SL1623-2023 — Corte Suprema

SL1623-2023Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2023

Magistrado ponente: Omar De Jesús Restrepo Ochoa

Decreto 2519 de 2015Ley 314 de 1996Ley 82 de 1912

De qué trata

Tema: PROCEDIMIENTO LABORAL » PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA » APLICACIÓN - Quien pretenda el reconocimiento de beneficios consagrados en normas convencionales, debe indicar de forma clara e inequívoca la fuente concreta de los derechos extralegales adeudados Tesis: «5. Es más, si en gracia a discusión la Sala fuera más allá de las falencias técnicas advertidas, y examinara los acuerdos extraconvencionales suscritos entre Caprecom y Sintracaprecom, los días 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013, para establecer si el cumplimiento de la condición establecida en ellos, esto es, la liquidación de la primera, originó la reactivación de los derechos consagrados en la convención colectiva de trabajo —que es lo que constituye el objeto del proceso—, se advierte de entrada una falla de orden sustancial que tornaría inocuo ello, relacionada con la omisión de la señora González Gómez, en indicar la fuente específica que los contempla, en torno a los cuales gira la controversia, luego, la subsecuente omisión en acreditar válidamente dicha norma extralegal. Es que dentro de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda inicial, no se indicó en forma clara e inequívoca la fuente concreta de los derechos extralegales adeudados “durante los años 2003 a 2015 y 2016 por suspensión extra-convencional” —solo se expresó en forma genérica, que la convención colectiva de trabajo regía para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados—. Y al interior del plenario, se aportaron las convenciones colectivas de trabajo vigentes de 1997-1998 (f.° 113 a 130), así como la del 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 (f.° 218 a 227), y en el entendido de que la fuente concreta de los derechos cuya reactivación se pretende, fuere la primera —que es la que pudiera estar vigente al 12 de junio de 2003, en que se suscribió el acuerdo extraconvencional que dispuso la suspensión parcial y temporal de algunas cláusulas convencionales—, en ninguna parte se expresó cómo se garantizó la extensión de los efectos de aquella, con vigencia durante esos dos años, hasta el 12 de junio de 2003 —fecha en que se dispuso su suspensión en razón del acuerdo extraconvencional—, ni las circunstancias fácticas y temporales que generaron los derechos reclamados; además, no existe prueba que acredite válidamente su existencia, pues aquella carece de constancia de depósito. Sobre esta situación, resulta pertinente traer a colación la doctrina de la Corte plasmada en la sentencia CSJ SL, 20 sep. 1995, rad. 7311, reiterada en la CSJ SL, 4 dic. 2003, rad. 21042, en la que puntualizó: “(....) Resulta de pertinencia para la Sala precisar que con arreglo al artículo 469 del C.S.T., para que la convención colectiva surta efectos se requiere su elaboración por escrito, su extensión en tantos ejemplares como sean las partes y una más para el necesario depósito en el Departamento Nacional del Trabajo a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su firma. En su labor hermenéutica en relación a la citada norma la Corte ha reiterado: “Resulta así que la convención de trabajo es acto solemne y, en estas circunstancias, la prueba de su existencia se confunde con la demostración de que se cumplieron cabalmente las solemnidades exigidas por la ley para que fuera acto jurídico válido”. “No puede pues acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención. Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes. Y si llega a reconocer la existencia de aquélla sin que aparezca en autos la única prueba legalmente eficaz para acreditarla, comete error de derecho y, por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta...”. “Se trata pues, de un acto solemne, para cuya demostración en juicio es necesario aportar a éste la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la solemnidad. Una de ellas es el escrito en que conste el acto jurídico, otro el depósito de copia del mismo ante la autoridad del trabajo dentro de un plazo determinado. Es obvio que quien pretenda hacer valer en juicio derechos derivados de la convención, debe presentarla en copia expedida por el depositario del documento. “La prueba de un acto solemne no puede ser sustituida por otra. Así lo manda el Cogido Procesal del Trabajo en su artículo 61. En armonía con esta previsión legal, el mismo estatuto en su artículo 87, inciso del numeral 1°, ve un error de derecho cuando el juzgador pretermite la prohibición establecida en la norma primeramente citada. “La Sala acoge ahora como doctrina de la Corte la tesis que acaba de exponerse que, por lo demás, ya había sido sostenido también en épocas anteriores. Rectifica así la tesis sostenida en contrario.”. (Resalto propio del texto)” Lo expuesto impone la desestimación de los cargos». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - El recurso de casación exige una técnica especial, sin la cual, no es posible alcanzar su finalidad Tesis: «Revisado el escrito que contiene la demanda de casación, observa la Sala, como lo advierte el opositor, que presenta graves deficiencias técnicas, que no es posible subsanar de oficio, por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, pues de conformidad con el art. 90 CPTSS, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍAS - En el recurso de casación es necesario identificar los pilares de la sentencia acusada, determinar si son fácticos o jurídicos y establecer con precisión la senda de ataque -directa o indirecta- Tesis: «Sobre este punto, debe decirse, tal y como ya ha tenido oportunidad la Sala de hacerlo, que le corresponde al censor de forma preliminar, identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Sobre este aspecto en particular en la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132, se manifestó: “[…] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria”. […] Es decir, que le corresponde al recurrente de forma preliminar, identificar los soportes del fallo impugnado y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍAS - En el recurso de casación la acusación de la sentencia se puede hacer por vía directa o indirecta o por ambas, pero de ser así, se deben presentar cargos separados RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación es necesario atacar los verdaderos argumentos de la sentencia acusada Tesis: «Como igualmente se ha señalado, la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impone, a quien opta por este medio de impugnación, el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los verdaderos pilares de la sentencia gravada, porque si no se hace en debida forma, la providencia permanecerá incólume, revestida de la presunción de acierto y legalidad». RECURSO DE CASACIÓN » PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y ACIERTO DE LA SENTENCIA - En el recurso de casación la sentencia judicial se mantiene incólume mientras no sean destruidos todos sus fundamentos RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » PROPOSICIÓN JURÍDICA - En el recurso de casación es necesario acusar la norma de derecho sustancial de alcance nacional que contenga el derecho reclamado Tesis: «Así, es necesario que el censor, además de formular clara o coherentemente el alcance de su impugnación, indique el precepto legal sustantivo de orden nacional que estime vulnerado y el concepto de violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar o dejar de valorar las pruebas, debe singularizarlas, y expresar la clase de desatino que estima, se cometió. […] 3. El segundo cargo se encauza por la vía indirecta —sin especificar el submotivo—, y solo se relacionan errores de hecho y prueba no apreciada. Es decir, se propone de forma aparente, pues carece de proposición