CP198-2024(65620) — Corte Suprema

CP198-2024(65620)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2024

Magistrado ponente: Carlos Roberto Solórzano Garavito

Decreto 1067 de 2015Decreto 2840 de 2013Decreto 869 de 2016Ley 1200 de 2008Ley 527 de 1999Ley 599 de 2000Ley 733 de 2002Ley 890 de 2004Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: EXTRADICIÓN - Las normas del Código de Procedimiento Penal son normas supletorias / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: deber de verificarlas Tesis: «La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en relación con el trámite de extradición, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el cual los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la ley rige de manera «subsidiaria o supletoria». La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está por tanto en el deber de verificar, en primer orden, el cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política para enseguida realizar un análisis formal del pedido de extradición. No podrá por tanto emitir concepto favorable si constata que la solicitud puesta a su consideración desconoce la normativa superior. Este entendimiento se basa en el mandato constitucional y el hecho de ser esta Corporación órgano límite de la jurisdicción ordinaria, que le impone la salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 4º y 230 ibídem, sobre los fines esenciales del Estado Social de Derecho, la supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica y la autonomía de la función judicial». EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: aplicables a ciudadanos extranjeros / EXTRADICIÓN - Los delitos endilgados no constituyen delito político / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: garantía de no extradición del Acto Legislativo 01 de 2017, no se configura Tesis: «El artículo 35 de la Constitución Política dispone que «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana»; «no procederá por delitos políticos» y tampoco cuando «se trate de hechos cometidos con anterioridad» al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997. De tales aspectos solo es procedente valorar para el caso el segundo, por ser la requerida de nacionalidad venezolana. Así, sobre la exigencia relativa a que los delitos que sirvan de fundamento a la petición de extradición no tengan el carácter de políticos, se tiene que, de acuerdo con los cargos endilgados a la reclamada, ésta habría cometido las conductas de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada». Es claro que tales comportamientos no envuelven la condición de político o de opinión, ni están relacionadas con las infracciones a la ley establecidas en el Título XVIII de la Ley 599 de 2000, que define los tipos contra el régimen constitucional y legal; por ende, se cumple la exigencia precitada. Tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente indicio alguno de que la requerida tenga tal condición y aquella no realizó manifestación en ese sentido». EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia / EXTRADICIÓN - Non bis in ídem: procedencia, exclusivamente frente a sentencias ejecutoriadas que hayan hecho tránsito a cosa juzgada / EXTRADICIÓN - Non bis in ídem: no se vulnera Tesis: «La Corte ha sostenido que ese axioma se puede erigir en causal de improcedencia de la extradición, sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ejecutoriada, respecto de los hechos por los cuales se requiere a la persona, que tenga igual fuerza vinculante. En este caso, no se tiene conocimiento de que J.B.B.P. esté siendo procesada o haya sido juzgada en Colombia por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición, pues la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN-, en respuesta al requerimiento efectuado, refirieron que, una vez consultada la información sistematizada de antecedentes, la reclamada no registra anotaciones penales, sino únicamente la orden de captura con base en este trámite. En razón a lo anterior, no se advierte que, contra la requerida, Colombia haya ejercido su jurisdicción por los mismos hechos por los que fue pedida en extradición, de ahí que no se cumple el aludido presupuesto para emitir concepto desfavorable. Por tanto, es claro que en este caso el pedido de extradición no contraviene las limitaciones contenidas en la Constitución Política y, por esa razón, la Sala procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos legales». EXTRADICIÓN - Venezuela: normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Las normas del Código de Procedimiento Penal son normas supletorias / EXTRADICIÓN - Venezuela: requisitos / EXTRADICIÓN - Venezuela: Acuerdo Bolivariano Tesis: «El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el instrumento internacional aplicable es el «Acuerdo sobre extradición», adoptado el 18 de julio de 1911 en Caracas. El artículo VI del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, exige que la solicitud se formule por la vía diplomática. El canon VIII, señala que se debe allegar con la petición, copia autenticada de la sentencia si hubiere sido condenado o del auto de detención dictado por la autoridad competente, con la designación del delito que lo motivó, así como la fecha de su perpetración. También, las señas de la persona reclamada y el texto de las disposiciones legales aplicables al caso. El apartado en cita exige, de igual manera, la incorporación de las declaraciones o pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado la determinación de privación de la libertad, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado, pues, como bien advierte el canon I del Tratado, «para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio». Por otra parte, cabe anotar, que en este caso también son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004 , que no se opongan al Acuerdo sobre Extradición de 1911, según lo previsto en el inciso tercero del artículo VIII de ese Tratado . Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición de la ciudadana venezolana J.B.B.P., verificando para el efecto: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud, b) la identidad plena de la solicitada, c) el cumplimiento del principio de la doble incriminación, d) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y e) examinará si con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables al caso, existe alguna causal que impida conceder la extradición». EXTRADICIÓN - Solicitud: realizada por los canales diplomáticos / EXTRADICIÓN - Venezuela: validez formal de la documentación Tesis: «Con fundamento en lo preceptuado en el artículo VI del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, la solicitud debe efectuarse por vía diplomática aportando copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente, con la designación exacta del delito que lo motiva, su fecha de perpetración, las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, las señas de la persona reclamada y las normas sobre prescripción. Así las cosas, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que la solicitud fue presentada por la vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Junto con la comunicación diplomática de formalización de la petición, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país aportó: (i) Copia de la solicitud de orden de aprehensión suscrita por la Fiscalía Sexagésima Novena (69) del Ministerio Público de Venezuela . (ii) Resolución Orden de aprehensión del 28 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 236 del Código Orgánico Procesal de Venezuela . (iii) Orden de aprehensión N° 194-2021 del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela . (iv) Copia de la petición del 29 de noviembre de 2022 , elevada por el Fiscal General de la República de Venezuela a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, a fin de que se declare la procedencia de la solicitud de extradición de J.B.B.P. ante las autoridades colombianas. (v) Pronunciamiento emitido el 7 de diciembre de 2023 por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a través del cual declaró procedente solicitar a Colombia, la extradición de la ciudadana venezolana J.B.B.P.. (vi) Disposiciones legales aplicables al caso en materias de competencia, prescripción y descripción del delito . La documentación destacada contiene la relación de los hechos imputados, las conductas que se le atribuyen a J.B.B.P., su fecha de realización, los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por la autoridad foránea para dictar la orden de aprehensión, los datos personales que permiten identificar a la reclamada y la normatividad aplicable al caso. En esas condiciones, se verifica satisfecho el requisito relativo a la validez formal de la documentación, la cual se torna apta y suficiente para ser considerada por la Corte». EXTRADICIÓN - Venezuela: identidad del requerido / EXTRADICIÓN - Nacionalidad del requerido: ciudadano extranjero Tesis: «Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país requirente, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad. Por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquel cuya entrega se encuentra en curso de resolver. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la entrega de la ciudadana de ese país, J.B.B.P., portadora de la cédula de identidad de Venezuela No. [...]. Luego de realizar un detallado análisis de la carpeta física se logró constar la existencia de copia del pasaporte N° [...] y de la cédula de identidad [...] a nombre de J.B.B.P., de igual forma se observó el acta de notificación de derechos del capturado, el acta de notificación de captura con fines de extradición, el acta de notificación de derechos del retenido, la constancia de buen trato, acta de notificación consular, el informe pericial de clínica forense, en donde la retenida se identificó como J.B.B.P., de nacionalidad venezolana y nacida el 4 de abril de 1986. Así mismo obra informe de investigador de laboratorio FPJ-13 de 17 de noviembre de 2023 , en donde se concluyó: «Al analizar, comparar, evaluar y verificar las impresiones dactilares obrantes en la fotocopia de la foto cédula o Informe sobre Consulta Web a nombre de J.B.B.P., con número de documento 17641975 nacionalidad Venezuela (ítem 4.1), con las impresiones dactilares obrantes en el registro decadactilar diligenciado a nombre de la persona que se identificó como J.B.B.P., tipo/ número de documento CE 17641975 expedido en Venezuela (ítem 8.1.1), se CONCLUYE que CORRESPONDEN ENTRE SÍ, en su morfología, seguimiento en la trayectoria de las crestas papilares y en la ubicación topográfica de puntos característicos.» De igual manera, la requerida no ha manifestado no ser la persona solicitada en extradición y por el contrario anexó copia de los documentos presentados para pedir asilo diplomático ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que igualmente se identifica como J.B.B.P.. Esa información permite concluir que la persona detenida en Colombia es la misma que está siendo solicitada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente, también se cumple este requisito». EXTRADICIÓN - Venezuela: principio de doble incriminación, el máximo de la pena del delito en uno y otro Estado debe ser superior a 6 meses / EXTRADICIÓN - Normativa aplicable: corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuar sobre la vigencia de los tratados internacionales aplicables cuando de solicitudes de extradición se trata / EXTRADICIÓN - Venezuela: principio de doble incriminación, secuestro extorsivo / EXTRADICIÓN - Venezuela: principio de doble incriminación, extorsión / EXTRADICIÓN - Venezuela: principio de doble incriminación, concierto para delinquir / EXTRADICIÓN - Venezuela: principio de doble incriminación, terrorismo Tesis: «Frente a esta exigencia la Corporación examina si los comportamientos atribuidos a la reclamada como ilícitos en el país requirente tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima dispuesta en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso. En esta ocasión el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del oficio [...] del 16 de enero de 2024, afirmó que para el presente asunto «se encuentra vigente para los dos Estados, el "Acuerdo sobre extradición", adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911»; sin embargo no dijo nada respecto a la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional» aprobada el 15 de noviembre de 2000 en Nueva York por su Asamblea General, Convención que fue ratificada por la República Bolivariana de Venezuela el 13 de mayo de 2002 y por la República de Colombia el 4 de agosto de 2004. Ahora, sobre las normas aplicables en los casos que el Ministerio de Relaciones Exteriores omita