SL1473-2022 — Corte Suprema

SL1473-2022Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2022

Magistrado ponente: Ana María Muñoz Segura

Decreto 13 de 1967Decreto 1352 de 2013Ley 100 de 1993Ley 1788 de 2016Ley 2351 de 1965Ley 361 de 1997Ley 50 de 1990Ley 797 de 2003

De qué trata

Tema: LABORAL INDIVIDUAL DE TRABAJADORES PARTICULARES » CONTRATO DE TRABAJO » TERMINACIÓN DEL CONTRATO » ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD » PROCEDENCIA » ANÁLISIS DE PRUEBAS - Ausencia de error del ad quem al considerar que la demandante no demostró las condiciones necesarias para ser beneficiaria de la protección a la estabilidad laboral reforzada de la Ley 361 de 1997, pues el fallador fue enfático en detallar lo que se desprendía de cada una de las pruebas allegadas, en particular la fecha de estructuración de la patología casi dos años posterior al despido y la consideración, por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que el porcentaje final de pérdida de capacidad laboral estuvo sobrevalorado Tesis: «Respecto de las pruebas técnicas que en gran parte sustentan la decisión del Tribunal, no hizo ejercicio distinto que condenarlas bajo la afirmación que no desvirtuaban su estado de salud, a pesar de que el fallador fue enfático en detallar lo que se desprendía de cada una de ellas, en particular la fecha de estructuración de la patología casi 2 años posterior al despido y la consideración, por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que el porcentaje final de pérdida de capacidad laboral estuvo sobrevalorado. La falta de desarrollo y concreción del ataque deja incólume los pilares esenciales de la decisión pues al revisar la sentencia, se observa que la conducta probatoria del Tribunal fue adecuada, motivada y razonable a la luz de los medios que reposaban en el expediente, por lo que el hecho de que la recurrente esté en desacuerdo con la conclusión del juzgador no supone su error. […] En este caso, se observa que el Tribunal revisó concretamente el material probatorio, incluyendo las recomendaciones médico laborales, el análisis del puesto de trabajo, los diferentes dictámenes e incluso los testimonios, respecto de los que halló, en una disertación motivada y razonable, que no existía prueba de una afectación de salud que incidiera en el desempeño de sus actividades al momento del retiro. Más aún, recuperó del expediente el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que el juez de primera instancia omitió revisar, y concluyó la sobrevaloración de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la patología posterior al retiro. Por lo anterior, el cargo tampoco prospera, permaneciendo incólume la sentencia de segunda instancia frente a los ataques formulados». PROCEDIMIENTO LABORAL » CRITERIOS AUXILIARES » JURISPRUDENCIA - Si el pronunciamiento es reiterado y proviene de la Corte como tribunal de casación de la jurisdicción ordinaria laboral, constituye fuente de derecho, como doctrina probable y los jueces pueden aplicarla en casos análogos Tesis: «[…] en lo que tiene que ver con la premisa del error por haber acudido al precedente de esta Sala en desmedro del de la Corte Constitucional, debe decirse que tal consideración no es sostenible a la luz de los postulados constitucionales que gobiernan la actividad judicial y asigna especiales competencias a cada jurisdicción. De acuerdo con el artículo 234 de la Carta Política, consagró expresamente que la "La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria", de tal suerte que su precedente es vinculante y obligatorio para todos los asuntos referidos a ella, precedente que, por otra parte, es fijado por cada una de las Salas que constituyen esta Corporación, según su especialidad. Así las cosas, el Tribunal en su decisión no hizo cosa distinta que observar las reglas jurídicas que esta Corporación ha establecido para la definición de los casos de fuero de salud, lo que fundamentó y motivó expresamente dentro del fallo mediante la cita de cada una de las providencias que le sirvieron como marco de su análisis. Por ende, no se le puede atribuir ningún error por tal actuación». PROCEDIMIENTO LABORAL » RECURSOS » RECURSO DE CASACIÓN » COMPETENCIA DE LA CORTE PROCEDIMIENTO LABORAL » DEBERES, PODERES Y RESPONSABILIDAD DEL JUEZ » PRECEDENTE - Corresponde al juez de instancia observar el precedente vertical como garantía de decisiones coherentes frente a problemáticas jurídicas ya analizadas, en aras de preservar la solidez del ordenamiento jurídico y los derechos de los sujetos procesales Tesis: «[…] es necesario precisar que las consideraciones sobre la obligatoriedad del precedente de esta Sala para los asuntos que son de su competencia, ha sido reconocida por la misma Corte Constitucional que mediante sentencia CC C-836 de 2001 expuso: "La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular". Esta misma Corporación en sentencia CC C-539 de 2011, señaló que la actividad judicial también está sujeta a la jurisprudencia, en estos términos, "Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico (negrillas fuera del original)". Así las cosas, habiéndose analizado el asunto dentro de la jurisdicción ordinaria -entre otras razones porque el reclamo constitucional de la recurrente fue negado por la vía de la tutela-, era menester aplicar el precedente fijado por el órgano de cierre, por lo que el argumento base de que debía apartarse de la postura de esta Corporación no es admisible y, por tanto, no da lugar a casar la sentencia. No sobra agregar que la misma recurrente en su demanda fundamentó sus alegatos en sentencias de esta Corporación (CSJ SL 28 de agosto de 2012, radicado 39207 y CSJ SL10538-2016), por lo que le resulta impropio sostener que la jurisprudencia de esta Corte carece de valor para el caso y que debería preferirse otra. […] Además, no debe perderse de vista que, si bien la decisión del Tribunal se fundamentó en la jurisprudencia de esta Sala, también lo hizo en el precedente de la Corte Constitucional, del cual dijo expresamente que se acompasaba con la tesis del caso y citó las sentencias CC C-458 de 2015 y CC SU-047 de 2017, según las cuales no es cualquier situación de salud la que activa la estabilidad laboral reforzada, sino aquella que suponga una disminución sustancial en el desempeño de sus funciones. Cosa distinta es que no se hubiera encontrado probada, cuestión que no se revisará pues, como se dijo, al ser formulados los cargos por la vía directa, no admiten discusiones sobre elementos de hecho (CSJ SL1976-2021 y CSJ SL1902-2021). Por ende, hubo aplicación del precedente de esta Corte, así como el de la Corte Constitucional por parte del Tribunal, de tal suerte que no resultan procedentes los reclamos respecto de la prevalencia de uno sobre otro». PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO - La libre formación del convencimiento en la valoración probatoria de los jueces de instancia es inmodificable mientras ella no los lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados Tesis: «[…] en ejercicio de su libre facultad de formación del convencimiento, encontró que las piezas procesales en su conjunto no acreditaban una afectación en la salud de la recurrente al momento de la terminación de su contrato, sino una patología estructurada con posterioridad al retiro, desconocida por tanto por el empleador y que además fue catalogada como "sobrevalorada" por la autoridad científica competente, lo que impedía derivar los efectos del fuero de salud según el precedente jurisprudencial aplicable. […] Conviene recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento "[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes"(CSJ SL15058-2017)». PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO - Facultad del juez que le permite formar su convencimiento sin estar sujeto a tarifa legal de prueba alguna, prueba solemne, densidad probatoria o cualquiera otra métrica probatoria distinta, sino simplemente a su libre apreciación, inspirándose en los principios que informan la crítica de la prueba, atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍAS - En el recurso de casación en una misma vía no es posible mezclar o cuestionar aspectos fácticos y jurídicos, ello convierte la acusación en un alegato de instancia Tesis: «[…] los cargos incurren en una indebida mixtura de las vías de ataque, pues si bien se formularon por la directa -de manera que se aceptan las conclusiones fácticas del Tribunal-, se utilizaron alegaciones fácticas, lo que desnaturaliza la senda de impugnación. […] La Sala observa que se repite el yerro encontrado en los dos primeros cargos, en el sentido que existe una indebida mixtura de las vías de ataque, lo que se presenta aún más evidente en este caso pues la segunda parte del ataque repite los argumentos de los primeros cargos que no prosperaron». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA DIRECTA - En el recurso de casación la vía directa supone plena conformidad con las conclusiones fácticas e inferencias probatorias del ad quem, razón por la cual sólo admite discusiones netamente jurídicas Tesis: «[…] escogida la jurídica -esto es la directa-, el recurrente acepta las consideraciones fácticas del litigio, de tal suerte que su argumentación debe soportarse exclusivamente en consideraciones normativas o de derecho; mientras que la vía fáctica o de los hechos -la indirecta-, discute las conclusiones probatorias mientras atribuye una equivocada apreciación de las piezas procesales o su falta de valoración». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA - En el recurso de casación la vía indirecta sólo admite discusiones netamente fácticas Tesis: «[…] se reitera que la mezcla de argumentos jurídicos con apreciaciones fácticas resulta irregular e impide el correcto ejercicio de la casación. De esta forma, se adoptarán como objeto de revisión para este cargo, las cuestiones eminentemente probatorias, dejando de lado las referentes a asuntos jurídicos que ya fueron analizadas previamente». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍAS - En el recurso de casación es necesario identificar los pilares de la sentencia acusada, determinar si son fácticos o jurídicos y establecer con precisión la senda de ataque -directa o indirecta- Tesis: «Así lo ha dicho la Corporación al señalar que “La técnica del recurso exige, según el desarrollo jurisprudencial que ha efectuado la Corte, que se indique la vía de ataque, porque […] cada vía corresponde con una forma de violación diferente, ya sea estrictamente jurídica, en el primer caso, o factual o probatoria en el segundo que, a su vez, puede ser por errores de hecho o de derecho” (CSJ AL1546-2021) (negrilla fuera del original)». