CP317-2024(66426) — Corte Suprema

CP317-2024(66426)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2024

Magistrado ponente: Gerardo Barbosa Castillo

Ley 527 de 1999Ley 8 de 1928Ley 906 de 2004Ley 906 de 2024

De qué trata

Tema: EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA - Procedencia / EXTRADICIÓN SIMPLIFICADA - Trámite Tesis: «El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004 e introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite. En el presente evento, la Corte encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de Estados Unidos, respecto del ciudadano colombiano Z.M.B.. En efecto, la petición del requerido se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su defensora de confianza y el Procurador Primero Delegado para la Casación Penal verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales, a través de entrevista personal con el mencionado ciudadano. De manera que, se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado y a ello procederá la Sala». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: inaplicación del tratado suscrito por las partes contratantes, por no existir una ley que lo incorpore al ordenamiento jurídico interno / EXTRADICIÓN - Aplicación: trámite Ley 906 2004, inexistencia de tratado con Estados Unidos / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: requisitos Tesis: «El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, comoquiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados» para finiquitarlo. No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, pues las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 , que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 35 de la Constitucional Nacional. Para el caso, corresponde consultar el contenido de los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 (ley adjetiva vigente para el momento en que inició el trámite de extradición, tal y como así lo planteó la Corte en la decisión CSJ CP163-2021), que ordenan fundamentar el concepto en: (i) validez formal de la documentación presentada, (ii) demostración plena de la identidad del solicitado, (iii) doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (iv) equivalencia de la providencia proferida en el extranjero». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: validez formal de la documentación / EXTRADICIÓN - Solicitud: realizada por los canales diplomáticos / EXTRADICIÓN - Validez formal de la documentación: traducción de los documentos públicos otorgados en país extranjero por autoridades de este / EXTRADICIÓN - Validez formal de la documentación: Autenticidad / EXTRADICIÓN - Validez formal de la documentación: documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados / EXTRADICIÓN - Convención de La Haya: abolición del requisito de legalización de documentos públicos extranjeros Tesis: «Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso. Documentos anteriores que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario. El inciso 2º del artículo 251 del Código General del Proceso instituye que los documentos públicos otorgados en país extranjero por sus funcionarios, o con su intervención, deben presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, o en su defecto por el de una nación amiga, y que su firma debe ser abonada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticarán previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano. En el asunto estudiado, esta Corporación observa que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su representación diplomática, solicitó la extradición del ciudadano colombiano Z.M.B.; al efecto, anexó copia de la acusación sustitutiva Caso No. 8:23-cr-342-JSM-SPF, dictada el 7 de diciembre de 2023 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, y de la orden de arresto expedida contra el reclamado por esa autoridad judicial extranjera. De igual manera, allegó la declaración jurada de Lauren Stoia, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, en la que se refiere al procedimiento cumplido por el Gran Jurado para dictar la acusación; concreta los cargos formulados contra Z..M. indica los elementos integrantes de los delitos atribuidos; y remite, para mayores detalles de los hechos, la declaración de apoyo de Allan G. Gurfinchel, agente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de ese mismo país. Se observa que en los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos respecto de la acusación se especifican los actos imputados y los lugares y época de ocurrencia, con lo cual se satisfacen los requisitos exigidos en el artículo 495 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), como se explicará más adelante. A su vez, dichos legajos están traducidos al castellano, certificados y autenticados de conformidad con la legislación propia del Estado requirente, al punto que se encuentran refrendados por Jason E. Carter, Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal del Departamento de Justicia del mismo país, reconocido como tal por su Procurador Merrick B. Garland. Igualmente, la documentación fue debidamente apostillada el 5 de enero de 2024 por Zelda Daley Asistente de Autenticaciones de la Oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los términos de la Ley 455 de 1998, declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-164 del 17 de marzo de 1999, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros. Por lo tanto, se cumplen a cabalidad los requisitos para su validez». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: identidad del requerido / EXTRADICIÓN - Nacionalidad del requerido: ciudadano colombiano Tesis: «Esta exigencia se contrae a constatar si la persona requerida (acusada o condenada) en el país extranjero, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad. Por tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquél cuya entrega se encuentra en curso de resolver. De conformidad con la Nota Verbal No. 0088 de 22 de enero de 2024, la Embajada de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Z.M.B., nacido el (…) de (…) de (…) en (…), Colombia; titular de la cédula de ciudadanía (…), persona a la que se refiere la acusación sustitutiva Caso No. 8:23-cr-342-JSM-SPF, referida anteriormente. La fecha de nacimiento registrada en su cédula de ciudadanía coincide con los datos ofrecidos por el país requirente; y bajo la identidad advertida, el reclamado actuó y se notificó de las diversas decisiones adoptadas en el marco de este trámite. Así mismo, un perito en dactiloscopia cotejó las huellas tomadas a la persona capturada en virtud de este trámite, con las que reposan en la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de Z.M.B., y determinó que son uniprocedentes . De lo anterior, se deduce razonablemente la plena identidad del ciudadano pedido en extradición y la satisfacción de la exigencia analizada». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: equivalencia de la acusación proferida en el extranjero Tesis: «Este requisito se orienta a verificar si la pieza procesal ofrecida por el país requirente es equivalente, por lo menos, a la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal interno, de acuerdo a lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004 . Conviene recordar que no se trata de establecer identidad entre ambas actuaciones, pues lo relevante es determinar si la decisión entregada da paso al juicio. Además, se debe constatar si brinda un relato sucinto del comportamiento imputado, con especificación de las circunstancias de lugar y tiempo e, igualmente, si expresa con claridad la calificación jurídica señalando los preceptos aplicables. En esta oportunidad, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida profirió la acusación sustitutiva Caso No. 8:23-cr-342-JSM-SPF, contra el requerido, para comparecer a juicio por delitos relacionados con concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Así, se evidencia que ese documento registra las siguientes similitudes con la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004 ): a) se trata de un pliego concreto de cargos contra el implicado para que se defienda de ellos en el juicio, con especificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar; b) tiene como fundamento las pruebas acopiadas durante la investigación; c) califica jurídicamente el comportamiento desplegado por aquél; d) invoca las disposiciones penales aplicables; y e) como sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra. Por lo anterior, este presupuesto también se cumple a cabalidad». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, el hecho que motiva la extradición debe tener pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, concierto para delinquir / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: pena de decomiso, no comporta imputación alguna / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: la mención de la extinción de dominio en la acusación no puede ser entendida como uno de los cargos Tesis: «De acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que el hecho que la motiva esté previsto en Colombia como delito y que el mismo se encuentre reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años. La Corte ha reiterado que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. Tal confrontación se hace con la norma que está en vigor al momento de dar inicio a la extradición, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entra en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. […] Las conductas anteriormente descritas tienen correspondencia en la legislación penal colombiana con lo estipulado en los artículos 340 inciso 2º (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004, 19 de la Ley 1121 de 2006 y el 5° de la Ley 1908 de 2018), bajo la denominación de concierto para delinquir agravado; y el 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011), agravado por el inciso 3° del canon 384 del Código Penal (Ley 599 de 2000), establecido como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que disponen: «artículo 340 Concierto para delinquir. […] artículo 376 Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes […] En esa medida, queda demostrado que los hechos imputados en los cargos contenidos en la acusación sustitutiva Caso No. 8:23-cr-342-JSM-SPF, dictada el 7 de diciembre de 2023 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), relativo a la doble incriminación, por cuanto se trata de conductas que también son consideradas delictivas en Colombia, y tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años. Por lo anterior, este presupuesto, como los analizados en precedencia, también se satisface». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: pena de decomiso, no comporta imputación alguna Tesis: «[…] como la precitada acusación incluye la mención del decomiso de los bienes objeto de las conductas reprochadas, es preciso indicar que tal afirmación no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo. En efecto, como lo ha venido expresando esta Corporación respecto de situaciones semejantes, esa figura no involucra imputación alguna, sino el anuncio de la consecuencia patrimonial que la eventual declaratoria de responsabilidad acarrea respecto de los bienes involucrados en el delito, por cuya comisión se exhorta al requerido, el tema es ajeno a la petición de extradición, motivo por el cual no se encuentra comprendido dentro de los aspectos a analizar en el concepto a emitir por la Sala». EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política, no se configuran / EXTRADICIÓN - Los delitos endilgados no constituyen delito político / EXTRADICIÓN - Lugar de la comisión del delito / EXTRADICIÓN - Principio de territorialidad / EXTRADICIÓN - Acto Legislativo de 1997: fecha de comisión de los hechos / EXTRADICIÓN - Lugar de comisión del delito: teoría de la ubicuidad Tesis: «El artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo N° 01 de 1997 , autoriza la extradición de colombianos por nacimiento, cuando: (i) son reclamados por delitos cometidos en el exterior, (ii) las conductas que los originan son delictivas en Colombia, por hechos posteriores a la promulgación del citado Acto Legislativo, y (ii) no se trate de delitos políticos. En el caso bajo análisis, las conductas descritas en la acusación sustitutiva, y por las cuales es solicitado Z.M.B., no son de carácter político según la legislación interna, que las ubica como atentatorias contra «la seguridad y la salud pública» (Código Penal, Ley 599 de 2000). Lo anterior, impide que se configure la prohibición constitucional referida. De acuerdo con los documentos aportados por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron -por lo menos- desde el año 2021; es decir, después de la expedición del Acto Legislativo 01 del 17 de diciembre de 1997. El lugar de comisión de los delitos tampoco se traduce en causal de improcedencia. De la información aportada por el Estado requirente se establece que la persona requerida hacía parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que enviaba grandes cantidades de estupefacientes a países de Centroamérica para distribución final en los Estados Unidos, situación que determina que los delitos se entiendan también cometidos en esos lugares. Bajo ese entendido, es evidente que la imputación y su sustento dejan entrever con facilidad que los actos desplegados por el requerido y la organización delincuencial de la que hacía parte, según las autoridades norteamericanas, traspasaron ontológica y jurídicamente las fronteras nacionales. Así, se dan por cumplidas las hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer que la conducta tuvo repercusiones en el Estado requirente (artículo 14 del Código Penal ), tales como el lugar de realización de la acción, según el cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; la del resultado, que concibe realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta, que considera cometido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como también en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado (Cfr. CSJ CP, 30 enero 2013, rad. 40275 y CSJ CP183-2021, 17 nov. 2021, rad. 58508, entre otras). Con ello se cumple entonces el principio de territorialidad de la ley penal -CSJ CP137-2015 (reiterado CSJ CP163-2017 y CSJ CP089-2018 y CP051-2022 entre otros)-, pues los hechos endilgados al requerido tienen consecuencias en la jurisdicción del Estado requirente. Por lo expuesto, no se evidencia algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, que derive en la improcedencia de la extradición». EXTRADICIÓN - Principio de cosa juzgada / EXTRADICIÓN - Persona juzgada en Colombia por los mismos hechos ventilados en la solicitud: demostración / EXTRADICIÓN - Principio de non bis in ídem y cosa juzgada / EXTRADICIÓN - Principio de cosa juzgada: no se vulnera / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: garantía de no extradición del Acto Legislativo 01 de 2017, no se configura Tesis: «La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido reiterativa en señalar que, para que opere la extradición de nacionales colombianos, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción, respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso, es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP028-2019, CSJ CP165-2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros). Frente al punto en estudio, no se advierte motivo que impida conceptuar favorablemente a la solicitud. La Fiscalía General de la Nación informó que el implicado no registra investigaciones ni anotaciones relacionadas con estos mismos hechos. En igual sentido, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional ratificó que el requerido no reporta antecedentes penales, ni órdenes de captura vigentes. De otro lado, se verifica que los hechos materia de extradición no son objeto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en particular, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no tienen relación ni tuvieron ocurrencia en el marco del conflicto interno armado y tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente indicio alguno de que el requerido tenga tal condición. Además, el interesado no mencionó algo al respecto (CP117-2020, 29 jul. 2020, Radicación N° 56612). Así las cosas, la Corte no advierte afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que asiste al reclamado». EXTRADICIÓN - Concepto favorable Tesis: «En razón a las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Z.M.B., identificado con cédula de ciudadanía No. (…), presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, en relación con los hechos indicados en los cargos contenidos en la acusación sustitutiva Caso No. 8:23-cr-342-JSM-SPF, dictada el 7 de diciembre de 2023, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: condicionamientos / EXTRADICIÓN - Condicionamientos: seguimiento corresponde al Gobierno Nacional Tesis: «Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta. Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de diciembre de 1997 y, particularmente, los ocurridos en los plazos temporales demarcados en el indictment y las Notas Verbales allegadas. Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, debe condicionar su entrega a que se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior. Por otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también infiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor presidente de la República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política . Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por demás, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga; y remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que se le imputan en la acusación foránea».

GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado ponente CP317-2024 Extradición No. 66426 Acta No. 265 Popayán, Cauca, primero (01) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte procede a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombo-venezolano DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, también conocido como YENDRIS SEGUNDO PAZ PÉREZ, formulada por el Gobierno de la República de Chile por la presunta comisión de los delitos de homicidio de carabinero y porte ilegal de armas de fuego.

II.

ANTECEDENTES Mediante Nota Verbal No. 94 del 26 de abril de 2024, la Embajada de la República de Chile solicitó la detención CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 2 provisional con fines de extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO1, para que comparezca a responder por los presuntos punibles de homicidio de carabinero y porte ilegal de armas de fuego, ante el Sexto Juzgado de Garantías de Santiago.

Esto en el marco de la causa RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024. DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO fue retenido el 23 de abril de 2024 por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, con fundamento en notificación roja A-4218/4-2024 de INTERPOL. Posteriormente, el día 29 del mismo mes y año, la Fiscal General de la Nación expidió orden de captura en contra del requerido.

Por medio de la Nota Verbal No. 102/2024 del 9 de mayo de 2024, la Embajada de la República de Chile formalizó la solicitud de extradición, allegando la documentación correspondiente. Tras la formalización de la solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI No. 1663 del 15 de mayo de 2024, conceptuó que «Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la República de Colombia y la República de Chile».

En ese sentido, indicó que se encuentra vigente el 1 Identificado con Cédula de Ciudadanía colombiana No. 1.065.671.495, Cédula de Identidad venezolana V-23.736.768, y Cédula para Extranjeros No. 14.894.828-3 de la República de Chile. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 3 «Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile», suscrito en Bogotá D.C. el 16 de noviembre de 1914.

Por su parte, el Director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho estimó completo el expediente, por lo que el 12 de marzo de 2024 lo remitió a esta Sala mediante oficio MJD-OFI24-0020869-GEX-10100. Tras reconocer personería jurídica al apoderado del requerido y correr el traslado probatorio previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, el día 14 de agosto de 2024, a través de auto AP4622-2024, la Sala decretó las solicitudes probatorias presentadas por el representante del Ministerio Público y el apoderado del requerido.

