SL465-2019 — Corte Suprema

SL465-2019Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2019

Magistrado ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Decreto 1750 de 2003Decreto 3135 de 1968Ley 10 de 1990Ley 100 de 1993Ley 712 de 2001

De qué trata

Tema: PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » REQUISITOS » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Ausencia de error de hecho del ad quem al declarar improcedente el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004, suscrita con el ISS, toda vez que la demandante no cumplió con los veinte años de servicio en condición de trabajadora oficial prestados exclusivamente al ISS tal como lo estipula el artículo 101 del mismo texto Tesis: «Se recuerda, la argumentación del Tribunal gravitó en torno a que, “[…] la señora Patricia Salinas Ávila cuenta en total con 22 años de servicios prestados entre el 11 de junio de 1988 y el 30 de septiembre de 2010. Sin embargo, solo prestó sus servicios como trabajadora oficial del ISS, entre el 11 de julio de 1988 y el 25 de junio de 2003, para un total de 14,84 años, sin lograr acreditar el requisito de tiempo de servicio exigido por artículo 98 de la Convención Colectiva del Trabajo 2001 - 2004, pues como se extrae de la jurisprudencia en cita, no es “… viable sumar los tiempos laborados como empleado público a los prestados como trabajador oficial a efecto de reunir los presupuestos convencionales…” […] Se recuerda, aunque la impugnación enlistó un sinnúmero de documentos como medios de convicción denunciados, en el caso del cargo primero, en la demostración únicamente se refiere a algunos de ellos (Registro Civil, certificado de tiempo de servicios y CETIL emitidos por el ISS y la ESE Antonio Nariño y convención colectiva de trabajo), como indebidamente apreciados, y ese es el alcance que la Sala le dará a la acusación. Examinada la mentada documental, de ella se extrae objetivamente lo siguiente: 1.- El Registro Civil de nacimiento acredita que la demandante Patricia Salinas nació el 1.° de agosto de 1960, es decir, que cumplió 50 años de edad el mismo día y mes del año 2010, sin que tal deducción tenga el alcance adjudicado por la censura, en el sentido de que el Colegiado había concluido que la edad era un requisito de consolidación del derecho y no de exigibilidad, pues aunque el juez plural prohijó, de manera general, alguna sentencia antigua de esta Sala de Casación que se pronunció en ese sentido, en últimas su argumento gravitó únicamente en efectuar el conteo discriminado de los tiempos prestados como trabajadora oficial y empleada pública, para concluir que el demostrado en la primera de las calidades mencionadas era insuficiente para “acreditar el requisito de tiempo de servicio exigido por el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 - 2004 […]”, sin adentrarse en determinar el aspecto puntual relacionado con la edad como exigencia de causación o disfrute de la pensión extralegal objeto del debate. 2.- La certificación calendada el 10 de octubre de 2008 (f.° 45) da cuenta de que Patricia Salinas Silva prestó sus servicios al Seguro Social, “desde 1988/07/11 y de acuerdo con el Decreto No. 1750 del 26 del 2003, el cual escinde el Seguro Social y crea las Empresas Sociales del Estado, fue incorporado automáticamente a la Planta de personal de la Empresa Social del Estado Antonio Nariño desde el 26 de Junio (sic) del 2003, como empleado (a) PUBLICO […]” La certificación que milita a f.° 46, expedida el 04 de mayo de 2010, acredita que Patricia Salinas Ávila laboraba para la Empresa Social del Estado Antonio Nariño “desde el 26 de junio de 2003 […] y tiene calidad de EMPLEADO PÚBLICO […]”. Los Certificados de Información Laboral (CETIL) expedidos el 10 de diciembre de 2019, 07 de enero de 2021, 27 de enero de 2021 y 13 de julio de 2021 (f.° 126 - 136) acreditan los tiempos de servicio, tal como los entendió el Tribunal, es decir, que el segmento temporal laborado por la demandante para la ESE Antonio Nariño lo fue “en calidad de empleada pública” 3.- La Convención Colectiva de Trabajo 2001 - 2004. que obra en el expediente con la respectiva constancia de depósito (f.° 156), también es acusada como indebidamente apreciada, por lo que resulta conveniente transcribir el texto de los pasajes originales de los artículos 98 y 101 de dicho acuerdo colectivo: “ARTÍCULO 98. PENSIÓN DE JUBILACIÓN El Trabajador Oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: […] ARTÍCULO 101. ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS Los servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de derecho público podrán (sic) acumularse para el cómputo del tiempo requerido para poder tener derecho a pensión de jubilación y el monto correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de las entidades”. […] Respecto del entendimiento del artículo 98 específicamente, en cuanto si existe o no el deber de acreditar al menos 20 años de servicios en condición de trabajador oficial para acceder a la prestación, la Corte ya se pronunció, y en sentencia CSJ SL678-2020, reiterada en la SL2118-2024 asentó: “Pero hay más. La promotora del proceso tampoco probó haber laborado al menos 20 años en condición de trabajadora oficial, durante todo el tiempo de servicios. En efecto, como se dejó claro en la demanda y en la sentencia del Tribunal, hecho que además