SL376-2022 — Corte Suprema

SL376-2022Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2022

Magistrado ponente: Ana María Muñoz Segura

Ley 100 de 1993Ley 33 de 1985Ley 4 de 1976Ley 446 de 1998Ley 71 de 1988

De qué trata

Tema: PENSIONES » INCREMENTOS O REAJUSTES PENSIONALES » INCREMENTOS EXTRALEGALES - Los incrementos pensionales previstos en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita con Electranta S.A, sustituida por la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, no están condicionados a la calidad de pensionado del destinatario, ni dependen de la vigencia de la Ley 4 de 1976 para su causación Tesis: «Para resolver el primer asunto es necesario referirse al parágrafo 1° del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 que dispuso: […] De su lectura se concluye, por una parte, que hay una remisión expresa a la Ley 4ª de 1976 para indicar que aquellos pensionados de Electranta S.A. serán beneficiarios de “todos” los derechos que allí se consagran, incluido el relativo al reajuste anual y también se advierte que esta normativa seguiría siendo aplicable con independencia de si fue o no derogada. En consecuencia, no es de recibo la argumentación propuesta por la entidad casacionista, en el sentido de limitar la remisión a la Ley 4ª de 1976 frente a algunos beneficios como servicios de salud, pues se reitera, fue voluntad de las partes, al negociar el acuerdo convencional, incorporar de manera integral una norma de naturaleza legal que legitimara el incremento pensional en un 15% como mínimo, aun a pesar de que dicha disposición pudiera eventualmente ser derogada. Tal entendimiento compagina con lo adoctrinado por esta Corporación en providencia CSJ SL2845-2021, en donde analizando un caso de idénticos contornos y fijando el alcance del mismo texto extralegal, advirtió: “Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones en casos seguidos contra Electricaribe S.A. ESP al estudiar contenidos convencionales similares al que ahora ocupa la atención, que el texto convencional estableció el reconocimiento de los beneficios previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal. Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal. Esta Sala, en un caso de idénticos contornos seguido en contra de la misma demandada en la que se estudiaron varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL1018-2021 al reiterar lo considerado en la CSJ SL3781-2019, razonó: […] Propone la recurrente que, a partir de un nuevo estudio de la disposición convencional, se concluya que los derechos a que hace referencia, corresponden a aquellos que venían siendo reconocidos por la electrificadora, y que como quiera que los incrementos contemplados en la Ley 4ª de 1976 no se estaban otorgando en el momento de la suscripción del acuerdo convencional, no pueden entenderse como incluidos a favor de los pensionados. Que, en todo caso, éstos hacen referencia a los servicios médicos previstos en el artículo 7 de la citada norma legal y no a los incrementos reconocidos por el Tribunal. De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es de recibo, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a “los beneficios”, como lo pretende la censura. Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable tampoco predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los redactores de la norma colectiva. Ahora, con respecto al argumento de acuerdo con el cual, si los incrementos pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976 no se venían reconociendo al pensionado al momento de la suscripción del acuerdo convencional no quedaron incluidos en el presupuesto allí previsto, equivale a sostener que si ninguno de los pensionados ha utilizado alguno de los derechos allí previstos, a manera de ejemplo, los derivados del artículo 7 ibidem, o no los estaba utilizando en ese mismo instante, ya no podría hacerlo, interpretación que no resulta admisible. En ese sentido, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso. Es apenas natural que si el pensionado venía recibiendo incrementos en su mesada pensional superiores a las previstas en la Ley 4ª de 1976 no elevó reclamo alguno, únicamente cuando éstas superaban las que aplicaba la entidad demandada ejerció el derecho previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no resulta cuestionable”». LABORAL COLECTIVO » PRINCIPIOS » PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL - Las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden comprometerse con lo que a bien estimen, siempre que su objeto y causa sean lícitos, no atenten contra las buenas costumbres, no se desconozcan derechos mínimos o no se lesionen la CN o la ley Tesis: «[…], tampoco es de recibo el argumento referente a que el incremento equivalente al 15% era perjudicial para los trabajadores y, por ende, constituía un absurdo, ya que, para la fecha en que se suscribió el acuerdo convencional, existían otros porcentajes vigentes para el reajuste que eran significativamente superiores, lo cual le restaba validez. Lo anterior, en tanto que las partes se encuentran legitimadas para pactar lo que consideren, siempre que no atente contra derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores, como sucedió en el presente caso. Así, el fallo CSJ SL3781-2019 esgrimió sobre este punto que, “De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas. Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776). En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca en esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa”(negrillas fuera del texto). Por tal motivo, no se encuentran probados los errores atribuidos al Tribunal en lo que tiene que ver con el contenido y alcance de la norma convencional». PENSIONES » DERECHOS ADQUIRIDOS » BENEFICIOS PENSIONALES EXTRALEGALES O CONVENCIONALES - Los incrementos pensionales constituyen derechos adquiridos para quienes causaron la pensión al amparo de la convención colectiva 1998-1999 suscrita con la Electrificadora del Atlántico S. A. (Electranta S. A.) y con anterioridad a la fecha límite de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 Tesis: «Frente al segundo aspecto, se precisa que la Sala ha tenido la oportunidad de referirse en distintos pronunciamientos acerca de los incrementos pensionales discutidos, estableciendo que los mismos constituyen derechos adquiridos derivados de la Convención Colectiva de Trabajo, que se causaron con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005. Por lo tanto, todos los acuerdos suscritos entre el empleador y el trabajador por fuera del marco de las convenciones colectivas y que, además, desmejoran las garantías previamente establecidas, desconocen el poder vinculante de los acuerdos extralegales, aunado a su naturaleza de mecanismo creador de normas jurídicas. Sobre este punto, recientemente la sentencia CSJ SL5108-2020, reiterada en CSJ SL4009-2021, analizando una situación idéntica a la aquí discutida y definiendo el alcance de los acuerdos extralegales paralelos a los convencionales, concluyó: “Esta Sala ha sostenido en diferentes oportunidades que los incrementos pensionales objeto de análisis constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. […] Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional. De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo ha insistido en que los acuerdos individuales no pueden erosionar las convenciones colectivas, de manera que aquellos son admisibles en la medida que sean más favorables que los previstos en los contratos colectivos. En tal dirección, la Recomendación n.° 91 de la OIT refiere tres reglas a considerar respecto a la eficacia de estos últimos: 1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato. Los empleadores y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no deberían poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del contrato colectivo; 2) Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo deberían ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo; y 3) Las disposiciones de los contratos de trabajo que sean más favorables para los trabajadores que aquellas previstas por el contrato colectivo no deberían considerarse contrarias al contrato colectivo. […] De manera que ante mecanismos exógenos a la negociación colectiva, tales como la conciliación o los acuerdos extra convencionales que disminuyen beneficios previstos en la convención colectiva, la jurisprudencia laboral ha sido reiterativa en restarles eficacia, tal como se advierte en procesos de similares características adelantados contra la misma entidad acá demandada y consta, entre otras, en sentencias CSJ SL12138-2014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455-2018, CSJ SL4468-2019, CSJ SL517-2020, CSJ SL3615-2020 y CSJ SL3820-2020”. Por tal motivo, ningún acta de conciliación o acuerdo extralegal paralelo a la Convención Colectiva de Trabajo puede desmejorar las condiciones previamente acordadas, siendo inconducente usar dicho argumento para desconocer los derechos previamente adquiridos por los pensionados. Así las cosas, los pactos celebrados sí resultan ineficaces, toda vez que versaron sobre un derecho irrenunciable en los términos del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, pues los jubilados contaban con la certeza de que los reajustes anuales se harían conforme a lo convenido colectivamente y no a través de una fórmula desfavorable a sus intereses». LABORAL COLECTIVO » ACUERDO EXTRACONVENCIONAL » VALIDEZ - Los acuerdos extraconvencionales modificatorios son válidos en la medida que mejoren las condiciones pactadas en la convención RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN - El recurso de casación no es idóneo para subsanar irregularidades que debieron corregirse en las instancias mediante aclaración, corrección, adición o complementación de la sentencia Tesis: «Finalmente, no pasa desapercibido para la Sala que la recurrente enunció que la figura de la cosa juzgada también se constituía a causa del proceso adelantado en el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Barranquilla por Jorge Bermúdez y Jairo Galvis, quienes esgrimieron idénticas pretensiones a las aquí presentadas. Sin embargo, estas documentales no fueron acusadas adecuadamente en la demostración del cargo, limitándose a una simple enunciación, y por tal razón, no es posible adentrarse oficiosamente en su estudio. En igual sentido, este asunto no fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, aunque fue uno de los puntos reprochados en el recurso de apelación interpuesto por Electricaribe S.A. Al respecto, se reitera que en casación no son admisibles aquellos reparos contra la sentencia recurrida que debieron ser reclamados mediante adición o sentencia complementaria, toda vez que constituirían un hecho nuevo que no puede ser discutido en sede extraordinaria (CSJ SL5168-2021). En consecuencia, se desestima el recurso en los términos en que fue presentado». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación el simple señalamiento de las pruebas que se consideran fueron omitidas o mal valoradas solamente indica la causa del posible error, pero no lo demuestran