En respuesta a la solicitud elevada, la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, informó que al requerido no le aparecen registros de vinculación a procesos penales. Por su parte, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Área Administración Información Criminal, a través de oficio Nro. 20240421777/ARAIC-GRUCI 1.9 del 11 de septiembre de 2024, informó que contra el requerido solo figura la orden de captura librada con motivo de la solicitud de extradición. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 4 Agotada la fase probatoria del trámite, a través de auto del 23 de septiembre de 2024 se corrió el traslado previsto en el inciso 3 del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para que los intervinientes presentaran alegatos de conclusión. III.

ALEGATOS DE LOS INTERVINIENTES 3.1 Del Ministerio Público: El representante del Ministerio Público consideró satisfechos los presupuestos constitucionales para conceptuar favorablemente una extradición. Estos son: (i) que el delito no ostente el carácter de político, (ii) que haya sido cometido en el exterior y (iii) su comisión sea posterior al 17 de diciembre de 1997.

Señaló, además, que conforme al artículo XIII del Tratado de Extradición entre las Repúblicas de Colombia y Chile, «son aplicables las normas del Código de Procedimiento Penal vigente en el momento de los hechos, ya que estas regulan la materia y permiten cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia con el Estado Chileno».

En ese sentido, para proferir concepto se deben tener en cuenta los siguientes criterios: (i) la validez formal de la documentación aportada; (ii) la demostración de la plena de identidad del requerido; (iii) el principio de doble incriminación; y (iv) la equivalencia de la determinación adoptada en el país extranjero frente a la pieza de Acusación Patria.

CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 5 En virtud de lo anterior y de que según su criterio se cumplen los requisitos exigidos en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal, el representante del Ministerio Público solicitó que la Sala conceptúe favorablemente a la extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO. 3.2.

De la Defensa: El apoderado del requerido argumenta que existen principalmente dos aspectos a tener en cuenta a la hora de proferir concepto en el presente caso. Estos son:

1. DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO es acusado por la comisión del delito de homicidio de carabinero, el cual está consagrado en el Código de Justicia Penal Militar chileno. En Colombia, esa conducta está tipificada en los artículos 103 y 104 numeral 5 del Código Penal, lo anterior implica, para el apoderado, que no existe equivalencia entre las normas por estar consagradas en disposiciones normativas de jurisdicciones diferentes.

Señala, además, que el delito de homicidio de carabinero prevé la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, la cual no está establecida en la normatividad colombiana. Por el contrario, afirma que la prisión perpetua se encuentra proscrita en la Constitución Política de 1991, por lo cual no es posible conceptuar CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 6 favorablemente la extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO. 2.

El apoderado argumenta que si se conceptúa favorablemente la extradición del requerido, su vida e integridad personal estaría en peligro por dos motivos: (i) el sujeto pasivo del delito por el que se le requiere es un carabinero; y (ii) por medios de comunicación se ha dado a conocer la aparente vinculación de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO a una investigación paralela por su presunta participación en la comisión de otros punibles, pero hasta la fecha no hay claridad del estado actual de la misma.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que, en caso de conceptuar favorablemente la extradición del requerido, se le permita ejercer su derecho a la defensa desde Colombia, y en caso de que sea condenado en el país requirente por los delitos en los que se fundamenta esta solicitud, le sea posible pagar su condena en el país requerido.

IV. CONSIDERACIONES 4.1. Normativa aplicable De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 7 de acuerdo con lo que señalen los tratados públicos, o en su defecto con lo que establezca la ley.

En el caso en estudio, el 16 de noviembre de 1914, el Estado chileno y el Estado colombiano suscribieron el «Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile»2, el cual se encuentra vigente hasta la fecha, por cuanto ninguno ha invocado los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 para terminarlo o suspenderlo.

En consecuencia, frente a solicitudes de extradición formuladas por el Gobierno de la República de Chile, a la Sala le corresponde analizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en la materia y las incluidas en el «Tratado de Extradición entre la República de Colombia y la República de Chile». 4.1.1. Verificación de los requisitos constitucionales en materia de extradición. El artículo 35 de la Carta Política establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que (i) no ostenten el carácter de políticos, (ii) hayan sido cometidos en el exterior y (iii) su comisión sea posterior al 17 de diciembre de 1997.

En este caso, como se expondrá 2 Aprobado mediante la Ley 8 de 1928. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 8 a continuación, no se configura ninguna de dichas limitaciones. A DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO se le acusa de la comisión de los delitos de homicidio de carabinero y porte ilegal de armas de fuego por los hechos ocurridos el 10 de abril de 2024.

Estos carecen de la connotación de delito político, por lo que no se configura la prohibición constitucional referida. Por su parte, la segunda prohibición tampoco se constituye, pues según la causa RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024, DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO está siendo requerido por hechos ocurridos en la ciudad de Santiago, Chile, los cuales serán expuestos en un apartado posterior.

Finalmente, respecto del tercer requisito, como ya se mencionó, los hechos por los que se requiere a DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO ocurrieron con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 1997, específicamente el 10 de abril de 2024. En consecuencia, no se configura la prohibición constitucional referida y la Sala considera cumplidas todas las disposiciones constitucionales en la materia. 4.1.2.

