SL1083-2022 — Corte Suprema

SL1083-2022Corte Suprema de Justicia · Sala Laboral2022

Magistrado ponente: Olga Yineth Merchán Calderón

Ley 100 de 1993Ley 4 de 1976Ley 797 de 2003

De qué trata

Tema: PENSIONES » DERECHOS CIERTOS E INDISCUTIBLES » CONCILIACIÓN - La conciliación suscrita en perjuicio de un derecho convencional del trabajador es ineficaz, cuando con ella se busca la pérdida de vigencia de unos reajustes pensionales que han ingresado al patrimonio del pensionado desde que adquirió ese estatus y por consiguiente la connotación de ciertos e indiscutibles Tesis: «De la ineficacia de la conciliación suscrita entre las partes en relación con el sistema de ajuste anticipado de las mesadas pensionales del actor. En lo que refiere a la primera de las materias objeto de análisis en sede extraordinaria, se advierte que en ningún desatino pudo incurrir el Tribunal, como quiera que esta corporación en varias oportunidades se ha pronunciado en torno a la ineficacia de la conciliación suscrita por los pensionados de la demandada en relación con el sistema de ajuste “anticipado” de sus mesadas pensionales, al señalar que los incrementos que fueron objeto de acuerdo entre las partes constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. Por consiguiente y en la medida que el derecho pensional extralegal del demandante nació a la vida jurídica el 23 de octubre de 1983, a partir de dicha calenda surgió para él, el derecho consecuencial al incremento anual en los precisos términos del acuerdo extra legal fuente del mismo. Sobre este tópico en particular, de manera preliminar se debe destacar que si bien en relación a la conciliación en materia laboral, la Corte ha señalado, que es un mecanismo de autocomposición, en el que, con la ayuda de un tercero componedor se busca resolver las diferencias surgidas del contrato de trabajo a través de concesiones mutuas, ello en manera alguna permite desconocer que la voluntad y capacidad de las partes en la celebración del convenio se encuentran limitadas por el respeto de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador (CSL SL1982-2019). Igualmente si bien se ha reconocido que son posibles los acuerdos de las partes en cuanto a prerrogativas pensionales se refiere, ello solo sucede cuando recaen sobre simples expectativas, de lo contrario, no era dable disponer de ello a efectos de pactar el reconocimiento de unos incrementos anuales inferiores a los ya fijados, con la aparente justificación de ser el resultado del establecimiento de un sistema de ajuste anticipado; como sucedió en el presente asunto, en tanto el actor satisfizo los requisitos convencionalmente exigidos para acceder a su pensión de jubilación y para obtener los beneficios establecidos en relación con sus reajustes. Al respecto, es ilustrativo lo adoctrinado de manera reciente en la decisión CSJ SL5108-2020, en la que, al memorar la CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19672 y CSJ SL15495-2017, en las que se resolvieron asuntos de similares contornos, se dijo: “3.- De la ineficacia de la conciliación Esta Sala ha sostenido en diferentes oportunidades que los incrementos pensionales objeto de análisis constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005. Luego, como quiera que el derecho pensional del demandante nació a la vida jurídica el 28 de mayo de 2002, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19672 y CSJ SL15495-2017: (…) como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez. Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional. De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales. Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible. Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto: “La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST. Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado. “Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación. “Pues bien, si no es posible renunciar a un derecho cierto e indiscutible por vía de transacción o de conciliación, menos, y a cambio de nada, es admisible y eficaz la renuncia a una pensión de jubilación ya causada, así tenga origen en convención colectiva de trabajo. “Aquí, en este caso, por medio del artículo 16 de la convención colectiva de 1978, el Banco (sic) se comprometió para con sus trabajadores a reconocer una pensión de jubilación. Como ese precepto convencional no estableció limitación temporal o de cuantía, el Banco (sic) no podía, eficazmente, reconocer esa prestación con limitaciones de ese orden; ni tuvo eficacia la posterior renuncia de ese derecho, una vez causado, como lo fue para el demandante, porque ingresó a su patrimonio, cuando se dieron los supuestos del citado artículo 16 de la convención”. Del precedente traído a colación, emerge que a pesar de que las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio en el que se pactó un sistema de reajuste de la mesada pensional extralegal equivalente al IPC causado, menos 2 puntos, para cada anualidad entre 2006 y 2010, así como el reconocimiento de bonos anticipados encaminados a “compensar” los efectos de las condiciones acordadas; con ello se desconoció que el derecho a los reajustes, bajo la égida de la Ley 4 de 1976, se configuró bajo las condiciones fijadas en la convención colectiva de trabajo de la que surgió la prestación pensional del actor, lo que no daba lugar a que en un acuerdo posterior se pudiera desconocer y mucho menos desmejorar. Sobre el particular, la Corte en providencia CSJ SL16811-2017 destacó la fuerza normativa de los acuerdos colectivos, al decir: “La fuerza normativa que acompaña a las convenciones colectivas de trabajo se desprende del artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, conforme al cual estos acuerdos se suscriben entre una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una o varias agremiaciones de trabajadores, por la otra, “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”. De igual modo, encuentra asidero en el derecho fundamental a la negociación colectiva (art. 55 CP, Convenios 98, 151 y 154 OIT) y en el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual los individuos y colectivos poseen la capacidad, en uso de su razón, de imponerse normas que regulen sus relaciones sociales. A través de la convención colectiva, entonces, los empleadores y asociaciones de trabajadores tiene la posibilidad de dictar para sí, normas sobre trabajo. En ese instrumento, se prevén, en consecuencia, las condiciones que habrán de regular las relaciones de trabajo y empleo, las obligaciones y derechos de los sujetos colectivos, así como otros aspectos que las partes decidan acordar libremente. Al ser, pues, el contrato colectivo un acto regla, producto de la autonomía y la voluntad, mediante el cual sus suscriptores dictan lo que será la ley de la empresa, sus disposiciones constituyen verdadero derecho objetivo, que se proyecta e incorpora a los contratos individuales de trabajo para regular temas como el salario, la jornada, las prestaciones sociales, las vacaciones, etc., como también para erigir reglas en materia de empleo y gobierno de relaciones empresa y organizaciones de trabajadores. De ahí que la convención colectiva de trabajo haya sido reconocida por antonomasia como una fuente autónoma de derecho, en tanto que, a la par con la ley, los reglamentos, el laudo arbitral y otras normas laborales, establece derechos, obligaciones, deberes y facultades de los sujetos de la relación de trabajo”. Por lo expuesto, resulta palmario que los beneficios que surgen de una convención colectiva de trabajo, producto de la autonomía y voluntad de sus suscribientes, se constituyen en derechos ciertos de los destinatarios que cumplen con las exigencias de su causación, de manera que no está dado desconocer su alcance, so pretexto de un acuerdo posterior a través del cual se afectan, como ocurrió en el presente asunto, en el que a través del convenio al que llegaron las partes se determinó el reajuste futuro de la pensión fijándolo en dos puntos por debajo del IPC, previo reconocimiento de unos bonos, lo que implicó un desconocimiento de lo pactado en la convención colectiva respecto al reajuste del 15 % de las pensiones en los términos y condiciones fijadas en la Ley 4 de 1976 a la que remitía el convenio extra legal, lo que resulta evidentemente en una desmejora para el demandante». LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » FINALIDAD - La convención colectiva tiene como fin fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia LABORAL COLECTIVO » CONVENCIÓN COLECTIVA » EFECTOS - Las disposiciones contempladas en la convención colectiva constituyen verdadero derecho objetivo, que se proyecta e incorpora a los contratos individuales de trabajo PENSIONES » COMPATIBILIDAD Y COMPARTIBILIDAD PENSIONAL » COMPARTIBILIDAD ENTRE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL Y PENSIÓN DE VEJEZ A CARGO DEL ISS - La prestación de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales mantiene y preserva el derecho del trabajador en lo que tiene que ver con su valor social con apoyo en la compartibilidad pensional, pero de allí no deriva la coexistencia de una doble prestación, por lo que las reglas del reajuste anual de la pensión con la cual sigue el pensionado, en principio, son las que rigen la pensión legal de vejez, no de la que fue subrogada por la entidad administradora de pensiones Tesis: «De la compartibilidad pensional En lo que tiene que ver con la compartibilidad pensional, partiendo de la cual el sentenciador de segundo grado consideró a efectos de determinar la procedencia de los reajustes pretendidos, que debía verificarse únicamente respecto del mayor valor pagado por la sociedad demandada, es preciso destacar que ello desconoce que la mencionada compartibilidad no tiene por objeto que el pensionado cuente con dos pensiones, como pareció entenderlo el fallador de la alzada. Lo acotado toda vez que, el efecto de compartibilidad pensional es la subrogación del riesgo por el ente de seguridad social con una garantía adicional, encaminada a que no se deteriore el valor de la pensión que se venía percibiendo de manera directa por parte del empleador, en esa medida, el hecho de que este conserve a su cargo el pago del mayor valor que resultare en favor del pensionado, no da lugar a considerar que corresponde a una prestación distinta a la de vejez asumida por el sistema de seguridad social, como si se tratara de dos pensiones. Así ha sido adoctrinado por la Sala al pronunciarse en un asunto de similares contornos a través de la providencia CSJ SL4555-2020, en la que señaló: “Así las cosas, la referida compartibilidad pensional no tiene por objeto que el pensionado cuente con dos pensiones, pues, precisamente, el efecto de la mentada figura es el de la asunción del riesgo por el ente de seguridad social con el aseguramiento de que no se deteriore el valor de la pensión que se venía percibiendo, por manera que, la prestación de vejez que otorga la entidad