ACCIÓN DE NULIDAD ACCIÓN DE NULIDAD.—NULIDADES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS.—APELACIÓN CONCEDÍ DA EN EL EFECTO DEVOLUTIVO.—SUSPENSIÓN DEL REMATE.—JURIS​DICCIÓN DELEGADA 1.—Una cesa son las nulidades de carácter sus​tantive a que se refieren las disposiciones conteni​das «d el título 20 del C. C. y otras las de carácter adjetivo consagradas en el capítulo 7º del título 12 del C. J. Las primeras miran a los actos y decla​raciones de voluntad, en cuanto éstos carezcan de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la especie de éstos o la calidad o estado de las partes, y las segundas atañen a irregularidades en un proceso ju​dicial.

En las primeras está comprendido el con​cepto dé la validez o nulidad del acto o contrato, en sí mismo considerado, y en las segundas ese con​cepto no entra en juego sino únicamente si el pro​cedimiento encaminado a hacer efectivo un derecho está o no rielado. Por eso ana nulidad o Tirio de carácter adjetivo no toca, en cuanto a su validez, el seto o contrato cuya efectividad se quiere hacer valer en un proceso judicial, que es o se declara nulo por irregularidades en su tramitación. 2.—Sobre el concepto de la apelación concedida en el efecto de​volutivo el legislador colombiano, en el artículo 499 del C. J., sentó una regla general que tiene excep​ciones, pues pueden existir casos en los cuales la jurisdicción del juez A QUO queda delegada al su​perior en tal forma y manera que el inferior no puede seguir conociendo de ciertas cuestiones estre​chamente ligadas con el auto apelado en ese efec​to.

De la misma manera, aun cuando la regla gene​ral consagrada por el artículo 501 es la de que la apelación concedida en el efecto suspensivo quita PRO TEMPORE la jurisdicción al juez A QUO, hay casos también en que, aun concedida ana ape​lación en este efecto, queda radicando en el inferior cierta jurisdicción, y de ahí las excepciones a que se refiere el mismo artículo 501. 3.—El Código Ju​dicial Colombiano contiene el principio del no rema​te de los bienes o de la suspensión de la ejecución de un acto judicial cuando está pendiente la apela​ción en el efecto devolutivo de una providencia que puede causar gravamen irreparable a una de las partes. 4—Siendo el auto que decreta la ejecución apelable en el efecto devolutivo (art. 1031 C. J.), en ningún caso al tenor del artículo 1032 puede pro-cederse al remate de bienes ni al pago al acreedor sin que esté ese auto en firme.

Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación Civil. Bogotá, octubre veintisiete de mil novecientos treinta y siete. (Magistrado ponente, Dr. Liberto Escallón) Antecedentes Los antecedentes que dan motivo a la ac​ción de nulidad iniciada por Emeterio Zapa-ta contra Pedro M. Jaramillo, José J. Gutié​rrez y Ana Francisca González, son estos: 1) Emeterio Zapata causó a deber a Jara​millo y a Gutiérrez una suma de dinero que garantizó con hopoteca sobre varios bienes y derechos en inmuebles ubicados en jurisdicción del municipio de Yolombó 2) Pedro M. Jaramillo inició ejecución ante el juez de Yolombó contra Zapata, y fue librado el correspondiente mandamiento de pago.

Luego el precitado Jaramillo, y con base en un documento privado, ejecutó al mismo Zapata. 3) José J. Gutiérrez ejecutó a Zapata y el mandamiento ejecutivo del caso fue libra​do. En ese juicio propuso tercería el apode​rado de Pedro M. Jaramillo, fundándose en escritoras 274 de cinco de julio de 1928, y 278 de 25 de junio de 1928, corridas ante el notario de Yolombó. 4) El ejecutado, Emeterio Zapata, pidió al jaez de Yolombó que declarara admisible la cesión que hacía de sus bienes en favor, de sus acreedores Jaramillo y Gutiérrez, y manifestó que también era su acreedor el señor Ernesto Estrada.

