SCLAJPT-10 V.00 JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ Magistrado ponente SL208-2026 Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 Acta 04 Bogotá D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026) La Corte decide el recurso de casación que OSCAR DAZA interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali profirió el 30 de septiembre de 2024, en el proceso ordinario laboral que el recurrente instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
I.
ANTECEDENTES Oscar Daza promovió demanda laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el propósito de que se le reconociera y pagara la pensión de vejez a partir del 15 de octubre de 2014, fecha en que cumplió 60 años, junto con el retroactivo pensional, así como el pago de los intereses moratorios, las costas procesales y lo Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 2 que resultara probado bajo las facultades ultra y extra petita.
Finalmente, pidió que se condenara al empleador que no reportó su ingreso o vínculo laboral al Régimen de Prima Media (RPM) para que realice y pague el cálculo actuarial correspondiente (f.os 10 a 45 del c. de primera instancia). Como sustento fáctico de sus pretensiones, expuso que nació el 15 de octubre de 1954 que, el 28 de mayo de 2014, presentó una solicitud a Colpensiones para corregir su historia laboral, específicamente en relación con las semanas cotizadas con el empleador Hacienda Miraflores Ltda. entre enero de 1970 y marzo de 1984.
Señaló que, el 17 de septiembre de 2014, solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez. Sin embargo, la accionada, a través de la Resolución No. GNR 48235 de 2015, le negó la prestación, argumentando que no cumplía con el requisito mínimo de semanas cotizadas; que presentó un recurso de reposición, pero la entidad, mediante la Resolución GNR 172424 de 2015, confirmó la decisión; que posteriormente, Colpensiones emitió la Resolución No. SUB- 163289 del 30 de julio de 2020, en la que reiteró que, aunque el actor cumplía con la edad requerida, no acreditaba las 1,300 semanas de cotización mínimas, ya que solo tenía 1,250 a esa fecha (fos 9 al 25 del c. de primera instancia).
Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. Admitió las fechas de las solicitudes pensionales y las resoluciones mediante las cuales negó el derecho. Sostuvo que el demandante no era beneficiario del régimen Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 3 de transición, pues al 1 de abril de 1994 no contaba con 40 años de edad ni con 15 años de servicios cotizados.
Adicionalmente, adujo que no existía prueba fehaciente de la relación laboral con la Hacienda Miraflores LTDA para los periodos reclamados y, en consecuencia, el actor no acreditaba las 1300 semanas de cotización requeridas por la Ley 797 de 2003. En su defensa, formuló las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido; falta de legitimación en la causa por pasiva; prescripción y buena fe (fos 187 al 201 del c. de primera instancia).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 1 de diciembre de 2022, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, (f.os 259 a 271 del c. de primera instancia), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por Colpensiones.
SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, a corregir la Historia Laboral del Señor OSCAR DAZA incluyendo los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 1970 al 31 de diciembre de 1978, del 1 de enero de 1979 al 15 de abril de 1979 al 15 de abril de 1979, 30 días de febrero de 1984, 30 días de junio y 10 días de diciembre de 1995, contabilizando un total de 2.004,43.
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, a reconocer y pagar PENSION (sic) DE VEJEZ al señor OSCAR DAZA, a partir del 1 de septiembre de 2019, en cuantía de $844.402, con los incrementos legales y mesada adicional -13 mesadas. Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 4 CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, a reconocer y pagar al demandante OSCAR DAZA, la suma de $47.404.290, por concepto de retroactivo de la pensión de vejez, causado en el periodo 1 de septiembre de 2019 al 30 de mayo de 2023.
La mesada pensional que deber· continuar pagando COLPENSIONES a partir del 01 de junio 2023 asciende a la suma de 1 SMLMV.
QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, a indexar mes a mes las mesadas reconocidas al señor OSCAR DAZA hasta la ejecutoria del fallo, y a partir de esa fecha se empezarán a causar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, hasta que se haga efectivo el pago de las mesadas adeudadas.
