SL2669-2024 — Corte Suprema

SL2669-2024Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2024

Magistrado ponente: Marirraquel Rodelo Navarro

Decreto 1887 de 1994Ley 100 de 1993Ley 1581 de 2012Ley 527 de 1999

De qué trata

Tema: PENSIONES » FINANCIACIÓN » COTIZACIONES O APORTES » MORA EN EL PAGO POR PARTE DEL EMPLEADOR - Para que pueda hablarse de mora patronal es necesario que existan pruebas razonables sobre la existencia de un vínculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o por una relación legal y reglamentaria Tesis: «[...] no le asiste razón a la opositora al estimar que el Tribunal concluyó la inexistencia de la relación laboral en los dos meses aludidos, pues, en modo alguno precisó de forma concreta los extremos temporales del vínculo existente entre tal sociedad y la actora. Puntualizado ello, se descarta la comisión del yerro jurídico expuesto por la recurrente. Lo anterior, porque el fallador de segundo grado no podía proferir condena en contra de la sociedad CI Uniroca S. A. por concepto de cálculo actuarial, dada la falta de comparecencia de quien se alega la condición de empleador omiso por no haber sido convocada a la litis, pues de hacerlo vulneraría el derecho al debido proceso al adoptar una decisión sobre su responsabilidad y obligaciones sin garantizarle el derecho de defensa y de aportar las probanzas que estime pertinentes. Al analizar un tema similar al presente, la Sala dejó evidenciado la imposibilidad de adoptar una decisión sobre el cálculo actuarial para la inclusión de tiempos en la pensión de vejez, cuando no es demandado o vinculado a la litis el supuesto dador del empleo, tal y como aquí ocurre pues la sociedad CI Uniroca S. A. no fue demandada. Así, la Corte en providencia CSJ SL1506-2021 dijo: "Pues bien, en el fondo lo que pretende el recurrente por esta vía es obtener la declaratoria de la existencia de la relación laboral con la empresa Parker Drilling Company of Colombia Ltda y, derivar de ello, la obligación de esa empleadora del pago de los aportes y, en consecuencia, la mora, para así acreditar las 750 semanas exigidas a la vigencia del Acto Legislativo y conservar el régimen de transición, como claramente se desprende de su alegación relativa a que, […] Exigir lo contrario, torna nugatorio el derecho pensional consagrado para aquellos empleados oficiales o privados que nunca le hicieron aportes por no habérsele exigido así la entidad empleadora, con lo cual se sanciona no a quien omitió realizar una conducta ordenada por la ley, sino a los demás destinatarios del derecho que con el cumplimiento de dicha obligación se hubiera obtenido, lo cual a todas luces es injusto y desproporcionado, en tratándose de un derecho irrenunciable, como es el de la seguridad social (artículo 48 Superior). Empero, como es apenas natural, del incumplimiento de una obligación a cargo de las entidades públicas o patronos, no puede seguirse que las consecuencias judiciales negativas de tal conducta sea imputable a los derechos de los empleados oficiales o privados que nada tuvieron que ver con esa decisión, toda vez que excluirlos del derecho pensional, es no solo un acto de evidente injusticia, sino además una discriminación irrazonable y desproporcionada, ajena a los principios y valores que impregnan nuestra carta política. Se sigue de lo anterior que no es dable atribuir yerro alguno al juzgador al desestimar los tiempos trabajados con empleadores que no afiliaron a sus trabajadores al seguro social teniendo o no la obligación de hacerlo. En este caso, no solo por ser una situación desconocida para la entidad de seguridad social, sino porque el deber de realizar los aportes es una consecuencia del acto jurídico de la afiliación que es inexistente mientras no se formalice con el formulario de vinculación, pues por ello no está habilitada Colpensiones para adelantar acciones de cobro como si se tratara de una mora, esto es, es una situación distinta, como bien lo tiene adoctrinado la Sala, entre otras, en providencia CSJ SL5058-2020, en donde dijo, En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación. Este último aspecto ha sido morigerado y actualmente, entre otras razones, con motivo de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de ese mismo año, se admite la inclusión de estos tiempos pese a no existir afiliación, siempre que se traslade el cálculo actuarial que los represente, en cuyo caso el sistema debe asumir el pago de la prestación y, además, se reúnan los requisitos mínimos exigidos para la correspondiente prestación. [...] Por último, no sobra advertir que la circunstancia anotada, esto es, la falta de reporte de ingreso de la trabajadora por parte de su empleadora, no genera la pérdida del derecho a la pensión, lo que sucede es que ante tal omisión, se debe incluir este tiempo de servicio en los términos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, entre estos, el Decreto 1887 de 1994, a través del cálculo actuarial representado por un bono o título pensional, pero como en el asunto bajo escrutinio no fueron vinculados procesalmente los empleadores omisos, no es procedente condena alguna en contra de ellos". En concordancia con lo reseñado en precedencia, si la señora Masson López aspiraba a que la empresa CI Uniroca S. A. fuera condenada al pago del cálculo actuarial era fundamental que la hubiera demandado, por ser la persona jurídica de quien predica la condición de empleadora, con miras a que bajo la garantía del debido proceso y defensa se definiera la existencia del contrato de trabajo, la ausencia de la afiliación y, de ser viable, se ordenara el pago del referido cálculo reclamado novedosamente en sede extraordinaria, por los meses de noviembre y diciembre de 2000». PROCEDIMIENTO LABORAL » LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Cuando se pretende el reconocimiento de tiempos laborados en mora para el pago de la pensión de vejez, es necesario vincular al proceso al empleador para demostrar su obligación de trasladar a la administradora del fondo de pensiones el valor del cálculo actuarial o título pensional por el período en que recibió la prestación de los servicios del trabajador PENSIONES » ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES » OBLIGACIONES - La entidad administradora de pensiones no tiene la obligación de efectuar el cobro de los aportes reclamados, cuando no está comprobada la existencia del vínculo laboral ni la ausencia de la afiliación que dé lugar a la emisión de un cálculo actuarial por parte del empleador moroso PENSIONES » FINANCIACIÓN » COTIZACIONES O APORTES » MORA EN EL PAGO POR PARTE DEL EMPLEADOR » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Error de hecho del ad quem al abstenerse de indagar las razones por las cuales la administradora de pensiones demandada generó dos historias laborales de la promotora del proceso con información disímil, sin esclarecer cuál de ellas contenía la información cierta respecto de cada una de las empresas y personas naturales referidas como empleadores, y sin que aquella aclarara, soportara o justificara las razones de la modificación de la historia laboral eliminando diversos lapsos que previamente registraba en mora, variara la equivalencia de días cotizados y excluyera los aportes de un empleador, con los que la demandante eventualmente pudo concretar su derecho pensional Tesis: «Pues bien, en los reportes de semanas cotizadas expedidas en los meses de diciembre de 2010 y 2014 (f.os 16 y 20), aportadas con la demanda inicial y decretadas por el a quo mediante auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se advierte, entre otras circunstancias, las siguientes: [...] Por su parte, en el reporte de semanas expedido en mayo de 2014 por el ISS (f.os° 28 y 29), aportadas con el escrito inicial y decretadas por el juez de conocimiento en auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se observa: [...] De la historia laboral expedida por Colpensiones el 20 de febrero de 2019, la cual fue decretada por el a quo a través de auto del 18 de febrero de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 54 del CPT (f.° 70), emerge los siguiente: [...] Para la Sala es indiscutible que las historias laborales denunciadas revelan o contienen supuestos fácticos diferentes frente a los empleadores CI Uniroca S. A., Dotaexpertos Ltda., Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y Gloria Velásquez. Pese a la evidente información disímil expuesta en tales probanzas, el fallador no superó la discordancia existente, toda vez que no indagó por las razones que las generaron ni cuestionó sobre los motivos que habrían llevado a realizar los cambios en la historia laboral de la promotora del proceso, los que eran relevantes en tanto de ellos dependía la definición del derecho pensional controvertido. Ahora, si bien el fallador de segundo grado incluyó los meses de febrero y julio de 2002 respecto del empleador CI Uniroca S.A. como mora patronal, y definió lo referente al empleador Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) en punto al extremo final de la relación laboral y, por ende, la improcedencia de la sumatoria de los meses de enero a septiembre de 1999, lo cierto es que no advirtió las múltiples y variadas inconsistencias de la historia laboral y la eliminación de anotaciones que resultaban fundamentales para definir el derecho pensional reclamado, máxime cuando, partiendo de lo concluido por el ad quem, a la actora le faltan tan solo 3,85 semanas para arribar a las 1000 exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Y es que, aunque en el fallo de segundo grado se resolvió no contabilizar los meses de enero a septiembre de 1999 respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), la colegiatura pasó por alto que en ese interregno aparecían aportes realizados por la persona natural empleadora referida por 30 días en el mes de julio de ese año, la que posteriormente se cambió por “0” semanas. Así, el cúmulo de modificaciones realizadas por la demandada en las diversas historias imponían al Tribunal efectuar un análisis detenido y pormenorizado del tiempo cotizado con cada empleador, así como auscultar si estaban debidamente fundamentadas las diversas eliminaciones y modificaciones realizadas en la historia laboral. Si el colegiado hubiese advertido las contradicciones en las sendas historias laborales no solo respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y CI Uniroca S. A. sino de los restantes empleadores mencionados, se hubiese visto obligado a superar las discordancias que mostraban, expedidas por la misma entidad demandada. Para ello, ha debido efectuar un análisis integral de todo el material probatorio en los términos de los artículos 60 y 61 del CPTSS, tal como lo reclama la parte recurrente, o incluso hacer uso de la facultad oficiosa para esclarecer por completo los hechos dudosos, como lo permite el artículo 54 del CPTSS y como lo ha enseñado esta Sala, entre otras, en decisiones CSJ SL9766-2016, CSJ SL1476-2018 y CSJ SL1355-2019. Así, dada la diferencia en la información suministrada por la misma entidad en las específicas pruebas denunciadas, la cual resulta vital para definir si se causó el derecho pensional de la actora, el ad quem incurrió en el yerro fáctico al prescindir de unas historias laborales para acoger otra respecto de las circunstancias atrás descritas, sin esclarecer cuál de ellas contenía la información cierta respecto de cada una de las empresas y personas naturales referidas, y sin que la entidad demandada aclarara, soportara o justificara las razones por las cuales fue modificada la historia laboral al eliminar diversos lapsos que previamente registraba en mora, modificar la equivalencia de días cotizados y excluir los aportes de un empleador, con los que la demandante eventualmente pudo concretar su derecho pensional». PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS DE OFICIO - La incertidumbre generada por la imposibilidad de apreciar la historia laboral y la consecuente duda en cuanto al número de semanas cotizadas, no puede conducir a emitir una sentencia absolutoria o inhibitoria, debe ser esclarecida mediante el decreto oficioso de la prueba PENSIONES » ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES » OBLIGACIONES - Error jurídico del tribunal, pues desconoció la obligación de la demandada de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, en razón de lo cual tiene el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos, por lo que no es posible que emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas de tal actuar Tesis: «Lo explicado en precedencia llevó al fallador a desconocer que no es posible que la administradora de pensiones emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas para tal proceder. Lo anterior, porque la entidad demandada está sometida a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, en virtud de lo cual se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos. De ahí que, por regla general, la información contenida en estos documentos “vincula a dichas entidades en atención al principio de buena fe que debe irradiar a sus actuaciones y el respeto de las expectativas legítimas que ello puede generar en los afiliados (CC T-202-2012)”. (CSJ SL5172-2020). Sobre el particular, la Sala en decisión CSJ SL5170-2019 explicó: "[…] Lo anterior denota por parte de Colpensiones una conducta transgresora de las pautas que deben guiar el tratamiento de las historias laborales a su cargo. En efecto, al estar sometida la entidad a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos. Asimismo, la entidad y las administradoras de pensiones, tienen la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, esto es, garantizar que su contenido sea confiable. Esta exigencia origina, a su vez, una prohibición correlativa frente al tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. De otra parte, Colpensiones en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, debe asegurar un manejo transparente de la información consignada en las historias laborales y la veracidad y completitud de la misma. [...] Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la información. Por tanto, al resolver las solicitudes de pensión en un momento posterior ha de tener en cuenta la información que allí quedó consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya había reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificación bien razonada para proceder de manera contraria. En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información así plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada. De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos. En este caso, la entidad demandada emitió dos reportes contradictorios al historial de cotizaciones de la accionante: la de folios 10 a 15 -que aceptó al contestar la demanda- en la que incorporó anotaciones en algunos ciclos de “su empleador presenta deuda por no pago”, para después, emitir otro - folios 73 a 76 - en el que suprimió dichas novedades sin justificación, y lo que es peor, sin rebatir el contenido de la primera, muy a pesar de que el juez de primer grado le dio la oportunidad de brindar explicaciones convincentes […]" Por lo indicado, el fallador de segundo grado también incurrió en el yerro jurídico, pues desconoció la obligación de la demandada de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, en razón de lo cual tiene el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos, por lo que no es posible que emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas de tal actuar. En ese orden, quedan en evidencia los errores del Tribunal, por lo que los cargos analizados prosperan y, por ende, se casará la decisión impugnada». PENSIONES » ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES » OBLIGACIONES - La administradora de pensiones al estar sometida a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 -protección de datos- tiene la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de cotizaciones de sus afiliados, así como garantizar un contenido confiable de lo consignado en las historias laborales y la completitud de la mismas, lo que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente los datos y la prohibición correlativa frente al tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error PENSIONES » ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES » OBLIGACIONES - Cuando la administradora de pensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante; por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MEDIO NUEVO - En el recurso de casación el medio nuevo lo constituye el planteamiento de temas o hechos no debatidos en las instancias -hecho nuevo- Tesis: «[...] lo planteado en el cargo contiene un hecho nuevo, referente a la falta de afiliación del empleador CI Uniroca S. A. y la consecuente condena a título de cálculo actuarial, cuando lo expuesto desde el inicio del trámite judicial fue la mora patronal; lo anterior es inadmisible en casación, máxime cuando el juez plural tampoco se pronunció sobre el particular, razón por la que mal puede atribuírsele un dislate de esta índole (CSJ SL602-2013 y CSJ SL1930-2021). Por lo explicado, el cargo no prospera». CONSIDERACIONES I: El Tribunal al referirse al empleador CI Uniroca S. A. dijo que debían sumarse los meses de febrero y julio de 2001 bajo el fenómeno de mora patronal, en tanto que la relación estaba vigente en tales periodos y la demandante se encontraba afiliada. La censura, en lo fundamental, le achaca al colegiado omitir que ante la ausencia de afiliación por parte de CI Uniroca S. A. era procedente la condena por concepto de cálculo actuarial a cargo de tal sociedad por los meses de noviembre y diciembre de 2000 y, por ende, la inclusión de tales ciclos en el total del tiempo cotizado. En concordancia con ello, le corresponde a la Sala determinar si el fallador se equivocó jurídicamente al abstenerse de impartir condena por concepto de cálculo actuarial por los meses de noviembre y diciembre de 2000 a cargo del empleador CI Uniroca S. A., y, por ende, no incluirlos en las semanas aportadas. Pues bien, no le asiste razón a la opositora al estimar que el Tribunal concluyó la inexistencia de la relación laboral en los dos meses aludidos, pues, en modo alguno precisó de forma concreta los extremos temporales del vínculo existente entre tal sociedad y la actora. Puntualizado ello, se descarta la comisión del yerro jurídico expuesto por la recurrente. Lo anterior, porque el fallador de segundo grado no podía proferir condena en contra de la sociedad CI Uniroca S. A. por concepto de cálculo actuarial, dada la falta de comparecencia de quien se alega la condición de empleador omiso por no haber sido convocada a la litis, pues de hacerlo vulneraría el derecho al debido proceso al adoptar una decisión sobre su responsabilidad y obligaciones sin garantizarle el derecho de defensa y de aportar las probanzas que estime pertinentes. Al analizar un tema similar al presente, la Sala dejó evidenciado la imposibilidad de adoptar una decisión sobre el cálculo actuarial para la inclusión de tiempos en la pensión de vejez, cuando no es demandado o vinculado a la litis el supuesto dador del empleo, tal y como aquí ocurre pues la sociedad CI Uniroca S. A. no fue demandada. Así, la Corte en providencia CSJ SL1506-2021 dijo: Pues bien, en el fondo lo que pretende el recurrente por esta vía es obtener la declaratoria de la existencia de la relación laboral con la empresa Parker Drilling Company of Colombia Ltda y, derivar de ello, la obligación de esa empleadora del pago de los aportes y, en consecuencia, la mora, para así acreditar las 750 semanas exigidas a la vigencia del Acto Legislativo y conservar el régimen de transición, como claramente se desprende de su alegación relativa a que, […] Exigir lo contrario, torna nugatorio el derecho pensional consagrado para aquellos empleados oficiales o privados que nunca le hicieron aportes por no habérsele exigido así la entidad empleadora, con lo cual se sanciona no a quien omitió realizar una conducta ordenada por la ley, sino a los demás destinatarios del derecho que con el cumplimiento de dicha obligación se hubiera obtenido, lo cual a todas luces es injusto y desproporcionado, en tratándose de un derecho irrenunciable, como es el de la seguridad social (artículo 48 Superior). Empero, como es apenas natural, del incumplimiento de una obligación a cargo de las entidades públicas o patronos, no puede seguirse que las consecuencias judiciales negativas de tal conducta sea imputable a los derechos de los empleados oficiales o privados que nada tuvieron que ver con esa decisión, toda vez que excluirlos del derecho pensional, es no solo un acto de evidente injusticia, sino además una discriminación irrazonable y desproporcionada, ajena a los principios y valores que impregnan nuestra carta política. Se sigue de lo anterior que no es dable atribuir yerro alguno al juzgador al desestimar los tiempos trabajados con empleadores que no afiliaron a sus trabajadores al seguro social teniendo o no la obligación de hacerlo. En este caso, no solo por ser una situación desconocida para la entidad de seguridad social, sino porque el deber de realizar los aportes es una consecuencia del acto jurídico de la afiliación que es inexistente mientras no se formalice con el formulario de vinculación, pues por ello no está habilitada Colpensiones para adelantar acciones de cobro como si se tratara de una mora, esto es, es una situación distinta, como bien lo tiene adoctrinado la Sala, entre otras, en providencia CSJ SL5058-2020, en donde dijo, En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación. Este último aspecto ha sido morigerado y actualmente, entre otras razones, con motivo de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de ese mismo año, se admite la inclusión de estos tiempos pese a no existir afiliación, siempre que se traslade el cálculo actuarial que los represente, en cuyo caso el sistema debe asumir el pago de la prestación y, además, se reúnan los requisitos mínimos exigidos para la correspondiente prestación. Entonces, tal como lo mencionó el tribunal, no se puede endilgar a la administradora la obligación de efectuar el cobro de los aportes toda vez que para que exista mora del empleador con el sistema, debe mediar el incumplimiento de una determinada prestación adquirida en virtud del formulario de afiliación del trabajador o de novedad de vinculación laboral; asunto que si bien no exonera de responsabilidad al dador del empleo, sí impide que se establezca su condición de deudor moroso del sistema. En ese sentido resulta pertinente reiterar lo enseñado por la Corte en sentencias CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 37555 y CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211. Al lado de ello, el recurrente omitió vincular al proceso al empleador para demostrar su obligación de trasladar a Colpensiones el valor del cálculo actuarial o título pensional por el período en que recibió la prestación de sus servicios, como al respecto lo exigió esta Corporación en la misma providencia antes citada: Por último, no sobra advertir que la circunstancia anotada, esto es, la falta de reporte de ingreso de la trabajadora por parte de su empleadora, no genera la pérdida del derecho a la pensión, lo que sucede es que ante tal omisión, se debe incluir este tiempo de servicio en los términos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, entre estos, el Decreto 1887 de 1994, a través del cálculo actuarial representado por un bono o título pensional, pero como en el asunto bajo escrutinio no fueron vinculados procesalmente los empleadores omisos, no es procedente condena alguna en contra de ellos. En concordancia con lo reseñado en precedencia, si la señora Masson López aspiraba a que la empresa CI Uniroca S. A. fuera condenada al pago del cálculo actuarial era fundamental que la hubiera demandado, por ser la persona jurídica de quien predica la condición de empleadora, con miras a que bajo la garantía del debido proceso y defensa se definiera la existencia del contrato de trabajo, la ausencia de la afiliación y, de ser viable, se ordenara el pago del referido cálculo reclamado novedosamente en sede extraordinaria, por los meses de noviembre y diciembre de 2000. Por demás, lo planteado en el cargo contiene un hecho nuevo, referente a la falta de afiliación del empleador CI Uniroca S. A. y la consecuente condena a título de cálculo actuarial, cuando lo expuesto desde el inicio del trámite judicial fue la mora patronal; lo anterior es inadmisible en casación, máxime cuando el juez plural tampoco se pronunció sobre el particular, razón por la que mal puede atribuírsele un dislate de esta índole (CSJ SL602-2013 y CSJ SL1930-2021). Por lo explicado, el cargo no prospera. CONSIDERACIONES II: Si bien los cargos no son un modelo, especialmente el tercero, lo cierto es que es viable su análisis de fondo. Lo anterior, porque el alcance de la impugnación es adecuado ya que pide casar la decisión de segundo grado; en sede de instancia, revocar la absolución de primer grado y en su lugar reconocer la prestación pensional; además, el cargo tercero –contrario a lo planteado por la opositora– sí contiene proposición jurídica pues la recurrente alude al artículo 24 de la Ley 100 de 1993; ahora, si bien es cierto que pese a dirigirse por la senda jurídica se acuden a argumentos fácticos, existe un reparo jurídico concerniente a la imposibilidad de las administradoras de modificar las historias laborales de sus afiliados sin razones sustentadas y justificadas. El juez de la alzada consideró que se debían incluir en el total de semanas cotizadas los meses de febrero y julio de 2001 como mora patronal respecto del empleador CI Uniroca S. A., lo que arrojaba un total de 