Tal petición fue ad​mitida por el juez en auto de 12 de noviem​bre de 1931, quien declaró embargados los bienes y nombró depositario, y el proceso tomó la sustanciación de un concurso de acreedores. 5) El juez de Yolombó, a petición del sín​dico del concurso, decretó el embargo de los bienes por auto de doce de septiembre de 1932. Apeló Zapata de ese auto, y pidió la suspensión del remate, que negó el juez, y el Tribunal Superior de Medellín, en provi​dencia de 7 de marzo de 1933, decretó esta suspensión, fundándose en el decreto núme​ro 280, en el 420 y en la Ley 37 de 1932.

Pero como entre tanto, la apelación se había concedido sólo en el efecto devolutivo, al lle​gar el catorce de octubre de 1932, día fijado para el remate, éste se verificó. Fundado en lo anterior, Emeterio Zapata demandó a Pedro M. Jaramillo, José J. Gu​tiérrez y Ana Francisca González para qne se hicieran las siguientes declaraciones: a) Que es nulo, por vicio de procedimien​to, por mala aplicación del derecho, el juicio de cesión de bienes de Emeterio Zapata que cursa ante el juez del circuito de Yolombó, cesión que se admitió por auto que lleva fe​cha doce de noviembre de 1931.

Subsidiaria​mente, que es nulo lo actuado en ese juicio desde el auto de doce de septiembre de 1932 inclusive, en adelante. b) Que, como consecuencia de la nulidad pedida, las cosas deben volver al estado que tenían antes, o de acuerdo con la subsidia​ria, que no tienen valor loa autos posterio​res a aquél de que trata el numeral anterior, ni lo tiene la diligencia de remate que se ve​rificó el catorce de octubre de 1932 ante el juez del Circuito de Yolombó, en el aludido juicio, y que, por tanto, se ordene cancelar la inscripción que de tal diligencia se hizo en la oficina de Registro del Circuito de Yo​lombó, diligencia de remate que se refiere a parte de los bienes que se alinderan en el hecho primero de la demanda; que, como consecuencia de esta declaración, las cosas deben volver al estado que tenían antes, como si tal remate no se hubiera verificado; por tanto, los bienes rematados, volverán a mi poder —dice el actor— o se tendrán por concursados y seguirán en poder del síndico del concurso o del secuestre nombrado en el juicio de cesión de bienes, lo mismo que los embargados y que no han sido rematados. c) Que son del cargo del funcionario que actuó en el juicio de cesión de bienes o con​curso de acreedores de Emeterio Zapata, las costas y gastos de aquel juicio y las de éste, o en subsidio las de uno de ellos, por concurrir las causas de que trata el artículo 458 del C. J. Además el actor fundamentó su demanda en algunas irregularidades en el procedi​miento, que señaló en el libelo.

Sentencia acusada El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia de diez y seis de junio de 1936 confirmó el fallo proferido por el juez de primera instancia, el cual negó por improcedentes las declaraciones pedidas por Emeterio Zapata, y absolvió, en consecuencia, a los demandados de los cargos que allí se les formulan.

La sentencia del Tribunal se funda en lo siguiente: a) En que las disposiciones cita​das por el actor regulan sólo las nulidades de los actos o contratos civiles celebrados entre las partes por su libre y espontánea vo​luntad y entre tales actos no pueden quedar comprendidas las sentencias de ninguna clase de providencias emanadas de las entidades judiciales; b) En que las informalidades que el actor afirma se cometieron en la tra​mitación del juicio de concurso de acreedo​res no existen, y al efecto el Tribunal hace un estudio detallado sobre ese extremo, y c) En que aun cuando el Tribunal revocó el auto del juez a quo que negó la suspensión del remate, como la apelación le fue conce​dida a Zapata en el efecto devolutivo, al te​nor del artículo 499 del C. J., no se suspen​día la ejecución del auto apelado, y que, eje​cutoriado el auto aprobatorio de remate, no existe ya recurso alguno contra él. Demanda de casación I En el primer capítulo de su demanda acu​sa el recurrente la sentencia por la primera de las causales de casación establecidas en el ordinal primero del artículo 520 del C. J. y señala como violados los artículos 6º, 1740, 1741, 1743, 1746 y 1748 del C. C. La sentencia recurrida, como se ha dicho, se basa en parte en que las disposiciones sobre nulidades consagradas por el C. C. no son aplicables a las nulidades de carácter procedimental, y la Corte observa al respec​to: una cosa son las nulidades de carácter sustantivo a que se refieren las disposicio​nes contenidas en el título 20 del C. C. y otras las de carácter adjetivo consagradas en el capítulo 7 del título 12 del C. J. Las primeras miran a los actos y declaraciones de voluntad, en cuanto éstos carezcan de al​guno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, se​gún la especie de éstos o la calidad o estado de las partes, y las segundas atañen a irre​gularidades en un proceso judicial.

