SL1212-2020 — Corte Suprema

SL1212-2020Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2020

Magistrado ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo

Decreto 1299 de 1994Decreto 1406 de 1999Decreto 1642 de 1995Decreto 2610 de 1989Decreto 2665 de 1988Decreto 3063 de 1989Decreto 3666 de 2007Ley 100 de 1993Ley 1299 de 1994

De qué trata

Tema: PENSIONES » FINANCIACIÓN » BONOS O TÍTULOS PENSIONALES » TIPOS » TIPO A » INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN » DETERMINACIÓN - Para determinar el salario base del cálculo de la pensión de referencia con el que se debe liquidar el bono pensional tipo A al 30 de junio de 1992 debe tenerse en cuenta lo cotizado al sistema y no lo devengado por el afiliado Tesis: «En lo tocante a la aplicación del artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 que hoy se reclama, el ad quem expresó, luego de hacer una transcripción parcial del mismo, "que la norma citada fue declarada inexequible en sentencia C-734 de 2005, no obstante lo cual, esta decisión no afecta el asunto de autos, por cuanto se trata de hechos acaecidos en 1992". Sobre el particular, recordó esta Corporación en sentencia CSJ SL 10225-2017: "En otras palabras, el literal a) del artículo 5º del DL. 1299 de 1994 no es aplicable para liquidar el bono, dada la flagrante contradicción presentada con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 que fue la que, con su artículo 139-5, hizo posible la regulación de la forma de liquidar los bonos por el ejecutivo. De tal suerte, la Sala interpreta que la disposición aplicable para efectos de establecer el salario base de liquidación de los bonos objeto de estudio no es otra que el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, la cual dispone que se debe liquidar con el salario base de cotización a 30 de junio de 1992, o en su defecto, con el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma el afiliado estuviese cesante; más no, con el salario devengado a esa fecha, como lo predica equivocadamente la censura para sustentar las acusaciones en los tres cargos formulados. Por tanto, tampoco la sentencia viola por infracción directa el pluricitado artículo 5º del D. 1299 de 2004." Y, recientemente en decisión CSJ SL 2876-2019, se sostuvo por esta Corte: "De lo anterior, queda claro que la Corte, desde un principio viene inaplicando la norma que el recurrente aduce su desconocimiento por parte del Tribunal, no porque quiera otorgarle efectos retroactivos a la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la disposición normativa, que permitía que el salario base de liquidación del bono pensional a 30 de junio de 1992, fuera el que devengó el trabajador en lugar del efectivamente cotizado, sino por una conciencia sincera y precisa, de que aun, mientras estuvo vigente dicho postulado, traía serios problemas en la aplicación de una norma de mayor jerarquía como lo era la Ley 100 de 1993, y otras, como la reforma constitucional del 2005, con su Acto 01, que impulsaron el respeto por la concordancia entre las prestaciones económicas otorgadas por el sistema y el historial de pagos efectuado en la vida laboral. En otras palabras, lo que la Corte propende, es la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la cual supone una correspondencia entre los recursos que ingresan al sistema y aquellos que se dirigen al reconocimiento de las prestaciones; de manera que lo que el trabajador al final recibe por cuenta del derecho pensional que adquiere, guarde relación con la contribución que hizo durante su trayectoria laboral, y no se genere un impacto negativo o un desequilibrio en las finanzas, que tenga que ser compensado con los recursos públicos"». PENSIONES » FINANCIACIÓN » BONOS O TÍTULOS PENSIONALES » TIPOS » TIPO A » INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN » DETERMINACIÓN - Para determinar el salario base del cálculo de la pensión de referencia con el que se debe liquidar el bono pensional tipo A al 30 de junio de 1992 debe tenerse en cuenta lo cotizado al sistema y no lo devengado por el afiliado Tesis: «En punto al salario que debe ser tenido en cuenta para la liquidación del bono pensional, en sentencia CSJ SL1042-2019, en un asunto de similares contornos al que se debate, se pronunció esta Corporación, dejando claro que, para determinar el salario base del cálculo de la pensión de referencia con el que se debe liquidar el bono pensional tipo A, al 30 de junio de 1992, debe tenerse en cuenta el que sirvió de base para la cotización al sistema y no lo devengado por el afiliado. En lo concerniente, asentó: "Entonces, el literal a) del artículo 5.° del Decreto-Ley 1299 de 1994 no solo se expidió por fuera de las facultades entregadas al Presidente de la República, aspecto que finalmente provocó su inexequibilidad en el año 2005, sino que, además, desde un inicio suscitó un problema jurídico de incompatibilidad normativa bidimensional: (1) con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual había dispuesto todo lo contrario, esto es que la pensión de referencia se liquidaba teniendo en cuenta “la base de cotización del afiliado a 30 de Junio (sic) de 1992” y no lo devengado; y (2) con los principios y directrices que inspiran el actual sistema de seguridad social, de los cuales deriva la regla según la cual las pensiones se financian con lo efectivamente cotizado. Por este motivo, y sin que ello significara darle efectos retroactivos al fallo C-734 de 2005, esta Sala en la sentencia CSJ SL 31855, 31 mar. 2009, optó por inaplicar el literal a) del artículo 5.