Notas al pie · 1

1. 017.Asevera que el Tribunal acertó en su decisión. Recuerda que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo otorga a los SCLAJPT-10 V.00 II Radicación n.° 95357 jueces la libre formación del convencimiento, de modo que el desafuero fáctico debe ser protuberante para que proceda el quiebre de la sentencia gravada. Reproduce pasajes de la providencia CSJ SL13989-2016. IX. CONSIDERACIONES El Tribunal respaldó la declaratoria de cosa juzgada, porque el proceso actual coincidía en partes, objeto y causa, con el adelantado tiempo atrás ante esta jurisdicción en busca del reintegro o la indemnización por despido sin justa causa y la pensión sanción, con sustento en que el desahucio no se cimentó en alguno de los motivos previstos en la ley. Consideró que, pese a que no obraba el texto de la transacción a la que habrían llegado las partes, mediante auto proferido luego de la reconstrucción del expediente anterior se declaró que el actor desistió de dicho trámite, de suerte que renunció a las pretensiones con los efectos de cosa juzgada anotados, como si «el resultado del litigio hubiera sido absolutorio», en los términos del artículo 342 del, entonces, Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, acotó que, dada la incertidumbre de la justeza del despido, por tratarse de un asunto sometido a debate judicial, mal podía considerarse que el derecho a la pensión sanción fuera cierto e indiscutible para el momento en que habría sido objeto de transacción. De ahí que «si era dable transar el derecho a la pensión sanción». SCLAJPT-10 V.00 12 19 Radicación n.° 95357 En lo fundamental, la censura aduce que la posibilidad de acreditar la excepción de cosa juzgada necesariamente pasa por el aporte de la transacción celebrada en su oportunidad, así como de la providencia judicial que la habría estudiado y aprobado, junto con el desistimiento que le siguió. Aduce que esa carga probatoria estaba en cabeza del demandado y el Tribunal no la verificó, sino que le bastó la lectura del auto que puso fin al trámite de reconstrucción del expediente del proceso anterior. Queda claro, entonces, que pese a la senda por la cual se orienta el segundo cargo, la disquisición traída a sede extraordinaria es realmente de tipo jurídico y busca que la Corte resuelva si, como condición para considerar acreditada y abrir paso a la excepción de cosa juzgada, el Tribunal estaba obligado a verificar el contenido del contrato de transacción celebrado entre las partes, así como el de la providencia que la habría aprobado y puesto fin al proceso anterior. Importa acotar que, tradicionalmente, la jurisprudencia del trabajo ha adoctrinado que quien cuestione la prosperidad de la excepción de cosa juzgada, debe enderezar sus embates por la senda indirecta de violación de la ley (CSJ SL5232-2018, CSJ AL2628-2020 y CSJ SL17072-2014). Sin embargo, contrario a lo que piensa la réplica, ello no constituye una regla absoluta. Bien puede acontecer que el recurrente no advierta fallas o vacíos en el contexto fáctico diseñado por el fallador de segundo grado, sino en el SCLAJPT-10 V.00 13 Radicación n.° 95357 entendimiento de las disposiciones adjetivas que gobiernan esa institución, con incidencia sobre el derecho sustancial debatido; así ocurre en el caso bajo estudio, por manera que no hay obstáculos para emprender el control de legalidad reclamado. Se halla fuera de controversia que el actor fue despedido el 13 de octubre de 1983 y en febrero de 1984 instauró proceso ordinario laboral contra Fabricato S.A., en busca de su reintegro o, en su defecto, de la indemnización por despido sin justa causa y la pensión sanción. También que, para reconstruir el expediente contentivo de dicho trámite, debido a que se perdió, el juez de conocimiento tuvo a la vista copia de la demanda y del memorial que habría sido suscrito por los apoderados de las partes, en el que manifestaron «desistir del proceso por haber llegado a un acuerdo transaccional»; enseguida, esa autoridad judicial declaró «que el proceso en mención culminó por desistimiento elevado por la parte actora». En estricto rigor, el contexto fáctico descrito corresponde objetivamente al que percibió el Tribunal. Y, fue con la vista puesta en ese escenario, que dicho operador de justicia concluyó que el acto procesal de desistimiento resultaba suficiente para prohijar la declaratoria de cosa juzgada proveniente del a quo. Es decir, desestimó la necesidad de analizar el acuerdo entre las partes, que habría motivado aquella actuación y se concentró en que, al abrigo de esta última, se generaban los efectos de la cosa juzgada. SCLAJPT-10 V.00 14 Radicación n.