SL3851-2022 — Corte Suprema

SL3851-2022Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2022

Magistrado ponente: Olga Yineth Merchán Calderón

Decreto 1388 de 2013Decreto 2013 de 2012Ley 26 de 1976Ley 27 de 1976

De qué trata

Tema: PENSIONES » DERECHOS ADQUIRIDOS » BENEFICIOS PENSIONALES EXTRALEGALES O CONVENCIONALES » ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 - En principio las disposiciones convencionales en materia de pensión que se encuentren rigiendo a la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 mantienen su curso máximo hasta el 31 de julio de 2010; no obstante, en los eventos en que las reglas pensionales se hayan suscrito antes de la expedición del acto legislativo y al 29 de julio de 2005 se encontraban en curso, mantienen su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado -reseña jurisprudencial- Tesis: «Efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con la pensión convencional prevista en la cláusula 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004. Sobre este tema advierte la Sala que, como se señaló en la sentencia CSJ SL2591-2022 en la cual se efectuó un recorrido histórico y reiteró la línea jurisprudencial vigente, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que los empleadores y las organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones. Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de los acuerdos previamente alcanzados, el parágrafo tercero consagró un periodo transitorio, así: [...] Esta norma constitucional prevé dos postulados diferentes: uno, para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendrá hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo y, otro, para aquellas convenciones que se celebraran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes, y cuya vigencia terminaría en la referida data. Con base en lo anterior, en decisión CSJ SL12498-2017, reiterada entre otras en CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019, en relación con el primer aspecto la Corte sostuvo lo siguiente: "A juicio de la Sala, con base en esta lectura del parágrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones “se mantendrán por el término inicialmente estipulado” y “en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”. La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010". En esa oportunidad, esta corporación explicó que la expresión ”término inicialmente pactado” hacía alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que “si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara”, aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010. Este alcance interpretativo se hizo explícito al señalar: "(…) podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años". En la sentencia CSJ SL2591-2022 en comento, la corporación expresó textualmente: "Esa postura jurisprudencial varió y la Corte dio un alcance distinto al parágrafo tercero del Acto Legislativo 01 de 2005. Así, en decisiones CSJ SL2798-2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020 esta corporación consideró, por una parte, que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio 2010 y, de otra, que ese plazo también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 de julio de 2005. Así lo explicó en la primera de las sentencias mencionadas: (…) el constituyente, por un lado, previó que debía respetarse el término inicialmente estipulado por las partes en la convención colectiva de trabajo y que, en todo caso, tal plazo inicial finaliza el 31 de julio de 2010. Es decir, la norma constitucional estableció un límite en el que las convenciones colectivas que regían a su vigencia, podían continuar vigentes entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010 por la ficción jurídica de las prórrogas legales automáticas. En síntesis, las hipótesis que se derivan del Acto Legislativo 01 de 2005, se precisan en los siguientes términos: a.) En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem. De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010 (…). [...] Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe, en atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia (CSJ SL3635-2020). De esa manera, la Sala rectificó parcialmente el criterio en materia de reglas pensionales consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, de modo que en sentencia CSJ SL3635-2020 fijó las siguientes las pautas que regulan actualmente el asunto: i) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 -29 de julio del mismo año- se encontraban en curso, mantendrán su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. ii) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extienden solo hasta el 31 de julio de 2010. iii) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. [...] Armonizando estas dos disposiciones (artículo 2 y 98), ejercicio que el Tribunal, pese a que valoró la convención colectiva, no hizo, pues apreció de manera parcial el artículo segundo, se concluye que el derecho a la pensión de jubilación consagrado en el artículo 98, se hallaba vigente para quienes ostentaran la condición de trabajadores oficiales para el 21 de enero de 2005, fecha en la que la actora cumplió con los requisitos exigidos en esa norma, esto es, 20 años de servicio y 50 años de edad”. Asimismo, en sentencia CSJ SL1409-2015, frente a este preciso asunto, la Corporación indicó: En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención llevan al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017. Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente”. En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta el año 2017. Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia". [...] Por los motivos indicados le asiste razón a la censura y el ataque por la vía jurídica es próspero». PENSIONES » DERECHOS ADQUIRIDOS » BENEFICIOS PENSIONALES EXTRALEGALES O CONVENCIONALES » ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 - El Acto Legislativo 01 de 2005 no afecta los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de lo previamente acordado PENSIONES » INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY - Parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » CAUSACIÓN Y DISFRUTE - Según el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS la edad es un requisito de exigibilidad, más no de causación Tesis: «Condiciones de causación de la pensión convencional prevista en la cláusula 98 de la convención 2001-2004. Al respecto, plantea la censura que, de conformidad con la fuente del derecho pensional que reclama el accionante, esto es, el artículo 98 del instrumento colectivo 2001-2004, la edad es un requisito de exigibilidad mas no de causación de la prestación. Para resolver este aspecto se estima oportuno transcribir los apartes pertinentes del artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004, que prescriben (f.º 88): [...] Ahora, en la sentencia CSJ SL3343-2020, rad. 78303, y luego de una nueva lectura de esa cláusula convencional, la Sala estimó que el único entendimiento plausible de su contenido conlleva a que la edad no es un requisito de causación del derecho extralegal sino de mera exigibilidad, y en ese orden rectificó el criterio que sostuvo durante mucho tiempo de conformidad con el cual se exigía para efectos de la pensión convencional del artículo 98 en comento, que ambos requisitos edad y tiempo de servicios fueran satisfechos en vigencia del contrato de trabajo. En la citada providencia se expresó: "2.- Interpretación artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política. Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como “un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes”, lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos. [...] Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación. Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación. Por tanto, se equivocó el sentenciador colegiado al determinar que la edad era un requisito para causar la prestación, a pesar de tratarse de un requerimiento necesario únicamente para su exigibilidad". De tal suerte que como en el sub lite el colegiado de instancia al apreciar la cláusula 98 de la convención colectiva 2001-2004 estimó que la edad era un requisito de causación del derecho pensional allí consagrado, incurrió en el yerro fáctico evidente que le enrostra el recurrente, en la apreciación de tal instrumento colectivo. [...] Se reitera en armonía con lo expresado en sede de casación que, la Sala en decisión CSJ SL3343-2020 señaló que el requisito de la edad era de exigibilidad y no de causación, por lo tanto, la pensión consagrada en el artículo 98 de la Convención 2001-2004 suscrita con el ISS, se estructura únicamente con el cumplimiento del tiempo de servicio, pues la edad es un simple requisito de exigibilidad, razón por la cual, el derecho a la prestación se originó cuando el demandante cumplió 20 años de servicios a la entidad empleadora, esto es, el 24 de octubre de 2009, toda vez que inició sus labores el mismo día y mes del año 1989». PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE CLÁUSULAS CONVENCIONALES - Artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » REQUISITOS » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Error de hecho del ad quem al negar la pensión de jubilación consagrada en la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, toda vez que las partes pactaron que el 31 de diciembre del año 2017 era el plazo máximo para causar el derecho pensional convencional y el demandante acreditó los requisitos señalados en el artículo 98 de dicho acuerdo para obtener la prestación antes de dicha data, pues laboró por más de veinte años al servicio del ISS y cumplió la edad de 55 años, el 7 de agosto de 2013 Tesis: «[...], de acuerdo con los postulados convencionales consagrados en el artículo 98 bajo análisis, la Sala advierte que el actor acredita los requisitos de causación y las condiciones de exigibilidad de la prestación, pues laboró para el ISS por más de 20 años. En ese orden, causó el derecho el 24 de octubre de 2009, aunque el disfrute se dio en su caso a partir del retiro del servicio, lo