Verificación de los requisitos convencionales de la solicitud de extradición. A. Documentación aportada. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 9 El artículo 11° del Convenio de extradición binacional de 16 de noviembre de 1914 señala que «[l]as demandas de extradición serán presentadas por medio de los agentes diplomáticos respectivos y, a falta de éstos, directamente de Gobierno a Gobierno».

Así, se tiene que la Nota Verbal No. 102/2024 del 9 de mayo de 2024, a través de la que se formalizó la solicitud de extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, fue remitida por vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Asimismo, se evidencia que los soportes remitidos junto con la Nota Verbal 94 del 26 de abril de 2024, cuentan con los sellos y certificado de autenticidad de la Secretaría en lo criminal de la Corte de Apelaciones Criminal de Santiago.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera cumplido el requisito convencional relativo a la validez de la documentación aportada. Como consecuencia, concluye que son idóneos para que esta Corporación los estudie para proferir el concepto. B. Identificación plena del solicitado. Dentro de los requerimientos dispuestos en el tratado de extradición aplicable, el numeral 1° del artículo 11° exige que los Estados Parte, en sus solicitudes de extradición, aporten «[t]odos los datos y antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado».

CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 10 En los documentos adjuntos a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno chileno se indica que el requerido cuenta con tres identificaciones diferentes: Cédula de Ciudadanía colombiana No. 1.065.671.495; Cédula para Extranjeros No. 14.894.828-3 de la República de Chile; y Cédula de Identidad venezolana V-23.736.768, en la cual el nombre registrado es YENDRIS SEGUNDO PAZ PÉREZ.

Dichos datos de identificación coinciden con los señalados en los soportes del pedido diplomático, esto es, en las notas verbales de solicitud de detención provisional y formalización del pedido de extradición, en la orden de detención expedida por el Sexto Juzgado de Garantías de Santiago dentro de la causa RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024, en los informes de Policía de Investigaciones chilena, y en las demás actuaciones judiciales aportadas a este trámite.

Según el Informe sobre Consulta Web de la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además, es posible verificar la identidad de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, nacido en Venezuela el 23 de octubre de 1994, quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 1.065.671.495 expedida en la ciudad de Valledupar, Colombia.

Finalmente, es necesario señalar que la confrontación dactiloscópica presentada mediante el Informe de investigador de laboratorio-FPJ-13 del 23 de abril de 2024, CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 11 concluyó que «Si el documento descrito en el ítem 4.2 Informe sobre consulta Web, es una fiel copia del documento de identidad que reposa en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, SE VERIFICA que la IDENTIDAD de la persona a quien corresponden las impresiones dactilares obrantes en et documento descrito en el ítem 4.1.

Tarjeta decadactilar, es DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO. Número de Documento (NUIP) 1,065,671,495 expedida en Valledupar-Cesar». Por tanto, no existe incertidumbre en cuanto a que el detenido es la persona solicitada en extradición, aspecto que, además, no ha sido discutido por el requerido o su apoderado. En consecuencia, se satisface este presupuesto.

C. Auto o mandamiento de prisión. Conforme el artículo 11 del «Convenio de Extradición», cuando alguna de las Partes presenten requerimiento de extradición, deberán acompañar la petición con los siguientes documentos: °. -Respecto de los sentenciados, copia legalizada de la sentencia de condena. Respecto de los presuntos delincuentes, copia legalizada de la ley aplicable a la infracción que motiva la demanda y del auto de prisión. Estos documentos deberán explicar suficientemente el hecho de que se trata, a fin de habilitar al país requerido para apreciar que aquel constituye, según su legislación, un caso previsto en este tratado.

CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 12 En el presente trámite, DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO es requerido en extradición por el Gobierno de la República de Chile para responder, en calidad de procesado, dentro de la causa penal RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024 ante el Sexto Juzgado de Garantías de Santiago, el cual emitió orden de detención el 16 de abril de 2024 por el presunto delito de «homicidio a carabinero en ejercicio de funciones».

Aprecia la Sala que los autos de detención dispuestos por la citada autoridad judicial, en la declaratoria de procedencia de la extradición y en la solicitud, efectuada por la Corte de Apelaciones Criminal de Santiago, describen las circunstancias de ocurrencia de los hechos, así como la naturaleza y calificación jurídica de las infracciones por las que es solicitado, como será analizado en el siguiente acápite.

De igual manera, la Corte de Apelaciones Criminal de Santiago remitió copia autentica del texto de la ley penal aplicable a las conductas típicas que se le achacan al implicado en ese país, cumpliendo el requirente con el deber que en ese sentido le impone el instrumento internacional y, como quedó anotado, copia de los autos de detención dictados contra el perseguido para responder por los procesos penales que se siguen en su contra, incluyendo en estos los respectivos argumentos fácticos y legales coherentes, cumpliéndose así esta exigencia convencional.

CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 13 D. Incriminación simultánea Conforme el inciso 2° del artículo 11° del tratado internacional, el Estado requirente deberá «(…) explicar suficientemente el hecho de que se trata, a fin de habilitar al país requerido para apreciar que aquel constituye, según su legislación, un caso previsto en este tratado (…)».

