SL5422-2019 — Corte Suprema

SL5422-2019Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2019

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO » REINTEGRO POR FUERO CIRCUNSTANCIAL » PROCEDENCIA » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Ausencia de error de hecho del ad quem al considerar que el despido del actor se produjo con el propósito o finalidad de afectar el derecho de asociación sindical y por ende ordenar el reintegro, debido a que el empleador se enteró en término de las actividades sindicales realizadas por el trabajador de postularse como miembro de la subdirectiva que se crearía en el municipio de Guacarí Tesis: «Precisado lo anterior, cumple memorar que el juez colegiado cimentó su conclusión en que el despido del actor se produjo con el propósito o finalidad de afectar el derecho de asociación sindical, pues además de que un mes antes del despido, el empleador tuvo conocimiento de la afiliación del trabajador a Sintraicañazucol, también se enteró de las actividades sindicales que emprendió, en particular, de las dirigidas a postularse y hacerse elegir como miembro de la subdirectiva que se crearía en el municipio de Guacarí. Para rebatir dichas inferencias, la entidad recurrente cuestiona la valoración de algunos medios de convicción adosados al expediente, por lo que la Sala abordará su estudio en el mismo orden que siguió el cargo, empezando por el de folio 12, que corresponde a una comunicación elaborada en papelería de Sintraicañazucol, fechada 15 de noviembre de 2008, dirigida al Gerente General del Ingenio Pichichí S.A. y con sello de recibido de la empresa; mediante este escrito, presidente y secretario de la organización sindical informaron que Miguel Ángel Borja Ospina, junto con otros 6 trabajadores, “son afiliados al Comité Regional de Sintraicañazucol Guacarí, a partir de la fecha”. En esas condiciones, no luce manifiestamente irrazonable la conclusión del fallador de que la recepción de la comunicación hubiera sido inmediata a su elaboración o emisión, y si la demandada, como destinataria del escrito de marras, pretende argüir que no lo recibió en la fecha en que fue elaborado, así debió precisarlo en el momento en que llegó a sus oficinas, y no después de transcurridos varios años del suceso, basar su defensa en una deficiencia informativa propiciada por su propia incuria. Conviene recordar que del estudio del documento mencionado, el Tribunal solo dedujo que allí se encontraban enlistados “los trabajadores que se habían vinculado al sindicato en mención, entre los que se encontraba el accionante”, inferencia que coincide con el texto analizado; de esta suerte, cae en el vacío la afirmación de la censura de que el fallador también coligió de allí que el trabajador informó al empleador de su renuncia al sindicato de la empresa y que debió ser claro o evidente para el empleador que “el propósito de informar “Sintraicañazucol” de la afiliación de siete trabajadores a esa organización sindical fuera el de constituir una subdirectiva en el municipio de Guacarí”. En cualquier caso, tampoco se entiende cuál sería la relevancia de contar con la renuncia al sindicato de la empresa, si se tiene en cuenta que mediante la sentencia CC C-797-2000, se declaró inexequible la prohibición de afiliación simultánea a sindicatos de la misma clase o actividad, contenida en el artículo 360 del Código Sustantivo del Trabajo. Menos aún, puede afirmarse que la citada comunicación debía ofrecer claridad acerca de la intención de crear una subdirectiva municipal pues, como quedó explicado líneas atrás, el alcance de esta prueba se limitó al reporte de la existencia de trabajadores sindicalizados al 15 de noviembre de 2008, en tanto la posibilidad de constituir una subdirectiva se hallaba supeditada al marco estatutario de la organización, bajo las previsiones del artículo 391-1 del Estatuto Laboral. Los cuestionamientos edificados con apoyo en la prueba obrante a folio 11, también se exhiben inconsistentes, en la medida en que el Tribunal no valoró ese documento, por manera que no pudo incurrir en los errores de apreciación que le endilga la censura. En cualquier caso, este contiene un reporte de los trabajadores afiliados “A DICIEMBRE DE 2008”, por manera que no se opone a los avisos de afiliación con corte a una fecha distinta, como el del 15 de noviembre de 2008, precisamente. La censura tampoco logra persuadir a la Sala de que el Tribunal soslayara que al narrar los hechos de la demanda, el actor confesó que para la fecha del despido, el empleador ignoraba sus actividades sindicales, en especial, las asociadas al proceso de elección cono (sic) Fiscal de la subdirectiva del sindicato en el municipio de Guacarí. Lo que se precisa en los hechos 10 y 11 del escrito de subsanación (fl. 25) es que la empresa no fue notificada oficialmente del acto de elección de la subdirectiva mencionada, únicamente, porque el propio ente sindical omitió la radicación de la comunicación en ese sentido. Así se expresó: [...] El contexto completo de los hechos de la demanda, permite reafirmar que el