alguna convención o acuerdo internacional sobre la materia que se debe estudiar, existen dos posturas de la Sala de Casación Penal. La primera, asume que el caso debe guiarse de manera irrestricta por el concepto emitido por el Ministerio. Así, en el CP083-2019 del 31 de julio de 2019 , se dijo: «Previo a analizar los anteriores puntos, conviene precisar al defensor que de conformidad con el numeral 11 el artículo 9º del Decreto 869 de 2016, por medio del cual, “se modificó la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones”, corresponde a la Dirección de Asuntos Internacionales de esa Cartera “adelantar los trámites que en materia de extradición activa y pasiva le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores”. A su turno, el canon 496 del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004- establece: “Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código”. A partir de lo anterior, es claro que es a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien corresponde conceptuar sobre la vigencia de los tratados internacionales aplicables cuando de solicitudes de extradición se trata. Procedimiento que se agotó en el presente asunto, con la expedición del oficio DIAJI nº 0013, mediante el cual, la citada dependencia certificó que entre las Repúblicas Helénica y de Colombia se encuentra vigente “La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada” y, por tanto, será este el documento al que se consultará para efectos del presente trámite.» No obstante, existe otra postura que expone la posición contraria. En efecto, en concepto CP042-2016, rad. Interno 47267 , del 20 abr., de 2016, se estableció: «Ahora bien, es necesario anotar que aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el tratado aplicable en este asunto sólo es el Acuerdo sobre Extradición de 1991, también lo es que, para los estados en mención (Colombia y Venezuela), se encuentra vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada el 15 de noviembre de 2000 en Nueva York por su Asamblea General, Convención que fue ratificada por la República Bolivariana de Venezuela el 13 de mayo de 2002 y por la República de Colombia el 4 de agosto de 2004 . Adicionalmente, cabe destacar que tal instrumento entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, de acuerdo con su artículo 38, tras haberse producido la ratificación por el cuadragésimo Estado parte.» Pues bien, en desarrollo del deber que recae en la Corte Suprema de Justicia de unificar su jurisprudencia, y en aras de establecer un parámetro de igualdad, lo que, a su vez, confiere seguridad jurídica a la aplicación del Derecho y permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas; además de honrar los compromisos que ha adquirido Colombia para la lucha contra diferentes formas de delincuencia, la Sala se decantó por la última de las tesis planteadas en la que se fijó esta postura, que es reciente y permite refrendar la línea (CSJ CP130-2024, Radicado Interno 64115, del 8 de mayo de 2024). Así, en materia de extradición, en el caso de existir una convención, acuerdo u otro mecanismo de colaboración bilateral o multilateral, que haya sido incorporado dentro del ordenamiento mediante la aprobación de las leyes internas, el mismo será aplicable, de manera subsidiaria, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores haya omitido su inclusión dentro del concepto previo que debe emitir, antes de enviar el asunto a esta Corporación para su estudio. Por lo anterior, para el caso se tendrán en cuenta los delitos regulados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, especialmente en lo relacionada con su artículo 16 numeral 2 que dictamina: «2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.» Ahora, el artículo 2°, literal b, define que es un delito grave: b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. En ese entendido para establecer si los hechos -presuntamente delictivos- que se le atribuyen a quien es reclamada en extradición en el país solicitante se consideran delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las conductas que sustentan la acusación foránea con las normas de orden interno, en aras de verificar si las últimas recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos (en idéntico sentido, CSJ CP081 - 2016 y CSJ CP068 - 2016, entre muchos otros). Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386), puesto que la Corte lo dicta dentro de un mecanismo de cooperación internacional, lo que para dicho propósito significa que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio. En el asunto, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con sede en Caracas, ordenó la aprehensión de J.B.B.P., previa solicitud hecha por la Fiscalía Sexagésima Novena (69) del Ministerio Público de Venezuela, teniendo como fundamento los siguientes hechos: «Mediante análisis telefónicos y trabajos de campo efectuados dio inicio la investigación penal correspondiente con la finalidad de lograr la identificación plena de los sujetos involucrados en el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) liderada por los sujetos apodados como “EL V”; “EL G” y “EL K” para ello en virtud de las órdenes impartidas por el ciudadano comisario de la División Nacional de Investigaciones Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas CICPC, de acuerdo a la investigación relacionada con los abonados números telefónicos involucrados en la presente investigación penal, y suministrados por los ciudadanos entrevistados quienes expresaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos, aportando que mencionados abonados números telefónicos son utilizados por el ciudadano: CLR titular de la cédula identidad número […] líder negativo de (G.E.D.O.) quien encabeza una organización delictiva que hace vida en el “Barrio […]” de la parroquia El […], Municipio […], Distrito Capital Caracas, de la cual se ha convertido en el transcurso del tiempo en una banda delictiva que se dedica a la comisión de diversos delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, tales como: Secuestro, Extorsión, Homicidios, Tráfico Ilícito De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas, Robo, Robo De Vehículos Automotores y Terrorismo, tal y como es un hecho público, notorio y comunicacional que ha generado zozobra y alarma pública en los habitantes y residentes de la referida zona, así como en el territorio nacional, la colectividad, que pone en riesgo la paz y tranquilidad de la población, así como la comisión de actos terroristas y presencia de delincuencia organizada en múltiples zonas del país. Específicamente se pudo conocer a través de medios de comunicación social y redes sociales tales como: Twitter, Facebook e Instagram, la existencia de la presente organización criminal que hace vida en el sector y sus ramificaciones en diversas entidades de nuestro país que ha generado un detrimento en la calidad de vida de la población. […] […] mediante actas de entrevistas suscritas por funcionarios adscritos a la División Nacional de Investigación Contra el Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se pudo obtener información suministrada por los ciudadanos entrevistados, quienes manifestaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de manera suficiente y precisa del conocimiento que tienen en relación a la identificación plena, características fisionómicas y lugar de residencia de los sujetos perteneciente al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) liderado por el ciudadano identificado como CLR, titular de la cédula de identidad número […] (ALIAS EL K), describiendo la comisión de hechos delictivos perpetrados por esta organización delictiva que opera en el “[…]”, específicamente lo relacionado con la comisión de distintos delitos de carácter grave, tales como extorsión, homicidio, obstrucción de la libertad de comercio, secuestro, tráfico ilícito de armas y municiones, entre otros; que han generado zozobra y alarma pública en distintas zonas de Caracas entre ellas, la parroquia de […] […], El […], lo cual ha sido de notorio impacto a través de las redes sociales y medios de comunicación social; ocasionando un detrimento en la que le da vida de los habitantes del sector, y afectación de la economía socio productiva de la entidad y de nuestro país; motivado al largo alcance y gran cantidad de miembros que pertenecen a esta organización criminal poniendo en riesgo a los habitantes las diferentes comunidades con ataques de armas largas y cortas, en el distribuidor del Paraíso, así como en el Boulevar del Cementerio adyacente a la […] 905, que ocasionaron una conmoción grave en nuestro país, durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio 2021, durante las 24 horas de los aludidos días, con distintas detonaciones y así sembrar el terror en la población y el estado venezolano. Cabe destacar que el mencionado grupo estructurado delincuencia organizada (G:E:D:O), se dedica a la Extorsión, Secuestro, Terrorismo, Homicidio, Obstrucción a la Libertad de Comercio, así como el Tráfico y Comercialización Ilícita de Armas y Municiones; de igual manera se obtuvo información por parte del ciudadano residente del mencionado sector, que este grupo estructurado delincuencia organizada llamada “EL K” es conformado por una cantidad numerosa de personas, entre ellos se hace mención a los siguientes integrantes: […] J.B.B.P., titular de la cédula de identidad N° [...], profesión u oficio: indefinido, nacionalidad venezolana.» Las circunstancias fácticas descritas precedentemente, fueron adecuadas típicamente por la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela, al dictar orden de aprehensión contra J.B.B.P. como coautora responsable de la presunta comisión de los delitos de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada para delinquir», los que la ley del vecino país tipifica de la siguiente forma: Secuestro y Extorsión, contenidos en los artículos 3° y 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, así: «Artículo 3: Quién ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años. Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien le existencia de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado o secuestrada. Artículo 16: Quién por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero; bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de 10 a 15 años. Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien asistencia a los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos.» Delitos de Asociación, Obstrucción a la libertad de comercio y Terrorismo, incluidos en los artículos 37, 50 y 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, así: «Artículo 37: Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para acometer uno o más delitos graves será, castigado por el solo hecho de la asociación con pena de 6 a 10 años de prisión.» Adicional a la mencionada norma el artículo 27 de la misma Ley prevé: «Artículo 27: Se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el código penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado en los términos señalados en esta Ley. Artículo 50: Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años. Artículo 52: El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista realice o trate a realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.» Las conductas delictivas imputadas a la ciudadana venezolana J.B.B.P. encuentran su equivalente en los artículos 169 -modificado por el artículo 1° de la Ley 1200 de 2008, 244 -modificado por el art. 5 de la Ley 733 de 2002 y el 14 de la Ley 890 de 2004, 340 -modificado por el art. 14 de la Ley 890 de 2004, y 343 - modificado por el art. 14 de la Ley 890 de 200, así: ARTÍCULO 169. SECUESTRO EXTORSIVO. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza. ARTÍCULO 244. EXTORSIÓN. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. ARTÍCULO 343. TERRORISMO. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este orden de ideas, a la Corte no le asiste ninguna duda de que el delito de secuestro agravado imputado a la requerida, se encuentra estipulado en el numeral 24 del art. II del Convenio Bolivariano y se adecúa al secuestro extorsivo del art. 169 de la Ley 599 de 2000. De igual forma la Extorsión Agravada y la obstrucción a la Libertad de Comercio se enlistan en el numeral 11 del mencionado artículo y corresponden al tipo establecido en el art. 244 del Código Penal patrio. Por su parte, la Asociación Agravada para delinquir, encuentra correspondencia en la Asociación de malhechores estipulada en el numeral 7° del art. II del convenio multilateral y el art. 340 de la Ley 599 de 2000. Respecto al delito de terrorismo, si bien no se encuentra tipificado en el Convenio Bolivariano de Extradición, tiene correspondencia con el art. 343 del Código Penal Colombiano que determina una pena de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses de prisión, sobrepasando lo determinado en el Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que también procede concepto favorable por ese comportamiento». EXTRADICIÓN - Venezuela: equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, auto de detención / EXTRADICIÓN - Acuerdo Bolivariano: verificación para dictar medida de aseguramiento Tesis: «El artículo VIII, del Convenio sobre Extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, dispone que el país reclamante deberá aportar, cuando se trate de una persona no condenada, original o copia del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo haya motivado, así como la fecha de su perpetración y las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en el caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado. Como se vio en páginas precedentes, la orden de aprehensión que emitió el 28 de octubre de 2021 el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, contra J.B.B.P. y los documentos que la complementan, contienen una indicación clara y precisa de los hechos que se le imputan a la reclamada, las circunstancias de tiempo y lugar en las que se ejecutaron las conductas punibles, las pruebas que respaldaron la privación de la libertad, la ubicación jurídica del comportamiento y las disposiciones legales aplicables. Ello muestra que el auto de detención dictado por la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela, cumple los requisitos formales y sustanciales exigidos en el instrumento internacional; y que, frente a los elementos probatorios que las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela poseen, en Colombia se adoptaría una decisión en igual sentido». EXTRADICIÓN - Venezuela: análisis de procedencia de la medida de aseguramiento en Colombia / EXTRADICIÓN - Acuerdo Bolivariano: verificación para dictar medida de aseguramiento Tesis: «El artículo I del Acuerdo Bolivariano de extradición prevé que «para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.» Al respecto, dentro del expediente se encontraron diferentes elementos de convicción ampliamente descritos tanto en la orden de aprehensión, como en la resolución judicial en la que se decreta, fueron enunciados como actas de investigación, de diferentes funcionarios de la División Nacional de Investigaciones Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). En las mencionadas actas se reflejan testimonios de víctimas, organigramas del grupo delincuencial con los datos de la mayoría de sus integrantes, entre los que se menciona a la requerida, datos de vehículos hurtados, víctimas y actividades delincuenciales, sobre todo las desarrolladas en el mes de julio de 2021. De la revisión de tales elementos, se permite concluir que, a partir de ellos, habría lugar a ordenar su captura y decretar su detención preventiva de conformidad con los artículos 169, 244 y 340 de la Ley 599 de 2000 y 313 del Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 del 2004), teniendo en cuenta, además, que la pena mínima prevista en los delitos por los que se ordenó la captura de J.B.B.P. superan ampliamente los seis (6) meses de prisión establecidos en el Convenio Bolivariano y son investigables de oficio. Esos elementos constituyen material probatorio suficiente para inferir que, en el supuesto de la comisión de ese comportamiento en Colombia, resultarían eficaces para solicitar la detención preventiva, en tanto indican la inferencia razonable de autoría, tal y como prescriben los artículos 308 y 313 del estatuto procesal penal». EXTRADICIÓN - Venezuela: causales de improcedencia / EXTRADICIÓN - Venezuela: causales de improcedencia, prescripción de la acción penal o la pena / PRESCRIPCIÓN - No se configura / EXTRADICIÓN - Venezuela: causales de improcedencia, delito político o conexos / EXTRADICIÓN - Venezuela: causales de improcedencia, persona juzgada por los mismos hechos ventilados en la solicitud / EXTRADICIÓN - Venezuela: causales de improcedencia, principio de doble incriminación, el máximo de la pena del delito en uno y otro Estado debe ser superior a 6 meses Tesis: «Prevén los artículos IV y V del Convenio sobre Extradición, que no procederá la misma en los siguientes casos: a) si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él; b) cuando la conducta esté sancionada con pena privativa de la libertad menor a seis meses; c) cuando según la Legislación del Estado al cual se dirige la solicitud, la acción o la pena hubieren prescrito y, d) cuando, por el mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido juzgada, amnistiada o indultada en el Estado requerido. Ninguno de estos motivos concurre en el caso en estudio, porque: a) «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada para delinquir», punibles atribuidos a la requerida por los que se emitirá concepto favorable, a partir de los hechos que se le atribuyen, no ostentan la característica de delito político, sino de delitos comunes. b) Además, la pena privativa de la libertad a imponer por dichas conductas es superior a seis meses. c) En atención a lo preceptuado en el literal b) del artículo V del mismo Acuerdo de 1911, en donde se advierte que se debe revisar que la acción o la pena no se encuentren prescritas según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud de extradición; se tiene que al acudir a lo preceptuado en el artículo 83 del Estatuto Punitivo Colombiano, se concluye que la acción penal, en el sub judice, no se ha extinguido por el paso del tiempo. En efecto, en dicha norma se establece: «La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. […] También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.» Los hechos imputados a la requerida según la orden de aprehensión ocurrieron en julio del año 2021, por lo que salta a la vista que ninguno de ellos estaría prescrito en nuestro país. d) No se observa que, por los mismos hechos, J.B.B.P. ya hubiere sido juzgada, amnistiada o indultada en Colombia, máxime que la Fiscalía y la DIJIN informaron, dentro del presente asunto, que no obraba en su contra, anotación de investigación por la posible comisión de delito alguno. En síntesis, no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la extradición, en los términos a los que se refiere el instrumento internacional aplicable». EXTRADICIÓN - Condición de refugiado: principio de no devolución a otro país, su aplicación compete al ejecutivo / EXTRADICIÓN - Pruebas: reconocimiento de la condición de refugiado del requerido: demostración / EXTRADICIÓN - Competencia de la Corte Suprema de Justicia: no le corresponde decidir ni opinar sobre la condición de refugiado del requerido, pues tal función es de competencia del Presidente de la República Tesis: «El apoderado de la requerida solicitó la emisión de concepto desfavorable con fundamento en que actualmente su procurada está adelantando el trámite de reconocimiento de su condición de refugiada ante la Cancillería de Colombia, así mismo solicitó su libertad inmediata. Respecto a la improcedencia del concepto favorable de extradición, la Corte de vieja data ha dicho que debe asegurarse de que el ciudadano requerido no ostente la calidad de refugiado, ya que tal condición implica para el Estado requerido la observancia de ciertos derechos y beneficios especiales que en el orden internacional están consagrados en favor de los refugiados, particularmente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 , de los que es parte Colombia (CSJ AP437, 13 feb. 2019, Rad. 54256). No obstante, en el caso particular, al requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si la requerida presentó petición de asilo, y el estado de ese trámite, con oficio [...] del 18 de marzo de 2023, contestó: «Nuestra Política Integral Migratoria (PIM) contenida en la Ley 2136 de 2021 “Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria del Estado colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones” consagra la existencia de dos figuras distintas de protección internacional: el asilo y el refugio. (…) Considerando entonces que se trata de dos figuras distintas, es preciso destacar que: 1. El procedimiento de refugio está reglamentado por el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, cuya competencia pertenece a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, y a este Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado que ejerce la Secretaría Técnica de la CONARE. 2. El procedimiento de asilo y las solicitudes que se tramiten en ese sentido escapan a la competencia de esta Dependencia.» Sobre la situación de J.B.B.P. aseveró que la solicitud fue radicada el 29 de noviembre de 2023, y mediante correo del 18 de marzo de 2024, se le informó que su solicitud de refugio sería sometida a consideración de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), a efectos de que se evalúe si procede o no la admisión de su petición. En cuanto al plazo para resolver la mencionada petición de asilo, manifestó: «Es preciso destacar que el decreto 1067 de 2015 no prevé termino para adelantar y/o tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, ni tampoco ni tampoco prevé un lapso para surtir cada una de las etapas que componen el procedimiento, entre ellas la “admisión de la solicitud”.» (Resaltado original del texto). Informó que en caso de que la CONARE decidiera admitir la solicitud para estudio, se continuaría con las etapas del procedimiento conforme lo dispuesto en el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015. Ahora bien, mediante correo electrónico del 7 de mayo de la presente anualidad el apoderado de J.B.B.P., remitió comunicación enviada a su procurada por parte de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), en donde le informaron que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada fue admitida y está pendiente la expedición del salvoconducto para la permanencia de la peticionaria y su familia. Lo anterior no implica que J.B.B.P. haya adquirido la condición de refugiada, sino que su solicitud fue admitida y debe continuar con las etapas establecidas en el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015. Por lo tanto, ante la falta de definición del estatus de refugiada, solicitado por J.B.B.P., la Sala debe reafirmar lo dicho en Concepto 53587 del 22 de abril de 2020, donde se trató un caso similar. Así se pronunció en aquella ocasión: «Así las cosas, aunque la Sala no desconoce que el estatus de refugiado conlleva una serie de derechos, entre ellos la aplicación del principio de no devolución, lo cierto es que en este caso no se ha otorgado a la requerida tal condición y en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República definir las políticas migratorias que regulen el ingreso, la permanencia y la salida de personas del territorio nacional, cuya coordinación la realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, de conformidad con las previsiones del Decreto 1067 de 2015 que a su vez compiló las disposiciones del Decreto 2840 de 2013, por medio del cual se “establece el Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado y otras disposiciones”; la aplicación del principio de no devolución recae exclusivamente en el Gobierno Nacional. Así las cosas, tratándose del mecanismo de cooperación internacional, a la Corte sólo le compete emitir un concepto restringido a los temas establecidos en el tratado que rija o, en su defecto, en el Código de Procedimiento Penal y dentro de los cuales no está determinar los efectos del aludido reconocimiento, ni de la aplicación del “principio de no devolución”. De tal manera, la eventual condición de refugiada de F.P.G.J. no impone una veda a la emisión del concepto favorable de extradición, tal como se explicó en pretérita oportunidad por la Sala en el concepto CP188-2019, con radicado (54476) del 9 de diciembre de 2019.» Desde esa perspectiva, la Corte no emitirá un pronunciamiento sobre el reconocimiento del estatus de refugiada. Primero, porque aquel es del resorte del Gobierno Nacional, según se explicó en el precedente acabado de citar; segundo, porque aquella solicitud aún no ha culminado la totalidad de las etapas correspondientes, en tanto no se han agotado las fases de (i) entrevista y (ii) estudio y decisión». EXTRADICIÓN - Condicionamientos Tesis: «De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional deberá exigirle al Estado requirente que la solicitada no sea condenada a pena de muerte, ni juzgada por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política. También le corresponde condicionar la entrega a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por la reclamada con ocasión de este trámite».