En las primeras está comprendido el concepto de la validez o nulidad del acto o contrato, en sí mismo considerado, y en las segundas ese concepto no entra en juego sino únicamen​te si el procedimiento encaminado a hacer efectivo un derecho está o no viciado. Por eso una nulidad o vicio de carácter adjetivo no toca, en cuanto a su validez, el acto o contrato cuya efectividad se quiere hacer valer en un proceso judicial que es o se de-clara nulo por irregularidades en su tramitación. Lo anterior ha sido la doctrina de la Cor​te que se expresó así en sentencia de 2 de marzo de 1931: "Al decir el artículo 1740 del Código Civil que es nulo todo acto o con​trato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor, según su es​pecie y la calidad o estado de las partes, se refiere a los actos o contratos civiles celebrados entre las partes de su libre voluntad, entre los cuales actos no quedan incluidas: las sentencias o providencias judiciales.

Las nulidades en la secuela del juicio o nulidades de procedimiento, deben proponerse en el mismo juicio en que se incurrió en ellas". Esta doctrina acaba de ser confirmada por la Corte en sentencia de fecha septiembre 8 de 1937. Pero, además de lo anterior, el Tribunal fallador encontró que no se habían cometido ningunas de las irregularidades procesales a "que el actor se refirió en la demanda y ese extremo que analizó a espacio el Tribunal no fue tocado en casación, pues todo el es​fuerzo del recurrente está encaminado a im​pugnar el concepto de la sentencia en que sostiene que el remate de los bienes fue vá​lido por haberse concedido la apelación que negó la suspensión del remate en el efecto devolutivo, cuestión ésta que la Corte habrá de tratar en capítulo aparte.

Tomada, pues, la acusación en los térmi​nos generales que se han expuesto y considerando que las nulidades a que pueden estar afectos los actos y declaraciones de voluntad son distintas de las nulidades procedimentales, se rechaza el cargo. II En la segunda parte de su demanda el re​currente señala como infringidos los artícu​los 499 del C. J., por aplicación indebida e interpretación errónea, y directamente los.artículos 457, 451, ordinal segundo, y 452 del mismo Código, lo cual llevó al Tribunal a la violación del artículo 7º del Decreto-Ley Nº 280 de 16 de febrero de 1932.

El recurrente basándose en este artículo 7º sobre el derecho que tenía el acreedor para pedir la suspensión del remate, estima que era imperativo, ineludible y perentorio para el funcionario judicial suspender los remates, desde que así lo pidiera el ejecu​tado, y que al hacer el remate de los bienes concursados no obstante estar pedida la sus​pensión de él, dicho acto se verificó sin cum​plir las formalidades legales exigidas por la ley, incumplimiento que induce nulidad que puede ser pedida en juicio separado.

Con mayor razón, dice el recurrente, debe indu​cirla el hecho de hacer un remate contra la prohibición de la ley, que a.no otra cosa equivale verificar la venta en licitación pú​blica cuando el ejecutado o concursado ha pedido que se suspenda, de acuerdo con el artículo 7º del Decreto-Ley Nº 280 de 1932. Además, el recurrente se apoya en el artículo 6º del C. C. para propugnar la nulidad que alega.

Observa el recurrente que concedida la apelación al ejecutado Zapata, el decreto ju​dicial sobre los bienes no quedó en firme porque era una orden sujeta al evento de ser revocada, como en efecto lo fue, y que el de​creto de remate no estaba en firme, por lo tanto. Observa asimismo que el artículo 499 del C. J. es una regla general, dentro del procedimiento, pero inaplicable cuando se trata de la celebración o perfeccionamiento de un acto jurídico tan serio, tan importan​te y tan fecundo en consecuencias de todo orden, como la venta del bien embargado.