que ocurrió el 31 de diciembre 2014, fecha para la cual ya podía disfrutar de la prestación puesto que, cumplió 55 años de edad el 7 de agosto de 2013. Por tanto, en estos aspectos también le asiste razón al impugnante. En lo que no acierta la censura es cuando acusa a la colegiatura de haber desconocido que el demandante durante la relación laboral con el ISS tuvo la condición de trabajador oficial, pues en ninguna parte de la sentencia gravada se controvirtió esa circunstancia. Si en algún aparte de la providencia se hizo referencia a empleados públicos fue de manera tangencial en alusión a quienes pasaron a las ESE en esa condición jurídica, cuyos tiempos, en esos casos, no se acumulan para la pensión convencional; pero fue simplemente una referencia explicativa sin ninguna incidencia en este proceso, porque no es esa la situación del demandante. En ese contexto para el Tribunal fue un hecho acreditado, la condición del demandante como trabajador oficial. Por lo expuesto en precedencia, el fallo del Ad quem será casado en su integridad. [...] En ese horizonte, aunque el actor consolidó la pensión de jubilación extralegal el 24 de octubre de 2009 y ella se hizo exigible el 7 de agosto de 2013 cuando cumplió 55 años de edad, el disfrute inicia a partir del retiro del servicio, esto es, el 1 de enero de 2015. Ello en acatamiento del artículo 128 de la Constitución Política». PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » REQUISITOS » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Se encuentra acreditado que el demandante cumplió con los requisitos consagrados en el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, para acceder a la pensión de jubilación que allí se consagró, y que el disfrute de la prestación ocurre a partir del 1 de enero de 2015, se habrá de establecer la primera mesada pensional con base en el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio Tesis: «No puede olvidarse que, de conformidad con el precepto superior citado, existe incompatibilidad para percibir dos asignaciones del Tesoro Público o de entidades en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Este es el contenido de la norma: [...] Adicionalmente, en relación con el alcance de la expresión asignación contenida en el artículo en comento, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia CC C-133-1993, en la cual asentó: Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público. El término "asignación” comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Respecto del valor de la prestación, debe precisarse que el artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, establece que: [...] Como en este caso el disfrute de la prestación ocurre a partir del 1 de enero de 2015, se habrá de establecer la primera mesada pensional con base en el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, cálculo para el cual se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte y el valor del trabajo nocturno, suplementario, horas extras, dominicales y festivos, tal como lo establece el párrafo 5 del artículo 98 de la Convención 2001-2004, si el trabajador hubiere percibido esos rubros. De conformidad con el certificado visible al folio 60, el actor devengó salario básico, prima de servicios y de vacaciones. Ahora, al realizar las operaciones correspondientes se obtuvo como resultado la suma de $3.275.626 como valor de la primera mesada pensional indexada, conforme se observa a continuación: [...] Por consiguiente, habrá de revocarse la decisión de primer grado, para en su lugar, declarar que el actor tiene derecho a disfrutar la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, a partir del 1 de enero de 2015 y en consecuencia se condenará a la UGPP a pagar el retroactivo correspondiente calculado con 13 mesadas, teniendo en cuenta que la pensión se consolidó después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. La mesada para el año 2022 asciende a la suma mensual de $4.424.951. [...] Por consiguiente, habrá de revocarse íntegramente la decisión proferida por la juzgadora A quo el 23 de junio de 2017, y, en su lugar, se condenará a la convocada al proceso a reconocer a favor del accionante la pensión de jubilación extralegal consagrada en el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS, en cuantía inicial de $3.275.626 a partir del 1 de enero de 2015 y cuya mesada para el año 2022 asciende a $4.424.951, así como a pagar la suma que resulte por concepto de retroactivo pensional causado desde el 1 de enero de 2015 y con inclusión de las mesadas que se lleguen a generar, cuantía que deberá ser indexada a la fecha de su pago en los términos referidos». PENSIONES » PENSIONES EXTRALEGALES » PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL » LIQUIDACIÓN PENSIONES » INDEXACIÓN » INDEXACIÓN DEL RETROACTIVO PENSIONAL » FÓRMULA Tesis: «El retroactivo correspondiente deberá ser indexado por haberse afectado por el transcurso del tiempo, para lo cual aplicará la fórmula indicada por la jurisprudencia, esto es: [...]». PENSIONES » COMPATIBILIDAD Y COMPARTIBILIDAD PENSIONAL » COMPARTIBILIDAD PENSIONAL » EFECTOS - La pensión de jubilación convencional tiene el carácter de compartida con la de vejez que le reconozca la entidad de seguridad social a la cual se encuentre afiliada la demandante, razón por la cual la UGPP sólo deberá cubrir el mayor valor, si existiere, entre la de jubilación convencional y la de vejez que se le otorgue Tesis: «[...], como quiera que el párrafo sexto del artículo 98 del acuerdo convencional descartó expresamente el recibo simultáneo de la pensión convencional y la legal de vejez, se advierte que en el eventual caso de que el actor llegare a disfrutar de esta última, le corresponderá a la demandada pagar únicamente el mayor valor existente entre la pensión de jubilación convencional a su cargo y la que le llegare a otorgar el ente de seguridad social. Conforme lo expuesto, se declararán no probadas las excepciones que propuso la demandada. Del valor del retroactivo se deberán descontar los montos respectivos con destino a aportes en salud». PENSIONES » COTIZACIONES O APORTES A SALUD DE PENSIONADOS » PAGO - Del retroactivo pensional se deben descontar todos los aportes generados desde el momento en que se causó la prestación con destino al sistema de seguridad social en salud LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » VIGENCIA - La pensión de jubilación consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS mantuvo su vigencia hasta el año 2017, toda vez que las partes decidieron que dicha prestación tuviera una mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia Tesis: «[...], a efectos de resolver la apelación, la Sala reitera lo dicho en sede de casación, esto es, que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la cláusula 98 convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta por lo menos el año 2017, por lo tanto dicha convención tenía una mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, se fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por lo menos, durante su plazo de vigencia, por lo que, tal acuerdo convencional regía hasta el referido año». PROCEDIMIENTO LABORAL » EXCEPCIONES » EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Se declara improcedente la excepción de prescripción propuesta por la UGPP, pues entre la fecha en que la prestación se hizo exigible y la presentación de la demanda, no transcurrió el término trienal consagrado en el artículo 151 del CPTSS Tesis: «Por otra parte, en atención a que la UGPP formuló la excepción de prescripción, es preciso advertir que la exigibilidad del derecho se dio a partir del 7 de agosto de 2013; el accionante efectuó la reclamación el 8 de agosto de esa anualidad (f.º 29) y radicó la demanda inaugural el 30 de octubre de 2015 (f.º 22), lo que significa que no trascurrieron más de tres años entre el primer y último item, por lo que no hay prescripción». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN - Interpretación del querer del recurrente en el recurso de casación -flexibilización- Tesis: «No obstante que la demanda de casación exhibe varios defectos de técnica, pues en ambos cargos la censura mezcla conceptos jurídicos y de hecho, la Corte en ejercicio de su facultad de interpretación de la demanda rescata dos acusaciones una jurídica y otra fáctica como adelante se determinará, y en esa perspectiva se resolverá el recurso. [...] Ahora bien, resulta pertinente aclarar, respecto a este último aspecto, que el recurrente en el sexto error de hecho, le atribuye al sentenciador yerro al haber dado por probado que el accionante era trabajador oficial y no empleado público; sin embargo, la Sala estima que, se trató de un lapsus y en ejercicio de la facultad de interpretar la demanda casacional integralmente, en cuanto las acusaciones se resuelven en forma conjunta, advierte que lo que se le enrostra al juzgador, es lo contrario, esto es que no dio por probado que era trabajador oficial, según se evidencia en los argumentos de sustentación de los ataques que ya se refirieron en precedencia».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-10 V.00 OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL3851-2022 Radicación n.° 83303 Acta 42 Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintidós (2022). Decide la Corte el recurso de casación que JORGE ALBERTO URIBE LLANO interpuso contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de mayo de 2018, en el proceso ordinario laboral que el recurrente promueve contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

ANTECEDENTES El citado accionante instauró demanda laboral contra la UGPP, con el propósito de que se declare la existencia de relación laboral con el extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS, entre el 24 de octubre de 1989 y el 31 de diciembre de Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 2 2014, la cual terminó en razón a la liquidación de la entidad ordenada en el Decreto 2013 de 2012 y que se prorrogó por medio de los Decretos 2115 de 2013, 652 de 2014 y 2714 de esa anualidad, hasta el 31 de marzo de 2015.

