INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 22 DE LA LEY 57 DE 1887 Sentencia C – SC – 063 de 1952 INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 57 DE 1887. — CONFORME A ESTA DISPOSICIÓN, LAS PARTIDAS DE ESTADO CIVIL EXPEDIDAS POR LOS NOTARIOS, NO PERDIERON EL CARÁCTER DE PRUEBAS PRINCIPALES, CUANDO PUEDE HABER FALLOS POR APARIENCIA DE VERDAD PROBABLE POR VEROSIMILITUD. — PRUEBA DE HECHOS NOTORIOS. — NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERÍA DE LA PARTE DEMANDADA—INTERPRE​TACIÓN DEL ARTÍCULO 450, ORDINAL 4°, DEL CÓDIGO JUDICIAL 1. —El artículo 22 de la Ley 57 de 1887 no dispone otra cosa que otorgarle a las certi​ficaciones de origen eclesiástico, la categoría y alcance probatorio de las que expiden los Notarios —la de pruebas principales del es​tado civil— que antes no tenían, y no pue​de colegirse de ese texto que, por el hecho de ese equiparamiento legal, las últimas pierdan su carácter de pruebas principales de los hechos constitutivos del respectivo estado civil. 2. —Los fallos o decisiones "por apariencia de verdad probable, por verosimilitud", tie​nen ocurrencia en los litigios en que la cosa o determinados hechos, han de estimarse como presuntos por el Juzgador y aunque quepan hipótesis contrarias a la presunta, una vez probados los hechos que constituyen la presunción, le dan oportunidad de apli​carla al juez; y en general, en todos los ca​sos en que opera una presunción o ficción legal en cualquiera de las ramas del dere​cho. 3. —Como en el presente caso no se ventila una cuestión de dominio, para fijar en cabe​za de quien se encuentra radicado, sino que se controvierten simples obligaciones per​sonales que han podido producirse con oca​sión de ese derecho, estima la Sala que el no haber negado el Municipio, por conducto de su representante legal, la exactitud de aquel hecho, por fuerza de las circunstancias de su notoriedad, por estar en el conocimiento e información de las personas, con relación al círculo social de la población de Salamina, en el momento de instaurarse la deman​da y aún en el de "la decisión y siendo una cuestión no controvertida, no constituye pro​piamente una confesión, sino un medio de defensa de la entidad de derecho público.

Reconocimiento, por notoriedad, que aunado a las otras pruebas que obran en el expe​diente y que tuvo en cuenta el Tribunal, son bastantes, en el presente caso, a establecer la evidencia de este extremo de la respon​sabilidad del Municipio. 4. —El ordinal 4° del artículo 450 del C. J., comprende dos situaciones procesales: cuan​do el que obra por otro carece de poder, in​terviniendo como agente oficioso, o cuando el mandato judicial es imperfecto legalmen​te.

El indebidamente representado debe ha​cer una clara manifestación de que acepta la agencia oficiosa o el poder aparente o pu​tativo. No es indispensable que el consenti​miento sea expreso; bastaría que el intere​sado intervenga en una diligencia, reciba una notificación o dirija cualquier escrito al Juez, sin reclamar contra quien se ha arro​gado su personería. En tales condiciones, la personería y, en consecuencia, la actuaci6n procesal, se consolidan.

REFERENCIA: GACETA JUDICIAL Nº 2115 PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES PETICIONARIO: Municipio de Salamina MAGISTRADO PONENTE: PABLO EMILIO MANOTAS Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil. Bogotá, mayo tres de mil novecientos cincuenta y dos. Antecedentes El día lunes ocho de mayo de 1944, en las ho​ras de medio día —once a doce a.m.— se reven​taron las líneas conductoras de la energía eléc​trica en la ciudad de Salamina, que parten de la casa de Luis Carlos Muñoz, situada en la prolon​gación sur de la calle real, hacia la de Salvador Osorio, a unos cuarenta metros hacia el occidente de la primera casa; los alambres cayeron al piso pantanoso y permanecieron en el suelo durante veinticuatro horas aproximadamente; al día siguiente martes nueve, el niño Pedro Nel Muñoz López, de siete años de edad, hijo legítimo de Berenice López, se colocó dentro de la zona de influencia de la corriente eléctrica, lo Que obser​vado por su madre Berenice, procedió a rescatarlo, pero con tan mala suerte, que tomó contacto con los alambres de electricidad, pereciendo casi instantáneamente.

El Municipio de Salamina, era dueño y explo​taba económicamente, por administración direc​ta, la Empresa de Energía Eléctrica que prestaba sus servicios de alumbrado, calefacción y refri​geración en el área urbana y en los extramuros de la ciudad, en aquella época y aún parece con​tinuar prestando esos servicios. La administración de la Empresa por el Muni​cipio se ejercía entonces mediante un mecanismo simple administrativo, sin que sus trabajadores tuvieran las nociones de orden técnico suficientes para su manejo, y desprovista de los elementos necesarios que requiere una empresa de esta na​turaleza, para disminuir la peligrosidad de sus actividades en un momento dado, y poder preve​nir los accidentes que en un funcionamiento irre​gular pudieran llegar a presentarse.

En la fecha de la demanda, era fama pública en la ciudad de Salamina, que el mal servicio de la Planta Eléctrica del Municipio, obedecía ex​clusivamente a la negligencia, inadecuada y an​titécnica administración; pues, frecuentemente, se presentaban amagos de accidentes graves e inter​mitencias en el servicio de energía por inactivi​dad de la Planta Generadora, debido a la igno​rancia de quienes estaban encargados de su ma​nejo.

Esa desafinada administración de la empresa, naturalmente peligrosa en sus actividades, produ​jo sus dañosos efectos, según afirmación del de​mandante, el día nueve de mayo de 1944, a las nueve de la mañana, al consumarse la muerte, por electrocución, de la señora Berenice López de Muñoz, esposa de Luís Carlos Muñoz y madre de cuatro hijos, insuceso que causó graves perjuicios materiales y morales al nombrado Muñoz y a sus menores hijos.