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - Flexibilización de los requisitos de la demanda de casación Tesis: «[…] la recurrente inicia discutiendo las cuestiones jurídicas del fuero de salud para, luego, agregar que según las pruebas -las recomendaciones médico laborales entre otras-, era titular de dicha protección, pues tenía una discapacidad que afectaba sustancialmente su desempeño laboral, lo que no fue debidamente evidenciado por el Tribunal. Este error podría dar al traste con la revisión de los cargos, de no ser porque en aras de alcanzar la justicia material y dentro de la flexibilización que ha acogido la Sala, se centrará en las consideraciones jurídicas únicamente, a fin de revisar de fondo el asunto planteado». RECURSO DE CASACIÓN » FINALIDAD - El recurso de casación no tiene como finalidad ser una tercera instancia Tesis: «Sea lo primero anotar que, el recurso (sic) olvida que el recurso de casación no supone una tercera instancia donde las partes puedan ventilar las apreciaciones propias o las consideraciones individuales, sino que tiene como misión principal revisar el cumplimiento de los jueces respecto de la ley sustancial, esto es, de la normativa de orden nacional vinculante a cada caso concreto». RECURSO DE CASACIÓN » FINALIDAD - En el recurso de casación la Corte limita su labor a enjuiciar si la sentencia del ad quem vulneró o no la ley sustancial de alcance nacional RECURSO DE CASACIÓN » FINALIDAD - Los errores fácticos o jurídicos que justifican la corrección de la legalidad deben ser trascendentes de tal manera que incidan en la decisión -control de legalidad- Tesis: «Este propósito se materializa con el examen del actuar del funcionario judicial previa exposición, por parte del casacionista, de los errores jurídicos o probatorios en que supuestamente incurrió este, yerros que no se observan dentro de la argumentación de la accionante». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA - En el recurso de casación el cargo debe establecer una relación entre la providencia y el ataque que se le formula Tesis: «[…] en vez de llevar a cabo un relato de las equivocaciones que se imputan al fallador, los cargos parten de una única premisa -además errónea-, sobre la valoración del precedente jurisprudencial de distintas jurisdicciones, sin que exista un análisis del actuar del Tribunal, que permita acreditar que efectivamente incurrió en un dislate frente al caso». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MEDIO NUEVO - En el recurso de casación el medio nuevo se configura por el planteamiento de temas no incluidos en la demanda, ni en el recurso de apelación, desconoce el derecho de defensa y contradicción Tesis: «Ello además significa que la casacionista presenta nuevos argumentos en esta sede, en tanto que la utilización inédita de nuevos alegatos o nuevas pretensiones ha sido denominada por la jurisprudencia de esta Corporación como «medio nuevo» y merece censura pues atenta contra el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica (CSJ SL602-2013, reiterada en CSJ SL1930-2021)». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » MODALIDADES DE VIOLACIÓN DE LA LEY » APLICACIÓN INDEBIDA - La modalidad de aplicación indebida no puede invocarse en el recurso de casación si el ad quem no aplica la norma Tesis: «La recurrente incluyó el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 como sustento de sus alegatos, pues reconoce que el Tribunal no basó su decisión en él, por lo que mal podría hablarse de una interpretación errónea o una aplicación indebida de una norma que no fue invocada en el fallo. En caso de omisión normativa, lo que corresponde es invocar la infracción directa de la ley como lo ha sostenido el precedente laboral. Además, la mención de esta disposición se hace para condenar su aplicación al caso, a pesar de que no se hizo, pero en la demanda se reclamó la necesidad de aplicarla, reafirmando la incoherencia de los postulados argumentativos y como medio nuevo usado en esta sede. Por lo anotado, los cargos no prosperan». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO » PRUEBAS CALIFICADAS » TESTIMONIO - En el recurso de casación el testimonio no es prueba apta para estructurar el yerro fáctico, su estudio sólo es posible si previamente se demuestra error manifiesto en alguna de las pruebas hábiles Tesis: «[…] el cargo invoca pruebas testimoniales como no valoradas o indebidamente apreciadas, las que no son prueba calificada en sede de casación. Por lo tanto, la Sala no las tendrá en cuenta, salvo que se hallare un error por parte del Tribunal en la valoración de alguna de las calificadas». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - En el recurso de casación el simple señalamiento de las pruebas que se consideran omitidas o mal valoradas solamente indica la causa del posible error, pero no lo demuestran Tesis: «[…] El uso de la vía indirecta supone la obligación de explicar con claridad qué es lo que debía interpretarse de cada pieza procesal denunciada y qué no fue advertido por el Tribunal, a fin de demostrar el error de hecho efectivo por la inadecuada gestión probatoria. Al respecto, esta Corporación señaló en sentencia CSJ SL1529-2021, "5. En el tercer cargo, la promotora le atribuye a la decisión de segundo grado el haber incurrido en supuestos dislates fácticos, por la equivocada apreciación de algunas probanzas y no valoración de otras; sin embargo, en su discurso argumentativo, no efectuó una explicación razonada y fundamentada tendiente a demostrar en qué consistió esta, o cómo se produjo la defectuosa estimación de esos medios de convicción, limitándose simplemente a enlistar los elementos de juicio que acusó. Así, era deber de la recurrente en desarrollo de su ataque, demostrar de manera individualizada, lo que los distintos elementos de probatorios denunciados realmente demostraban, su incidencia en la decisión y cómo su falta de apreciación o su equivocada estimación condujo a los yerros fácticos que le endilgó al fallo de segundo grado, lo cual omitió hacer […] por lo tanto, para lograr el quiebre de la sentencia no resultaba suficiente que la promotora relacionara los errores de hecho que considera cometidos e indicara las diferentes pruebas que no fueron estimadas o las erróneamente valoradas, sino también demostrar con base en estas, que la evidencia procesal es tajantemente distinta de la que estableció el juzgador, asemejándose su discurso a lo sumo a un alegato propio de las instancias". En este caso, a la accionante le bastó con relacionar unas piezas procesales, reproducir su contenido y reiterar los alegatos expuestos en instancias, pero no se ocupó de explicar de manera concreta por qué ellas fueron indebidamente valoradas o no apreciadas o qué era lo que realmente debía desprenderse de cada una de ellas que sustentaran sus pretensiones». RECURSO DE CASACIÓN » PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y ACIERTO DE LA SENTENCIA - En el recurso de casación la sentencia judicial se mantiene incólume mientras no sean destruidos todos sus fundamentos -la presunción aplica, no sólo en cuanto a la apreciación de los hechos, sino también en las consideraciones jurídicas que del asunto haya hecho el juez- Tesis: «[…] para que el recurso de casación quiebre un fallo judicial con fundamento en la valoración probatoria del juez, debe encontrarse un error grave y evidente que permita concluir que, sin dicho proceder, el sentido de la sentencia hubiera sido radicalmente distinto; de manera que no es cualquier divergencia en el análisis probatorio la que sustenta la casación, pues ello no sólo atentaría contra el propósito especial de este recurso extraordinario, sino además desconocería la facultad que tiene el juez para formarse de manera libre en su convencimiento. […] La Corte por su parte, en tanto actúa como tribunal de casación y atendiendo la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción». RECURSO DE CASACIÓN » REQUISITOS DE LA DEMANDA » VÍA INDIRECTA » ERROR DE HECHO - El ejercicio de la facultad de libre formación del convencimiento no constituye yerro fáctico CONSIDERACIONES I: La Sala advierte que los cargos incurren en una indebida mixtura de las vías de ataque, pues si bien se formularon por la directa –de manera que se aceptan las conclusiones fácticas del Tribunal–, se utilizaron alegaciones fácticas, lo que desnaturaliza la senda de impugnación. Debe reiterar la Corte que ella determina la forma en que la Corporación puede proceder con el análisis del fallo impugnado, siendo excluyentes entre sí, pues escogida la jurídica –esto es la directa–, el recurrente acepta las consideraciones fácticas del litigio, de tal suerte que su argumentación debe soportarse exclusivamente en consideraciones normativas o de derecho; mientras que la vía fáctica o de los hechos –la indirecta–, discute las conclusiones probatorias mientras atribuye una equivocada apreciación de las piezas procesales o su falta de valoración. Así lo ha dicho la Corporación al señalar que «La técnica del recurso exige, según el desarrollo jurisprudencial que ha efectuado la Corte, que se indique la vía de ataque, porque […] cada vía corresponde con una forma de violación diferente, ya sea estrictamente jurídica, en el primer caso, o factual o probatoria en el segundo que, a su vez, puede ser por errores de hecho o de derecho» (CSJ AL1546–2021) (negrilla fuera del original). En el presente caso, la recurrente inicia discutiendo las cuestiones jurídicas del fuero de salud para, luego, agregar que según las pruebas –las recomendaciones médico laborales entre otras–, era titular de dicha protección, pues tenía una discapacidad que afectaba sustancialmente su desempeño laboral, lo que no fue debidamente evidenciado por el Tribunal. Este error podría dar al traste con la revisión de los cargos, de no ser porque en aras de alcanzar la justicia material y dentro de la flexibilización que ha acogido la Sala, se centrará en las consideraciones jurídicas únicamente, a fin de revisar de fondo el asunto planteado. En este sentido, la afirmación de la accionante en el sentido de que se encuentra probado que al momento de su retiro contaba con una limitación que le dificultaba sustancialmente el desempeño regular de sus funciones, no será objeto de examen en este momento, porque no corresponde a la vía de casación escogida y porque el Tribunal no llegó a ella en su sentencia. Se observa que, para la recurrente, la decisión cuestionada es violatoria de la ley sustancial porque debió adoptarse el precedente de la Corte Constitucional sobre fuero de salud y no el de esta Corporación, el que considera menos favorable. A su juicio, la teoría del Tribunal Constitucional hubiera generado inexorablemente la ineficacia del despido, por haberse efectuado sin justa causa y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, dada su situación de discapacidad. Sea lo primero anotar que, el recurso olvida que el recurso de casación no supone una tercera instancia donde las partes puedan ventilar las apreciaciones propias o las consideraciones individuales, sino que tiene como misión principal revisar el cumplimiento de los jueces respecto de la ley sustancial, esto es, de la normativa de orden nacional vinculante a cada caso concreto. Este propósito se materializa con el examen del actuar del funcionario judicial previa exposición, por parte del casacionista, de los errores jurídicos o probatorios en que supuestamente incurrió este, yerros que no se observan dentro de la argumentación de la accionante. En efecto, en vez de llevar a cabo un relato de las equivocaciones que se imputan al fallador, los cargos parten de una única premisa –además errónea–, sobre la valoración del precedente jurisprudencial de distintas jurisdicciones, sin que exista un análisis del actuar del Tribunal, que permita acreditar que efectivamente incurrió en un dislate frente al caso. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la premisa del error por haber acudido al precedente de esta Sala en desmedro del de la Corte Constitucional, debe decirse que tal consideración no es sostenible a la luz de los postulados constitucionales que gobiernan la actividad judicial y asigna especiales competencias a cada jurisdicción. De acuerdo con el artículo 234 de la Carta Política, consagró expresamente que la «La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria», de tal suerte que su precedente es vinculante y obligatorio para todos los asuntos referidos a ella, precedente que, por otra parte, es fijado por cada una de las Salas que constituyen esta Corporación, según su especialidad. Así las cosas, el Tribunal en su decisión no hizo cosa distinta que observar las reglas jurídicas que esta Corporación ha establecido para la definición de los casos de fuero de salud, lo que fundamentó y motivó expresamente dentro del fallo mediante la cita de cada una de las providencias que le sirvieron como marco de su análisis. Por ende, no se le puede atribuir ningún error por tal actuación. Al respecto, es necesario precisar que las consideraciones sobre la obligatoriedad del precedente de esta Sala para los asuntos que son de su competencia, ha sido reconocida por la misma Corte Constitucional que mediante sentencia CC C-836 de 2001 expuso: La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular. Esta misma Corporación en sentencia CC C–539 de 2011, señaló que la actividad judicial también está sujeta a la jurisprudencia, en estos términos, Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico (negrillas fuera del original). Así las cosas, habiéndose analizado el asunto dentro de la jurisdicción ordinaria –entre otras razones porque el reclamo constitucional de la recurrente fue negado por la vía de la tutela–, era menester aplicar el precedente fijado por el órgano de cierre, por lo que el argumento base de que debía apartarse de la postura de esta Corporación no es admisible y, por tanto, no da lugar a casar la sentencia. No sobra agregar que la misma recurrente en su demanda fundamentó sus alegatos en sentencias de esta Corporación (CSJ SL 28 de agosto de 2012, radicado 39207 y CSJ SL10538-2016), por lo que le resulta impropio sostener que la jurisprudencia de esta Corte carece de valor para el caso y que debería preferirse otra. Ello además significa que la casacionista presenta nuevos argumentos en esta sede, en tanto que la utilización inédita de nuevos alegatos o nuevas pretensiones ha sido denominada por la jurisprudencia de esta Corporación como «medio nuevo» y merece censura pues atenta contra el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica (CSJ SL602-2013, reiterada en CSJ SL1930-2021). Además, no debe perderse de vista que, si bien la decisión del Tribunal se fundamentó en la jurisprudencia de esta Sala, también lo hizo en el precedente de la Corte Constitucional, del cual dijo expresamente que se acompasaba con la tesis del caso y citó las sentencias CC C-458 de 2015 y CC SU-047 de 2017, según las cuales no es cualquier situación de salud la que activa la estabilidad laboral reforzada, sino aquella que suponga una disminución sustancial en el desempeño de sus funciones. Cosa distinta es que no se hubiera encontrado probada, cuestión que no se revisará pues, como se dijo, al ser formulados los cargos por la vía directa, no admiten discusiones sobre elementos de hecho (CSJ SL1976-2021 y CSJ SL1902-2021). Por ende, hubo aplicación del precedente de esta Corte, así como el de la Corte Constitucional por parte del Tribunal, de tal suerte que no resultan procedentes los reclamos respecto de la prevalencia de uno sobre otro. Queda claro que las modalidades de violación de la ley sustancial invocadas por la recurrente no se presentaron, pues no existió interpretación errónea ni aplicación indebida de ella. La recurrente incluyó el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 como sustento de sus alegatos, pues reconoce que el Tribunal no basó su decisión en él, por lo que mal podría hablarse de una interpretación errónea o una aplicación indebida de una norma que no fue invocada en el fallo. En caso de omisión normativa, lo que corresponde es invocar la infracción directa de la ley como lo ha sostenido el precedente laboral. Además, la mención de esta disposición se hace para condenar su aplicación al caso, a pesar de que no se hizo, pero en la demanda se reclamó la necesidad de aplicarla, reafirmando la incoherencia de los postulados argumentativos y como medio nuevo usado en esta sede. Por lo anotado, los cargos no prosperan. CONSIDERACIONES II: La Sala observa que se repite el yerro encontrado en los dos primeros cargos, en el sentido que existe una indebida mixtura de las vías de ataque, lo que se presenta aún más evidente en este caso pues la segunda parte del ataque repite los argumentos de los primeros cargos que no prosperaron. En ese sentido, se reitera que la mezcla de argumentos jurídicos con apreciaciones fácticas resulta irregular e impide el correcto ejercicio de la casación. De esta forma, se adoptarán como objeto de revisión para este cargo, las cuestiones eminentemente probatorias, dejando de lado las referentes a asuntos jurídicos que ya fueron analizadas previamente. Se advierte además que el cargo invoca pruebas testimoniales como no valoradas o indebidamente apreciadas, las que no son prueba calificada en sede de casación. Por lo tanto, la Sala no las tendrá en cuenta, salvo que se hallare un error por parte del Tribunal en la valoración de alguna de las calificadas. Dicho lo anterior, la recurrente reclama una vulneración probatoria pues a su juicio, el Tribunal no encontró demostrado que padecía una afectación física que le impedía el desarrollo normal de sus funciones a la fecha de finalización de su contrato de trabajo, lo que le hubiera otorgado el fuero de salud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, haciendo ineficaz el despido. El uso de la vía indirecta supone la obligación de explicar con claridad qué es lo que debía interpretarse de cada pieza procesal denunciada y qué no fue advertido por el Tribunal, a fin de demostrar el error de hecho efectivo por la inadecuada gestión probatoria. Al respecto, esta Corporación señaló en sentencia CSJ SL1529-2021, 5. En el tercer cargo, la promotora le atribuye a la decisión de segundo grado el haber incurrido en supuestos dislates fácticos, por la equivocada apreciación de algunas probanzas y no valoración de otras; sin embargo, en su discurso argumentativo, no efectuó una explicación razonada y fundamentada tendiente a demostrar en qué consistió esta, o cómo se produjo la defectuosa estimación de esos medios de convicción, limitándose simplemente a enlistar los elementos de juicio que acusó. Así, era deber de la recurrente en desarrollo de su ataque, demostrar de manera individualizada, lo que los distintos elementos de probatorios denunciados realmente demostraban, su incidencia en la decisión y cómo su falta de apreciación o su equivocada estimación condujo a los yerros fácticos que le endilgó al fallo de segundo grado, lo cual omitió hacer […] por lo tanto, para lograr el quiebre de la sentencia no resultaba suficiente que la promotora relacionara los errores de hecho que considera cometidos e indicara las diferentes pruebas que no fueron estimadas o las erróneamente valoradas, sino también demostrar con base en estas, que la evidencia procesal es tajantemente distinta de la que estableció el juzgador, asemejándose su discurso a lo sumo a un alegato propio de las instancias. En este caso, a la accionante le bastó con relacionar unas piezas procesales, reproducir su contenido y reiterar los alegatos expuestos en instancias, pero no se ocupó de explicar de manera concreta por qué ellas fueron indebidamente valoradas o no apreciadas o qué era lo que realmente debía desprenderse de cada una de ellas que sustentaran sus pretensiones. Respecto de las pruebas técnicas que en gran parte sustentan la decisión del Tribunal, no hizo ejercicio distinto que condenarlas bajo la afirmación que no desvirtuaban su estado de salud, a pesar de que el fallador fue enfático en detallar lo que se desprendía de cada una de ellas, en particular la fecha de estructuración de la patología casi 2 años posterior al despido y la consideración, por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que el porcentaje final de pérdida de capacidad laboral estuvo sobrevalorado. La falta de desarrollo y concreción del ataque deja incólume los pilares esenciales de la decisión pues al revisar la sentencia, se observa que la conducta probatoria del Tribunal fue adecuada, motivada y razonable a la luz de los medios que reposaban en el expediente, por lo que el hecho de que la recurrente esté en desacuerdo con la conclusión del juzgador no supone su error. Al contrario, en ejercicio de su libre facultad de formación del convencimiento, encontró que las piezas procesales en su conjunto no acreditaban una afectación en la salud de la recurrente al momento de la terminación de su contrato, sino una patología estructurada con posterioridad al retiro, desconocida por tanto por el empleador y que además fue catalogada como «sobrevalorada» por la autoridad científica competente, lo que impedía derivar los efectos del fuero de salud según el precedente jurisprudencial aplicable. Debe tenerse presente que para que el recurso de casación quiebre un fallo judicial con fundamento en la valoración probatoria del juez, debe encontrarse un error grave y evidente que permita concluir que, sin dicho proceder, el sentido de la sentencia hubiera sido radicalmente distinto; de manera que no es cualquier divergencia en el análisis probatorio la que sustenta la casación, pues ello no sólo atentaría contra el propósito especial de este recurso extraordinario, sino además desconocería la facultad que tiene el juez para formarse de manera libre en su convencimiento. Conviene recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes» (CSJ SL15058-2017). En este orden de ideas, si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los juzgadores están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad «[…] no se podrá admitir su prueba por otro medio», como lo señala la norma inicialmente citada. Sobre el particular la Sala en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la sentencia CSJ SL4514-2017, señaló: El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada. La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho. Así las cosas, son los juzgadores de instancia los encargados de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley. Ahora bien, la facultad otorgada por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoración realizada por el Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299-2017). La Corte por su parte, en tanto actúa como tribunal de casación y atendiendo la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción. En este caso, se observa que el Tribunal revisó concretamente el material probatorio, incluyendo las recomendaciones médico laborales, el análisis del puesto de trabajo, los diferentes dictámenes e incluso los testimonios, respecto de los que halló, en una disertación motivada y razonable, que no existía prueba de una afectación de salud que incidiera en el desempeño de sus actividades al momento del retiro. Más aún, recuperó del expediente el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que el juez de primera instancia omitió revisar, y concluyó la sobrevaloración de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la patología posterior al retiro. Por lo anterior, el cargo tampoco prospera, permaneciendo incólume la sentencia de segunda instancia frente a los ataques formulados. Sin costas en sede de casación por cuanto el recurso no fue objeto de réplica.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-10 V.00 ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL1473-2022 Radicación n.° 86807 Acta 12 Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de marzo de 2019, dentro del proceso que instauró contra PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. I.