la censura aduce no discutir, se insiste, la demandante prestó sus servicios en dos distintas oportunidades al ISS, la primera de ellas, del 11 de julio de 1988 al 10 de julio de 1989 cuando lo hizo en calidad de empleada pública, lapso que, por ende, no puede computarse para efectos de satisfacer las exigencias de la cláusula convencional, toda vez que a ese tipo de servidores no se les aplican las convenciones colectivas de trabajo. Aunado a que el precepto convencional es palmario en establecer que los 20 años deben ser en calidad de trabajador oficial, pues su artículo 98 disponía: “El Trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto (…)”. En consecuencia solamente el tiempo en que fue trabajadora oficial, es decir, del 23 de septiembre de 1993 al 31 de marzo de 2013, podía contabilizarse para los efectos prestacionales, lapso que no suman los 20 años exigidos como requisito de temporalidad para lograr la pensión de jubilación convencional”. Lo anterior pone de presente que, frente a esta postura jurisprudencial, el presupuesto de los 20 años de servicios como trabajador oficial debe acreditarse en aras de obtener la pensión pretendida bajo la égida de la cláusula 98 del CCT 2001-2004, por ende, hasta aquí el Tribunal no cometió ningún yerro, pues su interpretación de las estipulaciones convencionales se acompasa con el criterio mayoritario de esta Sala de Casación […] Al margen de lo ya dicho, cabe precisar el criterio de que de la literalidad del texto convencional y, aún, de su entendimiento contextual y sistemático, sólo es posible inferir o interpretar de manera razonable y sólida que el artículo 101 de la CCT 2001 - 2004 únicamente se refiere a la posibilidad de acumular tiempos de servicios prestados en otras entidades públicas en calidad de trabajador oficial. En efecto, cuando la mentada estipulación alude a los servicios prestados “en las demás entidades de derecho público”, lo hace para efectos de la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 98 de esa misma CCT, de modo que, uno y otro artículo se sujetan a las reglas explicadas, esto es, que los tiempos que se acumulen, en todo caso, deben ser en calidad de trabajador oficial, como brota de la propia naturaleza del instrumento que recoge la prerrogativa aludida, es decir, una convención colectiva de trabajo que, como se expone párrafos subsiguientes, no es susceptible de ser aplicada a empleados públicos, aún en el evento de que hayan mutado de un tipo de vinculación inicial (contractual) a otra (legal, estatutaria o reglamentaria), incluso, en virtud de la transformación de la misma entidad. En esas condiciones, como la estipulación convencional (art. 101 CCT 2001 - 2004) tiene un entendimiento unívoco y de él se ha hecho una lectura armónica que resguarda íntegramente el principio de igualdad, la consecuencia es que no admite más que un único entendimiento, y no otros que puedan distorsionarla o alterar su contenido, por tanto no cabría tampoco invocar el principio de in dubio pro operario, pues aquel, como lo tiene adoctrinado esta Corporación, parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes, lo cual, según se ha expuesto, aquí no ocurrió Viene de lo que acaba de decirse que el Tribunal, en ejercicio de la facultad que le concede la regla de juicio contenida en el artículo 61 ya citado al inicio del acápite de consideraciones, estableció no sólo por las pruebas recaudadas y analizadas, sino por la manifestación de los hechos, el cabal entendimiento que tuvo en la interpretación de la Convención Colectiva de Trabajo 2001 - 2004, en relación con el tiempo exigido para acceder a la pensión convencional, en calidad de trabajadora oficial, sin que fuese dable, para esos efectos, sumar los tiempos servidos como empleada pública». PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » REQUISITOS - Para obtener el derecho a la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el Instituto de Seguros Sociales (ISS), se debe acreditar el tiempo de servicios equivalente a veinte años, en calidad de trabajador oficial PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » REQUISITOS - El artículo 101 de la convención 2001-2004 suscrita con el Instituto de Seguros Sociales (ISS) permite la acumulación de tiempos de servicio en otras entidades públicas, para completar los veinte años que se exigen como requisito para otorgar la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de dicho acuerdo, solo si las actividades se realizaron en calidad de trabajador oficial PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE CLÁUSULAS CONVENCIONALES - Único entendimiento del artículo 101 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD » INTERPRETACIÓN - Cuando no existen dos interpretaciones válidamente razonables de la cláusula convencional, pues el texto es claro e inequívoco, de manera que no admite más que un único entendimiento, no cabe invocar el principio de favorabilidad -en estricto sentido el de in dubio pro operario- pues aquel parte de la existencia de duda en la aplicación o interpretación de normas vigentes LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » BENEFICIOS CONVENCIONALES A TRABAJADORES QUE MUTARON SU CALIDAD, PASANDO DE TRABAJADORES OFICIALES A EMPLEADOS PÚBLICOS - Los beneficios convencionales de los trabajadores del ISS que mutaron su calidad pasando de