Extradición Radicación 54572 Karol Andrea Gómez Cerón PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR MAGISTRADA PONENTE CP051-2019 Radicación N° 54572 Acta 134 Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil diecinueve (2019). VISTOS Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

ANTECEDENTES 1. Con Nota Verbal N° 1384 del 14 de agosto de 2018[footnoteRef:1], el Gobierno de los Estados Unidos solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, la detención preventiva con fines de extradición de KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, ciudadana colombiana requerida para comparecer a juicio por «delitos de tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir», según la acusación No. 4:18CR71[footnoteRef:2], dictada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de Texas. [1: Folios 32 a 35 y 36 a 39 de la carpeta.] [2: También conocido como Caso 4:18-CR-00071-ALM-KPJ.] 2.

En resolución del 24 de agosto de 2018, el Fiscal General de la Nación decretó la captura de la requerida, con fines de extradición. Ésta se materializó el 17 de noviembre siguiente en vía pública de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). 3. A través de Nota Verbal N° 0042 del 14 de enero de 2019[footnoteRef:3], la Embajada del país requirente formalizó la solicitud de extradición de GÓMEZ CERÓN y para tal efecto aportó la documentación pertinente. [3: Fl. 42 a 45 y 46 a 50 de la carpeta.] 4.

En el concepto de que trata el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que para el caso «… se encuentran vigentes… la “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”… y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”».

Añadió también que en los aspectos no regulados en esos instrumentos, «el trámite se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano» [footnoteRef:4]. [4: Mediante oficio DIAJI N° 0094 del 14 de enero de 2019, obrante a folio 40 ídem.] 5. Acto seguido, envió el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho que, a su vez, lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para que adelantara el trámite a su cargo.

En esta Corporación, mediante auto del 30 de enero de 2019 se requirió a la reclamada con el fin de que designara apoderado. Dentro de ese plazo, fue allegado memorial a través del cual GÓMEZ CERÓN confirió poder a un abogado de confianza. En proveído del 12 de febrero de 2019 se le reconoció personería y se dispuso correr traslado para que las partes formularan postulaciones probatorias.

Sin embargo, antes de que feneciera el término para elevar pruebas, la requerida manifestó su intención, coadyuvada por la defensa, de acogerse al trámite de extradición simplificada previsto en el parágrafo 1º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004[footnoteRef:5]. [5: Folio 15 y 16 del cuaderno de la Corte.] El 27 de febrero siguiente se dispuso correr traslado del memorial en el que solicitó aplicar el trámite simplificado, al Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal.

Dicho funcionario requirió mediante entrevista personal a la solicitada[footnoteRef:6] con el fin de que exteriorizara lo que a bien tuviera frente a la solicitud de extradición simplificada que elevó y, tras observar que la declaración de la reclamada fue hecha de manera libre, espontánea, voluntaria y debidamente asesorada, la coadyuvó[footnoteRef:7]. [6: Folios 28 a 30, ídem.] [7: Ver folios 24 a 27 del cuaderno de la Corte.] Añadió la Delegada, que no existe duda en el expediente sobre la plena identidad de la requerida y además, que revisados los documentos allegados al trámite, se cumplen todos los requisitos aplicables al caso para la emisión de concepto favorable a la solicitud de extradición, pero siempre que se condicione al cumplimiento de los presupuestos sobre la protección de los derechos humanos de la solicitada. 6.

Previo a emitir el concepto de rigor, en auto del 27 de febrero de 2019, reiterado el 2 de mayo siguiente, la Magistrada Ponente ordenó oficiar a la Fiscalía General de la Nación para indagar si existía alguna investigación en contra de GÓMEZ CERÓN. El 2 de abril del año que avanza se recibió respuesta parcial de dicha entidad, en el sentido de indicar que no obra ningún registro vigente en las distintas dependencias de la Fiscalía, contra la requerida en extradición [footnoteRef:8].

Así mismo, complementó dicha información, en respuesta allegada a esta Corporación el pasado 22 de mayo, en el entendido que tampoco se adelanta investigación alguna en contra de la solicitada[footnoteRef:9]. [8: Folios 31 a 33 del cuaderno de la Corte.] [9: Folios 41 a 45, ídem. ] CONCEPTO DE LA CORTE 1. Cuestión previa: El trámite simplificado de extradición. El artículo 70 de la Ley 1453 de 2011 adicionó dos parágrafos al artículo 500 de la Ley 906 de 2004.