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente CP198-2024 Radicación N.° 65620 Acta No. 168 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024). VISTOS Procede la Corte a resolver sobre el concepto de extradición en relación con la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, requerida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

ANTECEDENTES Mediante Nota Verbal I.2023.CO No. 01531 del 22 de noviembre de 2023, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la detención preventiva con fines de extradición de la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 2 BRANDES PINTO, requerida por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada para delinquir».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución del 23 de noviembre de 2023, a través de la cual ordenó la captura con fines de extradición de la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, identificada con la cédula de identidad V-17.641.975 y pasaporte 108538832, documentos expedidos en la República Bolivariana de Venezuela, quien había sido detenida el 16 de noviembre de 2023, en virtud de la Notificación Roja de INTERPOL Nro.

A-9587/11-2022 publicada el 7 de noviembre de 2022, por solicitud de las autoridades de la República de Venezuela. A través de Nota Verbal No. I.2024.CO No. 00038 del 15 de enero de 20241, la representación diplomática del Estado solicitante formalizó la petición de extradición y allegó la documentación legalizada. Protocolizada la solicitud de entrega, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del oficio DIAJI-0204 del 16 de enero de 20242, conceptuó: 1 Cfr. Folio 45 carpeta física No. 1. 2 Cfr. Folio 44 carpeta física No. 1.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 3 «Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a las convenciones entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente para los dos Estados, el "Acuerdo sobre extradición", adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911.» Por lo antes expuesto, mediante oficio MJD-OFI24- 0002126-GEX-10100 del 24 de enero de 2024, el Ministerio de Justicia y del Derecho, al encontrar acreditados los requisitos formales, remitió a esta Corporación el expediente para que se emita concepto sobre la solicitud presentada por la República Bolivariana de Venezuela.

Actuación cumplida por la Corte La Corte, mediante auto del 31 de enero de 2024, requirió a JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO para que, en el término de tres días designara defensor que la representara al interior del proceso o, en su defecto, se solicitaría a la Defensoría del Pueblo el nombramiento de un abogado con la misma finalidad. Además, en dicho proveído se indicó que una vez cumplido lo anterior, se correría el traslado contemplado en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004, para solicitar pruebas.

En el mismo sentido, se notificó a la Procuraduría General de la Nación. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 4 El 6 de febrero de 2024, JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO fue notificada de la providencia antes mencionada, manifestando tener defensor de confianza, quien el día 8 de febrero de 2024 remitió poder para actuar en representación de la requerida y se notificó el 9 de febrero, por su parte el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, se notificó el 12 de febrero de la presente anualidad.

Por medio de auto del 22 de abril de 2024, se ordenó surtir el traslado previsto en el artículo 500 de la Ley 906 de 2004; y, dentro de la oportunidad otorgada, la defensa y el delegado del Ministerio Público realizaron postulaciones probatorias. Mediante auto del 7 de marzo de 2024, esta Sala decretó las relacionadas con la verificación de antecedentes penales y actuaciones en contra de la implicada, así como ordenó de oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores que informara si la solicitada en extradición JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, directamente o por conducto de su defensor, solicitó asilo al Estado colombiano. Mediante oficio 20240137473/DIJIN-ARAIC-GRUCI 1.9, del 2 de abril de 2024, la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e Interpol informó que en contra de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, identificada con la cédula de identidad V-17.641.975 y pasaporte 108538832, solo encontró la orden de captura relacionada con este proceso de extradición. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 5 Así mismo, la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio No. DAUITA-2927 del 21 de marzo de 2024, aseveró que, una vez consultados los sistemas misionales SPOA y SIJUF, no encontró registros de vinculación con el nombre de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO a procesos penales.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de oficio S_GDCR-24-008306 del 18 de marzo 2024, manifestó que esa entidad se encarga de tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, cuyas circunstancias del solicitante se ajusten a los requisitos legales dispuestos en el Decreto 1067 de 2015 o demás normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

Que, en tal sentido, la concesión del estatus de refugiado está supeditada al estudio de la solicitud, mediante el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa, cuya decisión es adoptada por el titular de ese Ministerio, previa recomendación por parte de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), de acuerdo con el análisis adelantado y la superación de todas y cada una de las etapas del procedimiento.

Aclaró que las mencionadas etapas son: i) Radicación de la solicitud, ii) Admisión de la solicitud, iii) Expedición de salvoconductos, iv) Entrevista y v) Estudio y decisión. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 6 Sobre la situación de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO informó, lo siguiente: «Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2023, la señora JOSEPH BETZABE BANDRES PINTO, identificada con pasaporte venezolano No. 108538832, remitió a este Ministerio solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, a través del formulario dispuesto para tal fin, esto es, el formato DP-FO-273 “Formulario de solicitud de Reconocimiento de la Solicitud de Refugiado”.

En correos electrónicos del 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2023, así como en correos del 5 de febrero, 9 de febrero y 18 de marzo de 2024, enviados a la cuenta josephbetzabebandres@gmail.com, este Despacho requirió a la extranjera para que procediera tanto con el correcto diligenciamiento del formulario DP-FO-273, como con la acreditación de su apoderado KALEV GIRALDO ESCOBAR.