Para analizar este cargo, y por vía de mé​todo, la Corte entra a estudiar por separado la cuestión de hecho y la de derecho. Cuestión de hecho Emeterio Zapata en vista de las ejecucio​nes que ante el juez de circuito de Yolombó le seguían los señores Pedro M. Jaramillo y José J. Gutiérrez hizo cesión de sus bienes a favor de sus acreedores y en consecuencia pidió a aquél que declarara formado el con​curso.

Tal solicitud lleva fecha 12 de noviem​bre de 1931. (Fojas 21 del cuad. de prue​bas). El juez mencionado en auto del mismo día admitió la cesión hecha por Zapata, de​claró formado el juicio de concurso de acree​dores y embargados los bienes presentados por el concurso (Fojas 21 vta. y 22 del cuad. citado). Se admitieron luego varias acumu​laciones a favor de los precitados Jaramillo y Gutiérrez, se nombraron peritos avalua​dores de los bienes denunciados y embarga​dos y se nombró y posesionó el síndico del concurso.

(Fojas 26 a 29 ibídem). El 17 de agosto de 1932 Zapata pidió al juez, fundándose en el artículo 7º del Decre​to Ejecutivo Nº 280 de 16 de febrero de 1932, la suspensión del remate de los bienes embargados (Fojas 25 vta. del cuad. cita​do). El 26 de ese agosto el juez resolvió que, como de conformidad con ese artículo 7° la suspensión del remate podía solicitarse cuan​do el juicio ha llegado al estado de señalar día y hora para tal diligencia o antes de efectuarse el remate, si ya se hubiera hecho el respectivo señalamiento, y que como en el juicio a que se contrae la petición de Za​pata no han ocurrido tales cosas, se reser​vara el pedimento en la secretaría para re​solverlo en su debida oportunidad (Fojas 35 vta. ibídem).

El 12 de septiembre siguiente (1932), el mencionado juez de Yolombó negó el decre​to de suspensión del remate de los bienes embargados, suspensión, como se ha dicho, impetrada por Zapata (Fojas 36 ibídem). En auto separado de la misma fecha, el juez decretó el remate de los bienes embargados y -señaló el 14 de octubre de 1932 para que tuviera lugar la diligencia. De los dos autos de que se acaba de hacer mención apeló Zapata, y la apelación le fue concedida en el efecto devolutivo por auto -de 28 del mismo septiembre (Fojas 38 y 39 ibídem).

El 14 de octubre de 1932 se verificó el re​mate de los bienes embargados y fueron re​matadores los señores Pedro Jaramillo y Guillermo Aguilar C., como apoderado del señor José J. Gutiérrez (Fojas 8 del cuad. principal). El 2 de noviembre de 1932 el juez aprobó la diligencia de remate, la cual fue inscrita en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Yolombó el 22 de ese mismo no​viembre.

El 3 de este mes, es decir, cuando ya se había verificado el remate de los bienes y dictado el auto aprobatorio, se fijó en lista el negocio en el Tribunal, y éste, en proveído de 7 de marzo de 1933, revocó los dos autos de fechas 12 de septiembre de 1932 que nie​gan la suspensión del remate y señalan día para la subasta pública, y en su lugar de​cretó la suspensión del remate de los bienes embargados, en la forma y términos dichos en la Ley 37 de 1932, en relación con los De​cretos Ejecutivos Nº 280 y 420 de 1931.

El 19 de junio de 1933 fue cuando el ex​pediente volvió al juzgado, es decir, cuando ya el remate estaba consumado, aprobado e inscrito (Fojas 39 vta. a 41 vta. ibídem). Todo lo anterior está acreditado en los au​tos con las pruebas aducidas por la parte actora, las cuales tienen el carácter de ple​nas al tenor de los artículos 745 y 632 del C J. Este extremo probatorio ni siquiera ha sido parte del debate y el mismo Tribunal se refirió a ellas sin darles ninguna importan​cia, no obstante que a juicio de la Corte ellas son la base para configurar un problema jurídico.

Cuestión de derecho El remate de los bienes encargados, como queda expuesto y demostrado, se verificó cuando estaba pendiente la apelación de los Autos de 12 de septiembre, uno de los cuales negó la suspensión del remate y el otro fijó día para éste. El Tribunal revocó esos autos, revocatoria que tuvo lugar cuando ya el re​mate se había consumado.

