SL5388-2019 — Corte Suprema

SL5388-2019Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2019

Magistrado ponente: Omar De Jesús Restrepo Ochoa

Decreto 1750 de 2003

De qué trata

Tema: LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » BENEFICIOS CONVENCIONALES A TRABAJADORES QUE MUTARON SU CALIDAD, PASANDO DE TRABAJADORES OFICIALES A EMPLEADOS PÚBLICOS - Los beneficios convencionales de los trabajadores del ISS que mutaron su calidad pasando de trabajadores oficiales a empleados públicos, sólo son aplicables a quienes adquirieron o consolidaron sus derechos convencionales antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 -se protegen los derechos adquiridos y no las meras expectativas- Tesis: «Admitiendo en gracia de discusión que el cargo hubiera sido debidamente planteado por la vía directa, tampoco habría lugar a casar la sentencia recurrida, en razón a que el Decreto 1750 de 2003, “Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del Estado”, en sus artículos 17 y 18, dispuso que el paso del Instituto de Seguros Sociales, a las siete empresa sociales del Estado creadas, entre las cuales se encuentra la ESE José Prudencio Padilla, no obstante modificar la naturaleza de su vinculación, se haría sin solución de continuidad, respetando como derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas, entre las cuales, conforme lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-314-2004, en virtud a lo establecido por el artículo 53 de la Constitución, habrían de entenderse incorporados no solo los derechos prestacionales de carácter legal, sino también los extralegales previstos en los acuerdos convencionales, al menos hasta que expirara su vigencia. Se propende entonces, por la protección de derechos adquiridos o consolidados, conforme lo señaló la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 18 del precitado decreto, por lo menos durante el tiempo que estos acuerdos conserven su vigencia; entendiendo lógicamente y conforme lo ha definido reiteradamente la jurisprudencia nacional, por derechos adquiridos, aquellos que han ingresado al patrimonio de la persona o cuyas exigencias o requisitos legales se han estructurado antes del cambio legislativo, más no las simples expectativas, las cuales son susceptibles de ser modificadas lícitamente por el legislador. Sobre ese tópico, esta corte de manera reiterada y pacífica ha sostenido que los antiguos trabajadores oficiales del ISS que en virtud del Decreto 1750 de 2003 pasaron a las empresas sociales del Estado en condición de empleados públicos, no son beneficiarios de las prerrogativas de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el ISS y su organización sindical. Así lo ha adoctrinado en múltiples oportunidades, entre otras, en la sentencia CSJ SL, 35399, 23 jul. 2009 reiterada en las providencias CSJ SL468-2013, CSJ SL644-2013 y SL12348-2014, SL8609-2017, cuando al efecto dijo: [...] A la luz de este criterio jurisprudencial, resulta claro que la convención colectiva de trabajo, fundamento de las pretensiones invocadas, no resulta aplicable al demandante, toda vez que pasó a ser parte de la planta de personal de la ESE José Prudencio Padilla, sin solución de continuidad, desde el 26 de junio de 2003 hasta el 4 de septiembre de 2006, momento del retiro del servicio en calidad de empleado público, de conformidad con los presupuestos fácticos que fijó la sentencia impugnada». RECURSO DE CASACIÓN » FINALIDAD - La finalidad del recurso de casación se orienta a enjuiciar la sentencia para establecer si el ad quem observó las normas jurídicas que correspondían para solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes Tesis: «Por lo extraordinario del recurso de casación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer, si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que, como parte del sistema normativo propio, estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la providencia, no, los argumentos de quienes actuaron en las instancias». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - El recurso de casación exige un planteamiento y desarrollo lógico-jurídico, además de los requisitos formales Tesis: «A fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que ella debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación es necesario singularizar las pruebas, demostrar qué es lo que acreditan, el yerro en la apreciación y su incidencia en la decisión Tesis: «Se ha sentado jurisprudencialmente, que la demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Esto es, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se formula por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que hayan sido violados. En el presente evento, el cargo se planteó por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 467, 473, 474, 477 y 478 del CST, y en relación con los arts. 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003; en consecuencia, el recurrente le endilga al tribunal la existencia de cinco errores de hecho, los cuales conciernen básicamente, a que no se dio por demostrado, estándolo, que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente para la época en que trabajó en el ISS y su continuación de labores en la ESE José Prudencio Padilla, y en que se dio por no demostrado, estándolo, que cuando pasó a hacer parte de la planta de cargo de la referida ESE, conservó su condición de trabajador oficial. Sin embargo, los referidos dislates quedaron carentes de soporte, pues pese a que se expresó que ello fue producto de la equivocada apreciación de la prueba documental que milita a folios 37 a 85 del cuaderno principal, y de la convención colectiva de trabajo con la respectiva nota de depósito, no cumplió el censor con los deberes que le competen al plantear los cuestionamientos por la senda de los hechos, en la medida en que no señaló en qué consistió la errónea estimación del juzgador, ni explicó cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad, y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. Es decir, en el cargo debe quedar claro qué es lo que la prueba demuestra, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado; aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente, y que comprometen la técnica propia del recurso extraordinario (CSJ SL 15148, 23 mar. 2001). Estos defectos resultan no sólo de la circunstancia de que así lo disponen los artículos 87 y 90 del CPTSS, sino porque lógicamente no habría forma de confrontar la conclusión que sobre los aspectos fácticos del proceso se formó el juzgador de segundo grado, y de los cuales discrepa el recurrente». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA DIRECTA - En el recurso de casación si la inconformidad radica en temas jurídicos, el ataque debe orientarse por la vía directa Tesis: «Por el contrario, lo que se observa es una mixtura de las dos vías, pues pese a estructurarse por la indirecta, lo que se colige de su desarrollo es una inconformidad de tipo jurídico en torno a la aplicación del Decreto 1750 de 2003, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional CC C-314-2004, que declaró exequible el inciso primero del art. 18; nótese como luego de transcribir apartes de dicha decisión, se expresó: “Del aparte de la sentencia transcripta (sic) se observa que el Tribunal desconoce de plano la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación de beneficios convencionales, al igual que las normas que se mencionan en este cargo como vulneradas, concerniente (sic) con la convención colectiva y su aplicación”».