Esa disposición introdujo al ordenamiento jurídico nacional la figura de la extradición simplificada mediante la cual, quien es requerido en extradición puede renunciar al procedimiento y solicitar la emisión de plano del concepto correspondiente, siempre y cuando la petición sea coadyuvada por su defensor y además, el representante del Ministerio Público verifique que no se afectaron las garantías fundamentales del reclamado al acogerse a dicho trámite.

En el evento examinado, la Sala encuentra reunidas las exigencias establecidas en la norma en cita para conceptuar de plano sobre la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto de la ciudadana colombiana KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN. En efecto, la petición de la requerida se radicó en forma oportuna, fue coadyuvada por su abogado y además, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal verificó la ausencia de vulneración de garantías fundamentales en la manifestación, lo que hizo mediante entrevista personal con la reclamada.

Así las cosas, como constata la Corte que se reúnen los presupuestos para emitir concepto bajo el rito del trámite simplificado, a ello procederá. 2. Aspectos generales. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y los Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición que en la actualidad se encuentra vigente, como quiera que ninguno de los países firmantes lo ha dado por terminado o denunciado; tampoco se ha celebrado uno nuevo, ni se ha aplicado alguno de los mecanismos previstos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para finiquitarlo.

No obstante, las cláusulas del aludido instrumento internacional no son aplicables en el orden interno, como quiera que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986 que lo incorporaron a la normatividad nacional, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, circunstancia que impone aplicar las normas del Código de Procedimiento Penal vigente al momento de ocurrencia de los hechos –Ley 600 de 2000 o 906 de 2004-, toda vez que éstas regulan la materia y posibilitan cumplir con los compromisos de cooperación judicial adquiridos por Colombia, orientados a fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

En el caso examinado, el concepto que se debe dictar al interior del trámite de extradición entre los países de Colombia y Estados Unidos, se contrae a verificar los requisitos contenidos en la Constitución Política y lo previsto en los artículos 493 y 502 de la Ley 906 de 2004 (disposición vigente para la fecha en que se formuló acusación contra la reclamada).

Estos son: (i) las condiciones constitucionales de improcedencia de la extradición; (ii) la prohibición de doble juzgamiento, (iii) la validez formal de la documentación presentada, (iv) la demostración plena de la identidad del solicitado, (v) la doble incriminación de la conducta en las dos naciones, y (vi) la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. 3.

Verificación de las condiciones constitucionales impedientes de la extradición. El artículo 35 de la Carta Política[footnoteRef:10] establece que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, por delitos considerados como tales dentro de la legislación penal interna, que no ostenten el carácter de políticos y hayan sido cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997. [10: Modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo No. 01 de 1997.] 3.1.

Para el caso, las conductas por las cuales es solicitada KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN no son de carácter político[footnoteRef:11], lo cual impide que se configure la prohibición constitucional referida. [11: Pues fue llamada a juicio por «delitos de tráfico de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir» (según se dijo en la Nota Verbal de formalización de la solicitud, obrante a fl. 42 y 46 de la carpeta).] Además, de acuerdo con la documentación aportada por el país requirente, los hechos materia de juzgamiento se cometieron «en algún momento alrededor de 2017, y continuando después hasta incluso la fecha de [la] Acusación Formal»[footnoteRef:12].

Se dijo también, que se perpetraron «a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos» [footnoteRef:13]. [12: Folio 82 y 131 de la carpeta.] [13: Folio 84 y 133, Ídem.] De ahí que, no se evidencie algún motivo constitucional de los previstos en el artículo 35 de la Carta Política, que derive en la improcedencia de la extradición. 3.2.

La prohibición de doble juzgamiento. Pacíficamente ha expuesto la jurisprudencia de la Sala, que para que opere la extradición de nacionales colombianos es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido. Esa precisión significa que, el principio de la cosa juzgada, como faceta de la garantía constitucional del debido proceso (art. 29 de la Constitución) es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP 165 – 2014 y CSJ CP, 9 mayo 2009, Rad. 30373, entre otros).

Así las cosas, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación informó que la ciudadana KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, identificada con cédula de ciudadanía 1.130.593.312, “ no figura con registros vigentes adelantados en su contra, distintos al trámite de extradición ”[footnoteRef:14]. Igualmente, la prenombrada Dirección precisó que no existen investigaciones penales activas en contra de la requerida en extradición, de conformidad a los datos suministrados por la Delegada para las Finanzas Criminales, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la referida entidad[footnoteRef:15]. [14: Folio 31 del cuaderno de la Corte.] [15: Folios 41 a 45, ídem.] Pues bien, en este caso no se tiene conocimiento de que la requerida esté siendo procesada o haya sido juzgada en Colombia por los mismos hechos que motivan la solicitud de extradición. Además, la solicitada no hizo ninguna manifestación sobre ese particular aspecto y fue capturada, para efectos del presente trámite, cuando se encontraba en libertad.