° del Decreto-Ley 1299 de 1994, precisamente porque desde el principio se advirtió un conflicto entre dos normas vigentes, que debía ser resuelto en favor del texto delegante de la Ley 100 de 1993 y al cual estaba subordinada la reglamentación del Gobierno. Además, en pro de garantizar la coherencia o cohesión axiológica del sistema de seguridad social. (…) Y pese a que la Corte Constitucional, en su oportunidad, declaró la inexequibilidad del artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, mediante la sentencia C-734 de 2005, sin embargo, en otras decisiones suyas, especialmente las sentencias de Tutela T-147, T-801, T-910, T-920 y T-1087, de 2006, refiriéndose a la citada sentencia de constitucionalidad, reiteró en forma textual que: “Las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro por regla general, de forma que sólo tienen efectos retroactivos cuando la Corte expresamente le confiere a su sentencia alcances hacia el pasado, lo cual ha sucedido de manera excepcional, cuando en casos concretos se demuestra que están en juego valores constitucionales más importantes que la propia seguridad jurídica”, por eso puntualizó que “no es posible aplicar de manera retroactiva la sentencia C-734 de 2005 y por ende las personas que tenían derecho a la emisión del bono conforme a las reglas vigentes al momento de su traslado de un sistema a otro, no han perdido ese derecho. Quiere decir que para aquellas personas que se trasladaron entre la entrada en vigencia del literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994 y el momento en el cual se profirió la sentencia C-734 de 2005 (14 de julio de 2005) el literal a) del artículo 5° es plenamente aplicable. La sentencia T910 de 2006 lo explicó así: “De forma que si la persona se trasladó entre el 28 de junio de 1994 hasta el 14 de julio de 2005 tiene derecho a que el salario de referencia que sirve de base para la determinación del bono pensional se calcule como establecía el literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994, esto es, tomando en cuenta el salario devengado por el beneficiario del bono a 30 de junio de 1992” (…). Es decir, que según lo dicho por esa alta Corporación, el artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, surtió efectos y los seguirá surtiendo en tratándose de situaciones acontecidas bajo su vigencia. Empero, la Corte Suprema considera, por lo antes expuesto, que el tantas veces mencionado artículo 5º del Decreto 1299 de 1994, no puede tener aplicación en el asunto bajo examen, porque al tenor de los Acuerdos y demás disposiciones que regulaban las pensiones de vejez, entre ellas, las atinentes a los límites de cotizaciones a los cuales debía someterse el empresario inscrito en el ISS, las mismas establecían un salario máximo asegurable, por encima del cual, se repite, la entidad de previsión social no podía recibir cotizaciones. Es que admitir la tesis del recurrente conduce a la posibilidad de que la diferencia en el valor del bono pensional, sea sufragada directamente por La Nación con recursos públicos del presupuesto, en favor de un trabajador de altos ingresos y sin que exista un fundamento constitucional que respalde ese beneficio." De lo analizado se concluye, que no incurrió el ad quem en el yerro, toda vez que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, resulta irrelevante, para efectos de la liquidación del bono pensional, que a 30 de junio de 1992, el empleador no hubiera reportado en el sistema ALA del Instituto de Seguros Sociales, el salario real devengado, cuando este superaba el salario mensual de base de la categoría 51, máximo asegurable de $665.070,oo, sobre la cual efectivamente se cotizó, amén que no le generó ningún perjuicio al trabajador frente al valor de las prestaciones que le debían ser reconocidas por el sistema, toda vez que, se reitera, su bono pensional se liquidó con al salario base correcto». PENSIONES » INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY - Inaplicación del literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 en pro de garantizar la coherencia o cohesión axiológica del sistema de seguridad social PENSIONES » INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY - El literal a) del artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 no solo se expidió por fuera de las facultades dadas al Presidente de la República sino que, además, desde un inicio suscitó un problema jurídico de incompatibilidad normativa bidimensional: i) Con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual había dispuesto todo lo contrario, esto es que la pensión de referencia se liquidaba teniendo en cuenta la base de cotización del afiliado a 30 de junio de 1992 y no lo devengado; y ii) con los principios y directrices que inspiran el sistema de seguridad social, de los cuales deriva la regla según la cual las pensiones se financian con lo efectivamente cotizado PENSIONES » EXEQUIBILIDAD E INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY - Literal a) del artículo 5 del Decreto Ley 1299 de 1994 -inexequibilidad-