administradora será la que se mantendrá como pensión en toda su identidad; de consiguiente, no por el hecho de que el empleador conserve a su cargo el pago del mayor valor que resultare en favor del pensionado, esa diferencia o mayor valor tendrá las connotaciones de una prestación pensional distinta a la de vejez asumida por el ente de seguridad social, por cuanto que ese valor debe mantenerse por no poderse afectar el quantum o monto del derecho pensional subrogado, habida consideración de que ese parámetro pensional queda cobijado por el concepto de derecho adquirido. Visto de otra forma, el cubrimiento del derecho pensional por parte del ente de seguridad social mantiene y preserva el derecho del trabajador en lo que tiene que ver con su valor, con estribo en la figura de la compartibilidad pensional, pero de allí no puede derivarse la coexistencia de una doble prestación, de donde deviene una obvia conclusión, cual es la de que las reglas del reajuste anual de la pensión con la cual seguirá el pensionado, en principio, son las que rigen la pensión legal de vejez, no de la que fue subrogada por la entidad administradora de pensiones. Por lo anotado, y en corrección de posturas anteriores, como la consignada en sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39783, entre otras, en la que se dijo: Por último, la Sala se pronunciará sobre las pretensiones económicas inicialmente planteadas por los actores en relación con el incremento del 15% sobre sus mesadas pensionales a partir del año 2000, previo el descuento del porcentaje real aplicado a las mesadas de cada uno de los actores pues no es punto de discusión, como ya se dijo, que la empresa venía reconociendo los incrementos de Ley. […] A partir de la mesada correspondiente al mes de enero de 2013 y mientras existan las causas que dieron origen a las pensiones de las que trata este proceso, deberá ajustarse la mesada pensional de cada uno de los actores, al menos en un 15% cada año, bien a la mesada que cancela en su totalidad la empresa, bien al mayor valor que asume la misma luego de la subrogación realizada por el ISS., sin que el valor de lo pagado por la empresa, se insiste, exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Subraya la Sala). La Sala considera pertinente rectificar tal criterio, en el sentido de que la compartibilidad pensional prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, provoca que en adelante el pensionado reciba la prestación de vejez como único derecho pensional, pero preservando el mayor valor que resultare al hacerse la subrogación o compartibilidad pensional a cargo del empleador, de suerte que: i) los ajustes sobre el monto de la prestación a cargo del ISS (hoy Colpensiones) serán los que se dispongan para la pensión legal de vejez, esto es, los ajustes o incrementos normales de ley; y ii) en vista de que los reajustes pensionales del 15%, de que trata la Ley 4ª de 1976, constituyen un derecho convencional para los pensionados o jubilados de la demandada, según quedó visto al abordar el estudio del primer cargo, ese mayor valor o diferencia que deba asumir el empresario sí puede ser afectado con el reajuste controvertido, a efectos de que el pensionado no pierda el aludido beneficio convencional. De consiguiente, el tope de los 5 SMMLV deberá calcularse sobre el monto total de la prestación, de manera tal que, si se supera dicho valor el ajuste anual se producirá como lo indique la ley, pero si la pensión entendida como un todo, es decir, el monto final recibido por el pensionado --y que resulta de lo pagado por concepto de la pensión compartida, vale decir, la diferencia o mayor valor asumido por la empresa junto con lo sufragado por Colpensiones-- no supera los referidos 5 SMMLV, deberá ajustarse la mesada pensional, al menos en un 15% cada año, únicamente sobre ese mayor valor que asume la empresa luego de la subrogación realizada por el ISS, se insiste, sin que el valor total de lo pagado o tope de esa pensión única exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Negrillas de la Sala)”. Visto lo anterior se tiene que, aun cuando la pensión de jubilación reconocida por la demandada al actor se encuentra compartida con la prestación que por vejez reconoce hoy Colpensiones, dichas erogaciones corresponden a una sola prestación, de manera que la sumatoria de la fracción reconocida por el ISS y el mayor valor reconocido por la demanda, dan el monto total que ha de tenerse en cuenta para determinar si este supera o no el tope de los cinco SMMLV. Por lo expuesto, el fallador de segundo grado al revisar el valor de la prestación atendiendo exclusivamente el mayor valor, para efectos de establecer el tope convencional, incurrió en el desatino enrostrado sobre esta materia. En consecuencia, el cargo prospera». PROCEDIMIENTO LABORAL » CONCILIACIÓN » VALIDEZ - Las partes pueden acudir excepcionalmente al proceso ordinario laboral para debatir acuerdos conciliatorios con efectos de cosa juzgada, no para que se vuelvan a estudiar las controversias resueltas por su propia voluntad, sino con el fin de que el juez analice temas relativos a su validez y eficacia, tales como: i) El cumplimiento de los presupuestos formales, como lo es que sea aprobada por una autoridad competente, ii) La inexistencia de vicios en el consentimiento, iii) Que no se vulneren normas de orden público y iv) Que se respeten los derechos mínimos, irrenunciables, ciertos e indiscutibles del trabajador Tesis: «[…] en lo que hace al argumento según el cual, el acuerdo conciliatorio al haber sido aprobado por un funcionario público no puede ser revisado en los mismos términos que podría hacerse si se tratara de una transacción, pues ello equivaldría a cuestionar la función ejercida por el Estado a través del juez laboral o del inspector del trabajo que la avalan; es preciso señalar que corresponde a una postura equivocada de la censura. En efecto, aun cuando la conciliación se extiende ante un servidor oficial encargado de revisar y avalar el respectivo acuerdo, el cual se cobija por el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, siendo, en principio inmutable; ello no significa que sea imposible de ser revisado a través de vía judicial para verificar si en su suscripción medió algún vicio del consentimiento por parte del trabajador, que pudiera generar la nulidad o si versó sobre derechos ciertos e indiscutibles; no si el funcionario que le dio su aval lo hizo correctamente (CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157), en tanto lo que se analiza es la eficacia y validez de esta, no lo en ella pactado. Así se dijo en la sentencia CSJ SL4066-2021 en los siguientes términos: “Luego, la Corte, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283, fue enfática en advertir que “cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada. Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables”. Al efecto, cabe memorar que la Sala, en torno al efecto de la conciliación en el campo laboral, mediante sentencia CSJ SL18096-2016, reiterada en las providencias CSJ SL11339-2017, CSJ SL8301-2017 y CSJ SL8564-2017, explicó: En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que le imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social. Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada. Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan. Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia. Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos -con las salvedades anotadas- o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Entonces, llegados a este punto del sendero, brota un primer colofón: las partes pueden acudir excepcionalmente al proceso ordinario laboral, para debatir acuerdos conciliatorios con efectos de cosa juzgada, pero no con el propósito de volver a examinar las controversias zanjadas por su propia voluntad, pues la conciliación es un instituto jurídico concebido “como un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y de seguridad jurídica”, (CSJ SL, del 9 de mar. 1995, rad. 7088), sino con el fin de que el juez laboral analice temas relativos a la validez y eficacia de la conciliación, tales como: i) el cumplimiento de presupuestos formales, como lo sería que sea aprobada por una autoridad competente; ii) la inexistencia de vicios en el consentimiento; iii) la no violación de normas de orden público, y iv) el no desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles (CSJ SL, del 13 de mar. 2013, rad. 44157). Cumple afirmar, así, que la conciliación es un mecanismo de autocomposición que, con la ayuda de un tercero componedor, busca resolver las controversias surgidas con ocasión de un conflicto suscitado que se origine en el contrato de trabajo (SL1982-2019). Ese conciliador por regla general es el juez o el inspector del trabajo y, a partir de las normas sobre descongestión judicial, se invistió también a particulares con ese propósito. Para que se deriven los mencionados efectos de cosa juzgada, tal como se dijo arriba, se requiere que la conciliación sea aprobada por autoridad competente, que no existan vicios en el consentimiento ni se violen normas de orden público y que se respeten los derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de conciliación”. De tal suerte que, no erró el Tribunal al declarar la ineficacia del acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes, en torno al sistema de ajuste anticipado de la mesada pensional del actor». PROCEDIMIENTO LABORAL » PRUEBAS » PRUEBA DE OFICIO - Previo a dictar sentencia de instancia, y para un mejor proveer, se ordena prueba de oficio Tesis: «Para mejor proveer y con el fin de revisar las condenas impuestas en la primera instancia se dispondrá que por la secretaría de la Sala, se oficie a: a) la Administradora Colombiana de Pensiones y b) la Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora S. A., en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP (FONECA), para que, en el término de 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remitan a esta corporación, una certificación detallada que dé cuenta de los pagos que mes a mes y por concepto de mesada pensional han reconocido a favor del señor Roberto Llinás Olmos, quien se identifica con la cédula de ciudanía 860.247, a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha. Las respuestas que sean allegadas se pondrán a disposición de las partes por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo. Cumplido ello, pasará el expediente al Despacho para el correspondiente fallo de instancia».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-10 V.00 OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL1083-2022 Radicación n.° 78708 Acta 11 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A., hoy ELECTRICARIBE S. A. ESP, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 25 de julio de 2016, corregida mediante proveído del 24 de octubre del mismo año, en el proceso ordinario laboral que instauró ROBERTO LLINÁS OLMOS contra la sociedad recurrente.

