SL3982-2022 — Corte Suprema

SL3982-2022Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2022

Magistrado ponente: Dolly Amparo Caguasango Villota

Decreto 1252 de 2000Decreto 1252 de 2002Decreto 2013 de 2012Decreto 2127 de 1945Decreto 2135 de 1992Decreto 2714 de 2014Decreto 797 de 1949Ley 2351 de 1965Ley 344 de 1996Ley 432 de 1998Ley 6 de 1945

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » INDEMNIZACIONES » INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA CONVENCIONAL » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Es procedente el reconocimiento de la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo prevista en el artículo 5 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS, toda vez que el despido de los trabajadores oficiales fue sustentado en la liquidación definitiva de la entidad, lo cual no era una justa causa dentro de las previstas en el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965 Tesis: «Pues bien, en lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por la accionada y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se avoca a favor de ella, esto es, la procedencia de la indemnización convencional por el despido injusto de los trabajadores demandantes, la Sala se remite a lo dispuesto en sede de casación, concretamente, a lo analizado de las pruebas obrantes en el plenario, que permitieron evidenciar que la entidad accionada invocó, como único motivo de terminación de los contratos de trabajo existentes con los actores, la liquidación y consecuente extinción del ISS. Al respecto, se recuerda que, mediante comunicaciones del 12 de marzo de 2015, el apoderado general de la Fiduciaria La Previsora S. A. les dio por terminadas las relaciones laborales a ambos actores, notificadas el 27 de marzo del mismo año. En ellas se precisa lo siguiente, en idénticos términos: [...] Como se ve, al igual que lo dijo el juez de primera instancia y se advirtió en sede de casación, en las cartas de terminación respectivas no se informó del supuesto reconocimiento de las pensiones de vejez y su inclusión en nómina, lo que, además, no podía ser posible, porque esto último ocurrió después del momento en que les fue informada su desvinculación aduciendo como causal la liquidación definitiva de la entidad. En efecto, en Resolución 65746 del 6 de marzo de 2015, Colpensiones reconoció el pago de la pensión de vejez en favor de Juan Carlos Sanabria Suárez, en cuantía de $1.548.377, a partir del 1 de abril de 2015. Indicó que dicha prestación junto con el retroactivo sería ingresada en la nómina del periodo 2015-03 que se paga en el periodo 2015-04. Dicha resolución fue notificada al actor, el 22 de abril de 2015. Y a folio 27 se advierte que mediante oficio del 27 de marzo de 2015 se le informó de esta situación al apoderado del extinto ISS, esto es, ambas circunstancias ocurrieron con posterioridad a la notificación de la terminación de la relación de trabajo. Para el caso de Dagoberto Lancheros Molina obra un certificado expedido por Colpensiones del 5 de febrero de 2018, en el que se refiere que en la base de datos de la nómina de pensionados de esa entidad no figuraba el actor percibiendo pensión. Por lo demás, es oportuno recordar que la terminación del contrato por causa legal no equivale a una justa causa, tal como lo ha señalado esta corporación, entre otras, en CSJ SL649-2016, CSJ SL603-2017 y CSJ SL3271-2017, en las que se explicó: "La Sala se ocupará sólo de la controversia planteada por el recurrente, esto es, si el motivo de la supresión del cargo del demandante proveniente de lo establecido en el Decreto 2135 de 1992 y que condujo a la terminación unilateral del contrato de trabajo, deducción igualmente no discutida por el impugnante en casación, se constituye al efecto en una justa causa como lo sostuviera la entidad convocada a juicio. La discusión a la que se hace referencia ha tenido por parte de esta Sala múltiples y uniformes pronunciamientos en el sentido de señalar que no obstante haberse extinguido, de manera unilateral por la entidad o en liquidación o en reestructuración la relación laboral que trabó a las partes, en atención a razones de orden legal, tal circunstancia no se halla dentro de las causales establecidas por el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945 como “justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo” y en virtud a ello, es decir, al carácter taxativo de la disposición no es posible valorar de justa la señalada causa legal. Recientemente esta Sala de la Corte en la sentencia del 12 de noviembre de 2009, radicado 36458, al dar respuesta a un cargo en casación en un proceso en que también era recurrente la aquí demandada, y en el que planteó argumentos jurídicos similares a los ahora expuestos, expresó lo que a continuación se transcribe, que es suficiente para dar respuesta al ataque: […] Esa diferenciación la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, pues los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del contrato de trabajo, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales: la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido. De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal de extinción, no significa que esa terminación se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas corresponden a uno solo de los modos legales y, aparte de ello, se encuentran taxativamente establecidas en la ley" De modo que, como quedó establecido al resolver el recurso extraordinario, el Instituto accionado no acudió a ninguna de las justas causas estipuladas legalmente (artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965 y 48 del Decreto 2127 de 1945) para dar por terminada la relación laboral, conforme lo estatuye la cláusula 5 de la convención colectiva de trabajo, en consecuencia, los demandantes son acreedores de la indemnización prevista en la referida preceptiva extralegal que al efecto establece: [...] Por ese motivo, la Sala comparte las apreciaciones hechas por el juez de primera instancia sobre la falta de justeza del despido». LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR SUPRESIÓN DEL CARGO - La finalización del vínculo por liquidación de la entidad es legal pero injusta LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » INDEMNIZACIONES » INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA CONVENCIONAL » LIQUIDACIÓN - Liquidación por despido sin justa causa según el artículo 5 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS Tesis: «Juan Carlos Sanabria Suárez: desde el 2 de septiembre de 1968 hasta el 31 de marzo de 2015. A partir de lo anterior, se tiene que al trabajador le corresponde la suma de $159.698.337, a título de indemnización por despido injusto convencional, cuantía que deberá ser indexada hasta cuando se efectúe el pago, tal y como se observa en el siguiente cuadro: [...] Dagoberto Lancheros laboró entre el 25 de abril de 1977 y el 31 de marzo de 2015. Con fundamento en lo precedente, se tiene que al trabajador le corresponde la suma de $126.576.653 a título de indemnización por despido injusto convencional, cuantía que deberá ser indexada hasta cuando se efectúe el pago, tal y como se observa en el siguiente cuadro: [...] El salario que se tuvo en cuenta es el último devengado por los trabajadores (CSJ SL4866 -2021) que, en el caso de Juan Carlos Sanabria Suárez asciende a $1.874.137, valor que corresponde a la asignación básica ($1.592.929); los incrementos salariales ($191.151), los auxilios de alimentación ($45.744) y de transporte ($44.313), factores éstos que son lo que se registran como recibidos de forma ordinaria y mensual por parte de este trabajador en el mes de marzo de 2015, fecha de su desvinculación. Si bien allí se relaciona una bonificación, se desconoce el origen de este pago, su habitualidad y, en todo caso, sólo fue pagado en ese último mes. Lo anterior, con base en la información de acumulados 2002-2015 remitido a esta Corte en cumplimiento al decreto de pruebas que se dispuso. Para el caso de Dagoberto Lancheros Molina, el último salario corresponde a $1.824.616, discriminado así: $1.548.713 como asignación básica; $185.846 por incremento de servicios; $45.744 como auxilio de alimentación y $44.313 por auxilio de transporte. La bonificación, al igual que ocurre con Juan Carlos Sanabria sólo es pagada en marzo de 2015, en lo que al último año de servicios se trata. Aunque en la apelación, los actores solicitan que se tenga en cuenta una suma superior a título de salario, concretamente, $2.480.388 en el caso de Juan Carlos Sanabria y $2.364.344 para Dagoberto Lancheros Molina, no existe prueba de que esas sumas de dinero sean las que devengaban mensualmente como salario que es, en estricto sentido, lo que debe considerarse para la liquidación indemnizatoria según la cláusula convencional reseñada, pues, al revisarse el documento denominado información de acumulados expedido por el ISS y que fue aportado por medio digital al solicitar pruebas en sede de casación, se puede apreciar que el último salario de los promotores fue discriminado con la asignación básica, el incremento por servicios prestados y los auxilios de alimentación y transporte. Por ello, si aspiraban que su indemnización se liquidara con base en un salario mayor, les correspondía haber asumido la carga de demostrar que ese rubro pretendido fue el que recibieron como retribución mensual y ordinaria de sus servicios. Ahora, no es posible que, para los efectos indicados se tuviese en cuenta el salario con el que se liquidó las cesantías, pues dicho monto, conforme aparece en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, de una parte, no aparece acreditado como pago mensual en las nóminas de cada uno de los demandantes, quienes eran los interesados en probar que ese valor fue con el que se les remuneró mes a mes, y de otra, fue por disposición expresa convencional que dicha cesantía se liquida con la inclusión de tales factores extralegales, pues así lo pactaron las partes en el artículo 62 del acuerdo social, sin que le sea dado al juez extenderlo a otros conceptos laborales con evidente suplantación de la voluntad de los contratantes, quienes incluso previeron también expresamente los conceptos que habrían de tenerse en cuenta para liquidar la prima de servicios (parágrafo 1 artículo 50). Es decir, como los actores pretenden la inclusión de factores extralegales para liquidar la indemnización por despido injusto, han debido acreditar que las bases salariales que fueron incluidas por el ISS para calcular el auxilio de cesantías, la prima de vacaciones y la prima de servicios también operaban para calcular la indemnización por despido injusto, máxime que en la cláusula convencional tan solo se alude al término “salario” como parámetro para ello. Con fundamento en lo expuesto, y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la accionada, la Sala modificará los numerales segundo y tercero del fallo de primera instancia, en el sentido de determinar que la indemnización por despido sin justa causa correspondiente a Juan Carlos Sanabria es de $159.698.337 y en favor de Dagoberto Lancheros Molina, $126.576.653, sumas que deberán ser indexadas al momento de su pago efectivo». PROCEDIMIENTO LABORAL » EXCEPCIONES » EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS - La excepción de prescripción de la pensión no procede, por cuanto desde la solicitud de la prestación hasta la fecha de la presentación de la demanda, el término de prescripción se mantuvo suspendido en los términos del artículo 6 del CPTSS, por tanto, entre un acto y otro, no transcurrió el término de tres años previsto en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS Tesis: «En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que Juan Carlos Sanabria Suárez fue despedido el 31 de marzo de 2015; el 25 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa ante la entidad empleadora invocando que no se le había otorgado la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo (f.