ANTECEDENTES Lilia Leonor Hernández Carrillo demandó a Pearson Educación de Colombia S.A.S. (en adelante Pearson S.A.S.), con el propósito de que, previo reconocimiento de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el 16 de julio de 1997 y el 28 de febrero de 2014, se declarara que la terminación unilateral fue sin justa causa e Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 2 ineficaz, teniendo en cuenta su estado de «[…] discapacidad moderada», causada por enfermedad común y sin que hubiera mediado autorización del Ministerio de Trabajo para ello.

En consecuencia, solicitó que se ordenara su reintegro en un cargo de iguales o mejores condiciones, sin solución de continuidad, con el pago de todo lo dejado de percibir desde el momento de su desvinculación, incluyendo aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, más el pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, todo lo anterior debidamente indexado.

Como pretensiones subsidiarias, pidió que se declarara que su despido sin autorización del Ministerio de Trabajo le ocasionó perjuicios, por lo que debía condenarse a Pearson S.A.S. a pagarlos junto con la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sumas indexadas. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 7 de mayo de 1961 y que el 16 de julio de 1997 suscribió contrato de trabajo con Prentice Hall de Colombia Ltda., el cual fue remplazado por Pearson S.A.S. dada la sustitución patronal que se dio entre las entidades.

Indicó que al iniciar sus labores en el cargo de asistente del departamento de crédito y cartera, no padecía ningún quebranto de salud, hasta el mes de febrero de 2009 cuando surgió un dolor «[…] insidioso pero progresivo a nivel de codos, antebrazos y muñecas bilaterales» que limitó sus funciones y Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 3 la llevó a consultar con ortopedia el 4 de febrero de 2010, donde le diagnosticaron las patologías de síndrome del túnel carpiano, epicondilitis medial bilateral, epicondilitis lateral bilateral y tendinitis de flexo extensores de antebrazos y manos. Señaló que el 16 de julio de 2012, luego de finalizadas múltiples sesiones de terapias, «[…] perdió un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional», afectó sus roles familiares, sociales y laborales y alcanzó su condición de salud más grave, lo que supuso que se intensificara su tratamiento.

Manifestó que su EPS Famisanar, solicitó documentos a su empleador para continuar con el proceso de calificación de origen de las enfermedades, los que fueron remitidos por la empresa y derivó en la emisión de recomendaciones médico laborales el 14 de noviembre de 2012. Agregó que el 2 de septiembre de 2013, la ARL Sura evaluó su puesto de su trabajo y expuso que sus funciones consistían en, […] manejar el computador (digital (sic) y organizar información), manipular documento (revisar, organizar, archivar e imprimir) y, manejar el teléfono (recibir y realizar llamadas).

