SL1805-2023 — Corte Suprema

SL1805-2023Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2023

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

Decreto 2025 de 2011Decreto 4558 de 2006Decreto 4588 de 2006Decreto 468 de 1990Ley 1233 de 2008Ley 1429 de 2010Ley 16 de 1969Ley 50 de 1990Ley 52 de 1952Ley 79 de 1988

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD » COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Ausencia de error de hecho del ad quem al declarar la inexistencia de la relación laboral entre las partes, pues ninguna de las pruebas acreditaba que efectivamente los accionantes prestaron personalmente su fuerza de trabajo al ingenio azucarero, pues el que apareciera determinado el objeto social y que las cooperativas contribuían su desarrollo, no conducía a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios Tesis: «En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, aluden inicialmente a las ofertas mercantiles y al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas ‹realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO, por lo que las mismas resultaron ser “meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación”, pues en su decir, las Cooperativas de Trabajo Asociado a las que pertenecieron, “no tenían independencia financiera ni administrativa brotando existió subordinación (sic) y que además fue el INGENIO quien las disolvió y liquidó”. De esta primera acusación, sustentada en los folios 31 y ss cuaderno 1, no encuentra la Sala elemento alguno que demuestre que efectivamente los accionantes desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la encartada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las cooperativas hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios. En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes (f.° 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1A), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas Progresar y Progresemos con la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el registro de asociados que debía entregar la cooperativa a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada a juicio a favor de las cooperativas para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos. Así, de ninguna de estas pruebas se colige, que efectivamente los accionantes hayan prestado su fuerza de trabajo al aludido Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos, podría colegirse que, las citadas cooperativas tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa, como lo detallaron los deponentes, y que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en la administración y liquidación del ente solidario, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron. En los documentos de folios 193, 194 y 265 V, se encuentra que la compañía llamada a juicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual “para pago de servicios del cabo de campo”, así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las CTAs y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del ingenio, pues en ellos se hace alusión particular a ese denominado “cabo de campo” de quien no se acreditó la prestación del servicio a favor del Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal. Acusan los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, concretamente los contenidos en los folios 207 y 208, 280 y 281 del cuaderno de las instancias, con apoyo en los cuales aseveran que se prueba, que el ingenio autorizó a la cooperativa, que utilizara el mismo medio de transporte que suministraba a sus trabajadores directos, así como que se comprometió a suministrar “cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable, canillera, machetes etc”, razonamientos que, como se ha dicho, no apuntan a dilucidar el vínculo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, sino que ilustran los acuerdos entre éste último y las Cooperativas enunciadas con quienes los suscribieron, sin que en ninguno de esos folios se aluda o se deduzca de alguna manera que los accionantes efectivamente desplegaron su fuerza de trabajo en las instalaciones de la enjuiciada, por ende, nada aporta a los reclamos de los actores, las aseveraciones atrás esbozadas. De folios 80 a 82, se aprecia el acta de reunión del 28 de agosto de 2010, en donde se menciona que en materia de “Salud: El ingenio continúa cumpliendo con el compromiso de asumir seguridad social de las personas que no alcancen a devengar el mínimo debido a que estén incapacitados, diferente a los que son por inasistencia”. Allí se encuentra que ese aporte era para un grupo determinado, es decir, quienes por estar incapacitados no lograran el ingreso mínimo, sin que se mencione a los demandantes, ni se colija del mismo, que hubieran prestado un servicio personal a la enjuiciada. No pasa desapercibido para la Sala que la censura pretende cuestionar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que la realidad de la contratación debe derivarse de la inexistencia de un real empleador en cabeza de las cooperativas, por considerar que éstas no son verdaderamente autogestionarias y que no tienen autonomía financiera; no obstante, como se indicara líneas atrás, no se desconoce que en las ofertas mercantiles adosadas al plenario se consagró: […] De su lectura, lo que resulta claro es que fueron las misma CTAs, dentro de la oferta mercantil que presentaron a Ingenio Pichichi SA, quienes introdujeron en su clausulado la entrega de una serie de elementos por trabajador asociado, de los que, se reitera, no puede colegirse la prestación personal del servicio elemento esencial del contrato laboral, así como tampoco se colige de la obligación de efectuar pagos a terceros por parte del aceptante de la oferta, como se plasmó en otras de las cláusulas, en la que se estipuló: […] Obsérvese que fueron las mismas CTAs las que autorizaron al Ingenio Pichichi SA, no solo a realizar el pago de sumas dinero a terceros por los conceptos allí establecidos, sino a compensar esas sumas de las que este último tuviera que pagar a las cooperativas por cualquier rubro, lo que refleja una situación de carácter comercial entre oferente y aceptante que en nada contribuye a concluir en la existencia de una relación laboral como lo pretende la censura y, que también, fuera propuesto por quien presentara la oferta mercantil - CTA - al ingenio demandado que no, producto de un acto unilateral del aceptante. Tampoco podría llegarse a la conclusión contraria por el hecho de que el Ingenio Pichichi SA se hubiere obligado para con las CTAs a reconocer “con destino al Fondo de Solidaridad y por una sola vez, la suma de (…), para atender y solventar la situación de los asociados” o, a entregar “el día 2 de Diciembre de 2010, la cantidad de Cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000) por cada asociado, a título de donación y por mera liberalidad con el fin de apoyar los procesos productivos que desarrollan las empresas vinculadas al servicio de corte y labores conexas”, obligaciones que en manera alguna podrían considerarse de carácter laboral y que, por el contrario, sí pueden encasillarse dentro del concepto de responsabilidad social empresarial en el que el Ingenio Pichichi SA buscó apoyar la sostenibilidad a largo plazo del modelo cooperativo, que no, a realizar actos de subordinación propios de quien ostenta la calidad de empleador. De los demás elementos de juicio denunciados por la censura, entre ellos, los cuadernos restantes en los que aparecen las facturas presentadas por las Cooperativas al Ingenio Pichichi SA, recibos de pago de facturación, contrato con abogada y las cuentas de cobro que presentó, al igual que las certificaciones, historia laboral, hojas de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTA, pago de compensaciones, aportes a seguridad social y nóminas, no se advierte que los aquí demandantes hayan prestado personalmente sus servicios al Ingenio Pichichi SA, de manera que pudiera derivarse la existencia de los contratos de trabajo alegados en la demanda». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD » PRESUNCIÓN - El artículo 24 del CST, concede una ventaja probatoria, por cuanto conlleva que se presuma la existencia del contrato de trabajo, pero para que se active esa presunción, corresponde previamente a los demandantes demostrar la prestación personal del servicio Tesis: «Al seleccionar la vía de puro derecho, se parte del supuesto según el cual, se aceptan todas las premisas fácticas del fallo atacado, especialmente que, en el sub lite no se encuentra dentro del proceso prueba de la prestación personal del servicio de los demandantes para el Ingenio Pichichi SA. Aunque lo precedente es suficiente para el fracaso de los cargos, para abundar en garantías, se procede a revisar si, el sentenciador plural interpretó erróneamente el artículo 24 del CST. Previo al análisis pertinente, resulta relevante memorar que esta Corporación, en sentencia CSJ SL16528-2016, adoctrinó: "Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. (Subraya la Sala)" Como se corrobora con el precedente en cita, efectivamente el artículo 24 del CST, concede una ventaja probatoria, por cuanto conlleva que se presuma la existencia del contrato de trabajo, pero para que se active esa presunción, correspondía previamente a los demandantes demostrar la prestación personal del servicio y precisamente esa fue la exigencia, que no lograron cumplir y el colegiado no encontró. El ad quem se esmeró en escudriñar el plenario en búsqueda de la comprobación de la prestación personal del servicio, como se corrobora de los pasajes transcritos al resolver el cargo primero, pero al no aparecer dicha prueba, era evidente que no podía presumir la existencia de un contrato de trabajo, por tanto, no incurrió en la exégesis errónea. El discurso del libelista entraña un error conceptual, en cuanto se infiere que, en su sentir, basta la comprobación del nexo entre las cooperativas y el Ingenio Pichichi SA, en unas fechas determinadas, para que se active la aludida presunción en favor de todos los demandantes, cuando el artículo 24 del CST, contiene un elemento intuito personae, es decir, la prueba de la efectiva prestación de servicios de cada reclamante a favor de la convocada al litigio, que adecuadamente exigió el ad quem. En lo que atañe a los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y, 63 de la Ley 1429 de 2010, de cara a la situación particular de los accionantes, no se encuentra el dislate jurídico que atribuye el ataque, pues partiendo del supuesto según el cual, no probaron que hubieran prestado servicios personales a favor del Ingenio Pichichi SA, mal puede afirmarse que fueron enviados en misión por parte de las cooperativas y que por tanto, esos entes, hicieron las veces de empresas de servicios temporales en contravía de la normatividad. Según lo estudiado, los cargos resultan infundados». LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO REALIDAD » PRESUNCIÓN - Acreditada la prestación personal del servicio, se presume la existencia de la subordinación laboral, por tanto, corresponde al empleador desvirtuarla demostrando que el trabajo se realizó de manera autónoma e independiente RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación el yerro fáctico debe ser manifiesto, ostensible y evidente para destruir la presunción de legalidad y acierto que ampara la sentencia Tesis: «De lo que viene de explicarse, se concluye que no cumplió el impugnante con la carga de acreditar los yerros fácticos que atribuyó al Colegiado, los que, de conformidad con lo previsto en el art. 7 de la Ley 16 de 1969, no pueden ser cualquier yerro, sino que, deben ser ostensibles, protuberantes, evidentes, siendo así, las conclusiones probatorias y el fallo deben mantenerse intactas. En relación con lo dicho, esta Corporación entre muchas, en sentencia CSJ SL377-2023, enseñó: "En innumerables oportunidades ha dicho esta Corte, que en tratándose de una acusación por la senda de los hechos, no es cualquier desacierto en el que incurra el juez colegiado, el que conduce al quiebre de la sentencia confutada, sino que los yerros que se le endilguen a esta, deben tener el carácter de manifiestos, evidentes u ostensibles, que permitan derruir la presunción de acierto y legalidad de que está revestido el fallo impugnado y quebrantarlo, sin que sea suficiente, hacer un discurso pedagógico, así sea razonado, sino que le corresponde demostrar con argumentaciones serías y coherentes el desatino de la decisión (CSJ SL038-2018, CSJ SL1474-2020). Así las cosas, al impugnante omitir llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, ya que es igualmente sabido, llega al recurso amparada con la presunción de legalidad y acierto que debe ser plenamente destruida por quien pretenda su casación"». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO » PRUEBAS CALIFICADAS » TESTIMONIO - En el recurso de casación el testimonio no es prueba apta para estructurar el yerro fáctico, su estudio sólo es posible si previamente se demuestra error manifiesto en alguna de las pruebas hábiles Tesis: «Para finalizar, recuerda la Sala que parte amplia y esencial del soporte probatorio de la sentencia del Tribunal se encuentra en las testimoniales de: Amparo López Espejo, William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco Ocampo, pruebas cuya valoración no fue cuestionada por la censura, por ende, continúan constituyendo pilar del fallo (CSJ SL12173-2015, CSJ SL4311-2022, CSJ SL242-2023, CSJ SL386-2023 y CSJ SL378-2023). Consecuente con lo analizado, el cargo no prospera». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación para que se configure el yerro fáctico es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran y que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta Tesis: «Para comenzar, se advierte que la Sala centrará su estudio únicamente en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio de documentales, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de muchas de las que acusa. Lo anterior, debido a que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda fáctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148CSJ; y CSJ SL2814-2019)». CONSIDERACIONES I: Para comenzar, se advierte que la Sala centrará su estudio únicamente en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio de documentales, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de muchas de las que acusa. Lo anterior, debido a que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda fáctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148CSJ; y CSJ SL2814-2019). Antes de analizar los planteamientos de recurso, se recuerda que para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, el colegiado se sustentó en que una vez analizados los elementos de juicio, tanto la documental incorporada como la testimonial escuchada en el proceso, no existía demostración «referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHI SA, cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada», que no obstante se presentaron ofertas mercantiles no había prueba que desnaturalizara la legalidad de las empresas oferentes y tampoco indicio de intermediación laboral. A lo anterior, agregó que no se encontraba determinada la prestación de servicios personales como corteros de caña en el tiempo que se dijo en la demanda y menos que fuera continua en tiempo por parte de los demandantes en virtud del cumplimiento de los contratos civiles suscritos entre las CTAs y el ingenio demandado; tampoco se estableció el elemento subordinante para fijar la existencia del contrato realidad. En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, aluden inicialmente a las ofertas mercantiles y al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas ‹realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO››, por lo que las mismas resultaron ser ‹‹meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación››, pues en su decir, las Cooperativas de Trabajo Asociado a las que pertenecieron, ‹‹no tenían independencia financiera ni administrativa brotando existió subordinación (sic) y que además fue el INGENIO quien las disolvió y liquidó››. De esta primera acusación, sustentada en los folios 31 y ss cuaderno 1, no encuentra la Sala elemento alguno que demuestre que efectivamente los accionantes desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la encartada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las cooperativas hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios. En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes (f.° 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1A), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas Progresar y Progresemos con la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el registro de asociados que debía entregar la cooperativa a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada a juicio a favor de las cooperativas para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos. Así, de ninguna de estas pruebas se colige, que efectivamente los accionantes hayan prestado su fuerza de trabajo al aludido Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos, podría colegirse que, las citadas cooperativas tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa, como lo detallaron los deponentes, y que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en la administración y liquidación del ente solidario, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron. En los documentos de folios 193, 194 y 265 V, se encuentra que la compañía llamada a juicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual ‹‹para pago de servicios del cabo de campo››, así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las CTAs y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del ingenio, pues en ellos se hace alusión particular a ese denominado ‹‹cabo de campo›› de quien no se acreditó la prestación del servicio a favor del Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal. Acusan los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, concretamente los contenidos en los folios 207 y 208, 280 y 281 del cuaderno de las instancias, con apoyo en los cuales aseveran que se prueba, que el ingenio autorizó a la cooperativa, que utilizara el mismo medio de transporte que suministraba a sus trabajadores directos, así como que se comprometió a suministrar «cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable, canillera, machetes etc››, razonamientos que, como se ha dicho, no apuntan a dilucidar el vínculo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, sino que ilustran los acuerdos entre éste último y las Cooperativas enunciadas con quienes los suscribieron, sin que en ninguno de esos folios se aluda o se deduzca de alguna manera que los accionantes efectivamente desplegaron su fuerza de trabajo en las instalaciones de la enjuiciada, por ende, nada aporta a los reclamos de los actores, las aseveraciones atrás esbozadas. De folios 80 a 82, se aprecia el acta de reunión del 28 de agosto de 2010, en donde se menciona que en materia de ‹‹Salud: El ingenio continúa cumpliendo con el compromiso de asumir seguridad social de las personas que no alcancen a devengar el mínimo debido a que estén incapacitados, diferente a los que son por inasistencia››. Allí se encuentra que ese aporte era para un grupo determinado, es decir, quienes por estar incapacitados no lograran el ingreso mínimo, sin que se mencione a los demandantes, ni se colija del mismo, que hubieran prestado un servicio personal a la enjuiciada. No pasa desapercibido para la Sala que la censura pretende cuestionar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que la realidad de la contratación debe derivarse de la inexistencia de un real empleador en cabeza de las cooperativas, por considerar que éstas no son verdaderamente autogestionarias y que no tienen autonomía financiera; no obstante, como se indicara líneas atrás, no se desconoce que en las ofertas mercantiles adosadas al plenario se consagró: DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA INGENIO PICHICHI S.A. SE OBLIGARÍA A: 1. Pagar cumplidamente, dentro de los plazos establecidos, los valores que adeude al OFERENTE por el servicio ejecutado en razón de la presente oferta. 2. Suministrar a el OFERENTE la información requerida para la correcta ejecución de la labor que se propone en esta oferta; 3. A suministrarnos en especie los siguientes elementos de trabajo por trabajador asociado activo: 1 par de zapatos, 1 pantalón, 1 camisa, 1 par de guantes, 1 machete, 1 lima y 1 dulceabrigo. Se entregará una dotación cada cuatro (4) meses empezando en el mes de 15 Marzo, 15 de Julio, 15 de Noviembre. También nos deberá entregar una vez al año los siguientes elementos: 1 capa impermeable, 1 canillera, se entregará una dotación cada 12 meses empezando en el mes de Enero. De su lectura, lo que resulta claro es que fueron las misma CTAs, dentro de la oferta mercantil que presentaron a Ingenio Pichichi SA, quienes introdujeron en su clausulado la entrega de una serie de elementos por trabajador asociado, de los que, se reitera, no puede colegirse la prestación personal del servicio elemento esencial del contrato laboral, así como tampoco se colige de la obligación de efectuar pagos a terceros por parte del aceptante de la oferta, como se plasmó en otras de las cláusulas, en la que se estipuló: PAGOS A TERCEROS. Todo pago que deba realizar el OFERENTE a sus asociados o a terceras personas, con causa directa o indirecta, en la presente oferta, podrá ser cubierto por el ACEPTANTE por cuenta del OFERENTE y deducido su valor de las sumas de dinero a pagar a este último por cualquier concepto. PARAGRAFO: Quedan expresamente comprendidos dentro de la autorización anterior los pagos de compensaciones, excedentes, salarios y prestaciones sociales si a ello hubiere lugar y toda clase de derechos sociales de los asociados comprometidos en el desarrollo y ejecución del presente contrato. Obsérvese que fueron las mismas CTAs las que autorizaron al Ingenio Pichichi SA, no solo a realizar el pago de sumas dinero a terceros por los conceptos allí establecidos, sino a compensar esas sumas de las que este último tuviera que pagar a las cooperativas por cualquier rubro, lo que refleja una situación de carácter comercial entre oferente y aceptante que en nada contribuye a concluir en la existencia de una relación laboral como lo pretende la censura y, que también, fuera propuesto por quien presentara la oferta mercantil – CTA - al ingenio demandado que no, producto de un acto unilateral del aceptante. Tampoco podría llegarse a la conclusión contraria por el hecho de que el Ingenio Pichichi SA se hubiere obligado para con las CTAs a reconocer ‹‹con destino al Fondo de Solidaridad y por una sola vez, la suma de (…), para atender y solventar la situación de los asociados›› o, a entregar ‹‹el día 2 de Diciembre de 2010, la cantidad de Cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000) por cada asociado, a título de donación y por mera liberalidad con el fin de apoyar los procesos productivos que desarrollan las empresas vinculadas al servicio de corte y labores conexas››, obligaciones que en manera alguna podrían considerarse de carácter laboral y que, por el contrario, sí pueden encasillarse dentro del concepto de responsabilidad social empresarial en el que el Ingenio Pichichi SA buscó apoyar la sostenibilidad a largo plazo del modelo cooperativo, que no, a realizar actos de subordinación propios de quien ostenta la calidad de empleador. De los demás elementos de juicio denunciados por la censura, entre ellos, los cuadernos restantes en los que aparecen las facturas presentadas por las Cooperativas al Ingenio Pichichi SA, recibos de pago de facturación, contrato con abogada y las cuentas de cobro que presentó, al igual que las certificaciones, historia laboral, hojas de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTA, pago de compensaciones, aportes a seguridad social y nóminas, no se advierte que los aquí demandantes hayan prestado personalmente sus servicios al Ingenio Pichichi SA, de manera que pudiera derivarse la existencia de los contratos de trabajo alegados en la demanda. De lo que viene de explicarse, se concluye que no cumplió el impugnante con la carga de acreditar los yerros fácticos que atribuyó al Colegiado, los que, de conformidad con lo previsto en el art. 7 de la Ley 16 de 1969, no pueden ser cualquier yerro, sino que, deben ser ostensibles, protuberantes, evidentes, siendo así, las conclusiones probatorias y el fallo deben mantenerse intactas. En relación con lo dicho, esta Corporación entre muchas, en sentencia CSJ SL377-2023, enseñó: En innumerables oportunidades ha dicho esta Corte, que en tratándose de una acusación por la senda de los hechos, no es cualquier desacierto en el que incurra el juez colegiado, el que conduce al quiebre de la sentencia confutada, sino que los yerros que se le endilguen a esta, deben tener el carácter de manifiestos, evidentes u ostensibles, que permitan derruir la presunción de acierto y legalidad de que está revestido el fallo impugnado y quebrantarlo, sin que sea suficiente, hacer un discurso pedagógico, así sea razonado, sino que le corresponde demostrar con argumentaciones serías y coherentes el desatino de la decisión (CSJ SL038-2018, CSJ SL1474-2020). Así las cosas, al impugnante omitir llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, ya que es igualmente sabido, llega al recurso amparada con la presunción de legalidad y acierto que debe ser plenamente destruida por quien pretenda su casación. Para finalizar, recuerda la Sala que parte amplia y esencial del soporte probatorio de la sentencia del Tribunal se encuentra en las testimoniales de: Amparo López Espejo, William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco Ocampo, pruebas cuya valoración no fue cuestionada por la censura, por ende, continúan constituyendo pilar del fallo (CSJ SL12173-2015, CSJ SL4311-2022, CSJ SL242-2023, CSJ SL386-2023 y CSJ SL378-2023). Consecuente con lo analizado, el cargo no prospera. CONSIDERACIONES II: Al seleccionar la vía de puro derecho, se parte del supuesto según el cual, se aceptan todas las premisas fácticas del fallo atacado, especialmente que, en el sub lite no se encuentra dentro del proceso prueba de la prestación personal del servicio de los demandantes para el Ingenio Pichichi SA. Aunque lo precedente es suficiente para el fracaso de los cargos, para abundar en garantías, se procede a revisar si, el sentenciador plural interpretó erróneamente el artículo 24 del CST. Previo al análisis pertinente, resulta relevante memorar que esta Corporación, en sentencia CSJ SL16528-2016, adoctrinó: Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. (Subraya la Sala) Como se corrobora con el precedente en cita, efectivamente el artículo 24 del CST, concede una ventaja probatoria, por cuanto conlleva que se presuma la existencia del contrato de trabajo, pero para que se active esa presunción, correspondía previamente a los demandantes demostrar la prestación personal del servicio y precisamente esa fue la exigencia, que no lograron cumplir y el colegiado no encontró. El ad quem se esmeró en escudriñar el plenario en búsqueda de la comprobación de la prestación personal del servicio, como se corrobora de los pasajes transcritos al resolver el cargo primero, pero al no aparecer dicha prueba, era evidente que no podía presumir la existencia de un contrato de trabajo, por tanto, no incurrió en la exégesis errónea. El discurso del libelista entraña un error conceptual, en cuanto se infiere que, en su sentir, basta la comprobación del nexo entre las cooperativas y el Ingenio Pichichi SA, en unas fechas determinadas, para que se active la aludida presunción en favor de todos los demandantes, cuando el artículo 24 del CST, contiene un elemento intuito personae, es decir, la prueba de la efectiva prestación de servicios de cada reclamante a favor de la convocada al litigio, que adecuadamente exigió el ad quem. En lo que atañe a los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y, 63 de la Ley 1429 de 2010, de cara a la situación particular de los accionantes, no se encuentra el dislate jurídico que atribuye el ataque, pues partiendo del supuesto según el cual, no probaron que hubieran prestado servicios personales a favor del Ingenio Pichichi SA, mal puede afirmarse que fueron enviados en misión por parte de las cooperativas y que por tanto, esos entes, hicieron las veces de empresas de servicios temporales en contravía de la normatividad. Según lo estudiado, los cargos resultan infundados. Costas a cargo de los demandantes y a favor de la demandada, con inclusión de la suma única de $5.300.000 a título de agencias en derecho, según los términos del artículo 366-6 del Código General del Proceso.