° 8) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido. Por su parte, el despido de Dagoberto Lancheros Molina ocurrió a partir del 31 de marzo de 2015; el 26 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa en similares términos (f.° 45) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que tampoco se configuró el medio exceptivo referido. [...] En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que el despido de Juan Carlos Sanabria Suárez se produjo a partir del 31 de marzo de 2015; el 25 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa ante la entidad empleadora en contra de la resolución que liquidó y ordenó el pago del auxilio definitivo de cesantías y demás prestaciones sociales (f.° 8) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido. [...] En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que Dagoberto Lancheros Molina Suárez fue despedido el 31 de marzo de 2015; el 26 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa (f.° 45) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido». LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » PRESTACIONES SOCIALES EXTRALEGALES » AUXILIO DE CESANTÍA - El congelamiento de las cesantías dispuesto por el artículo 62 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS y su liquidación anual es inaplicable a los trabajadores del instituto ante la normativa que impone la conservación del sistema de liquidación retroactiva, contemplada en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, pues se trata de una prescripción legal que resulta irrenunciable y desconoce los derechos mínimos del trabajador Tesis: «Pues bien, el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2001-2004, celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, prevé lo siguiente: [...] Tal como se advirtió en sede de casación, aunque la Sala sostuvo de manera reiterada el alcance del artículo 62 de la CCT del ISS 2001 - 2004, según la cual, la norma que regula la forma de liquidar la cesantía es la convencional (CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 31045; CSJ SL981-2019 y CSJ SL4345-2020), lo cierto es que en decisión CSJ SL1901-2021, reexaminó ese tema y lo varió en los siguientes términos: "No obstante, lo hasta aquí discurrido, una nueva reflexión de la Sala sobre el tópico objeto de esta decisión, hace oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una nueva teoría frente a la aplicación del artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo. Conforme el análisis normativo que antecede es claro que los trabajadores que se encontraban gozando del régimen de cesantía retroactiva a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, artículo 13, podían de manera voluntaria cambiarse al nuevo régimen y, posteriormente, del Decreto 1252 de 2000, en su artículo 2 dispuso de manera expresa que los servidores públicos que se encontraban vinculados a 25 de mayo de 2000, conservaban el derecho a continuar con el sistema de cesantía retroactiva. Ahora, desde otra perspectiva, se tiene que los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales se encontraban sujetos en principio, a las reglas fijadas en la convención colectiva, pues no existe duda sobre el derecho que le asiste a sindicatos y empleadores para lograr acuerdos que regulen las condiciones de trabajo, «Al ser producto de la autonomía de la voluntad de empleadores-trabajadores y explicarse desde una filosofía contractualista, su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable». (CSJ SL1240-2019). Sin embargo, lo cierto es que para las personas que venían gozando de la cesantía retroactiva se presenta la disyuntiva de aplicar el artículo 62 de la Convención que establecía un sistema de liquidación anual, el cual desconoce las normas legales vigentes sobre liquidación de cesantía, situación que impone, la aplicación de la norma legal, la cual, sin duda, es la norma que debe prevalecer pues se trata de una disposición de carácter irrenunciable y que regula el mínimo de derechos de los trabajadores oficiales en materia de cesantías. Es así como resulta válido señalar en respuesta al problema jurídico planteado que, en el caso concreto, la negociación colectiva no podía desconocer el mínimo de derechos de sus afiliados, así se dijo en el radicado 23776 de 28 de mayo de 2005, reiterada en sentencia CSJ SL 5108 -2020. Es así como no podía el sindicato pactar con el empleador la desmejora de las condiciones legales que, en este caso les permitía a sus beneficiarios mantener el carácter retroactivo de sus cesantías. En esa línea de pensamiento, y para una mejor comprensión, se tiene que el debate surge en relación con un trabajador que venía gozando del régimen legal de cesantías retroactivas, al entrar en vigencia la Ley 344 de 1996 y decidió acogerse al nuevo régimen y, respecto de aquellos que a 25 de mayo de 2000, continuaba con la liquidación retroactiva de cesantías, la cual es modificada por la convención colectiva de trabajo, desconociendo prescripciones legales como las contempladas en dichas normas, que claramente establecen la garantía de conservar dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional. Vistas, así las cosas, la nueva tesis que esgrime la Sala es que el congelamiento de las cesantías dispuesto por la norma convencional y su liquidación anual es inaplicable ante la normativa que impone la conservación del sistema de liquidación retroactiva, contemplada en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, por la sencilla razón de que se trata de una prescripción legal que resulta irrenunciable y desconoce los derechos mínimos del trabajador. De esta forma, los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales que a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantía retroactiva, no les resulta aplicable el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo. (Subrayas de la Sala)"». LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » PRESTACIONES SOCIALES » AUXILIO DE CESANTÍA » LIQUIDACIÓN - Reliquidación del auxilio de cesantías por el congelamiento del sistema de liquidación con retroactividad Tesis: «A diferencia de lo que ocurrió con la indemnización por despido sin justa causa, la cual, como se vio, se calculó con base en el monto que correspondía al salario devengado mensualmente (asignación básica, incremento adicional por servicios prestados y auxilios de alimentación y transporte) por no haberse demostrado que correspondiera a uno mayor, para calcular las cesantías se tendrá en cuenta la cifra con base en la cual el ISS hizo la liquidación final de este auxilio -y que además no fue discutida y tiene soporte en el artículo 62 convencional ya citado- en el que, como se dijo, se incluyeron unos factores adicionales de origen convencional, lo que explica la diferencia entre las bases de las que se partió para efectuar la estimación de unos rubros y otros. En consecuencia, se tendrán en cuenta, los documentos solicitados en sede de casación, especialmente, la liquidación definitiva de cesantías; las resoluciones de pago de anticipo y la liquidación definitiva de cesantías y demás prestaciones. Para Juan Carlos Sanabria Suárez, la base salarial con la cual el ISS fijó la liquidación final de cesantías corresponde a $2.489.388; y para Dagoberto Lancheros Molina, la suma de $2.354.344, como se refleja en los documentos denominados liquidaciones definitivas de prestaciones sociales No. 499 y 538, respectivamente, aportados en sede de casación, lo que genera los siguientes resultados: iii) Juan Carlos Sanabria Suárez (2 de septiembre de 1968 - 31 de marzo de 2015) [...] El demandante tiene derecho a un saldo de cesantías retroactivas de $8.147.081 y por intereses, la suma de $977.650. Tal como lo puso de presente Juan Carlos Sanabria Suárez, al momento del traslado de las pruebas ordenadas en casación, la demandada certificó, como pago de anticipos a las cesantías una suma mayor a la relacionada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales. De hecho, verificado ese documento, se observa que, aparte de los $56.546.841 de anticipo de cesantías, se relaciona $1.696.493, valor este último que se identifica como de intereses a las cesantías, y que por ser diferente no se incluirá para imputar ese pago a título de saldo de cesantías retroactivas y descontarlo del valor total aquí calculado. En consecuencia, se condenará a la accionada al pago de la suma de $9.124.731 por estos dos conceptos [...] iv) Dagoberto Lancheros Molina (25 de abril de 1977- 31 de marzo de 2015) [...] El demandante tiene derecho a un saldo de cesantías retroactivas de $8.032.025 y por intereses $963.843. Tal como lo puso de presente Dagoberto Lancheros Molina, al momento del traslado de las pruebas ordenadas en casación, la demandada certificó, como pago de anticipos a las cesantías una suma mayor a la relacionada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales. De hecho, verificado ese documento, se observa que, aparte de los $34.990.443 de anticipo de cesantías, se relaciona $1.406.569, valor este último que se identifica como de intereses a las cesantías, y que por ser diferente no se incluirá para imputar ese pago a título de saldo de cesantías retroactivas y descontarlo del valor total aquí calculado. En consecuencia, se condenará a la demandada al pago de la suma de $8.995.868». LABORAL INDIVIDUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS » TRABAJADORES OFICIALES » INDEMNIZACIONES » INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES » PROCEDENCIA - La sanción moratoria opera cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta, no es de aplicación automática; en cada caso es necesario estudiar si su comportamiento estuvo o no asistido de buena fe ya que no hay reglas absolutas que objetivamente la determinen Tesis: «Sobre la procedencia del pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el art. 52 del Decreto 2127 de 1945, ha sido doctrina de la Corte que, por su carácter sancionatorio, aquella no procede de manera automática, sino que deben examinarse las circunstancias que, en cada caso, llevaron al empleador al incumplimiento de la prestación dentro del plazo establecido».

