Tutela 76212 PEDRO DURÁN RIZO República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3 PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR MAGISTRADA PONENTE ATP6183-2014 Radicación No.: 76.212 Acta No. 333 Bogotá D. C., siete (7) de octubre de dos mil catorce (2014) VISTOS Sería del caso que la Sala avocara el conocimiento y se pronunciara sobre el amparo constitucional impetrado por el señor PEDRO DURÁN RIZO contra LA FISCALÌA 22º SECCIONAL DE GARZÓN –HUILA- y LA FISCALÍA 3ª DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, « en conexidad con el patrimonio económico»[footnoteRef:1], de no ser porque el accionante se abstuvo de corregir el libelo de tutela conforme lo prevé el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. [1: Folio 1 Cdo.

Original.]

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 1. Ante la falta de claridad y concreción en los hechos irregulares que el accionante le atribuye a los demandados como transgresores de sus garantías fundamentales, la Sala, mediante auto del 29 de septiembre de 2014, con el ánimo de salvaguardar, eventualmente, las garantías que reclama, lo requirió para que concretara lo siguiente: «…los hechos de la demanda, la vulneración de los derechos fundamentales invocados, así como las providencias objeto de cuestionamiento, las autoridades judiciales accionadas y las pretensiones.

En caso de no cumplir lo anterior, la tutela será rechazada.»[footnoteRef:2] [2: Folio 250 Cdo. Original.] 2. Notificado DURÁN RIZO de lo anterior, vía correo electrónico el día 1º de octubre de 2014[footnoteRef:3], no se allegó respuesta alguna al pronunciamiento de esta Corporación, conclusión a la que se arriba, luego de verificar el sistema de registro de actuaciones de La Corte Suprema de Justicia el día de hoy siete (7) de octubre del presente año, a las 9:40 A.M. –trascurridos los tres días hábiles mencionados-, el cual no reporta el ingreso de ningún oficio del actor. [3: Folio 251 reverso Cdo.

Original.] 3. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política para que, mediante un procedimiento preferente y sumario, se protejan los derechos fundamentales cuando resulten transgredidos o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos establecidos en la ley, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se esté frente a un perjuicio irremediable que la haga procedente como mecanismo transitorio. 4.

Bien es sabido que la solicitud de amparo carece de formalidad cuando se trata de invocar ante el juez constitucional protección a los derechos fundamentales propios y presuntamente vulnerados; sin embargo, la situación varía, ostensiblemente, ante determinadas circunstancias, esto es, cuando el accionante no expone de manera clara y precisa los hechos por los cuales considera afectadas sus garantías, eventualidad frente a la cual el legislador previó la corrección de la solicitud, consagrada en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, según el cual: Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no las corrige, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante.

Esta figura ha ameritado de la Corte Constitucional –T-183/95- el siguiente pronunciamiento: Si bien es cierto que la acción de tutela es un recurso general reconocido a toda persona sin distinciones ni discriminación por razones de edad, sexo, condición o naturaleza, y que el reclamo de lo contenido en lo que se pretende, está liberado de exigencias formales, permitiéndose en el mismo una discrecionalidad en el manejo de los hechos, de las razones y de los conceptos, no quiere decir que dicha informalidad pueda llegar al límite de la imprecisión, ausencia de claridad o de sentido en la solicitud de tutela.

Lo anterior, es el resultado de la naturaleza popular de la acción y del interés político con ella garantizado, la defensa de los derechos fundamentales, ambos definidos en la Carta Política. Sin embargo, la acción de tutela requiere, como un medio indispensable para su eficacia, de un contenido cierto de su solicitud, que exprese con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública si fuere posible y las demás circunstancias relevantes para decidir el asunto.

Agrega el precepto legal (art. 4 del Decreto 2591 de 1991), que no será indispensable citar la norma constitucional infringida ni ninguna formalidad, pudiendo presentarse como en el caso de la referencia, por vía telegráfica u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito; tampoco será necesaria la intervención de apoderado e incluso en las hipótesis contenidas en el inc. 3 de la norma, podrá ser ejercida verbalmente.

Precisamente, en el presente caso, ante la falta de claridad en la exposición de los hechos objeto de solicitud de protección constitucional, se requirió al actor para que fundamentara, con la mínima precisión, y sin que ello le causara erogación económica alguna[footnoteRef:4], los hechos por los cuales consideraba vulneradas sus garantías, atendiendo la multiplicidad de accionados –autoridades judiciales y particulares- por lo que se esperaba una relación concreta de la lesión que cada uno de ellos le habría causado para un mejor proceder. [4: Por cuanto bien podía realizarlo vía correo electrónico, tal y como le fue notificado el auto proferido por esta Sala en el que se le solicitó su aclaración.] Pero como quiera que ello no sucedió en el término legal otorgado, no queda alternativa diferente a la de rechazar de plano la demanda y hacer devolución de la misma y sus anexos al señor PEDRO DURÁN RIZO.

Finalmente, cabe precisar que en contra de esta decisión no procede recurso alguno. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la demanda de tutela formulada por PEDRO DURÁN RIZO, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, devuélvasele al demandante el correspondiente libelo y sus anexos.

TERCERO: Contra esta providencia no procede recurso alguno. Comuníquese y cúmplase, JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 6