De conformidad con la solicitud visible en los folios 86 a 88 del cuaderno de la Corte, se tiene como sucesora procesal de la demandada, en los términos del artículo 68 del CGP, a la Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora S. A., en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 2 de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP (FONECA).

ANTECEDENTES Roberto Llinás Olmos demandó a la Electrificadora del Caribe S. A. ESP, con el fin de que se reajuste el valor de su mesada pensional para los años 2009 a 2013 y subsiguientes, en un 15 %; así mismo se le reconozcan los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que la convocada no realizó el reajuste del 15 % sobre el valor de la mesada pensional causada a su favor para los años 2009 a 2013, incumpliendo lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 4 de 1976, así como el parágrafo 1 del artículo 2 de la convención colectiva de trabajo vigente para el periodo comprendido entre 1983-1985, a pesar de que la mesada pensional se encontraba «por debajo del rango de los cinco (5) salarios mínimos» y que se trataba de un derecho adquirido.

Señaló que el 16 de agosto de 1998 la demandada sustituyó a la Electrificadora del Atlántico S. A. en todas sus obligaciones laborales y asumió el deber de pagar los pasivos pensionales en los términos pactados en las convenciones colectivas de trabajo suscritas con Sintraelecol, organización sindical a la que estuvo afiliado. Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 3 Finalmente destacó que disfrutaba de una pensión de jubilación plena de tipo convencional desde el 3 de diciembre de «2009» (sic), de conformidad con los términos expuestos en la comunicación de fecha 23 de octubre de 1983.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó que los incrementos efectuados a la mesada pensional del actor han sido inferiores al 15 % y que no ha aplicado lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 4 de 1976 ni en el parágrafo 1 del artículo 2 del acuerdo colectivo 1983- 1985; la fecha en la que operó la sustitución patronal y que asumió las obligaciones pensionales de la Electrificadora del Atlántico S. A. ESP.

Frente a los restantes supuestos fácticos indicó que no eran ciertos, que no le constaban o que no eran hechos. En su defensa adujo que para el año 2009 el actor percibía una mesada superior a cinco veces el salario mínimo de dicha anualidad que alcanzaban los $2.484.500, pues conforme a la certificación expedida por el Departamento de Retribuciones y Compensaciones la suma reconocida por concepto de pensión era de $2.563.768.

Por otro lado, indicó que no era dable aplicar de manera automática y aislada el parágrafo tercero del artículo 1 de la Ley 4 de 1976, con fundamento en el cual se pretendían los reajustes de la mesada pensional del actor, como quiera que debía respetarse el principio de la inescindibilidad o conglobamiento de las normas, y, en consecuencia, advertir, Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 4 que desaparecieron los pilares que permitían la aplicación «del citado Parágrafo 3°, como las variaciones diferenciales de salario mínimo a las que se refiere el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 y los artículos 1° y 3° del Decreto reglamentario 732 de 1976 y la fijación de los reajustes pensionales del Ministerio del Trabajo».

Así mismo aseveró que el 23 de junio de 2006 suscribió con la Asociación de Pensionados un acuerdo en el que se fijó un sistema de disfrute anticipado del reajuste anual de pensiones, a través del otorgamiento de bonos y la posterior actualización de la mesada correspondiente al IPC menos dos puntos para los años 2006 a 2010. Precisó que el anterior pacto se materializó mediante la suscripción de un acta de conciliación ante el Ministerio de la Protección Social el 24 de agosto de 2006, en la que se dejó constancia de que el accionante recibió una bonificación de $554.992, así como que se acordó el reajuste anual de la mesada al tenor del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Aclaró que la prestación convencional se encuentra compartida con el ISS, entidad que por medio de la Resolución 014028 de julio 23 de 2009 le reconoció pensión de vejez, de manera que actualmente solo cancela el mayor valor a su cargo. Propuso las excepciones de mérito que denominó inexistencia de la obligación, carencia de acción, prescripción, buena fe, pago y cosa juzgada.

Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 5 II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de mayo de 2014 resolvió:

PRIMERO: DECLARAR NO probada la excepción de COSA JUZGADA.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN en virtud de que se encontró que al señor ROBERTO LLINAS OLMOS, no le asiste el derecho a que la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, le reconozca y pague el incremento pensional, conforme lo establecido en la Convención Colectiva de 1998-1999 suscrita por la ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. con el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTROCOL – SINTRAELECOL y la ley 4ª de 1976, con respecto al año 2012.

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción con respecto a las diferencias pensionales causadas a favor del demandante en el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 30 de noviembre de 2010.

CUARTO: CONDENAR a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., a reconocerle y pagarle al señor ROBERTO LLINAS OLMOS, las diferencias pensionales resultante de la reliquidación efectuada por el Despacho de las mesadas pensional[es] del demandante y el valor reconocido y cancelado por ELECTRICARIBE S.A., a partir del 1 de diciembre de 2010 y hasta la inclusión en nómina del nuevo valor de la mesada pensional del año 2014.

Diferencias pensionales que liquidadas para una condena en concreto a la fecha (30 de abril 2014), ascienden a la suma de $3.792.497,14.

QUINTO: CONDENAR a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., a reconocerle y pagarle al señor al (sic) ROBERTO LLINAS OLMOS, dichos reajustes pensionales debidamente indexad (sic) mes a mes hasta la fecha de su pago.

