CP063-2023(62531) — Corte Suprema

CP063-2023(62531)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2023

Magistrado ponente: Diego Eugenio Corredor Beltrán

Ley 1121 de 2006Ley 1453 de 2011Ley 455 de 1998Ley 733 de 2002Ley 890 de 2004Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: EXTRADICIÓN - Estados Unidos: inaplicación del tratado suscrito por las partes contratantes, por no existir una ley que lo incorpore al ordenamiento jurídico interno / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Requisitos Tesis: «El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo. No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 - disposición vigente para la fecha en que se inició el trámite de extradición, siguiendo los postulados establecidos en el concepto CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386- disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional. Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición; por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero». EXTRADICIÓN - Procedencia / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: deber de verificarlas / EXTRADICIÓN - Los delitos endilgados no constituyen delito político / EXTRADICIÓN - Principio de territorialidad / EXTRADICIÓN - Acto Legislativo de 1997: fecha de comisión de los hechos / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: artículo 35 Constitución Política, no se configuran Tesis: «El artículo 35 de la Carta Política establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997. Para el caso, las conductas por las cuales es solicitado WFGB no son de carácter político , lo cual impide que se configure la prohibición constitucional referida. Además, de acuerdo con la documentación aportada por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron por medio de “una organización de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés) que operaba desde Colombia entre al menos enero del 2015 y abril del 2018 que transportó cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos”. Tal contrastación permite tener cumplido el principio de territorialidad de la ley penal, sobre el cual dijo la Sala en CSJ CP137 - 2015 (reiterado en CSJ CP089 - 2018 y CSJ CP163 - 2017 entre otros), que: “…la conducta puede tener lugar en diversos lugares, de manera total o parcial y de tiempo atrás esta Corporación ha venido sosteniendo que el presupuesto del artículo 35 de la Constitución Nacional se agota cuando los hechos han ocurrido, así sea parcialmente en el exterior, ya que debe efectuarse una interpretación sistemática con el principio de territorialidad y la excepción de extraterritorialidad de la ley penal (artículo 15 y 16 del Código Penal), por funcionar ésta en doble sentido, es decir, que si bien legitima a las autoridades colombianas para aplicar el ordenamiento jurídico interno a hechos o situaciones ocurridas parcialmente en otro Estado, también permite a las autoridades extranjeras la persecución por los delitos ejecutados parcialmente en nuestro territorio”. (Negrillas fuera del texto original). En ese orden, al no advertirse configurado ningún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, no es procedente emitir concepto desfavorable. Sin embargo, de verificarse satisfechos los restantes requisitos que han de analizarse, se condicionará la procedencia de la extradición a los hechos materia de juzgamiento que se hayan cometido después del 17 de diciembre de 1997, estos son, los acaecidos “entre al menos enero del 2015 y abril del 2018” según se afirma en las Notas Verbales y el indictment que fundan el pedido de extradición». EXTRADICIÓN - Non bis in ídem / EXTRADICIÓN - Persona juzgada en Colombia por los mismos hechos ventilados en la solicitud: demostración / EXTRADICIÓN - Principio de cosa juzgada: no se vulnera / EXTRADICIÓN - Non bis in ídem: no se vulnera / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: no se configuran / EXTRADICIÓN - Causales de improcedencia: garantía de no extradición del Acto Legislativo 01 de 2017, no se configura Tesis: «Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para que opere la extradición de nacionales colombianos, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 - 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros). Frente al punto en estudio, como se vio en la práctica probatoria, si bien WFGB ha sido investigado penalmente en Colombia por hechos relacionados con lavado de activos y hurto, ambas indagaciones fueron archivadas y no tienen relación con los hechos objeto de la solicitud de extradición, lo que indica que nuestro país no ha ejercido su jurisdicción sobre los hechos materia del pedido y, en este sentido, no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado. No sobra añadir que el reclamado fue capturado con fines de extradición en vía pública frente a la […], en Bogotá, es decir, en libertad. Por lo anterior, no se advierte lesionada la prohibición constitucional de ser juzgado doblemente por el mismo hecho, ante lo cual el supuesto bajo análisis no impide la extradición. La garantía de no extradición de los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP, contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, no se erige, para el caso concreto, en circunstancia que impida la extradición. Lo anterior, porque en el trámite no hay indicio alguno que indique que el ciudadano reclamado esté -o hubiese estado- vinculado como integrante de dicho grupo armado, ni así lo argumentaron él o su defensa ». EXTRADICIÓN - Solicitud: realizada por los canales diplomáticos / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: validez formal de la documentación / EXTRADICIÓN - Validez formal de la documentación: traducción de los documentos públicos otorgados en país extranjero por autoridades de este / EXTRADICIÓN - Validez formal de la documentación: documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero Tesis: «Validez formal de la documentación presentada. El artículo 251 inc. 2º del Código General del Proceso establece que los documentos públicos otorgados en otro país por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos, añade el inc. 3º ídem, se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. Tanto los Estados Unidos de América como la República de Colombia ratificaron la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, que suprimió la legalización diplomática o consular de documentos públicos expedidos por un Estado contratante que deban ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante, entre ellos los librados por una autoridad o funcionario relacionado con las Cortes o Tribunales de un Estado. Así, prevé como único trámite exigible, para certificar la autenticidad de la firma y a qué título ha actuado la persona que suscribe el documento, la adición de un certificado llamado “Apostille” (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961) -artículos 4º y 5º-. En el presente asunto, se cuenta con la apostilla firmada por […], auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien avaló la rúbrica de […], Fiscal General, quien acreditó la de David S. Silverbrand, Director Asociado de la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, encargado de dar cuenta de la autenticidad de la declaración de […], Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Como documento anexo y debidamente traducido, aparecen la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso No. […]), dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, contra WFGB, así como la orden de arresto librada por esa Corte. También se allegó copia traducida de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso y la cartilla decadactilar del requerido, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, ya que la Convención de La Haya es la que disciplina la legalización de los