República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casacien Laboral Sala de Desconoestion N." 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL1805-2023 Radicación n.°95230 Acta 26 Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ, JOSÉ TEóFILO GUTIÉRREZ CHAVERRA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MATABAJOY, ROBERTO CORTÉS TABORDA y JESÚS ALBEIRO GUERRERO MENDOZA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el 11 de mayo de 2022, en el proceso que adelantaron contra INGENIO PICHICHI SA.

Se acepta el impedimento invocado por el Magistrado Donald José Dix Ponnefz, en escrito del 13 de abril del corriente ario. I.

ANTECEDENTES En lo que interesa al recurso extraordinario, Héctor Alfonso Jaramillo Cruz, José Teófilo Gutiérrez Chaverra, SCLAJPT-10 V.00 Radicación n.°95230 Juan José Rodríguez Matabajoy, Roberto Cortés Taborda y Jesús Albeiro Guerrero Mendoza, llamaron ajuicio al Ingenio Pichichi, para que se declarara que: entre cada uno de ellos y la citada sociedad existió un contrato realidad a término indefinido, fueron enviados en misión al aludido Ingenio, por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar y la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, para efectuar labres de corte de caria.

Consecuentemente, pidieron condenar a la llamada a juicio, de acuerdo al tiempo de servicio de cada uno, a pagarles: auxilio de cesantía y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud, riesgos laborales, indemnización por despido sin justa causa, sanción del artículo 65 del CST, los perjuicios morales por 500 salarios mínimos, la indexación, lo extra y ultra petita, además de las costas.

Como fundamento de las pretensiones, relataron que: prestaron sus servicios a la demandada como trabajadores asociados a la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresar y Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, pero fueron remitidos en misión en labores de cortar caria, actividad que desarrollaron desde el noviembre de 2005 hasta el 29 febrero de 2012.