° 95357 De esta suerte, en el propósito de solucionar la disquisición traída a sede extraordinaria, deviene necesario preguntarse si, en perspectiva de la referida excepción, era dable jurídicamente que el colegiado de instancia omitiera el acuerdo transaccional, señalado expresamente por las partes como factor determinante del desistimiento del que fuera objeto el proceso anterior. Para la Sala, el Tribunal se equivocó al pretender desligar el desistimiento procesal del acuerdo transaccional que las mismas partes exhibieron como origen de su actuación, pues no le estaba dado enarbolar las consecuencias de lo primero, con independencia de lo segundo. Es así, porque no hay discusión de que la manifestación de desistir de aquel trámite judicial, encontró venero en que las partes celebraron una transacción, con miras a resolver las diferencias que originaron dicho litigio; por ello, a la postre, lo que motivó el desistimiento fue el acuerdo al que habían llegado, sobre los puntos en conflicto. Siendo ello así, se imponía al Tribunal tener en cuenta que, cuando el desistimiento de una acción judicial se funda en una transacción, es imperativo verificar si la real intención de las partes estuvo dirigida a dar por terminado el proceso por vía de la aprobación del acuerdo, que no a obtener la aceptación simple y aislada del desistimiento, pues no siempre el efecto jurídico que este acto procesal acarrea, coincide con el interés de alguna de las partes (CSJ AL2534- 2020 y CSJ AL1761-2020). Como lo ha enseriado la Sala, si bien el desistimiento y la transacción no son figuras SCLAJPT-10 V.00 15 Radicación n.° 95357 dependientes en todos los eventos, es «en cada caso y conforme a la redacción del respectivo acuerdo» que podrá optarse por aceptar la transacción o el simple desistimiento del trámite (CSJ AL, 26 jul. 2011, rad, 49792). Desde luego, la Sala no ignora que las actuaciones en comento se surtieron en un proceso anterior. Empero, en manera alguna el colegiado de instancia podía quedarse con languideces, vacíos o limitaciones que ambientaron las decisiones judiciales adoptadas en esa oportunidad, porque las inferencias allí expresadas no lo obligaban al momento de desarrollar su propio ejercicio, en función de decidir sobre la excepción de cosa juzgada. A lo sumo, las providencias que tuvo a la vista le informaron sobre lo resuelto en el proceso anterior, pero no lo relevaban de formar su propia convicción sobre los hechos controvertidos (CSJ SL557-2013). Con mayor razón, advierte la Sala, si entraban en juego las consecuencias que la declaratoria cuestionada produciría sobre la expectativa pensional del demandante. De ahí, la necesidad de verificar rigurosamente la triple identidad de sujetos, objeto y causa entre uno y otro proceso, pues llegar a la cosa juzgada a partir de inferencias vagas o generalidades, conlleva desconocimiento del carácter tuitivo o protector del derecho del trabajo, y transgrede los artículos 53 de la Constitución Política y 14, 15 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros. Entonces, sin tener a la vista el acuerdo al que habrían llegado las partes para terminar el anterior proceso, al SCLAJPT-10 V.00 16 si Radicación n.