Tutela de 1ª Instancia n.° 104429 Jeisson Orlando Beltrán Bautista Eyder Patiño Cabrera Magistrado Ponente ATP719-2019 Radicación n. ° 104429 (Aprobado Acta n.° 112) Bogotá, D.C., nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019). ASUNTO Sería del caso resolver la acción de tutela presentada por la abogada Helena del Pilar Campo, en representación de Jeisson Orlando Beltrán Bautista, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, si no fuera porque la demanda no está acompañada del poder especial que los legitime para actuar en el presente diligenciamiento.
ANTECEDENTES 1. Hechos y fundamentos de la acción 1.1. De la escasa información obrante en el expediente se tiene que el 12 de agosto de 20156 el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Jeisson Orlando Beltrán Bautista por la comisión del delito de homicidio en la modalidad de tentativa. 1.2. Contra esa determinación el condenado interpuso recurso de apelación, el cual correspondió desatar a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, donde actualmente se encuentra la actuación. 1.4 La abogada Helena del Pilar Campo, en representación de Beltrán Bautista acudió al presente trámite constitucional para que, previo el agotamiento del trámite establecido en el Decreto 2591 de 1991, ordene a dicho cuerpo colegiado, resolver sobre el referido medio de impugnación. CONSIDERACIONES 1.1.
Como bien es sabido por todos, inclusive para las personas con poco conocimiento en materias jurídicas, la acción de tutela carece de formalidad cuando se trata de invocar ante el juez constitucional el amparo de los derechos fundamentales propios y presuntamente vulnerados; sin embargo, la situación varía ostensiblemente ante determinadas circunstancias, esto es, cuando se pretende la protección de las garantías de terceros.
Para el efecto, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991 señala: […] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se puede agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 1.2. De la lectura exacta del articulado se puede establecer: i) Que la norma legitima para que incoe la acción de amparo, solamente a la « persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales», quien puede hacerlo de manera directa o por medio de representante, bien que éste sea judicial o un agente oficioso. ii) Si se trata de apoderado judicial, que obviamente ha de ser un profesional del derecho, surge la obligación de demostrar la existencia del correspondiente mandato, en la medida en que por tratarse de garantías fundamentales se requiere de poder especial. iii) Y en el evento que se actúe como agente oficioso, además de manifestar tal circunstancia en la solicitud, tiene la carga de acreditar la indefensión del titular de las garantías cuya tutela se demanda.
Sobre la legitimación en la causa, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-511-2017, dijo: […] Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la Corte Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 2010, reiteró lo siguiente con respecto a la legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela: “ Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso ”.
(Negrilla fuera del texto original). Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011, este Tribunal indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 2016, esta Corporación reiteró que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y constituye un presupuesto procesal de la demanda. 6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-452 de 2001, T-372 de 2010, y la T-968 de 2014, este Tribunal estableció que se encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la manifestación que indique que actúa en dicha calidad;
(ii) la circunstancia real de que, en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de solicitar el amparo constitucional. En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 2015, reiterada en la T-467 de 2015, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos. 7.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante.
Asimismo, la legitimación por activa a través de agencia oficiosa es procedente cuando: (i) el agente manifiesta o por lo menos se infiere de la tutela que actúa en tal calidad; (ii) el titular del derecho es una persona en situación de vulnerabilidad, que por sus condiciones físicas o mentales no pueda ejercer la acción directamente; y (iii) el agenciado ha manifestado su voluntad de solicitar el amparo constitucional. [Negrillas del texto original]. 1.3.
En el asunto objeto de examen, la Sala observa que la libelista no aportó poder especial para actuar dentro del presente trámite constitucional, luego la mera circunstancia de señalar que funge como defensora de Jeisson Orlando Beltrán Bautista al interior de la casusa penal seguid en contra de éste por la presunta comisión del delito de homicidio en la modalidad de tentativa, no es más que una simple invocación, la que de manera alguna la legitima - per se - para acudir por vía de tutela a obtener la protección de los intereses de dicha persona.
Y aunque la abogada allegó un mandato especial, lo cierto es que el mismo se suscribió para actuar en el encuadernamiento identificado con el n.° 11001600001320120922301, sin que el referido documento la haya habilitado para promover el presente amparo contra la Sala Penal del Tribunal Superior Bogotá. En consecuencia, por ilegitimidad en la personería de quien interpone la tutela, se rechazará la demanda presentada.
Es de advertir a partir de la presente determinación, la Sala variará el criterio según el cual, en casos como el presente, cuando es rechazado el amparo por falta de legitimación, las diligencias eran archivadas y contra esa decisión no procedía recurso alguno [ver entre otras, CJSATP201-2019, 7 feb. 2019, rad. 102834; CSJ ATP1432-2018, 27 ag. 2018, rad. 100265;
CSJ ATP1513-2018, 26 jul. 2018, rad. 99721; CSJ ATP843-2018, 14 abr. 2018, rad. 97909; CSJ ATP5326-2017, 16 ag. 2017, rad. 93600; CSJ ATP7603, 2 nov. 2016, rad. 88925; CSJ ATP7478-2015, 16 dic. 2015, rad. 83498; CSJ ATP3706-2014, 3 jul. 2014, rad. 74470 y CSJ ATP, 16 oct. 2013, rad. 69944]. En su lugar, se procederá conceder la posibilidad de impugnar esa clase de determinación y, en caso de que no sea apelada, proceder a remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en cumplimiento a lo señalado por esa Corporación en sentencia CC T-313-2018.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero. Rechazar, por falta de legitimación en la causa por activa, la acción de tutela presentada por la abogada Helena del Pilar Campo, en nombre de Jeisson Orlando Beltrán Bautista. Segundo. Segundo. Ordenar que, si la decisión no es impugnada ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, se remita el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Eyder Patiño Cabrera Luis Guillermo Salazar Otero Nubia Yolanda Nova García Secretaria � M.P. Antonio Barrera Carbonell. � M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub. � M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. � M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. � M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. � M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. � M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. � M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. � M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. � M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
PAGE 8