Informaron que, durante ese tiempo, la llamada ajuicio no pagó las prestaciones sociales, las vacaciones, los intereses a la cesantía, ni el auxilio de transporte, les sufragó SCLA3PT-10 V.00 2 Radicación n.°95230 un salario inferior al de los trabajadores de planta, quienes estaban cobijados por la convención colectiva, y además, las cooperativas les efectuaron descuentos del salario.

Dijeron que la actividad como corteros de caria, fue desarrollada en los predios del Ingenio Pichichi, con una jornada que iniciaba 6:00 a.m. y terminaba 3:00 p.m., de lunes a domingo y festivos, sin descanso, bajo las órdenes de los supervisores, cabos o monitores de corte del ingenio. Sostuvieron que el Ingenio Pichichi SA, se encargó de la información de cada trabajador, especialmente en cuanto a días laborados, corte de caria por el número de tajos, especificación del producto, toneladas cortadas y tarifa.

Estos datos eran remitidos a las Cooperativas de Trabajo Asociado citadas, para que se efectuara el pago. Adujeron que para poder ingresar a sus instalaciones, la demandada los obligó a afiliarse a las cooperativas, las que no eran dueñas de las herramientas con las que se efectuó el trabajo, no cumplieron funciones autogestionarias, el precio de corte lo fijaba el ingenio Pichichi, al igual que el control de los asalariados, y fue el aludido ingenio quien dispuso la disolución y liquidación de las cooperativas, pagó los costos que este proceso implicó. Manifestaron que, en el último ario, percibieron los siguientes salarios: Héctor Alfonso Jaramillo Cruz $932.000;

José Teófilo Gutiérrez Chaverra $984.916.66; José Rodríguez SCLAPT-10 V.00 3 Radicación n.°95230 Matabajoy $1.078.500; Roberto Cortés Taborda $984.916.66 y, Jesús Albeiro Guerrero Mendoza $758.470. Para finalizar, aseveraron que durante la relación laboral sufrieron perjuicios morales y que en las cartas de renuncia que firmaron, no medió su voluntad, pues de no hacerlo no habrían sido incorporados a la empresa Pichichi Corte SA, que es propiedad de la encausada (f.°6 a 29 cuaderno de las instancias).

El Ingenio Pichichi SA, se opuso a las pretensiones y negó los hechos. Propuso las excepciones previas de inepta demanda por falta de integración del /itis consorcio necesario y por falta de los requisitos formales, la de mérito de prescripción y, las que llamó, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, pago, compensación, ilegitimidad de personería sustantiva y buena fe.

En su defensa, adujo que con los demandantes jamás existió contrato de trabajo, por el contrario, debían tenerse en cuenta las expresiones que constituían confesión, en cuanto a que estuvieron vinculados a las Cooperativas de Trabajo Asociado citadas en la demanda (f.°. 130 a 150 cuaderno de las instancias). II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, concluyó el trámite y emitió fallo el 14 de mayo de 2019, en SCLAPT-10 V.00 4 Radicación n.°95230 el que declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada e impuso costas a los promotores del juicio (CD a f.° 352 cuaderno de las instancias).

Disconformes, los accionantes apelaron. III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, profirió fallo el 11 de mayo de 2022, en el que confirmó el de primer grado e impuso costas a los recurrentes (gestor documental). En lo que interesa al recurso extraordinario, el fallador de la apelación expuso que el estudio se centraría en verificar si existieron verdaderos contratos de trabajo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, si se presentó tercerización laboral y, si la convocada al juicio debía pagarles las acreencias laborales.

Procedió al análisis de las pruebas y describió que, conforme a la documental de folios 37 a 73, reportes de semanas a la seguridad social, se exhibían los períodos y cotizaciones de los demandantes por cuenta de los diferentes empleadores para los que prestaron servicios, en los que no aparece el Ingenio Pichichi, que a folios 77 a 79 del cuaderno No. 1 obraba acta de acuerdo del 21 de junio de 2005, suscrito por directivos de dicho ingenio y un grupo de personas en representación de varias cooperativas, quienes SCLAJPT-10 V.00 5 Radicación n.°95230 estipularon, entre otros aspectos, que la compañía se comprometía a dar capacitación en cooperativismo con énfasis en administración de empresas a un grupo de cuarenta asociados y que en el cuaderno 9 aparece glosado un «ACTA DE ACUERDO» suscrita el 8 de noviembre de 2008, que plasma algunos trabajadores asociados que prestan servicio en el corte manual de caria de azúcar con la demandada y otros sectores de la población, que a folios 460 y siguientes se veían las actas de verificación de tales acuerdos.

Afirmó que la demandada había allegado copias de diferentes ofertas mercantiles, sus aceptaciones y contratos de prestación de servicios, y «demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006 a 2011», todas con el fin de realizar «corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHI SA, o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que último dispusiera», que también a folios 2 y 8 se observaban copias de los estatutos de las cooperativas demandadas, los regímenes de trabajo asociado, actas de asambleas y de reuniones de los consejos de administración. Expuso que en los cuadernos restantes que conforman el expediente, aparecían copias de las facturas presentadas por las Cooperativas al Ingenio demandado, por concepto de corte de caria, recibos de pago de facturación, contrato con una abogada y cuentas de cobro a favor de la doctora Amparo López Espejo debidos por las cooperativas; que en otros SCLAJPT-10 V.00 6 Radicación n.°95230 cuadernos estaban copias de los documentos relativos a la vinculación de los demandantes, certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTA, pagos de compensaciones semanales, semestrales y anuales, aportes a la seguridad social y nóminas de pago.

Procedió en seguida al análisis de la prueba testimonial. Describió lo dicho por los testigos Amparo López Espejo, William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco Ocampo, quienes informaron haber laborado al servicio del ingenio demandado o hicieron parte de la liquidación de las cooperativas enunciadas en la demanda, que nada tuvieron que ver con los corteros de caria en el campo y que su relación fue con los representantes de las cooperativas con las que el ingenio tenía contratos civiles;

López Espejo informó haber hecho parte de la liquidación de la entidades a través de contratos de prestación de servicios y sabe que aquellas manejaban directamente su personal. Concluyó que del análisis de las pruebas detalladas, se obtenía con claridad que o no existe demostración referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHI SA, cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada; empresas que según la documental contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos de trabajo que no se demostró hubiesen sido obtenidos con coacción o con la SCLAJPT-10 V.00 7 Radicación n.°95230 presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los demandantes».

A lo anterior, agregó que al Ingenio se habían presentado varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalizara su legalidad pues cumplieron a cabalidad sus funciones, que no se encontraba indicio de intermediación laboral; en punto a la subordinación, elemento determinante para fijar la existencia del contrato realidad alegado, era diáfano que el mismo no se presentó entre las partes y así se deducía de las declaraciones acopiadas de quienes informaron que no habían impartido ordenes o instrucciones a los corteros de caria por cuanto sus labores no comprendían dicha función, que además al movimiento de personal y las labores que desempeñaban lo fueron en cumplimiento de la oferta comercial que tenían con el ingenio demandado.

En cuanto a la prestación de servicios como corteros de caria, dijo que además de no haberse acreditado que fue para el Ingenio, tampoco se encontraba demostrada en las condiciones de tiempo que afirmaron, menos que dicha labor fuera continuada en el tiempo en relación con la actividad agroindustrial de la empresa demandada, pues todos fueron labores propias de cosecha, actividad o tarea que no requiere trabajo continuo o durante todo el tiempo, que si bien está demostrado que la empresa tenía contratos civiles o comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios, no había prueba que permitiera afirmar que cada SCLAJPT-10 V.00 8 Radicación n.°95230 uno de los demandantes sí trabajó o prestó servicios en virtud de dichos contratos, tampoco que las cooperativas no tuvieran otros contratos que cumplir con diferentes ingenios de la región, por lo que su actividad comercial no era exclusiva para Pichichi, en síntesis, que no se probó si la prestación de servicios fue continua y tampoco había certeza que permitiera determinar que sirvieron como corteros de caria del Ingenio Pichichí, como se afirmó en la demanda.

Reprodujo el artículo 6 del Decreto 4558 de 2006 y pasajes de la sentencia CSJ SL4479-2020, para concluir que la demandada hizo uso de una facultad legal, sin incurrir en tercerización ilegal, y que, además de no demostrarse prestación personal del servicio de los demandantes para el Ingenio Pichichí, menos se acreditó que este ejerciera poder subordinante de cara a la actividad de corte que pudieran haber desarrollado los demandantes para cualquiera de los demás Ingenios o terceros contratantes de las Cooperativas.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el apoderado de los demandantes, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte, y sustentado en tiempo, se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita se case el fallo del Tribunal, en sede de instancia revoque el de primer grado y, en su lugar, se acceda a las pretensiones e imponga costas como corresponda.