13 República de Colombia Corle Suprema de Justicia Sale de Candil Laboral Sala de Deseeeeedia N: 3 JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente 5L1212-2020 Radicación n.° 63820 Acta 12 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., (2020). bril de dos mil veinte La Sala decide el rÑxØ 44 sación interpuesto por DARÍO FERNANDO CAS O- CÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral 'dé Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 31 de mayo de 2013, en el proceso que adelantó en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO BANCOLO ataltik (YO letaiWil0 PÚBLICO y prema de Justicia I.

ANTECEDENTES Darío Fernando Castro García llamó a juicio a La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a Bancolombia S.A. con el fin de que se declarara, que el organismo gubernativo o la entidad bancaria, debe SCLAPT-10 V.00 Radicación n.° 63820 reconocer en su favor la diferencia existente entre el valor del bono pensional que le emitió la oficina de Bonos Pensionales, liquidado con un salario base de $730.000 y, el valor que le corresponde, liquidándolo con un salario base de $1.006.833, por ser el que realmente devengaba en junio 30 de 1992.

Consecuentemente, solicitó condenar, si fuese el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien debe asumir el reajuste del bono pensional, a emitir en su favor un «bono pensional complementario»gr la diferencia antes indicada o, de corresponderle a a se le ordenara pagar vía consignación en s j eh. individual de ahorro pensional en la Socie tradora de Fondos de Pensiones Obligatorias r S.A., la diferencia existente entre el valor total del bono pensional que le emitió Bonos Pensionales y el que le y expidió la Oficina de corresponde.

Así mismo,nública i'oenái(491 bi i a ia accionadas «a actualizar y PAIM RIP FP dJ 110 aquivalente al DTF pensional (IPC más cuatro puntos porcentuales efectivos anuales), el valor correspondiente al reajuste del bono pensional, desde el 1° de noviembre de 1994 (fecha de corte) hasta la fecha en que se de cumplimiento a la obligación» y, a pagar las costas.

Fundamentó sus peticiones, en que: laboró del 26 de abril de 1976 al 21 de julio de 1996 al servicio del Banco Industrial Colombiano hoy Bancolombia S.A., entidad que le SCLAJPT-10 V.00 2 Radicación n.° 63820 realizó aportes para los riesgos de IVM al Instituto de Seguros Sociales. Afirmó que el 24 de octubre de 1994, se trasladó del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad, vinculándose a la Administradora Protección S.A., acto jurídico que le generó el derecho a un bono pensional tipo A, modalidad 2, que fue emitido y expedido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en Resolución n.° 272 de 21 de diciembre de 1998, por v or e $260.720.000, liquidado sobre 8.194 días ase de $1.006.833 correspondiente al dévs, 1 demandante en junio 30 de 1992, título v 'anulado por la misma entidad el 9 de febrero un proceso masivo con otros 136.000 bonos pensio El citado bono, compuesto por un cupón principal a cargo de la Nación y otro a cargo dc, del ISS, fue emitido y unibia expedido de nuevo por demandado, a través de Re 4141140Kne 2007, pero esta vez, liquidado con un salario de $683.760.