SEXTO: AUTORIZAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES para que del valor correspondiente al retroactivo pensional descuente el equivalente a los aportes en salud.
SEPTIMO. CONDENAR a la demandada en costas. Por secretaria inclúyase en la liquidación de costas como agencias en derecho el 4% del valor de la condena.
OCTAVO. Si no fuere apelada esta providencia, CONSULTESE con el Superior. (sic). III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación formulado por el demandante y Colpensiones, así como el grado de consulta en favor de esta última, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, absolvió a la accionada de todas las pretensiones incoadas en su contra (f.os 17 al 27 del c. de segunda instancia).
Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 5 En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal planteó como problema jurídico determinar si el demandante cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, teniendo en cuenta el tiempo que se probara que trabajó con la Hacienda Miraflores Ltda., y en caso afirmativo, estudiaría la procedencia del retroactivo pensional, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y la prescripción. En primer lugar, el Tribunal puso de presente la sentencia CSJ SL16086-2015, que establece que cuando un empleador particular omite la afiliación o el pago de cotizaciones antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, debe trasladar al fondo de pensiones que elija el trabajador el cálculo actuarial correspondiente, mediante un título o bono pensional, y el fondo a su vez debería tener en cuenta dichos aportes.
Adicionalmente, se apoyó en la jurisprudencia de esta corte para aplicar el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, en cuanto establece que la consecuencia de la omisión o la afiliación tardía es el pago del capital correspondiente al tiempo que se dejó de cotizar, necesario para financiar la pensión de vejez, tal como se precisa en las sentencias CSJ SL16715-2014 y SL14388-2015.
Señaló que, si bien el actor presentó documentos que acreditaban su vínculo laboral con la Hacienda Miraflores Ltda. desde el 1 de enero de 1970 hasta el 30 de julio de Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 6 1994, y una carta de terminación de contrato con fecha del 31 de diciembre de 1995, no se podía pasar por alto que la empresa se encontraba disuelta y en «causal de liquidación», según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal, y por esta razón, la empresa no podía ser parte del proceso.
Explicó que, a pesar de que la jurisprudencia ha indicado que la administradora de pensiones debe asumir el pago de la pensión si no realiza las acciones necesarias para recaudar los aportes en mora, determinó que en el caso de actor no aplicaba tal análisis. Si bien el demandante aportó una certificación laboral, no hay constancia de afiliación al sistema pensional anterior a la fecha reconocida por Colpensiones, esto es el 19 de septiembre de 1988.
Por lo tanto, no se le podía atribuir la responsabilidad a esta entidad, ya que, al no existir una afiliación previa, no tenía conocimiento de la relación laboral ni de la posible mora del empleador para iniciar acciones de cobro. En cuanto al régimen de transición, el Tribunal precisó que el demandante nació el 15 de octubre de 1954, por lo que, al 1 de abril de 1994, tenía 39 años y 386 semanas de cotización, razón por la cual no cumplía con los requisitos para ser beneficiario de dicho régimen.
Por este motivo, el Tribunal estudió pensión de vejez bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, sin embargo, concluyó que el demandante tampoco cumplía con Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 7 los requisitos establecidos por la norma, pues a pesar de haber realizado la reclamación administrativa durante la vigencia de esta ley, y aunque el señor Daza alcanzó los 62 años el 15 de octubre de 2016, solo acreditó 1,289 semanas de cotización a lo largo de toda su vida laboral, actualizadas hasta su última cotización el 30 de septiembre de 2019, por lo que, en definitiva, no cumplió con los requisitos para obtener la prestación solicitada.
IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Mediante la formulación de un único cargo, que mereció replica, pretende que la Corte case el fallo gravado, para que, en sede de instancia, revoque el proferido por el a quo y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inicial.