SEXTO. DECLARAR PARCIALMENTE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CARENCIA DE ACCIÓN. Fundamenta (sic) en el hecho de que al no existir la obligación de pagar los reajustes pensionales, ni intereses, ni la indexación de acuerdo a lo acumulado del IPC ni costas ni agencias en derecho. La cual se declarará probada parcialmente por cuanto al demandante se le reconocerá el reajuste conforme el IPC de los años 2009 y 2010, Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 6 lo cual conlleva a reajustar las mesadas de los años subsiguientes, y la indexación de las diferencias pensionales aquí reconocidas.

NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PAGO: por cuanto se encontró que le adeuda dineros al demandante. BUENA FE NO PROBADA, SI BIEN NO SE ESTABLECIÓ QUE LA DEMANDADA HUBIERA ACTUADO DE MALA FE, LA BUERNA (sic) FE NO INCIDE EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS AQUÍ RECONOCIDOS AL DEMANDANTE.

SÉPTIMO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones formuladas por el actor en la presente demanda.

OCTAVO: DECLARAR PROBADAS las demás excepciones planteadas por la demandada.

NOVENO: CONDENAR a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, a pagar las costas del proceso por salir vencida en el juicio, señalándose como agencias en derecho el 15% del valor de la condena. (La negrilla es del texto original). III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, mediante fallo del 25 de julio de 2016 dispuso:

PRIMERO: REVÓCANSE los numerales 2°, 6°, 7° y 8° de la sentencia impugnada de 12 de mayo de 2014, proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de esta ciudad, en el juicio de ROBERTO LLINÁS OLMOS, contra ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., en su lugar dispone: CONDENASE a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al demandante el reajuste de su mesada pensional con base en lo establecido en la Ley 4ª de 1976, a partir del 1 de diciembre de 2010 y en lo sucesivo siempre que una vez reajustada no supere los 5 smlmv.

Monto que una vez calculado arroja por concepto diferencias pensionales la suma de $118.871.506,27.

SEGUNDO: CONFIRMASE en todo lo demás la decisión de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 7 primera instancia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia. Posteriormente mediante proveído de fecha 24 de octubre de 2016 dispuso corregir el numeral segundo de la providencia, el que quedó de la siguiente manera: CONDENASE a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al demandante el reajuste de su mesada pensional con base a (sic) lo establecido en la Ley 4ª de 1976, a partir del 1 de diciembre de 2010, y en lo sucesivo siempre que una vez reajustada no supere los 5 smlmv.

Monto que una vez calculado hasta junio de 2016, arroja por concepto de diferencias en reajuste la suma de $116.438.940.44. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez de la alzada, en primer lugar y a efectos de pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandada, adujo que no era materia de discusión que al actor le fue reconocida pensión de jubilación a partir del 23 de octubre de 1983.

Partiendo de ello fijó como problema jurídico definir si el demandante era beneficiario de los reajustes pensionales de conformidad a lo establecido en la Ley 4 de 1976, por serle aplicable las disposiciones de la convención colectiva suscrita entre la Electrificadora del Atlántico S. A. y Sintraelecol para la vigencia 1983-1985. Enseguida precisó que la pretensión prosperaría «pues ese derecho fue pactado por las partes suscriptoras de la convención colectiva que sirve de fundamento a dichos reajustes en ejercicio de la libertad de contratación», a favor de quienes ostentaran la condición de pensionados de la Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 8 Electrificadora del Atlántico S. A.; pero que era necesario definir los efectos del acuerdo conciliatorio suscrito por el actor.

Con ese norte señaló que, si bien era válida la conciliación sobre derechos inciertos y discutibles, ello no ocurría frente aquellos indiscutibles y ciertos, en los términos del artículo 15 del CST y según lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL, 14 sep. 2007, rad. 29332. Arguyó que «al grupo de derechos ciertos e indiscutibles corresponde la pensión de jubilación convencional» y por ello sobre ella «pesa» la prohibición de ser objeto de transacción o conciliación, lo que conducía a indicar que el acuerdo suscrito en torno al reajuste de la mesada pensional por parte del demandante no producía efectos jurídicos, al estar viciado de nulidad absoluta, por objeto ilícito, tal como se desprendía del artículo 1741 del C.C. Con relación al derecho al incremento de la pensión convencional a cargo de la demandada, puso de presente que a través de la sentencia CSJ SL, 23 en. 2009, rad. 30077 se había adoctrinado que la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, «no hace perder el derecho al reajuste pensional de marras por tratarse de un derecho legítimamente adquirido, de conformidad con las reglas pensionales existentes para el momento en que se reconoció, así la norma convencional que dio origen desaparezca».

Ello como quiera que la pérdida de vigencia de las reglas de carácter personal contenidas en convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 9 trabajo, laudos arbitrales y en acuerdos válidamente celebrados «no comporta la merma de los derechos adquiridos mientras esos estatutos o actos estuvieron en pleno vigor».

Así las cosas, pregonó que las partes, al suscribir el acuerdo objeto de estudio, habían desconocido el derecho adquirido del actor para que su mesada pensional se reajustara conforme a la norma legal a la que remitía la convencional, el que dijo, no podía ser ignorado por haber ingresado al patrimonio de aquel. Para desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, advirtió que su discrepancia gravitaba en que el reajuste no podía realizarse «sobre la sumatoria de lo percibido por el actor producto de su pensión de jubilación y lo recibido por pensión de vejez, dado que el reajuste convencional fue pactado sobre la pensión de jubilación reconocida por la empresa, independientemente de la naturaleza compartida de la misma», argumento que resultaba cierto por lo que le asistía la razón al impugnante, como quiera que al examinar la cláusula convencional pactada, «la misma no indica que una vez sea compartida la pensión, los reajustes se harían sobre la totalidad de lo recibido por el demandante es decir, la sumatoria del mayor valor que continúa pagando la empresa y el monto de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales» como quiera que lo que se pactó fue que en ningún caso el reajuste sería inferior al 15 % de la respectiva mesada pensional para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5 veces el salario mínimo mensual legal mensual más alto.

Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 10 Aseveró que, cuando la disposición convencional hacía alusión al término «pensiones», se refería única y exclusivamente a la mesada reconocida por la empresa, de manera que «una vez compartida la pensión de vejez con el entonces Instituto de Seguros Sociales a efecto de determinar si hay lugar a los reajustes pactados, los mismos deben hacerse entonces con relación a las mesadas pagadas por la ex empleadora del actor» de manera que solo una vez realizada la operación correspondiente «si de ellos se obtiene una mesada pensional superior a 5 salarios mínimos mensuales vigentes no habría lugar al pago de los reajustes, en el evento contrario estos deberán ser cancelados».

Procedió a realizar los cálculos de rigor estableciendo que para el año 2009, luego de aplicado el reajuste sobre la mesada pensional pagada por la demandada, esta era inferior a 5 SMMLV, lo que también ocurría para los años siguientes 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, tal como se refleja en el siguiente cuadro: AÑO MESADA PENSIONAL PAGADA POR LA DEMANDADA LUEGO DEL REAJUSTE 5 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES 2009 $ 1.421.865,15 $ 2.484.500,00 2010 $ 1.635.140,32 $ 2.575.000,00 2011 $ 1.880.411,37 $ 2.678.000,00 2012 $ 2.162.473,08 $ 2.833.500,00 2013 $ 2.486.844,04 $ 2.947.500,00 2014 $ 2.859.870,64 $ 3.080.000,00 2015 $ 3.288.851,24 $ 3.221.758,00 2016 $ 3.511.506,47 $ 3.447.270,00 Finalmente adujo que para el 2016, la mesada pensional reajustada con el 15 % superaba los 5 SMMLV Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 11 «dado que la misma asciende a $3.511.506,47 en tanto que los 5 salarios mínimos mensuales vigentes solo llegan a $3.447.270, por lo que para esta anualidad el reajuste a realizarse corresponde al de la inflación del año de 2015 que fue del 6,77 %».