Asimismo, que tuvo la calidad de trabajador oficial, que fue beneficiario de la convención colectiva suscrita con Sintraseguridadsocial en el año 2001 y que causó la pensión de jubilación convencional en los términos del artículo 98 de ese instrumento extralegal. En consecuencia, requirió que se condenara a la convocada al proceso a reconocerle y pagarle la prestación de jubilación convencional a partir del 8 de agosto de 2012 cuando reunió requisitos de edad y tiempo de servicios, en cuantía del 100% del promedio mensual percibido en los últimos tres años de servicio, junto con la indexación de la deuda, más las costas y agencias en derecho.

En respaldo de sus pretensiones narró que: i) nació el 7 de agosto de 1958 y cumplió 55 años de edad en la misma data del año 2012 (sic); ii) se vinculó al ISS mediante Resolución 004638 de 11 de octubre de 1989, en periodo de prueba, como odontólogo general grado 36 y, se posesionó el 24 de octubre de esa anualidad, tuvo la calidad de trabajador oficial y fue beneficiario de la convención colectiva, pues se afilió al Sindicato el 30 de octubre de 2000; iii) la relación laboral terminó el 31 de diciembre de 2014; iv) la última asignación básica mensual fue de $3.317.078; v) el instrumento colectivo de 2001 no fue denunciado, entonces, se prorrogó de manera automática; y vi) el 30 de octubre de Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 3 2014 presentó reclamación administrativa ante la UGPP que negó el reconocimiento pensional.

Agotó los recursos de reposición y apelación; este último se resolvió mediante Resolución RDP 030659 de 27 de julio de 2015 de forma desfavorable a sus intereses (f.os 1 a 22). Al dar respuesta a la demanda, la UGPP se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, los negó o manifestó que no le constaban y dijo atenerse a lo que se probara en el proceso.

Adujo que el accionante no tiene derecho a la prestación extralegal que reclama, por cuanto las convenciones colectivas perdieron vigencia el 31 de julio de 2010, de conformidad con lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, y no causó la pensión con anterioridad a esa data. En su defensa propuso como excepciones de fondo, la circunstancia de que a partir del Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones se causan siempre y cuando se reúnan todos los requisitos en los términos de las leyes del sistema de seguridad social; prescripción, buena fe y la innominada (f.os 183 a 189).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 23 de junio de 2017 (f.º 209 y CD), absolvió Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 4 a la accionada de todos los cargos y declaró probada la excepción relativa a que «A partir del Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones se causan siempre y cuando se reúnan todos los requisitos para causar las pensiones y de conformidad con las leyes del sistema general de seguridad social en pensiones».

Asimismo, condenó en costas al accionante y fijó las agencias en derecho en la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación que interpuso el actor, mediante sentencia de 16 de mayo de 2018, confirmó la de primer grado en su integridad e impuso costas al recurrente.

El colegiado indicó que los problemas jurídicos a resolver consistían en determinar si con arreglo al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, la edad era un requisito de causación de la pensión de jubilación convencional, o un presupuesto de mera exigibilidad. Asimismo, si el Acto Legislativo 1 de 2005 tuvo o no incidencia en los efectos del instrumento colectivo 2001-2004 en relación con el derecho impetrado.

En ese orden, indicó que estaba probado en el proceso que el actor nació el 7 agosto de 1958 según lo acreditaba la cédula de ciudadanía obrante a folio 27, por lo que cumplió Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 5 55 años en esa misma data, pero de 2013; que laboró para el ISS entre el 24 de octubre de 1989 y el 31 de diciembre 2014 en el cargo de odontólogo general de conformidad con las certificaciones visibles de folios 54 a 55, y 59 a 61.

Más adelante aseveró que en los términos de la cláusula 98 convencional, el trabajador oficial que preste 20 años de servicios continuos o discontinuos al ISS y cumpla la edad de 55 años si es hombre o 50 si es mujer, tendrá derecho a una pensión de jubilación en la cuantía ahí establecida. Agregó que esta Sala en varias decisiones, entre ellas en la sentencia CSJ SL151-2018 al interpretar la previsión extralegal estimó que la edad era un requisito de causación; por ello, el trabajador oficial debía satisfacer tanto la exigencia de edad como la de tiempo de servicios para estructurar la prestación extralegal.

Luego expresó que el Acto Legislativo 1 de 2005 tuvo incidencia en el acuerdo colectivo de trabajo 2001-2004 vigente en el ISS, dada la prohibición que introdujo de establecer en pactos, convenciones colectivas, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las consagradas en el sistema general de pensiones, aun cuando fueran más favorables a los trabajadores.

Adicionó que, de todas maneras, la previsión constitucional estableció en el parágrafo tercero un periodo de transición para no afectar derechos adquiridos ni expectativas legítimas y garantizar la estabilidad de lo Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 6 previamente acordado por las partes en la negociación colectiva. De acuerdo con esa estipulación, los derechos pensionales consagrados en los instrumentos colectivos, en principio, mantuvieron su vigencia en los términos inicialmente acordados, aunque perdieron vigor a partir del 31 de julio de 2010.

Citó en apoyo de su argumentación la sentencia CSJ SL1286-2018, en la cual se reiteraron las decisiones CSJ SL, 31 ene. 2007, rad. 31000; CSJ SL, 23 ene. 2009, rad. 377; CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39797; CSJ SL1409-2015 y CSJ SL4963-2016. Precisó que, de conformidad con esas decisiones, cuando la convención haya sido objeto de prórrogas en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, las reglas pensionales subsistieron hasta el 31 de julio de 2010 que es la fecha fijada como límite máximo de su pervivencia. Adujo que esa postura estaba en armonía con el criterio de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia CC SU-555- 2014.

En ese orden concluyó que, las reglas pensionales contenidas en pactos y convenciones colectivas no surtieron plenos efectos después del 31 de julio de 2010. Referente al caso concreto señaló que, si bien era cierto que el actor acreditó veinte años de servicios continuos al ISS entre el 24 de octubre de 1989 y el 31 de diciembre de 2014, también lo era que cumplió 55 años de edad el 7 de agosto de 2013, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 7 cuando el artículo 98 de la convención colectiva ya no producía efectos, en virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005.

Por tanto, afirmó, no causó el derecho prestacional que reclama, lo cual obligaba a confirmar la sentencia apelada. IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el actor, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la corporación case el fallo impugnado, y que en sede de instancia revoque la decisión del a quo, para en su lugar imponer a la demandada el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con el artículo 98 numeral 1 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, junto con las costas y agencias en derecho a que haya lugar.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, que la UGPP replicó oportunamente y que se decidirán en forma conjunta, pues no obstante que se encauzan por vías distintas, denuncian similar elenco normativo y persiguen la misma finalidad, esto es, la aplicación de la convención colectiva de trabajo 2001-2004 con miras a obtener la pensión de jubilación extralegal.

Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 8 VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafos 2 y 3; los artículos 467, 468, 471 y 478 del CST; artículos 1, 4, 6, 13, 23, 29, 48, 53, 55 y 93 de la CP; convención colectiva de trabajo 2001-2004, cláusulas 40 parágrafo, 62, 98 y 101; acuerdos y convenios de la OIT, el 87, aprobado por la Ley 26 de 1976 y el 98, aprobado por la Ley 27 de 1976;

Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y normas procedimentales referentes al tema. Así como la interpretación errónea del Acto Legislativo 01 de 2005. Sentencias CC SU-241 de 2015; CC SU-555-2014; CC SU-267 de 2019; CC SU-173 de 2015 y CC T-406 de 2017. En el desarrollo la censura afirma en esencia que, el colegiado se equivocó puesto que le restó efectos jurídicos al acuerdo extralegal suscrito por las partes mucho antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2005, con lo cual se apartó de la norma superior y del soporte jurídico de los derechos humanos y pensionales que rige en el ámbito interno e internacional, traducido en convenios y tratados que no se aplicaron en este caso.

Agregó que el juez plural desconoció que el acuerdo colectivo 2001-2004 tuvo una connotación especial en la sentencia CC SU-555-2014, en la cual se precisó que se debían respetar los requisitos y fechas previstos en dicho instrumento en materia pensional, incluso después de la Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 9 reforma del artículo 48 constitucional en virtud del principio de favorabilidad.

Se refirió luego a la cláusula 98 convencional y, sostuvo que tiene carácter normativo y vocación de permanencia en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, para regular las relaciones de trabajo individual en la entidad, además de gozar de protección constitucional. Agregó que los derechos sociales consagrados en los instrumentos colectivos son ciertos y no se pueden menoscabar por regulaciones posteriores, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Constitución Política, como lo ha reconocido la Corte Constitucional.

De lo contrario, el Estado lesionaría el orden jurídico que tiene el deber de defender. En este caso, dice, la garantía de jubilación que reclama el actor se reguló en el acuerdo colectivo con anterioridad a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005; por tanto, la UGPP no puede negar el reconocimiento del derecho sin transgredir normativas superiores.

Ello, teniendo en cuenta, además, que el instrumento firmado en el 2001 con vigencia hasta el 2004 no se denunció y, no hubo presentación de un pliego de peticiones que introdujera modificaciones a lo pactado por las partes en materia pensional, lo que condujo a su prórroga automática cada seis (6) meses en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

Seguidamente indicó que, en virtud del principio Pacta Sun Servanda, las normas internas deben ser interpretadas Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 10 de manera que armonicen con las obligaciones internacionales del Estado Colombiano (artículo 9 superior); en consecuencia, entre dos lecturas posibles de una norma referida a derechos humanos debe preferirse aquella que armonice con los tratados ratificados por Colombia (artículo 93 C.P.) y que haga efectivo el principio de favorabilidad o pro homine.

En apoyo de su disertación refirió las sentencias CC SU-241-2015; CC SU-173-2015; CC SU-267-2019, entre otras. Por último, estimó que, la colegiatura se equivocó «al darle al demandante la calidad de empleado público y no de trabajador oficial y así negar el derecho pensional». VII. RÉPLICA La opositora UGPP responde los ataques en forma conjunta y señala que, la demanda tiene fallas de técnica toda vez que los dislates que se le atribuyen a la colegiatura, no se sustentan en forma adecuada y los argumentos se presentan a la manera de alegatos de instancia. Más adelante indica en cuanto al fondo que, el Acto Legislativo 01 de 2005 consagró que las convenciones colectivas vigentes al momento de la entrada en vigor de la reforma constitucional producirían sus efectos, máximo hasta el 31 de julio de 2010.

Y, en este caso, el demandante reunió los requisitos previstos en el instrumento colectivo 2001-2004 con posterioridad a esa data, cuando ya la cláusula 98 había perdido eficacia. Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 11 Aseveró que, de conformidad con el acuerdo convencional, la edad y el tiempo de servicios son requisitos ineludibles para la causación de la pensión de jubilación. VIII.

CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 21, 467 y 478 CST; Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 3; artículos 39, 48, 53 54, 55 y 93 de la CP; convención colectiva de trabajo 2001-2004; artículos 177, 237 (6) y 393 del CPC, aplicable en virtud de los artículos 40 y 145 del CPTSS, y «art. 1 del C. G. de 145 del CPT y SS».

Sentencias CC SU-241 de 2015; CC SU-555- 2014; CC SU-267 de 2019; CC SU-173 de 2015 y CC T-406 de 2017. Refiere como errores de hecho en que habría incurrido el Ad quem, los siguientes: 1.- No dar por demostrado estándolo que el demandante tiene derecho a la pensión de jubilación convencional de acuerdo con lo regulado en la convención colectiva de trabajo años 2001-2004 art. 98 (folios 68 a 110 del expediente). 2.- No dar por demostrado estándolo que a la demandada UGPP le asiste el derecho de reconocer y pagar la pensión de jubilación al demandante por así regularlo la norma convencional y el Decreto 1388 de 2013, art. 27 (folios 129 a 143 y 144 a 148 del expediente). 4.- (sic) No dar por demostrado, estándolo, “que al demandante no se le aplica el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo 3.° por cuanto a la fecha de entrada en vigencia ya se habían establecido los requisitos convencionales y las fechas posteriores de su reconocimiento y la tabla de porcentaje, aún después del 31 de julio de 2010 (sic) (folio 88 del expediente). 5.- No dar por demostrado estándolo que el Acto Legislativo 01 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 12 de 2005, no tiene incidencia en el reconocimiento de la pensión convencional del actor (fl. 219). 6.- Dar por demostrado sin estarlo que el actor al cumplimiento de los requisitos convencionales ostentaba la calidad de trabajador oficial y no la calidad de empleado público (fl. 219 CD del expediente). 7.- No dar por demostrado estándolo que el demandante desde su ingreso al ISS (11 de octubre de 1989 folio 24 del expediente) liquidado el 31 de marzo de 2015, la UGPP asumió dicho reconocimiento y pago de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva 2001-2004 (folios 68 a 110 – 129 al 143 y 144 a 148 del expediente). 8.- No dar por demostrado estándolo que al demandante lo cobija en principio de favorabilidad establecido en el art. 53 de la C.P. Sentencia SU-241 de 2015. 9.- No dar por demostrado estándolo que al demandante se le debe reconocer el derecho pensional de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical caso 2434 aprobado por el Consejo de Administración de la OIT informe 349 párrafos 614 a 671, informe 362 caso 2804 de noviembre de 2011 (folios 16 y 18 del expediente). 10.- No dar por demostrado, estándolo que al demandante no se le tuvieron en cuenta para el reconocimiento de su pensión de jubilación convencional por parte de la UGPP los tratados internacionales señalados en los folios 13 al 16 del expediente. 11.- No dar por demostrado estándolo que la misma Corte Constitucional en sentencia SU-555 de 2014 expresó que “al menos que se hubiera establecido en la misma convención colectiva los requisitos y fechas para su reconocimiento” (resaltado mío) dando el derecho pensional aún después del 31 de julio de 2010. 12.- No dar aplicación a las decisiones de la Corte Constitucional en cuanto al requisito de la edad por ser esta una condición y del principio de favorabilidad.

En el desarrollo de la acusación la censura replica varios de los argumentos jurídicos expresados en el ataque anterior, por lo que la Sala se remite a lo ya expuesto. Después indica que, de conformidad con el artículo 98 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 13 convencional la edad es un requisito de exigibilidad del derecho pensional y no de causación. En ese orden, el señor Jorge Alberto Uribe Llano adquirió el beneficio antes del cumplimiento de la edad, toda vez que reunió el tiempo de servicio previo al 31 de julio de 2010 (folios 54 a 55 del expediente), y la edad el 7 de agosto de 2013.