VI. CARGO ÚNICO Denuncia violación indirecta, por aplicación indebida de del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 12 y 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, 13, 42 у 48 de la Constitución, este último con las reglas establecidas en el acto legislativo 01 de 2005. Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 8 Enlista los siguientes errores manifiestos de hecho: a. Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante no cuenta con las semanas suficientes para acceder al derecho a la pensión por vejez en aplicación del régimen de transición [ ] siendo que dentro del referido está a folios de contestación de la demandada reporte de semanas a nombre del señor OSCAR DAZA, emitida por la demandada notificando que el demandante acredita 1498 semanas, con fecha 13 de mayo del 2021. b) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante perdió el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley de 1993 por no cumplir con la densidad de 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005.
Siendo que mi poderdante es beneficiario del régimen de transición, que consagra el art 36 de la ley 100de 1993, por que cumple uno de los dos requisitos previstos en dicha norma, ya que acredito (15) años o más cotizados y aportados a la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social e integral, que expresa" sin consideración a la edad a esa vigencia del sistema general de seguridad social e integral, "la edad para pensionarse será la establecida en el régimen anterior", al cual se encuentre afiliado", ósea el decreto 758 de 1990, ósea la edad para acceder a la pensión de vejez mi poderdante, es los (60) años y el número de semanas cotizadas seria de 1.000 semanas y el monto de la pensión de vejez debe ser de conformidad a dicho decreto, 758 DE 1990. c) Según el parágrafo transitorio 4° del artículo 48 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 1 del 2005, el régimen de transición pensional para las personas señaladas en él se extiende hasta el 31 de diciembre del 2014. d) ADEMÁS, COMO "LA NORMA NO INDICA UN MES, DÍA DEL 2014 QUE LIMITE EL BENEFICIO, SU APLICACIÓN SE PUEDE HACER EFECTIVA HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE ESTE AÑO" AGREGÓ EL CONSEJO DE ESTADO. e) Dar por demostrado sin estarlo, que el demandante no cuenta con la densidad de semanas para acceder a la pensión de vejez, en virtud de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990., (sic) siendo que, en vigencia del régimen de seguridad social primero de abril de 1991, acreditaba 1498 semanas. f) No dar por demostrado, estándolo, que la historia laboral del demandante está conformada, además por los tiempos patronal Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 9 HACIENDA MIRAFLORESLTDA, (en link del cuadenero (sic) del juzgado, reporta un total de 1.498 semanas.) laborados, lo cual permite alcanzar la densidad de las semanas exigidas por el DECRETO 758 DE 1990 у Acto Legislativo 01 de 2005 para conservar el régimen de régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley de 1993 por el cual se permite acceder a la prestación con la densidad de semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990, la cual fue aportada por la demandada, el 13 de mayo del 2021.
No dar por demostrado, estándolo, que el demandante conservó el régimen de transición. Mi poderdante es beneficiario del régimen de transición, que consagra el art 36 de la ley 100de 1993, por que cumple uno de los dos requisitos previstos en dicha norma, ya que mi poderdante acreditaba más de (15) años más cotizados y aportados a la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social e integral, que expresa" (sic) sin consideración a la edad a esa vigencia del sistema general de seguridad social e integral, "la edad para pensionarse será la establecida en el régimen anterior", al cual se encuentre afiliado", ósea el decreto 758 de 1990, osea (sic) la edad para acceder a la pensión de vejez mi poderdante, es los (60) años y el número de semanas cotizadas seria de 1.000 semanas y el monto de la pensión de vejez debe ser de conformidad a dicho decreto, al cumplimiento de los sesenta (60) años. g) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al haber conservado el régimen de transición tiene derecho a la pensión de vejez conforme a los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990.
De otro lado, señala que el Tribunal cometió errores al no tener en cuentas siguientes pruebas: a) Documentó denominado reporte de semanas cotizadas, con fecha 13 de mayo del 2021 (link del cuaderno del juzgado), notifica 1.498 semanas. Documento allegado como, por el apoderado judicial del demandado, el 13 de mayo del 2021. Al haber dejado de apreciar la anterior prueba calificada, el Tribunal incurrió en una indebida apreciación de las siguientes pruebas: b.Documento denominado Resolución GNR-48235 del 25 de febrero de 2015 (folio 27 al 28 cuaderno 01 Expediente Físico Digitalizado), por la cual COLPENSIONES negó pensión de vejez al señor OSCAR DAZA.
Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 10 b) Documento denominado Resolución SUB 163289 del 30 DE JULIO DE 2020 (folio 46 al 52 cuaderno 01 Expediente Físico Digitalizado) por la cual COLPENSIONES negó pensión de vejez al señor OSCAR DAZA. c) Documento denominado Historia laboral del demandante, de fecha 01 de octubre del 2024 expedida por Colpensiones, aportado cuaderno tribunal (link del cuaderno del tribunal) d) Historia laboral aportada con fecha 13 de mayo del 2021 (link del cuaderno del juzgado), figura 1.498 semanas, el día 24 de mayo del 2021, en la contestación de la demanda, Al haber dejado de apreciar la documental arriba citada y al haber realizado una indebida apreciación a las resoluciones y las (sic) historia laboral de fecha 13 de mayo del 2021, mencionada.
En el desarrollo del cargo, argumenta que el Tribunal negó su derecho a la pensión de vejez al no considerarlo beneficiario del régimen de transición, a pesar de que la valoración de los documentos fue incorrecta, pues al revisar los documentos, el colegiado concluyó erróneamente que solo acreditó 386 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de sus 60 años, es decir, entre el 1 de enero de 1985 y el 1 de enero de 2005; y que, en el otro escenario analizado, concluyó que tampoco superaba el requisito de 1.000 semanas cotizadas al 31 de julio de 2010, ya que solo había acreditado «1.155 semanas».
La parta actora afirma que, si las pruebas se hubieran valorado correctamente y de forma conjunta, el Tribunal habría concluido que es beneficiario del régimen de transición, dado que acredita más de 15 años cotizados antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social. Además, se puede concluir que el demandante cumple Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 11 con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Finalmente, el recurrente alega que el Tribunal no valoró un documento clave: el reporte de semanas del 13 de mayo de 2021, y que, si lo hubiera hecho, habría llegado a una conclusión opuesta. Esta omisión, según el recurrente, demuestra que el Tribunal aplicó su facultad de libre apreciación de manera indebida, sin seguir las reglas de la sana crítica, toda vez que el reporte habría revelado que tenía un mayor número de semanas cotizadas.
VII. RÉPLICA La parte opositora presenta objeción frente al cargo propuesto. En primer lugar, argumenta que, al ser un recurso técnico y rogado, correspondía a la censura advertir su actuación como tribunal de casación y luego como juez de apelación, ya que la petición del recurrente es ilógica. De otro lado, advierte que la demostración busca a acreditar la existencia del régimen de transición a favor del demandante.
En este sentido, señala que el Tribunal no violó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que el actor no logró demostrar su derecho al régimen de transición. Por lo tanto, no se podían aplicar los artículos 12 y 13 del Decreto 758 de 1990. Esto se debe a que no cumplía ni con la edad ni con los 15 años de trabajo que exige la norma. Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 12 Finalmente, solicita que no se acceda a la impugnación y que se condene en costas a la parte recurrente.
VIII.CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión de revocar el reconocimiento a la pensión de vejez del accionante, por considerar que este no había conservado el régimen de transición del art. 36 de la Ley 100 de 1993 con la vigencia del AL 01 de 2005, puesto que «nació el 15 de octubre de 1954, lo que quiere decir que tenía 39 años al 1° de abril de 1994 y a dicha data cuenta con 386 semanas» (f.os 17 al 30 del c. de segunda instancia).
El reproche se centró en señalar que el Tribunal se equivocó en la valoración de la historia laboral del demandante, puesto que dejó de ver que él sí tenía 15 años de servicio o su equivalente en semanas de cotización al 1 de abril de 1994, por lo que sí había causado el derecho a la pensión de vejez para el «15 de octubre de 2014», con fundamento en el Decreto 758 de 1990, mediante el cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990, ya que tenía la edad de 60 años y 1.498 semanas cotizadas.