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-10 V.00 ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL376-2022 Radicación n.° 81056 Acta 03 Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 11 de diciembre de 2013 y corregida el 31 de julio de 2017, en el proceso que instauraron en su contra GERMÁN IVIRICO ESPITIA, JAIRO GALVIS HERNÁNDEZ, JORGE BERMÚDEZ LOPEIRA y JOSÉ FERNÁNDEZ LICONA.

AUTO Se ordena que, a través de la Secretaria de esta Sala se informe a la abogada Ángela Patricia Rojas Combariza, en calidad de liquidadora de Electricaribe S.A E.S.P., la Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 2 existencia del presente proceso, de conformidad con lo pretendido en oficio con radicado No. 20215000014031 de fecha 30 de abril de 2021.

ANTECEDENTES Germán Antonio Ivirico Espitia, Jairo Martín Galvis Hernández, Jorge Bermúdez Lapeira y José Ángel Fernández Licona demandaron a la Electrificadora del Caribe Electricaribe S.A. E.S.P. (en adelante Electricaribe S.A.), con el fin de que se condenara al reajuste de las mesadas pensionales correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y las que se causaran en el futuro, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4 de 1976 y el artículo 106 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999.

De igual forma, solicitaron el pago de los intereses moratorios y la indexación de todas las sumas adeudadas. Relataron que, mediante escritura pública n.º 002633 del 4 de agosto de 1998 otorgada por la Notaria 45 de Bogotá, la Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P (en adelante Electranta S.A.), le transfirió sus activos a Electricaribe S.A., razón por la que esta última asumió la totalidad de las obligaciones laborales y pensionales de la primera, a partir del 16 de agosto de 1998.

Señalaron que estuvieron afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad en Colombia (en adelante Sintraelecol) y que la Convención Colectiva de Trabajo, con Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 3 vencimiento al 31 de diciembre de 1999, se renovó automáticamente, según lo previsto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

Indicaron que Electranta S.A. les reconoció la pensión de jubilación de naturaleza convencional y que, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4 de 1976 y el artículo 106 de los instrumentos extralegales de los años 1996-1997 y 1998-1999, les resultaba aplicable todos los beneficios de aquella ley. Al dar respuesta a la demanda, Electricaribe S.A. se opuso a las pretensiones.

En cuanto a los hechos, admitió el convenio de sustitución patronal, la calidad de pensionados, la naturaleza convencional de las pensiones y la aplicabilidad de los beneficios de la Ley 4 de 1976. Además, afirmó que no le constaba la afiliación de los demandantes a Sintraelecol. En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, prescripción, pago y cosa juzgada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante fallo del 11 de noviembre de 2011, aclarado a través de proveído del 7 de diciembre de 2011, resolvió: 1.- CONDENAR a la demandada, ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. al pago del reajuste pensional a los demandantes señores GERMAN ANTONIO IVIRICO ESPITIA, JAIRO MARTIN GALVIS HERNANDEZ, JORGE BERMUDEZ LAPEIRA y JOSE ANGEL FERNANDEZ LICONA, conforme a la Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 4 Ley 4 de 1976, en un porcentaje del 15% sobre el valor de la pensión de jubilación para el año 2000 y hasta el dos mil cinco (2005). 2.- ABSOLVER a la demandada de los demás pagos estipulados en las demás pretensiones de la demanda.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 11 de diciembre de 2013 y corregido en providencia del 31 de julio de 2017, decidió: 1° CORRÍJASE el error aritmético existente en el numeral 1° de la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Dual de Descongestión Laboral de este Tribunal dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, el cual quedará así: “MODIFIQUESE el numeral primero de la sentencia apelada, en el sentido de condenar a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a pagar a los demandantes el reajuste pensional del 15% sobre su mesada, siempre que esta sea inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a pagar a los demandantes las siguientes sumas por concepto de reajuste adeudados: JOSÉ ANGEL FERNANDEZ LICONA: $161.833.179.13 JAIRO MARTÍN GALVIS HERNÁNDEZ: $85.029.441.87. JORGE BERMUDEZ LAPEIRA: $85.367.569.11 Los anteriores montos deberán indexados al momento del pago. DECLÁRESE parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de los reajustes anteriores al 11 de febrero de 2005. 2° CORRÍJASE el error aritmético por alteración o cambio de palabras existente en el numeral 2° del auto de fecha trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013), proferido por la Dual de Descongestión Laboral de esta Corporación, el cual quedará así: “2° Aceptar el desistimiento de las pretensiones del demandante GERMAN ANTONIO IVIRICO ESPITIA y en consecuencia de ello, dar por terminado el proceso respecto de este demandante”.

Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 5 Estableció que el problema jurídico «[…] consiste en si es procedente el reconocimiento del reajuste del 15% a favor de los demandantes o si el mismo se encuentra derogado en conjunto con la Ley 4 de 1976, aunado a ello, habrá de analizarse la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada». Precisó que no había discusión en que los demandantes fueron pensionados con base en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre Sintraelecol y Electranta S.A. y que, además, Electricaribe S.A. asumió los pasivos pensionales y laborales de la segunda, en los términos del parágrafo primero de su artículo 2 que estableció: Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la Electrificadora del Atlántico S.A., o que se pensionen en el futuro se les seguirá reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976 sin consideración a su vigencia. Explicó que las convenciones colectivas cobijaban a los pensionados, siempre y cuando, se hubiese acordado válidamente entre el sindicato de trabajadores y el empleador, en ejercicio de la libertad de contratación laboral, conforme lo desarrollado en la sentencia CSJ SL 8 noviembre 1993, radicado 6441.

Definió que «[…] al hacer mención de la ley 4 de 1976 es evidente que esta se entiende incorporada al texto de la convención, independientemente que la misma se encuentre vigente, porque ya hace parte del acuerdo laboral, produciendo efectos jurídicos hasta que las circunstancias que dio origen a la misma se mantengan». Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 6 En consecuencia, determinó que el parágrafo 1° del artículo 2 extralegal le resultaba aplicable a los demandantes y por ello, había lugar a disponer del beneficio pensional consagrado en el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4 de 1976.

Frente a la excepción de cosa juzgada, refirió que existían actas de conciliación celebradas en el año 2006 entre Electricaribe S.A. y José Fernández Licona, Jairo Galvis Hernández y Jorge Bermúdez Lapeira. Estimó que los acuerdos conciliatorios no podían derogar la convención, pues, para modificar derechos adquiridos por los beneficiarios era necesario que esas alteraciones se realizaran mediante otra convención u otro acuerdo de similar naturaleza que cumpliera con las mismas solemnidades de la primera, mientras que un trabajador sí podía conciliar o transar cualquier beneficio o concesión que no afectara los derechos mínimos e irrenunciables estipulados por la ley laboral.