Más adelante, le reprocha al ad quem «aplicar normas de carácter público a quienes ostentan la calidad de trabajadores oficiales», cuando razona que los trabajadores oficiales luego de la escisión del ISS adquirieron la condición de empleados públicos. IX. CONSIDERACIONES No obstante que la demanda de casación exhibe varios defectos de técnica, pues en ambos cargos la censura mezcla conceptos jurídicos y de hecho, la Corte en ejercicio de su facultad de interpretación de la demanda rescata dos acusaciones una jurídica y otra fáctica como adelante se determinará, y en esa perspectiva se resolverá el recurso.

Claro lo anterior, no se discuten en sede casacional los siguientes hechos que dio por establecidos el Tribunal, consistentes en que: i) el demandante nació el 7 de agosto de 1958 y cumplió 55 años de edad en la misma data de 2013 y, ii) laboró en el Instituto de Seguros Sociales, en el cargo de odontólogo, entre el 24 de octubre de 1989 y el 31 de diciembre 2014.

Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 14 El colegiado negó las pretensiones del accionante porque estimó que no consolidó el derecho pensional reclamado mientras estuvo vigente el artículo 98 de la CCT 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, puesto que, en virtud del parágrafo tercero transitorio del AL 01 de 2005, la regla pensional invocada dejó de surtir efectos el 31 de julio de 2010 y lo cierto es que, para esta data, el reclamante si bien tenía los veinte años de servicios, no cumplía la edad, pues arribó a los 55 años el 7 de agosto de 2013, esto es, con posterioridad al 31 de julio del 2010, cuando no regía la cláusula convencional que consagra la pensión de jubilación reclamada.

La censura desde el punto de vista jurídico considera que el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001- 2004 estableció una vigencia más allá del 31 de julio de 2010, esto es, hasta el 2017, por lo que el colegiado, en respeto por los derechos adquiridos y expectativas legítimas, debió acceder al reconocimiento prestacional en las condiciones y plazos pactados inicialmente por las partes.

Desde la perspectiva jurídica, afirma que el juez plural incurrió en una equivocación manifiesta, puesto que no advirtió que en los términos de la cláusula convencional fuente del derecho, la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación de la garantía pensional. Asimismo, porque estimó que el demandante tuvo la condición de empleado público.

Ahora bien, resulta pertinente aclarar, respecto a este Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 15 último aspecto, que el recurrente en el sexto error de hecho, le atribuye al sentenciador yerro al haber dado por probado que el accionante era trabajador oficial y no empleado público; sin embargo, la Sala estima que, se trató de un lapsus y en ejercicio de la facultad de interpretar la demanda casacional integralmente, en cuanto las acusaciones se resuelven en forma conjunta, advierte que lo que se le enrostra al juzgador, es lo contrario, esto es que no dio por probado que era trabajador oficial, según se evidencia en los argumentos de sustentación de los ataques que ya se refirieron en precedencia. En ese contexto, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal erró jurídicamente, al concluir que el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia de todas las reglas pensionales convencionales acordadas antes del 29 de julio de 2005, fecha de vigencia de la reforma constitucional, hasta el 31 de julio de 2010, pese a que el término inicialmente pactado por las partes fuese superior a esta data.

Igualmente, si desdibujó las circunstancias fácticas al establecer que según la cláusula convencional que consagra la garantía pensional, la edad es un requisito de causación, y que el accionante tuvo la condición de empleado público. Efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con la pensión convencional prevista en la cláusula 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004.

Sobre este tema advierte la Sala que, como se señaló en la sentencia CSJ SL2591-2022 en la cual se efectuó un Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 16 recorrido histórico y reiteró la línea jurisprudencial vigente, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó la posibilidad de que los empleadores y las organizaciones sindicales acordaran, mediante pacto, convención o cualquier acto jurídico, reglas pensionales diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones.

Sin embargo, para no afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de las partes respecto a la estabilidad de los acuerdos previamente alcanzados, el parágrafo tercero consagró un periodo transitorio, así: Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.

En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. Esta norma constitucional prevé dos postulados diferentes: uno, para las disposiciones colectivas que desde antes de su expedición estaban rigiendo, cuya vigencia se mantendrá hasta el término inicialmente pactado, que a su vez incluye las prórrogas automáticas que se venían surtiendo y, otro, para aquellas convenciones que se celebraran entre su fecha de expedición y el 31 de julio de 2010, que no podrán ser más favorables a las que para entonces estuvieran vigentes, y cuya vigencia terminaría en la referida data.

Con base en lo anterior, en decisión CSJ SL12498- 2017, reiterada entre otras en CSJ SL12498-2017, CSJ SL3962-2018, CSJ SL4781-2018, CSJ SL621-2019, CSJ Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 17 SL1348-2019, CSJ SL1408-2019, CSJ SL2236-2019, CSJ SL2524-2019 y CSJ SL4331-2019, en relación con el primer aspecto la Corte sostuvo lo siguiente: A juicio de la Sala, con base en esta lectura del parágrafo transitorio 3 es posible armonizar y dar coherencia lógica a las expresiones «se mantendrán por el término inicialmente estipulado» y «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010».

La primera alude a la observancia del término inicial de duración de la convención expresamente pactado por las partes en el marco de la negociación colectiva de trabajo y, la segunda, a las prórrogas legales automáticas de las convenciones o pactos que desde antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo de 01 de 2005 venían operando, en tal caso las reglas pensionales subsisten hasta el 31 de julio de 2010.

En esa oportunidad, esta corporación explicó que la expresión «término inicialmente pactado» hacía alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que «si ese término estaba en curso al momento de entrada en vigencia del acto legislativo, ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara», aunque fuere posterior al 31 de julio de 2010.

Este alcance interpretativo se hizo explícito al señalar: (…) podrían darse eventos en los que las reglas pensionales no solo se extiendan más allá del año 2005 sino, incluso, del 31 de julio de 2010, tal como sería el caso de una convención colectiva suscrita por primera vez en el año 2004, con una vigencia de 10, 12 o 14 años. En la sentencia CSJ SL2591-2022 en comento, la corporación expresó textualmente: Esa postura jurisprudencial varió y la Corte dio un alcance distinto al parágrafo tercero del Acto Legislativo 01 de 2005.

Así, en decisiones CSJ SL2798-2020, CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2986-2020 esta corporación consideró, por una parte, que el término inicialmente pactado no puede extenderse más allá del 31 de julio 2010 y, de otra, que ese plazo también incluye el de la prórroga automática que hubiese comenzado después del 29 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 18 de julio de 2005.

Así lo explicó en la primera de las sentencias mencionadas: (…) el constituyente, por un lado, previó que debía respetarse el término inicialmente estipulado por las partes en la convención colectiva de trabajo y que, en todo caso, tal plazo inicial finaliza el 31 de julio de 2010. Es decir, la norma constitucional estableció un límite en el que las convenciones colectivas que regían a su vigencia, podían continuar vigentes entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010 por la ficción jurídica de las prórrogas legales automáticas.

En síntesis, las hipótesis que se derivan del Acto Legislativo 01 de 2005, se precisan en los siguientes términos: a.) En los eventos en que la vigencia inicial de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, esta se mantendrá por el término inicialmente pactado y hasta el 31 de julio de 2010, para lo cual debe considerarse la figura jurídica de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando las partes no presenten la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem.

De modo que dichos acuerdos en materia pensional se extienden máximo hasta el 31 de julio de 2010 (…). (negrilla fuera de texto original). Para tal efecto, la Sala se refirió a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical a propósito de la limitación de la negociación colectiva dispuesta en el citado Acto Legislativo, dirigidas a precisar que, la realidad de ese derecho implica una certeza razonable de que se mantendrán los compromisos pactados, al menos, mientras dure el convenio.