El Tribunal, basado en el artículo 499 del C. J. y en el principio de que ejecutoriado el auto aprobatorio del remate no existe ya re​curso alguno contra él, concluyó que no exis​tió ninguna irregularidad en el proceso, y éste es su concepto básico en lo relativo a la alegación del actor respecto de la irregu​laridad que anotó sobre el particular.

La Corte considera: la apelación concedi​da en el efecto devolutivo, como lo observa Manresa y Navarro, traspasa y en ocasiones devuelve al superior el conocimiento del plei​to o incidente sobre que versa la apelación; la apelación en el efecto suspensivo suspen​de la jurisdicción del juez que dictó la pro​videncia apelada. Son estas dos figuras de​rivaciones del concepto de jurisdicción dele​gada.

Sobre el concepto de la apelación concedi​da en el efecto devolutivo el legislador co​lombiano en el artículo 499 del C. J. sentó una regla general que tiene excepciones, pues pueden existir, casos en los cuales la juris​dicción del juez a quo queda delegada al su​perior en tal forma y manera que el infe​rior no puede según; conociendo de ciertas cuestiones estrechamente ligadas con el auto apelado en ese efecto.

De la misma ma​nera, aun cuando la regla general consagra​da por -el artículo 501 es la que la apelación concedida en el efecto suspensivo quita pro tempere la jurisdicción al juez a quo, hay cosas también en que, aun concedida una apelación en este efecto, queda radicado en el inferior cierta jurisdicción, y de ahí las excepciones a que se refiere el mismo ar​tículo 501.

Por eso loa redactores del C. J. vigente se expresaron así: "Llamamos también la aten​ción a la reforma que propone el artículo 501, en cuanto por el se dispone que, no obstante quedar suspendida la jurisdicción del inferior por apelación otorgada en el acto suspensivo, conserva sin embargo la facul​tad de entender tanto en lo relativo a la se​guridad del depósito de las personas, como en ciertas actuaciones de que habla el proyecto en otros lugares, cuales son las refe​rentes a la custodia de bienes embargados o depositados judicialmente".

Nuestro Código Judicial contiene el prin​cipio de garantía a que se refiere su artícu​lo 1032, precisamente porque en él no se halla una disposición semejante a la del ar​tículo 385 del Código de Procedimiento es​pañol, el cual dispone que si el juez admite la apelación de un auto en el efecto devolutivo por estimar que no es irreparable el perjuicio causado por ese auto, habrá siempre Jugar a la apelación en ambos efectos si el apelante presta fianza a satisfacción juez para responder de las costas, daños y perjuicios que pueda ocasionar con su apelación al litigante o litigantes contrarios.

Existen por lo tanto en el particular dos sistemas: a) El del Código Judicial colom​biano que contiene el principio del no rema​te de los bienes o de la suspensión de la eje​cución de un acto judicial cuando está pendiente la apelación en el efecto devolutivo de una providencia que puede causar grava​men irreparable a una de las partes; y b) El del Código español que para evitar hasta la contingencia de que se cause ese grava​men, admite la apelación en el efecto sus​pensivo con sólo la petición del apelante, previa prestación de la fianza.

Ambos siste​mas se apoyan en un mismo principio: evi​tar la creación de un hecho de carácter per​manente que cause un gravamen irrepara​ble a una de las partes, mientras están ante la contingencia del resultado de la apelación. Así, por ejemplo, la entrega de una suma de dinero o el auto que decreta un desem​bargo, no pueden llevarse a efecto mientras la providencia que tal dispone no esté en firme, y no lo está mientras ella esté apela​da, así lo sea sólo en el efecto devolutivo, porque puede el superior revocar la orden y entonces si ésta se ha llevado a cabo por el juez a quo, se ha inferido un perjuicio que puede ser irreparable a una de las partes.

La jurisdicción delegada que condiciona la apelación en el efecto devolutivo, no puede interpretarse en un sentido irrestricto, o sea, en el de que el juez inferior puede pro​seguir el curso de la actuación basado en la providencia apelada, cuándo ésta refluye de una manera directa y aun esencial sobre las providencias judiciales que a contar desde la concesión del recurso dicte el juez a quo.