996,15 al 30 de junio de 2003. Agregó frente a los periodos reclamados de la empleadora Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), desde enero de 1999, que no podían incluirse porque no estaba vigente la relación laboral. Además, manifestó respecto de las «nuevas pruebas documentales adosadas», que no efectuaría ningún pronunciamiento por no haber sido aportadas en el momento procesal para ello. Aclarado lo precedente, se tiene que la parte recurrente cuestiona desde la perspectiva fáctica que el fallador no valoró de forma conjunta las pruebas del proceso, en tanto apoyó su decisión en el reporte de contribuciones expedido el 20 de febrero de 2019, desconociendo que otros documentos daban cuenta de diferencias evidentes y trascendentales en las cotizaciones, frente a las cuales no se pronunció. Desde lo jurídico, plantea que la administradora modificó sin justificación alguna las historias laborales de forma favorable a sus propios intereses, retirando las anotaciones que beneficiaban a la recurrente para el reconocimiento de la prestación. Todo lo anterior, asegura, resultó relevante pues le impidió obtener la pensión reclamada. Precisado lo anterior, en concordancia con los cuestionamientos de la censura, le corresponde a esta corporación definir los siguientes problemas jurídicos: si en el ejercicio de valoración probatoria el colegiado omitió el análisis de algunos registros de aportes a pensión expedidos por la misma entidad, que daban cuenta de circunstancias distintas respecto de la mora patronal y la verdadera densidad de cotizaciones, así como la contradicción indiscutible entre los elementos probatorios, y si lo anterior llevó a que el Tribunal desconociera la imposibilidad de la administradora demandada de efectuar cambios en las historias laborales sin justificación alguna. Pues bien, en los reportes de semanas cotizadas expedidas en los meses de diciembre de 2010 y 2014 (f.os 16 y 20), aportadas con la demanda inicial y decretadas por el a quo mediante auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se advierte, entre otras circunstancias, las siguientes: «Comcaja Caja de Compensación Familiar»: mora patronal desde enero hasta septiembre de 1999. Gloria Velásquez: 0 cotizaciones en el mes de julio de 1999. CI Uniroca S. A.: mora patronal en los meses de febrero y julio de 2002. Dotaexpertos Ltda.: en abril de 2002 aparece 1,14 semanas aportadas y en junio de 2003 0,43 semanas. Por su parte, en el reporte de semanas expedido en mayo de 2014 por el ISS (f.os° 28 y 29), aportadas con el escrito inicial y decretadas por el juez de conocimiento en auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se observa: Gloria Velásquez: 30 días cotizados en el mes de julio de 1999. Dotaexpertos Ltda: en abril de 2002 se leen 15 días cotizados, y en junio de 2003 10 días. De la historia laboral expedida por Colpensiones el 20 de febrero de 2019, la cual fue decretada por el a quo a través de auto del 18 de febrero de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 54 del CPT (f.° 70), emerge los siguiente: Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja): «deuda presunta» en enero de 1999. Gloria Velásquez: 0 cotizaciones en el mes de julio de 1999. CI Uniroca S. A.: sin anotación de mora patronal. Dotaexpertos Ltda.: en abril de 2002 tiene 1,14 semanas aportadas, y en junio de 2003 0,43. Para la Sala es indiscutible que las historias laborales denunciadas revelan o contienen supuestos fácticos diferentes frente a los empleadores CI Uniroca S. A., Dotaexpertos Ltda., Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y Gloria Velásquez. Pese a la evidente información disímil expuesta en tales probanzas, el fallador no superó la discordancia existente, toda vez que no indagó por las razones que las generaron ni cuestionó sobre los motivos que habrían llevado a realizar los cambios en la historia laboral de la promotora del proceso, los que eran relevantes en tanto de ellos dependía la definición del derecho pensional controvertido. Ahora, si bien el fallador de segundo grado incluyó los meses de febrero y julio de 2002 respecto del empleador CI Uniroca S.A. como mora patronal, y definió lo referente al empleador Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) en punto al extremo final de la relación laboral y, por ende, la improcedencia de la sumatoria de los meses de enero a septiembre de 1999, lo cierto es que no advirtió las múltiples y variadas inconsistencias de la historia laboral y la eliminación de anotaciones que resultaban fundamentales para definir el derecho pensional reclamado, máxime cuando, partiendo de lo concluido por el ad quem, a la actora le faltan tan solo 3,85 semanas para arribar a las 1000 exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Y es que, aunque en el fallo de segundo grado se resolvió no contabilizar los meses de enero a septiembre de 1999 respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), la colegiatura pasó por alto que en ese interregno aparecían aportes realizados por la persona natural empleadora referida por 30 días en el mes de julio de ese año, la que posteriormente se cambió por «0» semanas. Así, el cúmulo de modificaciones realizadas por la demandada en las diversas historias imponían al Tribunal efectuar un análisis detenido y pormenorizado del tiempo cotizado con cada empleador, así como auscultar si estaban debidamente fundamentadas las diversas eliminaciones y modificaciones realizadas en la historia laboral. Si el colegiado hubiese advertido las contradicciones en las sendas historias laborales no solo respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y CI Uniroca S. A. sino de los restantes empleadores mencionados, se hubiese visto obligado a superar las discordancias que mostraban, expedidas por la misma entidad demandada. Para ello, ha debido efectuar un análisis integral de todo el material probatorio en los términos de los artículos 60 y 61 del CPTSS, tal como lo reclama la parte recurrente, o incluso hacer uso de la facultad oficiosa para esclarecer por completo los hechos dudosos, como lo permite el artículo 54 del CPTSS y como lo ha enseñado esta Sala, entre otras, en decisiones CSJ SL9766-2016, CSJ SL1476-2018 y CSJ SL1355-2019. Así, dada la diferencia en la información suministrada por la misma entidad en las específicas pruebas denunciadas, la cual resulta vital para definir si se causó el derecho pensional de la actora, el ad quem incurrió en el yerro fáctico al prescindir de unas historias laborales para acoger otra respecto de las circunstancias atrás descritas, sin esclarecer cuál de ellas contenía la información cierta respecto de cada una de las empresas y personas naturales referidas, y sin que la entidad demandada aclarara, soportara o justificara las razones por las cuales fue modificada la historia laboral al eliminar diversos lapsos que previamente registraba en mora, modificar la equivalencia de días cotizados y excluir los aportes de un empleador, con los que la demandante eventualmente pudo concretar su derecho pensional. Lo explicado en precedencia llevó al fallador a desconocer que no es posible que la administradora de pensiones emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas para tal proceder. Lo anterior, porque la entidad demandada está sometida a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, en virtud de lo cual se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos. De ahí que, por regla general, la información contenida en estos documentos «vincula a dichas entidades en atención al principio de buena fe que debe irradiar a sus actuaciones y el respeto de las expectativas legítimas que ello puede generar en los afiliados (CC T-202-2012)». (CSJ SL5172-2020). Sobre el particular, la Sala en decisión CSJ SL5170-2019 explicó: […] Lo anterior denota por parte de Colpensiones una conducta transgresora de las pautas que deben guiar el tratamiento de las historias laborales a su cargo. En efecto, al estar sometida la entidad a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos. Asimismo, la entidad y las administradoras de pensiones, tienen la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, esto es, garantizar que su contenido sea confiable. Esta exigencia origina, a su vez, una prohibición correlativa frente al tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. De otra parte, Colpensiones en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, debe asegurar un manejo transparente de la información consignada en las historias laborales y la veracidad y completitud de la misma. No podría ser de otra forma en cuanto, las administradoras de pensiones, tienen el deber de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-208-2012 advirtió sobre el carácter vinculante que adquieren los reportes relativos al cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones frente a las decisiones que las administradoras adopten, posteriormente, respecto de los derechos pensionales de sus afiliados: Cuando dicha entidad emite un pronunciamiento de resumen de semanas cotizadas por el empleador, correspondiente a la historia laboral, ha de entender que en principio dicha información la ata, salvo que proceda jurídicamente para controvertirla, pues a partir de ésta el receptor se crea una expectativa en torno al reconocimiento de su pensión, siendo éste (sic) un acto que expone la posición de la entidad frente a la relación jurídica en cuestión. Así las cosas, en un momento posterior no puede afirmar sin justificación alguna que la persona cotizó menos semanas de las certificadas, puesto que si bien tiene el derecho de revisar sus archivos, lo cierto es que termina siendo una conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad con la que han de cumplir sus funciones, pues ha generado en otro la expectativa del reconocimiento de su pensión. Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la información. Por tanto, al resolver las solicitudes de pensión en un momento posterior ha de tener en cuenta la información que allí quedó consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya había reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificación bien razonada para proceder de manera contraria. En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información así plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada. De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos. En este caso, la entidad demandada emitió dos reportes contradictorios al historial de cotizaciones de la accionante: la de folios 10 a 15 –que aceptó al contestar la demanda- en la que incorporó anotaciones en algunos ciclos de «su empleador presenta deuda por no pago», para después, emitir otro - folios 73 a 76 - en el que suprimió dichas novedades sin justificación, y lo que es peor, sin rebatir el contenido de la primera, muy a pesar de que el juez de primer grado le dio la oportunidad de brindar explicaciones convincentes […] Por lo indicado, el fallador de segundo grado también incurrió en el yerro jurídico, pues desconoció la obligación de la demandada de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, en razón de lo cual tiene el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos, por lo que no es posible que emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas de tal actuar. En ese orden, quedan en evidencia los errores del Tribunal, por lo que los cargos analizados prosperan y, por ende, se casará la decisión impugnada. Sin costas en sede extraordinaria, dada la prosperidad del recurso. En sede de instancia, debido a lo hallado por la Corte, para mejor proveer, se dispone: 1) Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que, en el término de 15 días, presente ante esta corporación lo siguiente: Reporte de semanas cotizadas actualizada, con el detalle mensual de cada uno de los aportes realizados por la afiliada. Certificación sobre las razones por las cuales inicialmente se registró en las historias laborales mora de los empleadores CI Uniroca S. A. y la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), y posteriormente fue eliminada tal información. Constancia sobre las razones por las que primero certificó 30 días cotizados en julio de 1999 por la empleadora Gloria Velásquez y, luego, 0 cotizaciones por la mencionada persona natural. Certificación en donde informe las causas de que inicialmente en la historia laboral expedida hizo constar 15 días cotizados en abril de 2002 y 10 en junio de 2003 respecto del empleador Dotaexpertos Ltda. y, posteriormente, registra solo 1,14 y 0,43, respectivamente, por tales meses. Certificación de si ha reconocido pensión de vejez a la promotora del proceso. Remitir los soportes pertinentes que sustenten su contestación. Recibida la respuesta, la Secretaría dará traslado a las partes por el término legal de tres (3) días, vencido el cual pasará al despacho para emitir la sentencia de instancia que corresponda.