Por lo expuesto y como quiera que se había declarado probada la excepción de prescripción con relación a las mesadas pensionales causadas desde el mes de enero de 2009 hasta el mes de noviembre 2010, era procedente ordenar el pago de las diferencias pensionales causadas a partir de diciembre de 2010 y hasta junio de 2016, lo que arrojaba un guarismo de $116.438.940,44.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la sociedad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver. V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la demandada recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada: […] en cuanto revocó parcialmente los apartes de la decisión del A quo en los cuales se declararon probadas las excepciones propuestas por la demandada y en cuanto confirmó con modificaciones las condenas impuestas con la decisión de primera instancia, para que en la actuación como tribunal de instancia se revoquen tales condenas, se confirme la declaratoria de prosperidad de las excepciones interpuestas y se disponga una absolución total para mi mandante.

En subsidio solicito que se CASE PARCIALMENTE la decisión cuestionada en cuanto incrementó el monto del retroactivo pensional ordenado en la decisión de primer grado, para que en instancia se confirme el Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 12 monto declarado por el A quo a favor del actor. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, frente al que se presenta réplica, el cual se resolverá a continuación. VI.

CARGO ÚNICO Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 15 del CST; 1508 del CC; aplicación indebida de los artículos 48 y 53 de la CP; 14 de la Ley 100 de 1993; 14, 19, 260, 467 del CST; 1502, 1503, 1741, 2469, 2470, 2483 del CC; 19, 78 del CPTSS; e infracción directa los artículos 332 del CPC (303 del CGP) aplicables por remisión del artículo 145 del CPTSS (violación medio).

Para demostrar el cargo sostiene que la afirmación del Tribunal, según la cual «la conciliación tuvo un objeto ilícito porque versó sobre un derecho cierto» pone de relieve que el colegiado no diferencia «entre un derecho cierto y uno litigioso o dependiente de una situación en litigio», en tanto considerar que lo debatido corresponde a un derecho cierto, equivaldría a prejuzgar, como quiera que no se puede tener como tal, hasta que no se dicte la sentencia definitiva y la misma alcance el efecto de ejecutoria, de manera que no había lugar a descartar el efecto de cosa juzgada de la conciliación que celebraron las partes.

Agrega que el fallador de segundo grado incurrió en Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 13 «otros errores jurídicos» cuando le dio a la conciliación el mismo tratamiento que procede para la transacción «como si fueran figuras afines, cuando son totalmente distintas y en algunos aspectos, opuestas», al disponer la aplicación del artículo 15 del CST.

Señala que la conciliación y la transacción se regulan de manera diferente, como se consigna en el artículo 15 del CST; que la última se trata de un acto privado y por esa razón «merece en la ley una vigilancia especial, mientras que la conciliación involucra un acto del Estado sin cuya presencia lo acordado no alcanza efecto alguno». Destaca que en la conciliación laboral media la presencia de un funcionario competente, juez o inspector del trabajo, «lo cual representa una inmensa diferencia con la transacción», en tanto emerge la figura de responsabilidad del Estado por su fallas en la prestación de los servicios a su cargo, como quiera que «el acuerdo involucrado solamente produce efectos como consecuencia del acto estatal, judicial o administrativo, por el cual se declara que con lo conciliado no se vulnera ningún derecho cierto y en virtud de ello, le imparte aprobación a la conciliación».

De tal suerte que el juez de la alzada ignoró, que respecto de la materia que comprendió la conciliación, en este caso, el mecanismo de ajuste de la pensión del actor, «ya existía y existe una declaratoria estatal, oficial, según la cual lo reclamado por los demandantes (sic) no es un derecho cierto, por lo que mal podría ahora resolver que sí había un Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 14 derecho cierto cuando, como se dijo, ello ya se encontraba decidido» con el carácter de cosa juzgada.

Menciona que la jurisprudencia de la Corte de manera reiterada ha indicado que la conciliación «es un acto serio» y trascendente el cual solo puede ser cuestionado cuando median vicios del consentimiento, en tanto «involucra lo mismo que una sentencia y por tal motivo se le otorga el efecto de cosa juzgada», de manera que no es revisable en los mismos términos de una transacción, dado que lo que conlleva es «un cuestionamiento a la función ejercida por el Estado» y no una conducta del empleador «que simplemente ha acatado la orientación del juez o del inspector» los que son los realmente responsables de que el acuerdo que se apruebe se encuentre conforme a la ley.

Así mismo argumenta que la pensión que percibe el promotor de la contienda es extralegal y en esa medida no se encuentra en «el marco tutelar» del artículo 14 del CST, el cual prevé la irrenunciabilidad respecto de los derechos y prerrogativas legales. Indica que cuando el sentenciador abordó el estudio de la apelación del demandante, con el fin de identificar el valor de la pensión convencional y con ello establecer si la misma superaba el tope de 5 SMMLV fijado en la Ley 4 de 1976, discrepó del análisis efectuado en primera instancia, pues a su juicio «ese tope debe estar representado solamente por la parte de la pensión que paga la empresa» con lo que incrementó el monto del retroactivo, lo que pone de relieve Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 15 que, para el Tribunal hay dos pensiones, la que paga la entidad perteneciente al sistema de seguridad social y la que cancela el empleador y por eso tomó solamente la última para identificar si se superaba con ella el aludido límite de 5 SMMLV.

Es por lo expuesto que, desde su perspectiva «el error jurídico del Tribunal se encuentra en que no entiende lo que significa una pensión compartida que, obviamente, es una sola y no dos pagos independientes jurídicamente», lo que conllevó descartar el cálculo que se efectuó en primera instancia y que fue el correcto por cuanto tomó el valor total de la pensión recibida «por medio de los dos pagos, el de la seguridad social y el del empleador, y no solamente la cuota parte de dicha pensión que subsiste a cargo de este luego de operar la compartibilidad».

VII. RÉPLICA El demandante se opone a la prosperidad del cargo señalando que la sentencia confutada se encuentra ajustada a la ley, la jurisprudencia, el Acto Legislativo 01 de 2005 y concuerda con las pruebas allegadas al proceso. Aduce que la Corte, en torno a la validez y aplicación de los beneficios pactados convencionalmente y su cumplimiento, ha enseñado a través de las sentencias CSJ SL, 19 sep. 2006, rad. 29288 y CSJ SL050-2018 que la existencia de una convención colectiva de trabajo «implica una norma que obliga a su cumplimiento a las partes que la Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 16 suscribieron», en los términos del artículo 467 del CST, y en esa medida, prevalecen respecto de los acuerdos conciliatorios, como se precisó en la providencia CSJ SL, 9 jul. 2014, rad. 54116, la que daba lugar a concluir que «el acta de conciliación suscrita por las partes se torna inconstitucional, puesto que no puede por medio del (sic) ella un pensionado entrar a modificar los derechos a un reajuste pensional contenido en un (sic) Convención Colectiva de Trabajo».

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión en que el acuerdo conciliatorio suscrito entre el actor y la demandada en torno a los reajustes de la mesada pensional del primero no producía efectos jurídicos, al haber versado sobre un derecho adquirido del trabajador, proveniente de una norma convencional de la que era beneficiario.

Así mismo destacó que una vez compartida la pensión de vejez con el entonces Instituto de Seguros Sociales, a efecto de determinar si había lugar a los reajustes pactados, esto es, si superaba los cinco SMMLV, debía verificarse únicamente el monto de la mesada pagada por la ex empleadora y no aquella que surgiera de computarlo con el pago realizado por parte del ISS.

La censura radica su inconformidad en que el estudio del fallador de segundo grado en torno al acuerdo suscrito no reparó en que este fue aprobado por un funcionario público Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 17 investido de competencia para ello, por no vulnerar derechos del pensionado suscribiente, adquiriendo la inmutabilidad que le imprime la fuerza de cosa juzgada, lo que no lo hace revisable en los mismos términos de una transacción, como quiera que tal proceder equivaldría a cuestionar la función ejercida por el Estado a través del juez laboral o del inspector del trabajo que avalan la conciliación. Aunado a lo anterior sostuvo que no era dable atribuir la calidad de derecho cierto a los reajustes pretendidos, como quiera que estos eran de origen extralegal y, por ende, no resultaba aplicable el artículo 14 del CST, el cual se refiere a la irrenunciabilidad únicamente de derechos y prerrogativas legales.