Sostuvo que el 10 de enero de 2014, Famisanar expidió nuevas recomendaciones laborales que puso en conocimiento de la empresa el día 20 de ese mismo mes y año. Agregó que fue despedida sin justa causa el 28 de Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 4 febrero de 2014 sin que Pearson Educación S.A.S. hubiera averiguado el estado del proceso de calificación, sin contar con previa autorización del Ministerio de Trabajo y a pesar que el examen médico de retiro de 4 de marzo de ese año, confirmó el diagnóstico de su estado de salud.

Reseñó que luego del trámite efectuado por la EPS Famisanar, la ARL Sura y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, el 13 de abril de 2016 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitió dictamen definitivo en su caso, en el cual consideró una pérdida de capacidad laboral del 20.71%, con origen laboral y fecha de estructuración el 13 de febrero de 2015, dictamen con el cual no estuvo de acuerdo pues «[…] tomó en cuenta exclusivamente aspectos biológicos y funcionales, excluyendo aspectos ocupacionales» y en la definición del día en que se presentó, «[…] no fue determinada con base en la evolución de las secuelas de las enfermedades laborales calificadas».

Reconoció que este se encontraba en firme, pero añadió que el 28 de septiembre de 2016 presentó demanda contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a fin de que se corrigiera en lo referente a la fecha de estructuración y se modificara por el 16 de julio de 2012. Mencionó que el 20 de abril de 2015 instauró acción de tutela contra la demandada solicitando su reintegro a las labores sin solución de continuidad, el pago de sus acreencias laborales y la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, amparo que fue negado.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 5 Para finalizar, afirmó que su empleo con Pearson Educación S.A.S. era su única fuente de ingreso y que su despido le ocasionó perjuicios morales o extrapatrimoniales. Fundamentó sus apreciaciones, en el precedente de esta Corporación, en las sentencias que identificó con radicación 39207 de 28 de agosto de 2012 y CSJ SL10538- 2016; en la de la Corte Constitucional CC C-531 de 2000 y en los artículos 26 de la Ley 361 de 1997 y 7 del Decreto 2463 de 2001.

Al dar respuesta a la demanda, la empresa se opuso a las pretensiones salvo las relacionadas con la existencia del contrato de trabajo y las condiciones de su desarrollo. En cuanto a los hechos, aceptó los referentes a existencia del vínculo, sus condiciones y el modo de terminación. Respecto de los demás, los negó, dijo que no le constaban o expresó que se trataban de apreciaciones personales de la demandante.

Aseguró que no era beneficiaria de la protección laboral reforzada por salud, pues a la fecha de la terminación del contrato de trabajo no existía ninguna limitación en grado severo o profundo. Al contrario, argumenta que esta fue calificada luego de la desvinculación y con una fecha de estructuración posterior al retiro. Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 6 Agregó que las recomendaciones médico laborales y las incapacidades acreditaban que la trabajadora no contaba con ninguna dificultad sustancial para desempeñar sus funciones, pues de dieciocho de ellas en el período comprendido entre el 18 de enero de 1999 y el 29 de enero de 2014, ninguna correspondió a las patologías señaladas en la demanda, de tal forma que no podía concluirse un nexo de causalidad entre el estado de salud y la finalización de la relación laboral, menos aún cuando de las recomendaciones médico laborales del 10 de enero de 2014, sólo tres de ellas resultaban aplicables a sus funciones.

Argumentó que actuó de buena fe frente al caso y de ninguna manera hubo discriminación por el estado de salud, habida cuenta que, i. no conoció sobre la existencia de una calificación en grado de moderada de la trabajadora sino hasta la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que ocurrió más de dos años después del retiro; ii. todo el proceso de calificación de origen y de la pérdida de capacidad laboral se dio luego de la finalización del contrato de trabajo; iii. el trámite de calificación no fue pacífico, pues la ARL Sura dictaminó una pérdida de capacidad laboral de un 0% y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, lo hizo en 5%; iv. no tenía sentido que se alegara una discriminación, pero a la vez señalara que las dolencias Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 7 empezaron en 2009, infiriendo que sólo en el 2014 la empresa incurrió en estas prácticas por tal situación; y, v. en todo caso, el retiro se dio en uso de la facultad legal otorgada al empleador para finalizar el contrato de trabajo y por una reestructuración interna.

En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, falta de causa para pedir y buena fe. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 17 de septiembre de 2018, resolvió, PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO y la demandada sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S., existió un contrato de trabajo, pactado a término fijo, vigente entre el 16 de julio de 19997 (sic) y el 28 de febrero de 2014, con un salario final de $2'395.800.

SEGUNDO: DECLARAR que el despido unilateral y sin justa causa de la trabajadora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, ocurrido el 28 de febrero de 2014, por parte del empleador es ineficaz, por haber operado sin previo permiso de la Oficina del Trabajo, cuando la demandante se encontraba gozando de la garantía de estabilidad laboral reforzada, de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

TERCERO: ORDENAR de la demandante LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, a un cargo de iguales o de superior jerarquía al que venía desempeñando al servicio de la demandada sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S.

CUARTO: CONDENAR a la sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S., al reconocimiento y pago a la demandante LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 8 integral, generados entre la fecha de terminación del contrato de trabajo ocurrida el 28 de febrero de 2014 y la fecha de reintegro.

QUINTO: CONDENAR a la sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S., a pagar a favor de la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO, a título de indemnización estatuida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la suma de $14'374.800.

SEXTO: CONDENAR a la sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S., a la indexación deprecada, únicamente respecto de los emolumentos salariales y prestacionales que la pasiva debe cancelar directamente al trabajador (sic).

SÉPTIMO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones formuladas por la pasiva. III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Interpuesto el recurso de apelación por la entidad demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 20 de marzo de 2019, revocó la sentencia del juzgado, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y absolvió a la empresa.

Determinó como problema jurídico, establecer si le asistía razón al juez cuando concedió las pretensiones de la demanda. Encontró que no era objeto de controversia, la existencia del contrato entre las partes, sus condiciones laborales y la terminación sin justa causa por decisión unilateral de la empleadora. Sobre la base de lo anterior, indicó que el asunto contaba con amplia jurisprudencia de esta Corte y referenció Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 9 providencias relevantes al efecto –que identificó con radicado 32532 de 15 de junio de 2008, radicado 36115 de 16 de marzo de 2010, radicado 39207 de 28 de agosto de 2012, 41380 de 13 de marzo de 2013 y 67595 de 2 de agosto de 2017– según las cuales, […] la Ley 361 del año 1997 contiene un régimen especial que realmente extiende una protección más allá de aquella que ya aparece prevista para cualquier tipo de situación de salud que debe enfrentar un trabajador y que se encuentran vertidas en la Ley 100 de 1993, pues el propósito de esta Ley […] es proteger los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad física, sensorial y física.

A su vez enuncia que esa situación de discapacidad, en este caso de la trabajadora, debe ser el móvil único y exclusivo que motiva la voluntad del empleador para acabar el nexo que lo unía con la trabajadora, así como que es necesario que el empleador deba tener conocimiento de situación de situación de discapacidad de su empleado y que sólo los individuos que cuentan con un grado superior al moderado cuentan con la protección o se les puede predicar de ellos la protección que aparece narrada en el artículo 26 de la Ley 361 prementada.

Indicó que esta tesis se acompasa con lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia CC C-458 de 2015 y concluyó que la protección laboral reforzada por salud es predicable en los casos de i) los trabajadores que sean despedidos por motivo de su situación de discapacidad, ii) que previamente hubieran informado de ella a su empleador y iii) que su limitación sea superior a la moderada.

De las pruebas, mencionó las recomendaciones médico laborales; el análisis de puesto de trabajo; la solicitud de información de la demandante a la empleadora para su valoración; la historia clínica de la señora Hernández Carrillo; el dictamen del 1º de julio de 2014 sobre las patologías; la carta de la ARL Sura donde acoge el origen Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 10 laboral de las enfermedades y un formato único de calificación de capacidad laboral de la ARL, donde se consignó como fecha de estructuración el 8 de mayo de 2015.