Luís Carlos Muñoz en su propio nombre y como representante de sus menores hijos, demandó al Municipio de Salamina, representado por su Personero Municipal, ante el Juez del Circuito de ese lugar, para que previos los trámites del jui​cio ordinario de mayor cuantía se hicieran las si​guientes declaraciones: "Primero. —Que el Municipio.de Salamina debe pagar a Luís Carlos Muñoz y a sus hijos meno​res, o a quien represente sus derechos en todo o en parte, la suma de veintisiete mil trescientos setenta y cinco pesos ($ 27.375.00), como valor de perjuicios materiales sufri​dos por los demandantes, por el lucro cesante que les ocasionó la muerte de la señora Berenice Ló​pez de Muñoz ($ 27.375.00) tasados a razón de cinco pesos diarios ($ 5.00) durante quince años.

"Segundo. —Que debe pagar asimismo la suma de trescientos pesos ($ 300.00) por concepto de daños materiales por dinero que fue necesario in​vertir para el pago de médico, práctica de necropsia y entierro. "Tercero. —Que asimismo debe pagar la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000.00) o lo que se fije mediante la colaboración de peritos debida​mente posesionados, como valor de los perjuicios morales sufridos por mis mandantes, consistentes dichos perjuicios en los hechos enumerados en el numeral decimosexto de la parte motiva de esta demanda.

"Cuarto. —Que debe pagar el demandado a mis mandantes los intereses legales de estas sumas desde el día en que se notifique esta demanda, hasta la fecha en que se verifique el pago Son en total: $ 52.675 sin la liquidación de inte​reses". El Municipio demandado contestó la demanda por conducto del Personero Municipal, oponién​dose a las pretensiones de los demandantes, acep​tando unos hechos y negando la mayoría de los consignados en el libelo; y presentó pliegos de excepciones dilatorias y perentorias.

Desató el Juzgado Civil del Circuito de Sala​mina la controversia en sentencia de septiembre veintidós de mil novecientos cuarenta y siete, con las declaraciones siguientes: "1° Se declaran no probadas las excepciones perentorias propuestas por la parte demandada. "2" El Municipio de Salamina es responsable de los perjuicios materiales ocasionados al señor Luís Carlos Muñoz García y a sus menores hijos Pedro Nel, Luis Alberto, María Elcida y Marga​rita Muñoz López, con la muerte de la señora Berenice López de Muñoz, perjuicios que le se​rán pagados a ellos o a quien represente sus de​rechos.

“3° Los perjuicios materiales de que se habla en el numeral anterior, se regularán por -el proce​dimiento establecido en el artículo 553 del C. J., de acuerdo con las bases establecidas en la parte motiva de esta providencia. Dentro de ellos ha​brán de incluirse los gastos de médico, necropsia y entierro, hechos por los demandantes. “4° El Municipio de Salamina es civilmente res​ponsable de los perjuicios morales subjetivos ocasionados al señor Luís Carlos Muñoz García y a los menores Pedro Nel y Luis Alberto Muñoz» por la muerte de la señora Berenice López de Muñoz, que les serán pagados a ellos ú a quien represente sus derechos.

“5º Condenase al Municipio de Salamina al pago de la suma de tres mil pesos ($ 3.000.00) para los señores Luís Carlos Muñoz García y sus menores hijos Pedro Nel y Luís Alberto, por concepto de los perjuicios de que trata el punto 4° de la par​te resolutiva de este fallo, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: dos mil pesos ($ 2.000) para Luís Carlos Muñoz García, y de a quinientos pesos ($ 500) para cada uno de los dos menores.

“6° Se absuelve al Municipio de Salamina del pago de perjuicios distintos de los que se han re​conocido”. Apelada esta resolución por las partes, el Tri​bunal de Manizales en fallo de siete de junio de 1949, la confirmó, con las modificaciones siguientes: "Primera. —Los perjuicios materiales que debe pagar el municipio de Salamina, según lo dis​puesto en el numeral segundo de la parte reso​lutiva de tal sentencia, se regulan desacuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 553 del C.J., y de conformidad con las bases fijadas por el Tribunal en la parte motiva de esta sen​tencia. Dentro de ellos habrá que incluir los gas​tos de médico, necropsia y entierro, hechos por los demandantes; y Segunda. —Lo que debe pagar el mismo municipio de Salamina, según el numeral cuarto de la parte resolutiva de la misma sentencia, por razón de perjuicios morales subjetivos, no es la cantidad de tres mil pesos, como lo dispone el numeral quinto de la misma, sino la suma de dos mil pe​sos, así: $ 1.500.00 para el demandante Luís Car​los Muñoz, y $ 500.00 para sus menores hijos Pe​dro Nel y Luís Alberto, o sea, de a $ 250.00 para cada uno de éstos.

Sin costas". Como fundamentos principales de su decisión, el Tribunal consignó los que adelante se expre​san, en síntesis, y que han sido objeto de ataques en la demanda de casación: En el juicio aparece demostrado, dijo el sen​tenciador: "1º Que el día lunes ocho de mayo de 1944, y como consecuencia de la caída de un árbol, se reventaron unos alambres que conducían la luz eléctrica en el municipio de Salamina, en el ex​tremo sur de la población, y en el trayecto com​prendido entre las casas de los señores Luís Car​los Muñoz y Salvador Osorio, los que duraron tendidos en el suelo hasta el día siguiente, mar​tes, a las diez u once más o menos; hecho acre​ditado con las declaraciones de la señora Teresa López de Valencia y Salvador Osorio, que resumiéndolas transcribe la sentencia, para concep​tuar: "Las declaraciones citadas no dan campo para deducir, ya que sólo sobre ello no existen otras pruebas, si fue la derribada de un árbol por el señor Salvador Osorio, como lo afirma la señora López de Valencia, o la caída de un brazo de tal árbol, como lo dice dicho Osorio, lo que ocasionó la ruptura de la línea; pues lo único que resulta ser cierto, según tales declaraciones, es el hecho de que las líneas se reventaron y cayeron al suelo, el lunes ocho de mayo de 1944, por motivo o por razón de la caída del árbol o brazo de él, como acordemente lo dicen tales testigos".

Que los extremos de la caída de las líneas y su permanencia en el suelo hasta el día siguiente martes, no sólo los afirman los testigos antes ci​tados, sino muchos otros que las vieron tendidas en el suelo, tales como Santiago Gallego, Pablo Blandón, Juan M. Muñoz y Bernardo Ospina, Juan Esteban López, Rafael Henao, Trinidad Car​dona, María de los Ángeles López, Herminia Oso​rio, quienes a la vez dan cuenta de la forma como la señora Berenice López de Muñoz fue cogida por la corriente eléctrica que circulaba por los alambres, y cómo, por esta circunstancia, se pro​dujo su muerte.