En consecuencia, no deviene improcedente la extradición por la condición bajo análisis. 4. Verificación de los requisitos contenidos en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal. Para emitir concepto en el presente caso han de tenerse en cuenta las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). Con base en ese marco normativo, entrará la Sala a estudiar la solicitud de extradición de la nacional colombiana KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, para lo cual constatará: a) la validez formal de la documentación allegada con la solicitud; b) la plena identidad de la solicitada; c) la equivalencia de la decisión emitida en el extranjero con el escrito acusatorio de nuestro país; y d) la incriminación de la conducta en las dos naciones. 4.1.

Validez formal de la documentación presentada. La Cónsul General de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso. En ese sentido, certificó la firma de Patrick O. Hatchett, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien avaló la del Secretario de Estado, Michael R. Pompeo y éste, la rúbrica de Matthew G. Whitaker, Fiscal General, quien acreditó la de Frances Chang, Directora Asociada de la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, encargada de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones de Christopher Eason, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas y Steven C. Mcbain, agente especial de la Administración de Control de Drogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés)[footnoteRef:16]. [16: Folios 51 a 56 de la carpeta.] Como documento anexo y debidamente traducido, aparece la acusación No. 4:18CR71[footnoteRef:17], dictada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de Texas contra KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN[footnoteRef:18], así como la orden de arresto librada por esa Corte[footnoteRef:19]. [17: También conocido como Caso 4:18-CR-00071-ALM-KPJ.] [18: Ibíd. Folios 82 a 85 y 131 a 134. ] [19: Ibíd. Folio 87.] También se allegó copia traducida de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso[footnoteRef:20] y la cartilla decadactilar de la requerida, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil[footnoteRef:21]. [20: Ibíd. Folios 116 a 129.] [21: Ibíd. Folio 101.] Así las cosas, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de GÓMEZ CERÓN es formalmente válida, por lo que se cumple este requisito. 4.2.

Plena identidad del solicitado en extradición. De acuerdo con las notas diplomáticas números 1384 y 0042, KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, también conocida como «Jara» o «Juanita Acosta» es ciudadana de Colombia. Nació el 25 de enero de 1987 en Patía (Cauca), y se identifica con la cédula de ciudadanía N° 1.130.593.312. Al ser enterada de la orden de captura con fines de extradición, la reclamada se identificó con ese documento, que aparece en el acta de notificación personal de la orden de aprehensión con fines de extradición[footnoteRef:22] y en la constancia de buen trato[footnoteRef:23]. [22: Ibíd. Folio 12.] [23: Folio 11 ibíd.] Además, su identidad fue corroborada mediante informe pericial en el que se concluyó que las huellas de la capturada corresponden a las de la persona solicitada en extradición[footnoteRef:24]. [24: Folios 19 a 22 ídem.] Así las cosas, de las piezas documentales aportadas al trámite se advierte con facilidad que no hay ninguna duda en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición. 4.3.

Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. Este requisito se verifica cuando se acata lo previsto en el numeral segundo del artículo 493 de la Ley 906 de 2004, es decir, «que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente». En el presente evento, el 18 de abril de 2018, la Corte del Distrito Este de Texas dictó la acusación No. 4:18CR71[footnoteRef:25].

Ese acto procesal equivale al escrito acusatorio del artículo 337 de la Ley 906 de 2004. [25: También conocido como Caso 4:18-CR-00071-ALM-KPJ.] Ha de aclararse que el indictment no es idéntico a la acusación nacional pero guarda similitudes que lo tornan equivalente. Contiene una narración sucinta de las conductas investigadas con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente el comportamiento; invoca las disposiciones penales aplicables y tal cual sucede con la emisión del escrito de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, donde el procesado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos que se emiten en su contra.

Por lo anterior, este requerimiento se cumple a cabalidad. 4.4. La incriminación de la conducta en los dos países. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está «previsto como delito en Colombia y [es] reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años ».

Para establecer si la conducta que se le imputa a quien es reclamado en extradición en el país solicitante se considera delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la acusación foránea con las de orden interno, en orden a verificar si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos (en idéntico sentido, CSJ CP081 – 2016 y CSJ CP068 – 2016, entre muchos otros).

Esa confrontación se lleva a cabo con la normatividad vigente al momento de emitir el concepto, puesto que la Corte lo dicta dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional. Por esa razón, la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, pues las de nuestro país no son las que se aplicarán en el extranjero.

Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda debe ser considerado como delictuoso en el territorio patrio. Pues bien, en la acusación No. 4:18CR71[footnoteRef:26], contra KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN se formularon los siguientes cargos [footnoteRef:27]: [26: También conocido como Caso 4:18-CR-00071-ALM-KPJ.] [27: Ver folios 82 a 85 y 131 a 134 de la carpeta.] CARGO 1 Que en algún momento alrededor del 2017, y continuando después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados (…) KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN alias “Jara”/ “Juanita Acosta” con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron y acordaron con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado de los Estados Unidos, para con conocimiento e intencionalmente elaborar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. CARGO 2 Que en algún momento alrededor del 2017, y continuando después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados (…) KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN alias “Jara”/ “Juanita Acosta” ayudados e instigados por cada uno, con conocimiento e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, con la intención, conocimiento y con causa razonable para creer que dicha sustancia seria importada ilegalmente a los Estados Unidos, en contravención de las Secciones 959(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la Sección 989 del Título 21 y Sección 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. CARGO 3 Que en algún momento alrededor del 2017, y continuando después hasta incluso la fecha de esta Acusación Formal, en las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y en otros lugares, los acusados (…) KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN alias “Jara”/ “Juanita Acosta” con conocimiento e intencionalmente se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre ellos, y con otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado para cometer un delito definido en la Sección 70503 del Título 46 del Código de los Estados Unidos, es decir: para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de categoría II, a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción de los Estados Unidos, según se define en la Sección 70502(c)(1)(A) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

En contravención de la sección 40503(a)(1) y 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos. Además, en la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición que rindió el agente especial de la DEA, Steven C. Mcbain, se complementó el cargo arriba relacionado en el siguiente sentido: La investigación de las autoridades del orden público reveló una organización narcotraficante a gran escala, que opera a través de Centro y Sudamérica desde aproximadamente el 2008 hasta el día de hoy.

La organización narcotraficante opera en Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, México y otros lugares. Usa métodos sofisticados para adquirir, almacenar, transportar y distribuir múltiples toneladas de cocaína destinadas a los Estados Unidos. Utiliza lanchas rápidas, barcos cargueros, submarinos, aviones, camiones con remolque, y vehículos de motor para transportar grandes embarques de cocaína.

La cocaína se origina en Colombia y usualmente pasa a través de los países antes mencionados de Centro y Sudamérica. Partes de los embarques de cocaína son importados ilegalmente a los Estados Unidos para su distribución adicional. Las ganancias provenientes de la venta de las drogas son transportadas a los Estados Unidos de regreso a través de los países antes mencionados.

(…) 31. GÓMEZ es una inversionista y contrabandista de cocaína con sede en Colombia y quien coordina el despacho de embarques grandes de cocaína de Colombia a México por Costa Rica y Guatemala. Ella colabora con (…) para transportar la cocaína por medio de submarinos SPSS. (…) II. PRUEBAS Incautación el 13 de noviembre de 2017 de un submarino SPSS que contenía 1.683 kilogramos de cocaína (…) 39.

El 27 de octubre de 2017, comunicaciones interceptadas legalmente revelaron que (…) y otros socios, estaban coordinando un pago de $52.000 dólares estadounidenses a “David” y a su grupo armado de seguridad por ayuda con un embarque próximo de drogas (…) 41. En algún momento a principios de noviembre de 2017, CW.3 estuvo presente cuando un submarino SPSS fue cargado de cocaína en nombre de (…) GÓMEZ (…) CW-3 informó que había observado a un número de hombres armados presentes para proporcionar seguridad, y los mandaba un hombre llamado “David”. 42.

El 13 de noviembre de 2017, mientras estaba patrullando de rutina en el Pacífico del Este, un avión patrulla de la Marina de los Estados Unidos detectó un submarino SPSS aproximadamente a 341 millas náuticas de la frontera de Costa Rica y Panamá. (…) En un aparente intento de hundir la embarcación y evitar la incautación de la carga de cocaína, la embarcación se hundió con rapidez en menos de a 4 minutos de la interdicción. Sin embargo, poco después, el personal de USCG [Guardia Costera de los Estados Unidos] observó varias pacas grandes y un número de ladrillos más pequeños flotando en la superficie del mar e inmediaciones.