demandante nunca admitió que el empleador no tuviera conocimiento de sus actividades sindicales; por el contrario, en el hecho 9 sostuvo que en las instalaciones de la empresa "se murmuraba el desatino del señor MIGUEL ANGEL BORJA OSPINA de pasarse al sindicato nacional y, peor aún, aspirar a ser dignatario de la subdirectiva para Guacarí, Valle, anunciando su nombre en volante convocatorio" y, en el 14, insistió en que el trasfondo del despido fue "la afiliación del trabajador al nuevo sindicato". Adicionalmente, la precisión sobre la falta de notificación del acta de elección de la subdirectiva, bien puede encontrar explicación en el hecho de que el propósito de la demanda no consistió en hacer efectiva la garantía de fuero sindical, porque este asunto ya había sido resuelto en un proceso anterior, premisa que no es objeto de ataque. Tampoco, se advierte un error manifiesto del juez colegiado en la valoración de la carta de despido, pues para aquel fue claro que este se produjo “cuando el actor se encontraba disfrutando de sus vacaciones”, momento en que “recibió por parte de su empleador una misiva mediante la que se le comunica la terminación de su contrato de trabajo de forma unilateral y sin justa causa (f. 18)”. De esta suerte, las consideraciones adicionales del fallador en torno a la extemporaneidad de otras razones que pudo tener el empleador para terminar la relación, no surgieron de dicho medio de prueba, sino de los obrantes de folios 84 a 90 del expediente, que no son objeto de ataque y que corresponden a algunos llamados de atención, aportados junto con la contestación de la demanda en el propósito de respaldar lo allí expresado, esto es, que “al actor se le despidió el 12 de diciembre de 2008, y aunque existiendo evidentes justas causas para darle por terminado el contrato de trabajo por las múltiples quejas presentadas por el jefe inmediato del actor, la empresa tomó la decisión de su retiro pagándole su indemnización (…)” (fl. 72 -respuesta al hecho 19). La censura no acierta al advertir que con base en el folio 17 del expediente, el Tribunal dedujo que el empleador estaba al tanto de la afiliación del demandante a Sintraicañazucol, siendo que dicho documento corresponde a novedades de personal con corte 20 de marzo de 2009, es decir, 3 meses después del retiro del trabajador. La verdad, este planteamiento se apoya en una premisa equivocada, pues lo cierto es que el juez colegiado solo se refirió a este medio de convicción para resaltar que la demandada tenía como práctica, registrar la afiliación al sindicato como una especie de novedad de personal, inferencia que coincide con el texto aludido, en tanto este contiene un listado de trabajadores a 20 de marzo de 2009, con precisión del área de trabajo, nombre y código, al paso que en una casilla titulada «novedad», se precisa quiénes pertenecen al «sindicato nacional». En vista de que no aparece demostrado un error manifiesto en la valoración de las anteriores pruebas, la Sala no puede adentrarse en el estudio de los testimonios, de acuerdo con las previsiones del artículo 7 de la Ley 16 de 1969. En cualquier caso, cumple señalar que en estricto sentido, la recurrente no ataca las conclusiones del Tribunal obtenidas a partir de los testimonios recaudados en el proceso, que identifica con las declaraciones de Antonio Carvajal Peña y Adolfo León Parra Sánchez, pues se limita a refutar los dichos de los testigos, que no a demostrar su apreciación equivocada o su preterición, que es lo que corresponde en perspectiva de la senda de ataque seleccionada, lo cual impide elucubra en torno a la racionalidad de la consecuencia del despido adoptado en las circunstancias que quedaron delineadas y que no fueron derruidas». LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » COEXISTENCIA EN UNA MISMA EMPRESA - Como consecuencia de la inexequibilidad de los artículos 357 y 360 del CST, al interior de una misma empresa es posible la pluralidad de organismos sindicales, de convenciones colectivas, además de la multiafiliación sindical, de ahí que cada sindicato puede promover autónomamente procesos de negociación colectiva pues la pluralidad convencional en Colombia es una realidad jurídica RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación es necesario atacar y desvirtuar todos los argumentos esenciales de la sentencia acusada RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación si algunas pruebas no fueron tenidas en cuenta por el ad quem no pueden acusarse por errada valoración RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación el yerro fáctico debe ser manifiesto, ostensible y evidente para destruir la presunción de legalidad y acierto que ampara la sentencia Tesis: «Como esta Corporación ha explicado con suficiencia, el error en la valoración probatoria que conduce al quiebre de la decisión, es aquel que se perciba manifiesto y se funde en medios de convicción calificados; nada de eso demuestra la censura, por manera que la sentencia de segundo grado conserva la doble presunción de acierto y legalidad con la cual viene revestida».