En otras palabras, lo que la censura está discutiendo en el único cargo es la suma total de las semanas cotizadas que, contrario a lo resuelto por el juez colegiado, la historia laboral sí había logrado demostrar que el accionante reunió 750 semanas de cotización, presupuesto que le permitiría acceder a los beneficios del régimen de transición pensional.
Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 13 En orden con lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en los errores de hecho manifiestos que le endilga la crítica, al concluir que el accionante, no era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El ataque se dirige por la vía indirecta, lo que impone al recurrente la carga de demostrar que la valoración probatoria del ad quem fue ostensiblemente equivocada, al punto de contradecir la realidad que emerge de las pruebas calificadas, se estructura en la acusación como un yerro fáctico, el hecho de que el Tribunal no apreció la historia laboral del 13 de mayo de 2021, que, a su juicio, demuestra el cumplimiento de los requisitos. «Documentó denominado reporte de semanas cotizadas, con fecha 13 de mayo del 2021 (link del cuaderno del juzgado), notifica 1.498 semanas», (f.os 1 al 10 del c. de primera instancia).
En este contexto, el recurso extraordinario de casación cuando se erige por la vía de ataque seleccionada, exige que el recurrente no solo identifique errores fácticos, sino que también los controvierta de manera acertada y completa. Como lo ha adoctrinado esta Corporación entre otras en la sentencia SL4316-2022 así: Ha dicho la Corte que cuando la acusación se enderece formalmente por la vía indirecta, le corresponde al censor cumplir los siguientes requisitos elementales: precisar los errores fácticos, que deben ser evidentes; mencionar cuáles elementos de convicción no fueron apreciados por el juzgador y en cuáles cometió errónea estimación, demostrando en qué consistió ésta última; explicar cómo la falta o la defectuosa valoración probatoria, lo condujo a los desatinos que tienen esa Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 14 calidad y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita.
Dicho en otras palabras, cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los errores y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas.
En respuesta a la acusación de la parte actora, la Sala considera que esta resulta fundada, toda vez que la verificación del cómputo de las semanas de cotización con corte a 1° de abril de 1994, arroja la cantidad de 752,68 según los siguientes datos que son tomados de los f.os 1 al 10 del c. de primera instancia, correspondiente al cuadro resumen de las semanas cotizadas por el empleador, actualizado a 13 de mayo de 2021, a saber: El cálculo de la Corte arroja: Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 15 Aquí, advierte la Sala que, para realizar la anterior agregación, se tomaron los datos consignados hasta «columna [5], computando semanas del 16/04/1979 a 01/04/1994», como se aprecia en el cuadro donde quedó resaltado.
Cometido que revela diáfanamente los errores de hecho denunciados por el recurrente. Así las cosas, la sentencia absolutoria del Tribunal, que se fundamentó en la insuficiencia de semanas, ha quedado sin sustento en virtud de la manifiesta y errada valoración probatoria que realizó el ad quem. Debido a que no efectuó un análisis pormenorizado de la historia laboral, la cual demostraba fehacientemente que el actor acumulaba para esa calenda un total de 752,68 semanas, siendo beneficiario del régimen de transición. En efecto, el Tribunal incurrió en un yerro fáctico protuberante al no haber valorado en debida forma el reporte de semanas cotizadas visible en el expediente.
Omitió realizar el indispensable ejercicio de depuración y cálculo de los periodos laborados para determinar con exactitud la densidad de cotizaciones a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, al 1° de abril de 1994, de haberlo Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 16 hecho, habría advertido que el demandante cumplió con los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que posee más de 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, presupuesto que por sí solo le hacía beneficiario del régimen de transición. Así las cosas, el cargo prospera, de suerte que se casará la sentencia fustigada.
Sin costas en el recurso extraordinario de casación. IX. SENTENCIA DE INSTANCIA Habiéndose casado la sentencia del Tribunal, la Corte, actuando como tribunal de instancia, procede a dictar la que en derecho corresponda. Para ello, se consideran los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia de primer grado y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada, el a quo había condenado a Colpensiones a reconocer la pensión a partir del 1 de septiembre de 2019.