Asimismo, conforme el artículo 2 de la convención, estas conductas deben estar incluidas en el listado de delitos respecto de los que se puede presentar un requerimiento de esta naturaleza, las cuales deben tener una pena privativa de la libertad de mínimo un (1) año. Como consecuencia, la Sala deberá determinar si los hechos por los que es solicitado DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO constituyen una conducta delictiva en nuestra legislación y, además, si estas cumplen con los otros requisitos mencionados.

Según los hechos contenidos en la causa RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024, que cursa ante el Sexto Juzgado de Garantías de Santiago, los hechos por los que DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO está siendo requerido son los siguientes: El día 10 de abril de 2024, pasadas las 21:00 horas, un grupo de individuos recorría las calles aledañas al centro de Santiago con el objeto de arrebatarle a las personas especies de valor tales como teléfonos celulares.

Se movilizaban en una moto, cuyo conductor se apropiaba de las especies y contaba con la cobertura de varios sujetos CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 14 que tripulaban dos autos: un Chevrolet Ónix cuya patente PYSZ.11 corresponde a un vehículo distinto de la misma marca y modelo, y un Honda Accord patente CHRV-68.

Aproximadamente a las 21:30 horas, circulando por calle San Pablo en su vehículo particular, el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, se percató de la actividad anterior y emprendió la persecución de los involucrados. Pasadas las 21:30 logró interceptar a la moto y al Chevrolet Ónix a la altura de San Pablo con Radal, comuna de Quinta Normal.

El teniente Sánchez se bajó de su auto identificándose a viva voz como funcionario policial diciendo "ALTO CARABINEROS" en al menos tres ocasiones, ante esto los ocupantes del Chevrolet Ónix, entre ellos Wilberth Olivares Peña, Yolvi González Arcaya, Josué David Ramirez Oliveros, Julio César González Vargas, Dayonis Junior Orozco Castillon, se enfrentaron al teniente disparando en su contra, impactándolo en numerosas ocasiones.

El teniente repelió la acción con su pistola glock de 9 mm. Producto del enfrentamiento fue alcanzado por los disparos Julio César González Vargas quien murió en el lugar, el resto de los sujetos huyó en distintas direcciones. Por su parte el teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez Soto, falleció en pleno ejercicio de su cargo y cumplimiento de sus funciones, debido al politraumatismo balístico causado por los disparos.

Por dichos comportamientos, la Corte de Apelaciones Criminal de San Santiago, en la Solicitud de detención previa con fines de extradición, precisó que los delitos que se le acusan son: (i) homicidio de carabinero; y (ii) porte ilegal de arma de fuego. 1. Homicidio de carabinero. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 15 En el ordenamiento jurídico chileno, esta conducta se encuentra consagrada en el Artículo 416 del Código de Justicia Militar, el cual establece lo siguiente: Artículo 416.

El que matare a un carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. (Subrayado fuera de texto). La conducta establecida en el inciso anterior será castigada con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado si concurre alguna de las circunstancias siguientes: a) Si se comete mediante precio, recompensa o promesa, o cualquier otro tipo de beneficio para sí o para un tercero. b) Si se ejecuta con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen impunidad. c) Si el imputado actúa con su rostro cubierto con el objeto de ocultar su identidad.

En Colombia, si bien no existe un tipo penal específico, como ocurre en la legislación chilena, los artículos 103 y 104- 5 del Código Penal sí sancionan dicha conducta: Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: […] La pena será de quinientos (500) a setecientos (700) meses de prisión, si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 5.

En persona que, siendo miembro de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, se encuentre en desarrollo CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 16 de procedimientos regulados a través de la Ley o reglamento. […] De este modo, de acuerdo con la descripción fáctica, el delito por el que se requiere a DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO está comprendido en la conducta «Homicidio», consagrada en el Código Penal colombiano y en el artículo 2 de la convención aplicable.

Además, tanto en la República de Chile como en la República de Colombia, es sancionado con una pena superior a un año, pues según la información remitida por el Estado requirente, los delitos con penas de presidio mayor en su grado máximo implican una privación de la libertad desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo calificado, y en Colombia su pena mínima es de 500 meses.

Ahora bien, respecto de la pena de presidio perpetuo calificado establecida en la normatividad chilena, se debe hacer la precisión de que, como lo señaló el apoderado de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, en Colombia no está permitida, por lo que, en caso de proferir un concepto favorable, estará condicionado a que el requerido no sea condenado a prisión perpetua en el país requirente.

Por tales razones, la Sala encuentra satisfecha las exigencias previstas en el «Tratado de Extradición» de 16 de noviembre de 1914 respecto del delito de homicidio de carabinero. 2. Porte ilegal de arma de fuego. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 17 En el ordenamiento jurídico chileno, esta conducta se encuentra consagrada en el Artículo 9 inciso 1, en relación con el artículo 2 B) de la ley 17.798, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 9.

Los que poseyeren o tuvieren alguno de los elementos señalados en las letras a), b), c) y d) del artículo 2', sin la autorización de la Dirección de Reclutamiento y Estadística, o sin la inscripción establecida en el artículo 5º, serán sancionados con la pena de prisión en cualquiera de sus grados o con multa de un sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago.