jurídica, y no se menciona qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, es más, no presenta desarrollo alguno, solo se menciona en términos generales, que “existe una EVIDENTE desatención en los fundamentos fácticos que dieron lugar al presente caso, y una errónea aplicación e interpretación de preceptos legales que han sido totalmente desconocidos por el tribunal […]”. En cuanto a lo primero, desconoce la censora, que el recurso de casación gira en torno a la violación de una norma sustantiva de alcance nacional, que resulta fundamental para poder contrastarla con la decisión acusada. Sobre el particular la Corte en el auto CSJ AL397-2022, expresó que el recurso extraordinario es de carácter dispositivo, y al no citarse la norma sustancial que se considera vulnerada, se impide que se cumpla la misión esencial de unificar la jurisprudencia del trabajo. Así se dejó explicado: “Revisado el escrito que contiene la demanda de casación presentada por la parte recurrente, la Sala observa que adolece de una deficiencia técnica que no es posible subsanar de oficio por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, ni mediante un ejercicio de flexibilización, pues de conformidad con el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado. En el asunto, la parte no establece en debida forma la proposición jurídica del recurso, pues olvida que dicha carga requiere, de una parte, señalar cualquiera de los preceptos sustanciales de orden nacional que, constituyendo base esencial del fallo impugnado, o debiendo serlo a su juicio, haya sido inobservado y, de otra, que dicha norma debe ser de índole laboral [pues] la función de esta Sala es la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo; situación que no ocurre, pues aunque se discute la devolución de las mesadas pensionales recibidas, el demandado hace relación a una norma procesal del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Subrayas propias del texto)”. […] Situación similar se presenta en el tercer cargo, también dirigido por la senda indirecta, en el que solo se menciona un error de hecho, sin referir pruebas no valoradas o indebidamente apreciadas; no se expresa cuál fue la norma violada, y de qué manera ocurrió ello; y en su demostración, solo se alude de manera general a las normas que rigen el presente asunto, sin exponer, cómo el juez de segundo grado incurrió en su indebida aplicación». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MODALIDADES DE VIOLACIÓN DE LA LEY - En el recurso de casación es necesario indicar la modalidad de violación que se invoca RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación es necesario singularizar las pruebas, demostrar qué es lo que acreditan, el yerro en la apreciación y su incidencia en la decisión RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN - En el recurso de casación es necesario señalar qué se pretende con la sentencia del ad quem, si casarla total o parcialmente y, en este último caso, sobre qué puntos debe versar la anulación de la sentencia Tesis: «Las deficiencias a las que se alude, se detallan a continuación: 1. El alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda de casación, debe contener las pretensiones de la recurrente sobre dos aspectos: a) lo que quiere que la Corte como tribunal de casación realice respecto del fallo acusado, o sea, que lo case o rompa total o parcialmente, y, en esta última eventualidad, en relación con qué puntos del mismo; y, b) lo que busca que la Corte haga como tribunal de instancia, ello si llega a prosperar el quiebre del acto jurisdiccional censurado. Entonces, le corresponde al impugnador señalar qué actividad debe realizar esta corporación en sede de instancia, o sea, precisar si la sentencia del juez debe confirmarse, revocarse o modificarse, y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo; lo que se echa de menos en este asunto, pues la recurrente luego de pedir la casación de la sentencia impugnada, solicita en forma concreta las condenas que debieron impartirse en la providencia de primer grado. Empero, si se superara esa deficiencia, y se entendiera que lo que busca es que una vez casada la sentencia de segundo grado, se revoque la absolutoria del a quo, y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inaugural, la acusación tampoco podría prosperar, por lo que a continuación se expone». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN - En el recurso de casación es necesario indicar qué se pretende con la sentencia del juzgado, si confirmarla, modificarla o revocarla y, en estos últimos casos, cuál debería ser la decisión de reemplazo RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA - En el recurso de casación si la inconformidad radica en temas fácticos, el ataque debe orientarse por la vía indirecta Tesis: «2. En el primer cargo, en la proposición jurídica, se acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el art. 16 del CST, que consagra la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, entre otras normas. Sin embargo, su demostración concreta en cuanto al yerro jurídico pregonado, no gira en torno a la indebida intelección de esa norma, sino de lo consagrado en el numeral 8.° del acuerdo extraconvencional del 12 de junio de 2003 suscrito entre Caprecom EICE y Sintracaprecom, es más, aduce que debió aplicarse la interpretación más benéfica a sus intereses como trabajadora; aspecto que indefectiblemente debía encauzarse por la senda indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, por tratarse de una prueba. Carece entonces el embate, un planteamiento lógico. Y en lo demás, solo se exhiben disquisiciones teóricas en torno a la convención colectiva de trabajo, la libertad de asociación sindical, los instrumentos del Sistema Regional Interamericano que reconocen aspectos relacionados con el derecho al trabajo, y los convenios de la OIT». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación es necesario hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de las pruebas y la realidad procesal Tesis: «Respecto de lo segundo, olvida la recurrente que cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los yerros, y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148)». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación es necesario atacar y desvirtuar todos los argumentos esenciales de la sentencia acusada Tesis: «4. En el presente asunto, el juez plural soportó su decisión, en los siguientes razonamientos: (i) que si bien es cierto, en la conciliación celebrada entre la demandante y la entidad, se plasmó que dicho acuerdo no comprendía las controversias sobre las acreencias de origen convencional reclamadas, no se pueden establecer de manera cierta, cuáles fueron esas prestaciones extralegales que se pudieron causar entre la fecha en que se firmó el acuerdo -12 de junio de 2003-, aquella en que la entidad entró en proceso de liquidación -28 de diciembre de 2015-, y la terminación del contrato de trabajo de la demandante -9 de mayo de 2016-; (ii) que pese a que la norma convencional en lo referente a sus beneficios, haya cobrado vigencia, estos no pueden reconocerse en forma retroactiva desde la fecha en que se suspendieron, pues además de que el acuerdo nada dijo sobre el particular, acceder a esa interpretación rompería la finalidad del pacto suscrito entre la organización sindical y Caprecom, que no era otra, que hacer viable a la entidad ante su insolvencia económica; y, (iii) que adicionalmente, en el evento de que la actora hubiera demostrado los conceptos convencionales no reconocidos -carga que no cumplió-, tales derechos estarían afectados por el fenómeno de la prescripción. Y ante la exposición de argumentos vacuos y deshilvanados, que emergen como típicos alegatos de instancia, quedaron libres de acusación los referidos argumentos basilares de la decisión impugnada, por lo que el recurso carece de eficacia suficiente para lograr su propósito».