SCLAJPT-10 V.00 9 Radicación n.°95230 Con tal propósito presenta 5 cargos que recibieron réplica de los cuales, la Sala estudiará en conjunto 2, 3, 4 y 5 dada la identidad de cuerpo normativo acusado y argumentación, así como su idéntico propósito. VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta acusa aplicación indebida de «los artículos 4, 5, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 37, 46, 54, 55, 64, 65, 127, 144, 193 y 259 del C.S.T.; 1 de la Ley 52 de 1952; 60, 61 y 145 del C.P.L.; 3, 59, 61, 62, 63, 64, de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006;

Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 1, 2, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990». Como causa eficiente de la trasgresión normativa, lista los siguientes errores: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caria de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada a juicio.

Esto es para las CTASs PROGRESAR Y PROGRESEMOS. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que conforme a la ABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL las CTAs contaron en su momento con Constitución legal propia del régimen cooperativo y societario respectivamente y con la operatividad propia de las empresas de dichos sistemas, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las CTAs y que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de indeterminación. SCLAJPT-10 V.00 10 Radicación n.°95230 4.- No dar por demostrado, estándolo, que en efecto los demandantes recibieron órdenes en el campo por los señores cabos pagados y que actuaron como a nombre del INGENIO. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de Caria de cada uno de los demandantes, las mismas no se encuentran propiamente determinadas en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como corteros en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor. 6.

No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO quien ordenó la disolución y liquidación de las CTAs y por ello pagó la suma de $159.000.000 MILLONES DE PESOS a las señoras AMPARO LOPEZ ESPEJO y LICENIA GALINDO. 7.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no fueron autónomas e independientes, que siempre fueron ayudadas por el INGENIO.

Asegura que los yerros fueron consecuencia de la errónea valoración de: reporte de semanas cotizadas de cada demandante (f.°37 a 73); acta de acuerdo de 21 de junio de 2005 (f.° 77 a 79); «Acta de Acuerdo» firmada el 8 de noviembre de 2008; documentos de verificación de acuerdos (f.°460 y ss); diferentes ofertas mercantiles, aceptaciones de las mismas, contratos de prestación de servicios, todos ellos «con el fin de realizar corte manual y siembra de caña ( )», copias de los estatutos de las CTAs PROGRESEMOS y PROGRESAR, actas de asambleas de las cooperativas y de reuniones de los consejos de administración; los cuadernos que conforman el expediente que glosan las copias los documentos relativos a la vinculación de los accionantes (certificaciones, historia laboral, hoja de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTAs PROGRESAR y PROGRESEMOS, pago de compensaciones semanales, SCLAJPT-10 V.00 Radicación n.°95230 compensación semestral y anual, aportes a la seguridad social y nóminas de pago).

Además, de la preterición de: certificado de existencia y representación legal de Ingenio Pichichi (f.°31 y ss), «Las de folios 6 al 47. No apreció la demanda»; «Las de folios 130 a 150. No apreció la contestación de la demanda». Empieza el desarrollo por reproducir apartes de la sentencia del Tribunal y argumenta, que llegó a la conclusión absolutoria debido a la valoración errónea de las pruebas que se encuentran a folios 152, 158 y 159, 169 y 170, 179, 186, 192, 199 y V, 216, 220, 224, 231 y V, 252,260,264,272 y V, aceptaciones folios 156, 157, 167, 168, 178, 185, 198, 229, 230, 241, 241, 242 y 243, 251, 259, 271, los cuales verdaderamente indican que las labores fueron de corte, riego, siembra, limpieza de prados, árboles, fumigación de maleza y guardavías, labores circunscritas al objeto social del ingenio, concatenado a que el certificado de existencia y representación legal del ingenio (f.° 31 y ss).

Asevera que el colegiado apreció las historias laborales de cada uno de los demandantes (f.°37 a 73) en las que se detalla la fecha en que iniciaron y cuando entraron afiliados a través de la CTAs y «SAS» para el corte de caria y labores varias, pero se confunde y contradice al concluir que la prestación de servicios como corteros de caria no estaba determinada en el tiempo indicado en la demanda, cuando la referida foliatura lo que demuestra es la prestación de un servicio personal por intermedio de las citadas, las cuales SCLAJPT-10 V.00 1') Radicación n.°95230 contrató el ingenio demandado mediante ofertas para realizar actividades del objeto social, siendo la demandada el verdadero empleador y no las que fingieron como intermediarias.

Considera que se equivocó también en la apreciación de las ofertas mercantiles que tuvo a la vista (f.°152 a 230 cuaderno 1; y 231 a 292 cuaderno la, pues entre esos mismos folios que nombro el TRIBUNAL están los folios 154, y 155 No. 3, 160 y 161 No. 5, 171 y 172, No. 5, 180 y V, 2019, 222 No. 3 y 223, 226 Cláusula 5 y 227 y V No. 5, 244 y 245 No. 5, 253 No. 9 y V), con los que se corrobora que el ingenio suministraba cada 4 meses, un par de zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable y canillera, lo que implica que la demandada los consideraba como sus trabajadores, lo que conduce a concluir que no existía autogestión y que el verdadero empleador era el que suministraba las dotaciones a todos los socios de las CTAs.

Afirma que erró en la estimación de las ofertas mercantiles que tuvo a la vista folios 152 a 230 cuaderno 1, y 231 a 292 cuaderno 1 A, las que están contenidos los folios 163, 174, 181 V y 182, 188, 236, 247, 254 V, 262, 278 V, asegura que las CTAs no fueron autónomas y los asociados dependían de la programación que el ingenio dispusiera lo que determina que fueron simples intermediarias y los asociados prestaron servicios fue para el Ingenio Pichichi quien fue el verdadero empleador, se obligó a pagar a terceros por el servicio prestado aunado a que la demandada podía exigir a las CTAs el retiro o prohibir el ingreso de socios, que SCLAJPT-10 V.00 13 Radicación n.°95230 las citadas entidades de obligaron además a suministrarle el número y nombre de sus afiliados, antecedentes judiciales y disciplinarios.

Cita los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292, en los que aparece que el ingenio suministró $27.000.000 y $18.200.000 con destino al Fondo de Solidaridad de las CTAs con el fin de atender solvencia de asociados y pago de seguridad social, con lo que se ratifica que no fueron autogestionarias sino empresas de papel creadas por el ingenio para su beneficio; que en los folios 460 y ss de las referidas ofertas, concernientes a la verificación de los acuerdos, también se equivocó en el contenido oculto de tales pruebas, debió haber declarado que las referidas fueron instrumentos de simulación laboral y que ninguna autogestión realizaron por cuanto el capital provenía directamente del ingenio; se obligó además con los socios a entregarles dotaciones como limas, machetes y guantes, pago a la seguridad social, incapacidades y donaciones por más de $317.000.000 para educación y vivienda, se comprometió a brindar capacitación en cooperativismo así que no había autogestión, era el Ingenio el empleador.

Menciona el contenido de los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, argumenta que allí aparece que la demandada suministró a cada socio de la CTA $420.000 mensuales, con el fin de apoyar los procesos de producción, por tanto, sí fue el verdadero empleador; tal documental da cuenta que autorizó a la cooperativa que usara el transporte de los trabajadores directos, por tanto, ni siquiera tenía sus SCLAPT-10 V.00 14 Radicación n.°95230 propios medios de transporte.

Invoca tales pruebas para decir que en ellas aparecen los contratos de servicios celebrados entre el ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver y liquidar las CTAs, con lo que surge que el Ingenio las creó, las ordenó liquidar y disolver, lo que patentiza una verdadera simulación y ausencia total de autogestión. Sostiene que también se apreciaron indebidamente las ofertas mercantiles que son visibles a folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, en tales documentos indican que el Ingenio se obligó con las CTAs a apoyar con el pago de un salario mínimo para el pago del cabo, también ayudar con la carga laboral de la abogada contratista, a pagar incapacidades, darles bonos de productividad a los asociados, ofrecerles otras labores diferentes al corte de caria, apoyarlos con aporte económico para funerales, elementos de juicio con los que considera que los demandantes estuvieron dirigidos y subordinados por el Ingenio, siendo éste su verdadero empleador.

Transcribe un segmento, que atribuye al Tribunal donde se dijo, entre otras cosas, que «la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor fue continua en el tiempo ( )». Para derruir esta afirmación, remite a que se analice la demanda y las historias laborales de folios 37 a 73, donde, dice, figuran los extremos que se enunciaron y SCLAPT-10 V.00 15 Radicación n.°95230 durante los que estuvieron afiliados a las CTAs, se encuentran debidamente demostrados.