anexos, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que soporta la solicitud de extradición, impuestos por las legislaciones del Estado requirente y el colombiano, efectivamente se cumplen, razón por la cual los documentos aportados con tal fin son aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que precede al concepto (CP108, 18 jun. 2014, Rad. 42065). Ahora, en este punto es prudente señalar que, si bien el defensor, en su alegato, censura, en términos generales, que la delegación diplomática haya aportado la Segunda Acusación Sustitutiva -dictada el 15 de marzo del 2022- y no la Acusación Sustitutiva del 22 de octubre del 2020, que fue citada en la Nota Verbal No. 2428 del 21 de diciembre de 2021, ello no afecta la validez formal de la documentación allegada con la solicitud. Lo anterior, debido a que en esa primera Nota Verbal “se solicitó [el] arresto provisional con fines de extradición” de WFGB. Sin embargo, la extradición se formalizó con soporte en la segunda Nota Verbal, esto es, en la No. 1610 del 28 de septiembre de 2022, donde se aportó en debida forma la documentación pertinente y se especificaron cuáles son, actualmente, los cargos por los que el ciudadano reclamado será juzgado en los Estados Unidos. [...] Lo anterior descarta, contrario a la pretensión de la defensa, que exista una circunstancia que impida conceptuar de manera favorable la presente solicitud de extradición en cuanto al aspecto bajo análisis». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: identidad del requerido / EXTRADICIÓN - Nacionalidad del requerido: ciudadano colombiano Tesis: «Plena identidad del solicitado en extradición. De acuerdo con las Notas Verbales No. 2428 del 21 de diciembre de 2021 y No. 1610 del 28 de septiembre de 2022, WFGB es ciudadano de Colombia. Nació […] en Bogotá y se identifica con la cédula de ciudadanía No. […]. Al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, el reclamado se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato. Además, su identidad fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que las huellas del capturado corresponden a las de la persona solicitada en extradición. De igual manera, ese aspecto no fue discutido por el defensor o el delegado del Ministerio Público a lo largo del trámite. Así las cosas, de las piezas documentales aportadas al trámite se advierte con facilidad que no hay ninguna duda en cuanto a la plena identidad del individuo pedido en extradición y su correspondencia con la persona que está actualmente privada de la libertad por cuenta de esta actuación». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: equivalencia de la acusación proferida en el extranjero Tesis: «Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. Este requisito se verifica cuando se acata lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente». La Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, dictada en el Caso […] (también referido como Caso […] y Caso […], en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, es el acto procesal equivalente al escrito acusatorio previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. Debe aclararse que, aunque el indictment no es idéntico a la acusación nacional, guarda similitudes que lo tornan semejante, en tanto contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y, tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra. Por lo anterior, este requerimiento se cumple a cabalidad». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, el hecho que motiva la extradición debe tener pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, concierto para delinquir / EXTRADICIÓN - Estados Unidos: principio de doble incriminación, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Tesis: «La incriminación de la conducta en los dos países. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años». Para establecer si los hechos -presuntamente delictivos- que se le atribuyen a quien es reclamado en extradición en el país solicitante se consideran delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las conductas que sustentan la acusación foránea con las normas de orden interno, en aras de verificar si las últimas recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos. Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386), puesto que la Corte lo dicta dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, lo que para dicho propósito significa que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio. Pues bien, la Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, contra WFGB, se formuló por los siguientes cargos: [...] Ahora, las conductas atribuidas a WFGB, de haberse asociado con otras personas para distribuir sustancias que contenían cocaína y sus derivados, las cuales tendrían como destino final los Estados Unidos; guardan identidad con lo descrito en los artículos 340 -modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006-, y 376 -reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011-, con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, normas que establecen: “Artículo 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. [...] [...] Artículo 376. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. [...] Artículo 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. [...] [...] Cabe aclarar, que si bien en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición, que rindió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Denis Kennedy, se indicó que GB tendría como función, dentro de la organización, darle legalidad a las ganancias obtenidas del tráfico de estupefacientes, dicha circunstancia no fue atribuida en la Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, que es el marco punitivo - legal al cual se debe atener la Sala. Así las cosas, como las conductas contenidas en el indictment se encuentran penalizadas en los dos países y corresponden a tipos penales con pena mínima superior a los 4 años de prisión, se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: pena de decomiso, no comporta imputación alguna Tesis: «Aunque la Segunda Acusación Sustitutiva, dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, incluye la cláusula de decomiso penal sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo. Como lo ha venido expresando esta Corporación pacíficamente, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna. Se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido. Como ese tema es ajeno a la solicitud de extradición, no puede ser analizado por la Sala para los fines del concepto a su cargo». EXTRADICIÓN - Estados Unidos: condicionamientos / EXTRADICIÓN - Condicionamientos: seguimiento corresponde al Gobierno Nacional Tesis: «Como se trata de un ciudadano colombiano, la Corte hará los siguientes condicionamientos a la extradición: Si el Gobierno Nacional la concede, ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta. Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de diciembre de 1997 y, particularmente, los ocurridos en los plazos temporales demarcados en el indictment, estos son, los acaecidos “[e]n y entre enero de 2015 y abril de 2018”. Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual manera, debe condicionar la entrega de WFGB a que se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior. Por demás, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga y deberá remitirse copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan. Por otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también confiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». EXTRADICIÓN - Concepto de la Corte Suprema de Justicia favorable Tesis: «[...], la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de WFGB, frente a los cargos contenidos en la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso […], dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York».