trabajadores oficiales a empleados públicos, sólo son aplicables a quienes adquirieron o consolidaron sus derechos convencionales antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003 -se protegen los derechos adquiridos y no las meras expectativas- Tesis: «[…] a esta altura del debate resulta obvio que tampoco erró el Tribunal en sus razonamientos jurídicos, en especial, en lo relacionado con el parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, norma cuya interpretación es pacífica para la Sala, en el sentido de que las prerrogativas convencionales no son aplicables a quienes habiendo tenido la calidad de trabajadores oficiales del ISS, mutaron su condición a la de empleados públicos cuando fueros vinculados a las Empresas Sociales del Estado escindidas del Instituto, tal como quedó asentando en la sentencia CSJ SL465-2019: “Al margen de lo anterior, para la Sala la demostración de la tesis central del recurso según la cual la escisión del ISS implicó una sustitución patronal entre esa entidad y las nuevas empresas sociales del Estado, a nada llevaría, en tanto el reconocimiento de ese fenómeno en modo alguno le (sic) otorga el derecho a los trabajadores oficiales del ISS de conservar su categoría laboral. En efecto, con fundamento en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, esta Corporación ha sostenido que los trabajadores oficiales del ISS que pasaron sin solución de continuidad a las nuevas empresas sociales del Estado, dejaron de ser trabajadores oficiales para convertirse en empleados públicos. En otras palabras, la sustitución de empleadores, aunque garantizó la antigüedad de estos servidores y la continuidad de su relación laboral, no les otorgó el derecho a conservar su status (sic) jurídico de trabajador oficial, pues esto es un aspecto que emana de la ley”. El hecho de que el parágrafo del artículo 17 del Decreto 1750 de 2003 haya establecido que “El tiempo de servicio de los servidores públicos que pasan del Instituto de Seguros Sociales a las Empresas Sociales del Estado, creadas en el presente decreto, se computará para todos los efectos legales, con el tiempo que sirvan en estas últimas, sin solución de continuidad”, no puede entenderse en el sentido de que se desnaturalizan las calidades de trabajador oficial y empleado público y que es dable entremezclar las prerrogativas que la ley ha conferido a unos y otros, en particular, las disposiciones del derecho colectivo del trabajo, razón por la cual, dijo la Corte Constitucional en sentencia CC C-314-2004: “De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo. Pese a que, en principio, tal desventaja podría interpretarse como una afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores oficiales, es lo cierto que la imposibilidad de presentar convenciones colectivas de trabajo no se erige en quebrantamiento de tales garantías. (…) De hecho, no debe olvidarse que “los trabajadores y los empleados del Estado están subjetivamente en situaciones distintas, y corresponde al legislador definir, racional y proporcionalmente, cuándo un servidor público está cobijado por una u otra regulación”. Ciertamente, es evidente que el tipo de vínculo jurídico laboral que el servidor público tiene con el Estado no es irrelevante a la hora de establecer cuándo se puede recurrir al mecanismo de la negociación colectiva. Cuando la relación es contractual, resulta fácil imaginar que las condiciones laborales pueden ser concertadas entre el sindicato y el empleador. La autonomía administrativa de la entidad Estatal y la manera en que sus servidores se vinculan a ella hace posible modificar el contrato en cada caso, a fin de satisfacer las demandas particulares de la negociación. No sucede lo mismo cuando el nexo del funcionario con el Estado proviene de una regulación genérica, establecida unilateralmente por éste mediante ley o reglamento”. En la misma línea se ha pronunciado el Consejo de Estado, al destacar que no son aplicables las convenciones colectivas a los empleados públicos que previamente fueron trabajadores oficiales, según lo afirmó en la sentencia CE SS SB, 01 jul. 2009, rad. 17001-23-31-000-2004-00359-01: “La aludida Convención Colectiva cobija única y exclusivamente a los trabajadores oficiales de la entidad demandada y como la situación laboral de la demandante, no se enmarca dentro de este supuesto dada la calidad de empleada pública que la cobijaba para el momento en que fue retirada del servicio (…) no es viable reconocerle (…) con fundamento en la Convención Colectiva reclama (sic), puesto que el cambio de naturaleza del empleo conlleva necesariamente el cambio de régimen aplicable, lo que indefectiblemente supone la inaplicación de reconocimientos plasmados en convenciones colectivas, salvo los derechos adquiridos y las expectativas legítimas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 416 del C.S.T. que consagra la prohibición de extender cláusulas convencionales a los empleados públicos, calidad que tal y como quedó demostrado, ostentó la actora. De igual manera, no sobra advertir, que aun aceptándose el argumento de la “reincorporación al servicio de la actora”, ello no es garantía de que las cláusulas convencionales le resulten aplicables, máxime cuando dicha reincorporación procuró mantener la continuidad de la relación, pero cambió la naturaleza del empleo. Cambio que