La parte actora apeló, solicitando que la fecha de causación fuera el 15 de octubre de 2014 y que se concedieran los intereses moratorios. Por su parte, Colpensiones apeló insistiendo en que no se cumplían los requisitos pensionales. Ahora, durante el trámite del recurso extraordinario ante esta Corporación, la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito del 30 de octubre de 2024, informó sobre un hecho sobreviniente.
Aportó el Acto Administrativo Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 17 SUB-377535 de la misma fecha, a través del cual la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), noticia en dicho acto: Que, respecto a la solicitud presentada por el peticionario, se indica que para el estudio de la Prestación se tendrá en cuenta un total de 10.520 días laborados, correspondientes a 1.502 semanas que fueron cotizadas al ISS o Colpensiones».
Adicionalmente, reconoció que el actor era beneficiario del régimen de transición y aplicó, por favorabilidad, el Decreto 758 de 1990, concediendo la prestación a partir del 17 de octubre de 2021, tras aplicar la prescripción trienal. Esta Corporación en sentencia CSJ SL1815-2023 ha adoctrinado que el juez laboral, debe atender las circunstancias sobrevinientes que permitan la consolidación del derecho, con el fin de que las decisiones judiciales no resulten ajenas a la realidad material así: [ ] nos encontramos ante un hecho sobreviniente que no podía ser desconocido por el juzgador de alzada, puesto que la prestación aquí deprecada tiene el carácter de un derecho mínimo e irrenunciable, conforme lo establece el artículo 48 de la C.N., y en esa medida, este debe hacerse prevalecer, debiendo tenerse en cuenta, que se trata de la misma pretensión contenida en la demanda inaugural, la pensión de vejez, la que si bien para cuando se presentó la acción no reunía los requisitos en cuanto a densidad de semanas, ello se surtió en el trámite del mismo.
En este orden, el reconocimiento unilateral por parte de la demandada instituiría una sustracción de materia, pues la pretensión principal del demandante ha sido satisfecha, sin embargo, la resolución SUB-377535 del 30 de octubre de 2024 reconoció el derecho pensional, solo a partir del 17 de octubre de 2021. A la par, la pretensión del actor es que el derecho se cause desde la fecha en que cumplió los requisitos, y que el retroactivo se pague desde ese momento.
Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 18 De las pruebas obrantes en el expediente y del propio acto administrativo de reconocimiento, se tiene que el señor Daza cumplió el requisito de edad, 60 años el 15 de octubre de 2014 (fo 47 al 48 del c. de primera instancia), y para esa fecha ya contaba con más de 1.000 semanas de cotización. Dejó de cotizar al sistema en septiembre de 2019.
Por lo tanto, el derecho a disfrutar de la pensión se hizo exigible a partir del momento en que cesó sus cotizaciones, esto es, el 1 de octubre de 2019, y no como lo dispuso la demandada en el acto en comento, tal y como se ilustró por esta corporación en la sentencia CSJ SL779-2022. La negativa inicial de Colpensiones y su posterior reconocimiento demuestran que la entidad incurrió en un error al no conceder la prestación cuando fue solicitada y se cumplían los requisitos.
Esta mora administrativa injustificada no puede perjudicar al afiliado. En cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esta sala ha sostenido de manera reiterada que su causación no tiene carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues proceden a fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.
No obstante, esta no es una regla absoluta, en tanto se han reconocido eventos en los cuales no procede condena por tal concepto, esto es, cuando la negativa está plenamente justificada, como por ejemplo ha ocurrido en los siguientes Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 19 casos (CSJ SL2414-2020): (i) cuando la administradora de pensiones niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto;
(ii) cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podría prever; o (iii) cuando la administradora niega la prestación pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios (CSJ SL787-2013, SL10504-2014, SL10637-2015 y SL1399- 2018). En el asunto que se analiza, la Corte advierte, que no se cumplen con los presupuestos de los argumentos antes referidos, por ende, el derecho a los citados intereses se cristalizó una vez vencido el plazo legal con que contaba la administradora para resolver la solicitud pensional.