Finalmente destacó que para el Tribunal hay dos pensiones, la que paga «la seguridad social» y la que cancela el empleador y por eso tomó solamente la última, para identificar si ella superaba el límite de 5 SMMLV, lo que resulta equivocado, como quiera que en tratándose de una pensión compartida, es una sola prestación. Planteadas las posturas de las partes le corresponde a la Sala establecer si el sentenciador plural incurrió en un desatino jurídico al declarar la ineficacia del acuerdo conciliatorio suscrito entre Roberto Llinás Olmos y la demandada, desconociendo que este fue aprobado por un funcionario público autorizado para ello; y si tal acuerdo recayó sobre un derecho incierto de origen convencional.

Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 18 Por otro lado, debe definirse si la pensión compartida se trata de una sola prestación y si por ello, el sentenciador de segundo grado erró al tener en cuenta únicamente el pago del mayor valor efectuado a cargo del ex empleador a efectos de determinar la procedencia de los reajustes pretendidos por el demandante, al amparo de la Ley 4 de 1976, por ser beneficiario de la convención colectiva de trabajo 1983-1985 fuente de tal derecho.

De la ineficacia de la conciliación suscrita entre las partes en relación con el sistema de ajuste anticipado de las mesadas pensionales del actor. En lo que refiere a la primera de las materias objeto de análisis en sede extraordinaria, se advierte que en ningún desatino pudo incurrir el Tribunal, como quiera que esta corporación en varias oportunidades se ha pronunciado en torno a la ineficacia de la conciliación suscrita por los pensionados de la demandada en relación con el sistema de ajuste «anticipado» de sus mesadas pensionales, al señalar que los incrementos que fueron objeto de acuerdo entre las partes constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Por consiguiente y en la medida que el derecho pensional extralegal del demandante nació a la vida jurídica el 23 de octubre de 1983, a partir de dicha calenda surgió para él, el derecho consecuencial al incremento anual en los Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 19 precisos términos del acuerdo extra legal fuente del mismo. Sobre este tópico en particular, de manera preliminar se debe destacar que si bien en relación a la conciliación en materia laboral, la Corte ha señalado, que es un mecanismo de autocomposición, en el que, con la ayuda de un tercero componedor se busca resolver las diferencias surgidas del contrato de trabajo a través de concesiones mutuas, ello en manera alguna permite desconocer que la voluntad y capacidad de las partes en la celebración del convenio se encuentran limitadas por el respeto de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador (CSL SL1982-2019).

Igualmente si bien se ha reconocido que son posibles los acuerdos de las partes en cuanto a prerrogativas pensionales se refiere, ello solo sucede cuando recaen sobre simples expectativas, de lo contrario, no era dable disponer de ello a efectos de pactar el reconocimiento de unos incrementos anuales inferiores a los ya fijados, con la aparente justificación de ser el resultado del establecimiento de un sistema de ajuste anticipado; como sucedió en el presente asunto, en tanto el actor satisfizo los requisitos convencionalmente exigidos para acceder a su pensión de jubilación y para obtener los beneficios establecidos en relación con sus reajustes.

Al respecto, es ilustrativo lo adoctrinado de manera reciente en la decisión CSJ SL5108-2020, en la que, al memorar la CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19672 y CSJ SL15495-2017, en las que se resolvieron asuntos de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 20 similares contornos, se dijo: 3.- De la ineficacia de la conciliación Esta Sala ha sostenido en diferentes oportunidades que los incrementos pensionales objeto de análisis constituyen derechos adquiridos para quienes causaron sus pensiones al amparo de la convención colectiva y con anterioridad a la fecha límite de su vigencia, establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Luego, como quiera que el derecho pensional del demandante nació a la vida jurídica el 28 de mayo de 2002, asimismo surgió el derecho accesorio a su incremento anual. Al respecto, resultan pertinentes las reflexiones contenidas en las sentencias CSJ SL, 11 feb. 2003, rad. 19672 y CSJ SL15495-2017: (…) como ya lo ha asentado la Corte en múltiples oportunidades en que se ha debatido la aplicación de una estipulación conciliatoria a espaldas de un derecho convencional in meius del cual se beneficia al trabajador, razón asiste al juzgador cuando desatiende estipulaciones plasmadas en tal clase de actos, por pretenderse con ellas la pérdida de vigencia de reajustes pensionales pactados convencionalmente, en este caso los enmarcados en la Ley 4ª de 1976, con la pretensión de optarse por los que en adelante, es decir, a partir de la data de la misma, establecen normas que regularmente se expiden cada año para aumentar la pensión de vejez.

Y ello es así por la simple razón de que el derecho al reajuste pensional de que se trata, desde cuando fue estipulado convencionalmente, y para el particular trabajador cuando adquiere la calidad de pensionado o jubilado por la empresa, en este caso por la Electrificadora del Caribe, S.A., E.S.P., se causó, por tanto, empezó a tener una incidencia en el valor o monto del particular derecho pensional.

De no verse así, los artículos 14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo, relativos a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y a la imposibilidad de transigirse cuando éstos tienen el carácter de ciertos e indiscutibles resultan lesionados, por ser indiscutible que la teoría de la irrenunciabilidad de los derechos laborales no solo cabe predicarla respecto de prerrogativas legales, sino que también es posible extenderla, bajo ciertas circunstancias, a derechos y beneficios convencionales.

Además, porque cuando un derecho convencional no tiene límite distinto al del tope de su disfrute cuando alcance el monto de 5 salarios mínimos legales vigentes, como aquí ocurre y no se discute, su pérdida de vigencia ante otra fórmula menormente provechosa apareja la pérdida de un derecho cierto e indiscutible. Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 21 Así lo ha entendido la Corte en diferentes oportunidades, bastando para memorar una de ellas, lo consignado en sentencia de 11 de febrero de 2003 (Radicación 19672), a ese respecto: “La regla general es la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas que conceden las leyes laborales, y por eso la salvedad para esa regla exige excepción expresa de la misma ley, según el artículo 14 del CST.

Otras normas reafirman esa regla; así, en materia de salarios, el artículo 149, y en cuanto a prestaciones, el 340, ambos del mismo Código citado. “Aunque pudiera decirse que la dicha regla general está referida a la irrenunciabilidad de los derechos cuya fuente es la ley, abriendo la muy discutible posibilidad de la renuncia a los derechos laborales originados en otra fuente, una tal apreciación pierde firmeza ante el artículo 15 del CST, porque un derecho causado, uno que está ya en el patrimonio del trabajador, no admite negociación alguna, y porque la dicha norma solo permite la renuncia, a través de la transacción, cuando de derechos inciertos y discutibles se trata; como también lo dice la norma sobre conciliación. “Pues bien, si no es posible renunciar a un derecho cierto e indiscutible por vía de transacción o de conciliación, menos, y a cambio de nada, es admisible y eficaz la renuncia a una pensión de jubilación ya causada, así tenga origen en convención colectiva de trabajo.

“Aquí, en este caso, por medio del artículo 16 de la convención colectiva de 1978, el Banco (sic) se comprometió para con sus trabajadores a reconocer una pensión de jubilación. Como ese precepto convencional no estableció limitación temporal o de cuantía, el Banco (sic) no podía, eficazmente, reconocer esa prestación con limitaciones de ese orden; ni tuvo eficacia la posterior renuncia de ese derecho, una vez causado, como lo fue para el demandante, porque ingresó a su patrimonio, cuando se dieron los supuestos del citado artículo 16 de la convención”.

Del precedente traído a colación, emerge que a pesar de que las partes suscribieron un acuerdo conciliatorio en el que se pactó un sistema de reajuste de la mesada pensional extralegal equivalente al IPC causado, menos 2 puntos, para cada anualidad entre 2006 y 2010, así como el reconocimiento de bonos anticipados encaminados a «compensar» los efectos de las condiciones acordadas; con ello se desconoció que el derecho a los reajustes, bajo la égida de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 22 la Ley 4 de 1976, se configuró bajo las condiciones fijadas en la convención colectiva de trabajo de la que surgió la prestación pensional del actor, lo que no daba lugar a que en un acuerdo posterior se pudiera desconocer y mucho menos desmejorar.