Posteriormente, por orden de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, emitida en sentencia T-379 de 2007, proferida dentro del trámite de revisión de varios fallos de tutela, entre ellos el del demandante dentro de la acción constitucional que instaurara en contra de la Oficina de Bonos Pensionales, emitió uno complementario, compuesto por dos cupones -Nación e ISS-, mediante Resolución n.° 4628 de 23 de agosto de 2007, acto administrativo con SCLAIPT-10 V.00 3 Radicación n.° 63820 fundamento en el cual se liquidaron los dos cupones del bono pensional complementario tomando como salario de base la suma de $730.000 y no, el realmente devengado a 30 de junio de 1992, que ascendió a $1.006.833.

Para concluir, informó que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Protección S.A., le reconoció la pensión de vejez a partir del 21 de diciembre de 2007. Al dar respuesta a la demanda Bancolombia S.A. se opuso a las pretensione aceptó: la vinculac expedición del bono Ministerio de Hacien sobre un salario bas Dç los fundamentos fácticos, traslado al RAIS, la emisión por parte del o pensional calculado 06.833 y su posterior anulación, el valor del salíriql.evengado por el demandante a 30 de junio de 1992 y, el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Protección S.A. Propuso las excepciones pago y prescri ción y la que llamó ausencia de derecho len n rnbt sustantivo f.° de cuáclérno d loé instancias) rtma de Job La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (f.° 188-208 cuaderno de instancias), se opuso a los pedimentos del libelo inicial.

De los hechos, aceptó: la anulación del bono pensional emitido a favor del demandante mediante Resolución n.° 272 de 21 de diciembre de 1998. Interpuso la excepción previa de falta de integración del litis consorcio necesario con la AFP Protección S.A. y, de mérito la que llamó, falta de legitimación por pasiva. SCLAPT-10 V.00 4 Radicación n.° 63820 II.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín - Adjunto 1° de Descongestión, concluyó el trámite y profirió fallo el 29 de abril de 2011 (f.° 285-293 cuaderno de instancias), en el que resolvió:

PRIMERO: SE CONDENA a la sociedad BA1VCOLOMBIA S.A. al pago de la diferencia en la liquidación del bono pensional a trasladar a la AFP Protección S.A., tomando como base de cotización, conforme a lo preceptuado en el artículo 27 del Decreto 1748 de 1995, el salario realmente devengado a 30 de junio de 1992, esto es $1.006.833,00, por el señor DARIO FERNANDO CASTRO GARCÍA, identi ado; con los rendimientos legales a que hubiere lugar, e o a de interés equivalente al DTF pensional (IP pu orcentuales anuales).

Lo anterior según el 'cálculo' e efectúe la Oficina de Bonos Pensionales del Mini enaa y Crédito Público, de acuerdo a lo explicador frrpartecotsiderativa de esta sentencia.

SEGUNDO: SE CO COSTAS a la sociedad BA1VCOLOMBL4 S.A., p seryrparte vencida en este juicio y a favor del señor DARIO FE NDO CASTRO GARCÍA y de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

TERCERO: SE DECLARA PROBADA la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, formulada por la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo explicado e4joS4ghottsid4utitté CUAR SUIII lila Apelación (Negrilla y resaltado del texto) cía Recurso de III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver el recurso de apelación interpuesto por Bancolombia S.A., la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, emitió fallo el 31 de mayo de 2013 (f.° 396-407 cuaderno de instancias), en el que revocó la condena de primer grado y, absolvió a Bancolombia S.A. SCLAJPT-10 V.00 5 Radicación n.° 63820 En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal concretó el problema jurídico, a resolver si resultaba procedente condenar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público o a Bancolombia S.A. a pagar la diferencia invocada en la liquidación del bono pensional del actor, con destino a la AFP Protección S.A. Luego de aludir a los bonos pensionales, su finalidad y diferentes modalidades, se remitió a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 100.e 1'93, 5 ordinal a) del Decreto 1299 de 1994, así co ecreto 3063 de 1989 por el cual se aprobó el sp 4344 de 1989 emanado del Consejo Directivo del IS 1774 de 1997 y, señaló que a 30 de junio d 1 salario ordinario del demandante correspondió a $730.000, el promedio a $1.006.836 (sic) y, el ingreso base de cotización a $665.700, por lo que, «confrontando las categorías Decreto 2610 de 1989, se tiene que corresponde a úttrcPM JUn dc1($94 ). asegurable;