En este caso, el disfrute de la pensión era exigible desde el 1 de octubre de 2019. Contando los cuatro (4) meses que la ley otorga para resolver, la mora se configuró a partir del 1 de febrero de 2020. Por lo tanto, los intereses moratorios deben liquidarse sobre las mesadas adeudadas desde esa fecha y hasta el 30 de octubre de 2024, día en que la entidad reconoció administrativamente la prestación. En cuanto a la excepción de prescripción, se observa que el demandante causó su derecho pensional el 1 de octubre de 2019, independiente de las solicitudes de reconocimiento previamente elevadas ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por lo que al presentarse la demanda el 29 de abril de 2021 (fo 1 al 4 del c. Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 20 de primera instancia) es diáfano concluir que no había trascurrido el termino trienal.
En consecuencia, se revocará los numerales segundo y tercero de la decisión de primera instancia, relacionada con la orden de corrección de la historia laboral y el reconocimiento de la pensión de vejez, para ajustarla a los parámetros aquí definidos. Así, se modificará los numerales cuarto y quinto de la decisión de primer grado, para en su lugar ordenar a Colpensiones adecuar la fecha de efectividad de la pensión y pagar el retroactivo pensional desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 17 de octubre de 2021, así como los intereses moratorios en los términos señalados.
Efectuadas las operaciones de rigor, teniendo como referente el acto administrativo antes reseñado, además con la colaboración de los actuarios adscritos a esta corporación, se obtiene que el retroactivo pensional a reconocer, corresponde a la suma de $23.385.184,20 de conformidad con la sumatoria de los siguientes cálculos, a la par de los intereses moratorios por importe de $23.262.372,12.
Como se refleja en el siguiente cuadro: DESDE HASTA PENSIÓN NÚMERO DE MESADAS VALOR MESADAS PENSIONALES DEL 1/10/2019 AL 16/10/2021 VALOR INTERESES MORATORIOS AL 30/10/2024, A PARTIR DEL 1/02/2020 SOBRE CADA UNA DE LAS MESADAS PENSIONALES 1/10/2019 31/12/2019 $ 828.116,00 4 $ 3.312.464,00 $ 3.906.376,34 1/01/2020 31/12/2020 $ 877.803,00 13 $ 11.411.439,00 $ 12.059.052,85 1/01/2021 16/10/2021 $ 908.526,00 9,53 $ 8.661.281,20 $ 7.296.942,93 TOTAL 23.385.184,20$ 23.262.372,12$ Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 21 Las demás excepciones propuestas por la demandada no están llamadas a prosperar, para lo cual sirve de fundamento lo dicho en precedencia. Las costas en primera instancia estarán a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
Por lo anterior, se confirmará en todo lo demás, específicamente, lo relativo a los descuentos por aportes al sistema de salud, las excepciones propuestas y las costas. X. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario laboral que OSCAR DAZA adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
En sede de instancia, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, el 1 de diciembre de 2022, en el proceso ordinario laboral promovido por OSCAR DAZA Radicación n.° 76001-31-05-011-2021-00152-01 SCLAJPT-10 V.00 22 contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2022 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, los cuales quedarán así:
CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES). a reconocer y pagar a favor de OSCAR DAZA, el retroactivo pensional generado desde el 1 de octubre de 2019 hasta 17 de octubre de 2021, el cual asciende a la suma de $23.385.184,20.
QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) a pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas pensionales causadas y no pagadas desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de octubre de 2024, que representa un valor total de $23.262.372,12.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás. Notifíquese, publíquese, cúmplase, y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Firmado electrónicamente por: VÍCTOR JULIO USME PEREA Presidente de la Sala JUAN CARLOS ESPELETA SÁNCHEZ LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ CLARA INÉS LÓPEZ DÁVILA OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 95092DF2D1CA631CF2CA44853544581FCF8CC96F2A0216599066747D920E8235 Documento generado en 2026-04-28