Artículo 2. Quedan sometidos a este control: a) Las armas de fuego, sea cual fuere su calibre; b) Las municiones; Al analizar el artículo 2 del «Tratado de Extradición», el cual establece el listado de delitos por los que se concederá la extradición, se evidencia que no se encuentra el de porte ilegal de arma de fuego. Esto, sin embargo, no impide que la Sala profiera concepto favorable por su relación directa con el de homicidio de carabinero.

En concepto CP048-2024 del 7 de febrero de 20243, la Sala analizó una solicitud de extradición por los delitos de extorsión, asociación para delinquir, homicidio, terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio y tráfico de armas y municiones, en la que el tratado aplicable no incluía el último. Si bien en principio debía presentar concepto desfavorable respecto de dicho delito, concluyó que esa 3 Rad. 11001020400020230118300;

M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 18 conducta estuvo directamente relacionada con aquellos incluidos en la convención internacional, por cuanto fue el instrumento para perpetrar las demás conductas endilgadas. En el caso de la solicitud de extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO ocurre lo mismo, pues es evidente la relación entre los delitos de homicidio de carabinero y de porte ilegal de arma de fuego, toda vez que el la presunta víctima murió como consecuencia de haber recibido múltiples disparos en su cuerpo.

Por consiguiente, se debe analizar la normatividad colombiana para determinar si existe un delito equivalente cuya pena privativa de la libertad de mínimo un (1) año. Así, el artículo 365 del Código Penal colombiano sanciona dicha de la siguiente forma: Artículo 365. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años.

Por tales razones, la Sala encuentra satisfecha las exigencias previstas en el «Tratado de Extradición» de 16 de noviembre de 1914 respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego. E. Causales de improcedencia. CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 19 Según de la obligación convencional adquirida por la República de Chile y la República de Colombia el 16 de noviembre de 1914, se acordaron las siguientes estipulaciones impedientes de la extradición: Artículo III.

No podrá concederse la extradición por delitos políticos calificados de tales por la legislación del país requerido, o por hechos que tengan ese carácter, pero se concederá, aun cuando el culpable alegue un motivo o fin político, sin el hecho por el cual ha sido reclamado constituye principalmente un delito común. Artículo V. No será procedente la extradición: 1.

Cuando los delitos, aunque cometidos fuera del país de refugio hubieren sido perseguidos y juzgados definitivamente en él, o hubieren sido objeto de amnistía o indulto en dicho país. 2. Cuando, según las leyes del país requerido, la pena o la acción penal se encontrare prescrita. 3. Cuando el delincuente sea perseguido y juzgado por el mismo hecho en el país requerido.» En observancia de dichas disposiciones, la Sala procede a evaluar estos impedimentos: 1.

Naturaleza jurídica de los hechos El Convenio sobre Extradición de 16 de noviembre de 1914 proscribe la extradición de personas acusadas o sentenciadas por delitos políticos y conexos, prohibición que para este evento no aplica por cuanto, como se mencionó en el apartado 4.1.1., los delitos por los que se requiere a DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO no ostentan tal CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 20 connotación, pues el homicidio de carabinero y el porte ilegal de armas de fuego son delitos comunes. 2.

La prohibición de la doble incriminación. En la actuación no obra algún elemento de juicio que permita a la Sala inferir que DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO esté siendo investigado o haya sido juzgado definitivamente en Colombia por los sucesos que se le atribuyen en el país reclamante. Precisamente, con el objetivo de no vulnerar el principio de Non bis in ídem, se requirió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que informaran si el requerido se encuentra vinculado a otros procesos penales.

No obstante, ambas entidades respondieron que no existe registro diferente al de la solicitud de extradición en estudio. 3. Prescripción de la acción penal. Conforme lo establecido en el «Tratado de Extradición», a la Sala le corresponde analizar la prescripción de la pena y de la acción penal a la luz de la normatividad procesal penal colombiana, debido a que este dispone que no procederá la extradición «[c]uando, según las leyes del país requerido, la pena o la acción penal se encontrare prescrita».

En el caso de la solicitud de extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, la Sala deberá verificar la prescripción de la acción penal, dado que es requerido para que responda dentro del proceso penal que se le adelanta CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 21 ante el Sexto Juzgado de Garantías de Santiago dentro de la causa RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.2024 por los hechos ocurridos el 10 de abril de 2024.

El artículo 83 del Código Penal colombiano dispone que «[l]a acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de 20 años [ ]». Asimismo, dispone que el término aumentará en la mitad cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En el caso del delito de homicidio de carabinero se evidencia que el término prescriptivo de la acción penal no se ha configurado. Esto, en vista de que la pena máxima del delito de homicidio agravado es de 700 meses, por lo que el término máximo de prescripción es de 20 años. Por otro lado, con relación al delito de porte ilegal de arma de fuego, el Código Penal colombiano establece que el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones tiene una pena que oscila entre los 9 y los 12 años, de suerte que este último constituye el término en el que operaría el fenómeno prescriptivo.