Una vez completados los requisitos de la solicitud y de la representación por parte de la interesada, este Despacho procedió a responder a la extranjera en correo del 18 de marzo de 2024, informándole que su solicitud de refugio será sometida a consideración de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), a efectos de que la Comisión evalúe si procede o no la admisión de su solicitud de refugio.

La decisión que se adopte le será comunicada a la interesada al correo electrónico autorizado para tales efectos. Igualmente señaló que el Decreto 1067 de 2015, no prevé término para adelantar y/o tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, toda vez que se estudian y analizan a la luz de lo previsto en los instrumentos internacionales y la normativa interna que regula la materia.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 7 Alegatos de conclusión: El 22 de abril de 2024, se ordenó traslado para alegatos de cierre. El Ministerio Público, representado por el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, resumió la actuación adelantada y los documentos aportados por el Gobierno requirente, realizó un recuento de las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para la emisión del concepto por parte de la Corte, y afirmó que ningún obstáculo obra en relación con la presente solicitud.

Respecto de la normatividad aplicable, señaló que se encuentra vigente entre Colombia y la República de Venezuela el “Acuerdo de Extradición” suscrito el 18 de julio de 1911, en Caracas - Venezuela. En cuanto a la validez formal de la documentación aportada, destacó que la solicitud debe efectuarse por vía diplomática, como en efecto ocurrió, radicada por conducto de la Embajada de la República de Venezuela ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Igualmente, afirmó que se acreditó la plena identidad y se trata de la misma persona pedida en extradición, dado que, según informe de dactiloscopia forense del 17 de diciembre de 2023, se encontró uniprocedencia al realizar la confrontación de las huellas. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 8 En cuanto al principio de la doble incriminación, sostuvo que el gobierno requirente solicita en extradición a JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, por comportamientos que se encuentran tipificados en Colombia como secuestro simple, extorsión, concierto para delinquir y terrorismo los cuales se encuadran en la legislación colombiana en los artículos 168, 244, 340 y 343 del Código Penal, injustos que, además, satisfacen los límites mínimos de las penas de prisión establecidas.

En relación con la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, encontró satisfecha esta exigencia, porque el pronunciamiento judicial remitido por el país requirente contiene los comportamientos endilgados, la respectiva adecuación típica, y tiene como propósito dar lugar a la etapa de juicio, en cuyo caso, en Colombia, la acusación tiene igual cometido.

Finalmente, pidió que se emita concepto favorable a la extradición de JOSEPH BETZABE BRADES PINTO, en razón al cargo formulado y exhortó a esta Corporación para que, en caso afirmativo, se condicione su entrega a que el Gobierno del país requirente respete los derechos y garantías propias consagradas en los artículos 11, 12 y 34 de la Carta Política Colombiana.

Por su parte, la defensa de la requerida en síntesis solicitó que, dado que su procurada se encuentra en el trámite CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 9 de reconocimiento de la condición de refugiada ante la Cancillería Colombiana, se emita concepto negativo para su extradición por cuanto se encuentra amparada por el derecho a la no devolución. CONSIDERACIONES Aspectos generales.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que, en relación con el trámite de extradición, la Constitución estableció un sistema estricto de fuentes formales y materiales, en el cual los tratados públicos se aplican de forma «principal y preferencial» y la ley rige de manera «subsidiaria o supletoria». La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia está por tanto en el deber de verificar, en primer orden, el cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política para enseguida realizar un análisis formal del pedido de extradición. No podrá por tanto emitir concepto favorable si constata que la solicitud puesta a su consideración desconoce la normativa superior.

Este entendimiento se basa en el mandato constitucional y el hecho de ser esta Corporación órgano límite de la jurisdicción ordinaria, que le impone la salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales de todas las personas, de conformidad con los artículos 1º, 2º, 4º y 230 ibídem, sobre los fines esenciales del Estado Social de Derecho, la CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 10 supremacía de la Constitución Política frente a cualquier otra norma jurídica y la autonomía de la función judicial.

Verificación de las condiciones constitucionales impeditivas de la extradición El artículo 35 de la Constitución Política dispone que «la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana»; «no procederá por delitos políticos» y tampoco cuando «se trate de hechos cometidos con anterioridad» al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo No. 01 de 1997.

De tales aspectos solo es procedente valorar para el caso el segundo, por ser la requerida de nacionalidad venezolana. Así, sobre la exigencia relativa a que los delitos que sirvan de fundamento a la petición de extradición no tengan el carácter de políticos, se tiene que, de acuerdo con los cargos endilgados a la reclamada, ésta habría cometido las conductas de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada».

Es claro que tales comportamientos no envuelven la condición de político o de opinión, ni están relacionadas con las infracciones a la ley establecidas en el Título XVIII de la Ley 599 de 2000, que define los tipos contra el régimen constitucional y legal; por ende, se cumple la exigencia precitada. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 11 Tampoco opera la prohibición de conceder la extradición de integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, en razón a que no obra en el expediente indicio alguno de que la requerida tenga tal condición y aquella no realizó manifestación en ese sentido.

Non bis in ídem La Corte ha sostenido que ese axioma se puede erigir en causal de improcedencia de la extradición, sólo si para el momento en que se emite el concepto existe cosa juzgada, es decir, si media sentencia en firme o providencia ejecutoriada, respecto de los hechos por los cuales se requiere a la persona, que tenga igual fuerza vinculante.

En este caso, no se tiene conocimiento de que JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO esté siendo procesada o haya sido juzgada en Colombia por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición, pues la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -DIJIN-, en respuesta al requerimiento efectuado, refirieron que, una vez consultada la información sistematizada de antecedentes, la reclamada no registra anotaciones penales, sino únicamente la orden de captura con base en este trámite.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 12 En razón a lo anterior, no se advierte que, contra la requerida, Colombia haya ejercido su jurisdicción por los mismos hechos por los que fue pedida en extradición, de ahí que no se cumple el aludido presupuesto para emitir concepto desfavorable. Por tanto, es claro que en este caso el pedido de extradición no contraviene las limitaciones contenidas en la Constitución Política y, por esa razón, la Sala procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.

Verificación del cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud de extradición El Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el instrumento internacional aplicable es el «Acuerdo sobre extradición», adoptado el 18 de julio de 1911 en Caracas. El artículo VI del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, exige que la solicitud se formule por la vía diplomática.

El canon VIII, señala que se debe allegar con la petición, copia autenticada de la sentencia si hubiere sido condenado o del auto de detención dictado por la autoridad competente, con la designación del delito que lo motivó, así como la fecha de su perpetración. También, las señas de la persona reclamada y el texto de las disposiciones legales aplicables al caso.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 13 El apartado en cita exige, de igual manera, la incorporación de las declaraciones o pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado la determinación de privación de la libertad, en caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado, pues, como bien advierte el canon I del Tratado, «para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio».

Por otra parte, cabe anotar, que en este caso también son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 20043, que no se opongan al Acuerdo sobre Extradición de 1911, según lo previsto en el inciso tercero del artículo VIII de ese Tratado4. Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición de la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, verificando para el efecto: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud, b) la identidad plena de la solicitada, c) el cumplimiento del principio de la doble incriminación, d) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y e) examinará si con arreglo a los instrumentos internacionales aplicables al caso, existe alguna causal que impida conceder la extradición. 3 Vigente para el momento en que inició el trámite. 4 «La extradición de los prófugos, en virtud de las estipulaciones del presente tratado se verificará de conformidad con las leyes de extradición del Estado al cual se haga la demanda».

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 14 Validez formal de la documentación presentada Con fundamento en lo preceptuado en el artículo VI del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, la solicitud debe efectuarse por vía diplomática aportando copia auténtica del auto de detención emanado de juez competente, con la designación exacta del delito que lo motiva, su fecha de perpetración, las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado, las señas de la persona reclamada y las normas sobre prescripción. Así las cosas, la Corte constata el cumplimiento de tal exigencia toda vez que la solicitud fue presentada por la vía diplomática, esto es, fue radicada por conducto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Junto con la comunicación diplomática de formalización de la petición, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país aportó: (i) Copia de la solicitud de orden de aprehensión suscrita por la Fiscalía Sexagésima Novena (69) del Ministerio Público de Venezuela5. (ii) Resolución Orden de aprehensión del 28 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con 5 Cfr. Folio 52 al 206 carpeta física No. 1.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 15 Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 236 del Código Orgánico Procesal de Venezuela6. (iii) Orden de aprehensión N° 194-2021 del 28 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela7.