Extradición N° 62531 CUI 11001020400020220211100 WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente CP063-2023 Radicación N.° 62531 Acta 050 Bogotá D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023). VISTOS Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, ciudadano colombiano solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES 1. Mediante Nota Verbal No. 2428 del 21 de diciembre de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, ciudadano colombiano requerido para comparecer a juicio por «delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas», según la Acusación Sustitutiva en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), dictada el 22 de octubre del 2020, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York. 2.

En resolución del 21 de diciembre de 2021, el Fiscal General de la Nación decretó la captura del requerido con fines de extradición. Su detención se materializó el 3 de agosto de 2022 en vía pública frente a la carrera 62 con calle 64-60, en Bogotá. 3. A través de Nota Verbal No. 1610 del 28 de septiembre de 2022, la representación diplomática formalizó el requerimiento de extradición de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ y, para tal efecto, aportó la documentación pertinente.

Aclaró que, en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), en el tiempo que ha durado el trámite de extradición, se dictó la Segunda Acusación Sustitutiva el 15 de marzo del 2022, también por «delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas», en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York.

Adicionalmente, adujo que “con base en el cargo en la Segunda Acusación Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un auto de detención para la captura de GALARZA BOGOTÁ. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”. 4. El 28 de septiembre de 2022, en el concepto previsto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que es del caso «proceder con sujeción a […] la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”» y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional»[footnoteRef:1]. [1: Mediante oficio DIAJI No. 2839.] Agregó que, en los aspectos no regulados por los instrumentos internacionales referidos, el trámite debe regirse por lo previsto en los artículos 491 y 496 del Código de Procedimiento Penal. 5.

El mencionado Ministerio remitió el expediente al de Justicia y del Derecho que, tras constatar la debida formalización de la solicitud, lo envió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo. Tras arribar a esta Corporación, el 13 de octubre de 2022, se requirió al ciudadano reclamado en extradición para que designara un defensor que lo representara en la actuación y se ordenó, además, correr traslado a los intervinientes para que formularan las postulaciones probatorias que estimaran pertinentes. 6.

Dentro del plazo respectivo, la Procuraduría Segunda delegada para la Casación Penal alegó que “considera no solicitar pruebas”. La defensa, por su parte, dejó de hacer postulaciones probatorias y, en cambio, expresó que su defendido tenía la intención de acogerse al trámite de extradición simplificada. 7. En auto del 30 de noviembre de 2022, le fue reconocida personería jurídica al abogado Arit Danilo Walteros Rodríguez y se requirió a GALARZA BOGOTÁ para que manifestara si coadyuvaba el pedimento del trámite simplificado. 8.

Como no se recibió memorial alguno en el que WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ coadyuvara la solicitud de extradición simplificada y no fueron elevadas solicitudes probatorias dentro del presente trámite, ni por la defensa, ni por el Agente del Ministerio Público, el 18 de enero de 2023, la Sala, en aras de evitar una eventual vulneración del principio constitucional del non bis in ídem, ofició a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para que consultaran en sus bases de datos si obra alguna investigación en contra del ciudadano reclamado. 9.