Que la muerte de la señora López de Muñoz, está plenamente demostrada con la partida de de​función expedida por el Notario de Salamina, las declaraciones de los doctores Fabio Isaza Duque y Néstor Botero de la Calle y el dictamen médico pericial, rendido por los doctores Hernando Du​que Maya y el primero de los nombrados antes, lo mismo que ella se produjo por electrocución, el día nueve de mayo de 1944, causada por el contacto con las líneas de la Empresa de Energía Eléctrica de Salamina, que ese día se hallaban en el suelo en el lugar donde tuvo ocurrencia el ac​cidente.

En cuanto a la responsabilidad, que cabe al Mu​nicipio de Salamina, en el accidente, como due​ño y administrador de la Empresa de Energía Eléctrica, por su mal funcionamiento en esa épo​ca, su falta de cuidado, vigilancia e incapacidad técnica de los trabajadores, y mala administra​ción en general, dan cuenta, además de los testimonios citados, los de los señores Félix A. Duque, Félix A. Restrepo y doctor Jaime Mejia y la ins​pección ocular practicada por el Juez de Salamina, en asocio de los peritos Bonel Mejía y Aníbal Loaiza, el día trece de junio de 1946, así como el dictamen de estos últimos, que en su parte per​tinente reproduce la sentencia. Que, demostrados el abandono, poco cuidado y la mala administra​ción que la empresa tenía en los primeros meses del ano 1944 y concretamente, en la época en que se produjo el insuceso de la muerte de la señora Berenice López do Muñoz, no queda duda de que " es sobre tal empresa sobre la cual debe recaer la culpa del daño o perjuicios causados con la muerte de la señora Berenice López de Muñoz, culpa que necesariamente pesa sobre el munici​pio de Salamina como dueño y administrador de tal empresa, propiedad y administración, de la cual hablan los testigos citados, y demostrada además con lo siguiente: "a) Con la contestación dada al hecho primero de la demanda, en la cual se acepta por el repre​sentante del municipio, ser éste el dueño y ad​ministrador directo de tal empresa;

"b) Con los alegatos presentados por el aboga​do del municipio, y pruebas pedidas por sus re​presentantes, tanto en la primera como en la se​gunda instancia, alegatos y pruebas en las cuales trata dicho apoderado y representante de demos​trar la inculpabilidad del municipio, poro sin tra​tar de negar o desconocer que éste es el dueño y administrador directo de dicha empresa: y "c) Con algunas de las pruebas aducidas pol​los representantes de la entidad demandada, como puede versen las declaraciones de los señores José J. Osorio y Conrado Gallego, quienes 'pre​guntados por el mismo representante del muni​cipio, ''afirman como empleados.de la Empresa de Energía Eléctrica y cerno administrador de ésta respectivamente, lo que allí se expresa".

" El Artículo 270 del C. J dice que: los Agen​tes del Ministerio Público no pueden, absolver posiciones, y sus confesiones no perjudican a la parte que representan pero este Tribunal entien​de que la disposición se refiere a las confesio​nes que hagan en posiciones, dado que se absuel​van. Por lo demás, y en el supuesto de que el Tri​bunal este errado en esta interpretación, la ver​dad es que, como se ha dicho, la propiedad y ad​ministración de la empresa por el municipio, si aparece acreditada con las otras pruebas que se han mencionado.

"Como según el artículo 762 del C. C., 'el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo', apareciendo como aparece demostrado ser el municipio quien administra la empresa y la explota, y a quien todos consideran como dueño de ella, y no apareciendo prueba alguna que haga ver lo contrario, hay que aceptar​lo así, pues ya se vio cómo los mismos empleados que trabajaban en ella, en la época de la muerte de la señora López, dicen que tal empresa, o las líneas de ella, sí han pertenecido al municipio de Salamina.

" Según el artículo 2341 del C. C., el que ha co​metido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; y según el articulo 2347, toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indem​nizar el daño, sino del hecho de aquellos que es​tuvieren a su cuidado. "Esta responsabilidad no cesa, según el citado artículo, sino cuando con la autoridad y el cui​dado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

Por regla general, dice el artículo 2356, "todo daño que pueda imputarse a malicia o negligen​cia de otra persona, debe ser reparado por ésta. "Se puede ser responsable por acción, o por omisión; el que ejecuta el acto es responsable por acción; el que pudiendo evitarlo, pudiendo hacerlo, no lo evitó es responsable por omisión. A los casos hace alusión el artículo 2341 del C. C., citado, al hablar de delito o culpa; el primero.lo comete el agente que obra; la segunda, quien pudiendo obrar no obró, para evitar el primero: por ello hablan los artículos 2346, 2356 y 2359 de "ne​gligencia", término éste que significa descuido, omisión, falta de aplicación".

Considera el Tribunal, que de acuerdo con lo anterior y con el examen de las prue​bas, hubo abandono, descuido y negligencia por la empresa y se ocasionó "la muerte de la señora López de Muñoz, porque "pudiendo retirar las líneas de los puntos por donde éstas pasaban y no lo hizo, ca​biendo, como debían saberlo sus empleados, ello constituía peligro, por las anomalías constantes que se presentaron en el servicio de la Iuz el día ocho, en las horas de la tarde, y de que dan cuenta al​gunos testigos, que algún daño le había ocurrido, y no haber entrado a investigar sus causas: y sa​biendo como debían saberlo también dichos empleados, que rotas las líneas el día ocho no podían dejarse tendidas en el suelo hasta el día nueve, porque ello constituía grave peligro para las personas.

"De acuerdo con el artículo 2356 del C. C., en armonía con el 604 del mismo, y según doctrinas de la Corte, que así lo han interpretado, existe en estos casos una presunción de culpabilidad en contra del municipio, que en el presente no ha logrado ser desvirtuada por éste, ya que no de​mostró ni hizo por demostrar que por su parte se hubiera puesto todos los medios indispensables para prevenir y evitar el suceso, pues al contra​rio, ya se ha visto cómo era de administrada la empresa en aquel tiempo, cómo eran de malos los servicios de luz y energía, y cuál el abandono y descuido de los empleados que la manejaban, como lo afirman muchos de los testigos citados, entre ellos los señores Luis Villegas M. y Gonza​lo Mejía J,, quienes dicen entre otras cosas: 'los empleados que se tenían en esa época eran poco celosos del cumplimiento de sus deberes;".