(iv) Copia de la petición del 29 de noviembre de 20228, elevada por el Fiscal General de la República de Venezuela a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, a fin de que se declare la procedencia de la solicitud de extradición de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO ante las autoridades colombianas. (v) Pronunciamiento emitido el 7 de diciembre de 20239 por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a través del cual declaró procedente solicitar a Colombia, la extradición de la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO. 6 Cfr. Folio 207 al 276 carpeta física No. 2. 7 Cfr. Folio 207 al 276 carpeta física No. 2. 8 Cfr. Folio 311 al 326 carpeta física No. 2. 9 Cfr. Folio 329 al 397 carpeta física No. 2.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 16 (vi) Disposiciones legales aplicables al caso en materias de competencia, prescripción y descripción del delito10. La documentación destacada contiene la relación de los hechos imputados, las conductas que se le atribuyen a JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, su fecha de realización, los elementos materiales probatorios tenidos en cuenta por la autoridad foránea para dictar la orden de aprehensión, los datos personales que permiten identificar a la reclamada y la normatividad aplicable al caso.

En esas condiciones, se verifica satisfecho el requisito relativo a la validez formal de la documentación, la cual se torna apta y suficiente para ser considerada por la Corte. Plena identidad de la persona solicitada Esta exigencia se orienta a establecer si la persona procesada (acusada o condenada) en el país requirente, es la misma sometida al trámite de extradición, lo cual implica conocer su verdadera identidad.

Por lo tanto, el requisito se cumple cuando existe plena coincidencia entre el individuo solicitado y aquel cuya entrega se encuentra en curso de resolver. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la entrega de la ciudadana de ese país, JOSEPH 10 Cfr. Folio 402 al 421 carpeta física No. 2. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 17 BETZABE BRANDES PINTO, portadora de la cédula de identidad de Venezuela No. V-17.641.975.

Luego de realizar un detallado análisis de la carpeta física se logró constar la existencia de copia del pasaporte N° 108538832 y de la cédula de identidad V-17.641.97511 a nombre de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, de igual forma se observó el acta de notificación de derechos del capturado, el acta de notificación de captura con fines de extradición, el acta de notificación de derechos del retenido, la constancia de buen trato, acta de notificación consular, el informe pericial de clínica forense, en donde la retenida se identificó como JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, de nacionalidad venezolana y nacida el 4 de abril de 1986.

Así mismo obra informe de investigador de laboratorio FPJ-13 de 17 de noviembre de 202312, en donde se concluyó: «Al analizar, comparar, evaluar y verificar las impresiones dactilares obrantes en la fotocopia de la foto cédula o Informe sobre Consulta Web a nombre de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, con número de documento 17641975 nacionalidad Venezuela (ítem 4.1), con las impresiones dactilares obrantes en el registro decadactilar diligenciado a nombre de la persona que se identificó como JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, tipo/ número de documento CE 17641975 expedido en Venezuela (ítem 8.1.1), se CONCLUYE que CORRESPONDEN ENTRE SÍ, en su morfología, seguimiento en la trayectoria de las crestas papilares y en la ubicación topográfica de puntos característicos.» 11 Cfr. Folios 21 y 21 vto carpeta física No. 1. 12 Cfr. Folios 24 y 25 carpeta física No. 1.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 18 De igual manera, la requerida no ha manifestado no ser la persona solicitada en extradición y por el contrario anexó copia de los documentos presentados para pedir asilo diplomático ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que igualmente se identifica como JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO.

Esa información permite concluir que la persona detenida en Colombia es la misma que está siendo solicitada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente, también se cumple este requisito. La doble incriminación de la conducta imputada Frente a esta exigencia la Corporación examina si los comportamientos atribuidos a la reclamada como ilícitos en el país requirente tienen en Colombia la misma connotación, es decir, si son considerados delitos y, de ser así, si conllevan la pena mínima dispuesta en el tratado o en el Código de Procedimiento Penal, según sea el caso.

En esta ocasión el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del oficio DIAJI-0204 del 16 de enero de 2024, afirmó que para el presente asunto «se encuentra vigente para los dos Estados, el "Acuerdo sobre extradición", adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911»; sin embargo no dijo nada respecto a la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional» aprobada el 15 de CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 19 noviembre de 2000 en Nueva York por su Asamblea General, Convención que fue ratificada por la República Bolivariana de Venezuela el 13 de mayo de 2002 y por la República de Colombia el 4 de agosto de 2004.

Ahora, sobre las normas aplicables en los casos que el Ministerio de Relaciones Exteriores omita alguna convención o acuerdo internacional sobre la materia que se debe estudiar, existen dos posturas de la Sala de Casación Penal. La primera, asume que el caso debe guiarse de manera irrestricta por el concepto emitido por el Ministerio. Así, en el CP083-2019 del 31 de julio de 201913, se dijo: «Previo a analizar los anteriores puntos, conviene precisar al defensor que de conformidad con el numeral 11 el artículo 9º del Decreto 869 de 2016, por medio del cual, “se modificó la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones”, corresponde a la Dirección de Asuntos Internacionales de esa Cartera “adelantar los trámites que en materia de extradición activa y pasiva le correspondan al Ministerio de Relaciones Exteriores”.

A su turno, el canon 496 del Código de Procedimiento Penal - Ley 906 de 2004- establece: “Concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código”. 13 Posición ratificada en CSJ AP4317-2019, CSJ AP4670-2019, CSJ AP4657-2019, CSJ AP4904-2019, CSJ CP145-2020 y CSJ AP2836-2022.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 20 A partir de lo anterior, es claro que es a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores a quien corresponde conceptuar sobre la vigencia de los tratados internacionales aplicables cuando de solicitudes de extradición se trata.

Procedimiento que se agotó en el presente asunto, con la expedición del oficio DIAJI nº 0013, mediante el cual, la citada dependencia certificó que entre las Repúblicas Helénica y de Colombia se encuentra vigente “La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada” y, por tanto, será este el documento al que se consultará para efectos del presente trámite.» No obstante, existe otra postura que expone la posición contraria.

En efecto, en concepto CP042-2016, rad. Interno 4726714, del 20 abr., de 2016, se estableció: «Ahora bien, es necesario anotar que aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el tratado aplicable en este asunto sólo es el Acuerdo sobre Extradición de 1991, también lo es que, para los estados en mención (Colombia y Venezuela), se encuentra vigente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional aprobada el 15 de noviembre de 2000 en Nueva York por su Asamblea General, Convención que fue ratificada por la República Bolivariana de Venezuela el 13 de mayo de 2002 y por la República de Colombia el 4 de agosto de 200415.

Adicionalmente, cabe destacar que tal instrumento entró en vigor el 29 de septiembre de 2003, de acuerdo con su artículo 38, tras haberse producido la ratificación por el cuadragésimo Estado parte.» Pues bien, en desarrollo del deber que recae en la Corte Suprema de Justicia de unificar su jurisprudencia, y en aras 14 Ver también CP024-2015, rad interno 42380, del 11-03-2015 y CP033-2016, rad.

Interno 47244 del 6-04-2016. 15 Frente a casos en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ha guardado silencio sobre un Tratado y la Sala de Casación Penal le ha dado aplicación, ver CSJ CP, 28 ene. 2004, rad. 21227 y CSJ CP, 21 oct. 2009, rad. 31663, entre otros. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 21 de establecer un parámetro de igualdad, lo que, a su vez, confiere seguridad jurídica a la aplicación del Derecho y permite que los usuarios de la administración de justicia puedan tener confianza legítima sobre las normas que regulan sus relaciones jurídicas; además de honrar los compromisos que ha adquirido Colombia para la lucha contra diferentes formas de delincuencia, la Sala se decantó por la última de las tesis planteadas en la que se fijó esta postura, que es reciente y permite refrendar la línea (CSJ CP130-2024, Radicado Interno 64115, del 8 de mayo de 2024).

Así, en materia de extradición, en el caso de existir una convención, acuerdo u otro mecanismo de colaboración bilateral o multilateral, que haya sido incorporado dentro del ordenamiento mediante la aprobación de las leyes internas, el mismo será aplicable, de manera subsidiaria, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores haya omitido su inclusión dentro del concepto previo que debe emitir, antes de enviar el asunto a esta Corporación para su estudio.

Por lo anterior, para el caso se tendrán en cuenta los delitos regulados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, especialmente en lo relacionada con su artículo 16 numeral 2 que dictamina: «2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios delitos graves distintos, algunos de los cuales no estén comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de estos últimos delitos.» CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 22 Ahora, el artículo 2°, literal b, define que es un delito grave: b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave.

En ese entendido para establecer si los hechos - presuntamente delictivos- que se le atribuyen a quien es reclamada en extradición en el país solicitante se consideran delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las conductas que sustentan la acusación foránea con las normas de orden interno, en aras de verificar si las últimas recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos (en idéntico sentido, CSJ CP081 – 2016 y CSJ CP068 – 2016, entre muchos otros).

Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386), puesto que la Corte lo dicta dentro de un mecanismo de cooperación internacional, lo que para dicho propósito significa que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio.