Los paquetes que flotaban fueron recuperados y se descubrió que contenían aproximadamente 1.638 kilogramos de cocaína. (…) 43. El 20 de noviembre de 2017, comunicaciones interceptadas legalmente revelaron a GÓMEZ (…) hablando de la interdicción anterior y la pérdida de la carga de cocaína[footnoteRef:28]. [28: Cfr. fls. 96 a 98 y 145 a 147 de la carpeta.] Ahora bien, los cargos endilgados a KAREN ANDREA GÓMEZ CERÓN fueron adecuados típicamente por la autoridad judicial norteamericana en el tipo punible descrito en la sección 963[footnoteRef:29] del Título 21 del Código de los Estados Unidos, norma que tiene equivalencia en el Código Penal colombiano, en el inciso 2º del artículo 340[footnoteRef:30], así: [29: Tentativa y asociación delictuosa: Toda persona que intente cometer o conspire para cometer algún delito definido en este subcapítulo, estará sujeta a las mismas sanciones que las que se ordenan para el delito cuya realización fue el objeto de la tentativa o la asociación delictuosa.] [30: Modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006.]

ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. (…) Cuando el concierto sea para cometer delitos de… tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas … la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales.

De igual manera, se hizo alusión en el indictment a los injustos descritos en las secciones 959[footnoteRef:31] y 960[footnoteRef:32] del citado Código. Estos se adecúan en nuestro país al delito contenido en el artículo 376 del Código Penal[footnoteRef:33], con la circunstancia de agravación contenida en el canon 384 ejusdem, de la siguiente manera: [31: (a) Fabricación o distribución con fines de importación ilícita.

Será ilegal que cualquier persona fabrique o distribuya una sustancia controlada de la Tabla I o II o flunitrazepam o una sustancia química enlistado. (1) Con la intención de que esa sustancia o ese químico sea importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos; o (2) Con conocimiento de que esa sustancia o ese químico será importado ilícitamente a los Estados Unidos o a las aguas dentro de las 12 millas de la costa de los Estados Unidos.

(…)] [32: Actos prohibidos A… castigado de acuerdo con lo previsto en la subsección (b) de esta sección. (b) Las penas (1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de (B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de (ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros ] [33: Modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011.]

ARTICULO 376. TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 384. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA. El mínimo de las penas previstas en los artículos anteriores se duplicará en los siguientes casos: (…) 3. Cuando la cantidad incautada sea superior a mil (1.000) kilos si se trata de marihuana; a cien (100) kilos si se trata de marihuana hachís; y a cinco (5) kilos si se trata de cocaína o metacualona o dos (2) kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola.

Entonces, los comportamientos a los que se hizo alusión en el indictment y en la declaración jurada de apoyo – es decir, el concierto para delinquir y el tráfico de estupefacientes – se califican como delitos en nuestro país, igual como sucede con la legislación de la nación reclamante. Por consiguiente, como los injustos contenidos en los cargos Uno, Dos y Tres del indictment se encuentran penalizados en los dos países y tienen sanción superior a los cuatro (4) años de prisión, se verifica cumplida la exigencia de la doble incriminación en el presente asunto. 4.5.

Aunque la acusación dictada por la Corte para el Distrito Este de Texas incluye la cláusula de decomiso sobre los bienes objeto de la conducta reprochada, no puede ser entendida en estricto sentido como un cargo. Es que, como lo ha venido expresando esta Corporación pacíficamente, la alusión a esa figura no comporta imputación alguna. Se trata del anuncio de la consecuencia patrimonial que la declaratoria de responsabilidad podría acarrear respecto de los bienes involucrados en los delitos de cuya comisión se acusa al requerido.

Como ese tema es ajeno a la solicitud de extradición, no puede ser analizado por la Sala para los fines del concepto a su cargo. 5. Concepto. Las precedentes consideraciones permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar, de manera favorable, a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN, por los cargos que se le atribuyen en la acusación N° 4:18CR71, dictada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de Texas. 5.1.

Condicionamientos. Si el Gobierno Nacional concede la extradición, ha de garantizar a la reclamada su permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseída, absuelta, declarada no culpable o eventos similares; incluso, después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo, le corresponde exigir que la solicitada no sea juzgada por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

De igual manera, debe condicionar la entrega de GÓMEZ CERÓN a que se le respeten todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por ella o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior.

Además, no debe ser condenada dos veces por el mismo hecho, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica. Igualmente, el Gobierno debe condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca a la extraditada posibilidades racionales y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos. De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el tiempo que la reclamada estuvo detenida por cuenta del trámite de extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga. 5.2. Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición de KAROL ANDREA GÓMEZ CERÓN de anotaciones conocidas en el curso del proceso, por los cargos que se le atribuyen en la acusación N° 4:18CR71, dictada el 18 de abril de 2018 en la Corte del Distrito Este de Texas.

Comuníquese esta determinación a la solicitada, a su defensor, al Procurador Delegado y al Fiscal General de la Nación, para lo de su cargo. Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia. EYDER PATIÑO CABRERA JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 26