En la citada decisión CSJ SL2543-2020 la Corte manifestó que «en principio la extensión de los efectos pensionales convencionales», no pueden ir más allá del 31 de julio de 2010. De esa forma, se anticipó a la posibilidad de volver a la doctrina anterior, y bajo la égida de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT y de confrontar las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical con el escenario constitucional, adoctrinar que el término inicialmente pactado entre las partes regirá hasta su vencimiento, sin límites distintos a los acordados entre los suscribientes del convenio colectivo.

Bajo ese contexto, tal como se determinó en la CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de 2010. Sin embargo, en decisión CSJ SL3635-2020 la Sala precisó esta postura, e indicó que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a esa calenda, debe Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 19 respetarse, pues, de una parte, sí se previó de esa manera desde el comienzo, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, porque al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir la pensión de acuerdo con las reglas del pacto o CCT que firmaron, mientras continúe vigente, incluso después del límite del 31 de julio de 2010.

Así es, porque los compromisos consagrados en las convenciones colectivas de trabajo constituyen derechos adquiridos, bien porque ya se han causado o hacen parte de aquellas prerrogativas concretas que, aunque no estén consolidadas, sí han determinado una expectativa válida respecto de la permanencia de sus cláusulas, basadas en el principio de la buena fe, en atención al principio de la confianza legítima, significa, en el horizonte, que se alcanzarán los requisitos para su afianzamiento durante el término de su vigencia (CSJ SL3635- 2020).

De esa manera, la Sala rectificó parcialmente el criterio en materia de reglas pensionales consagradas en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, de modo que en sentencia CSJ SL3635-2020 fijó las siguientes las pautas que regulan actualmente el asunto: i) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 -29 de julio del mismo año- se encontraban en curso, mantendrán su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. ii) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extienden solo hasta el 31 de julio de 2010. iii) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010.

Ahora bien, con base en lo expuesto y tal como lo señaló esta corporación en la referida decisión CSJ SL3635-2020, el término Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 20 de vigencia de la convención colectiva suscrita entre el extinto ISS y Sintraseguridadsocial para el periodo 2001-2004 se define con sujeción a lo dispuesto en los artículos 2 y 98 del acuerdo, normas cuyo tenor literal permiten inferir que la regla pensional contemplada en esta última cláusula se extendió hasta el año 2017.

Así las cosas, en la providencia antes referida la Sala indicó: Tal como se refirió en los antecedentes, la accionante propugna por el derecho pensional consagrado en la convención colectiva de trabajo cuya vigencia general se estableció de 2001 a 2004, y previó, respecto de algunas cláusulas, otra más amplia según lo acordado en los artículos 2° y 98, entre otros, así: Por su parte, el artículo 2°, prevé que el acuerdo colectivo: Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004).

Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente. A su vez, el artículo 98 consagra la pensión de jubilación solicitada, bajo las siguientes reglas: El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.

Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio. Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. […]. De la literalidad de las citadas cláusulas se extrae que en materia jubilatoria las partes previeron una vigencia posterior a aquella establecida de forma general, tal como lo determinó esta Sala en sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 39808, que reiteró la CSJ SL, 14 sep. 2010, rad. 35588, en la que señaló: Ahora bien, el Tribunal incurrió en otro yerro fáctico derivado de la errónea apreciación de la Convención Colectiva 2001-2004, al Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 21 no darse cuenta que ésta tuvo vigencia para los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E.s, (sic) más allá del 31 de octubre de 2004.

Al respecto se ha de precisar que un estudio armónico de las cláusulas de dicha convención conduce a concluir que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior a esa fecha. […] Esto significa que la misma convención previó que algunas de sus disposiciones rigieran más allá del 31 de octubre de 2004, como es el caso de la cláusula 98 que consagra el derecho a la pensión de jubilación. […] Este razonamiento está acorde con el criterio sostenido por la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2010, rad.

N° 35588 donde en un caso similar al presente y analizando la misma Convención, sostuvo: “Armonizando estas dos disposiciones (artículo 2 y 98), ejercicio que el Tribunal, pese a que valoró la convención colectiva, no hizo, pues apreció de manera parcial el artículo segundo, se concluye que el derecho a la pensión de jubilación consagrado en el artículo 98, se hallaba vigente para quienes ostentaran la condición de trabajadores oficiales para el 21 de enero de 2005, fecha en la que la actora cumplió con los requisitos exigidos en esa norma, esto es, 20 años de servicio y 50 años de edad”.

(Resaltado fuera de texto original).” Asimismo, en sentencia CSJ SL1409-2015, frente a este preciso asunto, la Corporación indicó: “En punto a la vigencia de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, la misma se hizo extensiva a los trabajadores oficiales que en esa misma condición pasaron a las E.S.E. y según su artículo 2, su vigencia tendría “una vigencia de tres años contados a partir del primero (1) de noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004).

Salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente”. Frente a ello, podría decirse que algunas cláusulas de esa convención llevan al convencimiento de que varias de sus prerrogativas y concretamente las relativas a la pensión de jubilación tienen una vigencia superior al 31 de octubre de 2004, en tanto de conformidad con el artículo 98 su vigencia se extiende hasta el año 2017.

Asimismo, importa resaltar que no obra en el expediente una convención colectiva de trabajo celebrada con posterioridad a la mencionada anteriormente” (Resaltado fuera del texto). En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cláusula convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 22 tenía vigencia hasta el año 2017.

Dicho de otro modo, en armonía con los postulados de la enmienda constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por los menos, durante su plazo de vigencia. (Subrayado y negrilla fuera de texto) En consecuencia, a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la cláusula 98 convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta por lo menos el año 2017.

Así, tal como lo precisó la Corte en la decisión antes mencionada, en armonía con los postulados de la reforma constitucional, las partes acordaron darle al artículo 98 de la convención colectiva de trabajo una mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, fijaron derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por lo menos, durante su plazo de vigencia (CSJ SL399-2022).

Por lo anterior, la Sala encuentra que la consideración jurídica del Tribunal, esto es, que en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, no era dable otorgar una pensión extralegal como la reclamada luego del 31 de julio de 2010, resulta contraria a la actual postura jurisprudencial en torno al entendimiento del parágrafo tercero transitorio del artículo 1 de tal norma constitucional, según el cual, el plazo máximo para causar el derecho pensional convencional es aquel que se hubiese acordado inicialmente en su fuente normativa, que en este caso, fue el año 2017.

En ese contexto, y con base en la comprensión de la disposición extralegal, el artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004 del ISS, fijó un plazo máximo para causar el derecho pensional convencional, esto es hasta el año 2017. Advirtiéndose así el error jurídico cometido por el ad quem. Ahora bien, de acuerdo con los postulados convencionales consagrados en el artículo 98 bajo análisis, la Sala advierte que el actor acredita los requisitos de causación y las condiciones de exigibilidad de la prestación, pues laboró al ISS por más de 20 años y cumplió la edad de 55 años el día 11 de mayo de 2017.

Por los motivos indicados le asiste razón a la censura y el ataque por la vía jurídica es próspero. Condiciones de causación de la pensión convencional prevista en la cláusula 98 de la convención Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 23 2001-2004. Al respecto, plantea la censura que, de conformidad con la fuente del derecho pensional que reclama el accionante, esto es, el artículo 98 del instrumento colectivo 2001-2004, la edad es un requisito de exigibilidad mas no de causación de la prestación. Para resolver este aspecto se estima oportuno transcribir los apartes pertinentes del artículo 98 de la convención colectiva 2001-2004, que prescriben (f.º 88): El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (…).