SCLAJPT-10 V.00 ACLARACIÓN DE VOTO SL5388-2019 Radicación n.° 69067 Acta 043 OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente Con el debido respeto por la posición mayoritaria, y aunque acompaño la decisión de NO CASAR la sentencia recurrida, me aparto de la forma como ello se resolvió, por las siguientes razones: Sostiene la Corte, que, «Visto lo anterior, encuentra la sala que el cargo, como lo advirtió la opositora, contiene deficiencias de tal magnitud, que hacen imposible su estudio» (destaco), y enseguida explica al respecto: Se ha sentado jurisprudencialmente, que la demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos.

Esto es, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se formula por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que hayan sido violados.

Radicación n.° 69067 SCLAJPT-10 V.00 2 En el presente evento, el cargo se planteó por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 467, 473, 474, 477 y 478 del CST, y en relación con los arts. 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003; en consecuencia, el recurrente le endilga al tribunal la existencia de cinco errores de hecho, los cuales conciernen básicamente, a que no se dio por demostrado, estándolo, que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente para la época en que trabajó en el ISS y su continuación de labores en la ESE José Prudencio Padilla, y en que se dio por no demostrado, estándolo, que cuando pasó a hacer parte de la planta de cargo de la referida ESE, conservó su condición de trabajador oficial.

(Resalto). Sin embargo, los referidos dislates quedaron carentes de soporte, pues pese a que se expresó que ello fue producto de la equivocada apreciación de la prueba documental que milita a folios 37 a 85 del cuaderno principal, y de la convención colectiva de trabajo con la respectiva nota de depósito, no cumplió el censor con los deberes que le competen al plantear los cuestionamientos por la senda de los hechos, en la medida en que no señaló en qué consistió la errónea estimación del juzgador, ni explicó cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad, y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.

Es decir, en el cargo debe quedar claro qué es lo que la prueba demuestra, cuál es el mérito que le reconoce la ley y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado; aspectos que no tuvo en cuenta el recurrente, y que comprometen la técnica propia del recurso extraordinario (CSJ SL 15148, 23 mar. 2001). (Énfasis y subrayas fuera del texto).

Realmente, las monumentales falencias que avizoró la Sala, no se aprecian, por lo menos, en la demanda de casación que ocupa nuestra atención. Obsérvese como el recurrente puntualmente le muestra el camino a la Corporación, para la solución de su caso, cuando sostiene que no discute el vínculo contractual laboral que lo ató con el ISS y posteriormente con la ESE José Prudencio Padilla, hasta su liquidación, y deja claro que sus acreencias laborales no fueron canceladas con base en la convención colectiva de trabajo, tópico que, al margen de estar de acuerdo o no con ello, describe cual es la inconformidad central del censor.

Radicación n.° 69067 SCLAJPT-10 V.00 3 Además, citó expresamente la normatividad, que en su sentir, no tuvo en cuenta el ad quem, al escindirse el ISS (Decreto 1750 de 2003), y explicó que los servicios de salud inicialmente encargados a la entidad, fueron asumidos por siete empresas sociales del Estado, entre las que se encontraba la José Prudencio Padilla, normatividad que dispuso la incorporación automática y sin solución de continuidad de los trabajadores oficiales del ISS a las ESE recién creadas, pero en calidad de empleados públicos.

También se refirió a las consecuencias establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia CC C-314-2004, frente a la citada incorporación. Así, considero que no hay tales deficiencias. Fecha ut supra, GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado