SL2667-2021 — Corte Suprema

SL2667-2021Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2021

Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena

Ley 1563 de 2012

De qué trata

Tema: LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » SUSTENTACIÓN - Las pocas o escasas motivaciones del laudo no necesariamente habilitan su anulación, ni su devolución a tribunal Tesis: «En puridad de verdad, no son pocas las ocasiones en las que la Corporación se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas (sentencia de anulación CSJ SL. del 21 de ago. 2003, rad. 22214), como tampoco que se constituye en un motivo de devolución. Esta Sala, en sentencias CSJ SL17551-2016 y CSJ SL6476-2017, rememoró que bastan los razonamientos breves en las decisiones arbitrales sin que ello signifique que el laudo esté desprovisto de motivación, dado que, al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto. En la misma dirección, la Corte ha adoctrinado que las motivaciones sucintas, sobrias o sencillas se entienden cubiertas por una presunción de sustento en la equidad y que el hecho de que la argumentación no sea lo suficientemente prolija o se reduzca genéricamente a los principios de equidad, no constituye causa para anular el laudo arbitral. (sentencias CSJ SL, 12 jun. 2001, rad. 16545; CSJ SL, 5 ago. 2004, rad. 24443; CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 48406; CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118; CSJ SL3258-2019; entre otras). […] Acontece, empero, que la Corte no comparte los argumentos expuestos por la censura en cuanto a que el Tribunal no motivó su decisión. Nótese que el cuerpo colegiado, antes de centrar su estudio en cada uno de los artículos del pliego de peticiones, que aquí se controvierten, asentó que tuvo en cuenta la documental aportada, lo planteado en audiencia con las partes, y en especial la situación económica de la Institución, al igual que la del sector de la salud, el costo de vida de los años 2017, 2018 y 2019. Entonces, salta a la vista que el cuerpo arbitral efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados. […] Por lo mismo, no resultan admisibles las afirmaciones relacionadas con que no existía una motivación válida para fijar las prebendas acá controvertidas, pues los árbitros, como se asentó, fundamentaron mínimamente tales determinaciones en la equidad y en las condiciones particulares del caso». LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » DECISIÓN EN EQUIDAD - Los árbitros cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para investigar el origen, causa y naturaleza del conflicto y, pueden valerse de varias posibilidades, medidas, reglas y alternativas, al decidir, teniendo en cuenta raciocinios ecuánimes que satisfagan las expectativas de las partes Tesis: «Aunado a ello, la Corporación ha sostenido que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que, se repite, se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (sentencia CSJ SL3258-2019). […] En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en “la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos…Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento”, por lo que se descarta, lo que el recurrente aduce como una ilegítima inequidad». LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL - Procede la devolución del laudo al tribunal de arbitramento cuando tiene competencia para pronunciarse respecto de los puntos sobre los cuales dejó de adoptar resolución de fondo -fusión del sindicato - Tesis: « [...] Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare “que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria”; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017). Por ende, se rechaza la solicitud de devolución al tribunal de arbitramento, de las cláusulas atacadas. [...] Como se puede observar en últimas lo que pretende la organización sindical es que se protejan los efectos de una fusión de sindicatos, aspecto que, como se dijo en la sentencia CSJ SL3693-2020, no se encuentra previsto en la ley, ya que aun cuando es cierto que dichas asociaciones pueden fusionarse por así permitirlo nuestro ordenamiento jurídico, en nada se opone que los árbitros puedan resolver el tema que atañe con la suerte de los derechos y beneficios consagrados en la convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, pactada a favor del sindicato fusionante y los trabajadores, en las mismas condiciones de vigencia, términos y garantías consagradas sin alteración alguna. En dicho acto jurisdiccional, la Sala destacó que, si bien es cierto en oportunidades anteriores se venía sosteniendo, que “[…] los efectos producidos por la fusión, absorción, escisión o cualquiera otra modalidad que afecte la modificación de la personería jurídica de entes como las agremiaciones sindicales en expresión del ejercicio del derecho de asociación son tema cuya definición importa a la ley, por ende, extraño al ámbito de competencia de los árbitros de los tribunales de arbitramento […]”, tal postura fue recogida en la sentencia CSJ SL3491 - 2019 y reiterada en la CSJ SL3116-2020, en la que se precisó, que los árbitros no pueden negar su competencia para decidir respecto de ciertos puntos del pliego de peticiones por el simple hecho de que estén contenidos en la ley, pues precisamente la finalidad de la negociación colectiva es superar esos contenidos legales mínimos. De ahí que allí se indicó, que asuntos como la fusión y disolución de un sindicato y la cesión de los derechos convencionales a una nueva organización, no es un aspecto reglado legalmente, a la vez que refleja un conflicto de intereses que deben solucionar los árbitros. Así las cosas, como la petición contenida en el artículo 9o del pliego, va más allá de lo que al efecto prevé la Ley, ante la eventualidad de una fusión del sindicato, tal aspiración sí es de competencia de los árbitros, según el juicio en equidad que les corresponde hacer». LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » COMPETENCIA DEL TRIBUNAL » CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRESTACIONES O BENEFICIOS EXTRALEGALES - Los árbitros están facultados para la creación de prestaciones con las que se busca solventar situaciones no cobijadas por la legislación laboral -la fusión del sindicato no es un aspecto reglado legalmente, a la vez que refleja un conflicto de intereses que deben solucionar los árbitros- LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL - Es inviable la devolución al tribunal al no ser un elemento transformador de las relaciones laborales sino una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley -cuotas sindicales- Tesis: «Esta Corte, recientemente, en sentencia CSJ SL2615-2020, reiteró la CSJ SL3325-2018, en la que se dijo que la inclusión o no en un laudo arbitral de un pedimento como al de las cuotas sindicales, en realidad carece de un efecto práctico, toda vez que no es un elemento transformador de las relaciones laborales sino una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley. Lo anterior, sin desconocer lo dispuesto en el numeral 7o del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, en cuanto a que toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, por lo que dichos estatutos contendrán, por lo menos, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. De manera que, no hay méritos para su devolución. Por último, debe decirse que, en relación a los artículos 3, 8 y 12, el recurrente no sustenta su descontento, por ende, no le es dable a la Corte abordar su estudio». PROCEDIMIENTO LABORAL » PROVIDENCIAS JUDICIALES » ADICIÓN Y ACLARACIÓN - La solicitud de adición, aclaración o complementación del laudo arbitral, debe ser formulada ante el propio tribunal de arbitramento, antes de la ejecutoria de éste, pues en sede de anulación no es factible que la corte aclare o corrija el laudo Tesis: «Según se dijo en la sentencia CSJ SL583-2021, cuando se considera que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve la totalidad del petitorio, debe acudirse a la figura de la aclaración, adición o complementación del Laudo, como lo permite el Código General del Proceso para las sentencias, en sus artículos 285 y 287 aplicables al procedimiento laboral por la integración señalada en el art. 145 de CPTSS, para que el mismo organismo que lo produjo, proceda remediar tales inconsistencias, pues en materia de anulación la competencia de la Corte, como se ha explicado varias veces, es restringida y no contempla esa atribución (CSJ SL891-2017 y CSJ SL11983-2017). Nótese que la organización recurrente se duele de que el tribunal guardó total mutismo o soslayó estudiar la petición denominada Guardería y, siendo ello así, el laudo arbitral impugnado es un ejemplo de aquellos en donde los árbitros omitieron pronunciarse sobre algún punto del pliego de peticiones, lo que a las claras constituye una decisión citra o infra petita. Ante esa circunstancia, se itera, el recurrente, apoyado en el remedio procesal establecido en el artículo 286 del Código General del Proceso, debió solicitar la adición del laudo arbitral a la misma Corporación que lo profirió. El precepto instrumental, dispone “Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad […]” En la misma dirección la Corte, en sentencia CSJ SL4827-2020, enseñó que: Sobre el beneficio de educación para hijos del trabajador y pensionado, y que como bien lo resalta el sindicato, el Tribunal de arbitramento no hizo ningún pronunciamiento a ese respecto, debe destacar la Sala, que si bien es cierto se pretermitió por parte de los árbitros resolver sobre ese punto, a pesar de haberse peticionado en el pliego, dicha circunstancia no conlleva a que deba devolverse el laudo para que se provea sobre el mismo, en tanto que para esos efectos, se contaba con el instrumento procesal adecuado, cuando quiera que “se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, como era el de solicitar la adición o complementación del laudo arbitral, dentro del término legalmente previsto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable al campo laboral en virtud del principio de la integración normativa de que trata el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S. Precisamente, la Sala al referirse al punto relacionado con el citado remedio procesal, destacó que la solicitud de adición, aclaración o complementación del Laudo arbitral, debe ser formulada ante el propio Tribunal de arbitramento, antes de la ejecutoria de éste, pues en sede de anulación no es factible que la corte aclare o corrija el laudo, y menos aún, se destaca en esta oportunidad, devolverlo como lo solicita el recurrente, para esos efectos, cuando las partes no activaron el remedio procesal que en derecho corresponde. Para el efecto, pueden consultarse las sentencias de esta Corporación CSJ SL 3539-2020 - CSJ SL 15499-2015. En consecuencia, la devolución del laudo es viable cuando los árbitros declaran su falta de competencia o se inhiben de adoptar una decisión de fondo a pesar de estar facultados para ello, pero no respecto de puntos que omitió resolver el Tribunal, en tanto se reitera, en tales eventualidades debe acudirse al remedio procesal de la solicitud de adición o complementación del Laudo. En tal sentido, se negará la solicitud de devolución del sindicato» LABORAL COLECTIVO » CONFLICTOS COLECTIVOS » ARBITRAMENTO » LAUDO ARBITRAL » DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL - Procede cuando la solicitud de devolución versa sobre una cuestión de competencia y su argumentación está encaminada a demostrarle a la Corte que el Tribunal omitió pronunciarse sobre un punto para el cual tenía plenas facultades CONSIDERACIONES I: En puridad de verdad, no son pocas las ocasiones en las que la Corporación se ha pronunciado sobre la motivación de los laudos para concluir que si bien las decisiones de los tribunales de arbitramento deben ser lo más explícitas y claras que sea posible para brindar a las partes un punto de apoyo para controvertirlas, el que así no suceda, no conlleva a que la Corte pueda anularlas (sentencia de anulación CSJ SL. del 21 de ago. 2003, rad. 22214), como tampoco que se constituye en un motivo de devolución. Esta Sala, en sentencias CSJ SL17551-2016 y CSJ SL6476-2017, rememoró que bastan los razonamientos breves en las decisiones arbitrales sin que ello signifique que el laudo esté desprovisto de motivación, dado que, al tratarse precisamente de una providencia en equidad, su fundamentación es distinta a la que se requiere para las sentencias que resuelven conflictos jurídicos. En efecto, mientras que en estas se exige una argumentación estrictamente jurídica, fáctica y probatoria, el laudo en equidad se estructura a partir del sentido común, las reglas de la persuasión racional, la apreciación objetiva de los hechos probados, las posiciones de las partes y la naturaleza del conflicto. En la misma dirección, la Corte ha adoctrinado que las motivaciones sucintas, sobrias o sencillas se entienden cubiertas por una presunción de sustento en la equidad y que el hecho de que la argumentación no sea lo suficientemente prolija o se reduzca genéricamente a los principios de equidad, no constituye causa para anular el laudo arbitral. (sentencias CSJ SL, 12 jun. 2001, rad. 16545; CSJ SL, 5 ago. 2004, rad. 24443; CSJ SL, 23 nov. 2010, rad. 48406; CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 53118; CSJ SL3258-2019; entre otras). Aunado a ello, la Corporación ha sostenido que el propósito del recurso de anulación no es el de revisar la medida de justicia adoptada por los árbitros, para dirimir definitivamente el conflicto colectivo, ejerciendo un juicio de legalidad sobre las decisiones o sobre sus fundamentos, que, se repite, se construyen sobre raciocinios íntimos, fundados en la equidad y respaldados por las condiciones particulares de cada caso. Por lo mismo, no es posible acometer una revisión jurídica de la motivación, para decir que es ilegal, engañosa, contraevidente, ambigua y abstracta o que estuvo afectada por una falta de apreciación o errónea estimación de pruebas, salvo lo que concierne a la manifiesta inequidad de la decisión, la afectación de derechos y garantías fundamentales de las partes o la superación de las competencias del Tribunal (sentencia CSJ SL3258-2019). Acontece, empero, que la Corte no comparte los argumentos expuestos por la censura en cuanto a que el Tribunal no motivó su decisión. Nótese que el cuerpo colegiado, antes de centrar su estudio en cada uno de los artículos del pliego de peticiones, que aquí se controvierten, asentó que tuvo en cuenta la documental aportada, lo planteado en audiencia con las partes, y en especial la situación económica de la Institución, al igual que la del sector de la salud, el costo de vida de los años 2017, 2018 y 2019. Entonces, salta a la vista que el cuerpo arbitral efectivamente sí explicó en el laudo las razones concretas que dieron origen a sus decisiones, y ello patentiza que no existe razón alguna para que proceda la devolución de los preceptos denunciados, en los términos solicitados. Por otra parte, y tal como se explicó en la sentencia citada, CSJ SL 3258-2019, cuando el recurrente cuestiona la sustentación de la decisión como «falsa motivación», lo que hace es propiciar una revisión jurídica de la misma y del análisis de las pruebas, con lo que, en últimas, se propone desvirtuar la medida de justicia construida por los árbitros, cuestión que, como ya se dijo, es ajena a los propósitos del recurso de anulación, pues la motivación de las decisiones de los árbitros no debe ser jurídicamente calificada. Por lo mismo, no resultan admisibles las afirmaciones relacionadas con que no existía una motivación válida para fijar las prebendas acá controvertidas, pues los árbitros, como se asentó, fundamentaron mínimamente tales determinaciones en la equidad y en las condiciones particulares del caso. En el contexto trazado, observa la Corte que los árbitros en su decisión efectivamente se avinieron al criterio de equidad, explicado en las sentencias CSJ SL12121-2017 y CSJ SL9317-2016, consistente en «la adaptación de la idea de justicia a los hechos, en consideración a las circunstancias individuales, teniendo en cuenta las ideas generales o bien moldeándolas de conformidad con los elementos concretos…Este segundo concepto es el que se ha calificado por algunos doctrinantes como la justicia del caso concreto, porque permite adaptar los principios abstractos contenidos en las normas, a las peculiaridades del supuesto de hecho, para de este modo ‘acomodar la ley especial a los diversos negocios que se presenten’. Como simple sentimiento o conciencia de lo justo, la equidad escapa de las formulaciones de los jueces de derecho, estando reservada la solución de los conflictos que con ella toquen a los jueces llamados de equidad (porque fallan en conciencia), como son los tribunales de arbitramento», por lo que se descarta, lo que el recurrente aduce como una ilegítima inequidad. Pero hay más. Únicamente resulta procedente devolver el expediente a los árbitros cuando se hallare «que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria»; pero si el tribunal de arbitramento resolvió negar u otorgar peticiones del pliego, en el supuesto de que su decisión deba ser anulada, por manifiesta inequidad, haber extralimitado el objeto para el cual se le convocó o por afectar derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, por las leyes o por normas convencionales vigentes, no le es dado a la Corte devolver el expediente para que se pronuncie nuevamente (CSJ SL4879-2017). Por ende, se rechaza la solicitud de devolución al tribunal de arbitramento, de las cláusulas atacadas. Peticiones negadas por carecer de competencia Cesión de derechos Pliego de peticiones de peticiones ARTÍCULO 9. CESIÓN DE DERECHOS: Si el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Ortopedia infantil Roosevelt “SINTRAIROOS", se fusiona con otro sindicato la Convención Colectiva continuará vigente y pasará a ser titular de ésta el sindicato resultante de la fusión Los trabajadores (as) amparados con fuero sindical, al momento de presentarse la fusión y que no hagan parte de los cargos directivos del nuevo sindicato conservarán la garantía del fuero sindical por el tiempo que les resta de mandato, y seis (6) meses más Laudo arbitral Artículo 9° del pliego: Cesión de derecho: El Tribunal de Arbitramento carece de competencia, porque hay disposiciones legales sobre la materia y al tribunal no le es dado desconocer y modificar las mismas. Argumentos del recurrente Dice que el legislador, ha dejado de regular qué ocurre con los derechos convencionales en caso de fusión de sindicatos, en este caso el que presentó el pliego de peticiones, luego el tribunal tiene competencia. Añade que debe observarse que, en el presente caso, lo «solicitado es fijar unas condiciones relativas a la protección del derecho subjetivo al fuero sindical en una circunstancia no expresada en la ley asegurando una garantía de permanencia de la misma y aumentando la protección mínima que ella señala para otros casos efectivamente regulados, junto a una medida protectora de los derechos económicos en caso de fusión de sindicatos». Oposición Arguye que, con relación a la cesión de derechos, «se pone de presente que este es un tema del ámbito del legislador, por ende, los árbitros nos están facultados para imponer la obligación a las partes sobre esa materia ni alterar sus efectos.» CONSIDERACIONES II: Como se puede observar en últimas lo que pretende la organización sindical es que se protejan los efectos de una fusión de sindicatos, aspecto que, como se dijo en la sentencia CSJ SL3693-2020, no se encuentra previsto en la ley, ya que aun cuando es cierto que dichas asociaciones pueden fusionarse por así permitirlo nuestro ordenamiento jurídico, en nada se opone que los árbitros puedan resolver el tema que atañe con la suerte de los derechos y beneficios consagrados en la convención colectiva de trabajo o laudo arbitral, pactada a favor del sindicato fusionante y los trabajadores, en las mismas condiciones de vigencia, términos y garantías consagradas sin alteración alguna. En dicho acto jurisdiccional, la Sala destacó que, si bien es cierto en oportunidades anteriores se venía sosteniendo, que «[…] los efectos producidos por la fusión, absorción, escisión o cualquiera otra modalidad que afecte la modificación de la personería jurídica de entes como las agremiaciones sindicales en expresión del ejercicio del derecho de asociación son tema cuya definición importa a la ley, por ende, extraño al ámbito de competencia de los árbitros de los tribunales de arbitramento […]», tal postura fue recogida en la sentencia CSJ SL3491 – 2019 y reiterada en la CSJ SL3116-2020, en la que se precisó, que los árbitros no pueden negar su competencia para decidir respecto de ciertos puntos del pliego de peticiones por el simple hecho de que estén contenidos en la ley, pues precisamente la finalidad de la negociación colectiva es superar esos contenidos legales mínimos. De ahí que allí se indicó, que asuntos como la fusión y disolución de un sindicato y la cesión de los derechos convencionales a una nueva organización, no es un aspecto reglado legalmente, a la vez que refleja un conflicto de intereses que deben solucionar los árbitros. Así las cosas, como la petición contenida en el artículo 9o del pliego, va más allá de lo que al efecto prevé la Ley, ante la eventualidad de una fusión del sindicato, tal aspiración sí es de competencia de los árbitros, según el juicio en equidad que les corresponde hacer. Por lo visto, se devolverá el expediente a los árbitros para que resuelvan lo que corresponda sobre esta petición. Descuento convencional Pliego de peticiones ARTÍCULO 11. DESCUENTO CONVENCIONAL EL INSTITUTO a partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo de acuerdo a la normativa vigente, efectuará el descuento correspondiente a todos aquellos trabajadores que se beneficien de la presente convención cuyo valor será depositado a favor de la organización sindical SINTRAIROOS a más tardar 5 días a partir de la fecha de recibido el beneficio de la convención Laudo arbitral Artículo 11° del pliego: Descuento convencional: El Tribunal de Arbitramento no es competente porque no tiene facultad para modificar la ley y porque corresponde de forma autónoma a la organización sindical estipularlo en sus estatutos y asambleas. Argumentos del recurrente Sostiene que mientras que la «ley ha establecido en el artículo 39 del Decreto 2351 de 1565, subrogado por el artículo 68 de la «Ley 50 de 1990 una contribución a quien se beneficia de lo logrado por un sindicato en el libre ejercicio de la negociación colectiva, en idénticos términos en que lo hacen quienes forman parte de la organización sindical, cuando el sindicato es mayoritario, nada dice sobre que [sic] ocurre con el mismo derecho si el sindicato es minoritario y el empleador extiende los beneficios convencionales total o parcialmente». Aduce que «en el presente caso, no es cierto que el Tribunal carezca de competencia para pronunciarse, pues la situación precisa del pliego, es la segunda atrás descrita, es decir, que el sindicato es minoritario, y nada está dicho sobre el pago de las cuotas de los no sindicalizados que por alguna razón resulten siendo beneficiarios del laudo». Oposición Explica que igual «que lo manifestado en el artículo precedente, encontramos que lo relativo al descuento sindical también se encuentra regulado de manera expresa en el artículo 400 del CST y regulado en el artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1072 de 2015. Además, si lo que pretende la Organización es establecer reglas especiales para el recaudo de la cuota sindical, es su deber regular esto en sus estatutos como bien lo manifestó el Tribunal. Lo anterior se fundamenta en el artículo 362 del CST en donde en su numeral 7° se establece de manera clara que uno de los aspectos fundamentales que deberán contener los estatutos es “Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago” Resulta claro entonces que la falta de competencia del Tribunal en razón a que los descuentos sindicales y su periodicidad cuenta con regulación especial en el ordenamiento jurídico». CONSIDERACIONES III: Esta Corte, recientemente, en sentencia CSJ SL2615-2020, reiteró la CSJ SL3325-2018, en la que se dijo que la inclusión o no en un laudo arbitral de un pedimento como al de las cuotas sindicales, en realidad carece de un efecto práctico, toda vez que no es un elemento transformador de las relaciones laborales sino una simple repetición vacua de lo que ya está en la Constitución y ley. Lo anterior, sin desconocer lo dispuesto en el numeral 7o del artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, en cuanto a que toda organización sindical tiene el derecho de realizar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos, por lo que dichos estatutos contendrán, por lo menos, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago. De manera que, no hay méritos para su devolución. Por último, debe decirse que, en relación a los artículos 3, 8 y 12, el recurrente no sustenta su descontento, por ende, no le es dable a la Corte abordar su estudio. Omisión de pronunciamiento -Guardería Pliego de peticiones ARTÍCULO 24: GUARDERÍA: EL INSTITUTO A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, adecuará un sitio como guardería con logística de infraestructura para la estancia de los hijos de los trabajadores y trabajadoras menor de a 3 años, el horario se determinará acorde a la jornada laboral Argumentos del recurrente Acota que en este acápite se solicita «la devolución al Tribunal para que se pronuncie sobre el artículo 24, por cuanto los árbitros decidieron de facto y sin razón alguna, pronunciarse sobre aquel, cuyo alcance resulta muy importante para los afiliados a la organización sindical». Oposición No hubo réplica al respecto. CONSIDERACIONES IV: Según se dijo en la sentencia CSJ SL583-2021, cuando se considera que un laudo arbitral es oscuro, incompleto, o no resuelve la totalidad del petitorio, debe acudirse a la figura de la aclaración, adición o complementación del Laudo, como lo permite el Código General del Proceso para las sentencias, en sus artículos 285 y 287 aplicables al procedimiento laboral por la integración señalada en el art. 145 de CPTSS, para que el mismo organismo que lo produjo, proceda remediar tales inconsistencias, pues en materia de anulación la competencia de la Corte, como se ha explicado varias veces, es restringida y no contempla esa atribución (CSJ SL891-2017 y CSJ SL11983-2017). Nótese que la organización recurrente se duele de que el tribunal guardó total mutismo o soslayó estudiar la petición denominada Guardería y, siendo ello así, el laudo arbitral impugnado es un ejemplo de aquellos en donde los árbitros omitieron pronunciarse sobre algún punto del pliego de peticiones, lo que a las claras constituye una decisión citra o infra petita. Ante esa circunstancia, se itera, el recurrente, apoyado en el remedio procesal establecido en el artículo 286 del Código General del Proceso, debió solicitar la adición del laudo arbitral a la misma Corporación que lo profirió. El precepto instrumental, dispone «Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad […]». En la misma dirección la Corte, en sentencia CSJ SL4827-2020, enseñó que: Sobre el beneficio de educación para hijos del trabajador y pensionado, y que como bien lo resalta el sindicato, el Tribunal de arbitramento no hizo ningún pronunciamiento a ese respecto, debe destacar la Sala, que si bien es cierto se pretermitió por parte de los árbitros resolver sobre ese punto, a pesar de haberse peticionado en el pliego, dicha circunstancia no conlleva a que deba devolverse el laudo para que se provea sobre el mismo, en tanto que para esos efectos, se contaba con el instrumento procesal adecuado, cuando quiera que “se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento”, como era el de solicitar la adición o complementación del laudo arbitral, dentro del término legalmente previsto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Código General del Proceso, aplicable al campo laboral en virtud del principio de la integración normativa de que trata el artículo 145 del C.P.L. y de la S.S. Precisamente, la Sala al referirse al punto relacionado con el citado remedio procesal, destacó que la solicitud de adición, aclaración o complementación del Laudo arbitral, debe ser formulada ante el propio Tribunal de arbitramento, antes de la ejecutoria de éste, pues en sede de anulación no es factible que la corte aclare o corrija el laudo, y menos aún, se destaca en esta oportunidad, devolverlo como lo solicita el recurrente, para esos efectos, cuando las partes no activaron el remedio procesal que en derecho corresponde. Para el efecto, pueden consultarse las sentencias de esta Corporación CSJ SL 3539-2020 – CSJ SL 15499-2015. En consecuencia, la devolución del laudo es viable cuando los árbitros declaran su falta de competencia o se inhiben de adoptar una decisión de fondo a pesar de estar facultados para ello, pero no respecto de puntos que omitió resolver el Tribunal, en tanto se reitera, en tales eventualidades debe acudirse al remedio procesal de la solicitud de adición o complementación del Laudo. En tal sentido, se negará la solicitud de devolución del sindicato. Sin costas, porque, aunque hubo réplica, prosperó el recurso parcialmente.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Sindicato: Sindicato de Trabajadores del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt – Sintrairoos Empresa: Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt Radicación: 88615 Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, disiento de la mayoría de los componentes de la sentencia, dado que, a mi juicio, la manifiesta inequidad no es una causal de anulación y, por consiguiente, ha debido rechazarse el recurso respecto a la solicitud de anulación de las cláusulas atientes a la bonificación especial de recreación, vacaciones, aporte convencional y bono de navidad.

Para contextualizar, debo manifestar que el 21 de enero de 2021, llevé un proyecto de sentencia de anulación, en el cual propuse abandonar la jurisprudencia sentada en las sentencias CSJ SL, 23 nov. 1988, rad. 3041; CSJ SL, 14 nov. 1995, rad. 8324; CSJ SL, 6 oct. 1997, rad. 10263; CSJ SL, 26 feb. 2004, rad. 23265; SL14391-2015, SL1076-2017, entre otras, que consideran la manifiesta inequidad como una causal autónoma de anulación. Este nuevo criterio lo maduré luego de una reflexión que me llevó a convencerme de que este motivo de anulación simplemente no existe en el sistema normativo laboral ni puede establecerse mediante creación jurisprudencial.

Por este motivo, y siendo coherente con la postura que defendí en esa sesión, expreso que Radicación n.° 88615 2 salvo voto en todas las consideraciones relativas a la manifiesta inequidad expuestas al analizar los artículos 17 -bonificación especial de recreación-, 18 –vacaciones-, 21 -aporte convencional- y 25 -bono de navidad-. En todos estos títulos la Corte realizó un juicio de equidad, con el objetivo de constatar si las cláusulas violaban este principio y, por tanto, si había lugar a anularlas.

Los argumentos que en su momento expuse al discutir el proceso con radicación 87386 y a los cuales me remito para fundamentar este salvamento de voto, son los siguientes: - El recurso de anulación es de aquellos denominados extraordinarios, cuya característica principal reside en que solo puede fundarse en las causales específicamente autorizadas por el legislador, que constituyen un numerus clausus o lista taxativa.

En consecuencia, los jueces no pueden crear nuevas causales de procedencia de los recursos extraordinarios, pues ello lesiona el principio de legalidad del Estado social y democrático de derecho. La legislación sustancial laboral y procesal solo consagra dos causales de anulación, relacionadas con aspectos competenciales. La primera la establece el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual el laudo «no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por las normas convencionales vigentes».

La segunda se encuentra en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual el laudo es anulable cuando el tribunal se extralimite en el objeto para el cual fue convocado. Solo existen estas dos causales de anulación en el derecho laboral positivo; ninguna más. Lo anterior, sin dejar de lado la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros no decidan todos los Radicación n.° 88615 3 puntos para los cuales fueron convocados (art. 143 CST).

Por consiguiente, la causal «inequidad manifiesta» no fue concebida en el estatuto sustancial o procesal laboral, de manera que no puede alegarse como un motivo de anulación. - Lo anterior desde el punto de vista de los fines del instituto arbitral y el recurso de anulación tiene pleno sentido. En efecto, el arbitramento está diseñado para tramitarse en una sola instancia, de manera que el laudo arbitral pone de manera definitiva fin al conflicto (SL1983- 2020).

No obstante, de manera extraordinaria y excepcional, el legislador prevé un recurso de anulación, el cual no está pensado para provocar una revisión del fondo del asunto, sino para controlar a posteriori el procedimiento arbitral, particularmente la competencia de los árbitros. Desde este punto de vista, la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para abordar el fondo del asunto, al margen de las valoraciones de mayor o menor justicia del laudo e incluso de la irritación que pueda generar determinadas cláusulas, pues el recurso extraordinario de anulación solo procede para controvertir excesos o desviaciones de los árbitros, como cuando se extralimitan en el objeto para el cual fueron convocados o invaden derechos reconocidos por la Constitución, la ley y la convención colectiva a las partes.

De manera que la Corte al resolver el recurso de anulación, ocupa el lugar de un observador externo que identifica si el laudo se expidió regularmente, esto es constata si la decisión estuvo circunscrita a los desacuerdos de los interlocutores durante la etapa de arreglo directo y no invadió el terreno de los derechos reconocidos a las partes en normas de orden público.

No puede en consecuencia la Sala hacer juicios de valor sobre la equidad o inequidad de una cláusula o evaluar la corrección de los Radicación n.° 88615 4 fundamentos, criterios, motivaciones y apreciaciones de los árbitros, para imponer su propia visión del conflicto. Lo anterior es así no solo para el arbitraje laboral, sino para el arbitraje que resuelve asuntos civiles, comerciales o contenciosos con entidades públicas.

La Ley 1563 de 2012, bajo la lógica que caracteriza al arbitraje en general, enlistó en su artículo 41 las causales de anulación, las que hacen referencia a cuestiones procedimentales; y en su artículo 42 dejó en claro que la autoridad judicial encargada de resolverlo «no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo».

La jurisprudencia del Consejo de Estado es copiosa en ese sentido. Por ejemplo, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 19 de junio de 2019, radicado número 11001- 03-26-000-2018-00109-00(61809), sostuvo: En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado se ha referido al carácter excepcional, extraordinario y restrictivo del recurso de anulación contra un laudo arbitral.

Lo anterior, bajo el entendido de que este recurso no puede, bajo circunstancia alguna, convertirse en la vía de entrada para el estudio del caso en una segunda instancia. La finalidad esencial del recurso de anulación consiste en la protección del derecho al debido proceso en cabeza de las partes, por lo cual el juez está instituido para analizar los vicios procedimentales (errores in procedendo) del laudo, mas no la decisión de fondo (errores in iudicando) del mismo.