° 95357 juzgador le resultaba imposible discernir el alcance de la voluntad de aquellas, a fin de dilucidar si comprendió el derecho en discusión. En sentencia CSJ SL645-2013, se discurrió: Desde el umbral se impone a la Corte Suprema de Justicia rememorar y reiterar lo asentado, en línea de doctrina, en sentencia del 20 de junio de 2012, radicación 48.043, proferida precisamente contra la misma entidad financiera hoy demandada, en cuanto a que el derecho a la pensión de jubilación, es una de las prestaciones de mayor importancia en el campo del derecho del trabajo y de la seguridad social y no sólo por su incidencia económica, sino también por tratarse de un derecho eventualmente vitalicio y además sustituible. En ese horizonte, se exhibe necesario y riguroso que en los eventos en que un trabajador opte por conciliar "la expectativa" pensional que tuviere, así deberá decirse claramente en el cuerpo mismo del acta, de donde fluye que no es válido pretender incluir vocablos generales en el acuerdo que verse sobre tal punto, debiendo, entonces, tenerse que el convenio suscrito en tal sentido debe ser expreso, valga decir, que no genere duda sobre la intención de los comparecientes. Justamente, en providencia del 10 de noviembre de 1995, radicación 7695, traída a colación en las del 22 de septiembre de 1998, radicación 10805 y 19 de octubre de 2005, radicación 26266, la Corte, enserió: Conviene ante todo precisar que si bien un trabajador puede conciliar su expectativa de pensión jubilatoria que le reconocería directamente su empleadora, cuando no se ha consolidado al momento de la diligencia un derecho cierto en su favor, esa voluntad de ambas partes debe quedar plasmada de manera inequívoca en el texto del acuerdo conciliatorio, de suerte que no es dable inferirla de expresiones genéricas, vagas o imprecisas, en las que no se evidencie de manera meridiana que fue esa y no otra la verdadera intención de los conciliantes. Y además debe el funcionario que apruebe dicho arreglo amigable prestar especial atención a los convenios de esa clase para prevenir que con ellos se lesionen derechos indiscutibles de los trabajadores ". En providencia CSJ SL1639-2022, esta Corporación fijó parámetros para la valoración de los acuerdos conciliatorios en SCLAPT-10 V.00 17 Radicación n.° 95357 camino de declarar la cosa juzgada. Sus reflexiones, que pueden resultar aplicables a pactos de similar alcance, como la transacción, apuntan a la necesidad de que en esa clase de acuerdos queden expresamente enunciados, de manera individualizada y pormenorizada, los derechos y acreencias objeto de disposición, con el fin de dimensionar su verdadero alcance y no comprometer derechos fundamentales del trabajador. Evidentemente, la verificación de esas condiciones y parámetros se hace imposible para el juzgador que decide ignorar la existencia del acuerdo sobre el que cimienta la excepción de cosa juzgada, tal cual acaeció en el caso bajo estudio. Mucho menos, podía conformarse con una providencia que omitió un verdadero pronunciamiento acerca de las circunstancias que motivaron el desistimiento del proceso anterior, en la medida en que ignoró que, en materia de cosa juzgada, «solo con la decisión definitoria del litigio puede considerarse que sobre las circunstancias de hecho alegadas en ambos casos, se pronunció la jurisdicción y sobre dicho pronunciamiento puede fundarse la excepción» (CSJ SL7991-2014, reiterada en la CSJ SL4325-2022). Ahora bien; aunque el colegiado de instancia pretendió apoyarse en un pronunciamiento que estimó de similares contornos y seguido contra la misma demandada, CSJ SL, 14 feb. 2001, rad. 15171, se impone precisar que las circunstancias visualizadas en esa oportunidad solo daban cuenta del desistimiento puro y simple presentado por el trabajador, sin rastro del contrato de transacción presente SCLAPT-10 V.00 18 5 2 Radicación n.