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Cansina Laboral Salad. Descongestión N. 3 SALVAMENTO DE VOTO Radicación: 67918 Partes: Miguel Ángel Borja Ospina vs. Ingenio Pichichí S.A. Magistrado ponente: Jorge Prada Sánchez Con el debido respeto, me permito manifestar que me aparto de la decisión tomada por la mayoría de la Sala, toda vez que a mi criterio, debió casarse la decisión recurrida, por la siguientes razones: La censura interpuso el recurso de casación con la finalidad de que esta Corte casara la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, revocara la del a quo y, en su lugar, la absolviera de todas las pretensiones que en su contra formuló Miguel Ángel Borja Ospina, entre otras, que fue despedido «injusta e ilegalmente ( ) por haber conmutado a otra agremiación sindical» y, por ende, el reintegro al cargo que desempeñaba o, a uno similar «sin solución de continuidad».

Así, se le atribuyó al ad quem haber incurrido en trece errores de hecho, debido al examen equívoco de la confesión (fs.° 2 a 10, 24 a 29); comunicación que contiene el listado de trabajadores afiliados a SINTRAICAÑAZUCOL (fs.° 11 y 93); misiva del «15 de noviembre de 2008 con sello de SCLAPT-04 V.00 Radicación n.° 67918 recibido sin fecha» (f.° 12) y cuadro de novedades de personal (f.°17).

Ahora, dentro de las pruebas allegadas al plenario se observa que a folios 114 a 124, reposa la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 21 de septiembre de 2009, mediante la cual confirmó la decisión emitida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali el 9 de junio de 2009, que absolvió al Ingenio Pichichí S.A., de todas las pretensiones que en su contra promovió Miguel Ángel Borja Ospina, dentro del proceso especial de fuero sindical radicado bajo el CUNR n.° «76001-31-05-015-2009-00062- 00».

En el referenciado fallo de segunda instancia, se estimó que: No existe controversia en cuanto a que la empresa INGENIO PICHICHI S.A. terminó el contrato de trabajo al demandante BORJA OSPINA el viernes 12 de diciembre de 2008 (f. 12 y 68), día siguiente al de su elección por la Asamblea General de la organización sindical "SINTRAICAÑAZUCOL" como Fiscal de la Junta Directiva de la Subdirectiva del municipio de Guacarí, reunión que se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre de 2008 en la horas de la noche (f. 16 a 18), pero que de manera infortunada sólo fue comunicado por la organización sindical al inspector del trabajo el martes 16 de diciembre de 2008, fecha de la recepción de la masiva (f22), y al empleador el lunes 15 de diciembre de 2008 (f.28), y la entrega de la constancia de depósito del documento que contiene la elección de la subdirectiva sólo se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2008 (f. 2, 66).

(Subrayado del texto original) Así las cosas, está demostrado que cuando el empleador hizo uso de su facultad «discrecional", terminado el contrato de trabajo con el reconocimiento previo de la indemnización legal, cuando menos de manera formal no tenía conocimiento acerca de la SCLAWT-04 V.00 2 Radicación n.° 67918 elección del actor como directivo sindical y de su consecuente amparo foral; pero también es claro que la designación de la nueva directiva sindical aún no podía producir efectos a voces de lo consagrado en los artículos 361 y 363 del CST y demás normas citadas con antelación, y en el estricto sentido jurídico, tampoco podría predicarse aún el amparo del fuero sindical.