SCLAJPT-10 V.00 OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL1623-2023 Radicación n.° 93574 Acta 023 Bogotá, D. C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MARTHA LUZ GONZÁLEZ GÓMEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 6 de noviembre de 2019, en el proceso que instauró en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES LIQUIDADO – PAR CAPRECOM LIQUIDADO, administrado por la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA.

ANTECEDENTES Martha Luz González Gómez llamó a juicio a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom liquidada, con el fin de que se declarara que sostuvo con ella un Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 2 contrato de trabajo a término indefinido desde el 19 de octubre de 1990 hasta el 9 de mayo de 2016; que pertenecía al sindicato Sintracaprecom; que la entidad incumplió los acuerdos convencionales que establecieron su no liquidación, de los años 2003 y 2013, según pactos extralegales; y que los derechos convencionales dejados de percibir «durante los años 2003 a 2015 y 2016 por suspensión extra-convencional», deben ser otorgados en virtud del incumplimiento por parte de la empleadora.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se le condenara al pago de la diferencia proveniente del reajuste de sueldos y prestaciones sociales legales y convencionales desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos, «y hasta el año 2015, fecha de liquidación de CAPRECOM EICE, y 09 de Mayo de 2016 fecha en que se desvinculó» (art. 45 cct); así como al pago de las primas de junio y de navidad, durante el período del 12 de junio de 2003 hasta el 9 de mayo de 2016 (arts. 49 y 50 cct); las bonificaciones por servicios prestados y de recreación (arts. 55 y 64 cct); y, el quinquenio (art. 67 cct).

Así como el descanso especial o adicional, y la recreación por vacaciones, durante el período del 12 de junio de 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2012 (arts. 26 y 64 cct); la guardería correspondiente a los años 2003 y 2004 (art. 31 cct y el laudo arbitral de 1999); los aportes educativos de los hijos, durante el período del 12 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2015 (art. 39 literal a) cct y laudo arbitral de 1999); y las dotaciones, el plan de atención Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 3 complementario actualizado en su conservación y desarrollo de derechos en salud, y la ruta de buses, durante el período del 12 de junio de 2003 hasta el 9 de mayo de 2016 (arts. 41, 28 literal a) y 47 cct, respectivamente).

Y, por último, la indexación de las sumas objeto de condena. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que Caprecom fue creada mediante la Ley 82 de 1912, siendo transformada a empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, de conformidad con la Ley 314 de 1996, no obstante, el gobierno nacional dispuso su supresión y liquidación a través del Decreto 2519 de 2015; que estuvo vinculada con la entidad a través de contrato de trabajo a término indefinido, como trabajadora oficial, desde el 19 de octubre de 1990 hasta el 9 de mayo de 2016, desempeñando el cargo de profesional universitario I, labor que realizaba de manera dependiente, cumpliendo horarios, acatando órdenes, asistiendo a capacitaciones, reuniones y demás actividades encargadas por la empleadora.

Agregó que, además, realizaba sus funciones en la sede de la entidad en el nivel central; que devengaba como salario la suma de $3.290.968; que el Sindicato de Servidores Públicos de Caprecom - Sintracaprecom, fue reconocido legalmente mediante la Resolución n.° 0130 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; que la organización sindical y Caprecom suscribieron un acuerdo extraconvencional el 12 de julio de 2003, mediante el cual, Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 4 aceptaron suspender parcial y temporalmente por un término de 10 años, normas del texto extralegal contentivas de derechos, con el fin de que la entidad lograra su equilibrio financiero, y evitar su liquidación. Narró que posteriormente en el año 2013, Sintracaprecom y Caprecom volvieron a evaluar la situación de la entidad, concluyendo que como los trabajadores al haber contribuido durante 10 años con la suspensión de sus beneficios convencionales, aquella logró cumplir con su objeto social, adaptada y reducida en sus negocios y programas iniciales, a las necesidades del alto gobierno, por lo que se acordándose entre ambas, la prórroga por otros 5 años, del acuerdo extraconvencional firmado en junio de 2003.

Expresó que para la finalización de la relación laboral con Caprecom, de manera libre y voluntaria, con base en los términos del Decreto 2519 de 2015, que ordenó la liquidación de la entidad, se acogió al Plan Único de Retiro consensuado para los trabajadores oficiales de la entidad; que en el acta de conciliación suscrita el 5 de mayo de 2016, se acordó el pago de la indemnización prevista en el parágrafo 3º del art. 21 de la convención colectiva, por considerar que el cierre de la entidad o su proceso liquidatorio, no era justa causa, cancelándosele lo estipulado en el art. 6 del laudo arbitral del 1º de julio de 1999, que dirimió el conflicto colectivo entre la entidad y sus trabajadores, igualmente, la trabajadora hizo la manifestación, de que se reactivaron a su favor todos los beneficios que habían sido suspendidos mediante actas de Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 5 acuerdo extraconvencionales del 12 de junio de 2003 y el 7 de junio de 2013, solicitando que se le cancelaran los beneficios convencionales causados desde el 28 de diciembre de 2015.

Agregó que el 15 de marzo de 2016, radicó reclamación administrativa ante Fiduciaria La Previsora SA, solicitando el pago de las acreencias laborales dejadas de cancelar a partir del 2003, e instó al reconocimiento y posterior pago de la suma de $188.405.989; que a través de la Resolución n.° AL. 02124 de 2016, por medio de la cual se calificó y graduó una acreencia oportunamente presentada con cargo a la masa del proceso liquidatorio de Caprecom, se resolvió de manera negativa lo pretendido, frente a la cual interpuso recurso de reposición, siendo confirmada por la Resolución n.° AL. 05879 del 27 de julio del mismo año; que el agente liquidador de la entidad, no tuvo en cuenta que dentro de los acuerdos del 2003 y 2013, siempre se ratificó, que en caso de incumplimiento por el ente estatal, aquellos se tendrían como si nunca hubieran existido en el ordenamiento jurídico, así como el principio de favorabilidad respecto al tratamiento de dos interpretaciones frente a determinada ley, teniendo en cuenta que la convención colectiva de trabajo es una verdadera ley para las partes.