1 DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3982-2022 Radicación n.° 82743 Acta 43 Bogotá, D. C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022). La Corte profiere fallo de instancia en el proceso ordinario laboral instaurado por JUAN CARLOS SANABRIA SUÁREZ y DAGOBERTO LANCHEROS MOLINA, en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES PAR ISS LIQUIDADO administrado por la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO -FIDUAGRARIA S. A. en el que se dictó sentencia el 9 de noviembre de 2021, CSJ SL5068-2021, mediante la cual casó la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de marzo de 2018.

Los puntos en los que esta Sala casó la sentencia referida fueron los relativos a la negativa a reconocer la indemnización por despido injusto y las cesantías Radicación n.° 82743 2 retroactivas reclamadas por los accionantes. No se casó en lo demás. En dicha providencia, y para efectos de proferir la sentencia de instancia, se ordenó oficiar a Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario -Fiduagraria S. A., administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS liquidado para que remitiera una certificación sobre los salarios y demás prestaciones devengados por Juan Carlos Sanabria Suárez y Dagoberto Lancheros Molina en vigencia de toda la relación de trabajo; junto con las resoluciones de pago de anticipos de cesantías y su respectiva liquidación definitiva.

Así mismo, mediante auto del 12 de agosto de 2022, se ofició a esa misma entidad para que indicara el monto exacto pagado a los promotores del litigio por concepto de anticipos y liquidación final, a título de cesantías. La coordinación jurídica del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en liquidación indicó que Juan Carlos Sanabria Suárez, recibió la suma de $109.087.175 por concepto de anticipos y liquidación final de cesantías, mientras que Dagoberto Lancheros Molina $83.282.659.

Recibida la documentación respectiva y surtidos los traslados del caso, el apoderado de los accionantes precisó que, en realidad, los valores recibidos por cesantías corresponden a los siguientes: Juan Carlos Sanabria Suárez $107.390.770 y Dagoberto Lancheros Molina $81.876.900, Radicación n.° 82743 3 explicando que en los montos certificados por la accionada, se incluyeron $1.696.405 y $1.406.569, respectivamente, que en realidad corresponden a lo pagado por intereses a las cesantías, de modo que es un rubro distinto al solicitado.