En respuesta a las pruebas decretadas de oficio, la Policía Nacional informó que, en contra de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, no aparecen registros penales distintos al presente trámite de extradición. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, señaló que el solicitado tiene dos registros penales distintos al presente trámite de extradición, como pasa a verse: i) El radicado 540016106079-2019-81205, donde fue investigado penalmente por el delito de lavado de activos, por la Fiscalía 5 Seccional de Cúcuta.

Dicha indagación está inactiva, pues fue archivada por “inexistencia del hecho”; y ii) El radicado 110016102188-2006-01110, donde fue investigado por el delito de hurto, por la Fiscalía 285 Seccional de Bogotá. Dicha indagación está inactiva, pues fue archivada por “[c]onciliación con acuerdo”. 10. Sucedido lo anterior, con auto del 7 de febrero de 2023 se corrió traslado a los intervinientes para que presentaran sus alegaciones.

El término corrió entre el 9 y el 15 de febrero de 2023, en cuyo plazo se recibieron los alegatos de la Procuraduría y la defensa. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Del Ministerio Público. El Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, luego de relacionar la actuación procesal, consideró cumplidas las condiciones para emitir concepto, toda vez que se allegó la documentación exigida por la normativa procesal penal; la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente; las conductas por las que es requerido WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ se adecúan en nuestro país en los artículos 340 y 376 del Código Penal –concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, respectivamente– y se detallaron con suficiencia los actos que motivaron la solicitud.

Por lo tanto, solicitó a esta Corporación que emita concepto favorable a la petición de extradición elevada por el gobierno de los Estados Unidos, siempre que se condicione su procedencia al cumplimiento de los condicionamientos sobre la protección de los derechos humanos del requerido. De la defensa. En su estudio, el representante judicial del reclamado advirtió que: “No corresponde la solicitud de captura realizada al estado colombiano con fundamento en la orden de captura dictada en la primera acusación sustitutiva de calenda 22 de octubre de 2021, a la documentación allegada en formalización de la solicitud que hizo el gobierno norteamericano, pues se protocolizó fue una segunda acusación sustitutiva que fue radicada el 15 de marzo de 2022.

Pues claramente la orden de captura de la autoridad colombiana emitida el 21 de diciembre de 2021 corresponde únicamente a esa solicitud con fundamento en unas acusación y orden de captura del 22 de octubre de 2021 en corte de Nueva York y lamentablemente los agentes judiciales y diplomáticos de esa nación, no protocolizaron la acusación por vía diplomática que sirvió de soporte para la orden de captura que dio origen a la detención en Colombia de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ”.

Por lo anterior, solicita que “se condeda [sic] la libertad inmediata de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ”. CONCEPTO DE LA CORTE 1. Aspectos generales. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.

No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone, para dictar el concepto, verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 – disposición vigente para la fecha en que se inició el trámite de extradición, siguiendo los postulados establecidos en el concepto CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386– disposiciones que regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

Las exigencias constitucionales que en el marco de tales textos normativos deben evaluarse son las siguientes: (i) las condiciones de improcedencia de la extradición previstas en el art. 35 de la Carta Política; (ii) la prohibición de doble juzgamiento y (iii) la aplicabilidad de la garantía de no extradición; por su parte, los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, se sintetizan en (iv) la validez formal de la documentación presentada, (v) la demostración plena de la identidad del solicitado, (vi) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vii) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. 2.

Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición. El artículo 35 de la Carta Política[footnoteRef:2] establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997. [2: Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997.] 2.1 Para el caso, las conductas por las cuales es solicitado WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ no son de carácter político[footnoteRef:3], lo cual impide que se configure la prohibición constitucional referida. [3: Pues fue llamado a juicio para comparecer a juicio por «delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas», tanto en la Acusación Sustitutiva del 22 de octubre del 2020, como en la Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, ambas dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York.] Además, de acuerdo con la documentación aportada por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron por medio de «una organización de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés) que operaba desde Colombia entre al menos enero del 2015 y abril del 2018 que transportó cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia a Centroamérica para su importación final a los Estados Unidos».

Tal contrastación permite tener cumplido el principio de territorialidad de la ley penal, sobre el cual dijo la Sala en CSJ CP137 – 2015 (reiterado en CSJ CP089 – 2018 y CSJ CP163 – 2017 entre otros), que: “… la conducta puede tener lugar en diversos lugares, de manera total o parcial y de tiempo atrás esta Corporación ha venido sosteniendo que el presupuesto del artículo 35 de la Constitución Nacional se agota cuando los hechos han ocurrido, así sea parcialmente en el exterior, ya que debe efectuarse una interpretación sistemática con el principio de territorialidad y la excepción de extraterritorialidad de la ley penal (artículo 15 y 16 del Código Penal), por funcionar ésta en doble sentido, es decir, que si bien legitima a las autoridades colombianas para aplicar el ordenamiento jurídico interno a hechos o situaciones ocurridas parcialmente en otro Estado, también permite a las autoridades extranjeras la persecución por los delitos ejecutados parcialmente en nuestro territorio”.