Además, que se encontraba afiliada a la organización sindical Sintracaprecom; que la convención colectiva de trabajo regía para los trabajadores sindicalizados y los que no tuvieran esa condición; que es beneficiaria de las condiciones estipuladas en el art. 28 del texto convencional, Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 6 pues se encontraba vinculada desde el 19 de octubre de 1990 a Caprecom EPS, junto con su respectivo grupo familiar, hasta el año 2002, fecha en que fue obligada a pasarse a otra; que a través de acta final del proceso liquidatorio de Caprecom EICE del 27 de enero de 2017, se dio por vencido el término de liquidación y extinción de la persona jurídica, y como consecuencia, de manera automática se dieron por suprimidos todos los cargos existentes, y se terminaron las relaciones laborales; y que en virtud de lo anterior, quien asumiría las obligaciones de dicha entidad, era el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Caprecom liquidado, representado por la Fiduprevisora SA.

El PAR Caprecom liquidado, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, los aceptó, salvo el referente a la reactivación de los beneficios convencionales, pues al respecto dijo, que las normas laborales no son retroactivas, los acuerdos convencionales así como los extraconvencionales, hacen parte integral del contrato de trabajo y son normas para quienes los suscriben, lo que conlleva a su aplicación a partir del momento en que entró en liquidación la entidad, y no desde el momento de la suspensión de los extralegales; y negó haber coaccionado a la demandante para que se trasladara de EPS.

Como excepciones propuso las de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, prescripción, incongruencia de las pretensiones frente a la Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 7 aparente reclamación administrativa, cosa juzgada y retroactividad de la norma laboral. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 14 de mayo de 2019, absolvió a la demandada de las pretensiones del libelo genitor; y declaró probada la excepción de inexistencia del derecho y de la obligación. III.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 6 de noviembre de 2019, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante, confirmó la decisión de primer grado. Estableció como problema jurídico, determinar si a Martha Luz González Gómez le asiste derecho a percibir los derechos convencionales reclamados, correspondientes a los años 2003 a 2016.

Dijo que no es objeto de controversia, que la demandante estuvo vinculada como trabajadora oficial para Caprecom, desde el 19 de octubre de 1990 hasta el 9 de mayo de 2016, desempeñándose como profesional universitario I (f.° 56). Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 8 Frente a lo solicitado por la actora, afirmó que es un hecho cierto, el acta de acuerdo extraconvencional suscrito entre Caprecom y Sintracaprecom, que determinó suspender parcial y temporalmente por un término inicial de 10 años, prorrogado en el año 2013 por 5 años más, las cláusulas de la convención colectiva de trabajo sobre las que reclama su aplicación la actora (medio magnético f.° 228); y que en ella se dejó consignado, que los trabajadores recibirían una bonificación por la suspensión de esos beneficios convencionales.

Señaló que, de la conciliación celebrada entre la demandante y la entidad, se puede observar, que se dejó constancia sobre la voluntad de conciliar derechos inciertos y discutibles que hubieran podido generarse durante la relación laboral, por la suma total de $191.648.437; y aunque igualmente se plasmó que dicho acuerdo no comprendía las controversias sobre las acreencias de origen convencional reclamadas, no se pueden establecer de manera cierta, cuáles fueron esas prestaciones que se pudieron causar entre la fecha en que se firmó el acuerdo – 12 de junio de 2003–, aquella en que la entidad entró en proceso de liquidación –28 de diciembre de 2015–, y la terminación del contrato de trabajo –9 de mayo de 2016–.

Concluyó que, en consecuencia, como la actora no demostró los beneficios convencionales causados, adeudados por la demandada, no era posible impartir las condenas pretendidas. Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 9 Por último precisó, que pese a que la norma convencional en lo referente a sus beneficios, hubiera cobrado vigencia, los mismos no pueden reconocerse en forma retroactiva desde la fecha en que se suspendieron, pues además de que el acuerdo nada dijo sobre el particular, acceder a esa interpretación rompería la finalidad del pacto suscrito entre la organización sindical y Caprecom, que no era otra, que hacer viable a la entidad ante su insolvencia económica; y que adicionalmente, en el evento de que la demandante hubiera demostrado los conceptos de dicha naturaleza, no reconocidos –carga que no cumplió–, tales derechos estarían afectados por el fenómeno de la prescripción. IV.

RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente: […] que se CASE la sentencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad de Bogotá (sic) profirió sentencia de fecha 06 de noviembre de 2.019 donde se solicita lo siguiente:

SEGUNDO: DECLARAR que la señora MARTHA LUZ GONZALEZ (sic) GOMEZ (sic), perteneció al SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICADORES- SINTRACAPRECOM, durante la vigencia de la relación laboral, esto es, desde el día 19 de octubre de 1.990 al 09 de mayo de 2.016. Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 10 TERCERO: DECLARAR la reactivación de los derechos convencionales dejados de percibir durante los años 2003 al 2015, debido a la suspensión de los convenios extra (sic) convencionales consecuencia del incumplimiento de CAPRECOM en liquidación.

CUARTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor de la demandante, a pagar la diferencia proveniente del reajuste de salarios y prestaciones sociales legales y convencionales desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016 QUINTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante, al pago de la prima de junio reconocida en el artículo 49 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016 SEXTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante, al pago de la prima de navidad reconocida en el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016 SÉPTIMO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de la bonificación de recreación reconocida en el artículo 64 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

OCTAVO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de Bonificación por servicios prestados reconocida en el artículo 55 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

NOVENO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 11 legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de Quinquenio reconocida (sic) en el artículo 67 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

DÉCIMO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago Descanso Especial o Adicional reconocida en el artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016 DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de la bonificación de recreación POR VACACIONES reconocida en el artículo 64 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

DÉCIMO SEGUNDO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de la GUARDERÍA reconocida en el artículo 31 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 2.003 Y hasta el 2.004.

DÉCIMO TERCERO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor del demandante (sic), al pago de Los aportes educativos a los hijos reconocida en el artículo 39 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

DÉCIMO CUARTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor de la parte demandante, al pago de dotaciones reconocida en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2003 y hasta el 09 de mayo de 2.016.

DÉCIMO QUINTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 12 representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor de la parte demandante, al pago de RUTA DE BUSES reconocida en el artículo 47 de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

DÉCIMO SEXTO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO (sic) DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO, representada (sic) legalmente por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., a favor de la parte demandante, al pago del plan de atención complementario actualizado en su conservación y desarrollo de derechos en salud reconocida en el articulo (sic) 28 literal a) de la Convención Colectiva de Trabajo durante el periodo comprendido desde el 12 de junio de 2003, fecha en que fueron suspendidos los derechos laborales y hasta el 09 de mayo de 2.016.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, objeto de réplica; los cuales se resolverán en forma conjunta, por unidad de motivación en su resolución. VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, las siguientes normas: […] artículo 16 inciso 1 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 467 al 471 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 25, 26, 38, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la interpretación errónea de éstos (sic) mismos.