Para ello, se remite a los oficios 499 y 538 aportados por el Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en liquidación. Con base en lo anterior, la Sala procede a dictar la sentencia respectiva. I.

ANTECEDENTES En sede de casación, la Corte resolvió el recurso extraordinario interpuesto por los demandantes, contra la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de marzo de 2018. En dicho pronunciamiento, de una parte, se puso de presente que el juez de segundo grado había errado al inferir, de las pruebas del plenario, que la terminación de los contratos de trabajo existentes entre el ISS y los actores se debió al reconocimiento pensional e inclusión en nómina en ambos casos y que, por ende, medió una justa causa de finalización de tales vínculos.

La Corte advirtió que, en realidad, lo único que evidenciaban los medios de convicción era que la finalización de sus nexos había obedecido a un motivo legal, pero no justo de extinción de la relación, que no descartaba la condena indemnizatoria reclamada. Radicación n.° 82743 4 De otra parte, en lo que tiene que ver con las cesantías, las cuales, indicaron los accionantes, debieron liquidarse con el régimen de retroactividad, esta Sala precisó que, en atención a la postura actual de esta corporación, el artículo 62 de la CCT no es aplicable en lo relativo al congelamiento del régimen de liquidación de dicho auxilio, en tanto existe una serie de preceptos de orden legal (Ley 344 de 1996, Ley 432 de 1998 y Decreto 1252 de 2002) que permiten la conservación de ese sistema retroactivo a los trabajadores oficiales del Instituto de Seguros Sociales – ISS, que a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o al 25 de mayo de 2000 disfrutaban de él y, el cual a todas luces les resultaba mucho más favorable.

En esa medida, corresponde dictar la sentencia de reemplazo, para lo cual, es pertinente recordar que el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, en providencia del 15 de noviembre de 2017, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que JUAN CARLOS SANABRIA SUÁREZ Y DAGOBERTO LANCHEROS MOLINA en su condición de trabajadores y el entonces INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, hoy PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - P.A.R.I.S.S., en su condición de empleador, existió́ una relación laboral desde el 2 de septiembre de 1968 a 31 de marzo de 2015 y del 25 de abril de 1977 a 31 de marzo de 2015, respectivamente, la cual feneció́ sin justa causa.

SEGUNDO: CONDENAR a hoy SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - P.A.R.I.S.S., a pagar a JUAN CARLOS SANABRIA SUÁREZ la suma de $152.049.955 por concepto de indemnización por Radicación n.° 82743 5 despido sin justa causa, que deberá́ pagarse debidamente indexado desde su causación hasta que se verifique el pago total de la obligación.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - P.A.R.I.S.S., a pagar a DAGOBERTO LANCHEROS MOLINA la suma de $123.231.827,56 por concepto de indemnización por despido sin justa causa, que deberá́ pagarse debidamente indexado desde su causación hasta que se verifique el pago total de la obligación.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y no probadas las demás.

SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada FIDUAGRARIA; inclúyase en la liquidación de costas la suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor en que se estiman las agencias en derecho. SÉPTIMO: REMITIR el proceso en grado jurisdiccional de consulta a favor de la pasiva condenada. Por apelación de los accionantes y de Fiduagraria S. A., la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 21 de marzo de 2018, resolvió:

PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo, tercero y sexto de la sentencia de proferida el 15 de noviembre de 2017 por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá́ por las razones expuestas.

SEGUNDO: SIN COSTAS en la presente instancia, las de primera instancia estarán a cargo de la parte demandante. Radicación n.° 82743 6 Teniendo en cuenta esos aspectos, la Sala pasa a resolver los asuntos de instancia que resulten procedentes, esto es, sólo frente al reconocimiento de la indemnización por despido injusto y cesantías retroactivas, reclamadas por los accionantes, aspectos únicos respecto de los que se casó la sentencia del ad quem.

II. CONSIDERACIONES i) De la indemnización por el despido sin justa causa Como se precisó, el a quo declaró que Juan Carlos Sanabria Suárez laboró al ISS desde el 2 de septiembre de 1968 hasta el 31 de marzo de 2015; y Dagoberto Lancheros Molina entre el 25 de abril de 1977 y el 31 de marzo de 2015, relaciones laborales que finalizaron sin justa causa.

En consecuencia, condenó a Fiduagraria S. A., como vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, a pagarles la indemnización por despido sin justa causa, debidamente indexada. Para imponer la condena a ese título, advirtió que a ambos demandantes les fue remitida una comunicación el 12 de marzo de 2015, mediante la cual se les informó que el Decreto 2714 de 2014 había ampliado el término para la liquidación del ISS, motivo por el cual, la relación laboral estaría vigente hasta el 31 de marzo de 2015.

Reconoció que dicho motivo, si bien es legal, no se encuentra enlistado Radicación n.° 82743 7 dentro de los consagrados en el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, que menciona las justas causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador. Indicó que la Sala de Casación Laboral ha señalado la diferencia entre el despido autorizado legalmente y el ocurrido con justa causa, en la medida en que no siempre el primero obedece a un motivo específico que establecen la normatividad vigente.

Citó los fallos CSJ SL10992 -2014 y CSJ SL5052-2014. En ese orden de ideas, concluyó que la causal invocada por el extinto ISS no era justa, lo que hacía procedente la indemnización convencional. Para liquidarla, explicó que, como los trabajadores estaban vinculados durante más de 10 años de servicios, dicha prebenda consistía en 50 días de salario por el primer año, más 55 adicionales por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Así, fijó como valor indemnizatorio convencional por el despido sin justa causa, la suma de $150.049.955 para Juan Carlos Sanabria Suárez, en virtud de 46 años de labores y $123.231.827,56 en favor de Dagoberto Lancheros Molina por 37 años de servicios al ISS.

Aclaró que dicha liquidación la hacía teniendo en cuenta la asignación básica mensual y el incremento adicional por servicios prestados, toda vez que en la cláusula convencional no se incluyeron factores adicionales al salario. Ahora bien, frente a esta temática, Fiduagraria S. A. Radicación n.° 82743 8 interpuso el recurso de apelación al considerar que el despido fue legal y de público conocimiento, fundado en los decretos mediante los cuales se suprimió el ISS que, además, son de obligatorio cumplimiento tanto para el liquidador como para el respectivo ente fiduciario.

Por su parte, los demandantes puntualizaron que, contrario a lo sentenciado por el a quo, en la liquidación de prestaciones sociales se demostró que Juan Carlos Sanabria devengaba la suma de $2.480.388 y Dagoberto Lancheros $2.364.344, aclarando que la estimación de la indemnización convencional debe hacerse con base en el salario y no, solamente, con la asignación básica, por lo que solicitan liquidar correctamente la cuantía de esa condena.