Considera el Tribunal, que el Municipio de Salamina como dueño y administrador de la Em​presa de Energía Eléctrica, sí es responsable de los perjuicios que en este juicio se cobran. " El señor Luis Carlos Muñoz, quien confirió poder en su propio nombre y en el de sus hijos, todos menores, para demandar en este juicio, ha comprobado con las correspondientes partidas no​tariales, por el esposo legítimo de la señora Berenice López, y ser los hijos, en cuyo nombre confirió también poder, fruto de su matrimonio con la señora López".

En seguida entra el Tribunal a estudiar la cues​tión relativa a los perjuicios materiales y mora​les causados a los demandantes, según la doctrina del artículo 2356 del C. C extendiéndose en consideraciones al respecto, pero que no han sido objeto de reparos en la demanda de casación. El recurso Recurrido en casación el fallo del Tribunal de Manizales, por la entidad demandada y tramitado el recurso, la Sala procede a dictar la decisión del caso.

Con invocación de las causales primera y sexta del articulo 520 del C. J., se acusa la sentencia recurrida "por errores de hecho y de derecho”, según la apreciación de las pruebas con lo cual se violó la ley sustantiva, y por haberse incurrido en la causal de nulidad consistente en la falta de per​sonería de la parte demandada, o sea la causal 2a contemplada en el artículo 448 del C. J., nulidad que no ha sido saneada de conformidad con la ley".

En cuatro capítulos está dividida la acusación: Los tres primeros, incorporan los cargos hechos con fundamento en la causa primera, y el últi​mo los de la sexta, y que serán estudiados en el orden de su presentación así: Capitulo primero "Error de derecho en la apreciación de los cer​tificados acompañados a la demanda para acre​ditar el carácter de cónyuge del señor Luis Car​los Muñoz de la señora Berenice López y de nacimiento de Pedro Nel y Luis Alberto Muñoz que reclaman como hijos del matrimonio anterior.

Les dio el Tribunal un valor que no tienen". Los fundamentos del cargo pueden sintetizarse así: Al promover el juicio el señor Muñoz en su nombre y en el de sus menores hijos, de quienes afirma ser padre legítimo, debió cumplir con el precepto del articulo 231 del C. J., y demostrar su calidad de cónyuge y la de padre de los me​nores a quienes decía representar.

Que antes de la vigencia del artículo 19 de la ley 92 de. 1938, el medio principal para demostrar el estado civil de las personas era el previsto en el artículo 22 de la ley 57 de 1887, esto es, con las certificaciones que, con las formalidades legales, expidan los respectivos párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parro​quiales.

Reproduce el recurrente el texto del articulo 18 de la ley 92 de 1938, para afirmar que los certificados notariales demuestran el estado civil para las personas casadas, nacidas o muertas con posterioridad a la vigencia de la ley, pero no para los matrimonios, nacimientos o defunciones cele​brados o acaecidos con anterioridad a dicho ar​tículo.

Para los anteriores a la vigencia de la ley sigue rigiendo el artículo 22 de la ley 57 de 1837. Que como las actas notariales acompañadas, de​muestran que los actos a que ellas se refieren se celebraron y acontecieron en fechas anteriores a la de la vigencia de la ley 92 de 1038, deben establecerse con certificaciones de origen parro​quial.

Para fundamentar esta conclusión estudia el recurrente el contenido del precepto del artícu​lo 38 del Decreto 540 de 1934, en relación con el 632 del C. J. y el 17 del Concordato celebrado en​tre el Gobierno Nacional y Santa Sede; apro​bado por la ley 35 de 1883 y el 1º de la ley 95 de 1890, concluyéndose: "A consecuencia del error de derecho explicado el Tribunal violó los siguientes artículos: el 22 de la Ley 57 de 1887 que no aplicó al caso del plei​to; el 19 de la Ley 92 de 1938 que aplicó indebi​damente, lo mismo que el 38 del Decreto 540 de 1934; el 79 de la Ley 153.de 1887 que no tuvo en cuenta.

También violó el 17 del Concordato apro​bado por la Ley 35 de 1888 que no tuvo en cuenta. "Y si la sentencia tuvo en cuenta para dar va​lor a los certificados notariales el artículo 38 del Decreto 540 de 1934, a consecuencia del mismo error de derecho violó los artículos 11 y 12 de la Ley 153 de 1887 que no tuvo en cuenta, porque si los hubiera tenido no habría aplicado el De​creto 540 que no es Decreto Legislativo, ni le ha​bría dado más valor que a las leyes.

"El Tribunal también dejó de aplicar los ar​tículos 342 y 343 del C. J. pues ha debido declarar existente la excepción de ilegitimidad de perso​nería sustantiva del actor". Se considera: Al formalizar su acusación, transcribe el recu​rrente, parcialmente, el texto del artículo 22 de la Ley 57 de 1887, omitiendo la parte de la dis​posición que asimila las certificaciones que expi​dan los Curas Párrocos respecto de nacimientos, o matrimonios o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Igle​sia Católica, a las expedidas por los Notarios, so​bre los mismos actos; y bajo esta consideración mutilada del precepto, lo hace operar en el sen​tido de restarle todo valor probatorio, desde la vigencia del estatuto legal citado, a las copias de las actas de inscripción del registro civil de las personas, expedidas por los funcionarios encar​gados por la ley de llevarlo.

Cuando el artículo 22 citado, no dispone otra cosa, que otorgarle a las certificaciones de origen eclesiástico la cate​goría y alcance probatorio de las que expidan los Notarios —la de pruebas principales del estado civil— que antes no tenían, y sin que pueda co​legirse de ese texto, que por el hecho de ese equiparamiento legal, las últimas pierdan su carácter de pruebas principales de los hechos constitutivos del respectivo estado civil.

El estatuto anterior a la Ley 92 de 1938, tenía establecido un sistema mixto del registro del es​tado civil de las personas, y según el cual por un lado lo llevaban los Notarios, y los Cu​ras Párrocos. Al primero se le denomina registro civil, y al segundo, registro eclesiástico, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 409 del C. C. en relación con los hechos constitutivos de ese estado antes del 1° de septiembre de 1853, que permite comprobarlos en caso necesario, con las copias de las partidas de nacimiento o bautismo, defunción o matrimonio inscritos en los libros que llevaban al efecto los ministros del culto católico antes de aquella fecha y mediante el procedi​miento allí indicado.