Sobre el particular, la Corte en providencia CSJ SL16811-2017 destacó la fuerza normativa de los acuerdos colectivos, al decir: La fuerza normativa que acompaña a las convenciones colectivas de trabajo se desprende del artículo 467 del Código Sustantivo de Trabajo, conforme al cual estos acuerdos se suscriben entre una o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una o varias agremiaciones de trabajadores, por la otra, «para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia».

De igual modo, encuentra asidero en el derecho fundamental a la negociación colectiva (art. 55 CP, Convenios 98, 151 y 154 OIT) y en el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual los individuos y colectivos poseen la capacidad, en uso de su razón, de imponerse normas que regulen sus relaciones sociales. A través de la convención colectiva, entonces, los empleadores y asociaciones de trabajadores tiene la posibilidad de dictar para sí, normas sobre trabajo.

En ese instrumento, se prevén, en consecuencia, las condiciones que habrán de regular las relaciones de trabajo y empleo, las obligaciones y derechos de los sujetos colectivos, así como otros aspectos que las partes decidan acordar libremente. Al ser, pues, el contrato colectivo un acto regla, producto de la autonomía y la voluntad, mediante el cual sus suscriptores dictan lo que será la ley de la empresa, sus disposiciones constituyen verdadero derecho objetivo, que se proyecta e incorpora a los contratos individuales de trabajo para regular temas como el salario, la jornada, las prestaciones sociales, las vacaciones, etc., como también para erigir reglas en materia de empleo y gobierno de relaciones empresa y organizaciones de trabajadores.

De ahí que la convención colectiva de trabajo haya sido reconocida por antonomasia como una fuente autónoma de derecho, en tanto que, a la par con la ley, los reglamentos, el Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 23 laudo arbitral y otras normas laborales, establece derechos, obligaciones, deberes y facultades de los sujetos de la relación de trabajo.

Por lo expuesto, resulta palmario que los beneficios que surgen de una convención colectiva de trabajo, producto de la autonomía y voluntad de sus suscribientes, se constituyen en derechos ciertos de los destinatarios que cumplen con las exigencias de su causación, de manera que no está dado desconocer su alcance, so pretexto de un acuerdo posterior a través del cual se afectan, como ocurrió en el presente asunto, en el que a través del convenio al que llegaron las partes se determinó el reajuste futuro de la pensión fijándolo en dos puntos por debajo del IPC, previo reconocimiento de unos bonos, lo que implicó un desconocimiento de lo pactado en la convención colectiva respecto al reajuste del 15 % de las pensiones en los términos y condiciones fijadas en la Ley 4 de 1976 a la que remitía el convenio extra legal, lo que resulta evidentemente en una desmejora para el demandante.

Ahora bien, en lo que hace al argumento según el cual, el acuerdo conciliatorio al haber sido aprobado por un funcionario público no puede ser revisado en los mismos términos que podría hacerse si se tratara de una transacción, pues ello equivaldría a cuestionar la función ejercida por el Estado a través del juez laboral o del inspector del trabajo que la avalan; es preciso señalar que corresponde a una postura equivocada de la censura.

En efecto, aun cuando la conciliación se extiende ante Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 24 un servidor oficial encargado de revisar y avalar el respectivo acuerdo, el cual se cobija por el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, siendo, en principio inmutable; ello no significa que sea imposible de ser revisado a través de vía judicial para verificar si en su suscripción medió algún vicio del consentimiento por parte del trabajador, que pudiera generar la nulidad o si versó sobre derechos ciertos e indiscutibles; no si el funcionario que le dio su aval lo hizo correctamente (CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157), en tanto lo que se analiza es la eficacia y validez de esta, no lo en ella pactado.

Así se dijo en la sentencia CSJ SL4066-2021 en los siguientes términos: Luego, la Corte, en providencia CSJ SL, del 4 de mar. 1994, rad. 6283, fue enfática en advertir que «cuando la conciliación es llevada a cabo ante funcionario competente, juez laboral o inspector del trabajo, produce por virtud de los artículos 20 y 78 del C.P. de T., el efecto de cosa juzgada.

Lo anterior conlleva a que la conciliación no pueda, en principio, ser modificada por decisión alguna. Por tanto, la conciliación como las sentencias, no sólo son obligatorias, sino que por virtud de ese efecto, son definitivas e inmutables». Al efecto, cabe memorar que la Sala, en torno al efecto de la conciliación en el campo laboral, mediante sentencia CSJ SL18096-2016, reiterada en las providencias CSJ SL11339- 2017, CSJ SL8301-2017 y CSJ SL8564-2017, explicó: En un acuerdo conciliatorio, bien presentado ante un juez o ante un funcionario administrativo o delegado por ley para esas funciones, para que le imparta su aprobación en relación con el cuidado que debe tenerse respecto a que no se violentaron derechos ciertos e indiscutibles, pueden tocarse temas del derecho laboral ordinario donde se acuerden puntos específicos de orden legal, convencional o voluntariamente concedidos por el empleador o relacionados con la Seguridad Social.

Pero, de todas formas, que hacen tránsito a cosa juzgada. Son las partes, y solo ellas, las que llegan al acuerdo, el funcionario le imprime su aprobación formal y en adelante el Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 25 documento que lo contiene, goza de la presunción de validez. La aprobación del funcionario se supedita a verificar que lo consignado fue lo que realmente se acordó y si no se violan derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, de manera que si considera que no se presenta la dicha violación, debe aprobar el pacto y hacer las advertencias sobre los efectos de cosa juzgada que desde ese momento lo amparan.

Cuando se dice que el acta de conciliación hace tránsito a COSA JUZGADA, se está asegurando que no podrá adelantarse contra ella acción judicial posterior con el fin de revivir los asuntos conciliados. De hacerse, el juez deberá declarar probada, aún de oficio, la excepción de cosa juzgada. Esto debido a que el acta de conciliación tiene la misma fuerza obligante de una sentencia. Sin embargo, puede ordenarse judicialmente la nulidad de un acta de conciliación cuando se afecte cualquiera de los elementos de un contrato, es decir, cuando se actúa sin capacidad o voluntad o cuando la referida actuación verse sobre un objeto o causa ilícita, salvo cuando se trate de la revisión del reconocimiento de sumas periódicas o de pensiones de cualquier naturaleza impuestas al tesoro público o a un fondo de naturaleza pública, situaciones en las que el mecanismo apto para la enervación de las transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, es la revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Es decir, si la parte que firmó el acuerdo considera que en el contenido de la conciliación existe un vicio del consentimiento, un objeto o una causa ilícitos –con las salvedades anotadas- o una violación de derechos ciertos e indiscutibles, podrá acudir ante la jurisdicción mediante un proceso ordinario de competencia del Juez Laboral según las reglas que fija el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Entonces, llegados a este punto del sendero, brota un primer colofón: las partes pueden acudir excepcionalmente al proceso ordinario laboral, para debatir acuerdos conciliatorios con efectos de cosa juzgada, pero no con el propósito de volver a examinar las controversias zanjadas por su propia voluntad, pues la conciliación es un instituto jurídico concebido «como un acto serio y responsable de quienes lo celebren y como fuente de paz y de seguridad jurídica», (CSJ SL, del 9 de mar. 1995, rad. 7088), sino con el fin de que el juez laboral analice temas relativos a la validez y eficacia de la conciliación, tales como: i) el cumplimiento de presupuestos formales, como lo sería que sea aprobada por una autoridad competente; ii) la inexistencia de vicios en el consentimiento; iii) la no violación de normas de orden público, y iv) el no desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles (CSJ SL, del 13 de mar. 2013, rad. 44157).

Cumple afirmar, así, que la conciliación es un mecanismo de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 26 autocomposición que, con la ayuda de un tercero componedor, busca resolver las controversias surgidas con ocasión de un conflicto suscitado que se origine en el contrato de trabajo (SL1982-2019). Ese conciliador por regla general es el juez o el inspector del trabajo y, a partir de las normas sobre descongestión judicial, se invistió también a particulares con ese propósito.