° 95357 en este caso y que, se insiste, permitía una consideración distinta. Llegado a este punto, importa dejar claro que no se trata de que el Tribunal hubiera dado por demostrado un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Es decir, el desacierto del juez colegiado no guarda relación con una hipotética solemnidad de la prueba, como se expone en el segundo de los cargos estudiados. Lo que ocurre es que, como lo plantea la censura en el resto de su disertación, al encontrarse ante un desistimiento de un proceso anterior motivado en la transacción a la que habrían llegado las partes, se tornaba imprescindible verificar el contenido de este acuerdo para proveer sobre la excepción de cosa juzgada, porque era la única manera de dimensionar su contenido y alcance, para así dispensar efectos desestimatorios a las pretensiones del actor. Dicho de otro modo, la posibilidad de declarar la cosa juzgada pasaba, imperativamente, por entender el contexto en que se negociaron los intereses de las partes para llegar al desistimiento de las pretensiones, de suerte que, en este caso, el marco jurídico que gobierna esa actuación procesal no podía leerse al margen del que rige la transacción y la cosa juzgada, como lo hizo equivocadamente el Tribunal. Como quiera que no está en discusión que el acuerdo de marras no fue aportado al proceso, se imponía colegir que tal deficiencia documental obraba en perjuicio del demandado, en tanto la excepción de cosa juzgada quedaba sin sustento. SCLAJPT-10 V.00 19 Radicación n.° 95357 Importa recordar que la regla que informa la carga de la prueba no puede ser vista desde el prisma exclusivo del demandante, «en el sentido [de] que es su deber y solo de él, colmar el proceso con todas las pruebas necesarias para la reconstrucción de los hechos, sino que, también debe verse desde el ángulo del demandado quien a su vez tiene el deber correlativo de sustentar probatoriamente las razones sobre las que edifica su defensa» (CSJ SL9303-2015). Los dislates expuestos tienen una inobjetable relevancia en la resolución del litigio, dado que lo que se imponía, entonces, era corroborar si el despido acreditado en el proceso estuvo precedido de una justa causa. Y, en perjuicio del demandado, se habría inferido que, más allá de la carta de terminación del contrato de trabajo, aquel no aportó medios de convicción que respaldaran sólida y fehacientemente las conductas endilgadas al trabajador como motivo del desahucio. A propósito de ello, importa memorar que, de acuerdo con el criterio actual de esta Corporación, el solo hecho de haber organizado y/o participado en una huelga ilegal no es causa suficiente de despido: [...] es necesario un examen de la conducta del trabajador con el propósito de constatar si durante la misma incurrió en actos indebidos, extralimitaciones o desviaciones no protegidas por el orden jurídico, como podrían ser los actos delictivos, violencia física, sabotaje, destrucción de archivos y documentos, develación de información confidencial, acciones prohibidas que ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas, entre otras conductas que deberán sopesarse según su gravedad. (CSJ SL1947-2021) SCLAJPT-10 V.00 20 G 3 Radicación n.° 95357 Por lo expuesto, la acusación prospera y se casará la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó la declaratoria de la excepción de cosa juzgada y, en consecuencia, ratificó la decisión absolutoria de primer grado. Previo a proferir decisión de instancia, se dispondrá que por Secretaría de la Sala se requiera al demandado para que, dentro de los 10 días siguientes al requerimiento, aporte certificación de los valores devengados por el trabajador durante el último ario de servicio, por todo concepto. Sin costas. X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 15 de junio de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que instauró ORLANDO DE JESÚS ZULUAGA RAMÍREZ contra FABRICATO S.A., en cuanto confirmó la decisión absolutoria de primer grado. Para mejor proveer, ordena que por Secretaría de la Sala se requiera al demandado para que, dentro de los10 días siguientes al requerimiento, aporte certificación de los valores devengados por el trabajador durante el último año de servicios, por todo concepto. SCLA.1PT-10 V.00 21 Radicación n.° 95357 Satisfecho lo anterior y surtidos los traslados de rigor, regrese el trámite al despacho de conocimiento, para proferir la decisión que corresponda. Sin costas. Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase. DONALD JOSÉ DIX PONNE JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Ausente con excusa SCLAPT-10 V.00 22