En su desarrollo aduce, que el Tribunal incurrió en el yerro jurídico reprochado, porque el inciso 1° del art. 16 del CST, lo que en realidad consagra, es la prohibición retroactiva de la ley laboral, para las situaciones ya definidas, consumadas de acuerdo con las leyes anteriores, sobre las Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 13 cuales operan los derechos adquiridos; empero, también es cierto que la norma puede ser retroactiva, si expresamente así lo declara ella misma.

Dice que en el numeral 8° del acuerdo del 12 de junio de 2003, suscrito entre Caprecom EICE en liquidación y Sintracaprecom, se acordó que: «Las partes acuerdan que en caso de la no viabilización de la entidad en términos del presente acuerdo extra convencional (sic), y se determine por parte del gobierno su fusión o liquidación, la convención colectiva conservará su vigencia y el acuerdo extraconvencional quedará sin aplicación».

Afirma que, conforme a ello, se evidencia que lo que los trabajadores entendían, era diferente a lo que comprendió la entidad en su oportunidad respecto de la mencionada norma del acuerdo extraconvencional, es decir, dejar de manera retroactiva los beneficios laborales que fueron suspendidos, máxime cuando quiera que el contenido es totalmente claro.

Indica que en el presente asunto se está en presencia de una convención colectiva de trabajo suscrita entre las partes, que es verdadera ley para ellas. Y expresa: […] y de esta manera y atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y gran parte de la doctrina Colombiana, se tiene como UNA VERDADERA LEY PARA LAS PARTES, en el presente debate jurídico la Convención Colectiva suscrita entre las partes ya mencionadas, y que estas a su vez, suscribieron un acuerdo extra convencionales (sic) que establecieron de manera clara y sin interpretación errónea o diferente a la plasmada allí, que en caso de incumplimiento la suspensión de una serie de emolumentos quedarían sin efectos y sin ningún tipo de vigencia, situación, que ha dado lugar a dos interpretaciones, la primera de ellas corresponde, a la Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 14 reanudación de los derechos laborales desde que CAPRECOM incumplió y una segunda interpretación, establece que al existir el incumplimiento por parte de la entidad demandada el acuerdo extra (sic) convencional se tiene que jamás existió, esto es, NO NACIÓ A LA VIDA JURÍDICA, y por lo tanto deberán cancelarse los emolumentos laborales que fueron suspendidos por ellos, es decir, desde el año 2023.

(Subrayas propias del texto) Evoca la libertad de afiliación a las organizaciones sindicales como derecho humano para la OIT y en la Constitución Política de 1991. Señala que las convenciones colectivas de trabajo son una expresión de la negociación dentro de ese ámbito, que por su carácter sui generis, poseen un origen contractual, al ser celebradas entre un sindicato y empleadores, y tienen la virtualidad de convertirse en una fuente formal del derecho, con vocación de permanencia, que regulan de manera obligatoria las relaciones de trabajo respectivas.

Y que presentan una serie de solemnidades que impiden que sea modificadas por medios diversos a los establecidos por la ley, por ejemplo, por acuerdos extraconvencionales. Sobre el particular, expresa, que la manera normal de llevar a cabo cambios o de prorrogar la convención colectiva, está consignada en los arts. 478 y 479 del CST, motivo por el cual, esta conserva su fuerza vinculante, y «no debería verse alterada por la inclusión en el tenor literal de los propios contratos laborales, que ya de por sí regula».

Asevera que debe procurarse el cumplimiento de dicha fuente extralegal, so pena de incurrir en la responsabilidad de que trata el mandato 468 del CST; y que esta es el Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 15 instrumento que mejor encarna el derecho colectivo, el reconocimiento constitucional de los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, por lo que no pueden menoscabarse los derechos de los laborantes y los principios mínimos fundamentales de ese derecho, contemplados en el art. 53 de la Constitución Política, por decisiones abiertamente contrarias «a los fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales establecidos para el caso».

Así las cosas, sostiene que la interpretación ofrecida por el juzgador: […] llevaría al absurdo que los beneficiarios de una convención colectiva, renuncien a sus derechos legítimamente adquiridos, producto de una negociación, de una concertación entre sectores que con intereses diversos lograron ponerse de acuerdo en procura de una paz laboral que les permita el ejercicio pleno de sus labores en beneficio de ellos y de la comunidad en general, bajo el argumento de la no aplicación retroactiva de la ley, cando (sic) en razón al principio de favorabilidad y a la situación fáctica del caso, se tiene que EXISTIÓ UN INCUMPLIMIENTO CLARAMENTE PROBADO CON LA LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD CAPRECOM, la cual debió interpretarse a favor de mi representada atendiendo de esta manera el principio rector del IN DUBIO PRO OPERARIO, y que toda duda debe resolverse a favor del trabajador, aplicando de esta manera la ley más favorable y de la condición más beneficiosa.

(Negrillas propias del texto) Insiste en que, es claro que el incumplimiento de los acuerdos extraconvencionales se dio por Caprecom, quien por directriz del gobierno nacional, se liquidó; de tal suerte, que debe aplicarse la interpretación más benéfica al trabajador, «situación que no fue atendida por el a quo», por cuanto en los mismos arreglos mencionados se establece, que el hecho de tener como resultado la extinción de la Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 16 entidad demandada, daría lugar a la reanudación de los derechos laborales y convencionales que tenían los trabajadores, suscritos previamente.

En ese orden, recuerda lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia CC C1050-2021, al estudiar los artículos 478 y 479 del CST. Se cuestiona si para que las entidades u organismos del orden nacional puedan adelantar y culminar procesos de disolución y liquidación, se requiere la renuncia por parte de los trabajadores a los derechos adquiridos, no como un favor o una dádiva, sino producto de negociaciones y concertaciones a través de las cuales se ha logrado el reconocimiento de lo que se han ganado con su fuerza laboral.

A continuación, expresa: Claramente con las situaciones fácticas y jurídicas plasmadas anteriormente, se establece que mi poderdante solicita el correspondiente reconocimiento de acreencias laborales dejadas de percibir a partir de 2003 y hasta el 28 de diciembre de 2015, proveniente de los derechos legales y los establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre CAPRECOM y SINTRACAPRECOM, por incumplimiento de la condición estipulada en el numeral 8 y parágrafo del mismo: liquidación de la empresa, por cuanto fue el mismo Gobierno Nacional quien a través del Decreto 2519 de 2015, decretó la suspensión y liquidación de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM, dejando sin efectos aquellos acuerdos extra (sic) convencionales suscritos y así dando paso a la REACTIVACION (sic) y EXIGIBILIDAD de aquellos derechos laborales y convencionales establecidos en la Convención Colectiva suscrita entre las partes anteriormente.