En el presente asunto, sin embargo, debe considerarse que el término de la prescripción se interrumpió, como pasará a analizarse: El artículo 292 de la Ley 906 de 2004, dispone que la CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 22 prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación y empieza a correr de nuevo por un término igual a la mitad del fijado en el artículo 83 del Código Penal, sin que en ningún caso sea inferior a tres (3) años.

Este término, como ya se señaló, se aumentará en la mitad cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En el caso en concreto, la orden de detención en contra del requerido fue proferida el 16 de abril de 2024 dentro de la causa penal RUC No. 2400411140-7 y RIT No. 1.662.20244, momento en que el término de prescripción se interrumpió e inició a correr nuevamente conforme las reglas y tiempos antes señalados.

Es decir, 15 años para el delito de homicidio agravado y 9 para el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En virtud de lo anterior, para la Sala es evidente que la acción penal de los delitos por los que se requiere a DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO no ha prescrito y no existe prohibición para que se profiera concepto dentro de este trámite.

En síntesis, la Sala concluye que no se configura ninguno de los impedimentos establecidos en el tratado internacional frente al requerimiento en contra de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO. 4 Esta equivale a la formulación de imputación de acuerdo con los artículos 286, 287 y 288 de la Ley 906 de 2024 CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 23 4.1.3.

Otros factores de improcedencia 1. Garantía de no extradición A lo largo de este trámite, no se ha puesto de presente por parte del solicitado o su defensa, ni se observa de los elementos de juicio aportados a las diligencias, que deba aplicar lo previsto en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo No. 01 de 2017, referente a la prohibición de extraditar a ex integrantes de las desmovilizadas FARC-EP y de personas acusadas de ostentar dicha calidad, por cualquier accionar delictivo perpetrado con anterioridad a la firma del Acuerdo Final para la Paz, esto es, el 1 de diciembre de 2016.

Lo anterior, en razón de que los ex integrantes de este grupo armado, o quienes se acusen de serlo, se encuentren sometidos al Sistema Integral para la Paz (SIP), en particular, al componente de justicia, y siempre que se trate de hechos o conductas objeto de la competencia prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esto es, ocurridos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado no internacional. 4.2.

Sobre el posible riesgo a la vida e integridad del requerido El defensor de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO argumentó que la vida y seguridad del requerido correría peligro en caso de que la Sala conceptúe favorablemente esta CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 24 extradición a la República de Chile.

Si bien manifestó los motivos que le llevan a esa conclusión, a lo largo del trámite no acreditó ningún peligro real o concreto, sino que se basó en meras suposiciones. Como consecuencia, la Sala no analizará su solicitud referente a que en caso de conceptuar favorablemente la extradición de DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, se le permita ejercer su derecho a la defensa desde Colombia, y en caso de que sea condenado en el país requirente por los delitos en los que se fundamenta esta solicitud, le sea posible cumplir su condena en el país requerido. 4.3.

Conclusión Del análisis realizado, se concluye que se satisfacen los presupuestos requeridos por la normativa constitucional y convencional para acceder al requerimiento realizado por el Gobierno de la República de Chile en el marco de los acuerdos de cooperación internacional. V. CONDICIONES QUE DEBE IMPONER EL GOBIERNO SI AUTORIZA LA EXTRADICIÓN Toda vez que DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO es un ciudadano colombo-venezolano, su entrega, de llegar a autorizarse, deberá ser sometida a estos condicionamientos:  No podrá imponerse pena de muerte ni prisión perpetua.

Asimismo, el requerido no podrá ser sometido a CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 25 desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  No podrá ser juzgado por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997 o por hechos distintos a los que originaron la reclamación.  Deberán respetarse las prerrogativas inherentes a su condición de procesado, en particular, a que se le garantice el acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, un defensor designado por ella o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que preparé su defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal superior y que esta tenga la finalidad esencial de readaptación social.  El país reclamante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, deberá ofrecer posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, comoquiera que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 26  El Estado requirente deberá garantizar al solicitado su permanencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser sobreseído, absuelto, declarado inocente o por situaciones similares que conduzcan a su libertad.  En caso de ser condenado por los cargos que motivan la solicitud, el Estado requirente deberá tener en cuenta como parte cumplida de la pena, el tiempo que el requerido haya permanecido privado de la libertad con motivo de este trámite de extradición.  Remitir copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales del Estado requirente, debido a los cargos que aquí se le imputan.

Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional deberá efectuar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se imponen a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo señalado en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Nacional. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República de Chile, respecto del CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 27 ciudadano colombo-venezolano DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO, por la presunta comisión de los delitos de homicidio de carabinero y porte ilegal de armas de fuego.

Comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al Ministerio Público, a la Fiscal General de la Nación y a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia. Presidente de la Sala Aclaración de voto CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 28 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: FD10CF557E19B3C633DDB637B0A7471EA274DA783540FF116806C875DAB3F999 Documento generado en 2024-11-12 CUI 11001020400020240109500 EXTRADICIÓN NO. 66426 DAYONIS JUNIOR OROZCO CASTILLO 29