(Negrillas fuera del texto original). En ese orden, al no advertirse configurado ningún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, no es procedente emitir concepto desfavorable. Sin embargo, de verificarse satisfechos los restantes requisitos que han de analizarse, se condicionará la procedencia de la extradición a los hechos materia de juzgamiento que se hayan cometido después del 17 de diciembre de 1997, estos son, los acaecidos “entre al menos enero del 2015 y abril del 2018” según se afirma en las Notas Verbales y el indictment que fundan el pedido de extradición. 2.2 La prohibición de doble juzgamiento.

Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala que, para que opere la extradición de nacionales colombianos, es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

Frente al punto en estudio, como se vio en la práctica probatoria, si bien WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ ha sido investigado penalmente en Colombia por hechos relacionados con lavado de activos y hurto, ambas indagaciones fueron archivadas y no tienen relación con los hechos objeto de la solicitud de extradición, lo que indica que nuestro país no ha ejercido su jurisdicción sobre los hechos materia del pedido y, en este sentido, no se ve afectada la garantía constitucional del non bis in ídem que le asiste al reclamado.

No sobra añadir que el reclamado fue capturado con fines de extradición en vía pública frente a la carrera 62 con calle 64-60, en Bogotá, es decir, en libertad. Por lo anterior, no se advierte lesionada la prohibición constitucional de ser juzgado doblemente por el mismo hecho, ante lo cual el supuesto bajo análisis no impide la extradición. 2.3 La garantía de no extradición de los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP, contenida en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, no se erige, para el caso concreto, en circunstancia que impida la extradición. Lo anterior, porque en el trámite no hay indicio alguno que indique que el ciudadano reclamado esté -o hubiese estado- vinculado como integrante de dicho grupo armado, ni así lo argumentaron él o su defensa. 3.

Verificación de los requisitos contenidos en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal. Para emitir concepto en el presente caso, además de los requisitos constitucionales analizados en el acápite precedente, han de tenerse en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, disposición vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición, siguiendo los postulados establecidos en el concepto CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386).

Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición del nacional colombiano WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, para lo cual constatará: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la plena identidad del solicitado; c) la equivalencia de la decisión emitida en el extranjero con el escrito acusatorio de nuestro país; y d) la incriminación de la conducta en las dos naciones. 3.1.

Validez formal de la documentación presentada. El artículo 251 inc. 2º del Código General del Proceso establece que los documentos públicos otorgados en otro país por funcionario de éste o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos, añade el inc. 3º ídem, se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. Tanto los Estados Unidos de América[footnoteRef:4] como la República de Colombia[footnoteRef:5] ratificaron la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, que suprimió la legalización diplomática o consular de documentos públicos expedidos por un Estado contratante que deban ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante, entre ellos los librados por una autoridad o funcionario relacionado con las Cortes o Tribunales de un Estado. [4: Ratificada el 24 de diciembre de 1980, entrada en vigor el 15 de octubre de 1981.

Cfr.: http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=41#mem] [5: Mediante la Ley 455 de 1998, declarada exequible a través de la sentencia C-164 de 1999.] Así, prevé como único trámite exigible, para certificar la autenticidad de la firma y a qué título ha actuado la persona que suscribe el documento, la adición de un certificado llamado “Apostille” (Convención de La Haya de octubre 5 de 1961) -artículos 4º y 5º-.

En el presente asunto, se cuenta con la apostilla firmada por Chana M. Turner, auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien avaló la rúbrica de Merrick Garland, Fiscal General, quien acreditó la de David S. Silverbrand, Director Asociado de la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, encargado de dar cuenta de la autenticidad de la declaración de Tara McGrath, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Como documento anexo y debidamente traducido, aparecen la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, contra WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, así como la orden de arresto librada por esa Corte.

También se allegó copia traducida de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso y la cartilla decadactilar del requerido, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, ya que la Convención de La Haya es la que disciplina la legalización de los anexos, se concluye que los requerimientos formales de legalización de la documentación que soporta la solicitud de extradición, impuestos por las legislaciones del Estado requirente y el colombiano, efectivamente se cumplen, razón por la cual los documentos aportados con tal fin son aptos para ser considerados por la Corte en el estudio que precede al concepto (CP108, 18 jun. 2014, Rad. 42065).

Ahora, en este punto es prudente señalar que, si bien el defensor, en su alegato, censura, en términos generales, que la delegación diplomática haya aportado la Segunda Acusación Sustitutiva -dictada el 15 de marzo del 2022- y no la Acusación Sustitutiva del 22 de octubre del 2020, que fue citada en la Nota Verbal No. 2428 del 21 de diciembre de 2021, ello no afecta la validez formal de la documentación allegada con la solicitud.