impide, como ya se dijo, que las garantías convencionales se le apliquen a quienes antes de dicha reincorporación ostentaban la calidad de trabajadores oficiales, puesto que estas garantías y beneficios fueron alcanzados por dichos trabajadores oficiales a través de acuerdos convencionales que no pueden regular las relaciones de los empleados públicos que tienen un régimen indemnizatorio, salarial y prestacional establecido en la ley y sus decretos reglamentarios, tal y como específicamente lo contempla el Artículo 150 numeral 19 literales e y f de la Constitución Política”. En consecuencia, y en coherencia con lo dicho, los cargos no prosperan». LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » BENEFICIOS CONVENCIONALES A TRABAJADORES QUE MUTARON SU CALIDAD, PASANDO DE TRABAJADORES OFICIALES A EMPLEADOS PÚBLICOS - Los empleados públicos no pueden ser titulares de beneficios convencionales PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO - El juez está facultado para formar libremente su convencimiento dando mayor credibilidad a unos medios probatorios que a otros, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus Tesis: «Previamente al estudio de los medios de convicción del proceso que se indican como equivocadamente apreciados, y atendida la vía por la cual se orienta uno de los cargos en la demanda, importa a la Corte recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibidem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas. Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo reiterado en las providencias CSJ SL1643-2024 y SL727-2024, afirmado inicialmente en la sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia CSJ SL, 05 nov. 1998, rad. 11111: “El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. "Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. "La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho". Corresponde a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso». PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO - La libre formación del convencimiento en la valoración probatoria de los jueces de instancia es inmodificable mientras ella no los lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MODALIDADES DE VIOLACIÓN DE LA LEY - En el recurso de casación la Corte puede desatender el tenor literal de la modalidad de violación denunciada en el cargo, para considerar la modalidad desarrollada en el mismo -flexibilización- Tesis: «Aun cuando en los cargos se incluyen como trasgredidas cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo ISS 2001 - 2004, que no son normas sustanciales de orden nacional, en el cargo primero se habla al unísono de pruebas no apreciadas o valoradas pero con error y en el cargo segundo se aduce la modalidad de “aplicación errónea”, lo cierto es que se citan otras normas que permiten integrar adecuadamente la proposición jurídica, del desarrollo del cargo planteado por vía indirecta, entiende la Corte que se acusa la apreciación indebida del elenco probatorio referenciado y, en el cargo segundo, que se trata de la interpretación errónea de la ley». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » PROPOSICIÓN JURÍDICA - En el recurso de casación en la proposición jurídica, basta con que se mencione la norma que se considera transgredida RECURSO DE CASACIÓN » PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y ACIERTO DE LA SENTENCIA - En el recurso de casación la Corte tiene el deber legal de considerar que el juez acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, en tanto no se desvirtúe la presunción de legalidad y acierto de la providencia Tesis: «[…] dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, atinó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción. Así, se ha dicho que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente puedan discutirse las pruebas del proceso y donde sea dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que ellas indican, pues el análisis de la Corte se limita a los medios de convicción calificados legalmente, y ello, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea posible concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible. De ese modo, sólo en la medida en que se incurra por el juez de la segunda instancia en errores manifiestos de hecho que tengan trascendencia en su decisión es que resulta posible el quebrantamiento del fallo, yerro que, como lo asentara la Corte en sentencia CSJ SL, 11 feb. 1994, rad. 6043 es aquel que, “[…] se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO » CONCEPTO RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación el yerro fáctico debe ser manifiesto, ostensible y evidente para destruir la presunción de legalidad y acierto que ampara la sentencia RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MEDIO NUEVO - En el recurso de casación el medio nuevo lo constituye el planteamiento de temas o hechos no debatidos en las instancias -hecho nuevo- Tesis: «[…] el campo fáctico del artículo 101 de la CCT 2001 - 2004 no fue esgrimido en la demanda inicial, ni debatido en las instancias, luego, su inclusión constituiría un hecho o medio nuevo en casación, inadmisible en esta sede extraordinaria, por cuanto no es dable sorprender a la contraparte aduciendo situaciones de hecho que no fueron oportunamente ventiladas y de las cuales no se pudo defender (CSJ SL3193-2023)».