En el asunto, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con sede en Caracas, ordenó la aprehensión de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, previa solicitud hecha CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 23 por la Fiscalía Sexagésima Novena (69) del Ministerio Público de Venezuela, teniendo como fundamento los siguientes hechos: «Mediante análisis telefónicos y trabajos de campo efectuados dio inicio la investigación penal correspondiente con la finalidad de lograr la identificación plena de los sujetos involucrados en el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) liderada por los sujetos apodados como “EL VAMPI”;

“EL GALVIS” y “EL KOKI” para ello en virtud de las órdenes impartidas por el ciudadano comisario de la División Nacional de Investigaciones Contra Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas CICPC, de acuerdo a la investigación relacionada con los abonados números telefónicos involucrados en la presente investigación penal, y suministrados por los ciudadanos entrevistados quienes expresaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos, aportando que mencionados abonados números telefónicos son utilizados por el ciudadano: CARLOS LUIS REVETE titular de la cédula identidad número […] líder negativo de (G.E.D.O.) quien encabeza una organización delictiva que hace vida en el “Barrio COTA 905” de la parroquia El Paraíso, Municipio Libertador, Distrito Capital Caracas, de la cual se ha convertido en el transcurso del tiempo en una banda delictiva que se dedica a la comisión de diversos delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, tales como: Secuestro, Extorsión, Homicidios, Tráfico Ilícito De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas, Robo, Robo De Vehículos Automotores y Terrorismo, tal y como es un hecho público, notorio y comunicacional que ha generado zozobra y alarma pública en los habitantes y residentes de la referida zona, así como en el territorio nacional, la colectividad, que pone en riesgo la paz y tranquilidad de la población, así como la comisión de actos terroristas y presencia de delincuencia organizada en múltiples zonas del país. Específicamente se pudo conocer a través de medios de comunicación social y redes sociales tales como: Twitter, Facebook e Instagram, la existencia de CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 24 la presente organización criminal que hace vida en el sector y sus ramificaciones en diversas entidades de nuestro país que ha generado un detrimento en la calidad de vida de la población. […] […] mediante actas de entrevistas suscritas por funcionarios adscritos a la División Nacional de Investigación Contra el Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se pudo obtener información suministrada por los ciudadanos entrevistados, quienes manifestaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de manera suficiente y precisa del conocimiento que tienen en relación a la identificación plena, características fisionómicas y lugar de residencia de los sujetos perteneciente al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) liderado por el ciudadano identificado como CARLOS LUIS REVETE, titular de la cédula de identidad número […] (ALIAS EL KOKI), describiendo la comisión de hechos delictivos perpetrados por esta organización delictiva que opera en el “BARRIO COTA 905”, específicamente lo relacionado con la comisión de distintos delitos de carácter grave, tales como extorsión, homicidio, obstrucción de la libertad de comercio, secuestro, tráfico ilícito de armas y municiones, entre otros; que han generado zozobra y alarma pública en distintas zonas de Caracas entre ellas, la parroquia de La Vega, El Paraíso, El Valle, lo cual ha sido de notorio impacto a través de las redes sociales y medios de comunicación social; ocasionando un detrimento en la que le da vida de los habitantes del sector, y afectación de la economía socio productiva de la entidad y de nuestro país; motivado al largo alcance y gran cantidad de miembros que pertenecen a esta organización criminal poniendo en riesgo a los habitantes las diferentes comunidades con ataques de armas largas y cortas, en el distribuidor del Paraíso, así como en el Boulevar del Cementerio adyacente a la Cota 905, que ocasionaron una conmoción grave en nuestro país, durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio 2021, durante las 24 horas de los aludidos días, con distintas detonaciones y así sembrar el terror en la población y el estado venezolano. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 25 Cabe destacar que el mencionado grupo estructurado delincuencia organizada (G:E:D:O), se dedica a la Extorsión, Secuestro, Terrorismo, Homicidio, Obstrucción a la Libertad de Comercio, así como el Tráfico y Comercialización Ilícita de Armas y Municiones; de igual manera se obtuvo información por parte del ciudadano residente del mencionado sector, que este grupo estructurado delincuencia organizada llamada “EL KOKI” es conformado por una cantidad numerosa de personas, entre ellos se hace mención a los siguientes integrantes: […] 45 JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, titular de la cédula de identidad N° V-17.641.975, profesión u oficio: indefinido, nacionalidad venezolana.» Las circunstancias fácticas descritas precedentemente, fueron adecuadas típicamente por la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela, al dictar orden de aprehensión contra JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO como coautora responsable de la presunta comisión de los delitos de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada para delinquir», los que la ley del vecino país tipifica de la siguiente forma: Secuestro y Extorsión, contenidos en los artículos 3° y 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, así: «Artículo 3: Quién ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas, por cualquier medio, a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 26 efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado o sancionada con prisión de veinte a treinta años.

Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien le existencia de los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado o secuestrada.

Artículo 16: Quién por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero; bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de 10 a 15 años.

Incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien asistencia a los supuestos previstos en este artículo, aun cuando el perpetrador o perpetradora no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos.» Delitos de Asociación, Obstrucción a la libertad de comercio y Terrorismo, incluidos en los artículos 37, 50 y 52 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, así: «Artículo 37: Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para acometer uno o más delitos graves será, castigado por el solo hecho de la asociación con pena de 6 a 10 años de prisión.» Adicional a la mencionada norma el artículo 27 de la misma Ley prevé: CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 27 «Artículo 27: Se consideran delitos de delincuencia organizada, además de los tipificados en esta Ley, todos aquellos contemplados en el código penal y demás leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado en los términos señalados en esta Ley.

Artículo 50: Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, será castigado con prisión de ocho (8) a diez (10) años. Artículo 52: El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista realice o trate a realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.» Las conductas delictivas imputadas a la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO encuentran su equivalente en los artículos 169 -modificado por el artículo 1° de la Ley 1200 de 2008, 244 -modificado por el art. 5 de la Ley 733 de 2002 y el 14 de la Ley 890 de 2004, 340 - modificado por el art. 14 de la Ley 890 de 2004, y 343 - modificado por el art. 14 de la Ley 890 de 200, así:

ARTÍCULO 169. SECUESTRO EXTORSIVO. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1200_2008.html#1 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0733_2002.html#5 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14 CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 28 Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito de obtener provecho económico bajo amenaza.

ARTÍCULO 244. EXTORSIÓN. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 343. TERRORISMO. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 29 procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y la multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este orden de ideas, a la Corte no le asiste ninguna duda de que el delito de secuestro agravado imputado a la requerida, se encuentra estipulado en el numeral 24 del art. II del Convenio Bolivariano y se adecúa al secuestro extorsivo del art. 169 de la Ley 599 de 2000.

De igual forma la Extorsión Agravada y la obstrucción a la Libertad de Comercio se enlistan en el numeral 11 del mencionado artículo y corresponden al tipo establecido en el art. 244 del Código Penal patrio. Por su parte, la Asociación Agravada para delinquir, encuentra correspondencia en la Asociación de malhechores estipulada en el numeral 7° del art. II del convenio multilateral y el art. 340 de la Ley 599 de 2000.

Respecto al delito de terrorismo, si bien no se encuentra tipificado en el Convenio Bolivariano de Extradición, tiene CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 30 correspondencia con el art. 343 del Código Penal Colombiano que determina una pena de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses de prisión, sobrepasando lo determinado en el Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, por lo que también procede concepto favorable por ese comportamiento.

Equivalencia de las decisiones. El artículo VIII, del Convenio sobre Extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, dispone que el país reclamante deberá aportar, cuando se trate de una persona no condenada, original o copia del auto de detención dictado por el tribunal competente, con la designación exacta del delito o crimen que lo haya motivado, así como la fecha de su perpetración y las declaraciones u otras pruebas en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho auto, en el caso de que el fugitivo sólo estuviere procesado.

Como se vio en páginas precedentes, la orden de aprehensión que emitió el 28 de octubre de 2021 el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, contra JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO y los documentos que la complementan, contienen una indicación clara y precisa de los hechos que se le imputan a la reclamada, las circunstancias de tiempo y lugar en las que se ejecutaron las CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 31 conductas punibles, las pruebas que respaldaron la privación de la libertad, la ubicación jurídica del comportamiento y las disposiciones legales aplicables.

Ello muestra que el auto de detención dictado por la autoridad judicial de la República Bolivariana de Venezuela, cumple los requisitos formales y sustanciales exigidos en el instrumento internacional; y que, frente a los elementos probatorios que las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela poseen, en Colombia se adoptaría una decisión en igual sentido.