PO d Otew4 señaladas en el la categoría 51 • límite máximo no es posible tomar una cifra superior para darle paso a la reliquidación del bono pensional que ahora depreca el señor Castro García». Sostuvo su conclusión en la sentencia de esta Corte con radicación CSJ SL, 9 may. 2010, rad. 36340 y agregó, «En relación con la omisión de reportar los salarios realmente devengados en FB por el señor Castro García, si bien repercuten en cuanto al control que al respecto debía ejercer el SCLAJPT-10 V.00 6 Radicación n.° 63820 ISS, no se advierte un perjuicio en relación con los derechos que le asisten al afiliado ( )».

Para finalizar, estudió la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que declaró probada el a quo, de la cual afirmó que era viable que se le vinculara como demandada al proceso, puesto que evidentemente desde lo sustancial ambas partes están legitimadas en la causa, de un lado para pretender unos derechos sociales y del otro ar' aceptarlos o no; y por tanto la decisión el tal (sic) era revocada».

IV. Interpuesto por elitllldeii4Lante, concedido por el Tribunal admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver. y..1-4~01 J•4_,ISTIGINSPIóN €"mrte Suprema de Justicia Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal y, en sede de instancia, confirme la de primer grado. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que no recibieron réplica y, enseguida se estudian conjuntamente, dada la identidad de vía elegida y de propósito perseguido.

SCLAIPT-10 V.00 7 Radicación n.° 63820 VI. CARGO PRIMERO Lo propone por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 19, 20, 21, 64, 69, 70, 72 y 76 del Acuerdo 44 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989; 4 del Decreto 2610 de 1989 (Acuerdo 048 de 1989); 1, 11, 12 y 75 del Decreto 2665 de 1988, «en armonía» con el 5 del Decreto 1299 de 1994; 1, 11, 21, 74 y 117 de la Ley 100 de 1993; 1 y 2 del Decreto 3666 de 2007; 72 y 76 del Acuerdo 44 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989; 1, 11, 12 y 75 del Decreto 2665 de 1 8. 20 21, 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993; 8 del 1995, y, por aplicación indebida del artículo 15 inciso 6 del Decreto 1474 de 1997; 45 de la Ley 2, 48, 53 y 58 de la CN.

Manifiesta que queda póÇfuéra de debate, que la Corte Constitucional no le dio efecto retroactivo a la sentencia C- 734 de 2005 que declaró inexequible el artículo 5 del Decreto 1299 de 1994, «lo que nos indica sin hesitación alguna que tal decisión jurisdifca 4eSl 4 (dtioWiltiMa el futuro», lo que 9 se traduce e fectos desde la fecha de su expedición -22 de junio de 1994- hasta el 14 de julio de 2005, fecha de la citada decisión judicial, «asegurando de esa manera la protección de los derechos de los afiliados que se habían trasladado al régimen de ahorro individual y a quienes no podía abrigar la decisión Constitucional aludida».

Afirma que la discrepancia de orden jurídico deriva de la interpretación que hizo el ad quem del elenco normativo SCLAJPT-10 V.00 8 Radicación n.° 63820 denunciado, en tanto ha de considerarse que el reporte del salario real devengado por el trabajador demandante, conforme a los artículos 72 y 76 del Decreto 3063 de 1989, era meramente informativo, a 30 de junio de 1992, «pero no a futuro» toda vez, que las restantes normas del «reglamento de cobranzas» del ISS, instituyen la obligación de reportar el salario real devengado y no el asegurable, además de contemplar las sanciones a quien no lo haga.