SCLAJPT-10 V.00 MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Magistrada ponente SL2669-2024 Radicación n.° 94154 Acta 35 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por BETTY LUCÍA MASSON LÓPEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de octubre de 2021, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Se reconoce personería como mandataria general de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a la firma de abogados Casación Laboral Estudio S. A. S., representada legalmente por Linda Tatiana Vargas Ojeda, identificada con cédula n.° 1.140.862.823 y T. P. 287.982 del C. S. de la J., en los términos de la escritura pública n.° 0471 del 16 de marzo de 2023, allegada ante esta corporación. Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 2 I.

ANTECEDENTES Betty Lucía Masson López llamó a juicio a Colpensiones, con el fin de que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme a lo previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo señalado por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, junto con las mesadas ordinarias y extraordinarias desde el 24 de diciembre de 2011, la indexación, los intereses de mora, lo que resulte ultra y extra petita, las costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que nació el 24 de diciembre de 1956, por lo que cumplió 55 años el mismo día y mes del año 2011; que al 1 de abril de 1994 contaba con 37 años de edad. Además, que efectuó cotizaciones al RPM por un total de 7316 días. Sostuvo que el tiempo aportado ascendió a 1045 semanas, cotizadas de forma «interrumpida» desde el 13 de octubre de 1977 hasta el 30 de junio de 2003; que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 completaba igual densidad.

Narró que el día 26 de diciembre de 2014 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero a través de la Resolución GNR10370 del 17 de abril de 2015 fue negada, con fundamento en que contaba con un total de 983 semanas aportadas. Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 3 En los fundamentos de derecho, aludió a la mora del empleador conforme al artículo 24 de la Ley 100 de 1993, y destacó que la administradora debía adelantar las gestiones de cobro, por lo que, de no hacerlo, no era el afiliado el llamado a responder.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento y la edad al 1 de abril de 1994, así como la data del cumplimiento de 55 años, la reclamación presentada y la respuesta negativa mediante acto administrativo; respecto de los demás, dijo no ser ciertos o no constarle.

En su defensa adujo que la promotora del proceso nació el 24 de diciembre de 1956, por lo cual al 1 de abril de 1994 contaba con 37 años y cumplía las condiciones de la reforma constitucional para extender el beneficio de la transición; no obstante, no acreditaba los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, dado que no tenía 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad ni 1000 en cualquier tiempo.

Propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia del derecho reclamado; cobro de lo no debido; buena fe de Colpensiones; presunción de legalidad de los actos administrativos; no configuración del derecho al pago de intereses moratorios ni indemnización moratoria; «no configuración del derecho al pago del IPC ni indexación o reajuste alguno»; carencia de causa para demandar;

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 4 prescripción; compensación; no procedencia al pago de costas en instituciones administradoras de seguridad social del orden público; y la innominada o genérica. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 11 de mayo de 2021 resolvió: PRIMERO.- ABSOLVER a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES COLPENSIONES, de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por parte de la señora BETTY LUCÍA MASSON LÓPEZ, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO.- DECLARAR probada las excepciones de inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, propuestas por la entidad demandada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO.- CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante, liquídense por secretaría e inclúyanse en ellas como agencias en derecho la suma de $ 250.000, y de conformidad con los argumentos normativos expuestos en la parte motiva de esta providencia. CUARTO.- CONSULTAR esta decisión con la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en favor de la demandante, en caso de no ser apelada oportunamente por este sujeto procesal y de conformidad con los argumentos normativos de orden procesal expuestos en la parte motiva de esta providencia. III.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de apelación de la parte actora, mediante fallo del 29 de octubre de 2021, confirmó la decisión de primera instancia. Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 5 En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado determinó como problema jurídico corroborar si la demandante cumplía con las previsiones normativas para ser beneficiaria de la prestación pensional por vejez, conforme al Acuerdo 049 de 1990.

Señaló que de las diversas pruebas se evidenciaba que la señora Masson López nació el 24 de diciembre de 1956, razón por la cual, el mismo día y mes del año 2011 cumplió 55 años de edad; además, aportó al ISS, como trabajadora dependiente, desde el 13 de octubre de 1977 hasta el 30 de junio de 2003 (f.os 16 a 18); supuestos fácticos respecto de los cuales no existía discusión entre las partes.

Indicó que, en los casos de mora patronal, era la entidad administradora de pensiones quien debía ejercer los cobros coactivos correspondientes para la obtención de los aportes no cancelados, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios 1161 y 2633 de 1994. Al respecto, estimó que se equivocó el fallador de primer grado frente a los ciclos de febrero y julio de 2001 a cargo del empleador CI Uniroca S. A., en tanto que la relación estaba vigente en tales periodos y la demandante se encontraba afiliada, de ahí que, al no haberse acreditado el cobro de los aportes, debían incluirse.

Por ende, anunció que sumaría 8,58 semanas adicionales a las reconocidas por Colpensiones (987,57), lo que arrojaba un total de 996,15 al 30 de junio de 2003. Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 6 Consideró en cuanto a los periodos reclamados de la empleadora Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), por el mes de enero de 1999 y el interregno comprendido desde febrero hasta septiembre del año «2000» (sic), que: […] si bien en la historia laboral expedida el 26 de diciembre de 2014 (fls. 16 a 18), se refiere presunta mora del mentado empleador que además fue suprimida de las historias laborales allegadas por la encartada al presente proceso (Cds. a folios 57, 64, 75, 81 y 83), lo cierto es que los referidos ciclos no pueden ser considerados por la Sala de Decisión para efectos pensionales, toda vez, que la propia demandante allegó contrato de trabajo a término fijo inferior a un año celebrado el 26 de febrero de 1998 (fl 39), el cual se prorrogó únicamente hasta el 31 de diciembre de símil año, tal como lo refiere la documental visible a folio 40, que a la letra indica «A partir del día 25 de noviembre de 1998 y hasta el día 31 de diciembre de 1998, prorróguese el presente contrato considerando el mismo objeto y causas que le dieron origen».

Explicó que, al no encontrarse vigente la relación laboral entre la demandante y la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) desde enero de 1999, no era posible considerar como ciclos en mora los reclamados, dado que era indiscutible que la pasiva no debía adelantar las gestiones de cobro frente a tal empresa, al no constatarse la existencia del vínculo laboral.

Dijo que la actora ostentaba la calidad de beneficiaria del régimen de transición hasta el año 2014, al acreditar 37 años al 1 de abril de 1994 y contar con 996,15 semanas de cotización a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005; sin embargo, adicionadas las semanas en mora del empleador CI Uniroca S. A., no completaba los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, como quiera que dentro Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 7 de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, entre el 24 de diciembre de 2011 y el 24 de diciembre de 1991, aportó 259,77 semanas, y en toda la vida laboral únicamente sumó 996,15.

Por último, manifestó en relación con las «nuevas pruebas documentales adosadas», que no efectuaría ningún pronunciamiento por no haber sido aportadas en el momento procesal para ello; conforme a lo reseñado por el colegiado respecto de los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la accionante, tal elemento correspondía a «la comunicación expedida por Colpensiones el 25 de octubre de 2021, relativa a la mora del empleador Caja de Compensación Campesina, allegada ante esta instancia» (f.° 120 del cuaderno del Tribunal).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que esta corporación case la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo, en su lugar, declarar que acredita 1018,50 semanas y, por ende, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, según los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 24 de diciembre de 2011, con 14 mesadas anuales.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 8 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que son replicados por la convocada. La Sala comenzará con el estudio del cargo segundo, posteriormente, analizará los cargos primero y tercero de manera conjunta, dado que, pese a que se dirigen por sendas diferentes, se valen de argumentos similares, están estrechamente relacionados y se complementan.