Radicación n.° 68731 CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada ponente SL465-2019 Radicación n.° 68731 Acta 06 Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casación que interpuso MIRIAM CONSUELO FLÓREZ SANTOS contra la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de Descongestión Laboral con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, el 16 de diciembre de 2013, en el proceso que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la FIDUCIARIA POPULAR S.A. y la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

ANTECEDENTES La citada accionante promovió demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, la Fiduciaria Popular S.A. y la ESE Francisco de Paula Santander, con el propósito de que se declare que trabajó bajo una única relación laboral en virtud de una sustitución patronal al servicio del ISS, desde el 1.° de junio de 1989 hasta el 25 de junio de 2003, y de la ESE desde el 26 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2005.

En consecuencia, solicitó que se condene a dichas entidades a reconocerle los siguientes beneficios de origen convencional: pensión de jubilación, indemnización por despido sin justa causa, día profesional, incrementos salariales de los años 2004 y 2005, prima técnica, vacaciones, prima de servicios, auxilios de transporte y de alimentación, cesantías y sus intereses, subsidio familiar, dotaciones, y día de la seguridad social.

También pidió la indexación de los pagos que se impongan. Subsidiariamente, pretendió que se condene solidaria o individualmente al Instituto de Seguros Sociales y a la Fiduciaria Popular S.A. a pagarle los derechos atrás relacionados. En respaldo de sus pretensiones señaló que nació el 25 de febrero de 1958; que laboró al servicio del Hospital Universitario Ramón González Valencia desde el 16 de octubre de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1981, en el ISS desde el 1.° de junio de 1989 hasta el 25 de junio de 2003 y en la ESE Francisco de Paula Santander desde el 26 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2005, momento en el que su contrato de trabajo terminó por decisión de la empleadora; que en dichas entidades laboró en el cargo de enfermera y se benefició de la convención colectiva de trabajo vigente en el ISS; que completó 20 años de servicios en dichas entidades, y que el 16 de diciembre de 2008 solicitó al ISS el reconocimiento de los beneficios convencionales insolutos, petición que fue declinada.