Sostiene que, en todos los eventos de novedades por cambio de salario, los empleadores estaban obligados a reportar el real, aunq asegurable en las categor dicha calenda correspo mensual de $665.070. Para terminar, expone: or encima del máximo -sas Següro Social, que para quivalente a un salario Por ende, se infiere de las citadas disposiciones, que gravitan en la decisión acusada, que si el empleador no hizo el respectivo reporte de una novedad de manera veraz y oportuna, así sea el reporte de ykrit pa{airigil 94,5eribe to MI categoría máxima asegurable'Wk6 ffile sea debe o 11 W ienrabajador- siendo indispe 180 ritenttele tkaperan, además de la sanción quelte as mit- por esa con uc a y que se encuentra consignada en el mismo estatuto, debe sufrir, igualmente, el rigor de pagar la diferencia del monto de la prestación que fue cuantificada deficitariamente, que en este caso es el bono pensional, que tuvo una liquidación deficitaria, por la conducta, atribuida al empleador, de haber omitido informar el salario realmente devengado por el trabajador a la fecha que sirve de base o referencia para esos efectos.

Y que no se diga que el no reporte del salario real es intrascendente porque no se había de reconocer por el ¡SS una pensión superior, toda vez que en estos casos el obligado a reconocer ese reajuste del bono pensional sería la O.B.P. del Minhacienda, pero como quien incurrió en la conducta del sub reporte fue el empleador, lo tris (sic) sensato es que deba responder de esa conducta, reconociendo lo que se causa si hubiera cumplido con su obligación. SCUUPT-10 V.00 9 Radicación n.° 63820 VIL CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia del Tribunal por la vía directa, en la modalidad de infracción directa de los artículos 64, 70 y, 72 del Acuerdo 44 de 1989 aprobado por el Decreto 3063 de 1989; 4 del Decreto 2610 de 1989 mediante el cual se aprobó el Acuerdo 048 de 1989; 1, 11, 12 y 75 del Decreto 2665 de 1988; 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 100 de 1993 e, «infracción directa» de los artículos 8 del Decreto 1642 de 1995; 12, 22, 24 y 39 del Decreto 1406 de 1999; 2 del Decreto 2633 de 1994; 15 numeral 1 incdaidSSecreto 1474 de 1997; «a ma consecuencia de lo cual se in gieron también directamente» los artículos 12, 21 y 2 por el Decreto 758 del m 100 de 1993 y, 48, 53 y 5 de-jet 049 de 1990 aprobado 6,5, 141 y 142 de la Ley Sustenta el cargo en similares términos a los expuestos en el anterior y, añade: r-teaplincp. de ü )11) t..] no aplicar su ti te as normas atuctz2fas es rebelarse no solo contra e, zqjffftfjfitstztuczonalzdad y especí feamente con ra e art o 5 2e Decreto 1299 de 1994 y 3666 de 2007, toda vez que de un lado, es a la Corte Constitucional a quien corresponde, con efectos erga omnes, decidir la Constitucionalidad o no de una norma en su misión de guardiana de la Constitución y esa decisión debe ser acatada por todos los operadores judiciales, y de otro, el Decreto 3666 de 2007 aún en vigor, no hace otra cosa que dar vida jurídica a la pretensión del actor, en el sentido de que su salario base para la liquidación del bono es la que allí se refiere.

VIII. CONSIDERACIONES Dada la senda de ataque escogida por la censura, es un hecho incuestionable que: i) el empleador del demandante, SCLAIPT-10 V.00 'o Radicación n.° 63820 Banco Industrial Colombiano hoy Bancolombia S.A., a 30 de junio de 1992 cotizó sobre el salario máximo asegurable correspondiente a la categoría 51, equivalente a $665.070.00 y, ü) el salario real devengado por el accionante, a dicha calenda -30 de junio de 1992-, fue la suma de $1.006.833.00.

El Tribunal, luego de remitirse a lo dispuesto en los artículos 117 de la Ley 100 de 1993, 5 ordinal a) del Decreto 1299 de 1994, Decreto 3063 de 1989 por el cual se aprueba el Acuerdo 044 de 1989 emanado del ISS y, al Decreto 1774 de 1997, concluyó: «confron ando las categorías señaladas en que la categoría 51 5,070,00; límite máximo cho de que no es posible aso a la reliquidación del a el señor Castro García». el Decreto 2610 de corresponde a una co iz asegurable; cobrando tomar una afra superior bono pensional que ahora dep En lo tocante a la aplicación del artículo 5 del Decreto 1299 de 1994 que hoy se reclama el ad quem expresó, luego Reul..)1ci1L-, kri t li de hacer una tranR cripon pardal dp bia e mismo, «que la norma citada fue dAWIga 4734 de 2005, no obstante lo cual, esta decisión no afecta el asunto de autos, por cuanto se trata de hechos acaecidos en 1992».