Relaciona los instrumentos del Sistema Regional Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 17 Interamericano que reconocen aspectos relativos con el derecho al trabajo, entre los cuales se encuentran, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; y el Protocolo de San Salvador.

Y en cuanto a los convenios de la OIT, pone de presente, que hasta la fecha se han emitido 187, sobre diversos asuntos del trabajo, 8 de los cuales han sido señalados por dicho organismo, como fundamentales, a partir de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, los cuales han sido debidamente ratificados por Colombia.

Por último, realiza unas disquisiciones teóricas respecto de los arts. 25, 38 y 39 de la Constitución Política, que consagran los derechos al trabajo, de asociación y de formar sindicatos, respectivamente. VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta «en la modalidad de violación de la ley», originada por la comisión de los siguientes errores de hecho: 1) No dar por demostrado, estándolo, que el cumplimiento de la condición establecida en los acuerdos extra (sic) convencionales, esto es, la liquidación de CAPRECOM, daría lugar a la REACTIVACION (sic) DE LOS DERECHOS LABORALES Y CONVENCIONALES establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre CAPRECOM y SINTRACAPRECOM. 2) No dar por demostrado, estándolo, que el cumplimiento de la Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 18 condición establecida en los acuerdos extra (sic) convencionales, esto es, la liquidación de CAPRECOM, daría lugar a que los acuerdos extra (sic) convencionales NUNCA NACIERON A LA VIDA JURIDICA (sic) y por lo tanto quedarían sin ningún efecto jurídico entre las partes. 3) No dar por demostrado, estándolo, que la CONVENCION (sic) COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE CAPRECOM Y SINTRACAPRECOM tiene per se FUERZA VINCULANTE entre las partes, por lo tanto, se debe atender a la protección de aquellos derechos laborales colectivos previamente establecidos en una convención colectiva. 4) No dar por demostrado, estándolo, que los acuerdos extraconvencionales respecto de la convención colectiva no tienen fuerza jurídica o vinculante si los mismos desmejoran las condiciones establecidas en la convención colectiva; máxime cuando quiera que los acuerdos extraconvencionales solamente deben aclarar o mejorar dichas convenciones y se reitera nunca desmejorarlas.

Como pruebas no apreciadas, relaciona las siguientes: la convención colectiva de trabajo suscrita entre Caprecom y Sintracaprecom; los acuerdos extraconvencionales de los años 2003 y 2015; y el Decreto 2519 de 2015, que dispuso la supresión y liquidación de la entidad, sobre lo cual, asevera: […] cumpliéndose la condición señalada en los mismos acuerdos extra (sic), para la Reactivación de los derechos laborales y convencionales establecidos en la Convención Colectiva inicial que tiene fuerza vinculante de acuerdo a los diversos planteamientos jurídicos, jurisprudenciales y doctrinarios.

Conforme a lo anterior, es claro para el suscrito que existe una EVIDENTE desatención en los fundamentos fácticos que dieron lugar al presente caso, y una errónea aplicación e interpretación de preceptos legales que han sido totalmente desconocidos por el tribunal, razón más que suficiente para que exista la legitimación en la causa por activa y en su lugar SE CASE en su totalidad la sentencia proferida en segunda instancia y en su lugar se acceda a las suplicas (sic) de la demanda inicial.

Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 19 VIII. CARGO TERCERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía indirecta «en la modalidad de violación de la ley», originada por la comisión del siguiente error de hecho: 1) dar por demostrado, NO estándolo, que los acuerdos extra convencionales (sic) a la convención colectiva de trabajo del año 2003 ratificado en el 2013 se encontraban vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano máxime cuando quiera que los mismos desmejoraron condiciones laborales de trabajadores sindicalizados desconociendo lo preceptuado por su Honorable Despacho respecto de la función de los mencionados acuerdos extraconvencionales En su demostración afirma, que las normas aplicables, son, en esencia, internacionales, como el Convenio 98 de la OIT con relación a la negociación colectiva, el 55 de la Constitución Política, y el 467 del CST, que se refiere a la convención colectiva, que tiene que ver con el mecanismo o documento celebrado entre empleadores y sindicatos para fijar condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Sostiene que esta Corte ha explicado que deben distinguirse los acuerdos extraconvencionales aclaratorios y modificatorios, siendo válidos los últimos, siempre y cuando mejoren las condiciones pactadas en la convención colectiva de trabajo: «[…] en tanto, nada impide que los trabajadores y sus representantes en caso de ser sindicalizados pacten con sus empleadores prerrogativas superiores a las legales o convencionalmente establecidas […]».

Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 20 Al respecto relaciona las sentencias de la Corte CSJ «SL- 548 del año 2019, SL-2105 de 2015, 39744 del año 2012, 32347 del año 2018». Agrega, que la jurisprudencia ha permitido que las organizaciones sindicales y los empleadores celebren acuerdos extraconvencionales, haciendo distinciones para que las mismas puedan gozar de eficacia; al respecto referencia la sentencia CSJ SL12575-2017.

Y concluye, que no es viable modificar las cláusulas de una convención colectiva de trabajo mediante actas modificatorias; solo es posible solucionar problemas de interpretación, sin cambiar de fondo su contenido, evento en el cual, la obligatoriedad no se desprende de ellas mismas, sino de la propia convención o pacto que se aclara. IX. RÉPLICA El PAR Caprecom liquidado, asegura que la demanda de casación presenta falencias técnicas insalvables, así: En cuanto al primer cargo, propuesto por la vía directa, porque simplemente presenta una argumentación, sin hacer ninguna demostración de cómo ocurrió la interpretación errónea de las normas; simplemente se hacen apreciaciones personales de lo que considera, debió ser la decisión del Tribunal.

Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 21 Respecto del segundo ataque, porque no se encuentra dentro de la sustentación mención alguna en lo relativo a las normas violadas, y en qué modalidad, simplemente se dice que es por la vía indirecta, y por haberse producido unos errores de hecho, al no haberse apreciado algunas pruebas. Y tratándose del tercer embate, porque pese a que se mencionan en su sustentación algunas normas, no se demuestra en qué forma se da la violación de la ley, pues simplemente se expresa que el embate es por la vía indirecta, y por haberse producido unos errores de hecho, al no haber apreciado algunas pruebas; además no se señalan cuáles fueron no apreciadas o indebidamente valoradas.