VI. CARGO SEGUNDO Se formula así: Por la vía directa, acuso la no aplicación de los artículos «13, 46, 47, 48, y 53 de la Constitución Nacional en relación del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en lo pertinente, señala que: “[p]ara efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: el literal d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador”; para la administradora le basta con liquidar el valor adeudado y promover la correspondiente acción, usando como título esa liquidación a la que se le asigna mérito ejecutivo a la luz de lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y 5 del Decreto 2633 de 1994, desconociendo así los artículos 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo que exigen aplicar el principio de favorabilidad cuando existan dos o más interpretaciones válidas sobre un mismo asunto y que este postulado es pertinente en este asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a dar por no probado que la señora BETTY MASSON LÓPEZ, cumplía a cabalidad con lo señalado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ya cumplió con la edad mínima requerida el 24 de diciembre de 2011 y cotizó más de 1000 semanas en cualquier tiempo, ya que al momento de cumplir con la edad requerida contaba con un total de 1018,50 semanas.

En la demostración de la acusación, indica que se dio la infracción directa del parágrafo 1, literal d), del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, por no computar las semanas Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 9 correspondientes a los ciclos de noviembre y diciembre de 2000, certificadas por el empleador CI Uniroca S. A. Explica que la Corte Constitucional en decisiones CC T645-2013 y CC T596-2014 se pronunció sobre las consecuencias jurídicas atribuibles al empleador, por la inobservancia del deber concreto de afiliación, esto es, pagar el cálculo actuarial ante la entidad administradora escogida por el trabajador.

Señala que, en igual sentido la Corte Suprema de Justicia desde el año 2015 consolidó su jurisprudencia sobre los efectos de la omisión del deber de afiliación. Destaca la importancia del tiempo de servicios en contextos del incumplimiento del deber de cotización, ya sea por omisión en la afiliación o simple mora del empleador, lo que responde a una comprensión jurídicamente armónica y sistemática del derecho a la seguridad social, bajo el entendimiento de la pensión como el ahorro que resulta luego del agotamiento de la fuerza laboral del trabajador.

Por último, expone que: Así las cosas y de acuerdo con la jurisprudencia antes referida, primero, que el tiempo de servicio de los trabajadores respecto de quienes han existido omisiones que no le son oponibles debe ser incluido dentro del cómputo de las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión, indistintamente de si se trata de prestaciones de vejez o invalidez.

Asumir que ello sólo ocurre frente a la mora en el pago de aportes, resultaría constitucionalmente errado, y segundo que se debe tener en cuenta en el cómputo los ciclos de noviembre y diciembre de 2000, que corresponde a 8.58 semanas deben ser incluidos para el reconocimiento de la pensión de vejez de mi poderdante, lo cual Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 10 no fue tenido en cuenta en la sentencia acusada, los cuales fueron debidamente certificados por el empleador C.I. UNIROCA S.A. y que no fueron reflejados en la historia laboral unificada reportada por COLPENSIONES.

VII. RÉPLICA Colpensiones se opone al cargo, por cuanto estima que la censura cuestiona que no se computaran las semanas correspondientes a los ciclos de noviembre y diciembre de 2000 respecto del empleador Uniroca S. A.; sin embargo, dada la senda elegida, no existe discusión en los supuestos fácticos que se extrajeron en la sentencia de segunda instancia, frente a que no se estableció la existencia de la relación laboral durante esos periodos, aspecto obviado por la recurrente, por lo que el cargo debe desestimarse.

Agrega que, en todo caso, el colegiado no erró en la aplicación e intelección de las normas a las que acudió en tanto que, durante los ciclos reclamados, debía acreditarse la pervivencia de una relación laboral que no se confirmó en el plenario, máxime si como se extrae de la historia laboral no existe afiliación en los ciclos de noviembre y diciembre de 2000 con el empleador de la referencia. VIII.

CONSIDERACIONES El Tribunal al referirse al empleador CI Uniroca S. A. dijo que debían sumarse los meses de febrero y julio de 2001 bajo el fenómeno de mora patronal, en tanto que la relación Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 11 estaba vigente en tales periodos y la demandante se encontraba afiliada. La censura, en lo fundamental, le achaca al colegiado omitir que ante la ausencia de afiliación por parte de CI Uniroca S. A. era procedente la condena por concepto de cálculo actuarial a cargo de tal sociedad por los meses de noviembre y diciembre de 2000 y, por ende, la inclusión de tales ciclos en el total del tiempo cotizado.

En concordancia con ello, le corresponde a la Sala determinar si el fallador se equivocó jurídicamente al abstenerse de impartir condena por concepto de cálculo actuarial por los meses de noviembre y diciembre de 2000 a cargo del empleador CI Uniroca S. A., y, por ende, no incluirlos en las semanas aportadas. Pues bien, no le asiste razón a la opositora al estimar que el Tribunal concluyó la inexistencia de la relación laboral en los dos meses aludidos, pues, en modo alguno precisó de forma concreta los extremos temporales del vínculo existente entre tal sociedad y la actora.

Puntualizado ello, se descarta la comisión del yerro jurídico expuesto por la recurrente. Lo anterior, porque el fallador de segundo grado no podía proferir condena en contra de la sociedad CI Uniroca S. A. por concepto de cálculo actuarial, dada la falta de comparecencia de quien se alega la condición de empleador omiso por no haber sido convocada a la litis, pues de hacerlo vulneraría el derecho al Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 12 debido proceso al adoptar una decisión sobre su responsabilidad y obligaciones sin garantizarle el derecho de defensa y de aportar las probanzas que estime pertinentes.

Al analizar un tema similar al presente, la Sala dejó evidenciado la imposibilidad de adoptar una decisión sobre el cálculo actuarial para la inclusión de tiempos en la pensión de vejez, cuando no es demandado o vinculado a la litis el supuesto dador del empleo, tal y como aquí ocurre pues la sociedad CI Uniroca S. A. no fue demandada. Así, la Corte en providencia CSJ SL1506-2021 dijo: Pues bien, en el fondo lo que pretende el recurrente por esta vía es obtener la declaratoria de la existencia de la relación laboral con la empresa Parker Drilling Company of Colombia Ltda y, derivar de ello, la obligación de esa empleadora del pago de los aportes y, en consecuencia, la mora, para así acreditar las 750 semanas exigidas a la vigencia del Acto Legislativo y conservar el régimen de transición, como claramente se desprende de su alegación relativa a que, […] Exigir lo contrario, torna nugatorio el derecho pensional consagrado para aquellos empleados oficiales o privados que nunca le hicieron aportes por no habérsele exigido así la entidad empleadora, con lo cual se sanciona no a quien omitió realizar una conducta ordenada por la ley, sino a los demás destinatarios del derecho que con el cumplimiento de dicha obligación se hubiera obtenido, lo cual a todas luces es injusto y desproporcionado, en tratándose de un derecho irrenunciable, como es el de la seguridad social (artículo 48 Superior).

Empero, como es apenas natural, del incumplimiento de una obligación a cargo de las entidades públicas o patronos, no puede seguirse que las consecuencias judiciales negativas de tal conducta sea imputable a los derechos de los empleados oficiales o privados que nada tuvieron que ver con esa decisión, toda vez que excluirlos del derecho pensional, es no solo un acto de evidente injusticia, sino además una discriminación irrazonable y desproporcionada, ajena a los principios y valores que impregnan nuestra carta política.

Se sigue de lo anterior que no es dable atribuir yerro alguno al juzgador al desestimar los tiempos trabajados con empleadores que no afiliaron a sus trabajadores al seguro social teniendo o no la obligación de hacerlo. En este caso, no solo por ser una Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 13 situación desconocida para la entidad de seguridad social, sino porque el deber de realizar los aportes es una consecuencia del acto jurídico de la afiliación que es inexistente mientras no se formalice con el formulario de vinculación, pues por ello no está habilitada Colpensiones para adelantar acciones de cobro como si se tratara de una mora, esto es, es una situación distinta, como bien lo tiene adoctrinado la Sala, entre otras, en providencia CSJ SL5058-2020, en donde dijo, En el caso de la no afiliación, la Corporación enseña que esta circunstancia no puede equipararse a la mora, pues no resulta comparable la situación del empleador que afilia a sus trabajadores e incumple el pago de algunos periodos con quien no comunica su ingreso al sistema, ya que el empleador debe asumir el pago de las prestaciones que le hubieran correspondido a las administradoras en caso de afiliación. Este último aspecto ha sido morigerado y actualmente, entre otras razones, con motivo de la entrada en vigencia del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, reglamentado por el Decreto 3798 de ese mismo año, se admite la inclusión de estos tiempos pese a no existir afiliación, siempre que se traslade el cálculo actuarial que los represente, en cuyo caso el sistema debe asumir el pago de la prestación y, además, se reúnan los requisitos mínimos exigidos para la correspondiente prestación. Entonces, tal como lo mencionó el tribunal, no se puede endilgar a la administradora la obligación de efectuar el cobro de los aportes toda vez que para que exista mora del empleador con el sistema, debe mediar el incumplimiento de una determinada prestación adquirida en virtud del formulario de afiliación del trabajador o de novedad de vinculación laboral; asunto que si bien no exonera de responsabilidad al dador del empleo, sí impide que se establezca su condición de deudor moroso del sistema.

En ese sentido resulta pertinente reiterar lo enseñado por la Corte en sentencias CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 37555 y CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211. Al lado de ello, el recurrente omitió vincular al proceso al empleador para demostrar su obligación de trasladar a Colpensiones el valor del cálculo actuarial o título pensional por el período en que recibió la prestación de sus servicios, como al respecto lo exigió esta Corporación en la misma providencia antes citada: Por último, no sobra advertir que la circunstancia anotada, esto es, la falta de reporte de ingreso de la trabajadora por parte de su empleadora, no genera la pérdida del derecho a la pensión, lo que sucede es que ante tal omisión, se debe incluir este tiempo de servicio en los términos previstos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, entre estos, el Decreto 1887 de 1994, a través del cálculo actuarial representado por un bono o título pensional, pero como en el asunto bajo Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 14 escrutinio no fueron vinculados procesalmente los empleadores omisos, no es procedente condena alguna en contra de ellos.

En concordancia con lo reseñado en precedencia, si la señora Masson López aspiraba a que la empresa CI Uniroca S. A. fuera condenada al pago del cálculo actuarial era fundamental que la hubiera demandado, por ser la persona jurídica de quien predica la condición de empleadora, con miras a que bajo la garantía del debido proceso y defensa se definiera la existencia del contrato de trabajo, la ausencia de la afiliación y, de ser viable, se ordenara el pago del referido cálculo reclamado novedosamente en sede extraordinaria, por los meses de noviembre y diciembre de 2000.

Por demás, lo planteado en el cargo contiene un hecho nuevo, referente a la falta de afiliación del empleador CI Uniroca S. A. y la consecuente condena a título de cálculo actuarial, cuando lo expuesto desde el inicio del trámite judicial fue la mora patronal; lo anterior es inadmisible en casación, máxime cuando el juez plural tampoco se pronunció sobre el particular, razón por la que mal puede atribuírsele un dislate de esta índole (CSJ SL602-2013 y CSJ SL1930-2021).

Por lo explicado, el cargo no prospera. IX. CARGO PRIMERO Acusa la decisión de segundo grado de violar por vía indirecta, «los artículos 164, 165, 167 y 176 del CGP, 54, 60, 61, 83 del CPTSS, en concordancia con el 145 del CPTSS», lo Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 15 que llevó a la infracción directa de «los artículos 11, 13, 29 num. 2°, 48, 53, 228 de la Constitución Política, artículo 15 y 46 de la Ley 100 de 1993, versión original y 141 de la Ley 100 de 1993».

Ello producto del «error de hecho manifestado en la falta de apreciación de la prueba». Más adelante formula el siguiente yerro: No haber dado por demostrado estándolo la relación laboral entre C.I UNIROCA S.A. y la demandante, con la certificación allegada en la demanda y que fue incorporada en debida forma y que no fue objeto de tachas por parte de la demandada, la cual el juez de primera instancia no tuvo en cuenta para verificar la existencia del vínculo laboral para el periodo cuyos aportes se echan de menos, como son, noviembre y diciembre de 2000, febrero y julio de 2001, y los días faltantes en los ciclos de enero de 2001 y marzo de 2002 (Subrayado y negrilla del texto original).

En la demostración del cargo, dice que la libre formación del convencimiento no puede suponer arbitrariedad, y si bien el fallador puede darle más valor a un elemento probatorio sobre otro, debe apreciarlos en conjunto. Asegura que el colegiado no valoró la certificación emitida por CI Uniroca S. A. del 12 de septiembre de 2017 (f.° 41), en la que consta que laboró para esa empresa desde el 1 de noviembre de 2000 hasta el 31 de marzo de 2002.

Indica que el Tribunal no se percató que en la historia laboral de Colpensiones emitida el 20 de febrero de 2019, que registra un total de 987,57 semanas, «no figuran algunos ciclos o figuran en mora o por debajo de los días efectivamente reportados y que se encuentran debidamente soportados», especialmente frente a la certificación expedida por el Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 16 empleador C. I. Uniroca S. A. y en los reportes allegados con la demanda inicial.

En síntesis, expone que en el historial de semanas del 20 de febrero de 2019 falta la inclusión de 24,74 semanas por lo siguiente: […] no figuran los ciclos de noviembre y diciembre de 2000 (8.58 semanas), que en el ciclo de enero de 2001, solo figuran 0.86 semanas, siendo lo correcto 4.29, por lo que existe una diferencia faltante de 3.43 semanas, que en el ciclo de marzo de 2002, figura 0,14 semanas, siendo lo correcto 4.29, dando una diferencia de 4.15, por lo que al realizar el cómputo el resultado no sería de 996.15 sino de 1012,31 semanas.

De otra parte, en cuanto al empleador Dotaexpertos Ltda., según el Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual (f.os° 28 y 29), registra en el mes de abril de 2002 reportados y cotizados 15 días, por lo que su equivalencia en semanas no corresponde a 1,14 sino a 2,14, por lo que falta adicionar una semana. Aduce que similar situación ocurre respecto del ciclo de junio de 2003, pues Colpensiones registra 0,43 semanas, pero en el sistema de autoliquidación aparecen 10 días, cuya equivalencia real es 1,43.

Así, debe adicionarse una semana. Por ello, el verdadero total de semanas corresponde a 1014,31. Respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) manifiesta que según el reporte de semanas hasta diciembre de 2010 (f.° 20) y el expedido el 26 Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 17 de abril de 2014 (f.° 16), registra un periodo laboral desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 30 de septiembre de 1999 (19 meses).

A continuación, dice: Tanto el Instituto de Seguros Sociales en su REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES - PERIODO DE INFORME: Enero 1967 hasta Diciembre 2010, (fl. 21) como Colpensiones en su REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES - ACTUALIZADO a 26 Diciembre 2014, (fl. 17), reportan durante el periodo 1999-01, la OBSERVACIÓN: Deuda presunta, pago aplicado de periodos anteriores, y para el resto de los períodos, esto es, 1999-02 a 1999-09 (8 periodos) la OBSERVACIÓN. Su empleador presenta deuda por no pago.

Importante resaltar que en ningún momento se llevó a cabo la gestión de cobro por parte del administrador de pensiones, como lo establece la Ley para estos casos. Afirma que, sumando todo lo anterior, completaría 1018,50 semanas. Destaca que es beneficiaria del régimen de transición, que cumplió 55 años de edad el día 24 de diciembre de 2011, y que acredita más de 1000 semanas aportadas en cualquier tiempo.

Por último, pone de presente que: […] es pertinente señalar que la señora BETTY LUCIA MASSON LOPEZ, ha venido adelantando las gestiones ante la empresa CI UNIROCA S.A., para el pago de los periodos faltantes, a través de derechos de petición, y que con ocasión a esta gestión y que era obligación de COLPENSIONES realizar, la citada empresa, efectuó la corrección y pago de los ciclos, de enero, febrero y julio de 2001 y de marzo de 2002, pagos y correcciones que ya se reflejan en la historia laboral, de lo cual se adjunta copia, tanto de las planillas de pago como de la historia laboral, con el fin de corroborar que efectivamente existía mora en el pago de estos ciclos, quedando únicamente pendiente el pago de los ciclos de noviembre y diciembre de 2000, donde opera la figura de cálculo Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 18 actuarial, por omisión del empleador.

X. RÉPLICA La demandada se opone al recurso extraordinario. Sostiene que el alcance de la impugnación es insuficiente, en tanto no se indica cómo debe ser la decisión en instancia. Plantea que la acusación no puede prosperar por las siguientes razones: los ciclos de noviembre y diciembre de 2000 respecto del empleador CI Uniroca S. A. no cuenta con la afiliación, por lo que no existió mora sino falta de vinculación, de ahí que la convocante debió demandar al empleador omiso para lograr el traslado del título pensional o cálculo; al no haberlo hecho, no es viable contabilizarlos.

Agrega que en el mes de marzo de 2003 aparece novedad de retiro de la mencionada sociedad. De otro lado, en cuanto a la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), dice que no puede sumarse la deuda presunta por el lapso del 1 de marzo de 1998 al 30 de septiembre de 1999 por cuanto se aportó contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año celebrado con dicho empleador, el cual se extendió desde el 25 de febrero de 1998 hasta el 24 de mayo de 1998, junto con la correspondiente prórroga desde el 25 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1998, por lo que no se equivocó el ad quem al considerar que los periodos de enero a diciembre de 1999 no podían ser tenidos en cuenta para efectos pensionales, dada la ausencia de relación laboral.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 19 XI. CARGO TERCERO Lo formula así: Por violación directa de la norma, al no tener en cuenta que le compete a las entidades administradoras de los diferentes regímenes, adelantar las acciones de construcción de la historia laboral bajo los parámetros del artículo 3 de C.P.A.C.A., a saber, en forma pronta, eficiente y transparente a fin de lograr la progresividad en los derechos pensionales; siendo necesario, que en el citado documento se refleje el comportamiento contable de lo aportado, atendiendo la retribución salarial, lo cual no fue valorado por la Sala Laboral de Bogotá, al momento de dictar el fallo, al no observar que COLPENSIONES, no cumplió con este deber, como se demostrará más adelante, ya que solamente se tuvo en cuenta la historia laboral unificada de fecha 20 de febrero de 2019, sin tenerse en cuenta las historias laborales, como son las tradicionales, autolis (sic) y unificadas igualmente allegadas al expediente, donde se puede observar que la parte demandada modificó la misma a su beneficio y sin tener en cuenta los tiempos efectivamente laborados y certificados por mi prohijada, sin adelantar las obligaciones consagradas en el artículo 24 de la ley 100 de 1993, como era realizar el cobro de los periodos en mora, el cálculo actuarial por la omisión en la afiliación por parte de la empresa CI Uniroca S.A., correspondiente a los ciclos de noviembre y diciembre de 2000, por el contrario en la historia laboral tenida en cuenta para el conteo final (20 de febrero de 2019), retiró las observaciones de deuda presunta y mora del empleador, faltando al principio de lealtad procesal, ya que está información es de suma importancia, porque permite tener certeza al momento de dictar sentencia y máximo para que los ciclos se contabilicen al momento de estudiar el reconocimiento de la pensión de vejez.

Asegura que la historia laboral es un documento trascendental para la garantía del derecho a la seguridad social, por tratarse de la principal prueba que acredita las semanas cotizadas y que materializan el derecho a la pensión tras años de trabajo y esfuerzo. De ahí que, según la Corte Constitucional, solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas es posible modificar la información contenida en tal documento, sin transgredir el principio de respeto por el acto propio y la confianza legítima.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 20 En la demostración del cargo plantea tres temas, los que desarrolla así: Manifiesta que existe mora de los empleadores CI Uniroca S. A., Dotaexpertos Ltda. y Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), probada a través de la certificación y las historias laborales allegadas con el escrito inicial.

Dice respecto del empleador CI Uniroca S. A., que en el mes de enero de 2001 aparecen 0,86 semanas existiendo una mora de 3,43 semanas; en marzo de 2002 anota 0,86 semanas, por lo que en mora se encuentran 4,15 semanas; agrega que se adeudan los meses de febrero y julio de 2001. (f.° 16). Señala que, la mora es notoria con la certificación emitida por tal empleador, en donde se vislumbra que ingresó el 1 de noviembre de 2000 y se retiró el 31 de marzo de 2002, por lo que estarían en mora los meses de noviembre y diciembre de 2000 (f.° 41).

