodios como el que registran los autos, nada tiene que ver el principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, sobre la primacía de la realidad sobre las formalidades adoptadas por los contratantes, en tanto lo que en esta contención se ventiló, giró en torno a la necesidad de que se hubiera acreditado la voluntad del empleado de aceptar la propuesta del patrono que, a la sazón, quedó huérfana de demostración, a más que, como ya se expresó, lo que se probó fue su decidido rechazo a tal determinación. De esta suerte, se impondrá condena a la Compañía encausada por $198.479.520, en tanto el último salario devengado por el trabajador fue de $8.270.000 (fl. 26); a partir del 16 de julio de 2014, deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las prestaciones sociales impuestas en esta sentencia, hasta que se verifique el pago». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » INDEMNIZACIONES » INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES » LIQUIDACIÓN - Si la terminación del contrato ocurre después de la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, la sanción equivale a un salario diario hasta por veinticuatro meses, o hasta cuando se paguen los créditos adeudados si el periodo es menor, de ahí en adelante sólo proceden intereses moratorios PROCEDIMIENTO LABORAL » PRESCRIPCIÓN » TÉRMINO PARA RECLAMAR O EJERCER LA ACCIÓN - El artículo 151 del CPTSS establece una prescripción general trienal para las acciones emanadas de ese estatuto procesal Tesis: «En cuanto a la excepción de prescripción formulada por las demandadas, se observa que la relación contractual finalizó el 15 de julio de 2012, al paso que la demanda se presentó el 24 de octubre de 2013 (fls. 150 a 159). Así las cosas, se declararán prescritos los intereses a las cesantías, primas de servicio y demás sumas que deban ser liquidadas periódicamente, exigibles antes del 24 de octubre de 2010, en los términos del artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral».

Radicación n.° 72354 JORGE PRADA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL756-2020 Radicación n.° 72354 Acta 7 Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil veinte (2020). La Corte procede a pronunciar fallo de instancia en el proceso ordinario que instauró MANUEL RICARDO RUBIO SÁNCHEZ contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A, CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. I.

ANTECEDENTES Mediante sentencia CSJ SL3575-2019, esta Sala de la Corte casó la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 7 de octubre de 2014. Para mejor proveer, dispuso oficiar a las compañías Seguros Bolívar S.A. y Seguros Comerciales del Estado para que certificaran los salarios devengados por el trabajador, entre el 1 de octubre de 1988 y el 15 de febrero de 1993, información que fue allegada el 7 de octubre de 2019.

CONSIDERACIONES Dado que el recurso de apelación presentado por el demandante (fl. 476 Cd) se solicitó que se declarara que Rubio Sánchez no se acogió a la modalidad de salario integral por lo que siempre estuvo bajo remuneración ordinaria, lo dicho en sede extraordinaria es suficiente para revocar la decisión proferida el 18 de septiembre de 2014, por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C. Lo anterior, como quiera que escuchado el fallo de primer grado (fl. 476 Cd), se advierte que el a quo se equivocó al considerar que hubo «aceptación tácita» del demandante, la cual se materializó cuando «realizó ciertos actos de voluntad tales como el cobro de la liquidación final de prestaciones sociales y la continuidad de la labor en dichos términos», por manera que no solo desconoció el contenido del artículo 18 de la Ley 50 de 1990, el cual exige que para la variación de salario ordinario a integral debe constar escrito de aceptación del subordinado, sino que, además, pasó por alto las múltiples reclamaciones hechas por el trabajador, quien desde el inicio se opuso al cambio.

Es claro para la Sala que la falta de consentimiento de Rubio Sánchez deslegitima el actuar de la Compañía, quien pretendió imponerle la retribución a su arbitrio, de suerte que, debe decirse, la remuneración de Rubio Sánchez nunca pasó de ordinaria a integral, más aún si se tiene en cuenta que esa fue la figura salarial convenida desde el inicio de la relación laboral, sin que se llegara a un posterior acuerdo, como quedó demostrado.

Así las cosas, proceden las pretensiones de la demanda inicial las cuales se liquidarán a continuación: En cuanto a la excepción de prescripción formulada por las demandadas, se observa que la relación contractual finalizó el 15 de julio de 2012, al paso que la demanda se presentó el 24 de octubre de 2013 (fls. 150 a 159). Así las cosas, se declararán prescritos los intereses a las cesantías, primas de servicio y demás sumas que deban ser liquidadas periódicamente, exigibles antes del 24 de octubre de 2010, en los términos del artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

El actor tiene derecho a percibir cesantías retroactivas por $197.446.249 de conformidad con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que no estuvo en discusión que laboró para la Compañía por 23 años y 315 días, entre el 1 de octubre de 1988 y el 15 de julio de 2012, y que percibió como último salario la suma de $8.270.000, pues así se desprende del soporte de liquidación definitiva de prestaciones sociales emanado de la encausada (fl. 26).

Además, en el expediente no reposa documento que demuestre que el trabajador se acogiera al parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990. De igual manera, tiene derecho a intereses sobre las cesantías por valor de $29.356.117 a partir del 24 de octubre de 2010 y hasta la terminación del vínculo contractual pues, como ya se dijo, las sumas anteriores se encuentran prescritas.