Las medidas tomadas por el legislador después de 1853, en relación con las pruebas del estado civil, tienden a reconocer la eficacia de la prue​ba, a facilitar su producción respecto de épocas en que en unas ocasiones predominaba el criterio del registro civil y en otras, el del registro ecle​siástico ya que en la práctica sólo los párrocos en unos casos, llevaban los libros de registro de ciertos hechos constitutivos de ese estado, y en otros los funcionarios encargados por la ley para tales fines.

Al unificarse la legislación nacional, y dada la confusión reinante por la disparidad de criterios con respecto al alcance de las certificaciones pro​venientes ya del registro civil, ya del registro eclesiástico, se dispuso que: "se tendrán y admi​tirán como pruebas principales del estado civil respecto de nacimientos, o matrimonios o defun​ciones de personas bautizadas o casadas, o muer​tas en el seno de la Iglesia Católica, las certifi​caciones expedidas con las formalidades legales por los respectivos Sacerdotes Párrocos, insertan​do las actas o partidas existentes en los libros parroquiales".

Además, se estableció que esas certificaciones se asimilan a las expedidas por los Notarios para el efecto de poder ser rechazadas, o redargüidas, o suplidas en los mismos términos, y se prescribió que los libros parroquiales no pu​diesen ser examinados por la autoridad civil sin previo mandato judicial, en los mismos casos en que aquello podía hacerse en las Notarías.

En otros términos, se estableció una completa iden​tidad entre unas y otras partidas o actas en cuan​to a su categoría y alcance probatorio. En el caso controvertido, se acompañaron como pruebas del matrimonio contraído por Luís Car​los Muñoz y Berenice López y de nacimiento de Pedro Nel y Luís Alberto Muñoz, certificaciones expedidas por el Notario del Circuito de Salamina, tomadas de las actas inscritas en los libros correspondientes y con todas las formalidades le​gales.

Y no hay constancia en los autos de que existe contradicción entre estas actas del regis​tro civil y otra de extracción eclesiástica, ni que hayan sido redargüidas como tales, evento en el cual es posible hacer distinciones en el origen de la partida con el fin de determinar la preeminencia de la una o de la otra, particularmente, en lo atinente a la de matrimonio, pues, en el cuerpo de ésta se hace constar que el acto se celebró an​te el cura Párroco respectivo, y presenciado por el Notario que expidió la certificación, quien en cumplimiento del mandato legal hizo la inscrip​ción en el registro civil.

Es decir, que existen los dos registros autorizados por la ley, el civil y el eclesiástico y una cualquiera de las dos actas, o mejor, una de sus copias expedida por el funcio​nario o el sacerdote Párroco, respectivo, produce los efectos de probar plenamente el estado de ca​sado de Luís Carlos Muñoz con Berenice López, y el nacimiento de Pedro Nel y Luis Alberto Mu​ñoz, menores en nombre de quienes demanda su padre, de conformidad con lo estatuido por los arts. 347 del C. C., 22 de la ley 57 de 1887 y 2º de la ley 95 de 1890.

Así las cosas, el Tribunal de Manizales, no le dio a las certificaciones expedidas por el Notario del Circuito de Salamina, un valor probatorio dis​tinto del que tienen asignado en la ley, ni dejó de aplicar el art. 22 de la ley 57 de 1887, por cuanto las copias de las partidas del registro del estado civil a que este precepto se refiere, no ex​cluye que ese estado se demuestre con las certi​ficaciones tomadas de las actas del registro civil, que con autorización de la ley, llevan los Nota​rios, más, cuando esas partidas no han sido re​dargüidas de falsas ni de contradictorias de las asentadas en el registro eclesiástico; ni violó las otras disposiciones citadas por el recurrente, por​que no tenían imperio para el caso de la contro​versia.

En consecuencia se rechaza el cargo. Capítulo segundo. "Error de hecho en la apreciación de las decla​raciones, dictamen pericial e inspección ocular en la segunda instancia, de acuerdo con la for​mulación de los cargos en las letras siguientes: "A) Error de hecho en la apreciación de las declaraciones de Teresa López, Salvador y Hermi​nia Osorio, de las cuales se deduce que no es imputable al municipio la responsabilidad sino al señor Salvador Osorio".

Este cargo se fundamenta con la transcripción del salvamento de voto del Magistrado doctor González. " B) Si el Tribunal cometió un evidente error de hecho al apreciar las declaraciones de que ha​blé en la letra A), consecuencialmente, cometió otro error evidente de hecho al dar por probada la muerte por electrocución de la señora Berenice López para declarar responsabilidad al munici​pio, cargando esta electrocución al descuido dé tal entidad por no haber arreglado las líneas eléc​tricas reventadas inmediatamente y haberlas de​jado así del ocho al nueve de mayo".

"El error estuvo en la apreciación de las de​claraciones de Teresa López y Salvador Osorio relacionadas con las de Santiago Gallegos, Pablo Blandón, Juan M. Muñoz, Bernardo Ospina, Juan Esteban López, Rafael Henao, Trinidad Cardona y Herminia Osorio, agregado a esto el dictamen pericial rendido por los doctores Hernando Du​que Maya y Fabio Duque Izasa".

Sustenta el cargo el recurrente, manifestando que ninguno de los declarantes tuvo el cuidado o precaución para dar cuenta al municipio del daño en las líneas, que Osorio que debió hacerlo se excusó por haberse sentido un malestar esto​macal, para luego afirmar que estuvo esa tarde pendiente de avisarles a los transeúntes el peli​gro existente; que en una ciudad tan extensa como Salamina, no es fácil darse cuenta inmediata​mente cuando se revientan unas líneas, máxime cuando esto no produce ningún trastorno en las plantas generadoras; que el peligro no era tan grave desde el momento que otras personas que se enredaron en las cuerdas, según el dicho de los testigos, no sufrieron ninguna lesión corporal.

"En estas cuestiones de responsabilidad —dice el recurrente— es preciso no perder de vista la causalidad, y nadie puede negar que si la caída de las líneas ocurrió por un hecho que no estaba bajo el control del municipio, como fue- la reven​tada de las líneas por la caída del árbol que cor​tó Osorio, mal puede hacerle responsable. Otra cosa fuera si el árbol lo hubiera tumbado un em​pleado municipal.