Pues bien, en lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por la accionada y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se avoca a favor de ella, esto es, la procedencia de la indemnización convencional por el despido injusto de los trabajadores demandantes, la Sala se remite a lo dispuesto en sede de casación, concretamente, a lo analizado de las pruebas obrantes en el plenario, que permitieron evidenciar que la entidad accionada invocó, como único motivo de terminación de los contratos de trabajo existentes con los actores, la liquidación y consecuente extinción del ISS.

Al respecto, se recuerda que, mediante comunicaciones del 12 de marzo de 2015, el apoderado general de la Fiduciaria La Previsora S. A. les dio por terminadas las relaciones laborales a ambos actores, notificadas el 27 de Radicación n.° 82743 9 marzo del mismo año. En ellas se precisa lo siguiente, en idénticos términos: Apreciado (a) Señor (a) En mi calidad de Apoderado General de Fiduciaria La Previsora S.A. Liquidador del Instituto de Seguros Sociales, amablemente me permito informar que el Decreto 2714 de 2014 amplió el término para la liquidación de la entidad hasta el próximo 31 de marzo de 2015, razón por la cual, de conformidad con el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 2013 de 2012, su relación laboral con el Instituto de Seguros Sociales terminará por causa legal ese día (en el otro documento dice «terminará en la fecha indicada»).

En nombre de las directivas y en el mío, le expreso agradecimiento por las actividades desarrolladas durante su permanencia en la entidad. Cordial Saludo, FELIPE NEGRET MOSQUERA Apoderado General Fiduciaria La Previsora Como se ve, al igual que lo dijo el juez de primera instancia y se advirtió en sede de casación, en las cartas de terminación respectivas no se informó del supuesto reconocimiento de las pensiones de vejez y su inclusión en nómina, lo que, además, no podía ser posible, porque esto último ocurrió después del momento en que les fue informada su desvinculación aduciendo como causal la liquidación definitiva de la entidad.

En efecto, en Resolución 65746 del 6 de marzo de 2015, Colpensiones reconoció el pago de la pensión de vejez en favor de Juan Carlos Sanabria Suárez, en cuantía de $1.548.377, a partir del 1 de abril de 2015. Indicó que dicha prestación junto con el retroactivo sería ingresada en la nómina del periodo 2015-03 que se paga en el periodo 2015- Radicación n.° 82743 10 04.

Dicha resolución fue notificada al actor, el 22 de abril de 2015. Y a folio 27 se advierte que mediante oficio del 27 de marzo de 2015 se le informó de esta situación al apoderado del extinto ISS, esto es, ambas circunstancias ocurrieron con posterioridad a la notificación de la terminación de la relación de trabajo. Para el caso de Dagoberto Lancheros Molina obra un certificado expedido por Colpensiones del 5 de febrero de 2018, en el que se refiere que en la base de datos de la nómina de pensionados de esa entidad no figuraba el actor percibiendo pensión. Por lo demás, es oportuno recordar que la terminación del contrato por causa legal no equivale a una justa causa, tal como lo ha señalado esta corporación, entre otras, en CSJ SL649-2016, CSJ SL603-2017 y CSJ SL3271-2017, en las que se explicó: La Sala se ocupará sólo de la controversia planteada por el recurrente, esto es, si el motivo de la supresión del cargo del demandante proveniente de lo establecido en el Decreto 2135 de 1992 y que condujo a la terminación unilateral del contrato de trabajo, deducción igualmente no discutida por el impugnante en casación, se constituye al efecto en una justa causa como lo sostuviera la entidad convocada a juicio.

La discusión a la que se hace referencia ha tenido por parte de esta Sala múltiples y uniformes pronunciamientos en el sentido de señalar que no obstante haberse extinguido, de manera unilateral por la entidad o en liquidación o en reestructuración la relación laboral que trabó a las partes, en atención a razones de orden legal, tal circunstancia no se halla dentro de las causales establecidas por el artículo 48 del Decreto 2127 de 1945 como “justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo” y en virtud a ello, es decir, al carácter taxativo de la disposición no es posible valorar de justa la señalada causa legal.

Radicación n.° 82743 11 Recientemente esta Sala de la Corte en la sentencia del 12 de noviembre de 2009, radicado 36458, al dar respuesta a un cargo en casación en un proceso en que también era recurrente la aquí demandada, y en el que planteó argumentos jurídicos similares a los ahora expuestos, expresó lo que a continuación se transcribe, que es suficiente para dar respuesta al ataque: […] Esa diferenciación la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, pues los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del contrato de trabajo, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales: la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido.

De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal de extinción, no significa que esa terminación se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas corresponden a uno solo de los modos legales y, aparte de ello, se encuentran taxativamente establecidas en la ley.

De modo que, como quedó establecido al resolver el recurso extraordinario, el Instituto accionado no acudió a ninguna de las justas causas estipuladas legalmente (artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965 y 48 del Decreto 2127 de 1945) para dar por terminada la relación laboral, conforme lo estatuye la cláusula 5 de la convención colectiva de trabajo, en consecuencia, los demandantes son acreedores de la indemnización prevista en la referida preceptiva extralegal que al efecto establece: Cuando el Instituto dé por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al Trabajador afectado una indemnización por despido así: a) Cincuenta (50) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año. […] d) Si el Trabajador tuviere diez (10) años o más de servicios continuo, se le pagarán cincuenta y cinco (55) días adicionales Radicación n.° 82743 12 de salario sobre los cincuenta (50) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Por ese motivo, la Sala comparte las apreciaciones hechas por el juez de primera instancia sobre la falta de justeza del despido.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el monto de la indemnización reclamada por los actores y que es objeto de apelación por ellos, se tiene que aquellos laboraron en los siguientes extremos temporales: - Juan Carlos Sanabria Suárez: desde el 2 de septiembre de 1968 hasta el 31 de marzo de 2015. A partir de lo anterior, se tiene que al trabajador le corresponde la suma de $159.698.337, a título de indemnización por despido injusto convencional, cuantía que deberá ser indexada hasta cuando se efectúe el pago, tal y como se observa en el siguiente cuadro: DESDE HASTA No. DE AÑOS ÚLTIMO SALARIO No. DÍAS PARA INDEMNIZAR VALOR INDEMNIZACIÓN 2/09/1968 1/09/1969 1 50 2/09/1969 1/09/2014 45 (55*45)= 2475 2/09/2014 31/03/2015 0.57 $1.874.137/30= $62.471,23 31,35 TOTAL 2.556,35 $159.698.337 - Dagoberto Lancheros laboró entre el 25 de abril de 1977 y el 31 de marzo de 2015.