El anterior monto, se desprenden del siguiente cuadro: Intereses a las cesantías: AÑO CESANTÍAS ACUMULADAS TIEMPO DE SERVICIO DÍAS A LIQUIDAR TOTAL 2010 $164.809.166 22 años y 60 días 66 $664.730 2011 $181.163.333 23 años y 60 días 360 $21.739.599 2012 $197.447.249 23 años y 315 días 195 $6.951.788 TOTAL $29.356.117 De conformidad con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el actor tiene derecho a percibir primas de servicio por valor de $13.662.666, por el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2010 y el 15 de julio de 2012, así: AÑO SALARIO DÍAS A LIQUIDAR TOTAL 2010 $7.435.000 66 $1.363.083 2011 $7.820.000 360 $7.820.000 2012 $8.270.000 195 $4.479.583 TOTAL $13.662.666 En cuanto a la indemnización moratoria, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que si a la terminación del contrato, el empleador no sufraga los salarios y prestaciones adeudadas, debe pagar al asalariado una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses, e intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes 25 y hasta cuando se verifique el pago.

Como es criterio reiterado y pacífico que dicha indemnización no debe ser impuesta de forma automática, se procede al estudio de los medios de convicción en procura de verificar si se acreditaron razones atendibles y relevantes con la entidad suficiente para exonerar a las enjuiciadas de su imposición. Para la Sala es claro que la buena fe que alegaron las demandadas, lejos está de haber sido acreditada, en la medida en que lo que se observa es que valiéndose de su poder subordinante, en forma unilateral y a pesar de la negativa del trabajador, la Compañía adoptó la modalidad introducida por la Ley 50 de 1990, a pesar de que a través de sendos comunicados y correos electrónicos (fls. 14 a 19), el accionante repudió la variación del esquema remuneratorio.

De esta suerte, antes que buena fe, lo que develan las pruebas es una conducta reprochable por parte de Seguros Bolívar S.A., en la medida en que, a sabiendas de que en los términos de la Ley 50 de 1990, debía mediar consentimiento del trabajador, para que fuera válida la migración del antiguo sistema al nuevo, lo que se evidenció es que Manuel Ricardo Rubio se opuso radicalmente a que su salario quedara gobernado por las disposiciones que modificaron el régimen retroactivo del auxilio de cesantías y, a pesar de ello, dejó de pagarle las prestaciones sociales que correspondía. Se dice lo anterior, toda vez que según las certificaciones expedidas por la enjuiciada (fls. 42 a 82), el actor devengaba un salario promedio mensual que no estaba sometido a modalidad integral; si bien, la Sala entiende que la aceptación del trabajador de acogerse al nuevo esquema sobre la materia, no está condicionado a la exigencia de algún tipo de solemnidad, lo que sí tiene claro, como también lo tiene la jurisprudencia, es que el cambio de modelo no puede quedar al arbitrio del empleador, en la medida en que ello comportaría un manifiesto compromiso de la libertad y dignidad del asalariado.

Igualmente, estima la Corte que en episodios como el que registran los autos, nada tiene que ver el principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, sobre la primacía de la realidad sobre las formalidades adoptadas por los contratantes, en tanto lo que en esta contención se ventiló, giró en torno a la necesidad de que se hubiera acreditado la voluntad del empleado de aceptar la propuesta del patrono que, a la sazón, quedó huérfana de demostración, a más que, como ya se expresó, lo que se probó fue su decidido rechazo a tal determinación. De esta suerte, se impondrá condena a la Compañía encausada por $198.479.520, en tanto el último salario devengado por el trabajador fue de $8.270.000 (fl. 26); a partir del 16 de julio de 2014, deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las prestaciones sociales impuestas en esta sentencia, hasta que se verifique el pago.

No procede la indemnización por no consignación de cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 pues, como ya se dijo, las cesantías del actor permanecieron retroactivas a la luz del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, pagaderas a la terminación del vínculo contractual. Costas en ambas instancias a cargo de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca los numerales 2, 3 y 4 de la sentencia proferida por el Juzgado Veintinueve Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá D.C, el 18 de septiembre de 2014, en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones y, en su lugar, resuelve: Primero: Condenar a la Compañía de Seguros Bolívar S.A., Capitalizadora Bolívar S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A., a pagar al demandante: a).

Cesantías por $197.446.249 b). Intereses a las cesantías por $29.356.117 c). Primas de servicios por $13.662.666 d). Indemnización moratoria por $198.479.520; a partir del 16 de julio de 2014, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, sobre el valor de las condenas por prestaciones sociales, hasta que el pago se verifique.

Segundo: Declarar probada la excepción de prescripción de todos los derechos exigibles antes del 24 de octubre de 2010. Tercero: Negar las restantes pretensiones. Cuarto: Costas en las instancias a cargo de las demandadas. Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO JORGE PRADA SÁNCHEZ SCLAJPT-10 V.00 9 SCLAJPT-10 V.00