Sobre el particular, recordó esta Corporación en sentencia CSJ SL 10225-2017: En otras palabras, el literal a) del artículo 5° del DL. 1299 de 1994 no es aplicable para liquidar el bono, dada la flagrante contradicción presentada con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 que fue la que, con su artículo 139-5, hizo posible la regulación de la forma de liquidar los bonos por el ejecutivo.

De tal suerte, la Sala SCLAPT-10 V.00 I I Radicación n.° 63820 interpreta que la disposición aplicable para efectos de establecer el salario base de liquidación de los bonos objeto de estudio no es otra que el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, la cual dispone que se debe liquidar con el salario base de cotización a 30 de junio de 1992, o en su defecto, con el último salario devengado antes de dicha fecha si para la misma el afiliado estuviese cesante; más no, con el salario devengado a esa fecha, como lo predica equivocadamente la censura para sustentar las acusaciones en los tres cargos formulados.

Por tanto, tampoco la sentencia viola por infracción directa el pluricitado artículo 5° del D. 1299 de 2004. Y, recientemente en decisión CSJ SL 2876-2019, se sostuvo por esta Corte: De lo anterior, queda claro que la Corte, desde un principio viene inaplicando la norma que el recurrente aduce su desconocimiento e quiera otorgarle efectos onstitucional, que declaró ativa, que permitía que el salario nal a 30 de junio de 1992, en lugar del efectivamente cera y precisa, de que aun, o, traía serios problemas en or jerarquía como lo era la Ley forma constitucional del 2005, con por parte del Tribu retroactivos a la se inexequible la disposición base de liquidación d fuera el que deveng cotizado, sino por un mientras estuvo vigent la aplicación de una no 100 de 1993, y otras, corno la, su Acto 01, que impulsaron el»speto por la concordancia entre las prestaciones económicas otorgadas por el sistema y el historial de pagos efectuado en la vida laboral.

En otras palabras, lo que la Corte propende, es la sostenibilidad financiera ~- 1 ittnet i Miletval supone una correspondena en re recursos ue ingresan al sistema y aquellos e/Suprea/ti restaciones; de manera que o que e trabajador al ina reci e por cuenta del derecho pensional que adquiere, guarde relación con la contribución que hizo durante su trayectoria laboral, y no se genere un impacto negativo o un desequilibrio en las finanzas, que tenga que ser compensado con los recursos públicos.

En punto al salario que debe ser tenido en cuenta para la liquidación del bono pensional, en sentencia CSJ SL1042- 2019, en un asunto de similares contornos al que se debate, se pronunció esta Corporación, dejando claro que, para determinar el salario base del cálculo de la pensión de referencia con el que se debe liquidar el bono pensional tipo SCLAJPT-10 V.00 12 gcS Radicación n.° 63820 A, al 30 de junio de 1992, debe tenerse en cuenta el que sirvió de base para la cotización al sistema y no lo devengado por el afiliado.

En lo concerniente, asentó: Entonces, el literal a) del artículo 5. ° del Decreto-Ley 1299 de 1994 no solo se expidió por fuera de las facultades entregadas al Presidente de la República, aspecto que finalmente provocó su inexequibilidad en el año 2005, sino que, además, desde un inicio suscitó un problema jurídico de incompatibilidad normativa bidimensional: (1) con el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, el cual había dispuesto todo lo contrario, esto es que la pensión de referencia se liquidaba teniendo en cuenta «la base de cotización del afiliado a 30 de Junio (sic) de 1992» y no lo devengado; y (2) con los principios y directrices que inspiran el actual sistema de seguridad social, de los cuales deriva la regla según la cual las pensiones se financian con lo efectivamente cotizado.