No puede pasar desapercibido para esta Sala que en realidad podrían existir indicios que conducirían a considerar que el motivo de la terminación del contrato no encajaría dentro de la razonabilidad y proporcionalidad de la potestad discrecional del empleador. Empero, tal prueba indiciaria no sería suficiente para entender acreditado el fuero sindical por su elección como Fiscal de la Junta directiva Seccional de la organización sindical y su conocimiento previo y formal por el empleador, en todo caso con antelación a la terminación del contrato de trabajo, que es lo que debe evaluarse en el proceso especial de reintegro por fuero sindical.

Aunque en sede de extraordinaria la «cosa juzgada» no fue materia de ataque por la sociedad recurrente, lo cierto es que esa excepción fue propuesta en la contestación de la demanda inaugural, además es susceptible de ser declarada aún de oficio (CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366). Esta Sala de Casación Laboral en la sentencia CSJ 5L913-2013, ilustró que: El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, que se acusa prevé la existencia de la cosa juzgada bajo las reglas de las tres identidades, esto es que exista coincidencia de objeto, causa y sujetos; tal institución se funda en el principio del non bis in ídem, que se erige para darle fuerza vinculante a las determinaciones adoptadas por los juzgadores, bajo la certeza de que aquellas se vuelven definitivas e inmutables, y por tanto los litigios no pueden reabrirse, pues de ser así se lesionaría gravemente el orden social y la seguridad jurídica, al no poderse concretar las situaciones de derecho.

En efecto, el poder de vinculación de las decisiones judiciales tiene un efecto preclusivo, es decir que sobre lo resuelto no puede retornarse, y ello solo puede predicarse cuando esta acreditado que los hechos son esencialmente idénticos, al igual que las pretensiones y las personas que intervinieron. SCLAJPT-04 V.00 3 Radicación n.° 67918 Igualmente, en el fallo CSJ SL11414-2016, recordó que para que sea procedente declarar la cosa juzgada se hace necesario en ambos procesos judiciales la ocurrencia de tres requisitos en común que son: 1) Identidad de persona (eaedem personae): debe tratarse del mismo demandante y demandado; 2) Identidad de la cosa pedida (eadem res): el objeto o beneficio jurídico que se solicita (no el objeto material) debe ser el mismo, es decir, lo que se reclama; y 3) Identidad de la causa de pedir (eadem causa petendi): el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado debe ser el mismo, esto es, el por qué se reclama.

Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra la cosa juzgada, valga decir, el art. 332 del CPC hoy art. 303 del Código General del Proceso, aplicable por analogía del art. 145 del CPT y SS., que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

En este orden de ideas, estimo que entre los dos asuntos concurren los requisitos que originan la «cosa juzgada», dado que existe coincidencia de objeto, causa y sujetos, pues si bien Miguel Ángel Borja Ospina solicitó en el proceso especial de fuero sindical que promovió contra el Ingenio Pichichí S.A., el reintegro al cargo «en las mismas condiciones que tenía al momento de ser despedido» y en el presente caso, que la declaratoria del despido aconteció «injusta e ilegalmente por la empresa demandada ( ), por haber conmutado a otra agremiación sindical», lo cierto es que persiguen la misma finalidad, esto es, el reintegro «sin solución de continuidad al cargo que venía ocupando o a otro similar», además que ambos versan sobre similares hechos, que inclusive son los mismos que sirvieron de soporte a la SCLMPT-04 V.00 4 Radicación n.° 67918 censura para endilgarle al Tribunal los trece yerros fácticos que fueron objeto de análisis en el recurso de casación. Por lo expuesto, la pretensión elevada por el demandante en procura de obtener la declaratoria del despido ilegal e injusto y, su consecuente reintegro, ya había sido objeto de pronunciamiento judicial en el proceso seguido por el mismo demandante contra la sociedad demandada ante el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Cali en sentencia del 9 de junio de 2009, providencia que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, razón por la cual considero que el ad quem erró al descartar la excepción de cosa juzgada y no declararla probada.

En los anteriores términos, dejo consignado mi salvamento de voto. Fecha ut supra, DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado SCLAPT-04 V.00