Para que se deriven los mencionados efectos de cosa juzgada, tal como se dijo arriba, se requiere que la conciliación sea aprobada por autoridad competente, que no existan vicios en el consentimiento ni se violen normas de orden público y que se respeten los derechos mínimos e irrenunciables que no son susceptibles de conciliación. De tal suerte que, no erró el Tribunal al declarar la ineficacia del acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes, en torno al sistema de ajuste anticipado de la mesada pensional del actor.

De la compartibilidad pensional En lo que tiene que ver con la compartibilidad pensional, partiendo de la cual el sentenciador de segundo grado consideró a efectos de determinar la procedencia de los reajustes pretendidos, que debía verificarse únicamente respecto del mayor valor pagado por la sociedad demandada, es preciso destacar que ello desconoce que la mencionada compartibilidad no tiene por objeto que el pensionado cuente con dos pensiones, como pareció entenderlo el fallador de la alzada.

Lo acotado toda vez que, el efecto de compartibilidad pensional es la subrogación del riesgo por el ente de seguridad social con una garantía adicional, encaminada a que no se deteriore el valor de la pensión que se venía percibiendo de manera directa por parte del empleador, en Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 27 esa medida, el hecho de que este conserve a su cargo el pago del mayor valor que resultare en favor del pensionado, no da lugar a considerar que corresponde a una prestación distinta a la de vejez asumida por el sistema de seguridad social, como si se tratara de dos pensiones.

Así ha sido adoctrinado por la Sala al pronunciarse en un asunto de similares contornos a través de la providencia CSJ SL4555-2020, en la que señaló: Así las cosas, la referida compartibilidad pensional no tiene por objeto que el pensionado cuente con dos pensiones, pues, precisamente, el efecto de la mentada figura es el de la asunción del riesgo por el ente de seguridad social con el aseguramiento de que no se deteriore el valor de la pensión que se venía percibiendo, por manera que, la prestación de vejez que otorga la entidad administradora será la que se mantendrá como pensión en toda su identidad; de consiguiente, no por el hecho de que el empleador conserve a su cargo el pago del mayor valor que resultare en favor del pensionado, esa diferencia o mayor valor tendrá las connotaciones de una prestación pensional distinta a la de vejez asumida por el ente de seguridad social, por cuanto que ese valor debe mantenerse por no poderse afectar el quantum o monto del derecho pensional subrogado, habida consideración de que ese parámetro pensional queda cobijado por el concepto de derecho adquirido.

Visto de otra forma, el cubrimiento del derecho pensional por parte del ente de seguridad social mantiene y preserva el derecho del trabajador en lo que tiene que ver con su valor, con estribo en la figura de la compartibilidad pensional, pero de allí no puede derivarse la coexistencia de una doble prestación, de donde deviene una obvia conclusión, cual es la de que las reglas del reajuste anual de la pensión con la cual seguirá el pensionado, en principio, son las que rigen la pensión legal de vejez, no de la que fue subrogada por la entidad administradora de pensiones.

Por lo anotado, y en corrección de posturas anteriores, como la consignada en sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 39783, entre otras, en la que se dijo: Por último, la Sala se pronunciará sobre las pretensiones económicas inicialmente planteadas por los actores en relación con el incremento del 15% sobre sus mesadas pensionales a Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 28 partir del año 2000, previo el descuento del porcentaje real aplicado a las mesadas de cada uno de los actores pues no es punto de discusión, como ya se dijo, que la empresa venía reconociendo los incrementos de Ley. […] A partir de la mesada correspondiente al mes de enero de 2013 y mientras existan las causas que dieron origen a las pensiones de las que trata este proceso, deberá ajustarse la mesada pensional de cada uno de los actores, al menos en un 15% cada año, bien a la mesada que cancela en su totalidad la empresa, bien al mayor valor que asume la misma luego de la subrogación realizada por el ISS., sin que el valor de lo pagado por la empresa, se insiste, exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(Subraya la Sala). La Sala considera pertinente rectificar tal criterio, en el sentido de que la compartibilidad pensional prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, provoca que en adelante el pensionado reciba la prestación de vejez como único derecho pensional, pero preservando el mayor valor que resultare al hacerse la subrogación o compartibilidad pensional a cargo del empleador, de suerte que: i) los ajustes sobre el monto de la prestación a cargo del ISS (hoy Colpensiones) serán los que se dispongan para la pensión legal de vejez, esto es, los ajustes o incrementos normales de ley; y ii) en vista de que los reajustes pensionales del 15%, de que trata la Ley 4ª de 1976, constituyen un derecho convencional para los pensionados o jubilados de la demandada, según quedó visto al abordar el estudio del primer cargo, ese mayor valor o diferencia que deba asumir el empresario sí puede ser afectado con el reajuste controvertido, a efectos de que el pensionado no pierda el aludido beneficio convencional.

De consiguiente, el tope de los 5 SMMLV deberá calcularse sobre el monto total de la prestación, de manera tal que, si se supera dicho valor el ajuste anual se producirá como lo indique la ley, pero si la pensión entendida como un todo, es decir, el monto final recibido por el pensionado --y que resulta de lo pagado por concepto de la pensión compartida, vale decir, la diferencia o mayor valor asumido por la empresa junto con lo sufragado por Colpensiones-- no supera los referidos 5 SMMLV, deberá ajustarse la mesada pensional, al menos en un 15% cada año, únicamente sobre ese mayor valor que asume la empresa luego de la subrogación realizada por el ISS, se insiste, sin que el valor total de lo pagado o tope de esa pensión única exceda de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(Negrillas de la Sala). Visto lo anterior se tiene que, aun cuando la pensión de Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 29 jubilación reconocida por la demandada al actor se encuentra compartida con la prestación que por vejez reconoce hoy Colpensiones, dichas erogaciones corresponden a una sola prestación, de manera que la sumatoria de la fracción reconocida por el ISS y el mayor valor reconocido por la demanda, dan el monto total que ha de tenerse en cuenta para determinar si este supera o no el tope de los cinco SMMLV.

Por lo expuesto, el fallador de segundo grado al revisar el valor de la prestación atendiendo exclusivamente el mayor valor, para efectos de establecer el tope convencional, incurrió en el desatino enrostrado sobre esta materia. En consecuencia, el cargo prospera. Sin costas en el recurso extraordinario como consecuencia de su prosperidad parcial.

Para mejor proveer y con el fin de revisar las condenas impuestas en la primera instancia se dispondrá que por la secretaría de la Sala, se oficie a: a) la Administradora Colombiana de Pensiones y b) la Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora S. A., en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP (FONECA), para que, en el término de 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remitan a esta corporación, una certificación detallada que dé cuenta de los pagos que mes a mes y por concepto de mesada pensional han reconocido a Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 30 favor del señor Roberto Llinás Olmos, quien se identifica con la cédula de ciudanía 860.247, a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha.

Las respuestas que sean allegadas se pondrán a disposición de las partes por el término de tres (3) días a partir de la fecha de su recibo. Cumplido ello, pasará el expediente al Despacho para el correspondiente fallo de instancia. IX. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 25 de julio de 2016 y corregida el 24 de octubre del mismo año por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ROBERTO LLINÁS OLMOS contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A., ELECTRICARIBE S. A. ESP, sociedad sucedida procesalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA, FIDUPREVISORA S. A., en su calidad de vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE PASIVO PENSIONAL Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. ESP (FONECA).

Previo a emitir la sentencia de instancia y para mejor proveer, se ordena que por Secretaría oficiar a: Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 31 a) la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones b) la Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora S. A., en su calidad de vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. ESP (FONECA) Lo anterior para que, en el término de 10 días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, remitan a esta corporación, una certificación detallada que dé cuenta de los pagos que mes a mes y por concepto de mesada pensional han reconocido a favor del señor Roberto Llinás Olmos, quien se identifica con la cédula de ciudanía 860.247, a partir del 1 de enero de 2009 y hasta la fecha.

Una vez se obtenga la respuesta requerida, córrase traslado a las partes por el término de tres (3) días, contados a partir de su recibo conforme a la parte motiva de esta providencia. Sin costas en casación. Notifíquese, publíquese, cúmplase. Radicación n.° 78708 SCLAJPT-10 V.00 32