Sobre este último, indicó que el acápite de secuelas estableció que no existía alteración funcional por las patologías calificadas en segmentos de muñeca y codo. Referenció luego el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que otorgó una pérdida de capacidad laboral del 20.70%, con fecha de estructuración de la enfermedad en el 13 de febrero de 2015 y analizó el dictamen emitido por la Junta Nacional el 13 de abril de 2016, […] donde se estableció, a la letra: “Una vez se revisa la apelación de Sura, se encuentra que refieren argumentos técnicos con valores que no corresponden a este caso”.

Luego puntualmente se indica lo siguiente: “Referente a la solicitud de la paciente… de aumentar la pérdida de la capacidad laboral, se encuentra que no es factible ya que está […] sobrevalorada la deficiencia del síndrome del túnel carpiano, dado que el capítulo 12 del decreto 1507 del año 2014 no se establece que se deba asignar valor por dominancia y existe electromiografía que la severidad es menor a la calificada.

Sin embargo, como la apelación de Sura no fue en ese sentido, pues se decide ratificar el dictamen”. Luego indican lo pertinente a la fecha de estructuración indicando que no era sinónimo de diagnóstico, sino que corresponde a la fecha en que se establecen las secuelas definitivas. Consideró que le asistía razón a la apelante toda vez que el juez no analizó el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por lo que no tuvo en cuenta que la definición fue posterior a su retiro, con una fecha de estructuración también ulterior y que además esta resultaba sobrevalorada.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 11 Indicó que también se equivocó el fallador cuando dio prevalencia al examen médico de retiro, pues al ser posterior a la desvinculación, no podía inferirse otra cosa, sino que el empleador desconocía la situación de la trabajadora a la fecha de la terminación contractual. Sostuvo que el precedente de la Corte Constitucional se alinea con el pregonado por esta Corporación y recordó para tal efecto la sentencia CC SU-047 de 2017 según la cual no es cualquier situación de salud la que activa la estabilidad laboral reforzada, sino aquella que suponga una disminución sustancial en el desempeño de sus funciones.

Pasó luego a citar el dicho de los testigos Giovanni Tafur Ortiz y Gladis Guerreo Ariza, los cuales calificó de «no técnicos» y mencionó que estos dieron cuenta de la situación de salud de la trabajadora, pero respecto de cualquier tipo de dolencia. Agregó que si bien el precedente de esta Corte establece que un despido en condición de discapacidad se presume discriminatorio a menos que el empleador demuestre la causa objetivo que lo fundamentó, no es menos cierto que en este caso no hubo prueba de que las dolencias generaran una disminución por lo menos notoria en el estado de salud de la trabajadora, que la hiciera sujeto especial de protección y que supusieran una afectación sustancial en el desarrollo de sus funciones.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 12 Manifestó que no podía darse validez al dicho de la demandante en relación con su estado de salud y que en el caso solo existen recomendaciones no restricciones, conceptos que consideró diferentes. Con base en todo lo anterior, concluyó que el empleador finalizó el contrato de trabajo en uso de sus facultades legales sin que existieran fundamentos para acreditar una actuación discriminatoria de su parte, que afectara su validez.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Lilia Leonor Hernández Carrillo, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con los estrictos términos en que fue presentado y los alcances propios del recurso extraordinario. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que no son objeto de réplica y son estudiados de manera conjunta los dos primeros, por reproducir idénticos argumentos y elenco normativo y alegarse por la vía jurídica. Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 13 VI. CARGO PRIMERO Expone la recurrente, Acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, por la vía directa, en las modalidades de interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y aplicación indebida del artículo 7 de la Resolución 2463 de 2001, lo que condujo a la vulneración de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia, 127 (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990), 158, 186, 189 (subrogado por el artículo 14 del decreto ley 2351 de 1965), 249, 253 (subrogado por el artículo 17 del decreto ley 2351 de 1965), 306 (modificado por el artículo 1de la Ley 1788 de 2016), 340 y 348 (modificado por el decreto 13 de 1967) del Código Sustantivo del Trabajo; 22, 23, 33 (modificado por el artículo de la ley 797 de 2003), 153, 156, 157 y 161 de la ley 100 de 1993; y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Como fundamento del cargo, sostiene que el Tribunal interpretó incorrectamente el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 al seguir el precedente de esta Sala expuesto en las sentencias CSJ SL11411-2017; CSJ SL5523-2016; CSJ SL 28 de agosto de 2012, radicado 39207; CSJ SL 16 de marzo de 2010, radicado 36115 y CSJ SL 15 de junio de 2008, radicado 32532, pues la correcta interpretación es la que determinó la Corte Constitucional en la providencia CC SU- 049 de 2017.

Considera que la regla señalada por la Corte Constitucional para revisar casos de fuero de salud, se acompasa con los principios de igualdad, de estabilidad laboral y la protección al trabajo, por lo que en aplicación del principio in dubio pro operario, debe preferirse la posición de dicha corporación sobre la de la Corte Suprema de Justicia. Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 14 Adiciona que el Tribunal no hizo referencia al artículo 7 de la Resolución 2463 de 2001, pero que cuando adoptó el precedente de esta Sala apoyó implícitamente esa norma, «[…] por lo que es susceptible de ser atacada en casación».

Al respecto, señala que fue aplicada indebidamente porque al momento del despido ya había sido derogada por el artículo 61 del Decreto 1352 de 2013, con lo cual el precedente de esta Corporación «[…] quedó sin sustento normativo» por lo que «[…] inexorablemente debe cambiar», según los términos de la sentencia CC C-200 de 2019. Añade que, de conformidad con las recomendaciones médico laborales aportadas al proceso, quedó demostrado que tenía una afectación en su salud al momento de la desvinculación laboral, que le dificultaba sustancialmente el desempeño regular de sus funciones, respecto de la cual, […] no existe tarifa legal tal como lo indica el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque la ley no exige que este hecho se demuestre solemnemente con incapacidades, órdenes de reubicación o dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral.

Para finalizar, señala que, al encontrase en esta situación, se presume que el despido sin justa causa fue por razones de sus características físicas según el precedente de esta Sala, por lo que procede su reintegro tal como lo ordenó el juez. VII. CARGO SEGUNDO Señala, Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 15 Acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que condujo a la vulneración de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia, 127 (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990), 158, 186, 189 (subrogado por el artículo 14 del decreto ley 2351 de 1965), 249, 253 (subrogado por el artículo 17 del decreto ley 2351 de 1965), 306 (modificado por el artículo 1 de la Ley 1788 de 2016), 340 y 348 (modificado por el decreto 13 de 1967) del Código Sustantivo del Trabajo; 22, 23, 33 (modificado por el artículo de la ley 797 de 2003), 153, 156, 157 y 161 de la ley 100 de 1993; y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para argumentar el ataque, reitera las consideraciones expuestas en el cargo anterior y agrega: La aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 se produjo debido a que el Tribunal impone unas condiciones no previstas en la norma para la procedencia de la protección denominada estabilidad laboral reforzada por discapacidad, como lo es la existencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, que no aparece o, por lo menos, no se vislumbra en la norma transcrita; tampoco exige la norma que la discapacidad sea notoria como lo sugiere el Tribunal finalizando su sentencia. VIII.

CONSIDERACIONES La Sala advierte que los cargos incurren en una indebida mixtura de las vías de ataque, pues si bien se formularon por la directa –de manera que se aceptan las conclusiones fácticas del Tribunal–, se utilizaron alegaciones fácticas, lo que desnaturaliza la senda de impugnación. Debe reiterar la Corte que ella determina la forma en que la Corporación puede proceder con el análisis del fallo impugnado, siendo excluyentes entre sí, pues escogida la jurídica –esto es la directa–, el recurrente acepta las Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 16 consideraciones fácticas del litigio, de tal suerte que su argumentación debe soportarse exclusivamente en consideraciones normativas o de derecho; mientras que la vía fáctica o de los hechos –la indirecta–, discute las conclusiones probatorias mientras atribuye una equivocada apreciación de las piezas procesales o su falta de valoración. Así lo ha dicho la Corporación al señalar que «La técnica del recurso exige, según el desarrollo jurisprudencial que ha efectuado la Corte, que se indique la vía de ataque, porque […] cada vía corresponde con una forma de violación diferente, ya sea estrictamente jurídica, en el primer caso, o factual o probatoria en el segundo que, a su vez, puede ser por errores de hecho o de derecho» (CSJ AL1546– 2021) (negrilla fuera del original).