Radicación n.° 82743 13 Con fundamento en lo precedente, se tiene que al trabajador le corresponde la suma de $126.576.653 a título de indemnización por despido injusto convencional, cuantía que deberá ser indexada hasta cuando se efectúe el pago, tal y como se observa en el siguiente cuadro: DESDE HASTA No. DE AÑOS ÚLTIMO SALARIO No. DÍAS PARA INDEMNIZAR VALOR INDEMNIZACIÓN 25/04/1977 24/04/1978 1 50 25/04/1978 24/04/2014 36 (55*36)= 1.980 25/04/2014 31/03/2015 0.93 $1.824.616/30= $60.820,53 51,15 TOTAL 2.081,15 $126.576.653 El salario que se tuvo en cuenta es el último devengado por los trabajadores (CSJ SL4866 -2021) que, en el caso de Juan Carlos Sanabria Suárez asciende a $1.874.137, valor que corresponde a la asignación básica ($1.592.929); los incrementos salariales ($191.151), los auxilios de alimentación ($45.744) y de transporte ($44.313), factores éstos que son lo que se registran como recibidos de forma ordinaria y mensual por parte de este trabajador en el mes de marzo de 2015, fecha de su desvinculación. Si bien allí se relaciona una bonificación, se desconoce el origen de este pago, su habitualidad y, en todo caso, sólo fue pagado en ese último mes.

Lo anterior, con base en la información de acumulados 2002-2015 remitido a esta Corte en cumplimiento al decreto de pruebas que se dispuso. Para el caso de Dagoberto Lancheros Molina, el último salario corresponde a $1.824.616, discriminado así: $1.548.713 como asignación básica; $185.846 por Radicación n.° 82743 14 incremento de servicios; $45.744 como auxilio de alimentación y $44.313 por auxilio de transporte.

La bonificación, al igual que ocurre con Juan Carlos Sanabria sólo es pagada en marzo de 2015, en lo que al último año de servicios se trata. Aunque en la apelación, los actores solicitan que se tenga en cuenta una suma superior a título de salario, concretamente, $2.480.388 en el caso de Juan Carlos Sanabria y $2.364.344 para Dagoberto Lancheros Molina, no existe prueba de que esas sumas de dinero sean las que devengaban mensualmente como salario que es, en estricto sentido, lo que debe considerarse para la liquidación indemnizatoria según la cláusula convencional reseñada, pues, al revisarse el documento denominado información de acumulados expedido por el ISS y que fue aportado por medio digital al solicitar pruebas en sede de casación, se puede apreciar que el último salario de los promotores fue discriminado con la asignación básica, el incremento por servicios prestados y los auxilios de alimentación y transporte.

Por ello, si aspiraban que su indemnización se liquidara con base en un salario mayor, les correspondía haber asumido la carga de demostrar que ese rubro pretendido fue el que recibieron como retribución mensual y ordinaria de sus servicios. Ahora, no es posible que, para los efectos indicados se tuviese en cuenta el salario con el que se liquidó las cesantías, pues dicho monto, conforme aparece en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, de una parte, Radicación n.° 82743 15 no aparece acreditado como pago mensual en las nóminas de cada uno de los demandantes, quienes eran los interesados en probar que ese valor fue con el que se les remuneró mes a mes, y de otra, fue por disposición expresa convencional que dicha cesantía se liquida con la inclusión de tales factores extralegales, pues así lo pactaron las partes en el artículo 62 del acuerdo social, sin que le sea dado al juez extenderlo a otros conceptos laborales con evidente suplantación de la voluntad de los contratantes, quienes incluso previeron también expresamente los conceptos que habrían de tenerse en cuenta para liquidar la prima de servicios (parágrafo 1 artículo 50).

Es decir, como los actores pretenden la inclusión de factores extralegales para liquidar la indemnización por despido injusto, han debido acreditar que las bases salariales que fueron incluidas por el ISS para calcular el auxilio de cesantías, la prima de vacaciones y la prima de servicios también operaban para calcular la indemnización por despido injusto, máxime que en la cláusula convencional tan solo se alude al término «salario» como parámetro para ello.

Con fundamento en lo expuesto, y e n virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de la accionada, la Sala modificará los numerales segundo y tercero del fallo de primera instancia, en el sentido de determinar que la indemnización por despido sin justa causa correspondiente a Juan Carlos Sanabria es de $159.698.337 y en favor de Dagoberto Lancheros Molina, $126.576.653, sumas que deberán ser indexadas al momento de su pago Radicación n.° 82743 16 efectivo.

En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que Juan Carlos Sanabria Suárez fue despedido el 31 de marzo de 2015; el 25 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa ante la entidad empleadora invocando que no se le había otorgado la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo (f.° 8) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido.

Por su parte, el despido de Dagoberto Lancheros Molina ocurrió a partir del 31 de marzo de 2015; el 26 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa en similares términos (f.° 45) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que tampoco se configuró el medio exceptivo referido. ii) Del pago retroactivo del auxilio de cesantías El juzgado de primera instancia negó el reconocimiento y pago de las cesantías de los trabajadores demandantes, en la modalidad de retroactividad.

Radicación n.° 82743 17 Indicó que no podría desconocerse que el sindicato Sintraseguridad Social y el ISS acordaron el congelamiento de las cesantías por el término de diez años, pacto que consideró válido y ley para las partes, aparte de que, como contraprestación se estipularon mayores intereses a los que normalmente tenían derecho. Agregó que no era posible beneficiarse para algunos asuntos de la CCT y desconocerla para otros; que de acuerdo con las liquidaciones definitivas de los actores se infería que fueron pagadas en debida forma y liquidadas según la estipulación convencional, por lo que, concluyó, no era admisible disponer su reconocimiento retroactivo, y tampoco la reliquidación de los respectivos intereses.

La parte actora interpuso recurso de apelación. En lo que se refiere a este aspecto, indican que tienen derecho a las cesantías retroactivas, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2011, y la reliquidación de los intereses de 2015, toda vez que debe prevalecer el mínimo de prestaciones establecido en la ley, incluso, con preferencia a lo dispuesto en la CCT, concretamente, según lo señalado en el artículo 49 de la Ley 6 de 1945 que ordena aplicar las disposiciones que sean más favorables a los trabajadores, y la Ley 344 de 1996.

Pues bien, el artículo 62 de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2001-2004, celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, prevé lo siguiente: Radicación n.° 82743 18 A partir del 1º de enero del año 2002 se congela la retroactividad de la cesantía por diez años.

El Instituto procederá a liquidar a 31 de diciembre de 2001 en forma retroactiva las cesantías de la totalidad de los trabajadores y liquidará sobre dicho monto intereses de cesantía del 12% anual correspondientes al año 2001, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año 2002. A 31 de diciembre del año 2002 y por los años subsiguientes las cesantías se liquidarán anualmente y por las mismas se reconocerán intereses a la tasa del 12% anual por el respectivo año objeto de liquidación, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente.

Sobre el monto de las cesantías liquidadas a 31 de diciembre del año 2001, el Instituto reconocerá a partir del 1º de enero del año 2002 intereses equivalentes al 15% anual. En el caso de los trabajadores que no gocen de prima técnica, esta tasa de interés se incrementará en un punto. Los intereses aquí señalados se pagarán en el mes de enero del año siguiente, esto es, enero de 2003.

En los años subsiguientes el saldo de dichas cesantías acrecentado con las cesantías anuales liquidadas por el año inmediatamente anterior y disminuido en el monto de las cesantías parciales pagadas durante la vigencia, causarán intereses a las mismas tasas y para los mismos grupos de trabajadores, antes señalados. A partir de 2002 y para efectos del pago de cesantías parciales, se destinará una partida con recursos anuales equivalentes, como mínimo, al 18% del valor de la deuda por concepto de cesantías liquidadas a 31 de diciembre de 2001.