Ahora, en la sentencia CSJ SL3343-2020, rad. 78303, y luego de una nueva lectura de esa cláusula convencional, la Sala estimó que el único entendimiento plausible de su contenido conlleva a que la edad no es un requisito de causación del derecho extralegal sino de mera exigibilidad, y en ese orden rectificó el criterio que sostuvo durante mucho tiempo de conformidad con el cual se exigía para efectos de la pensión convencional del artículo 98 en comento, que ambos requisitos edad y tiempo de servicios fueran satisfechos en vigencia del contrato de trabajo.

En la citada providencia se expresó: 2.- Interpretación artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita con el ISS Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 24 Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política.

Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adoctrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.

Ahora bien, la referida normativa convencional prevé lo siguiente: El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al ciento por ciento (100%) del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales (…).

En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad. Lo anterior, en tanto si bien el artículo alude a trabajadores oficiales, ello no excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición, pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, pues dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron: la de trabajadores oficiales al servicio de la entidad que, en últimas, es lo que exige la norma referida.

Al respecto, es relevante destacar que, en este caso, a la luz de la lectura de la cláusula convencional (art. 98), el derecho pensional allí consagrado goza de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste físico que sufre el trabajador como consecuencia de muchos años de servicios. Por ello, la Sala considera que el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, toda vez que es el trabajo el que genera la merma laboral.

La edad simplemente corresponde a una condición Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 25 futura, connatural al ser humano. Específicamente, en el marco de las relaciones de trabajo, es un hecho usual, que las pensiones se ofrezcan a los trabajadores como un aliciente a la prestación de los servicios personales en favor de un empleador, de tal suerte que, además de compensar el deterioro laboral, también funcionan como premio a la fidelidad con aquel.

Ahora, si bien por regla general, las convenciones colectivas gobiernan las condiciones de trabajo de los contratos vigentes, según lo preceptúa el artículo 476 del Código Sustantivo de Trabajo, de modo que los beneficios y prerrogativas extensivos a terceros deben ser explícitos y claros, también lo es que esta regla en materia pensional opera en forma diferente, dadas las características especiales y la finalidad de esta prestación. Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación. Por tanto, se equivocó el sentenciador colegiado al determinar que la edad era un requisito para causar la prestación, a pesar de tratarse de un requerimiento necesario únicamente para su exigibilidad.

(Subraya la Sala) De tal suerte que como en el sub lite el colegiado de instancia al apreciar la cláusula 98 de la convención colectiva 2001-2004 estimó que la edad era un requisito de causación del derecho pensional allí consagrado, incurrió en el yerro fáctico evidente que le enrostra el recurrente, en la apreciación de tal instrumento colectivo.

Asimismo, de acuerdo con los postulados convencionales consagrados en el artículo 98 bajo análisis, la Sala advierte que el actor acredita los requisitos de causación y las condiciones de exigibilidad de la prestación, pues laboró para el ISS por más de 20 años. En ese orden, causó el derecho el 24 de octubre de 2009, aunque el disfrute Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 26 se dio en su caso a partir del retiro del servicio, lo que ocurrió el 31 de diciembre 2014, fecha para la cual ya podía disfrutar de la prestación puesto que, cumplió 55 años de edad el 7 de agosto de 2013.

Por tanto, en estos aspectos también le asiste razón al impugnante. En lo que no acierta la censura es cuando acusa a la colegiatura de haber desconocido que el demandante durante la relación laboral con el ISS tuvo la condición de trabajador oficial, pues en ninguna parte de la sentencia gravada se controvirtió esa circunstancia. Si en algún aparte de la providencia se hizo referencia a empleados públicos fue de manera tangencial en alusión a quienes pasaron a las ESE en esa condición jurídica, cuyos tiempos, en esos casos, no se acumulan para la pensión convencional; pero fue simplemente una referencia explicativa sin ninguna incidencia en este proceso, porque no es esa la situación del demandante.

En ese contexto para el Tribunal fue un hecho acreditado, la condición del demandante como trabajador oficial. Por lo expuesto en precedencia, el fallo del Ad quem será casado en su integridad. Sin costas en el recurso extraordinario dada la prosperidad de las acusaciones. Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 27 X. SENTENCIA DE INSTANCIA El a quo negó las pretensiones del actor porque consideró que solo cumplió con las previsiones convencionales para acceder al derecho pensional, con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, el cual fijó como plazo máximo para el fenecimiento de las reglas contenidas en pactos, convenciones, laudos o acuerdos, el 31 de julio de 2010, incluso, en los eventos en los que tales convenios se venían prorrogando de forma automática.

Tal determinación fue apelada por la parte demandante, con el argumento de que el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que las reglas de carácter pensional vigentes a la fecha de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, contenidas en pactos, convenciones, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrían por el término inicialmente estipulado, por lo que la CCT que consagra la garantía pensional reclamada tenía una vigencia posterior a 31 de julio de 2010, concretamente hasta el año 2017.

Y que según la cláusula que contiene el derecho impetrado, la edad no es un requisito de causación. Pues bien, a efectos de resolver la apelación, la Sala reitera lo dicho en sede de casación, esto es, que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, la cláusula 98 convencional venía rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, tenía vigencia hasta por lo menos el año 2017, por lo tanto dicha convención tenía una mayor estabilidad en el tiempo y, de esa forma, se fijaron Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 28 derechos adquiridos frente a los compromisos pensionales pactados, por lo menos, durante su plazo de vigencia, por lo que, tal acuerdo convencional regía hasta el referido año. Se reitera en armonía con lo expresado en sede de casación que, la Sala en decisión CSJ SL3343-2020 señaló que el requisito de la edad era de exigibilidad y no de causación, por lo tanto, la pensión consagrada en el artículo 98 de la Convención 2001-2004 suscrita con el ISS, se estructura únicamente con el cumplimiento del tiempo de servicio, pues la edad es un simple requisito de exigibilidad, razón por la cual, el derecho a la prestación se originó cuando el demandante cumplió 20 años de servicios a la entidad empleadora, esto es, el 24 de octubre de 2009, toda vez que inició sus labores el mismo día y mes del año 1989.

En ese horizonte, aunque el actor consolidó la pensión de jubilación extralegal el 24 de octubre de 2009 y ella se hizo exigible el 7 de agosto de 2013 cuando cumplió 55 años de edad, el disfrute inicia a partir del retiro del servicio, esto es, el 1 de enero de 2015. Ello en acatamiento del artículo 128 de la Constitución Política. No puede olvidarse que, de conformidad con el precepto superior citado, existe incompatibilidad para percibir dos asignaciones del Tesoro Público o de entidades en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Este es el contenido de la norma:

ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 29 provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

Adicionalmente, en relación con el alcance de la expresión asignación contenida en el artículo en comento, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia CC C-133-1993, en la cual asentó: Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga del erario público.

El término "asignación” comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Respecto del valor de la prestación, debe precisarse que el artículo 98 de la Convención Colectiva 2001-2004 suscrita con el ISS, establece que: El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales: (i) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2002 y treinta y uno de diciembre de 2006, 100% del promedio mensual de lo percibido en los dos últimos años de servicio.

(ii) Para quienes se jubilen entre el primero de enero de 2007 y treinta y uno de diciembre de 2016, 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio. (iii) Para quienes se jubilen a partir del primero de enero de 2017, 100% del promedio mensual de lo percibido en los cuatro últimos años de servicio. Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 30 Para estos efectos se tendrán en cuenta los siguientes factores de remuneración: a. Asignación básica mensual b. Prima de servicios y vacaciones c. Auxilio de alimentación y transporte d. Valor trabajo nocturno, suplementario y en horas extras e. Valor del trabajo en días dominicales y feriados Como en este caso el disfrute de la prestación ocurre a partir del 1 de enero de 2015, se habrá de establecer la primera mesada pensional con base en el 100% del promedio mensual de lo percibido en los tres últimos años de servicio, cálculo para el cual se tendrá en cuenta la asignación básica mensual, las primas de servicios y vacaciones, los auxilios de alimentación y transporte y el valor del trabajo nocturno, suplementario, horas extras, dominicales y festivos, tal como lo establece el párrafo 5 del artículo 98 de la Convención 2001-2004, si el trabajador hubiere percibido esos rubros.