X. CONSIDERACIONES Revisado el escrito que contiene la demanda de casación, observa la Sala, como lo advierte el opositor, que presenta graves deficiencias técnicas, que no es posible subsanar de oficio, por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, pues de conformidad con el art. 90 CPTSS, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado.

Sobre este punto, debe decirse, tal y como ya ha tenido oportunidad la Sala de hacerlo, que le corresponde al censor de forma preliminar, identificar los soportes del fallo recurrido y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 22 cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Sobre este aspecto en particular en la sentencia CSJ SL, 27 feb. 2013, rad. 43132, se manifestó: […] la confrontación de una sentencia, en la intención de lograr su derrumbamiento en el estadio procesal de la casación, comporta para el recurrente una labor persuasiva y dialéctica, que ha de comenzar por la identificación de los verdaderos pilares argumentativos de que se valió el juzgador para edificar su fallo; pasar por la determinación de si los argumentos utilizados constituyen razonamientos jurídicos o fácticos; y culminar, con estribo en tal precisión, en la selección de la senda adecuada de ataque: la directa, si la cuestión permanece en un plano eminentemente jurídico; la indirecta, si se está en una dimensión fáctica o probatoria.

Como igualmente se ha señalado, la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impone, a quien opta por este medio de impugnación, el despliegue de un ejercicio dialéctico dirigido puntualmente a socavar los verdaderos pilares de la sentencia gravada, porque si no se hace en debida forma, la providencia permanecerá incólume, revestida de la presunción de acierto y legalidad.

Así, es necesario que el censor, además de formular clara o coherentemente el alcance de su impugnación, indique el precepto legal sustantivo de orden nacional que estime vulnerado y el concepto de violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar o dejar de valorar las pruebas, debe singularizarlas, y expresar la clase de desatino que estima, se cometió. Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 23 Es decir, que le corresponde al recurrente de forma preliminar, identificar los soportes del fallo impugnado y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o jurídica, o por ambas, en cargos separados, si es que el fundamento de la decisión es mixto.

Las deficiencias a las que se alude, se detallan a continuación: 1. El alcance de la impugnación que es el petitum de la demanda de casación, debe contener las pretensiones de la recurrente sobre dos aspectos: a) lo que quiere que la Corte como tribunal de casación realice respecto del fallo acusado, o sea, que lo case o rompa total o parcialmente, y, en esta última eventualidad, en relación con qué puntos del mismo; y, b) lo que busca que la Corte haga como tribunal de instancia, ello si llega a prosperar el quiebre del acto jurisdiccional censurado.

Entonces, le corresponde al impugnador señalar qué actividad debe realizar esta corporación en sede de instancia, o sea, precisar si la sentencia del juez debe confirmarse, revocarse o modificarse, y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo; lo que se echa de menos en este asunto, pues la recurrente luego de pedir la casación de la sentencia impugnada, solicita en forma concreta las condenas que debieron impartirse en la providencia de primer grado.

Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 24 Empero, si se superara esa deficiencia, y se entendiera que lo que busca es que una vez casada la sentencia de segundo grado, se revoque la absolutoria del a quo, y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda inaugural, la acusación tampoco podría prosperar, por lo que a continuación se expone. 2.

En el primer cargo, en la proposición jurídica, se acusa la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea el art. 16 del CST, que consagra la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, entre otras normas. Sin embargo, su demostración concreta en cuanto al yerro jurídico pregonado, no gira en torno a la indebida intelección de esa norma, sino de lo consagrado en el numeral 8.° del acuerdo extraconvencional del 12 de junio de 2003 suscrito entre Caprecom EICE y Sintracaprecom, es más, aduce que debió aplicarse la interpretación más benéfica a sus intereses como trabajadora; aspecto que indefectiblemente debía encauzarse por la senda indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, por tratarse de una prueba.

Carece entonces el embate, un planteamiento lógico. Y en lo demás, solo se exhiben disquisiciones teóricas en torno a la convención colectiva de trabajo, la libertad de asociación sindical, los instrumentos del Sistema Regional Interamericano que reconocen aspectos relacionados con el derecho al trabajo, y los convenios de la OIT. Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 25 3.

El segundo cargo se encauza por la vía indirecta — sin especificar el submotivo—, y solo se relacionan errores de hecho y prueba no apreciada. Es decir, se propone de forma aparente, pues carece de proposición jurídica, y no se menciona qué es lo que la prueba, hábil en casación, acredita, cuál es el mérito que le reconoce la ley, y cuál hubiese sido la decisión del juzgador si la hubiera apreciado, es más, no presenta desarrollo alguno, solo se menciona en términos generales, que «existe una EVIDENTE desatención en los fundamentos fácticos que dieron lugar al presente caso, y una errónea aplicación e interpretación de preceptos legales que han sido totalmente desconocidos por el tribunal […]».

En cuanto a lo primero, desconoce la censora, que el recurso de casación gira en torno a la violación de una norma sustantiva de alcance nacional, que resulta fundamental para poder contrastarla con la decisión acusada. Sobre el particular la Corte en el auto CSJ AL397-2022, expresó que el recurso extraordinario es de carácter dispositivo, y al no citarse la norma sustancial que se considera vulnerada, se impide que se cumpla la misión esencial de unificar la jurisprudencia del trabajo.

Así se dejó explicado: Revisado el escrito que contiene la demanda de casación presentada por la parte recurrente, la Sala observa que adolece de una deficiencia técnica que no es posible subsanar de oficio por razón del carácter dispositivo del recurso extraordinario, ni mediante un ejercicio de flexibilización, pues de conformidad con Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 26 el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisión del fallo impugnado.

En el asunto, la parte no establece en debida forma la proposición jurídica del recurso, pues olvida que dicha carga requiere, de una parte, señalar cualquiera de los preceptos sustanciales de orden nacional que, constituyendo base esencial del fallo impugnado, o debiendo serlo a su juicio, haya sido inobservado y, de otra, que dicha norma debe ser de índole laboral [pues] la función de esta Sala es la de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo; situación que no ocurre, pues aunque se discute la devolución de las mesadas pensionales recibidas, el demandado hace relación a una norma procesal del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Subrayas propias del texto).

Respecto de lo segundo, olvida la recurrente que cuando de error de hecho se trata, es deber del impugnante en primer lugar precisar o determinar los yerros, y posteriormente demostrar la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, sirviéndose para ello de las pruebas que considere dejadas de valorar o erróneamente apreciadas (sentencia CSJ SL, 23 mar. 2001, rad. 15148).