En el presente caso, la recurrente inicia discutiendo las cuestiones jurídicas del fuero de salud para, luego, agregar que según las pruebas –las recomendaciones médico laborales entre otras–, era titular de dicha protección, pues tenía una discapacidad que afectaba sustancialmente su desempeño laboral, lo que no fue debidamente evidenciado por el Tribunal.

Este error podría dar al traste con la revisión de los cargos, de no ser porque en aras de alcanzar la justicia material y dentro de la flexibilización que ha acogido la Sala, se centrará en las consideraciones jurídicas únicamente, a Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 17 fin de revisar de fondo el asunto planteado. En este sentido, la afirmación de la accionante en el sentido de que se encuentra probado que al momento de su retiro contaba con una limitación que le dificultaba sustancialmente el desempeño regular de sus funciones, no será objeto de examen en este momento, porque no corresponde a la vía de casación escogida y porque el Tribunal no llegó a ella en su sentencia. Se observa que, para la recurrente, la decisión cuestionada es violatoria de la ley sustancial porque debió adoptarse el precedente de la Corte Constitucional sobre fuero de salud y no el de esta Corporación, el que considera menos favorable.

A su juicio, la teoría del Tribunal Constitucional hubiera generado inexorablemente la ineficacia del despido, por haberse efectuado sin justa causa y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo, dada su situación de discapacidad. Sea lo primero anotar que, el recurso olvida que el recurso de casación no supone una tercera instancia donde las partes puedan ventilar las apreciaciones propias o las consideraciones individuales, sino que tiene como misión principal revisar el cumplimiento de los jueces respecto de la ley sustancial, esto es, de la normativa de orden nacional Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 18 vinculante a cada caso concreto.

Este propósito se materializa con el examen del actuar del funcionario judicial previa exposición, por parte del casacionista, de los errores jurídicos o probatorios en que supuestamente incurrió este, yerros que no se observan dentro de la argumentación de la accionante. En efecto, en vez de llevar a cabo un relato de las equivocaciones que se imputan al fallador, los cargos parten de una única premisa –además errónea–, sobre la valoración del precedente jurisprudencial de distintas jurisdicciones, sin que exista un análisis del actuar del Tribunal, que permita acreditar que efectivamente incurrió en un dislate frente al caso.

En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la premisa del error por haber acudido al precedente de esta Sala en desmedro del de la Corte Constitucional, debe decirse que tal consideración no es sostenible a la luz de los postulados constitucionales que gobiernan la actividad judicial y asigna especiales competencias a cada jurisdicción. De acuerdo con el artículo 234 de la Carta Política, consagró expresamente que la «La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria», de tal suerte que su precedente es vinculante y obligatorio para todos los asuntos referidos a ella, precedente que, por otra parte, es fijado por cada una de las Salas que constituyen Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 19 esta Corporación, según su especialidad.

Así las cosas, el Tribunal en su decisión no hizo cosa distinta que observar las reglas jurídicas que esta Corporación ha establecido para la definición de los casos de fuero de salud, lo que fundamentó y motivó expresamente dentro del fallo mediante la cita de cada una de las providencias que le sirvieron como marco de su análisis. Por ende, no se le puede atribuir ningún error por tal actuación. Al respecto, es necesario precisar que las consideraciones sobre la obligatoriedad del precedente de esta Sala para los asuntos que son de su competencia, ha sido reconocida por la misma Corte Constitucional que mediante sentencia CC C-836 de 2001 expuso: La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al ��rgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria;

(2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular.

Esta misma Corporación en sentencia CC C–539 de 2011, señaló que la actividad judicial también está sujeta a la jurisprudencia, en estos términos, Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 20 que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico (negrillas fuera del original).

Así las cosas, habiéndose analizado el asunto dentro de la jurisdicción ordinaria –entre otras razones porque el reclamo constitucional de la recurrente fue negado por la vía de la tutela–, era menester aplicar el precedente fijado por el órgano de cierre, por lo que el argumento base de que debía apartarse de la postura de esta Corporación no es admisible y, por tanto, no da lugar a casar la sentencia. No sobra agregar que la misma recurrente en su demanda fundamentó sus alegatos en sentencias de esta Corporación (CSJ SL 28 de agosto de 2012, radicado 39207 y CSJ SL10538-2016), por lo que le resulta impropio sostener que la jurisprudencia de esta Corte carece de valor para el caso y que debería preferirse otra.

Ello además significa que la casacionista presenta nuevos argumentos en esta sede, en tanto que la utilización inédita de nuevos alegatos o nuevas pretensiones ha sido denominada por la jurisprudencia de esta Corporación como «medio nuevo» y merece censura pues atenta contra el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio de seguridad jurídica (CSJ SL602-2013, reiterada en CSJ SL1930-2021).

Además, no debe perderse de vista que, si bien la decisión del Tribunal se fundamentó en la jurisprudencia de esta Sala, también lo hizo en el precedente de la Corte Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 21 Constitucional, del cual dijo expresamente que se acompasaba con la tesis del caso y citó las sentencias CC C- 458 de 2015 y CC SU-047 de 2017, según las cuales no es cualquier situación de salud la que activa la estabilidad laboral reforzada, sino aquella que suponga una disminución sustancial en el desempeño de sus funciones.

Cosa distinta es que no se hubiera encontrado probada, cuestión que no se revisará pues, como se dijo, al ser formulados los cargos por la vía directa, no admiten discusiones sobre elementos de hecho (CSJ SL1976-2021 y CSJ SL1902-2021). Por ende, hubo aplicación del precedente de esta Corte, así como el de la Corte Constitucional por parte del Tribunal, de tal suerte que no resultan procedentes los reclamos respecto de la prevalencia de uno sobre otro.

Queda claro que las modalidades de violación de la ley sustancial invocadas por la recurrente no se presentaron, pues no existió interpretación errónea ni aplicación indebida de ella. La recurrente incluyó el artículo 7 del Decreto 2463 de 2001 como sustento de sus alegatos, pues reconoce que el Tribunal no basó su decisión en él, por lo que mal podría hablarse de una interpretación errónea o una aplicación indebida de una norma que no fue invocada en el fallo.

En caso de omisión normativa, lo que corresponde es invocar la infracción directa de la ley como lo ha sostenido el precedente laboral. Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 22 Además, la mención de esta disposición se hace para condenar su aplicación al caso, a pesar de que no se hizo, pero en la demanda se reclamó la necesidad de aplicarla, reafirmando la incoherencia de los postulados argumentativos y como medio nuevo usado en esta sede.

Por lo anotado, los cargos no prosperan. IX. CARGO TERCERO Indica la accionante, Acuso la sentencia impugnada por violación de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, lo que condujo a la vulneración de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política de Colombia, 127 (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990), 158, 186, 189 (subrogado por el artículo 14 del decreto ley 2351 de 1965), 249, 253 (subrogado por el artículo 17 del decreto ley 2351 de 1965), 306 (modificado por el artículo de la Ley 1788 de 2016), 340 y 348 (modificado por el decreto 13 de 1967) del Código Sustantivo del Trabajo; 22, 23, 33 (modificado por el artículo de la ley 797 de 2003), 153, 156, 157 y 161 de la ley 100 de 1993; y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Considera que la vulneración se dio por la comisión de los siguientes errores de hecho, 1. No dar por demostrado, estándolo, que al momento de su despido la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ GARCÍA padecía una afectación en su salud que le dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares. 2. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. conocía, al momento del despido de la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ GARCÍA, que ésta padecía una afectación en su salud que le dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 23 Denuncia la indebida gestión probatoria, así, Pruebas mal apreciadas: 1. Demanda (folios 296 a 318). 2. Contestación de demanda (folios 339 - 354). 3. Carta dirigida a EPS FAMISANAR entregando análisis de puesto de trabajo de la señora LILIA LEONOR HERNÁNDEZ GARCÍA, suscrita por la Gerente Administrativa de Recursos Humanos de PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. (folio 397). 4.

Análisis de puesto de trabajo (folios 36 a 48 y 398 a 410). 5. Recomendaciones del 14 de noviembre de 2012 (folio 19). 6. Recomendaciones del 10 de enero de 2014 (folio 30). 7. Carta entregando recomendaciones médicas a la sociedad PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. (folio 31). 8. Dictamen de calificación de origen emitido por EPS FAMISANAR (folios 175 a 180). 9.

Dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral emitido por ARL SURA (folios 188- 192). 10. Dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca (folios 203 - 209). 11. Dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (folios 258 - 263). 12.

