CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Proceso de Tutela Radicación.: 76.474 Yurleidys Paola Giraldo Durán CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3 PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR MAGISTRADA PONENTE ATP6360-2014 Radicación No. 76.474 Acta No. 336 Bogotá D. C., catorce (14) de octubre de dos mil catorce (2014) VISTOS Sería del caso que la Sala se pronunciara sobre la demanda de tutela instaurada por YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN, contra la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA, el JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS y la FISCALÍA 1ª CAIVAS, ambos de esa ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, si no fuera porque se observa el incumplimiento de uno de los requisitos de procedencia de la acción constitucional.

ANTECEDENTES En un farragoso escrito, informa YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN que su padre, Jorge Iván Giraldo Torres fue condenado por un delito contra la integridad sexual, al parecer, por una mendaz declaración de una de sus hermanas. Hace críticas a los testimonios y pruebas periciales que se practicaron en el juicio, refiriendo que se indujo en error a la administración de justicia e insiste además, en la inocencia de su progenitor.

Pide al juez de tutela que «se me tutele el derecho aquí descrito como vulnerado» y además, «infirmen la sentencia que pesa en contra de mi padre». CONSIDERACIONES La tutela es un instrumento jurídico previsto para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

Por su carácter residual sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 1. De la legitimidad del accionante. Sobre este aspecto, señala el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, que la tutela: …podrá ser ejercida en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.

Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Subrayas ajenas al texto original).

De este precepto, se puede establecer la posibilidad de que el amparo sea solicitado por el titular de derechos fundamentales lesionados o puestos en peligro, de forma directa, a través de representante legal o por conducto de apoderado, caso en el cual debe ser abogado titulado y además debe contar con el mandato que lo autorice para instaurar la tutela.

En los eventos en los cuales el titular de los derechos fundamentales se halle imposibilitado para promover su propia defensa, puede actuar a su nombre un agente oficioso siempre y cuando demuestre siquiera sumariamente la limitante física o psíquica que le impide actuar a aquel directamente o a través de su representante. 2. Del caso concreto En el asunto bajo examen, YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN acude a la vía tutelar tras estimar que fueron vulnerados sus derechos fundamentales, con la sentencia mediante la cual fue condenado su padre.

No obstante, en este caso, la legitimación para el ejercicio de la acción constitucional radica en la persona realmente afectada con la decisión condenatoria, esto es, Jorge Iván Giraldo Torres, quien podía ejercitarla directamente o a través de apoderado judicial. Sin embargo, como se aprecia del libelo, si lo que pretende es criticar las decisiones mediante las cuales su progenitor fue condenado, ha debido acudir a la figura de la agencia oficiosa – siempre y cuando acreditara su calidad de abogada –, pero no se tiene noticia, ni la accionante así lo demuestra, que Giraldo Torres esté en imposibilidad de valerse por sí mismo, o que no pueda promover su defensa material para acudir a la vía tutelar, eventos que le permitirían actuar bajo esa figura, si de proteger los derechos fundamentales de su padre se trata, es decir, para hacer valer los que por su incapacidad física o jurídica no pueda ejercer.

En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado: La acción de tutela sólo puede ser interpuesta, en principio, para defender derechos fundamentales propios, pudiendo reclamar la protección el mismo afectado sin intervención de apoderado judicial. Sin embargo, puede incoar la acción un tercero para que se amparen derechos cuya titularidad no ostenta, cuando hay de por medio una representación legal, cuando su titular le ha extendido mandato expreso para ello o cuando el afectado no puede, por razones fácticas o jurídicas, promover su propia defensa, caso en cual opera la agencia oficiosa que debe probarse sumariamente y ponerse de manifiesto en el libelo demandatorio.

Es menester que en todos estos casos de representación jurídica, el demandante acredite debidamente su calidad para actuar en nombre de otro” (Subrayado de la Sala). De conformidad con lo expuesto en precedencia, se observa que YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN no es la presuntamente afectada con la emisión de las decisiones condenatorias y tampoco está legitimada para invocar el amparo constitucional de las garantías supuestamente conculcadas a su progenitor, ni aportó prueba sumaria siquiera de que éste no puede valerse por sí mismo o que le haya delegado tal misión. Y aun cuando Giraldo Torres se encuentre privado de la libertad, tal argumento no permite validar la agencia oficiosa que pretende impetrar su hija, pues, como lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, para que una persona pueda ser representada mediante esa figura se requiere que «est[é] en imposibilidad de promover por sí mismo la acción constitucional» (T-1012 de 1999), no siendo esa la situación de aquellas personas privadas de la libertad, como igualmente lo ha aclarado la Corte Constitucional al señalar que «los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección» (Sentencia T-900 de 2005).

Lo anterior, máxime si la experiencia diaria da cuenta de gran cantidad de demandas interpuestas directamente por personas recluidas en centros carcelarios, que para el efecto acuden a la intermediación de las Oficinas Jurídicas o a los entes administrativos propios de cada penitenciaría, hecho que también descarta la intervención en el asunto de la libelista.

En ese orden de ideas, al no cumplirse el presupuesto de procedibilidad de legitimación por activa, se rechazará la demanda de tutela presentada por YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA NO. 3, RESUELVE RECHAZAR la demanda de tutela instaurada por YURLEIDYS PAOLA GIRALDO DURÁN, por falta de legitimación por activa.

NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Contra esta decisión, no procede recurso alguno. CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � (Sentencia T-709/98). 2 2 _1139985127.doc