Situación similar se presenta en el tercer cargo, también dirigido por la senda indirecta, en el que solo se menciona un error de hecho, sin referir pruebas no valoradas o indebidamente apreciadas; no se expresa cuál fue la norma violada, y de qué manera ocurrió ello; y en su demostración, solo se alude de manera general a las normas que rigen el presente asunto, sin exponer, cómo el juez de segundo grado incurrió en su indebida aplicación. Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 27 4.

En el presente asunto, el juez plural soportó su decisión, en los siguientes razonamientos: (i) que si bien es cierto, en la conciliación celebrada entre la demandante y la entidad, se plasmó que dicho acuerdo no comprendía las controversias sobre las acreencias de origen convencional reclamadas, no se pueden establecer de manera cierta, cuáles fueron esas prestaciones extralegales que se pudieron causar entre la fecha en que se firmó el acuerdo –12 de junio de 2003–, aquella en que la entidad entró en proceso de liquidación –28 de diciembre de 2015–, y la terminación del contrato de trabajo de la demandante –9 de mayo de 2016–;

(ii) que pese a que la norma convencional en lo referente a sus beneficios, haya cobrado vigencia, estos no pueden reconocerse en forma retroactiva desde la fecha en que se suspendieron, pues además de que el acuerdo nada dijo sobre el particular, acceder a esa interpretación rompería la finalidad del pacto suscrito entre la organización sindical y Caprecom, que no era otra, que hacer viable a la entidad ante su insolvencia económica; y, (iii) que adicionalmente, en el evento de que la actora hubiera demostrado los conceptos convencionales no reconocidos –carga que no cumplió–, tales derechos estarían afectados por el fenómeno de la prescripción. Y ante la exposición de argumentos vacuos y deshilvanados, que emergen como típicos alegatos de instancia, quedaron libres de acusación los referidos argumentos basilares de la decisión impugnada, por lo que el recurso carece de eficacia suficiente para lograr su propósito.

Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 28 5. Es más, si en gracia a discusión la Sala fuera más allá de las falencias técnicas advertidas, y examinara los acuerdos extraconvencionales suscritos entre Caprecom y Sintracaprecom, los días 12 de junio de 2003 y 7 de junio de 2013, para establecer si el cumplimiento de la condición establecida en ellos, esto es, la liquidación de la primera, originó la reactivación de los derechos consagrados en la convención colectiva de trabajo —que es lo que constituye el objeto del proceso—, se advierte de entrada una falla de orden sustancial que tornaría inocuo ello, relacionada con la omisión de la señora González Gómez, en indicar la fuente específica que los contempla, en torno a los cuales gira la controversia, luego, la subsecuente omisión en acreditar válidamente dicha norma extralegal.

Es que dentro de los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda inicial, no se indicó en forma clara e inequívoca la fuente concreta de los derechos extralegales adeudados «durante los años 2003 a 2015 y 2016 por suspensión extra-convencional» —solo se expresó en forma genérica, que la convención colectiva de trabajo regía para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados—.

Y al interior del plenario, se aportaron las convenciones colectivas de trabajo vigentes de 1997-1998 (f.° 113 a 130), así como la del 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 (f.° 218 a 227), y en el entendido de que la fuente concreta de los derechos cuya reactivación se pretende, fuere la primera — que es la que pudiera estar vigente al 12 de junio de 2003, en que se suscribió el acuerdo extraconvencional que dispuso la suspensión parcial y temporal de algunas Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 29 cláusulas convencionales—, en ninguna parte se expresó cómo se garantizó la extensión de los efectos de aquella, con vigencia durante esos dos años, hasta el 12 de junio de 2003 —fecha en que se dispuso su suspensión en razón del acuerdo extraconvencional—, ni las circunstancias fácticas y temporales que generaron los derechos reclamados; además, no existe prueba que acredite válidamente su existencia, pues aquella carece de constancia de depósito.

Sobre esta situación, resulta pertinente traer a colación la doctrina de la Corte plasmada en la sentencia CSJ SL, 20 sep. 1995, rad. 7311, reiterada en la CSJ SL, 4 dic. 2003, rad. 21042, en la que puntualizó: “( ) Resulta de pertinencia para la Sala precisar que con arreglo al artículo 469 del C.S.T., para que la convención colectiva surta efectos se requiere su elaboración por escrito, su extensión en tantos ejemplares como sean las partes y una más para el necesario depósito en el Departamento Nacional del Trabajo a más tardar dentro de los 15 días siguientes a su firma.

En su labor hermenéutica en relación a la citada norma la Corte ha reiterado: solemne y, en estas circunstancias, la prueba de su existencia se confunde con la demostración de que se cumplieron cabalmente las solemnidades exigidas por la ley para que fuera acto jurídico válido>. “No puede pues acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención. Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes.

Y si llega a reconocer la existencia de aquélla sin que aparezca en autos la única prueba legalmente eficaz para Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 30 acreditarla, comete error de derecho y, por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta ”. “Se trata pues, de un acto solemne, para cuya demostración en juicio es necesario aportar a éste la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la solemnidad.

Una de ellas es el escrito en que conste el acto jurídico, otro el depósito de copia del mismo ante la autoridad del trabajo dentro de un plazo determinado. Es obvio que quien pretenda hacer valer en juicio derechos derivados de la convención, debe presentarla en copia expedida por el depositario del documento. “La prueba de un acto solemne no puede ser sustituida por otra.

Así lo manda el Cogido Procesal del Trabajo en su artículo 61. En armonía con esta previsión legal, el mismo estatuto en su artículo 87, inciso del numeral 1°, ve un error de derecho cuando el juzgador pretermite la prohibición establecida en la norma primeramente citada. “La Sala acoge ahora como doctrina de la Corte la tesis que acaba de exponerse que, por lo demás, ya había sido sostenido también en épocas anteriores.

Rectifica así la tesis sostenida en contrario.”. (Resalto propio del texto) Lo expuesto impone la desestimación de los cargos. Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la recurrente y a favor de la opositora, pues su recurso no salió avante y fue replicado; se fijan como agencias en derecho, la suma de cinco millones trecientos mil pesos ($5.300.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior Radicación n.° 93574 SCLAJPT-10 V.00 31 del Distrito Judicial de Bogotá, el seis (6) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), dentro del proceso ordinario laboral seguido por MARTHA LUZ GONZÁLEZ GÓMEZ en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES LIQUIDADO – PAR CAPRECOM LIQUIDADO, administrado por la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA.

Costas como se dijo en la parte motiva. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen. ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Salva voto