Por último, refirió que reclamó al entonces Ministerio de la Protección Social y a la Fiduciaria Popular S.A. el pago de los rubros convencionales que dejó de recibir por los servicios como trabajadora del ISS, pero las respuestas le fueron desfavorables (f.° 1 a 16). El ISS al contestar la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, la supresión del cargo que desempeñó y los relacionados con las solicitudes para obtener derechos convencionales.

En su defensa manifestó que la actora no era destinataria de la convención colectiva de trabajo; que en virtud de la escisión, el ISS se constituyó en una persona jurídica diferente a la ESE Francisco de Paula Santander, y que las condiciones laborales de la accionante en una y otra entidad eran distintas. Además, sostuvo que durante su vinculación en la ESE, la demandante tuvo la calidad de empleada pública, a quienes no se extiende ningún beneficio convencional.

Propuso las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación (f.° 94 a 99). La Fiduciaria Popular S.A. como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la liquidada ESE Francisco de Paula Santander, también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Argumentó que la empresa era una entidad pública independiente del ISS, y que sus empleados no podían negociar convenciones colectivas y mucho menos acceder a esta clase de beneficios.

Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, buena fe, carencia del derecho reclamado, pago y la genérica (f.° 117 a 134). SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga a través de fallo de 22 de mayo de 2012, absolvió a las demandadas e impuso el pago de las costas a la actora (f.° 267).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación que interpuso la demandante, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de Descongestión Laboral con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión de primera instancia (f.° 336 a 345). En lo que interesa a los fines del recurso extraordinario, el Tribunal analizó inicialmente la naturaleza de la vinculación de Miriam Consuelo Flórez Santos al servicio del ISS y de la ESE Francisco de Paula Santander.

En lo atiente al ISS, indicó que la accionante ocupó el cargo de enfermera en calidad de trabajadora oficial, pues conforme el artículo 275 de la Ley 100 de 1993 dicha entidad era una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos servidores, en los términos del Decreto 3135 de 1968, por regla general, eran trabajadores oficiales. En cuanto a la ESE Francisco de Paula Santander explicó que era una entidad pública descentralizada de categoría especial, cuya creación se dispuso a través del Decreto 1750 de 2003, norma que también estableció que sus servidores serían empleados públicos después de la escisión del ISS.

En tal dirección, subrayó que la demandante se vinculó a la primera entidad en virtud de la escisión de la segunda, con lo cual su calidad de trabajadora oficial cambió a la de empleada pública, premisa que de contera imposibilitaba pronunciarse frente a las pretensiones de la demanda. A continuación, analizó si la actora tenía derecho a las prestaciones convencionales, para lo cual citó las sentencias CSJ SL 35399, 23 jul. 2009, CSJ SL, 16 oct. 2012 y CSJ SL, 2 oct. 2013, en las que esta Sala adoctrinó que los derechos adquiridos convencionales de quienes pasaron a ser empleados públicos de las empresas sociales del Estado con ocasión de la escisión del ISS, debían respetarse, siempre que su causación o consolidación fuese anterior a la vigencia del Decreto 1750 de 2003, vale decir, mientras se conservaba la calidad de trabajador oficial.

Lo anterior, para sentar que la accionante no causó el derecho a la pensión convencional, en tanto no cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios antes de la entrada en vigor del citado decreto. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso la demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte Suprema de Justicia. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los « artículos 275 de la ley (sic) 100 de 1993; el inciso 3 del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968; artículo 26 de la Ley 10 de 1990 y artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 y por falta de aplicación de los artículos 67, 68, 69, 467, 468, 470, 474, 476, 477, 478 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, los artículos 16 y 17 del Decreto 1750 de 2003, preveniente de la errónea valoración (apreciación errónea) de la prueba documental de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 72 y 98 de la convención colectiva de trabajo celebradas (sic) entre el sindicato nacional de trabajadores de la seguridad social y el Instituto de Seguros Sociales, 2001 – 2004, que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho manifiesto que lo llevó indirectamente a la violación-legal referida en relación con los artículos 1620, 1621, 1622 del Código Civil y de las siguientes normas procedimentales: artículos 51, 54 A adicionado por la Ley 712 de 2001, artículo 24 numeral 3, parágrafo; artículos 60, 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y por analogía del artículo 145 de la misma obra, en relación con los artículos 251, 252, 253 del Código Procesal Civil».