Lo anterior, debido a que en esa primera Nota Verbal “se solicitó [el] arresto provisional con fines de extradición” de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ. Sin embargo, la extradición se formalizó con soporte en la segunda Nota Verbal, esto es, en la No. 1610 del 28 de septiembre de 2022, donde se aportó en debida forma la documentación pertinente y se especificaron cuáles son, actualmente, los cargos por los que el ciudadano reclamado será juzgado en los Estados Unidos.

Puntualmente, informó que: “La Embajada desea informar al Ministerio que desde la solicitud de arresto provisional realizada en la Nota Diplomática de la Embajada No. 2428, William Fernando GALARZA BOGOTÁ ha sido acusado por la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso No. 18-CR-216 (S-2) (AMD) (también conocido como Caso 1:18-cr-00216-AMD y 1:18-cr-00216(AMD)(RML)), presentado el 15 de marzo de 2022 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de New York, la cual reemplaza la Acusación Sustitutiva a la que se hace referencia en la solicitud de arresto provisional realizada en la Nota Diplomática No. 2428.

Además, el 15 de agosto de 2022, con base en el cargo de la Segunda Acusación Sustitutiva, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York emitió un nuevo auto de detención GALARZA BOGOTÁ”. Lo anterior descarta, contrario a la pretensión de la defensa, que exista una circunstancia que impida conceptuar de manera favorable la presente solicitud de extradición en cuanto al aspecto bajo análisis. 3.2 Plena identidad del solicitado en extradición. De acuerdo con las Notas Verbales No. 2428 del 21 de diciembre de 2021 y No. 1610 del 28 de septiembre de 2022, WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ es ciudadano de Colombia.

Nació el 4 de agosto de 1967 en Bogotá y se identifica con la cédula de ciudadanía No. 79’424,646. Al ser enterado de la orden de captura con fines de extradición, el reclamado se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición y en la constancia de buen trato.

Además, su identidad fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que las huellas del capturado corresponden a las de la persona solicitada en extradición. De igual manera, ese aspecto no fue discutido por el defensor o el delegado del Ministerio Público a lo largo del trámite. Así las cosas, de las piezas documentales aportadas al trámite se advierte con facilidad que no hay ninguna duda en cuanto a la plena identidad del individuo pedido en extradición y su correspondencia con la persona que está actualmente privada de la libertad por cuenta de esta actuación. 3.3 Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero.

Este requisito se verifica cuando se acata lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente». La Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, dictada en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, es el acto procesal equivalente al escrito acusatorio previsto en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.

Debe aclararse que, aunque el indictment no es idéntico a la acusación nacional, guarda similitudes que lo tornan semejante, en tanto contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y, tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra.

Por lo anterior, este requerimiento se cumple a cabalidad. 3.4 La incriminación de la conducta en los dos países. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años».

Para establecer si los hechos -presuntamente delictivos- que se le atribuyen a quien es reclamado en extradición en el país solicitante se consideran delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las conductas que sustentan la acusación foránea con las normas de orden interno, en aras de verificar si las últimas recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente para la fecha en que inició el trámite de extradición (CSJ CP163, 27 oct. 2021, Rad. 56386), puesto que la Corte lo dicta dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, lo que para dicho propósito significa que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio.

Pues bien, la Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, contra WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, se formuló por los siguientes cargos: “ CARGO UNO (Concierto internacional para distribuir cocaína) 1. En y entre enero de 2015 y abril de 2018, o alrededor de dichas fechas, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados ANTONIO JOSÉ ARDILA TORRES, alias "Coro" y "El Coronel", ALIRIO LANCHEROS PINILLA, alias "Canas", CARLOS IVÁN SÁNCHEZ BOGOTÁ, alias "Charlie", JORGE ARMANDO MONTAÑO DUARTE, alias "Mono", WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ y ALEJANDRO DE LEÓN DE LA MORA, alias "Güero", junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente concertaron para distribuir una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y teniendo motivo razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilícitamente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de dicho país, cual delito involucró una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de categoría II, en contravención de las secciones 959(a) y 960(a)(3) del título 21 del Código de los Estados Unidos.

La cantidad de cocaína involucrada en el concierto para delinquir atribuible a cada acusado como resultado de su propia conducta y de la conducta de otros conspiradores que razonablemente pudo prever, fueron cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína. (Secciones 963, 960(b)(1)(B)(ii) y 959(d) del título 21 del Código de los Estados Unidos; secciones 3238 y 3551 y ss. del título 18 del Código de los Estados Unidos) CARGO DOS (Distribución internacional de cocaína - aproximadamente 143 kilogramos de cocaína) 2.