Aduce que frente al empleador Dotaexpertos Ltda., según las historias laborales y las novedades de autoliquidación de aportes, en abril de 2002 se registraron 15 días, por lo que la equivalencia en semanas no es 1,14 sino 2,14; similar situación en junio de 2003, pues consta 0,43 semanas cuando eran 1,43, quedando pendiente por adicionar 1 (f.° 16).

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 21 En cuanto al empleador Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) expone que: […] COLPENSIONES en su Reporte de Semanas Cotizadas, actualizado a 26 diciembre 2014, (Fl. 16) registra del empleador COMCAJA CAJA DE COMP- Nit. No. 800231969, el periodo: Desde 01/04/1998 Hasta 30/09/1999, equivalente a (18 meses).

Colpensiones cambia dicho reporte como lo podemos ver en su Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones actualizado a 20 febrero 2019, así: Desde 01/03/1998 Hasta 31/01/1999, dejando registrado solo 11 meses. (ver fl. - archivo digital del Tribunal Superior de Bogotá-exp.791-carpeta de archivo-Historia Laboral PDF), cuando la equivalencia en semanas de esos 11 meses es de 47.19 semanas y no lo allí registrado (4.29 +38.71= 43 semanas).

Lo anterior, registra una mora de 4,19. Sostiene que la demandada actualizó la historia laboral a su «arbitrio y beneficio», pues los reportes proporcionados por ella acreditan la mora del empleador y la omisión en la gestión del cobro por parte de la administradora. De otra parte, en cuanto a la «alteración de la información» dice que entre la aportada con el escrito inaugural (f.° 20) y la anexada por la demandada con fecha de expedición del 20 de febrero de 2019 respecto de los empleadores «COMFAMILIAR ACOPI CO» y «CAJA DE COMPENSACIÓN», en la última se registró un salario inferior al que se reflejaba en la primera.

Agrega que, respecto del empleador CI Uniroca S. A., es evidente que en el último historial se eliminó la anotación de que presentaba deuda por no pago, lo que la beneficiaba y demostraba la omisión por parte de Colpensiones en la gestión de cobro; lo que además contradice la certificación allegada por la demandada, en donde plasmó la ausencia de Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 22 mora del empleador (f.° 67).

Destaca que tal fenómeno no solo aparecía en el reporte que se adjuntó con la demanda inicial, sino también en el expedido el 26 de diciembre de 2014. Indica que: El hecho de registrar y luego eliminar la observación de la mora es muy delicado, se está alterando la información base del Instituto de Seguros Sociales, eliminando la prueba de que Colpensiones nunca hizo gestión de cobro, está escondiendo información, es un acto de omisión y alteración de la información que va en contravía de la debida diligencia en el manejo de la información por parte de la administradora de pensiones, aspectos que no pueden repercutir negativamente en el trabajador.

En lo atinente a la «Falta de veracidad e inexactitud de los datos allegados por Colpensiones al proceso», manifiesta que mientras que en el reporte del folio 16 aparece el pago del mes de noviembre de 2001 por el empleador CI Uniroca S. A., en el del folio 15 se eliminó tal aporte. Explica que, en la Resolución GNR110370 del 17 de abril de 2015 se indicó que contaba con un total de 983 semanas; por su parte, en la certificación del folio 67 constan 983,29 semanas; y a folio 49 (respuesta al escrito inicial) se afirmó que completó 987,57 semanas.

Dice que, aporta historia laboral del «17 de febrero de 2022», en donde aparece un empleador desconocido («Proveedores de ganado») con 45,28 semanas, con el que nunca laboró, razón por la que «rechaza» que sean incluidas dentro de la contabilización. Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 23 Por último, afirma que: Todos los hechos anteriores: ignorar la mora, la irregular construcción de la Historia Laboral, las contradicciones, el incumplimiento de las fechas de entrega de la Historia Laboral Tradicional ante el Juez de primera instancia, la ineficiencia y falta de transparencia y como lo es la falta de veracidad de los datos allegados, entre otros, han afectado el logro de la progresividad en los derechos pensionales de mi prohijada.

Estos hechos prueban presuntamente que Colpensiones eliminó, modificó, alteró, sin razones justificadas los datos e información contenida en la Historia Laboral para su beneficio y no tuvo en cuenta los tiempos efectivamente laborados y certificados. Una Historia Laboral requiere de la debida diligencia en el manejo de la información por parte de la administradora de pensiones, pero acá todas estas acciones no deben repercutir negativamente en el trabajador.

Para este caso han entorpecido el comportamiento contable de lo aportado lo que no fue valorado al momento de dictar el fallo tanto el Juez de primera y segunda instancia. Es evidente que todas estas pruebas demuestran la mora del empleador C.I. UNIROCA y la omisión y/o alteración de Colpensiones, con este empleador y con Dotaexpertos y Comcaja.

XII. RÉPLICA La administradora demandada se opone a la prosperidad del cargo. Para ello, sostiene que carece de los requisitos técnicos por cuanto no se señala una disposición sustantiva de orden nacional que constituyera la base esencial de la sentencia o que haya debido serlo, y se alude al análisis probatorio, lo que está prohibido por la senda directa.

XIII. CONSIDERACIONES Si bien los cargos no son un modelo, especialmente el tercero, lo cierto es que es viable su análisis de fondo. Lo Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 24 anterior, porque el alcance de la impugnación es adecuado ya que pide casar la decisión de segundo grado; en sede de instancia, revocar la absolución de primer grado y en su lugar reconocer la prestación pensional; además, el cargo tercero –contrario a lo planteado por la opositora– sí contiene proposición jurídica pues la recurrente alude al artículo 24 de la Ley 100 de 1993; ahora, si bien es cierto que pese a dirigirse por la senda jurídica se acuden a argumentos fácticos, existe un reparo jurídico concerniente a la imposibilidad de las administradoras de modificar las historias laborales de sus afiliados sin razones sustentadas y justificadas.

El juez de la alzada consideró que se debían incluir en el total de semanas cotizadas los meses de febrero y julio de 2001 como mora patronal respecto del empleador CI Uniroca S. A., lo que arrojaba un total de 996,15 al 30 de junio de 2003. Agregó frente a los periodos reclamados de la empleadora Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), desde enero de 1999, que no podían incluirse porque no estaba vigente la relación laboral.

Además, manifestó respecto de las «nuevas pruebas documentales adosadas», que no efectuaría ningún pronunciamiento por no haber sido aportadas en el momento procesal para ello. Aclarado lo precedente, se tiene que la parte recurrente cuestiona desde la perspectiva fáctica que el fallador no valoró de forma conjunta las pruebas del proceso, en tanto apoyó su decisión en el reporte de contribuciones expedido el 20 de febrero de 2019, desconociendo que otros documentos Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 25 daban cuenta de diferencias evidentes y trascendentales en las cotizaciones, frente a las cuales no se pronunció. Desde lo jurídico, plantea que la administradora modificó sin justificación alguna las historias laborales de forma favorable a sus propios intereses, retirando las anotaciones que beneficiaban a la recurrente para el reconocimiento de la prestación. Todo lo anterior, asegura, resultó relevante pues le impidió obtener la pensión reclamada.

Precisado lo anterior, en concordancia con los cuestionamientos de la censura, le corresponde a esta corporación definir los siguientes problemas jurídicos: si en el ejercicio de valoración probatoria el colegiado omitió el análisis de algunos registros de aportes a pensión expedidos por la misma entidad, que daban cuenta de circunstancias distintas respecto de la mora patronal y la verdadera densidad de cotizaciones, así como la contradicción indiscutible entre los elementos probatorios, y si lo anterior llevó a que el Tribunal desconociera la imposibilidad de la administradora demandada de efectuar cambios en las historias laborales sin justificación alguna.

Pues bien, en los reportes de semanas cotizadas expedidas en los meses de diciembre de 2010 y 2014 (f.os 16 y 20), aportadas con la demanda inicial y decretadas por el a quo mediante auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se advierte, entre otras circunstancias, las siguientes: - «Comcaja Caja de Compensación Familiar»: mora patronal desde enero hasta septiembre de 1999.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 26 - Gloria Velásquez: 0 cotizaciones en el mes de julio de 1999. - CI Uniroca S. A.: mora patronal en los meses de febrero y julio de 2002. - Dotaexpertos Ltda.: en abril de 2002 aparece 1,14 semanas aportadas y en junio de 2003 0,43 semanas. Por su parte, en el reporte de semanas expedido en mayo de 2014 por el ISS (f.os° 28 y 29), aportadas con el escrito inicial y decretadas por el juez de conocimiento en auto del 18 de febrero de 2019 (f.° 70), se observa: - Gloria Velásquez: 30 días cotizados en el mes de julio de 1999. - Dotaexpertos Ltda: en abril de 2002 se leen 15 días cotizados, y en junio de 2003 10 días.

De la historia laboral expedida por Colpensiones el 20 de febrero de 2019, la cual fue decretada por el a quo a través de auto del 18 de febrero de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 54 del CPT (f.° 70), emerge los siguiente: - Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja): «deuda presunta» en enero de 1999. - Gloria Velásquez: 0 cotizaciones en el mes de julio de 1999. - CI Uniroca S. A.: sin anotación de mora patronal. - Dotaexpertos Ltda.: en abril de 2002 tiene 1,14 semanas aportadas, y en junio de 2003 0,43.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 27 Para la Sala es indiscutible que las historias laborales denunciadas revelan o contienen supuestos fácticos diferentes frente a los empleadores CI Uniroca S. A., Dotaexpertos Ltda., Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y Gloria Velásquez. Pese a la evidente información disímil expuesta en tales probanzas, el fallador no superó la discordancia existente, toda vez que no indagó por las razones que las generaron ni cuestionó sobre los motivos que habrían llevado a realizar los cambios en la historia laboral de la promotora del proceso, los que eran relevantes en tanto de ellos dependía la definición del derecho pensional controvertido.