La distribución y asignación de estos recursos se realizará conjuntamente por la empresa y el sindicato. Tal como se advirtió en sede de casación, aunque la Sala sostuvo de manera reiterada el alcance del artículo 62 de la CCT del ISS 2001 – 2004, según la cual, la norma que regula la forma de liquidar la cesantía es la convencional (CSJ SL, 20 nov. 2007, rad. 31045;

CSJ SL981-2019 y CSJ SL4345– 2020), lo cierto es que en decisión CSJ SL1901-2021, reexaminó ese tema y lo varió en los siguientes términos: No obstante, lo hasta aquí discurrido, una nueva reflexión de la Sala sobre el tópico objeto de esta decisión, hace oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una Radicación n.° 82743 19 nueva teoría frente a la aplicación del artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Conforme el análisis normativo que antecede es claro que los trabajadores que se encontraban gozando del régimen de cesantía retroactiva a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, artículo 13, podían de manera voluntaria cambiarse al nuevo régimen y, posteriormente, del Decreto 1252 de 2000, en su artículo 2 dispuso de manera expresa que los servidores públicos que se encontraban vinculados a 25 de mayo de 2000, conservaban el derecho a continuar con el sistema de cesantía retroactiva.

Ahora, desde otra perspectiva, se tiene que los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales se encontraban sujetos en principio, a las reglas fijadas en la convención colectiva, pues no existe duda sobre el derecho que le asiste a sindicatos y empleadores para lograr acuerdos que regulen las condiciones de trabajo, «Al ser producto de la autonomía de la voluntad de empleadores-trabajadores y explicarse desde una filosofía contractualista, su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable».

(CSJ SL1240-2019). Sin embargo, lo cierto es que para las personas que venían gozando de la cesantía retroactiva se presenta la disyuntiva de aplicar el artículo 62 de la Convención que establecía un sistema de liquidación anual, el cual desconoce las normas legales vigentes sobre liquidación de cesantía, situación que impone, la aplicación de la norma legal, la cual, sin duda, es la norma que debe prevalecer pues se trata de una disposición de carácter irrenunciable y que regula el mínimo de derechos de los trabajadores oficiales en materia de cesantías.

Es así como resulta válido señalar en respuesta al problema jurídico planteado que, en el caso concreto, la negociación colectiva no podía desconocer el mínimo de derechos de sus afiliados, así se dijo en el radicado 23776 de 28 de mayo de 2005, reiterada en sentencia CSJ SL 5108 –2020. Es así como no podía el sindicato pactar con el empleador la desmejora de las condiciones legales que, en este caso les permitía a sus beneficiarios mantener el carácter retroactivo de sus cesantías.

En esa línea de pensamiento, y para una mejor comprensión, se tiene que el debate surge en relación con un trabajador que venía gozando del régimen legal de cesantías retroactivas, al entrar en vigencia la Ley 344 de 1996 y decidió acogerse al nuevo régimen y, respecto de aquellos que a 25 de mayo de 2000, continuaba con la liquidación retroactiva de cesantías, la cual es modificada por la convención colectiva de trabajo, desconociendo prescripciones legales como las contempladas en dichas normas, que claramente establecen la garantía de conservar dicho Radicación n.° 82743 20 régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.

Vistas, así las cosas, la nueva tesis que esgrime la Sala es que el congelamiento de las cesantías dispuesto por la norma convencional y su liquidación anual es inaplicable ante la normativa que impone la conservación del sistema de liquidación retroactiva, contemplada en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, por la sencilla razón de que se trata de una prescripción legal que resulta irrenunciable y desconoce los derechos mínimos del trabajador.

De esta forma, los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales que a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantía retroactiva, no les resulta aplicable el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo. (Subrayas de la Sala) Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que le asiste razón a la parte actora en sus reparos, por lo que, sobre este punto, deberá modificar la decisión apelada, precisando que en este asunto no hubo duda sobre la condición de beneficiarios de los actores de la CCT, en virtud de su calidad de trabajadores oficiales y a la declaratoria judicial de los contratos de trabajo, en los términos reseñados.

Conforme al nuevo criterio, se tiene que Juan Carlos Sanabria Suárez ingresó a laborar al ISS, el 2 de septiembre de 1968; y Dagoberto Lancheros Molina, el 25 de abril de 1977; y ambos permanecieron hasta el 31 de marzo de 2015; de modo que, al haberse vinculado antes del 25 de mayo de 2000 y no evidenciarse que se hubieran trasladado o acogido al régimen anualizado de cesantías, les asiste el derecho a que ese auxilio se liquide de forma retroactiva.

Para tales efectos, la Sala tomará como salario base de liquidación, aquellos montos que fueron tenidos en cuenta Radicación n.° 82743 21 por el ISS en la liquidación definitiva de prestaciones sociales, a efectos de calcular, precisamente, ese auxilio de cesantías. Ello porque fue con base en esos valores que el empleador reconoció dicho auxilio a los trabajadores e igualmente, dispuso su congelamiento, de modo que, de no haber aplicado esa cláusula convencional, sería sobre esas cifras con las que se habría liquidado tal concepto.

A diferencia de lo que ocurrió con la indemnización por despido sin justa causa, la cual, como se vio, se calculó con base en el monto que correspondía al salario devengado mensualmente (asignación básica, incremento adicional por servicios prestados y auxilios de alimentación y transporte) por no haberse demostrado que correspondiera a uno mayor, para calcular las cesantías se tendrá en cuenta la cifra con base en la cual el ISS hizo la liquidación final de este auxilio -y que además no fue discutida y tiene soporte en el artículo 62 convencional ya citado- en el que, como se dijo, se incluyeron unos factores adicionales de origen convencional, lo que explica la diferencia entre las bases de las que se partió para efectuar la estimación de unos rubros y otros.

En consecuencia, se tendrán en cuenta, los documentos solicitados en sede de casación, especialmente, la liquidación definitiva de cesantías; las resoluciones de pago de anticipo y la liquidación definitiva de cesantías y demás prestaciones. Para Juan Carlos Sanabria Suárez, la base salarial con la cual el ISS fijó la liquidación final de cesantías corresponde a $2.489.388; y para Dagoberto Lancheros Molina, la suma de $2.354.344, como se refleja en Radicación n.° 82743 22 los documentos denominados liquidaciones definitivas de prestaciones sociales No. 499 y 538, respectivamente, aportados en sede de casación, lo que genera los siguientes resultados: iii) Juan Carlos Sanabria Suárez (2 de septiembre de 1968 – 31 de marzo de 2015)

1. PAGOS LABORALES PARA ESTABLECER EL SALARIO MENSUAL BASE PARA CÁLCULO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS Concepto Valor Valor según la liquidación final de prestaciones sociales $2.480.388

2. CESANTÍAS RETROACTIVAS DESDE 2/09/1968 A 31/03/2015 Fecha Inicial Fecha Final Años Salario promedio último año Valor retroactivo de las cesantías 2/09/1968 31/03/2015 46,58 $ 2.480.388 $115.537.851

3. CONSOLIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS RETROACTIVAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ANTICIPOS Y CESANTÍAS PARCIALMENTE APROBADAS Concepto Valor Cesantías retroactivas desde 1/08/1964 a 30/05/2007 $ 115.537.851 Anticipo de cesantías $ 50.843.929 Cesantías definitivas aprobadas y pagadas. Liquidación No. 499 $ 56.546.841 SALDO CESANTÍAS RETROACTIVAS $8.147.081 INTERESES A LAS CESANTÍAS 12% $977.650 GRAN TOTAL: $9.124.731 El demandante tiene derecho a un saldo de cesantías retroactivas de $8.147.081 y por intereses, la suma de $977.650.