En estas condiciones poco im​porta para el caso del pleito que la señora Bere​nice hubiera muerto por electrocución, por nerviosidad o por los setenta cálculos biliares que tenía en la vesícula". "C) Error de hecho en la apreciación de las declaraciones de Santiago Gallego, Pablo Blan​dón, Félix A. Duque, doctor Jaime Mejia, Gonza​lo Mejía J. y dictamen pericial de Bonel Mejía y Aníbal Loaiza, con las cuales pruebas se ha querido demostrar que la empresa de energía de Salamina estaba por esos tiempos muy mal ad​ministrada, pues el Tribunal deduce de tales de​claraciones y experticios que la mala administra​ción municipal "de la Empresa de Energía Eléc​trica, la cual como se verá, no funcionaba, en la época del accidente, en la forma cuidadosa y normal requerida en una empresa de tal naturale​za", es la responsable del accidente ocurrido a la señora Berenice López".

"D) Error de hecho en la falta de apreciación de la inspección ocular practicada el 9 de marzo de 1948 en la segunda instancia y del dictamen de los peritos en relación con las declaraciones de los señores Conrado Gallego, José J. Osorio y Santiago Gallego. No tuvo en cuenta para nada es​tas pruebas de las cuales se deducen estos hechos de gran importancia para demostrar la inculpa​bilidad del municipio, en el caso de que existie​ra acción contra él y que el Tribunal ha debido examinar, toda vez que en su concepto sí existe acción contra el municipio. 1°—En el lugar del accidente no hay camino público ni senda ninguna frecuentada; sólo exis​te una senda que parte en dirección Oriente-Occidente y que sirve de entrada al predio de Sal​vador Osorio (Inspección ocular); 2°—Por ese lugar no pasan líneas primarias, sino secundarias y en concepto de los testigos anotados la corriente de éstas no es suficiente para electrocutar a una persona.

Confirma ésto el hecho de que en la tarde del 8 de mayo varias personas se enredaron en las cuerdas sin sufrir menoscabo alguno; 3°—La instalación eléctrica a partir del trans​formador era de propiedad de Salvador Osorio y servía para llevar luz a su finca únicamente. Luego era él quien más cuidado debía tener en la conservación de las líneas, y ya se vio cómo fue Osorio quien sin prudencia alguna cortó el árbol causante del daño y cómo fue negligente para avisar a las autoridades lo acaecido. ''Si el Tribunal aprecia estas declaraciones y la inspección y relaciona ésto con las afirmacio​nes de Teresa López y Salvador Osorio que afir​ma aquélla y confiesa éste que él fue quien cor​tó el árbol, habría deducido con toda evidencia que la imputabilidad y consiguiente responsabili​dad no era del municipio de Salamina, sino de quien además de ser dueño de la instalación no cuidó de ella, sino que obrando imprudentemente cortó el árbol que reventó las líneas.

"A consecuencia de los errores de hecho anota​dos en las letras A), B), C) y D) del presente capítulo el Tribunal violó por haberlos aplicado indebidamente los Arts. 2341, 2343, 2347, 2356 y 2360 del C. C. y 95 del C. Penal; y por no haber​lo aplicado el 343 del C. J. que da derecho a la parte demandada para que el Juez declare probadas las excepciones, que aparezcan en el expe​diente".

Se considera: El Tribunal partió del hecho cierto y acredita​do en los autos, que el día lunes ocho de mayo de 1944, y como consecuencia del derrumbe de un árbol, se desprendieron unos alambres que conducían la energía eléctrica en el municipio de Sa​lamina, en el extremo sur de la población, y en el trayecto comprendido entre las casas de los señores Luis Carlos Muñoz y Salvador Osorio, los que duraron tendidos en el suelo hasta el día siguiente, martes, diez u once de la mañana, más o menos, y que ese día al enredarse la señora Be​renice López con éstos, la corriente eléctrica que circulaba por ellos, le produjo la muerte.

La caída del árbol y la consecuencial de las líneas, como la permanencia de éstas, tendidas en el suelo por un espacio considerable de tiem​po, son hechos no discutidos y que aceptan las partes; difieren en cuanto a la causa determi​nante del desprendimiento de las líneas que con​ducían la energía. El demandante sostiene que, el mal estado de éstas y la caída del árbol oca​sionalmente, por entre cuyas ramas pasaban los alambres, fue la causa de ese desprendimiento; el demandado por su parte, afirma que fue el corte del árbol por acción de Salvador Osorio, lo que causó la ruptura.

El Tribunal sentenciador, por su parte, no acepta ni una ni otra situación, porque las pruebas allegadas a los autos con esa finalidad, no dan margen para deducir con plena convicción, cuál de las dos causas señaladas, fue en realidad la determinante de la ruptura de las líneas, pues, la disparidad de las dos únicas de​claraciones que hablan de este hecho no lo prue​ban.

En efecto, Salvador Osorio afirma que el derrumbe de un brazo del árbol en las horas de la.mañana del día lunes 8 de mayo de 1944, lo que ocasionó la caída de las líneas al suelo, que él, para evitar mayores peligros, cortó por la tarde el otro brazo, y cuando las líneas ya se hallaban tendidas en el suelo; en cambio, la se​ñora López de Valencia, dice que la ruptura se produjo en las horas del medio día al cortar Oso​rio el árbol.

Ante la ausencia de pruebas, realmente con​vincentes, el Tribunal optó por una análisis de las circunstancias anteriores, concomitantes y pos​teriores al insuceso de la muerte de la señora Berenice López, por electrocución, con base en los hechos demostrados en el proceso, como el des​cuido general existente en la administración téc​nica de la Empresa de Energía Eléctrica en ese entonces; la incapacidad técnica de los empleados a su servicio, la falta de vigilancia y revisión de las líneas, la existencia de los árboles en el sitio del accidente y su paso por entre las ramas; la permanencia de éstas tendidas en el sue​lo de un día para otro y su levantamiento poste​rior al accidente, todo a través de las pruebas testimonial, inspecciones oculares y dictámenes periciales, practicadas a solicitud de las partes y con el fin de establecer la verdad de los he​chos alegados como fuente de los derechos del actor y como medios de defensa de la empresa demandada.