Ahora, si bien el fallador de segundo grado incluyó los meses de febrero y julio de 2002 respecto del empleador CI Uniroca S.A. como mora patronal, y definió lo referente al empleador Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) en punto al extremo final de la relación laboral y, por ende, la improcedencia de la sumatoria de los meses de enero a septiembre de 1999, lo cierto es que no advirtió las múltiples y variadas inconsistencias de la historia laboral y la eliminación de anotaciones que resultaban fundamentales para definir el derecho pensional reclamado, máxime cuando, partiendo de lo concluido por el ad quem, a la actora le faltan tan solo 3,85 semanas para arribar a las 1000 exigidas por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.

Y es que, aunque en el fallo de segundo grado se resolvió no contabilizar los meses de enero a septiembre de 1999 Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 28 respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), la colegiatura pasó por alto que en ese interregno aparecían aportes realizados por la persona natural empleadora referida por 30 días en el mes de julio de ese año, la que posteriormente se cambió por «0» semanas.

Así, el cúmulo de modificaciones realizadas por la demandada en las diversas historias imponían al Tribunal efectuar un análisis detenido y pormenorizado del tiempo cotizado con cada empleador, así como auscultar si estaban debidamente fundamentadas las diversas eliminaciones y modificaciones realizadas en la historia laboral. Si el colegiado hubiese advertido las contradicciones en las sendas historias laborales no solo respecto de la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja) y CI Uniroca S. A. sino de los restantes empleadores mencionados, se hubiese visto obligado a superar las discordancias que mostraban, expedidas por la misma entidad demandada.

Para ello, ha debido efectuar un análisis integral de todo el material probatorio en los términos de los artículos 60 y 61 del CPTSS, tal como lo reclama la parte recurrente, o incluso hacer uso de la facultad oficiosa para esclarecer por completo los hechos dudosos, como lo permite el artículo 54 del CPTSS y como lo ha enseñado esta Sala, entre otras, en decisiones CSJ SL9766-2016, CSJ SL1476-2018 y CSJ SL1355-2019.

Así, dada la diferencia en la información suministrada por la misma entidad en las específicas pruebas Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 29 denunciadas, la cual resulta vital para definir si se causó el derecho pensional de la actora, el ad quem incurrió en el yerro fáctico al prescindir de unas historias laborales para acoger otra respecto de las circunstancias atrás descritas, sin esclarecer cuál de ellas contenía la información cierta respecto de cada una de las empresas y personas naturales referidas, y sin que la entidad demandada aclarara, soportara o justificara las razones por las cuales fue modificada la historia laboral al eliminar diversos lapsos que previamente registraba en mora, modificar la equivalencia de días cotizados y excluir los aportes de un empleador, con los que la demandante eventualmente pudo concretar su derecho pensional.

Lo explicado en precedencia llevó al fallador a desconocer que no es posible que la administradora de pensiones emita un reporte y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas para tal proceder. Lo anterior, porque la entidad demandada está sometida a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, en virtud de lo cual se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos.

Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 30 De ahí que, por regla general, la información contenida en estos documentos «vincula a dichas entidades en atención al principio de buena fe que debe irradiar a sus actuaciones y el respeto de las expectativas legítimas que ello puede generar en los afiliados (CC T-202-2012)». (CSJ SL5172-2020). Sobre el particular, la Sala en decisión CSJ SL5170- 2019 explicó: […] Lo anterior denota por parte de Colpensiones una conducta transgresora de las pautas que deben guiar el tratamiento de las historias laborales a su cargo.

En efecto, al estar sometida la entidad a los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, se encuentra en la obligación de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, premisa que involucra el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos. Asimismo, la entidad y las administradoras de pensiones, tienen la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y actualizada en las historias laborales, esto es, garantizar que su contenido sea confiable.

Esta exigencia origina, a su vez, una prohibición correlativa frente al tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. De otra parte, Colpensiones en su condición de responsable del tratamiento de datos personales, debe asegurar un manejo transparente de la información consignada en las historias laborales y la veracidad y completitud de la misma.

No podría ser de otra forma en cuanto, las administradoras de pensiones, tienen el deber de ceñir sus actuaciones a los postulados de la buena fe. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-208-2012 advirtió sobre el carácter vinculante que adquieren los reportes relativos al cumplimiento del requisito de densidad de cotizaciones frente a las decisiones que las administradoras adopten, posteriormente, respecto de los derechos pensionales de sus afiliados: Cuando dicha entidad emite un pronunciamiento de resumen de semanas cotizadas por el empleador, correspondiente a la historia laboral, ha de entender que en principio dicha información la ata, salvo que proceda jurídicamente para controvertirla, pues a partir de ésta el receptor se crea una expectativa en torno al reconocimiento de su pensión, siendo éste (sic) un acto que expone la posición de la entidad frente a la relación jurídica en cuestión. Así las cosas, en un momento posterior no puede afirmar sin justificación alguna que la Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 31 persona cotizó menos semanas de las certificadas, puesto que si bien tiene el derecho de revisar sus archivos, lo cierto es que termina siendo una conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad con la que han de cumplir sus funciones, pues ha generado en otro la expectativa del reconocimiento de su pensión. Por lo tanto, se ha de entender que las certificaciones que haga la entidad acerca de las semanas cotizadas en pensiones la vinculan, en principio, por haber creado una expectativa en el receptor de la información. Por tanto, al resolver las solicitudes de pensión en un momento posterior ha de tener en cuenta la información que allí quedó consignada, teniendo el deber de no retractarse de las semanas cotizadas que ya había reconocido, es decir, no pudiendo afirmar que son menos de las inicialmente reconocidas, salvo que encuentre una justificación bien razonada para proceder de manera contraria.

En tal contexto, cuando Colpensiones expide un resumen de semanas de cotizaciones, la información así plasmada se presume cierta y veraz, a la vez que es vinculante. Por ello, no es posible para la entidad emisora proferir posteriormente y sin dar explicaciones razonables, otra historia laboral con información distinta a la inicialmente certificada.

De hacerlo, transgrede la confianza depositada por los miles de afiliados en su gestión, sobre todo en temas tan sensibles para el tejido social como lo son las pensiones, compromiso que exige un tratamiento bastante riguroso de los archivos y bases de datos. En este caso, la entidad demandada emitió dos reportes contradictorios al historial de cotizaciones de la accionante: la de folios 10 a 15 –que aceptó al contestar la demanda- en la que incorporó anotaciones en algunos ciclos de «su empleador presenta deuda por no pago», para después, emitir otro - folios 73 a 76 - en el que suprimió dichas novedades sin justificación, y lo que es peor, sin rebatir el contenido de la primera, muy a pesar de que el juez de primer grado le dio la oportunidad de brindar explicaciones convincentes […] Por lo indicado, el fallador de segundo grado también incurrió en el yerro jurídico, pues desconoció la obligación de la demandada de custodiar, conservar y guardar la información de las cotizaciones de sus afiliados, en razón de lo cual tiene el deber de organizar y sistematizar correctamente esos datos, así como dar un trato riguroso a sus archivos, por lo que no es posible que emita un reporte Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 32 y, posteriormente, expida otra historia laboral con información distinta de la inicialmente certificada, sin dar explicaciones razonables y debidamente sustentadas de tal actuar.

En ese orden, quedan en evidencia los errores del Tribunal, por lo que los cargos analizados prosperan y, por ende, se casará la decisión impugnada. Sin costas en sede extraordinaria, dada la prosperidad del recurso. En sede de instancia, debido a lo hallado por la Corte, para mejor proveer, se dispone: 1) Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, para que, en el término de 15 días, presente ante esta corporación lo siguiente: i) Reporte de semanas cotizadas actualizada, con el detalle mensual de cada uno de los aportes realizados por la afiliada. ii) Certificación sobre las razones por las cuales inicialmente se registró en las historias laborales mora de los empleadores CI Uniroca S. A. y la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), y posteriormente fue eliminada tal información. iii) Constancia sobre las razones por las que primero Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 33 certificó 30 días cotizados en julio de 1999 por la empleadora Gloria Velásquez y, luego, 0 cotizaciones por la mencionada persona natural. iv) Certificación en donde informe las causas de que inicialmente en la historia laboral expedida hizo constar 15 días cotizados en abril de 2002 y 10 en junio de 2003 respecto del empleador Dotaexpertos Ltda. y, posteriormente, registra solo 1,14 y 0,43, respectivamente, por tales meses. v) Certificación de si ha reconocido pensión de vejez a la promotora del proceso. vi) Remitir los soportes pertinentes que sustenten su contestación. Recibida la respuesta, la Secretaría dará traslado a las partes por el término legal de tres (3) días, vencido el cual pasará al despacho para emitir la sentencia de instancia que corresponda.

XIV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 29 de octubre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BETTY LUCÍA Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 34 MASSON LÓPEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

Sin costas en el recurso extraordinario. En sede de instancia, y para mejor proveer, se dispone por intermedio de la Secretaría de esta Sala: 1) Requerir a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), para que, en el término de 15 días presente ante esta corporación lo siguiente: i) Reporte de semanas cotizadas actualizada, con el detalle mensual de cada uno de los aportes realizados por la afiliada. ii) Certificación sobre las razones por las cuales inicialmente se registró en las historias laborales mora de los empleadores CI Uniroca S. A. y la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), y posteriormente fue eliminada tal información. iii) Constancia sobre las razones por las que primero certificó 30 días cotizados en julio de 1999 por la empleadora Gloria Velásquez y, luego, registra en los reportes 0 cotizaciones por la mencionada persona natural. iv) Certificación en donde informe las causas de que inicialmente en la historia laboral expedida hizo Radicación n.° 94154 SCLAJPT-10 V.00 35 constar 15 días cotizados en abril de 2002 y 10 en junio de 2003 respecto del empleador Dotaexpertos Ltda. y, posteriormente, solo 1,14 y 0,43, respectivamente, por tales meses. v) Certificación de si ha reconocido pensión de vejez a la promotora del proceso. vi) Remitir los soportes pertinentes que sustenten su contestación. Recibida la información, la Secretaría dará traslado a las partes por el término legal de tres (3) días, vencido el cual pasará al despacho para emitir la sentencia de instancia que corresponda.

Notifíquese, publíquese y cúmplase. Firmado electrónicamente por: MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN MARIRRAQUEL RODELO NAVARRO Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 9A5E64B84C95418B13A02BAB5B2C431F2DA45F591165A57E8AE2974DF3692FCB Documento generado en 2024-10-01