Expuso que estas actas fueron celebradas en el año 2006, es decir, con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual proscribió que se pactaran condiciones pensionales diferentes a las establecidas en el Sistema General de Pensiones, como las que fueron convenidas en aquellas al haber dispuesto el reajuste pensional así: Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 7 Las partes convienen un sistema que facilita el disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones vigentes que no es inferior al mínimo previsto en el Sistema General de Pensiones.

Este sistema consiste en aplicar un reajuste anual del IPC causado menos dos (2) puntos para cada uno de los cinco (05) años entre 2006 y 2010 y el otorgamiento de bonos anticipados que compensan el sistema de reajuste adicionados a los efectos de los beneficios individuales y colectivos de los que se benefician como consecuencia de su manifestación de acogimiento del presente acuerdo en la siguiente forma.

Al respecto, concluyó que «[…] al haberse incluido en las actas de conciliación referidas condiciones diferentes a las establecidas en la ley se deviene la ineficacia de la cláusula que reguló dichas condiciones generando su nulidad por contravenir normas de orden público y de rango constitucional. Por lo que no es procedente darle los efectos de cosa juzgada».

En relación con la excepción de prescripción, definió que se encontraban prescritos los incrementos pensionales causados con anterioridad al 11 de febrero de 2005, pues los demandantes presentaron ese día la demanda inicial. Indicó que los montos adeudados por Electricaribe S.A. debían ser indexados al momento de su pago y que se continuaría reconociendo el reajuste del 15% sobre las mesadas pensionales, siempre que cumplieran con la condición dispuesta en el parágrafo 3 del artículo 1° de la Ley 4 de 1976.

Mediante proveído del 13 de diciembre de 2013, el Tribunal aceptó la solicitud de transacción y desistimiento presentada por el demandante Germán Antonio Ivirico Espitia durante el trámite de segunda instancia. Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 8 IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Electricaribe S.A. E.S.P., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver, teniendo en cuenta los términos en que fue presentado y los alcances del recurso extraordinario.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la proferida por el juez y en su lugar la absuelva de las pretensiones de la demanda inicial. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no son replicados y se resuelven de manera conjunta, porque se valen de una argumentación común que se complementa, persiguen idéntico fin y la solución a impartir es la misma.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía indirecta, en la submodalidad de aplicación indebida de los artículos 260, 467, 469, 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 1° de la Ley 33 de 1985; 1° de la Ley 4 de 1976; 1° de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1° del Acto Legislativo 01 de 2005; 1502 y 1618 del Código Civil, «en relación con los principios generales del Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 9 derecho del trabajo, concretamente artículos 1° y 18 del C.S.T. y los artículos 53 y 83 de la C.P.» Indica como errores de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que la Electrificadora del Atlántico S.A. reconocía antes de firmar la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, el sistema de reajuste establecido en el artículo 1° de la Ley 4 de 1976.

No dar por demostrado, estándolo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol pactaron que “se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976”, es decir, se mantienen los derechos que en ese momento venían reconociendo en los términos de la citada ley.

No dar por demostrado, estándolo, que antes de firmar la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, la Electrificadora del Atlántico S.A. solo reconocía a los pensionados “los derechos a disfrutar de los servicios médicos…” y en salud que le corresponden a los “trabajadores activos”, no reconocía otro derecho, beneficio ni prerrogativa de las contempladas en la Ley 4 de 1976.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa a “los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976”, que no son otros diferentes a los contemplados en el artículo 7 de esta ley en el que expresamente se señalan como derechos de esta ley que los pensionados reciban “los derechos a disfrutar de los servicios médicos…” Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, la Electrificadora del Atlántico S.A. y Sintraelecol le dieron estabilidad normativa al artículo 1, parágrafo 3° de la Ley 4 de 1976, en lo relacionado con el reajuste de las pensiones ahí concebido, reglas que no se venían reconociendo al momento de la firma de la CCT de 1998.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 se estableció un mecanismo para aumentar constantemente el valor de las pensiones extralegales a cargo de la demandada, en concordancia con el artículo 1, parágrafo 3° de la Ley 4 de 1976. No dar por demostrado, siendo evidente, que con la aplicación del 15% de aumento anual a las pensiones convencionales a Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 10 cargo de la demandada, se produce un incremento indebido, incongruente e incluso ilegal en el valor de la pensión y tal incremento NO constituye realmente un reajuste o actualización. Dar por demostrado, sin estarlo, que el reajuste del 15% de las pensiones de los demandantes contemplado en la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999, en concordancia con el artículo 1, parágrafo 3° de la Ley 4 de 1976.