Pero, como las pruebas no le produjeron la convicción completa, hubo de recurrir entonces, al " fallo por apariencia de verdad probable por verosimilitud ". Decisiones que tienen ocurrencia en los litigios en que la cosa o determinados he​chos, han de estimarse como presuntos por el Juzgador y aunque surjan hipótesis contrarias a la presunta, una vez probados los hechos que constituyen la presunción, le dan oportunidad de aplicarla al juez; y en general, en todos los ca​sos en que opera una presunción o ficción legal en cualquiera de las ramas del derecho.

Tal es, la situación procesal del cargo subjudice. No existiendo pruebas que produjeran en el sentenciador la convicción plena de cuál fue la causa real, determinante de la ruptura de las líneas que conducían la energía eléctrica, por un lado, pero por otro, siendo las actividades de​sarrolladas por la Empresa de Energía Eléctrica, de las específicamente consideradas como peli​grosas, y patentizando el mal comportamiento ge​neral y anónimo de sus servicios y no habiendo acreditado ésta, el acaecimiento del caso fortui​to, ni la fuerza mayor, ni la intervención del ele​mento extraño hubo de aplicar el instrumento de técnica jurídica, la presunción de culpabilidad en contra de la empresa, como lo dice el Tribunal, " de acuerdo con el Art. 2356 del C. C. y según doc​trina de la Corte que asi lo ha interpretado, como que existe en estos casos una presunción de cul​pabilidad en contra del municipio, que en el pre​sente caso no ha logrado ser desvirtuada por éste".

Evidentemente, la Corte (sentencia de agosto 17 de 1950, G. J. 2085 Tomo LXVII) dijo: " En​seña el Art. 2341 del C. C. que "El que ha come​tido un delito o culpa, es obligado a la indem​nización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido". "En la doctrina de esta disposición se halla com​prendida, en principio, la responsabilidad de las personas morales por razón de los actos culposos de sus agentes, ejecutados en ejercicio de sus funciones.

Porque, como lo enseñan los hermanos Mazeaud: "El agente de la administración es el órgano de la persona moral pública, y toda per​sona moral debe responder de los actos de sus órganos, porque son sus propios actos, como toda persona física responde del movimiento de sus manos. Cuando el agente de la administración obra en su condición de agente, es la persona moral pública quien obra.

Esta norma resulta de la concepción misma de la personalidad moral: la persona moral obra por medio de sus órganos; los actos de éstos son sus propios actos, y a este título debe responder". El derecho privado funda esta responsabilidad en el mismo principio de culpa, probada o pre​sunta, que determina la de la persona física, por la negligencia o descuido en la escogencia de los agentes del servicio, " culpa in eligendo " o por falta de vigilancia y cuidado en la forma como dichos agentes cumplen su función, " culpa in vigilando".

El derecho administrativo en cambio refiere tal responsabilidad, al simple hecho del perjuicio individual producido por el acto de la administración, porque dada la forma reglamentaria como ésta debe proveer los cargos y la for​ma como el agente está llamado a cumplir su función, no cabe sostener la imprevisión o negli​gencia en que la culpa consiste.

" La falta del servicio público —sostiene Pabló Duez— no está necesariamente ligada a la idea de falta de un agente determinado e identificado. Para que apa​rezca la falta de un servicio público no es preci​so que determinados funcionarios señalados por sus nombres hayan cometido la culpa. Es sufi​ciente al respecto patentizar un mal comporta​miento general, y anónimo del servicio al que pueda imputarse el daño causado; establecer que el servicio es defectuoso, sea en su organización, sea en su funcionamiento, y que el daño proviene de ese defecto.

Lo cual ni impide que el irregu​lar funcionamiento del servicio obedezca a una falta personal del agente encargado de obrar, y que también resulte comprometida en este caso la responsabilidad de la Administración". Este litigio fue desatado por el Tribunal, dán​dole aplicación a la presunción existente en con​tra de la empresa por la naturaleza de peligrosi​dad en sus actividades no destruida en el proceso, y en esta situación procesal hay imposibilidad técnica para producirse la evidencia o lo mani​fiesto del error de hecho en la apreciación de la prueba.

En estos casos, por lo regular, lo que ocu​rre es una discrepancia entre lo señalado por sentenciador con lo del recurrente, no la disparidad con la realidad procesal, que es en definitiva lo que constituye el error de hecho. Tal es, lo que acontece en este pleito, y como los cargos que se han dejado estudiados son conexos, dependien​tes del primero, el éxito o el fracaso de éste con​lleva el de los otros.

Circunstancia ésta que ha permitido a la Sala estudiarlos en conjunto, así como ordenar su rechazo en la misma forma. Capitulo tercero. Por haber apreciado la contestación de la de​manda en el hecho primero como una prueba del dominio del municipio dándole el valor de confe​sión, violó los Arts. 170 y 604 a 606 del C. J. que no aplicó debidamente al caso del pleito por la interpretación errónea.

" No probado uno de los extremos de la acción, el Tribunal violó por indebida aplicación los arts. 2341, 2350 y 2356 del C. C.". En resumen, la fundamentación del cargo con​siste: en que se demandó al municipio; exponiendo como hecho primero y fundamental que él es dueño de la Empresa de Ener​gía Eléctrica, y que al contestar la demanda el señor Carlos Tobón, diciéndose Personero del Mu​nicipio, asimlió dicho hecho.

Que en primer lugar no está acreditado el ca​rácter de Personero que tuviera el señor Tobón. Además, lo que hagan los Agentes del Ministerio Publico no perjudica a la parte que representan. "Al tener en cuenta el Tribunal —dice el re​currente— la aseveración del señor Tobón como prueba de que el municipio es dueño de la em​presa de energía eléctrica, dio a su confesión un valor que no podía darle, pues de acuerdo con el Art. 170 no pueden confesar.

Y restringir el ra​dio de acción de la confesión a la que se haga exclusivamente en posiciones es limitar el alcan​ce de la ley. Claramente dice el Art. 170 que "no pueden absolver posiciones y sus confesio​nes no perjudican a la parte que representan". " La propiedad de los inmuebles se demuestra por escrituras públicas, Leyes, Ordenanzas o acuerdos.