En y entre mayo de 2016 y marzo de 2017, o alrededor de dichas fechas, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, los acusados ANTONIO JOSÉ ARDILA TORRES, alias "Coro" y "El Coronel", ALIRIO LANCHEROS PINILLA, alias "Canas", CARLOS IVÁN SÁNCHEZ BOGOTÁ, alias "Charlie", JORGE ARMANDO MONTAÑO DUARTE, alias "Mono", WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ y ALEJANDRO DE LEÓN DE LA MORA, alias "Güero", junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente distribuyeron una sustancia controlada con la intención, el conocimiento y teniendo motivo razonable para creer que dicha sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de dicho país, cual delito involucró cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, una sustancia controlada de categoría II.

(Secciones 959(a), 959(d), 960(a)(3) y 960(b)(1)(B)(ii) del título 21 del Código de los Estados Unidos; secciones 2, 3238 y 3551 y ss. del título 18 del Código de los Estados Unidos)”. Además, en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición, que rindió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Denis Kennedy, se indicó: “26.

Una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó una organización de tráfico de drogas (DTO) que ha operado a lo largo de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica desde al menos 2015, que es responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos a través de Centroamérica y/o México y Europa.

La DTO opera en Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y en otras partes, y tiene lazos con varios carteles de droga, entre ellos el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación en México. La DTO usa métodos sofisticados para elaborar, adquirir, almacenar, transportar y distribuir cantidades de múltiples toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos.

Tiene acceso a lanchas rápidas, embarcaciones sumergibles, buques pesqueros y de transporte, aeronaves, camiones y otros vehículos motorizados para transportar grandes cargamentos de cocaína por vía terrestre, marítima y aérea. Por lo general la cocaína es elaborada, procesada y empacada en laboratorios clandestinos de drogas en Colombia, y luego típicamente es contrabandeada a y a través de los países mencionados en su camino hacia el norte.

Una parte de la cocaína es finalmente importada a los Estados Unidos para su distribución posterior. La DTO contrabandea las ganancias obtenidas de las drogas de los Estados Unidos de regreso a y a través de los países mencionados. 27. La investigación identificó a GALARZA BOGOTÁ como un colaborador de la DTO que operó en Colombia y en otras partes desde aproximadamente 2016 hasta abril de 2018 y posteriormente.

GALARZA BOGOTA operó como blanqueador de dinero para la DTO y participó en reuniones presenciales para planificar y coordinar un cargamento de cocaína que se enviaba de Colombia a Costa Rica para su redistribución a los Estados Unidos a través de México. En varias ocasiones, GALARZA BOGOTA trasladó dinero de los EE. UU. en conexión con el tráfico de drogas de la DTO, incluso en conexión con el cargamento de cocaína planificado.

El 29 de marzo de 2017 las fuerzas del orden público costarricenses se [sic] incautaron de una parte de dicho cargamento de cocaína por un total aproximado de 143 kilogramos de cocaína. II. PRUEBAS Comunicaciones interceptadas e incautación de 143 kilogramos de cocaína 28. A principios de 2016, un testigo cooperante (Testigo 1) inició negociaciones con miembros de la DTO para traficar grandes cantidades de cocaína.

El Testigo 1 se reunió personalmente con otros coconspiradores. La reunión fue grabada lícitamente en audio y video. Según el Testigo 1, y según corrobora la grabación, durante la reunión, miembros de la DTO hablaron sobre una propuesta para elaborar y transportar una gran cantidad de cocaína a la DTO en México para su venta posterior en los Estados Unidos.

Finalmente, las partes acordaron transportar aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína de Colombia a través de Panamá y luego a Costa Rica. Una vez que la cocaína llegara a Costa Rica, sería enviada en cantidades menores a México, y finalmente a los Estados Unidos. Se acordó que el Testigo 1 conseguiría la cocaína para el envío y que GALARZA BOGOTA ayudaría a blanquear las ganancias de las drogas. 29.

Hacia finales de 2016, GALARZA BOGOTA se reunió personalmente con otros dos miembros de la DTO. La reunión fue grabada lícitamente en audio y video. Durante la reunión, las personas hablaron sobre la propuesta para elaborar y transportar aproximadamente 1.000 kilogramos de cocaína a México a través de Panamá y luego Costa Rica, con el objetivo final de su venta en los Estados Unidos.

Durante la reunión, GALARZA BOGOTA indicó que tenía la capacidad de blanquear las ganancias del cargamento de drogas previsto de regreso a Colombia. 30. El 29 de marzo de 2017 las fuerzas del orden público costarricenses se [sic] incautaron de aproximadamente 143 kilogramos de cocaína de un vehículo. Las comunicaciones interceptadas lícitamente, declaraciones hechas por miembros de la DTO tanto antes como después del envío, e información dada por testigos, corroboran que esta es una parte del cargamento de drogas que se planificó en las reuniones del 2016 con GALARZA BOGOTÁ y otros miembros de la DTO Mencionadas anteriormente”.