De conformidad con el certificado visible al folio 60, el actor devengó salario básico, prima de servicios y de vacaciones. Ahora, al realizar las operaciones correspondientes se obtuvo como resultado la suma de $3.275.626 como valor de la primera mesada pensional indexada, conforme se observa a continuación: INICIO FIN N° DE DÍAS PROMEDIO SALARIAL MENSUAL CON FACTORES 1/01/2012 31/01/2012 30 $ 2.701.058 1/02/2012 28/02/2012 30 $ 2.701.058 1/03/2012 31/03/2012 30 $ 2.701.058 1/04/2012 30/04/2012 30 $ 2.701.058 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 31 1/05/2012 31/05/2012 30 $ 3.376.323 1/06/2012 30/06/2012 30 $ 5.984.195 1/07/2012 31/07/2012 30 $ 2.836.111 1/08/2012 31/08/2012 30 $ 2.836.111 1/09/2012 30/09/2012 30 $ 2.836.111 1/10/2012 31/10/2012 30 $ 2.836.111 1/11/2012 30/11/2012 30 $ 472.685 1/12/2012 31/12/2012 30 $ 6.430.467 1/01/2013 31/01/2013 30 $ 2.836.111 1/02/2013 28/02/2013 30 $ 2.836.111 1/03/2013 31/03/2013 30 $ 2.836.111 1/04/2013 30/04/2013 30 $ 2.836.111 1/05/2013 31/05/2013 30 $ 2.836.111 1/06/2013 30/06/2013 30 $ 6.476.221 1/07/2013 31/07/2013 30 $ 2.905.313 1/08/2013 31/08/2013 30 $ 2.905.313 1/09/2013 30/09/2013 30 $ 2.905.313 1/10/2013 31/10/2013 30 $ 2.905.313 1/11/2013 30/11/2013 30 $ 387.375 1/12/2013 31/12/2013 30 $ 6.689.608 1/01/2014 31/01/2014 30 $ 2.905.313 1/02/2014 28/02/2014 30 $ 2.905.313 1/03/2014 31/03/2014 30 $ 2.905.313 1/04/2014 30/04/2014 30 $ 2.905.313 1/05/2014 31/05/2014 30 $ 3.187.133 1/06/2014 30/06/2014 30 $ 6.249.139 1/07/2014 31/07/2014 30 $ 2.961.677 1/08/2014 31/08/2014 30 $ 2.961.677 1/09/2014 30/09/2014 30 $ 2.961.677 1/10/2014 31/10/2014 30 $ 2.961.677 1/11/2014 30/11/2014 30 $ 296.168 1/12/2014 31/12/2014 30 $ 6.954.778 1.080 $ 117.922.535 SALARIOS CON FACTORES CONVENCIONALES DEVENGADOS EN LOS ÚLT.

TRES AÑOS = $ 117.922.535 SALARIO PROMEDIO ÚLT. TRES AÑOS = $ 3.275.626 PORCENTAJE DE PENSIÓN = 100% VALOR PRIMERA MESADA = $ 3.275.626 Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 32 Por otra parte, en atención a que la UGPP formuló la excepción de prescripción, es preciso advertir que la exigibilidad del derecho se dio a partir del 7 de agosto de 2013; el accionante efectuó la reclamación el 8 de agosto de esa anualidad (f.º 29) y radicó la demanda inaugural el 30 de octubre de 2015 (f.º 22), lo que significa que no trascurrieron más de tres años entre el primer y último item, por lo que no hay prescripción. Por consiguiente, habrá de revocarse la decisión de primer grado, para en su lugar, declarar que el actor tiene derecho a disfrutar la pensión de jubilación convencional consagrada en el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, a partir del 1 de enero de 2015 y en consecuencia se condenará a la UGPP a pagar el retroactivo correspondiente calculado con 13 mesadas, teniendo en cuenta que la pensión se consolidó después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005.

La mesada para el año 2022 asciende a la suma mensual de $4.424.951. El retroactivo correspondiente deberá ser indexado por haberse afectado por el transcurso del tiempo, para lo cual aplicará la fórmula indicada por la jurisprudencia, esto es: V.a = V.h x I.P.C. final I.P.C. inicial Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 33 En donde V.a. es el valor actualizado, V.h. es el valor a indexar, I.P.C. inicial es el índice de precios al consumidor acumulado a la fecha en que cada acreencia se hizo exigible y el I.P.C. final es el índice de precios al consumidor acumulado a la fecha en que se haga el pago efectivo de lo adeudado (CSJ SL397-2021).

Por consiguiente, habrá de revocarse íntegramente la decisión proferida por la juzgadora A quo el 23 de junio de 2017, y, en su lugar, se condenará a la convocada al proceso a reconocer a favor del accionante la pensión de jubilación extralegal consagrada en el artículo 98 de la convención 2001-2004 suscrita entre Sintraseguridadsocial y el ISS, en cuantía inicial de $3.275.626 a partir del 1 de enero de 2015 y cuya mesada para el año 2022 asciende a $4.424.951, así como a pagar la suma que resulte por concepto de retroactivo pensional causado desde el 1 de enero de 2015 y con inclusión de las mesadas que se lleguen a generar, cuantía que deberá ser indexada a la fecha de su pago en los términos referidos.

Igualmente, como quiera que el párrafo sexto del artículo 98 del acuerdo convencional descartó expresamente el recibo simultáneo de la pensión convencional y la legal de vejez, se advierte que en el eventual caso de que el actor llegare a disfrutar de esta última, le corresponderá a la demandada pagar únicamente el mayor valor existente entre la pensión de jubilación convencional a su cargo y la que le llegare a otorgar el ente de seguridad social.

Conforme lo expuesto, se declararán no probadas las excepciones que propuso la demandada. Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 34 Del valor del retroactivo se deberán descontar los montos respectivos con destino a aportes en salud. Sin costas en la alzada. Las de primera instancia estarán a cargo de la convocada al proceso. XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 16 de mayo de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral promovido por JORGE ALBERTO URIBE LLANO contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-.

En sede de instancia,

RESUELVE

REVOCAR la decisión absolutoria proferida el 23 de junio de 2017 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá. En su lugar, DISPONE:

PRIMERO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, a reconocer en favor de JORGE ALBERTO URIBE LLANO la pensión de jubilación convencional, consagrada en el artículo 98 de la CCT 2001-2004 suscrita con el ISS en cuantía inicial de $3.275.626, a partir del 1 de Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 35 enero de 2015 y cuya mesada para el año 2022 asciende a $4.424.951.

La prestación que se reconoce es de naturaleza compartida con la que eventualmente llegue a disfrutar de carácter legal, en cuyo caso le corresponderá a la demandada pagar únicamente el mayor valor existente desde cuando se le reconozca esta última prestación.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, a pagar a JORGE ALBERTO URIBE LLANO la suma que resulte por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 1 de enero de 2015 con inclusión de las mesadas que se generen a la fecha del pago, debidamente indexadas a ese momento, teniendo en cuenta para el efecto la compartibilidad con la eventual pensión legal de vejez que le corresponda.

Del anterior monto, se deberán hacer los descuentos con destino a salud.

TERCERO: DECLARAR no probadas las excepciones que propuso la demandada. Costas, como se indicó. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Radicación n.° 83303 SCLAJPT-10 V.00 36