Dar por demostrado, sin estarlo, que los Acuerdos de Conciliación suscritos en el año 2006, entre Electricaribe S.A. E.S.P. y los demandantes, son ineficaces y consecuencialmente nulos por contravenir no solo normas de orden público sino de rango constitucional. Manifiesta que ellos fueron consecuencia de la errónea apreciación de las convenciones colectivas suscritas el 1º de agosto de 1983 y las siguientes; el hecho notorio de los indicadores económicos de 1985 en adelante; las actas de conciliación celebradas entre ambas partes y la demanda y su contestación. Aduce que es de amplio conocimiento la posición que esta Corporación ha adoptado resolviendo casos similares al aquí debatido, pero que aporta nuevos argumentos al respecto, con el fin de que la Sala se plantee un cambio en este criterio.

Señala que, conforme al artículo 7 convencional, los derechos contemplados en el parágrafo 3° del artículo 106 de la misma disposición versan únicamente sobre el acceso a los servicios de salud para el personal activo al que ya se reconocía este derecho o que se encontraban próximos a ello. Infiere que la Convención procuró mantener los derechos relacionados con la prestación de servicios médicos Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 11 a favor del personal activo, dado que dicho instrumento se suscribió en 1983, es decir, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Añade que también pretendió conservar la mesada adicional de diciembre consagrada en su artículo 5, mientras que el reajuste pensional del 15% no es un derecho que se hubiese otorgado a los pensionados. Asegura que el Tribunal erró al considerar que el incremento pensional de la Ley 4 de 1976 era un derecho adquirido por los demandantes, pese a que es cierto que se estableció que se seguirían reconociendo los derechos estipulados en esta normativa.

Insiste en que «[…] la Ley 4 no concibe el reajuste, ni lo define como derecho, ningún aparte se refiere a este reajuste como derecho, en cambio esta ley si se refiere al “Derecho” de que los pensionados reciban los servicios en salud de los activos o al “derecho” a la mesada adicional en diciembre, beneficios que si venia reconociendo la demandada».

Expone que el reajuste pensional del 15% tampoco era el que utilizaba la empresa para ese momento, toda vez que es un hecho notorio que el año en que se firmó el documento extralegal la inflación en el país era superior al 15%, y, por tanto, esa medida tendría efectos negativos para el pensionado. Al respecto, puntualizó: Tan cierto es lo argüido en líneas anteriores que: 1) La propia Ley 71 de 1988 lo derogó por perjudicial y por ser contrario a los intereses de los pensionados.

Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 12 2) Los pensionados de Electricaribe S.A. E.S.P. no pidieron su aplicación en los años que siguieron a la fecha de la CC en comento, especialmente los anteriores al 2000, porque en esos años el IPC o cualquier otro índice económico, mostraba que ajustar las pensiones en el 15% suponía restarles su capacidad adquisitiva, lo cual sería un absurdo.

Pero, ahora si lo reclaman. De aplicarse ese 15%, entonces también se debió aplicar cuando el IPC era superior, mermando las pensiones para los años anteriores al 2000, no puede ser que ese momento no se aplicó y ahora sí, donde queda el principio de lógica jurídica de no contradicción que nos enseña, que “es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido”, con la decisión del ad quem que aplica el 15% para después del 2000 per para antes de tales años, el IPC.

En nuestro criterio, debe ser lo uno o lo otro. Alude que el ajuste del 15% de las mesadas representa un incremento insostenible y desequilibrado de la pensión que no fue acordado en ninguna de las convenciones citadas, y que razonamientos como el del Tribunal han contribuido a la crisis financiera de la entidad por el excesivo costo de sus pensionados.

Indica que los argumentos desarrollados conducen a que los acuerdos conciliatorios suscritos con los demandantes tengan total validez y eficacia, debido a que el reajuste pensional no constituye un derecho cierto e indiscutible ni adquirido por ellos. VII. CARGO SEGUNDO Impugna la providencia recurrida por la vía indirecta, en la submodalidad de aplicación indebida de los artículos 260, 467, 469, 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 1° de la Ley 4 de 1976; 1° de la Ley 71 de 1988; 14 de la Ley 100 de 1993; 1° del Acto Legislativo 1° de 2005; 14 y 15 del Código Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 13 Sustantivo del Trabajo; 332 Código de Procedimiento Civil; 19 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, «[…] en relación con los principios generales del derecho del trabajo artículos 1, 15 y 18 CST».

Señala los siguientes errores de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que en relación con la pensión reconocida al demandante se pactó con Electricaribe en forma expresa el sistema de ajustes de dicha pensión, de acuerdo a la conciliación celebrada con el demandante ante el anteriormente denominado Ministerio de la Protección Social – Dirección Territorial Atlántico en el año 2006.

Dar por demostrado, no estándolo, que en con la conciliación celebrada entre el demandante y Electricaribe se establecen condiciones pensionales diferentes a la del Sistema General de Pensiones. No dar por demostrado, estándolo, que en relación con la pensión reconocida al demandante se pactó con Electricaribe en forma expresa, zanjar las diferencias para facilitar el reajuste anticipado de la pensión. Indica como pruebas deficientemente valoradas la contestación de la demanda, su recurso de apelación y las actas de conciliación suscritas.

Relata que presentó la excepción de cosa juzgada en la contestación de la demanda inicial, la cual sustentó con el aporte de las actas conciliatorias y la copia del otro proceso adelantado en el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Barranquilla por Jorge Bermúdez y Jairo Galvis. Expresa que el Tribunal erró notablemente al valorar los acuerdos conciliatorios, debido a que no versaron sobre derechos ciertos e indiscutibles ni condiciones pensionales Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 14 diferentes a las establecidas en la ley, más bien se convino el disfrute anticipado de sus pensiones, «Es decir, se les entregó a los demandantes un dinero y beneficios inmediatos a cambio de una expectativa futura, esto es: dos puntos de los reajustes futuros».