Testimonio de Gladys Guerrero Ariza Pruebas no apreciadas: 13. (sic) Testimonio de Jorge Enrique Pérez Vargas. Indica que, con la demanda, su contestación y el análisis del puesto de trabajo se acreditaron las funciones que debía desarrollar al servicio de la demandada. Reproduce, de otra parte, los textos de las recomendaciones médicas emitidas los días 14 de noviembre de 2012 y de Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 24 2013, aceptadas en la contestación de demanda, presentando un cuadro comparativo de «[…] funciones, las exigencias respecto a los miembros superiores y como (sic) se vieron limitadas con las recomendaciones médicas».

Asegura que de las pruebas documentales y las confesiones que se desprenden de dicha respuesta, es posible concluir que sus labores excedían la jornada laboral contratada; que su estado de salud dificultó sustancialmente el desempeño en condiciones regulares; que en la mayor parte de su jornada, sus funciones implicaban acomodarse en posturas no neutras a nivel de articulaciones y el desarrollo de actividades antigravitacionales; que las recomendaciones ocupacionales emitidas tenían la calidad de verdaderas restricciones médicas y que el empleador conocía tanto de sus afectaciones de salud como de sus funciones.

Afirma que los dictámenes emitidos por la EPS Famisanar, por la ARL Sura, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca y por la Junta Nacional, no desvirtúan que su estado de salud le dificultaba sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Agrega que no fue tenido en cuenta el testimonio de Jorge Enrique Pérez Vargas y que fue mal apreciado el de Gladys Guerrero Ariza, los cuales dan fe del deterioro de su salud.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 25 Para finalizar, reproduce los argumentos jurídicos reseñados en los primeros cargos. X. CONSIDERACIONES La Sala observa que se repite el yerro encontrado en los dos primeros cargos, en el sentido que existe una indebida mixtura de las vías de ataque, lo que se presenta aún más evidente en este caso pues la segunda parte del ataque repite los argumentos de los primeros cargos que no prosperaron.

En ese sentido, se reitera que la mezcla de argumentos jurídicos con apreciaciones fácticas resulta irregular e impide el correcto ejercicio de la casación. De esta forma, se adoptarán como objeto de revisión para este cargo, las cuestiones eminentemente probatorias, dejando de lado las referentes a asuntos jurídicos que ya fueron analizadas previamente.

Se advierte además que el cargo invoca pruebas testimoniales como no valoradas o indebidamente apreciadas, las que no son prueba calificada en sede de casación. Por lo tanto, la Sala no las tendrá en cuenta, salvo que se hallare un error por parte del Tribunal en la valoración de alguna de las calificadas. Dicho lo anterior, la recurrente reclama una vulneración probatoria pues a su juicio, el Tribunal no encontró demostrado que padecía una afectación física que le impedía el desarrollo normal de sus funciones a la fecha Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 26 de finalización de su contrato de trabajo, lo que le hubiera otorgado el fuero de salud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, haciendo ineficaz el despido.

El uso de la vía indirecta supone la obligación de explicar con claridad qué es lo que debía interpretarse de cada pieza procesal denunciada y qué no fue advertido por el Tribunal, a fin de demostrar el error de hecho efectivo por la inadecuada gestión probatoria. Al respecto, esta Corporación señaló en sentencia CSJ SL1529-2021, 5. En el tercer cargo, la promotora le atribuye a la decisión de segundo grado el haber incurrido en supuestos dislates fácticos, por la equivocada apreciación de algunas probanzas y no valoración de otras; sin embargo, en su discurso argumentativo, no efectuó una explicación razonada y fundamentada tendiente a demostrar en qué consistió esta, o cómo se produjo la defectuosa estimación de esos medios de convicción, limitándose simplemente a enlistar los elementos de juicio que acusó. Así, era deber de la recurrente en desarrollo de su ataque, demostrar de manera individualizada, lo que los distintos elementos de probatorios denunciados realmente demostraban, su incidencia en la decisión y cómo su falta de apreciación o su equivocada estimación condujo a los yerros fácticos que le endilgó al fallo de segundo grado, lo cual omitió hacer […] por lo tanto, para lograr el quiebre de la sentencia no resultaba suficiente que la promotora relacionara los errores de hecho que considera cometidos e indicara las diferentes pruebas que no fueron estimadas o las erróneamente valoradas, sino también demostrar con base en estas, que la evidencia procesal es tajantemente distinta de la que estableció el juzgador, asemejándose su discurso a lo sumo a un alegato propio de las instancias.

En este caso, a la accionante le bastó con relacionar unas piezas procesales, reproducir su contenido y reiterar los alegatos expuestos en instancias, pero no se ocupó de Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 27 explicar de manera concreta por qué ellas fueron indebidamente valoradas o no apreciadas o qué era lo que realmente debía desprenderse de cada una de ellas que sustentaran sus pretensiones.

Respecto de las pruebas técnicas que en gran parte sustentan la decisión del Tribunal, no hizo ejercicio distinto que condenarlas bajo la afirmación que no desvirtuaban su estado de salud, a pesar de que el fallador fue enfático en detallar lo que se desprendía de cada una de ellas, en particular la fecha de estructuración de la patología casi 2 años posterior al despido y la consideración, por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que el porcentaje final de pérdida de capacidad laboral estuvo sobrevalorado.

La falta de desarrollo y concreción del ataque deja incólume los pilares esenciales de la decisión pues al revisar la sentencia, se observa que la conducta probatoria del Tribunal fue adecuada, motivada y razonable a la luz de los medios que reposaban en el expediente, por lo que el hecho de que la recurrente esté en desacuerdo con la conclusión del juzgador no supone su error.

Al contrario, en ejercicio de su libre facultad de formación del convencimiento, encontró que las piezas procesales en su conjunto no acreditaban una afectación en la salud de la recurrente al momento de la terminación de su contrato, sino una patología estructurada con posterioridad al retiro, desconocida por tanto por el empleador y que además fue catalogada como «sobrevalorada» por la autoridad Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 28 científica competente, lo que impedía derivar los efectos del fuero de salud según el precedente jurisprudencial aplicable.

Debe tenerse presente que para que el recurso de casación quiebre un fallo judicial con fundamento en la valoración probatoria del juez, debe encontrarse un error grave y evidente que permita concluir que, sin dicho proceder, el sentido de la sentencia hubiera sido radicalmente distinto; de manera que no es cualquier divergencia en el análisis probatorio la que sustenta la casación, pues ello no sólo atentaría contra el propósito especial de este recurso extraordinario, sino además desconocería la facultad que tiene el juez para formarse de manera libre en su convencimiento.

Conviene recordar que a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los juzgadores pueden formar libremente su convencimiento «[…] inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes» (CSJ SL15058-2017).

En este orden de ideas, si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, los juzgadores están facultados para darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad «[…] no se Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 29 podrá admitir su prueba por otro medio», como lo señala la norma inicialmente citada.

Sobre el particular la Sala en sentencia CSJ SL, 5 noviembre 1998, radicado 11111, reiterada en la sentencia CSJ SL4514-2017, señaló: El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso.

Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo. Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho.

Así las cosas, son los juzgadores de instancia los encargados de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley. Ahora bien, la facultad otorgada por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 30 Social de apreciar libremente las pruebas, hace que resulte inmodificable la valoración realizada por el Tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra la evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en el proceso (CSJ SL12299- 2017).

La Corte por su parte, en tanto actúa como tribunal de casación y atendiendo la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción. En este caso, se observa que el Tribunal revisó concretamente el material probatorio, incluyendo las recomendaciones médico laborales, el análisis del puesto de trabajo, los diferentes dictámenes e incluso los testimonios, respecto de los que halló, en una disertación motivada y razonable, que no existía prueba de una afectación de salud que incidiera en el desempeño de sus actividades al momento del retiro.

Más aún, recuperó del expediente el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que el juez de primera instancia omitió revisar, y concluyó la sobrevaloración de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la patología posterior al retiro. Por lo anterior, el cargo tampoco prospera, permaneciendo incólume la sentencia de segunda instancia frente a los ataques formulados.

Radicación n.° 86807 SCLAJPT-10 V.00 31 Sin costas en sede de casación por cuanto el recurso no fue objeto de réplica. XI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por LILIA LEONOR HERNÁNDEZ CARRILLO contra PEARSON EDUCACIÓN DE COLOMBIA S.A.S. Sin costas en casación. Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