VII. RÉPLICA Asegura que se denuncian normas que no pudieron ser infringidas por el fallador (artículo 2 del Decreto 2025 de 2011), pues cuando se profirió la decisión de segundo grado ya habían sido declaradas nulas; dice que el Tribunal no incurrió en equivocación en la valoración de las pruebas que denuncian, pues con ninguna de ellas se demuestra la prestación de los servicios por cada uno de los demandantes y menos, el poder de subordinación de la enjuiciada, que lo probado en ese asunto no es otra cosa que la contratación de servicios con algunas CTAs para efectuar el corte de caria y otras labores conexas, lo que está permitido legalmente.

VIII. CONSIDERACIONES Para comenzar, se advierte que la Sala centrará su estudio únicamente en las pruebas que enuncia la censura, de las cuales elabora alguna construcción argumentativa, pues, aunque lista un número amplio de documentales, en el desarrollo del cargo deja de lado pronunciarse de muchas de las que acusa. Lo anterior, debido a que, como lo ha adoctrinado esta Corporación, cuando de la senda láctica se trata, los recurrentes deben emprender un proceso demostrativo de los yerros, que implica confrontar la prueba con la sentencia, para que emerja un dislate, que debe ser manifiesto y SCLAPT-10 V.00 16 Radicación n.°95230 protuberante (CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148C5J; y CSJ SL2814-2019).

Antes de analizar los planteamientos de recurso, se recuerda que para confirmar la sentencia absolutoria de primer grado, el colegiado se sustentó en que una vez analizados los elementos de juicio, tanto la documental incorporada como la testimonial escuchada en el proceso, no existía demostración «referida a que los servicios que como corteros de caña de azúcar prestaron los demandantes, fueron dependientes y en favor directo del INGENIO PICHICHI SA, cuando sí, que los mismos fueron para entidades diferentes a la encartada», que no obstante se presentaron ofertas mercantiles no había prueba que desnaturalizara la legalidad de las empresas oferentes y tampoco indicio de intermediación laboral.

A lo anterior, agregó que no se encontraba determinada la prestación de servicios personales como corteros de caria en el tiempo que se dijo en la demanda y menos que fuera continua en tiempo por parte de los demandantes en virtud del cumplimiento de los contratos civiles suscritos entre las CTAs y el ingenio demandado; tampoco se estableció el elemento subordinante para fijar la existencia del contrato realidad.

En la sustentación del recurso, para tratar de demostrar la efectiva prestación de los servicios, aluden SCLAPT-10 V.00 I 7 Radicación n.°95230 inicialmente a las ofertas mercantiles y al certificado de existencia y representación legal del Ingenio Pichichi SA, probanzas a partir de las cuales aseveran que las Cooperativas (realizaron las actividades propias del objeto social del INGENIO», por lo que las mismas resultaron ser «meras intermediarias y como tal, se dio el elemento de subordinación», pues en su decir, las Cooperativas de Trabajo Asociado a las que pertenecieron, «no tenían independencia financiera ni administrativa brotando existió subordinación (sic) y que además fue el INGENIO quien las disolvió y liquidó».

De esta primera acusación, sustentada en los folios 31 y ss cuaderno 1, no encuentra la Sala elemento alguno que demuestre que efectivamente los accionantes desplegaron su fuerza de trabajo en favor de la encartada, pues el que aparezca determinado objeto social y que las cooperativas hayan contribuido a su desarrollo, no conducen a tener por probado, que ellos laboraron a favor de la llamada a juicio y que los entes solidarios fueron simples intermediarios.

En relación con la valoración de las ofertas mercantiles así como de sus correspondientes otrosíes (f.° 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1A), tampoco se puede colegir que los demandantes efectivamente hayan prestado servicios a favor del Ingenio Pichichi SA, ni los extremos temporales en que habría ocurrido, sino que todo el esfuerzo lo encaminan a probar diversos aspectos de la relación entre las Cooperativas Progresar y Progresemos con la sociedad demandada, atinentes a suministro de herramientas, el SCLAPT-10 V.00 18 Radicación n.°95230 registro de asociados que debía entregar la cooperativa a la compañía demandada; que hubo donaciones de la empresa llamada a juicio a favor de las cooperativas para un fondo de solidaridad e igualmente una de $420.000 para cada afiliado, que el ingenio se obligó a pagar a terceros los créditos que las CTA no cubrieran, que aquel podía exigir a estas el retiro o prohibir el ingreso de asociados al ingenio y, que se obligó a permitir que estos hicieran uso de los medios de transporte que la demandada tiene para el servicio de sus trabajadores directos.

Así, de ninguna de estas pruebas se colige, que efectivamente los accionantes hayan prestado su fuerza de trabajo al aludido Ingenio Pichichi SA, que fue precisamente lo que extrañó el ad quem y que es el soporte de las pretensiones de la demanda. En el mejor de los escenarios, de estos documentos, podría colegirse que, las citadas cooperativas tenían cierto grado de autonomía financiera y administrativa, como lo detallaron los deponentes, y que sí hubo donaciones o alguna injerencia del Ingenio Pichichi SA en la administración y liquidación del ente solidario, no obstante, no conduce a otorgar a los demandantes el carácter de trabajadores del ingenio, pues, tales actos fueron producto de los compromisos que adquirieron las CTA y el Ingenio Pichichi SA en las diferentes ofertas mercantiles y que antes que evidenciar elementos propios subordinantes de naturaleza laboral, lo que acreditan es el cumplimiento de obligaciones SCLAJPT-10 V.00 1 9 Radicación n.°95230 recíprocas de carácter comercial a las que aquellas se comprometieron.

En los documentos de folios 193, 194 y 265 V, se encuentra que la compañía llamada a juicio, aceptó suministrar a unas cooperativas un salario mínimo legal mensual (para pago de servicios del cabo de campo», así como en asocio con el SENA u otra entidad, dar capacitación en cooperativismo de trabajo asociado con énfasis en administración de empresas a un grupo de asociados a las CTAs y a Sintrapichichi, sin que tales convenios conduzcan a otorgarle a los demandantes la calidad de trabajadores del ingenio, pues en ellos se hace alusión particular a ese denominado «cabo de campo» de quien no se acreditó la prestación del servicio a favor del Ingenio Pichichi SA y, mucho menos que esa persona haya ejercido alguna vigilancia sobre los peticionarios y, en lo que hace a la referida capacitación, en aquel acuerdo no se individualizan los trabajadores que se beneficiarían con aquella, lo que tampoco lleva a desvirtuar la conclusión a la que arribó el Tribunal.

Acusan los folios 152 a 230 cuaderno 1 y 231 a 292 cuaderno 1 A, concretamente los contenidos en los folios 207 y 208, 280 y 281 del cuaderno de las instancias, con apoyo en los cuales aseveran que se prueba, que el ingenio autorizó a la cooperativa, que utilizara el mismo medio de transporte que suministraba a sus trabajadores directos, así como que se comprometió a suministrar «cada 4 meses, un par de SCLA1PT-10 V.00 ""0 Radicación n.°95230 zapatos, un pantalón, una camisa, guantes, machetes, limas, dulceabrigo, capa impermeable, canillera, machetes etch, razonamientos que, como se ha dicho, no apuntan a dilucidar el vínculo entre los demandantes y el Ingenio Pichichi SA, sino que ilustran los acuerdos entre éste último y las Cooperativas enunciadas con quienes los suscribieron, sin que en ninguno de esos folios se aluda o se deduzca de alguna manera que los accionantes efectivamente desplegaron su fuerza de trabajo en las instalaciones de la enjuiciada, por ende, nada aporta a los reclamos de los actores, las aseveraciones atrás esbozadas.

De folios 80 a 82, se aprecia el acta de reunión del 28 de agosto de 2010, en donde se menciona que en materia de «Salud: El ingenio continúa cumpliendo con el compromiso de asumir seguridad social de las personas que no alcancen a devengar el mínimo debido a que estén incapacitados, diferente a los que son por inasistencia». Allí se encuentra que ese aporte era, para un grupo determinado, es decir, quienes por estar incapacitados no lograran el ingreso mínimo, sin que se mencione a los demandantes, ni se colija del mismo, que hubieran prestado un servicio personal a la enjuiciada.

No pasa desapercibido para la Sala que la censura pretende cuestionar la decisión del Tribunal, bajo el argumento de que la realidad de la contratación debe derivarse de la inexistencia de un real empleador en cabeza de las cooperativas, por considerar que éstas no son verdaderamente autogestionarias y que no tienen autonomía SCLAPT-10 V.00 Radicación n.°95230 financiera; no obstante, como se indicara líneas atrás, no se desconoce que en las ofertas mercantiles adosadas al plenario se consagró: DE SER ACEPTADA NUESTRA OFERTA INGENIO PICHICHI S.A. SE OBLIGARÍA A: 1.