Por este motivo, y al fallo C-734 de 2005, 31 mar. 2009, optó, p Decreto-Ley 1299 de 1 se advirtió un conflict resuelto en favor del cual estaba subordina en pro de garantizar kv co sistema de seguridad social. (.•.1 darle efectos retroactivos n la sentencia CSJ SL 31855, htéral a) del artículo 5.° del te porque desde el principio as vigentes, que debía ser de la Ley 100 de 1993 y al ntación del Gobierno. Además, cia o cohesión axiológica del Y pese a que la Corte Constitucional, en su oportunidad, declaró la inexequibili " 19 de(Refir apleit991de 1994, mediante twila la sentencia 005, sin ern argo en otras decisiones suyas, -147, T-801, T- 910, T-9 O y 7, de la citada sentencia de constitucionalidad, reiteró en forma textual que: "Las sentencias de constitucionalidad rigen hacia el futuro por regla general, de forma que sólo tienen efectos retroactivos cuando la Corte expresamente le confiere a su sentencia alcances hacia el pasado, lo cual ha sucedido de manera excepcional, cuando en casos concretos se demuestra que están en juego valores constitucionales más importantes que la propia seguridad jurídica", por eso puntualizó que "no es posible aplicar de manera retroactiva la sentencia C-734 de 2005 y por ende las personas que tenían derecho a la emisión del bono conforme a las reglas vigentes al momento de su traslado de un sistema a otro, no han perdido ese derecho.

Quiere decir que para aquellas personas que se trasladaron entre la entrada en vigencia del literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994y el momento en el cual se profirió la sentencia C-734 de 2005 (14 de julio de 2005) el literal a) del SCLA3PT-10 V.00 13 Radicación n.° 63820 artículo 5° es plenamente aplicable. La sentencia T910 de 2006 lo explicó así: "De forma que si la persona se trasladó entre el 28 de junio de 1994 hasta el 14 de julio de 2005 tiene derecho a que el salario de referencia que sirve de base para la determinación del bono pensional se calcule como establecía el literal a) del artículo 5° del Decreto Ley 1299 de 1994, esto es, tomando en cuenta el salario devengado por el beneficiario del bono a 30 de junio de 1992" ( ).

Es decir, que según lo dicho por esa alta Corporación, el artículo 5° del Decreto 1299 de 1994, surtió efectos y los seguirá surtiendo en tratándose de situaciones acontecidas bajo su vigencia. Empero, la Corte Suprema considera, por lo antes expuesto, que el tantas veces mencionado artículo 5° del Decreto 1299 de 1994, no puede tener aplicación en el asunto bajo examen, porque al tenor de los Acuerdos y demás disposiciones que regulaban las pensiones de vejez, entre ellas, las atinentes a los límites de cotizaciones a los cuales debía someterse el empresario inscrito en el ISS, las mismas esta alario máximo asegurable, por encima del cual, se e previsión social no podía recibir cotizaciones, Es que admitir la tesi que la diferencia en directamente por La en favor de un trabajdi fundamento constitucio conduce a la posibilidad de o pensional, sea sufragada os públicos del presupuesto, ngresos y sin que exista un lde ese beneficio.

De lo analizado se concluye, que no incurrió el ad quem en el yerro, toda vez que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 dcg 1 erf ' relevante, para efectos de la a 30 de junio de 1992, el empleador no hubiera reportado en el sistema ALA del Instituto de Seguros Sociales, el salario real devengado, cuando este superaba el salario mensual de base de la categoría 51, máximo asegurable de S665.070,00, sobre la cual efectivamente se cotizó, amén que no le generó ningún perjuicio al trabajador frente al valor de las prestaciones que le debían ser reconocidas por el sistema, toda vez que, se reitera, su bono pensional se liquidó con al salario base correcto.

SCLAPT-10 V.00 14 Radicación n.° 63820 Por lo anterior, los cargos no prosperan. Sin costas en el trámite extraordinario en razón a que no hubo réplica. IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de mayo de 2013 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por DARIO FERNANDO CASTRO GARCÍA contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y BANCOLOMBIA S.A. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase devuélvase el expediente al tribunal de origen. Ud Suprema de Justicia D ALD JOSÉ IX PONNEFZ 1 JIM NA ISABEL GODOY FAJARDO Y SCLAWT-10 V.00 15