De hecho, según el inciso final del artículo 42 del Estatuto Arbitral, relativo al trámite del recurso de anulación, la autoridad competente para conocer de este recurso no está facultada para pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni para calificar o modificar “los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

Es oportuno destacar que en el derecho comparado, en países tales como España, Argentina, Perú, Uruguay, Italia y Radicación n.° 88615 5 Francia, no existe una causal de anulación idéntica o semejante a la inequidad manifiesta que habilite el estudio de fondo de la controversia arbitral. De hecho, podría decirse que en el derecho comparado no se tiene noticia de un precedente similar que permita a través del recurso de anulación escarbar el fondo del asunto.

Estas referencias exógenas a la regulación del arbitraje laboral son útiles para mostrar una premisa lógica aplicable al instituto del arbitraje en general: los laudos arbitrales están pensados para que tengan carácter definitivo y el recurso de anulación se erige en una garantía de justicia procedimental, es decir, la garantía de que si se sigue rigurosamente el procedimiento la decisión independientemente de su resultado será en principio justa.

O si se quiere, la observancia de los procedimientos debe llevar a las partes a aceptar la decisión arbitral. De allí que lo relevante para la anulación sea el cumplimiento de las formalidades, o en términos del artículo 143 del Código Procesal del Trabajo, «la regularidad del laudo». Ya el Tribunal Supremo del Trabajo, en sentencia del 7 de diciembre de 1951, en el marco del entonces recurso de homologación, había definido que: La función del Tribunal Supremo en presencia de un lado proferido por un Tribunal de Arbitramento obligatorio es, primordialmente, la de examinar su regularidad, y deberá declararlo exequible, confiriéndolo la fuerza de sentencia, si no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó. En caso contrario lo anulará. Y como de conformidad con el art. 458 del Código Sustantivo del Trabajo el fallo no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes, para su homologación debe atenderse también a este aspecto; por lo que al advertirse una violación de esa naturaleza procede igualmente declarar su inexequibilidad. – La inclusión de la causal inequidad manifiesta en el ámbito del recurso de anulación, también genera unos problemas Radicación n.° 88615 6 constitucionales que tocan con el derecho a la igualdad procesal, que bien vale la pena subrayar.

En efecto, las normas que regulan el recurso de anulación no prevén la posibilidad de devolver el expediente cuando los árbitros niegan una petición del pliego. Por consiguiente, de ocurrir una inequidad protuberante al momento de negar una pretensión del pliego, los sindicatos no pueden acudir ante la Corte para que estudie si esta circunstancia se presentó y ordene la devolución del expediente a los árbitros para que reexaminen el punto.

En cambio, si una decisión del laudo adolece de este defecto sustancial, los empleadores sí pueden pedir su anulación. Esto quiere decir que la aceptación jurisprudencial de la causal de anulación denominada inequidad manifiesta genera unas desigualdades en el proceso arbitral, lo que pone en clara desventaja a las organizaciones sindicales, pues mientras las empresas sí pueden alegarla, los sindicatos no. Esto genera inconvenientes desde el punto de vista del derecho a la igualdad real en el proceso arbitral, en detrimento de lo dispuesto en la cláusula 13 de la Constitución Política en armonía con el artículo 4.° del Código General del Proceso.

Finalmente, no puede olvidarse que el Derecho Colectivo del Trabajo es un ordenamiento dinámico, flexible y adaptable a las circunstancias, que prevé la posibilidad de que los interlocutores sociales puedan a través del diálogo social, vía negociación colectiva, revisar las cláusulas de la convención colectiva -a la cual se asimila el laudo- que puedan llegar a ser particularmente onerosas, lo que significa que ante vicisitudes difíciles, el diálogo social sigue siendo la herramienta idónea y apropiada para sortear las complejidades derivadas de la interpretación o aplicación de las normas colectivas.

Radicación n.° 88615 7 Teniendo en cuenta estas razones, reitero mi decisión de salvar el voto respecto del análisis que realizó la Corte de los artículos antes mencionados. En los anteriores términos salvo mi voto de manera parcial. Fecha ut supra. ACLARACIÓN PARCIAL DE VOTO Recurrente: Sindicato de Trabajadores del Instituto Infantil Roosevelt- SINTRAIROOS Opositor: Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt Radicación: 88615 Magistrado ponente: Fernando Castillo Cadena Pese a que en la respectiva sesión en la que se discutió el asunto anuncié que aclaraba parcialmente el voto en este asunto, al revisar el texto definitivo de la providencia estimo que no es necesario.

Fecha ut supra. Magistrado