En su desarrollo plantea que el quebranto de las normas acusadas, se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho: 1. No dar por demostrado, estándolo, que entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS Y LA ESE FRANCISO DE PAULA SANTANDER, existió sustitución patronal. 2. No dar por demostrado, estándolo, que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS, sustituyó en sus obligaciones de carácter laboral a la ESE FRANCISO DE PAULA SANTANDER, con relación al demandante. 3.

No dar por demostrado, estándolo, que el demandante es acreedor a la pensión de jubilación conforme a la convención colectiva. 4. No dar por demostrado, estándolo, que la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, por la sustitución patronal está obligada a pagar la pensión convencional al actor. 5. No dar por demostrado que el demandante es acreedor de todos los beneficios convencionales. 6.

No dar por demostrado que el demandante no pierde su calidad de trabajador oficial automáticamente. Refiere que los citados errores de facto se produjeron por la falta de apreciación de la demanda y su contestación, del contrato de trabajo, de la liquidación de prestaciones sociales, del « derecho de petición », de la convención colectiva y de la hoja de vida.

En la sustentación, comienza por aducir que entre el ISS y la ESE se produjo una sustitución patronal, como quiera que en ambas entidades ejerció el mismo cargo sin solución de continuidad. En tal orden, concluye que a la luz de lo previsto en el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, la responsabilidad de esas entidades es solidaria.

Asimismo, asevera que la figura de la escisión se empleó con el objetivo de impedirle acceder a las prerrogativas convencionales reclamadas. Resalta que el decreto que dispuso la escisión del ISS violó la legislación internacional que adoptó el Estado colombiano, por ejemplo, los Convenios 87 de 1948, 98 de 1949, 151 de 1978 de la OIT, entre otros.

En ese sentido, afirma que el cambio de calidad de trabajadora oficial a empleada pública impidió la negociación de la convención colectiva de trabajo en contravía de los « artículos 1, 2, 4, 25, 39, 48, 55, 56, 150 y 189 de la Constitución Nacional, y los artículos 1, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 353, 357, 414, 429, 432, 444, 445, 449, 467, 471, 479 del Código Sustantivo del Trabajo ».

CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 53 de la Constitución Política, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003. En su sustentación replica los argumentos que plantea en el primer cargo.

RÉPLICA El apoderado del ISS se opone a la prosperidad de los cargos. Con tal propósito, señala que su formulación fue errada, toda vez que mezcla de manera impropia las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial, circunstancia que impide determinar su alcance. Por otra parte, refiere que el planteo de la recurrente carece de fundamento legal, en tanto acusa la infracción de los artículos 275 de la Ley 100 de 1993 y 69 de Código Sustantivo del Trabajo, pese a que dichas disposiciones no son aplicables a los servidores públicos.

Finalmente, aduce que los cargos contienen errores insuperables de técnica, toda vez que la censura omite explicar la forma en que se produjo el quebranto de las normas de alcance nacional que acusa, y se limitó a realizar apreciaciones propias de un alegato de instancia. El apoderado de la Fiduciaria Popular S.A. como vecera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Francisco de Paula Santander, también se opone a la prosperidad de los cargos.

Con ese objeto, replica los argumentos que empleó al contestar la demanda inicial. CONSIDERACIONES Tal como lo pone de relieve el ISS, la demanda de casación presenta diversas falencias técnicas y argumentativas que impiden su prosperidad. Repetidamente este Tribunal de casación ha insistido en que las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial son excluyentes, por razón de que la primera lleva a un error jurídico, mientras que la segunda, conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos.

De ahí que su tratamiento, desarrollo y análisis deba realizarse por separado. En este caso, la Corte observa que la recurrente a pesar de plantear su cargo por la vía directa, en su desarrollo alude inapropiadamente a la comisión de errores de hecho producto de la valoración errada o de la falta de apreciación de las pruebas que menciona en su demanda.