Por lo anterior, afirma que los acuerdos conciliatorios gozan de total validez y eficacia, por haber cumplido con los requisitos legales establecidos para ello, razón por la que el Tribunal erró protuberantemente al no darle los efectos jurídicos de cosa juzgada que la ley les otorga. Explica que, conforme a la sentencia CSJ SL 17 junio 1993, radicado 5761, las mesadas futuras se pueden conciliar mediante un pago anticipado de estas, «[…] entonces porque no se podría conciliar un porcentaje del reajuste de estas mesadas futuras, la respuesta es clara, se pueden conciliar o pagar anticipadamente las pensiones o los reajustes futuros, pagándolos de manera anticipada, como ocurrió en este caso».

Asegura que a cada uno de los demandantes se les cancelaron dos bonos por el valor del 75% de sus mesadas pensionales, por cuanto lo conciliado fueron dos puntos de eventuales ajustes a realizar, de forma tal que el acuerdo conciliatorio sí es beneficioso para ellos. VIII. CARGO TERCERO Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 15 Acusa la sentencia recurrida de infringir la ley sustancial por la vía directa, en la submodalidad de interpretación errónea de los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo; 14 de la Ley 100 de 1993; 53 de la Constitución Política; 64 y 68 de la Ley 446 de 1998; 1502, 1503, 1519, 2469 y 2483 del Código Civil y 19 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social como violación medio.

Cuestiona que el Tribunal hubiese determinado que los acuerdos conciliatorios eran ineficaces, al realizarse con posterioridad al Acto Legislativo 1 de 2005 y porque se pactaron condiciones pensionales diferentes a las establecidas en la ley. Afirma que no discute el hecho de que a los demandantes se les cancelaron bonos anticipados que buscaban compensar el sistema de reajuste pensional dispuesto en la Ley 4 de 1976, con el fin de concederles el disfrute anticipado de sus pensiones.

Explica que en las actas de conciliación se pactaron expectativas de los reajustes pensionales y que, además, como resulta viable conciliar sobre pagos anticipados de mesadas futuras, también es procedente conciliar aquel anticipado de porcentajes sobre esos reajustes. Asegura que este último aspecto es la posición que ha adoptado esta Corporación, toda vez que los pagos anticipados se realizan sobre mesadas que aún no han sido Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 16 causadas y que dependen de condiciones inciertas e indiscutibles, por ejemplo, la vida probable del pensionado.

Referencia las sentencias CSJ SL17740-2015 y de la Corte Constitucional CC T059 de 2017 y luego razona que los acuerdos conciliatorios celebrados son válidos, pues el único derecho cierto es la calidad de pensionado, mientras que el monto de la mesada pensional y sus incrementos configuran como hechos inciertos. Sostiene que «[…] el Tribunal debió concluir que el acta de conciliación goza de validez al tener objeto y causa licita por no presentar vicios del consentimiento y haberse celebrado ante la autoridad competente, velando que no hubiese vulneración de los derechos mínimos del pensionado, en consecuencia, debió aplicarse los efectos de la cosa juzgada».

IX. CONSIDERACIONES Del análisis conjunto de los cargos presentados, para la Sala la inconformidad de la censura radica en dos aspectos principales. Inicialmente, reprocha la equivocada lectura del parágrafo 1° del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 suscrita entre Electranta S.A. y Sintraelecol. Al respecto, sostiene que su tenor literal no remite expresamente a la Ley 4ª de 1976 para efectos de acceder al reajuste pensional del 15%, y así condenar al pago de las diferencias causadas en los períodos en que el incremento de las pensiones fue inferior al porcentaje mencionado.

Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 17 De igual forma, cuestiona que el Tribunal determinara que las actas de conciliación suscritas con los pensionados son ineficaces, y que, en consecuencia, no declaró la excepción de cosa juzgada. Así las cosas, la Sala deberá establecer si erró el Tribunal al determinar que las pensiones de jubilación otorgadas a los demandantes por parte de Electranta S.A. debían ser reajustadas con base en la Ley 4ª de 1976 y si se equivocó al declarar ineficaces los acuerdos conciliatorios por considerar que pactaban condiciones distintas de reajuste pensional a las estipuladas en el Subsistema General de Pensiones, lo cual fue proscrito tras la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

Para resolver el primer asunto es necesario referirse al parágrafo 1° del artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999 que dispuso: Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la Electrificadora del Atlántico S.A., o que se pensionen en el futuro se les seguirá reconociendo todos los derechos contemplados en la Ley 4 de 1976 sin consideración a su vigencia. De su lectura se concluye, por una parte, que hay una remisión expresa a la Ley 4ª de 1976 para indicar que aquellos pensionados de Electranta S.A. serán beneficiarios de «todos» los derechos que allí se consagran, incluido el relativo al reajuste anual y también se advierte que esta normativa seguiría siendo aplicable con independencia de si fue o no derogada.

Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 18 En consecuencia, no es de recibo la argumentación propuesta por la entidad casacionista, en el sentido de limitar la remisión a la Ley 4ª de 1976 frente a algunos beneficios como servicios de salud, pues se reitera, fue voluntad de las partes, al negociar el acuerdo convencional, incorporar de manera integral una norma de naturaleza legal que legitimara el incremento pensional en un 15% como mínimo, aun a pesar de que dicha disposición pudiera eventualmente ser derogada.

Tal entendimiento compagina con lo adoctrinado por esta Corporación en providencia CSJ SL2845-2021, en donde analizando un caso de idénticos contornos y fijando el alcance del mismo texto extralegal, advirtió: Para la Sala es claro, como lo ha dicho en varias ocasiones en casos seguidos contra Electricaribe S.A. ESP al estudiar contenidos convencionales similares al que ahora ocupa la atención, que el texto convencional estableció el reconocimiento de los beneficios previstos en la Ley 4ª de 1976, incluidos los reajustes pensionales anuales en al menos el 15% para las pensiones equivalentes hasta cinco (5) veces el salario mínimo legal mensual más alto, sin consideración alguna a la vigencia de la norma legal.

Debe resaltarse que no le asiste razón a la censura cuando afirma que los incrementos pensionales de la Ley 4ª de 1976 no constituyen derechos en estricto rigor, porque lo cierto es que estos beneficios representan una clara posibilidad para los pensionados o futuros pensionados de modificar la relación jurídica que los liga con la entidad pagadora, a fin de incrementar su patrimonio personal.

Esta Sala, en un caso de idénticos contornos seguido en contra de la misma demandada en la que se estudiaron varios de los argumentos expuestos por el recurrente, mediante sentencia CSJ SL1018-2021 al reiterar lo considerado en la CSJ SL3781-2019, razonó: […] Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 19 Propone la recurrente que, a partir de un nuevo estudio de la disposición convencional, se concluya que los derechos a que hace referencia, corresponden a aquellos que venían siendo reconocidos por la electrificadora, y que como quiera que los incrementos contemplados en la Ley 4ª de 1976 no se estaban otorgando en el momento de la suscripción del acuerdo convencional, no pueden entenderse como incluidos a favor de los pensionados.

Que, en todo caso, éstos hacen referencia a los servicios médicos previstos en el artículo 7 de la citada norma legal y no a los incrementos reconocidos por el Tribunal. De lo expuesto se deriva que dado que la cláusula convencional no diferencia qué derechos de los contemplados en la Ley 4ª de 1976 se continuarían reconociendo a los pensionados, no es de recibo, a través de una labor hermenéutica, colegir la exclusión de algunos o entender que solamente se hace referencia a unos, contrario al preciso texto de la norma convencional al extender el beneficio a «los beneficios», como lo pretende la censura.

Siendo ello así, como en efecto lo es, no es dable tampoco predicar un error ostensible del Tribunal al no aplicar una exclusión que, se insiste, no fue prevista por los redactores de la norma colectiva. Ahora, con respecto al argumento de acuerdo con el cual, si los incrementos pensionales previstos en la Ley 4ª de 1976 no se venían reconociendo al pensionado al momento de la suscripción del acuerdo convencional no quedaron incluidos en el presupuesto allí previsto, equivale a sostener que si ninguno de los pensionados ha utilizado alguno de los derechos allí previstos, a manera de ejemplo, los derivados del artículo 7 ibidem, o no los estaba utilizando en ese mismo instante, ya no podría hacerlo, interpretación que no resulta admisible.

En ese sentido, es necesario reiterar la libertad de las partes al pactar las cláusulas convencionales sin que sea válido al sentenciador intervenir o desconocer su tenor literal, salvo que se trate de estipulaciones abiertamente ilegales, que no es el caso. Es apenas natural que si el pensionado venía recibiendo incrementos en su mesada pensional superiores a las previstas en la Ley 4ª de 1976 no elevó reclamo alguno, únicamente cuando éstas superaban las que aplicaba la entidad demandada ejerció el derecho previsto en la Convención Colectiva de Trabajo, lo cual no resulta cuestionable.

De igual forma, tampoco es de recibo el argumento referente a que el incremento equivalente al 15% era perjudicial para los trabajadores y, por ende, constituía un absurdo, ya que, para la fecha en que se suscribió el acuerdo convencional, existían otros porcentajes vigentes para el Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 20 reajuste que eran significativamente superiores, lo cual le restaba validez.

Lo anterior, en tanto que las partes se encuentran legitimadas para pactar lo que consideren, siempre que no atente contra derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores, como sucedió en el presente caso. Así, el fallo CSJ SL3781-2019 esgrimió sobre este punto que, De otro lado, frente al planteamiento de la censura, atado a los índices de precios al consumidor, de inflación y de devaluación, con lo cual pretende demostrar que para el año 1983, cuando se consagró el beneficio convencional, los pensionados de la empresa para esa anualidad resultaban más perjudicados que beneficiados con un incremento pensional del 15% como mínimo, para lo cual aduce que es un absurdo que las partes pensaran para esa época en conservar por convención tal incremento y que, por lo tanto, lo acordado fueron otros beneficios contemplados en la L. 4ª/1976, debe precisarse que, tal argumentación no es de recibo para esta Sala, en la medida que en atención al origen, naturaleza y finalidad de la convención colectiva de trabajo, son las mismas partes las llamadas a fijar el contenido y alcance de sus normas.