La suficiencia de las pruebas aportadas para justificar la detención o sometimiento a juicio de la requerida en extradición en el Estado solicitante El artículo I del Acuerdo Bolivariano de extradición prevé que «para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él.» Al respecto, dentro del expediente se encontraron diferentes elementos de convicción ampliamente descritos tanto en la orden de aprehensión, como en la resolución judicial en la que se decreta, fueron enunciados como actas de investigación, de diferentes funcionarios de la División Nacional de Investigaciones Contra Secuestro del Cuerpo de CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 32 Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En las mencionadas actas se reflejan testimonios de víctimas, organigramas del grupo delincuencial con los datos de la mayoría de sus integrantes, entre los que se menciona a la requerida, datos de vehículos hurtados, víctimas y actividades delincuenciales, sobre todo las desarrolladas en el mes de julio de 2021. De la revisión de tales elementos, se permite concluir que, a partir de ellos, habría lugar a ordenar su captura y decretar su detención preventiva de conformidad con los artículos 169, 244 y 340 de la Ley 599 de 2000 y 313 del Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 del 2004), teniendo en cuenta, además, que la pena mínima prevista en los delitos por los que se ordenó la captura de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO superan ampliamente los seis (6) meses de prisión establecidos en el Convenio Bolivariano y son investigables de oficio.

Esos elementos constituyen material probatorio suficiente para inferir que, en el supuesto de la comisión de ese comportamiento en Colombia, resultarían eficaces para solicitar la detención preventiva, en tanto indican la inferencia razonable de autoría, tal y como prescriben los artículos 308 y 313 del estatuto procesal penal. CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 33 Circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición. Prevén los artículos IV y V del Convenio sobre Extradición, que no procederá la misma en los siguientes casos: a) si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él; b) cuando la conducta esté sancionada con pena privativa de la libertad menor a seis meses; c) cuando según la Legislación del Estado al cual se dirige la solicitud, la acción o la pena hubieren prescrito y, d) cuando, por el mismo hecho, la persona objeto de la petición ya hubiera sido juzgada, amnistiada o indultada en el Estado requerido.

Ninguno de estos motivos concurre en el caso en estudio, porque: a) «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Terrorismo y Asociación Agravada para delinquir», punibles atribuidos a la requerida por los que se emitirá concepto favorable, a partir de los hechos que se le CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 34 atribuyen, no ostentan la característica de delito político, sino de delitos comunes. b) Además, la pena privativa de la libertad a imponer por dichas conductas es superior a seis meses. c) En atención a lo preceptuado en el literal b) del artículo V del mismo Acuerdo de 1911, en donde se advierte que se debe revisar que la acción o la pena no se encuentren prescritas según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud de extradición; se tiene que al acudir a lo preceptuado en el artículo 83 del Estatuto Punitivo Colombiano, se concluye que la acción penal, en el sub judice, no se ha extinguido por el paso del tiempo.

En efecto, en dicha norma se establece: «La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. […] También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.» Los hechos imputados a la requerida según la orden de aprehensión ocurrieron en julio del año 2021, por lo que salta CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 35 a la vista que ninguno de ellos estaría prescrito en nuestro país. d) No se observa que, por los mismos hechos, JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO ya hubiere sido juzgada, amnistiada o indultada en Colombia, máxime que la Fiscalía y la DIJIN informaron, dentro del presente asunto, que no obraba en su contra, anotación de investigación por la posible comisión de delito alguno. En síntesis, no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la extradición, en los términos a los que se refiere el instrumento internacional aplicable.

Respuesta a los alegatos El apoderado de la requerida solicitó la emisión de concepto desfavorable con fundamento en que actualmente su procurada está adelantando el trámite de reconocimiento de su condición de refugiada ante la Cancillería de Colombia, así mismo solicitó su libertad inmediata. Respecto a la improcedencia del concepto favorable de extradición, la Corte de vieja data ha dicho que debe asegurarse de que el ciudadano requerido no ostente la calidad de refugiado, ya que tal condición implica para el Estado requerido la observancia de ciertos derechos y beneficios especiales que en el orden internacional están consagrados en favor de los refugiados, particularmente en la Convención sobre el Estatuto CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 36 de los Refugiados de 1951 y el Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, de los que es parte Colombia (CSJ AP437, 13 feb. 2019, Rad. 54256).

No obstante, en el caso particular, al requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si la requerida presentó petición de asilo, y el estado de ese trámite, con oficio S-GDCR-24-008306 del 18 de marzo de 2023, contestó: «Nuestra Política Integral Migratoria (PIM) contenida en la Ley 2136 de 2021 “Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política integral migratoria del Estado colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones” consagra la existencia de dos figuras distintas de protección internacional: el asilo y el refugio.

(…) Considerando entonces que se trata de dos figuras distintas, es preciso destacar que: 1. El procedimiento de refugio está reglamentado por el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, cuya competencia pertenece a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, y a este Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado que ejerce la Secretaría Técnica de la CONARE. 2.

El procedimiento de asilo y las solicitudes que se tramiten en ese sentido escapan a la competencia de esta Dependencia.» Sobre la situación de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO aseveró que la solicitud fue radicada el 29 de noviembre de 2023, y mediante correo del 18 de marzo de CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 37 2024, se le informó que su solicitud de refugio sería sometida a consideración de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), a efectos de que se evalúe si procede o no la admisión de su petición. En cuanto al plazo para resolver la mencionada petición de asilo, manifestó: «Es preciso destacar que el decreto 1067 de 2015 no prevé termino para adelantar y/o tramitar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, ni tampoco ni tampoco prevé un lapso para surtir cada una de las etapas que componen el procedimiento, entre ellas la “admisión de la solicitud”.» (Resaltado original del texto).

Informó que en caso de que la CONARE decidiera admitir la solicitud para estudio, se continuaría con las etapas del procedimiento conforme lo dispuesto en el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015. Ahora bien, mediante correo electrónico del 7 de mayo de la presente anualidad el apoderado de JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, remitió comunicación enviada a su procurada por parte de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (CONARE), en donde le informaron que la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada fue admitida y está pendiente la expedición del salvoconducto para la permanencia de la peticionaria y su familia.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 38 Lo anterior no implica que JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO haya adquirido la condición de refugiada, sino que su solicitud fue admitida y debe continuar con las etapas establecidas en el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015. Por lo tanto, ante la falta de definición del estatus de refugiada, solicitado por JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, la Sala debe reafirmar lo dicho en Concepto 53587 del 22 de abril de 2020, donde se trató un caso similar.

Así se pronunció en aquella ocasión: «Así las cosas, aunque la Sala no desconoce que el estatus de refugiado conlleva una serie de derechos, entre ellos la aplicación del principio de no devolución, lo cierto es que en este caso no se ha otorgado a la requerida tal condición y en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República definir las políticas migratorias que regulen el ingreso, la permanencia y la salida de personas del territorio nacional, cuya coordinación la realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, de conformidad con las previsiones del Decreto 1067 de 2015 que a su vez compiló las disposiciones del Decreto 2840 de 2013, por medio del cual se “establece el Procedimiento para el Reconocimiento de la Condición de Refugiado, se dictan normas sobre la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado y otras disposiciones”; la aplicación del principio de no devolución recae exclusivamente en el Gobierno Nacional.

Así las cosas, tratándose del mecanismo de cooperación internacional, a la Corte sólo le compete emitir un CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 39 concepto restringido a los temas establecidos en el tratado que rija o, en su defecto, en el Código de Procedimiento Penal y dentro de los cuales no está determinar los efectos del aludido reconocimiento, ni de la aplicación del “principio de no devolución”.

De tal manera, la eventual condición de refugiada de F.P.G.J. no impone una veda a la emisión del concepto favorable de extradición, tal como se explicó en pretérita oportunidad por la Sala en el concepto CP188-2019, con radicado (54476) del 9 de diciembre de 2019.» Desde esa perspectiva, la Corte no emitirá un pronunciamiento sobre el reconocimiento del estatus de refugiada.

Primero, porque aquel es del resorte del Gobierno Nacional, según se explicó en el precedente acabado de citar; segundo, porque aquella solicitud aún no ha culminado la totalidad de las etapas correspondientes, en tanto no se han agotado las fases de (i) entrevista y (ii) estudio y decisión. Condicionamientos De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional deberá exigirle al Estado requirente que la solicitada no sea condenada a pena de muerte, ni juzgada por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 40 También le corresponde condicionar la entrega a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno Nacional exigir al país reclamante que tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad cumplido por la reclamada con ocasión de este trámite. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EMITE CONCEPTO FAVORABLE respecto de la solicitud de extradición de la ciudadana venezolana JOSEPH BETZABE BRANDES PINTO, formulada por vía diplomática por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por los delitos de «Secuestro Agravado, Extorsión Agravada, obstrucción a la Libertad de Comercio, Asociación Agravada para delinquir y Terrorismo», de conformidad con la Orden de aprehensión del 28 de octubre de 2021, dictada por el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 41 Jurisdicción a Nivel Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y que se relaciona con los hechos acaecidos durante los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 2021.

Por la Secretaría de la Sala, comuníquese esta determinación al requerido, a su defensor, al representante del Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia para los trámites subsiguientes establecidos en la ley. Presidente de la Sala CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 42 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 1F41FB4FFD66431C3B9EB2A1DB18C2F0D3710380B2E61E696627DBC47A8F81CD Documento generado en 2024-07-23 CUI 11001020400020240020000 Número interno 65620 Extradición Joseph Betzabe Brandes Pinto 43