Ahora bien, los cargos endilgados a WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial norteamericana, así: “Sección 812 del Título 21 del Código de los Estados Unidos Categorías de sustancias controladas (a) Establecimiento Hay cinco categorías establecidas de sustancias controladas, que se conocen como las categorías I, II, III, IV y V. Dichas categorías consisten inicialmente en las sustancias que figuran en esta sección. (c) Categorías iniciales de Sustancias Controladas Categoría II (a) Salvo que se excluyan específicamente, o que se incluyan en otra categoría, cualquiera de las siguientes sustancias, ya sea que se hayan producido directa o indirectamente por la extracción de sustancias de origen vegetal, o de manera independiente por medio de síntesis química, o por una combinación de extracción y síntesis química: … (4) … cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos y sales de isómeros… Sección 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

Posesión, elaboración o distribución de sustancias controladas (a) Elaboración o distribución para fines de importación ilícita Se considera ilícito el que una persona elabore o distribuya una sustancia controlada de categoría I o II o flunitrazepam u otro producto químico indicado, con la intención, el conocimiento o causa probable para creer que dicha sustancia o producto químico se importará ilegalmente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.

Sección 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. (a) Actos ilícitos Toda persona que (3) en contravención de la sección 959 de este título, elabore una sustancia controlada, la posea con el objeto de su distribución o la distribuya, será sancionada conforme a lo dispuesto en el inciso (b) de esta sección. (b) Sanciones (1) En el caso de una contravención del inciso (a) de esta sección asociada con (B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de… (ii) cocaína, sus sales, isómeros ópticos y geométricos, y sales o isómeros;

Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos Tentativa de concierto y concierto para delinquir Toda persona que intente cometer o se una en un concierto para cometer un delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a las mismas sanciones que las que se indiquen para el delito cuya comisión fue el propósito de la tentativa del concierto o del concierto para delinquir”.

Ahora, las conductas atribuidas a WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, de haberse asociado con otras personas para distribuir sustancias que contenían cocaína y sus derivados, las cuales tendrían como destino final los Estados Unidos; guardan identidad con lo descrito en los artículos 340 -modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006-, y 376 -reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011-, con la circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal, normas que establecen: “ARTÍCULO 340.

CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…) tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas (…) la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

ARTÍCULO 376. TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: (…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.

Cabe aclarar, que si bien en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición, que rindió el agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Denis Kennedy, se indicó que GALARZA BOGOTÁ tendría como función, dentro de la organización, darle legalidad a las ganancias obtenidas del tráfico de estupefacientes, dicha circunstancia no fue atribuida en la Segunda Acusación Sustitutiva del 15 de marzo del 2022, que es el marco punitivo – legal al cual se debe atener la Sala.

Así las cosas, como las conductas contenidas en el indictment se encuentran penalizadas en los dos países y corresponden a tipos penales con pena mínima superior a los 4 años de prisión, se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto. 3.5 Aunque la Segunda Acusación Sustitutiva, dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York, incluye la cláusula de decomiso penal sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, dicha condición no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo.

Como lo ha venido expresando esta Corporación pacíficamente, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna. Se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido. Como ese tema es ajeno a la solicitud de extradición, no puede ser analizado por la Sala para los fines del concepto a su cargo. 4.

Concepto. Las consideraciones expuestas en precedencia permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar, de manera FAVORABLE a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, frente a los cargos contenidos en la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York. 4.1.

Condicionamientos. Como se trata de un ciudadano colombiano, la Corte hará los siguientes condicionamientos a la extradición: Si el Gobierno Nacional la concede, ha de garantizar al reclamado su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después del 17 de diciembre de 1997[footnoteRef:6] y, particularmente, los ocurridos en los plazos temporales demarcados en el indictment, estos son, los acaecidos “[e]n y entre enero de 2015 y abril de 2018”. [6: Fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 1997.] Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ a que se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Por demás, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga y deberá remitirse copia de las sentencias o decisiones que pongan fin al proceso en los Tribunales de ese país, en razón de los cargos que aquí se le imputan. Por otra parte, al Gobierno Nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido tenga contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese núcleo también confiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de WILLIAM FERNANDO GALARZA BOGOTÁ, frente a los cargos contenidos en la Segunda Acusación Sustitutiva en el Caso No. 18-216 (S-1) (AMD) (también referido como Caso No. 18-CR-216 (S-1) (AMD) y Caso 1:18-cr-00216-AMD), dictada el 15 de marzo del 2022, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Este de Nueva York.

Comuníquese esta determinación al solicitado, a su defensor, a la Procuraduría y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia. HUGO QUINTERO BERNATE JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA MYRIAM ÁVILA ROLDÁN FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS GERSON CHAVERRA CASTRO DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA FABIO OSPITIA GARZÓN Nubia Yolanda Nova García Secretaria 31