Por consiguiente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, éstas tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean lícitos, que no atenten contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos mínimos de los trabajadores, o en general que no se produzca lesión a la Constitución o la ley (CSJ SL, 18 may. 2005 rad. 23776).

En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15%, conforme lo estableció la L. 4°/1976, se enmarca en esa voluntad contractual de los protagonistas sociales, donde no es dable a la Corte entrometerse, salvo que esa interpretación no sea sensata o coherente, con características de un desatino de tal envergadura que dé lugar a un error evidente de hecho, que no es el caso que nos ocupa (negrillas fuera del texto).

Por tal motivo, no se encuentran probados los errores atribuidos al Tribunal en lo que tiene que ver con el contenido y alcance de la norma convencional. Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 21 Frente al segundo aspecto, se precisa que la Sala ha tenido la oportunidad de referirse en distintos pronunciamientos acerca de los incrementos pensionales discutidos, estableciendo que los mismos constituyen derechos adquiridos derivados de la Convención Colectiva de Trabajo, que se causaron con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

Por lo tanto, todos los acuerdos suscritos entre el empleador y el trabajador por fuera del marco de las convenciones colectivas y que, además, desmejoran las garantías previamente establecidas, desconocen el poder vinculante de los acuerdos extralegales, aunado a su naturaleza de mecanismo creador de normas jurídicas. Sobre este punto, recientemente la sentencia CSJ SL5108-2020, reiterada en CSJ SL4009-2021, analizando una situación idéntica a la aquí discutida y definiendo el alcance de los acuerdos extralegales paralelos a los convencionales, concluyó: Esta Sala ha sostenido en diferentes oportunidades que los incrementos pensionales objeto de análisis constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. […] Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 22 De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales.

Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo ha insistido en que los acuerdos individuales no pueden erosionar las convenciones colectivas, de manera que aquellos son admisibles en la medida que sean más favorables que los previstos en los contratos colectivos.

En tal dirección, la Recomendación n.° 91 de la OIT refiere tres reglas a considerar respecto a la eficacia de estos últimos: 1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato. Los empleadores y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no deberían poder estipular en los contratos de trabajo disposiciones contrarias a las del contrato colectivo; 2) Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al contrato colectivo deberían ser consideradas como nulas y sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo; y 3) Las disposiciones de los contratos de trabajo que sean más favorables para los trabajadores que aquellas previstas por el contrato colectivo no deberían considerarse contrarias al contrato colectivo.1 […] De manera que ante mecanismos exógenos a la negociación colectiva, tales como la conciliación o los acuerdos extra convencionales que disminuyen beneficios previstos en la convención colectiva, la jurisprudencia laboral ha sido reiterativa en restarles eficacia, tal como se advierte en procesos de similares características adelantados contra la misma entidad acá demandada y consta, entre otras, en sentencias CSJ SL12138- 2014, CSJ SL2105-2015, CSJ SL12575-2017, CSJ SL4455- 2018, CSJ SL4468-2019, CSJ SL517-2020, CSJ SL3615-2020 y CSJ SL3820-2020. 1https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy- guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf.

R091 - Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91). https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-%20guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-%20guide/recomendacionsobreloscontratoscolectivosnum91.pdf Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 23 Por tal motivo, ningún acta de conciliación o acuerdo extralegal paralelo a la Convención Colectiva de Trabajo puede desmejorar las condiciones previamente acordadas, siendo inconducente usar dicho argumento para desconocer los derechos previamente adquiridos por los pensionados.

Así las cosas, los pactos celebrados sí resultan ineficaces, toda vez que versaron sobre un derecho irrenunciable en los términos del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, pues los jubilados contaban con la certeza de que los reajustes anuales se harían conforme a lo convenido colectivamente y no a través de una fórmula desfavorable a sus intereses.

Finalmente, no pasa desapercibido para la Sala que la recurrente enunció que la figura de la cosa juzgada también se constituía a causa del proceso adelantado en el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Barranquilla por Jorge Bermúdez y Jairo Galvis, quienes esgrimieron idénticas pretensiones a las aquí presentadas. Sin embargo, estas documentales no fueron acusadas adecuadamente en la demostración del cargo, limitándose a una simple enunciación, y por tal razón, no es posible adentrarse oficiosamente en su estudio.

En igual sentido, este asunto no fue objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, aunque fue uno de los puntos reprochados en el recurso de apelación interpuesto por Electricaribe S.A. Al respecto, se reitera que en casación no son admisibles aquellos reparos contra la sentencia recurrida que debieron ser reclamados mediante Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 24 adición o sentencia complementaria, toda vez que constituirían un hecho nuevo que no puede ser discutido en sede extraordinaria (CSJ SL5168-2021).

En consecuencia, se desestima el recurso en los términos en que fue presentado. Sin costas, por cuanto no hubo réplica. X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el once (11) de diciembre de dos mil trece (2013) y corregida el 31 de julio de 2017 por la Sala Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por GERMÁN IVIRICO ESPITIA, JAIRO GALVIS HERNÁNDEZ, JORGE BERMUDEZ LOPEIRA y JOSÉ FERNÁNDEZ LICONA contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Radicación n.° 81056 SCLAJPT-10 V.00 25 ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