Al dar el Tribunal por probada la pro​piedad del municipio sobre la Empresa Eléctrica do Salamina por la confesión de Carlos Tobón cometió error: o de hecho o de derecho. El de hecho está en que quien confesó no era Personero de Salamina o al menos no se demostró que lo fuera al contestar la demanda, y, por tanto, hay que considerar que su confesión como agente del Ministerio Público no existe; de derecho, porque si en realidad era Personero, los agentes del Ministerio Público no pueden confesar y darle valor es reconocerle el valor que no tiene".

" Pero sea que exista el uno o el otro error, se​gún el punto en donde se coloque la Corte, hay que concluir que uno de los extremos de la de​manda —el que el municipio sea dueño de la Empresa— no está demostrado". Se considera: No prospera el cargo por las siguientes razones: 1a—La acción que se ventila en este juicio, es innegable que está encaminada y tiene como una finalidad, conseguir el pago de una suma de di​nero como indemnización, por concepto de perjui​cios materiales y morales, causados con la muer​te de la señora Berenice López, por electrocución, a su cónyuge sobreviviente y a sus menores hi​jos, de la Empresa de Energía Eléctrica de Salamina, por culpa extracontractual: y dirigida contra este municipio, por ser de su pertenen​cia esa Empresa y explotarla económicamente con la prestación de servicios de alumbrado, calefacción y refrigeración, representados por el Personero Municipal, señor Carlos Tobón, a quien se señaló como la persona que desempeñaba ese cargo en la fecha de la demanda y de su admi​sión y quien recibió !a notificación en tal carác​ter y contestó el libelo en los términos que apa​recen en los autos. 2a—De la contestación al hecho primero de la demanda, ha deducido el recurrente contra la sentencia, el cargo de entrañar una confesión, no permitida a los Agentes del Ministerio Público en representación de las entidades de derecho pú​blico, según los términos del artículo 170 del Có​digo Judicial por haber tenido en cuenta el Tri​bunal el asentimiento a ese hecho, para dar por demostrado el extremo de la propiedad de la empresa en cabeza del municipio de Salamina, a lo cual se observa: En realidad, no se adujo como prueba, " el me​dio específico probatorio que judicialmente co​rresponde para acreditar el dominio de los, bie​nes raíces, o sea el respectivo instrumento públi​co debidamente registrado, en que conste el de​recho de dominio del Municipio de Salamina so​bre la Empresa de Energía Eléctrica en la fe​cha del accidente, a pesar de que la demanda su​bordinó expresamente a esta calidad la culpa de donde se hace provenir la obligación indemnizatoria que se demanda".

Pero como antes se expresó, " en el presente caso no se ventila una cuestión de dominio para fijar en cabeza de quien se encuentre radicado, sino que se controvier​ten simples obligaciones personales que han po​dido producirse con ocasión de ese derecho", esti​ma la Sala que el no haber negado el Municipio, por conducto de su representante legal, la exac​titud de aquel hecho, por fuerza de las circuns​tancias de su notoriedad, por estar en el conoci​miento e información de las personas, con re​lación al círculo social de la población de Salamina, en el momento de instaurarse la demanda y aún en el de la decisión, y siendo una cuestión no controvertida, no constituye propiamente una confesión, sino un medio de defensa de la enti​dad de derecho público.

Reconocimiento, por no​toriedad, que aunado a las otras pruebas que obran en el expediente que tuvo en cuenta el Tri​bunal, y no atacadas por el recurrente, son bas​tantes, en el presente caso a establecer la evi​dencia de este extremo de la responsabilidad del municipio. En tal virtud, por ninguno de los aspectos con​templados en la impugnación, a través del cargo que se estudia, puede infirmarse la sentencia, y se rechaza íntegramente.

Capitulo último. Subsidiariamente, se acusa el fallo, "por ha​berse incurrido en el juicio en la nulidad consis​tente en la falta de personería de la parte de​mandada, o sea la causal segunda contemplada en el artículo 448 del C. J., nulidad que no ha si​do saneada de conformidad con la ley". "El numeral 3° del Art. 179 del C. J. dice que es función de los Personeros Municipales repre​sentar en juicio a los respectivos municipios.

El articulo 169 de la Ley 4a de 1913 da a los Conse​jos, en su numeral 3°, la función de nombrar a los Personeros Municipales y éstos de acuerdo con el numeral 11° del artículo 184 de la Ley 4a de 1913, deben ser posesionados por los Alcaldes. Luego de acuerdo con estas disposiciones, el úni​co medio de acreditar la calidad de Personero Municipal de Salamina y, por tanto, la persone​ría de la parte demandada en este juicio, era presentando la copia del nombramiento del señor Carlos Tobón para Personero y su posesión ante el Alcalde.

Que, además de la actuación del señor Tobón, como Personero del Municipio de Salamina, ac​tuaron otras personas que no acreditaron esa calidad, y, el señor Emilio Correa, que sí la acreditó y el señor Rogerio Echeverri en la segunda instancia, no ratificaron lo actuado por sus ante​cesores y que en presencia de las disposiciones citadas, la Corte tiene que reconocer la nulidad alegada en casación. Se considera: El ordinal 4° del artículo 450 del C. J. compren​de dos situaciones procesales: Cuando el que obra por otro carece de poder, interviniendo como agente oficioso, o cuando el mandato judicial es imperfecto legalmente.

El indebidamente representado debe hacer una clara manifestación de que acepta la agencia oficiosa o.el poder aparente o putativo. No es indispensable que el consentimien​to sea expreso; bastaría que el interesado inter​venga en una diligencia, reciba una notificación o dirija cualquier escrito al Juez, sin reclamar contra quien se ha arrogado su personería. En tales condiciones la personería y en consecuen​cia, la actuación procesal, se consolidan.

Tal es lo que ocurre en el presente juicio, los Persone​ros que acreditaron esa calidad respecto del Mu​nicipio de Salamina, suscribieron memoriales y notificaciones que implican una ratificación de lo actuado por sus antecesores, consolidándose así la personería con la actuación, y desapareciendo la posible nulidad por ilegitimidad de la personería de la entidad demandada a que alude el recurrente.

En consecuencia, se rechaza el cargo. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pro​ferida por el Tribunal Superior de Manizales con fecha siete (7) de junio de mil novecientos cua​renta y nueve (1949).

Sin costas. Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la GACETA JUDICIAL y en la debida oportuni​dad, devuélvase el expediente al Tribunal de ori​gen. Luís Enrique Cuervo—Pablo Emilio Manotas—Manuel José Vargas. Emilio Prieto H., Oficial Mayor.