Pagar cumplidamente, dentro de los plazos establecidos, los valores que adeude al OFERENTE por el servicio ejecutado en razón de la presente oferta. 2. Suministrar a el OFERENTE la información requerida para la correcta ejecución de la labor que se propone en esta oferta; 3. A suministrarnos en especie los siguientes elementos de trabajo por trabajador asociado activo: 1 par de zapatos, 1 pantalón, 1 camisa, 1 par de guantes, 1 machete, 1 lima y 1 dulceabrigo.

Se entregará una dotación cada cuatro (4) meses empezando en el mes de 15 Marzo, 15 de Julio, 15 de Noviembre. También nos deberá entregar una vez al ario los siguientes elementos: 1 capa impermeable, 1 canillera, se entregará una dotación cada 12 meses empezando en el mes de Enero. De su lectura, lo que resulta claro es que fueron las misma CTAs, dentro de la oferta mercantil que presentaron a Ingenio Pichichi SA, quienes introdujeron en su clausulado la entrega de una serie de elementos por trabajador asociado, de los que, se reitera, no puede colegirse la prestación personal del servicio elemento esencial del contrato laboral, así como tampoco se colige de la obligación de efectuar pagos a terceros por parte del aceptante de la oferta, como se plasmó en otras de las cláusulas, en la que se estipuló: PAGOS A TERCEROS.

Todo pago que deba realizar el OFERENTE a sus asociados o a terceras personas, con causa directa o indirecta, en la presente oferta, podrá ser cubierto por el ACEPTANTE por cuenta del OFERENTE y deducido su valor de las sumas de dinero a pagar a este último por cualquier concepto.

PARAGRAFO: Quedan expresamente comprendidos dentro de la SCLAJPT-10 V.00 22 Radicación n.°95230 autorización anterior los pagos de compensaciones, excedentes, salarios y prestaciones sociales si a ello hubiere lugar y toda clase de derechos sociales de los asociados comprometidos en el desarrollo y ejecución del presente contrato. Obsérvese que fueron las mismas CTAs las que autorizaron al Ingenio Pichichi SA, no solo a realizar el pago de sumas dinero a terceros por los conceptos allí establecidos, sino a compensar esas sumas de las que este último tuviera que pagar a las cooperativas por cualquier rubro, lo que refleja una situación de carácter comercial entre oferente y aceptante que en nada contribuye a concluir en la existencia de una relación laboral como lo pretende la censura y, que también, fuera propuesto por quien presentara la oferta mercantil - CTA - al ingenio demandado que no, producto de un acto unilateral del aceptante.

Tampoco podría llegarse a la conclusión contraria por el hecho de que el Ingenio Pichichi SA se hubiere obligado para con las CTAs a reconocer «con destino al Fondo de Solidaridad y por una sola vez, la suma de ( ), para atender y solventar la situación de los asociados» o, a entregar «el día 2 de Diciembre de 2010, la cantidad de Cuatrocientos veinte mil pesos ($420.000) por cada asociado, a título de donación y por mera liberalidad con el fin de apoyar los procesos productivos que desarrollan las empresas vinculadas al servicio de corte y labores conexas», obligaciones que en manera alguna podrían considerarse de carácter laboral y que, por el contrario, sí pueden encasillarse dentro del concepto de responsabilidad social empresarial en el que el Ingenio Pichichi SA buscó apoyar la sostenibilidad a largo SCLAJPT-10 V.00 23 Radicación n.°95230 plazo del modelo cooperativo, que no, a realizar actos de subordinación propios de quien ostenta la calidad de empleador.

De los demás elementos de juicio denunciados por la censura, entre ellos, los cuadernos restantes en los que aparecen las facturas presentadas por las Cooperativas al Ingenio Pichichi SA, recibos de pago de facturación, contrato con abogada y las cuentas de cobro que presentó, al igual que las certificaciones, historia laboral, hojas de vida, convenios asociativos de trabajo con las CTA, pago de compensaciones, aportes a seguridad social y nóminas, no se advierte que los aquí demandantes hayan prestado personalmente sus servicios al Ingenio Pichichi SA, de manera que pudiera derivarse la existencia de los contratos de trabajo alegados en la demanda.

De lo que viene de explicarse, se concluye que no cumplió el impugnante con la carga de acreditar los yerros fácticos que atribuyó al Colegiado, los que, de conformidad con lo previsto en el art. 7 de la Ley 16 de 1969, no pueden ser cualquier yerro, sino que, deben ser ostensibles, protuberantes, evidentes, siendo así, las conclusiones probatorias y el fallo deben mantenerse intactas.

En relación con lo dicho, esta Corporación entre muchas, en sentencia CSJ SL377-2023, enserió: En innumerables oportunidades ha dicho esta Corte, que en tratándose de una acusación por la senda de los hechos, no es cualquier desacierto en el que incurra el juez colegiado, el que SCLAJPT-10 V.00 24 Radicación n.°95230 conduce al quiebre de la sentencia confutada, sino que los yerros que se le endilguen a esta, deben tener el carácter de manifiestos, evidentes u ostensibles, que permitan derruir la presunción de acierto y legalidad de que está revestido el fallo impugnado y quebrantarlo, sin que sea suficiente, hacer un discurso pedagógico, así sea razonado, sino que le corresponde demostrar con argumentaciones serías y coherentes el desatino de la decisión (CSJ SL038-2018, CSJ SL1474-2020).

Así las cosas, al impugnante omitir llevar a cabo esta confrontación, la Corte no puede suplir su omisión y deducir el error evidente que pueda tener el efecto de desquiciar los soportes de la sentencia, ya que es igualmente sabido, llega al recurso amparada con la presunción de legalidad y acierto que debe ser plenamente destruida por quien pretenda su casación. Para finalizar, recuerda la Sala que parte amplia y esencial del soporte probatorio de la sentencia del Tribunal se encuentra en las testimoniales de: Amparo López Espejo, William de Jesús Calvo Acevedo y Nancy Beatriz Franco Ocampo, pruebas cuya valoración no fue cuestionada por la censura, por ende, continúan constituyendo pilar del fallo (CSJ SL12173-2015, CSJ SL4311-2022, CSJ SL242-2023, CSJ SL386-2023 y CSJ SL378-2023).

Consecuente con lo analizado, el cargo no prospera. IX. CARGO SEGUNDO Acusa infracción directa del articulo 24 del CST subrogado por el 2 de la Ley 50 de 1990, en relación con los arts. 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011; 53 de la CN;

SCLAPT-10 V.00 25 Radicación n.°95230 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990 y, Ley 1233 de 2008. Enuncia que el artículo 24 del CST, sin hacer excepción alguna por razón de la actividad, «dispone presumir regida por un contrato de trabajo toda relación de trabajo personal», mandato que, señalan, infringió el Tribunal, por cuanto «evidenció la actividad personal en la ejecución de las ofertas para el corte de caña y labores como el riego siembra y limpieza etc)), que correspondía a la demandada desvirtuar los extremos temporales y no lo hizo, por el contrario, les exigió que era necesario que los demostraran, argumentos que no compaginan con la realidad porque las fechas de las relaciones contractuales sí se probaron con las historias laborales.

Insiste en que en ningún caso, quien realiza la actividad laboral debe probar que ejecutó los servicios bajo la continuada dependencia o subordinación en relación con quien recibió y remuneró el servicio, pues a este es a quien compete desvirtuar la presunción y probar la autonomía e independencia de la actividad; arguye que «En tratándose de la presunción del contrato de trabajo, es claro que, de los elementos necesarios para la configuración de ese contrato, el artículo 24 presume, en realidad y como quedo dicho, la existencia de la subordinación laboral, lo que trae como consecuencia que se libera o dispensa de esa carga a quien alegue su calidad de trabajador).

SCLA1PT-10 V.00 26 Radicación n.°95230 X. RÉPLICA Asegura que conforme la decisión del colegiado es claro que la prestación del servicio que quedó demostrada dentro del proceso lo fue para las CTA descritas en la demanda, no para el Ingenio Pichichi SA, bajo tales condiciones no era aplicable el artículo 24 con respecto a la demandada. XI.