Los ejemplos anteriores demuestran esta tesis con toda evidencia. De modo que puede llegarse a la siguiente conclusión: No obstante las reglas genera​les respecto de las apelaciones tanto en el efecto suspensivo como en el devolutivo, y a que se refieren los artículos 499 y 501, existen excepciones que limitan el principio general, de donde resulta que no puede in​terpretarse éste irrestrictamente, y aplicar​se como regla rígida e invariable.

Y esto no es nuevo, está consagrado desde el Fuero Juzgo, la generalidad de los códigos recono​ce tal cosa, como puede verse en el artículo 390 de la Ley de Enjuiciamiento Civil espa​ñola que es la base del artículo 501 de nues​tro C. J. vigente. Por eso, por ejemplo, el juez provisto de plena jurisdicción, no puede pronunciar sen​tencia definitiva mientras hay incidentes pendientes que puedan influir en la decisión final del juicio, como lo establece el artículo 397 del C. J.; y aun cuando el juez haya con​cedido en el efecto devolutivo una apela​ción, se estima que el negocio queda en sus​penso mientras la apelación se define, en el caso del artículo 1032 del C. J. De ahí que siendo el auto que decreta la ejecución ape​lable por el ejecutado sólo en el efecto devo​lutivo (art. 1031 ibídem) en ningún caso al tenor del artículo 1032 puede precederse al remate de bienes ni al pago al acreedor sin que esté ese auto en firme.

Lo anterior está fundado en que cuando un auto apelado en el efecto devolutivo pue​de causar gravamen irreparable a las partes o cuando existe un incidente que haya de re​fluir sobre la sentencia definitiva, en el pri​mer caso la jurisdicción del juez a quo que​da condicionada a lo que resuelva el supe​rior y entonces es preciso aguardar tal re​solución, y en el segundo es menester des​atar en firme el incidente para poder senten​ciar.

De otra manera el derecho de alzada sería en muchos casos ilusorio. Hay providencias en un proceso que exi​gen la firmeza de ciertos autos que les pre​ceden, los que son formalidades indispensa​bles para una resolución posterior, la cual no puede dictarse sin la existencia en firme, de aquéllos. La seguridad, no sólo de las partes sino de los terceros, exige tal firme​za, porque, por ejemplo, concedida una ape​lación en el efecto devolutivo, no se sabe a ciencia cierta si el auto que va a revisión será o no confirmado.

Una providencia ju​dicial basada en un auto que después es re​vocado, resulta así muchas veces dictada con pretermisión de formalidades esenciales. En el caso del presente pleito, debe tener​se en cuenta no sólo la Ley 105 de 1931, Có​digo Judicial, sino también el Decreto-Ley 280 de 16 de octubre de 1932, puesto que éste modificó varias de las disposiciones de aquélla.

Una de ellas es el artículo 7º que confirió al deudor el derecho de pedir la suspensión del remate. Y cabalmente fun​dándose en este Decreto y derecho fue como el Tribunal, reconociéndolo, revocó la nega​tiva que el juez había pronunciado. La base para saber si en el caso de este pleito podían o no rematarse los bienes era la decisión del Tribunal Superior que cono​cía de la apelación interpuesta por Zapata e iba a decidir si era el caso de suspender o no el remate.

La resolución del Tribunal era la única que podía determinar en firme la situación procesal de las partes en el juicio, y mientras esa resolución no recayera, era injurídico proceder al remate. Revocado el auto apelado, las dos resoluciones del juez de primera Instancia, que sirvieron de base y fundamento al remate de los bienes em​bargados, quedaron insubsistentes, como ei no se hubieran dictado, o mejor, hubo falta de ellas.

La jurisdicción del juez a quo, al conceder a Zapata el recurso de apelación en el efecto devolutivo, quedó subordinada en lo to​cante al remate, o lo que resolviera el Tri​bunal Superior; de modo que esta resolución influía directamente sobre esa actuación ju​dicial. Por lo tanto, suspendido por el Tribu​nal el remate y revocado el auto de señala​miento de día, el remate de los bienes, al ser llevado a cabo, no quedó respaldado con las formalidades legales indispensables para su palidez, al tenor de los artículos 1037 y si​guientes del C. J. Concretando todo lo anterior al cargo que estudia en casación resulta lo que sigue: interpretación irrestricta que el Tribu​nal dio al artículo 499 del C. J. es errónea.