Y, como si fuese poco, para demostrar los desaciertos fácticos que esgrime acude a normas internacionales sobre el derecho a la negociación colectiva. Es decir, la impugnante primero afirma que su acusación se enfila por la vía directa, tras ello, esboza una serie de errores de hecho para rematar su argumento con aspectos jurídicos, lo cual es inadmisible en el ámbito casacional.

Por otro lado, la Corte advierte que, para demostrar la configuración de la sustitución patronal entre el ISS y la ESE, la censura cita al interior de la proposición jurídica las normas de la sustitución patronal contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, cuyas disposiciones de orden individual, valga recordar, no aplican a los trabajadores del sector oficial.

Dicho de otro modo, omite acudir a la regulación de los trabajadores oficiales sobre la sustitución patronal y, en su lugar, remite a la normativa de los empleados particulares. Al margen de lo anterior, para la Sala la demostración de la tesis central del recurso según la cual la escisión del ISS implicó una sustitución patronal entre esa entidad y las nuevas empresas sociales del Estado, a nada llevaría, en tanto el reconocimiento de ese fenómeno en modo alguno le otorga el derecho a los trabajadores oficiales del ISS de conservar su categoría laboral.

En efecto, con fundamento en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, esta Corporación ha sostenido que los trabajadores oficiales del ISS que pasaron sin solución de continuidad a las nuevas empresas sociales del Estado, dejaron de ser trabajadores oficiales para convertirse en empleados públicos. En otras palabras, la sustitución de empleadores, aunque garantizó la antigüedad de estos servidores y la continuidad de su relación laboral, no les otorgó el derecho a conservar su status jurídico de trabajador oficial, pues esto es un aspecto que emana de la ley.

Así, por ejemplo, en sentencia CSJ SL12348-2014, esta Sala adoctrinó: (…) lo primero que cabe decir es que esta Sala de la Corte ha definido en repetidas oportunidades que los servidores del Instituto de Seguros Sociales incorporados a las plantas de personal de las empresas sociales del Estado, mudaron su condición de trabajadores oficiales a empleados públicos, salvo los que ejercían labores propias de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales.

En el mismo sentido, ha adoctrinado que esos nuevos empleados públicos tienen un régimen salarial y prestacional establecido legalmente, por lo que no pueden ser beneficiarios de los derechos establecidos para los trabajadores oficiales en las convenciones colectivas de trabajo. En la sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35399, reiterada, entre otras, en las sentencias CSJ SL468-2013 y CSJ SL644-2013, se dijo al respecto: De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las [empresas sociales del estado], se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

En el mismo sentido, al pronunciarse sobre la exequibilidad del Decreto 1750 de 2003, la Corte constitucional en la sentencia CC C-314-2004, explicó: El Decreto 1750 de 2003 escindió del Instituto de Seguros Sociales la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, todas las Clínicas y todos los Centros de Atención Ambulatoria. Como resultado de la escisión, la Ley estableció la creación de las siguientes Empresas Sociales del Estado, las cuales, por disposición de la misma ley, gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, y están adscritas al Ministerio de la Protección Social: 1.

Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, 2. Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, 3. Empresa Social del Estado Antonio Nariño, 4. Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, 5. Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, 6. Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, y 7. Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino. Como resultado de la escisión, el Decreto 1750 de 2003 dispuso en su artículo 16 que, para todos los efectos legales, los servidores públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto tendrían el carácter de empleados públicos, salvo aquellos que no siendo directivos, desempeñaren funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos serían trabajadores oficiales.

Sin que sean necesarias otras consideraciones, el cargo se desestima. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte accionante. Se fijan como agencias en derecho la suma de cuatro millones de pesos ($4´000.000) m/cte. a cargo de la accionante y a favor de las opositoras ISS y la Fiduciaria Popular, que se incluirán en la liquidación que se practique conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2013 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de Descongestión Laboral con sede en el Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso ordinario laboral que MIRIAM CONSUELO FLÓREZ SANTOS adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la FIDUCIARIA POPULAR S.A. y la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

Costas, como quedó en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO Presidente de la Sala GERARDO BOTERO ZULUAGA FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 15