CARGO TERCERO Por la vía directa acusa infracción directa «del artículo 17 del Decreto 4588», en relación con el 24 y 35 del CST en relación con los arts. 4, 5, y 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011,53 de la CN; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST y, 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Luego de referirse a la decisión del Tribunal, asegura que el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 prohibe la intermediación laboral y sólo en la Ley 50 de 1990 se autoriza para que las EST desarrollen actividades propias de una empresa pero por una temporalidad de 6 meses y hasta un año, lo que no ocurría con la CTAs del presente asunto y por tal motivo les estaba prohibido desarrollar las actividades propias del ingenio demandado, que como se incumplió la prohibición se desnaturaliza el pretendido trabajo cooperativo y por tal razón será considerado trabajador dependiente la persona natural o jurídica que se beneficie con su trabajo.

SCLAJPT-10 V.00 27 Radicación n.°95230 Asegura que, como sanción al incumplimiento de la referida prohibición, tanto la cooperativa como el tercero deben responder solidariamente por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajar asociado (CC T962-2008), que si el fallador de alzada no hubiera infringido el artículo referido habría determinado que hubo contrato laboral realidad, pues los demandantes realizaron actividades propias del ingenio y eso es una prestación personal del servicio intermediado en los extremos temporales descritos en la demanda.

XII. RÉPLICA Expresa que el colegiado no encontró demostrada la tercerización alegada por los demandantes como sustento de las pretensiones, que no resultaba entonces aplicable el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006. XIII. CARGO CUARTO También por la vía jurídica acusa infracción directa de las mismas normas enunciadas en el cargo anterior.

Después de mencionar los requisitos que establece el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 para efectos de contratar con empresas de servicios temporales, dijo que el colegiado infringió la mentada disposición con sustento en que sólo se pueden enviar trabajadores en misión por 6 meses prorrogables por otro tanto de acuerdo a la necesidad, pero SCLAJPT-10 V.00 28 Radicación n.°95230 no más, por cuanto al cabo de dicha época pasan a ser trabajadores directos del beneficiario.

XIV. RÉPLICA Dice que en este asunto bajo ningún aspecto el Tribunal consideró que las CTAs hubieran actuado como empresas de servicios temporales, las labores desempeñadas por los demandantes fueron como trabajadores asociados a las cooperativas legalmente constituidas. XV. CARGO QUINTO Por la senda jurídica acusa infracción directa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en relación con el artículo 24 del CST subrogado por el 2 de la Ley 50 de 1990; 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990, 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST y, 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Luego de replicar pasajes de la sentencia del ad quem, menciona que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, prohibe la intermediación laboral y, consagra que el personal requerido en toda institución y/o empresa pública o privada para el desarrollo de actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado mediante cooperativas de trabajo asociado que desarrollen intermediación laboral, precepto que sostienen, fue infringido por el Ingenio Pichichi SA, quien SCLAJPT-10 V.00 Radicación n.°95230 «continúo la contratación con CTAs, desarrollando las actividades propias de su objeto social como era el corte de caña, limpieza, siembra, labores inherentes al corte y otras más» y, además, ignorado por el Tribunal en su decisión. XVI.

RÉPLICA Repite los argumentos ya expuestos y agrega, que la contratación con las CTA's en ningún momento afectaron derechos constitucionales y legales de los recurrentes, lo anterior si se tiene en cuenta que conforme la documental allegada al proceso, se comprueba que se les pagaron todos los derechos como trabajadores asociados de acuerdo a las reglas establecidas para su condición. XVII.

CONSIDERACIONES Al seleccionar la vía de puro derecho, se parte del supuesto según el cual, se aceptan todas las premisas fácticas del fallo atacado, especialmente que, en el sub lite no se encuentra dentro del proceso prueba de la prestación personal del servicio de los demandantes para el Ingenio Pichichi SA. Aunque lo precedente es suficiente para el fracaso de los cargos, para abundar en garantías, se procede a revisar si, el sentenciador plural interpretó erróneamente el artículo 24 del CST.

SCLAJPT-10 V.00 30 Radicación n.°95230 Previo al análisis pertinente, resulta relevante memorar que esta Corporación, en sentencia CSJ SL16528-2016, adoctrinó: Para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada.

Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, va que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: «Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo», la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

(Subraya la Sala) Como se corrobora con el precedente en cita, efectivamente el artículo 24 del CST, concede una ventaja probatoria, por cuanto conlleva que se presuma la existencia del contrato de trabajo, pero para que se active esa presunción, correspondía previamente a los demandantes demostrar la prestación personal del servicio y precisamente esa fue la exigencia, que no lograron cumplir y el colegiado no encontró. El ad quem se esmeró en escudriñar el plenario en búsqueda de la comprobación de la prestación personal del servicio, como se corrobora de los pasajes transcritos al resolver el cargo primero, pero al no aparecer dicha prueba, era evidente que no podía presumir la existencia de un SCLAJPT-10 V.00 Radicación n.°95230 contrato de trabajo, por tanto, no incurrió en la exégesis errónea.

El discurso del libelista entraña un error conceptual, en cuanto se infiere que, en su sentir, basta la comprobación del nexo entre las cooperativas y el Ingenio Pichichi SA, en unas fechas determinadas, para que se active la aludida presunción en favor de todos los demandantes, cuando el artículo 24 del CST, contiene un elemento intuito personae, es decir, la prueba de la efectiva prestación de servicios de cada reclamante a favor de la convocada al litigio, que adecuadamente exigió el ad quem.

En lo que atañe a los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y, 63 de la Ley 1429 de 2010, de cara a la situación particular de los accionantes, no se encuentra el dislate jurídico que atribuye el ataque, pues partiendo del supuesto según el cual, no probaron que hubieran prestado servicios personales a favor del Ingenio Pichichi SA, mal puede afirmarse que fueron enviados en misión por parte de las cooperativas y que por tanto, esos entes, hicieron las veces de empresas de servicios temporales en contravía de la norm atividad.

Según lo estudiado, los cargos resultan infundados. Costas a cargo de los demandantes y a favor de la demandada, con inclusión de la suma única de $5.300.000 a título de agencias en derecho, según los términos del artículo 366-6 del Código General del Proceso. SCLAJPT-10 V.00 32 Radicación n.°95230 XVIII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de mayo de 2022, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso seguido por HÉCTOR ALFONSO JARAMILLO CRUZ, JOSÉ TEóFILO GUTIÉRREZ CHAVERRA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MATABAJOY, ROBERTO CORTÉS TABORDA y JESÚS ALBEIRO GUERRERO MENDOZA contra INGENIO PICHICHI SA.

Costas conforme lo indicado en la parte motiva. Notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. IMPEDIDO DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO GE P DA SÁNCHEZ,52 6 SCLAPT-10 V.00 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 ACLARACIÓN DE VOTO Magistrada Ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo Rad. 95230 De: Héctor Alfonso Jaramillo Cruz y otros vs. Ingenio Pichichi S.A. Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, a continuación, expongo las razones que me llevan a aclarar el sentido de mi voto.

Contrario a lo concluido en la sentencia de casación, considero que de la documental denunciada por la censura afloran elementos para inferir que las cooperativas de trabajo asociado no eran verdaderas contratistas independientes al servicio del Ingenio; fluye evidente su falta de autonomía, así como de una real capacidad técnica y operativa.

Era tal la ausencia de estas características, que el Ingenio financiaba directamente los servicios del cabo de campo, supervisor directo de los corteros de caria; pagó los honorarios de profesionales que adelantaban gestiones para las cooperativas y sus afiliados, y les hacía donaciones. Esto, sin contar la injerencia en el manejo y disposición del personal, así como el suministro de dotaciones y medios de protección a cargo del Ingenio.

Sin embargo, no es posible dejar de advertir que buena parte del razonamiento del Tribunal se centró en la información aportada por los testigos, a quienes dio plena credibilidad por SCLAJPT-10 V.00 Radicación n.° 95230 considerarlos conocedores de primera mano de los hechos. Fue a partir de esos dichos que el juez colegiado corroboró sus inferencias acerca de la operación autónoma e independiente desplegada por los entes solidarios, y la ausencia de injerencia del Ingenio en el funcionamiento de aquellos.

Tales reflexiones hacen parte de los pilares de la decisión, sin que la censura se ocupe siquiera de discutirlos, lo que hace que continúen indemnes al servicio de la intangibilidad del fallo. Adicionalmente, los recurrentes tampoco se ocupan de desvirtuar otra conclusión fundamental de la decisión, en el sentido de que no quedó demostrada la prestación personal de servicios al Ingenio.

Siendo ello así, tampoco cabría pensar en la activación de la presunción del artículo 24 del estatuto laboral. Estas dos últimas razones son las que, en mi sentir, hacen que el recurso de casación pierda cualquier posibilidad de éxito. Fecha ut supra, RGE P DA SANCHEZ c-s-,-----Ase Magi trado SCLA3 PT- 10 V.00 2