La revocatoria del Tribunal de Medellín de los autos del juez de Yolombó, que negó el primero la suspensión del remate y el se​gundo que fijó día para el remate de los bie​nes embargados, produjo el fenómeno de falta de formalidades prescritas para hacer el remate de bienes a que se refiere la causal segunda del artículo 451 del C. J. que tiene carácter sustantivo.

Se acoge, pues, este cargo y se casa la sentencia recurrida. Sentencia de instancia Procede entonces dictar sentencia de instancia, para lo cual se considera lo siguiente: Rechazado el primer cargo en casación no puede anularse todo el juicio de cesión de bienes como lo pidió el actor, de modo que no prospera la petición principal. Acogido el segundo cargo, prospera la pe​tición subsidiaria en la cual el demandante solicita la nulidad del proceso, desde el auto de 12 de septiembre de 1932 inclusive.

De​clarada esa nulidad, las cosas tienen que.volver a su estado anterior, es decir, como si el remate no se hubiera celebrado, lo cual implica la cancelación de las inscripciones correspondientes y la vigencia de los docu​mentos y escrituras en que los ejecutantes Pedro M. Jaramillo y José J. Gutiérrez fun​daron sus ejecuciones y tercerías, y el decreto de embargo y el depósito de los bienes denunciados para el pago.

Y en síntesis: la situación procesal entre las partes debe que​dar como estaba el 12 de septiembre de 1932. Los demandados propusieron las excep​ciones de inepta demanda y petición antes de tiempo y de un modo indebido, pero no está comprobado en los autos ningún hecho que las respalde, así como tampoco se está en el caso de deducir ninguna otra excep​ción perentoria.

Fallo Por lo expuesto, la Corte Suprema de Jus​ticia, Sala de Casación en lo Civil, adminis​trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, casa la sentencia proferida por el Tribunal Supe​rior de Medellín el dieciséis de junio de 1936, revoca la de veintidós de febrero de 1936 dictada por el juez del circuito de Yolombó, y en su lugar falla: 1) No están probadas las excepciones pro​puestas; 2) Niégase la petición principal de la de​manda; 3) Declárase nulo todo lo actuado en el juicio de cesión de bienes adelantado por Pedro María Jaramillo y José J. Gutiérrez ante el juez del circuito de Yolombó contra Emeterio Zapata, desde el auto que lleva fe​cha doce de septiembre de 1932, inclusive, en adelante, y por lo tanto, queda sin valor el remate de bienes verificado el catorce de octubre de 1932 ante el juez del circuito de Yolombó, en este juicio; 4) En consecuencia de la nulidad, las co​sas volverán al estado que tenían el referido doce de septiembre; por lo tanto, se cance​lará la inscripción de la diligencia de rema​te hecha en la oficina de Registro del Cir​cuito de Yolombó; 5) Quedan sin efecto las notas de cance​lación que se hayan puesto a los títulos, es​crituras o documentos, en que los ejecutan​tes y terceristas Jaramillo y Gutiérrez fun​daron sus acciones; 6) Líbrense por el juzgado dicho los ofi​cios del caso a los funcionarios respectivos.

Asimismo, los bienes que fueron objeto del remate continuarán embargados y deposi​tados en poder del síndico del concurso, como parte integrante por ser del patrimo​nio del concursado Zapata; 7) El juzgado oficiará al Registrador, a fin de que cancele el desembargo de los bie​nes y anote la vigencia de los embargos primitivos. El juzgado renovará la entrega ma​terial de esos bienes al síndico del concurso; 8) Condénase al juez del circuito de Yolombó, doctor Elias Medina R., a pagar a Emeterio Zapata las costas de la parte anu​lada del proceso (artículo 458 del C. J.). 9) Sin costas en el juicio ni en el recurso.

Notifíquese, copíese, publíquese, insértese en la Gaceta y devuélvase a! Tribunal de su origen. Juan Francisco Mújica.—Liborio Esca-llón.—Ricardo Hinestrosa Daza.—Miguel Moreno J,—Hernán Salamanca.—Arturo Ta​pias Filomela.—Pedro León Hincón, Srio. En ppd.