Tal como lo puso de presente Juan Carlos Sanabria Suárez, al momento del traslado de las pruebas Radicación n.° 82743 23 ordenadas en casación, la demandada certificó, como pago de anticipos a las cesantías una suma mayor a la relacionada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales. De hecho, verificado ese documento, se observa que, aparte de los $56.546.841 de anticipo de cesantías, se relaciona $1.696.493, valor este último que se identifica como de intereses a las cesantías, y que por ser diferente no se incluirá para imputar ese pago a título de saldo de cesantías retroactivas y descontarlo del valor total aquí calculado.

En consecuencia, se condenará a la accionada al pago de la suma de $9.124.731 por estos dos conceptos. En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que el despido de Juan Carlos Sanabria Suárez se produjo a partir del 31 de marzo de 2015; el 25 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa ante la entidad empleadora en contra de la resolución que liquidó y ordenó el pago del auxilio definitivo de cesantías y demás prestaciones sociales (f.° 8) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido. iv) Dagoberto Lancheros Molina (25 de abril de 1977- Radicación n.° 82743 24 31 de marzo de 2015)

1. PAGOS LABORALES PARA ESTABLECER EL SALARIO MENSUAL BASE PARA CÁLCULO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS Concepto Valor Valor según la liquidación final de prestaciones sociales $2.354.344

2. CESANTÍAS RETROACTIVAS DESDE 25/04/1977 A 31/03/2015 Fecha Inicial Fecha Final Años Salario promedio último año Valor retroactivo de las cesantías 25/04/1977 31/03/2015 37,93 $ 2.354.344 $89.308.115

3. CONSOLIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS RETROACTIVAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ANTICIPOS Y CESANTÍAS PARCIALMENTE APROBADAS Concepto Valor Cesantías retroactivas desde 1/08/1964 a 30/05/2007 $ 89.908.115 Anticipo de Cesantías $ 34.990.443 Cesantías definitivas aprobadas y pagadas. Liquidación No. 538 $ 46.885.647 SALDO TOTAL CESANTÍAS RETROACTIVAS $8.032.025 INTERESES A LAS CESANTÍAS 12% $963.843 GRAN TOTAL: $8.995.868 El demandante tiene derecho a un saldo de cesantías retroactivas de $8.032.025 y por intereses $963.843.

Tal como lo puso de presente Dagoberto Lancheros Molina, al momento del traslado de las pruebas ordenadas en casación, la demandada certificó, como pago de anticipos a las cesantías una suma mayor a la relacionada en la liquidación definitiva de prestaciones sociales. De hecho, verificado ese documento, se observa que, aparte de los $34.990.443 de Radicación n.° 82743 25 anticipo de cesantías, se relaciona $1.406.569, valor este último que se identifica como de intereses a las cesantías, y que por ser diferente no se incluirá para imputar ese pago a título de saldo de cesantías retroactivas y descontarlo del valor total aquí calculado.

En consecuencia, se condenará a la demandada al pago de la suma de $8.995.868. En relación con la excepción de prescripción aducida por el ISS, si bien los artículos 488 del CST y 151 CPTSS son los que regulan dicho fenómeno extintivo, y por virtud del cual opera el término trienal, contabilizado desde la exigibilidad de la obligación, se tiene que Dagoberto Lancheros Molina Suárez fue despedido el 31 de marzo de 2015; el 26 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa (f.° 45) e instauró la demanda inaugural el 31 de julio de 2015 (f.° 197), por lo que no transcurrió el término de tres (3) años previsto para configurar aquel último medio exceptivo referido.

Sobre la procedencia del pago de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que modificó el art. 52 del Decreto 2127 de 1945, ha sido doctrina de la Corte que, por su carácter sancionatorio, aquella no procede de manera automática, sino que deben examinarse las circunstancias que, en cada caso, llevaron al empleador al incumplimiento de la prestación dentro del plazo establecido.

Radicación n.° 82743 26 En el presente caso, resulta obvio que la reliquidación de cesantías aquí ordenada surge como consecuencia de la rectificación del entendimiento sobre la aplicación del artículo 62 de la CCT 2001 – 2004 relativo al congelamiento del sistema de liquidación con retroactividad del auxilio de cesantía, el cual se está precisando, razón por la cual no hay asomo de mala fe, siendo motivo suficiente para absolver de esta pretensión a la demandada.

De suerte que se modificará el fallo de primer grado en sus numerales segundo, tercero y cuarto, frente a los montos que se fijaron para la condena por indemnización por despido sin justa causa y respecto del saldo por auxilio de cesantías, y se confirmará, en lo demás tal decisión en los aspectos que no fueron objeto de casación. Sin costas en segunda instancia, por cuanto para la condena de cesantías se tuvo en cuenta el cambio de criterio, las de primera serán a cargo de la accionada.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia, RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 15 de noviembre de 2017, por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito Radicación n.° 82743 27 de Bogotá. En su lugar, quedarán así:

SEGUNDO: CONDENAR a la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - P.A.R.I.S.S., a pagar a JUAN CARLOS SANABRIA SUÁREZ la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($159.698.337) por concepto de indemnización por despido sin justa causa, que deberá́ pagarse debidamente indexado desde su causación hasta que se verifique el pago total de la obligación.

TERCERO: CONDENAR a la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - P.A.R.I.S.S., a pagar a DAGOBERTO LANCHEROS MOLINA la suma de CIENTO VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($126.576.653) por concepto de indemnización por despido sin justa causa, que deberá́ pagarse debidamente indexado desde su causación hasta que se verifique el pago total de la obligación.

CUARTO: CONDENAR a la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. a pagar a JUAN CARLOS SANABRIA SUÁREZ la suma de NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($9.124.731) y a DAGOBERTO LANCHEROS MOLINA, OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($8.995.868), a título de saldo de cesantías retroactivas con sus respectivos intereses, como quedó discriminado en la parte motiva.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la decisión apelada en cuanto a los aspectos que no fueron objeto de casación. Radicación n.° 82743 28 TERCERO: Costas en primera instancia a cargo de Fiduagraria S. A. Sin costas en la alzada. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.