Radicación n.° 93163. Paulo Andrés Vinasco Patiño. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Magistrado Ponente ATP4630-2017 Radicación n.° 93163 Acta 231 Bogotá D. C., julio diecinueve (19) de dos mil diecisiete (2017). VISTOS De plano resuelve la Sala lo pertinente en relación con la demanda de tutela presentada por el profesional del derecho WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGUEZ, en contra de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del ciudadano PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1. El profesional del derecho WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGUEZ, en pretérita oportunidad presentó acción de tutela en nombre de PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, para que se protegieran los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del prenombrado, presuntamente vulnerados en el marco del proceso penal con radicación 11001-60-00-000-2013-01642-01 (AC-008-16), adelantado en su contra por los delitos de «homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, partes, accesorios o municiones». 2.
Esta Sala de Decisión de Tutelas n.° 2, mediante proveído del APT2342, 6 abr. 2017[footnoteRef:1], rechazó de plano la referida demanda, tras considerar que el doctor FIGEROA RODRÍGUEZ carecía de legitimidad en la causa por activa para solicitar el amparo, toda vez que, «no aportó poder especial para actuar en nombre de aquél [aludiendo a PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO] en el presente trámite de tutela» y además «no invocó ni acreditó la calidad de agente oficioso, ni señaló las circunstancias que impidan al ciudadano PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO –afectado con las decisiones proferidas por la corporación judicial demandada– actuar directamente en procura de la defensa de sus derechos fundamentales». [1: Ver folios 60 a 64 del Cuaderno Original Principal de Tutela de la Corte.] 3.
El abogado WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGUEZ, nuevamente presenta acción de tutela, aduciendo esta vez que, actúa como agente oficioso del señor PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, argumentando al respecto: «Como resulta imposible para el condenado al igual que para su familia por la precariedad económica en que viven, cubrir los gastos que ocasiona el desplazamiento del suscrito hasta la cárcel de Cómbita – Boyacá a fin de que otorgue poder el procesado PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, me veo obligado a presentar nuevamente el líbelo de tutela en calidad de agente oficioso».
CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. El debido proceso es reputado como uno de los principales derechos de los ciudadanos, su noción se determina a partir del principio universal conforme al cual los procedimientos tienen por finalidad la realización del derecho material y que éstos deben estar sujetos a ciertas reglas. Lo anterior brinda transparencia a las actuaciones de las autoridades públicas y al agotamiento de las etapas determinadas de manera inequívoca en el ordenamiento legal.
En otras palabras, se exige que todo trámite, judicial o administrativo, incluido el mecanismo de amparo se ciña a las pautas constitucionales y legales que la rigen, observando a plenitud las formas propias de cada juicio. 2. A su vez, el artículo 229 de la Carta Política dispone que toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia y que la ley señalará los casos en los cuales podrá hacerlo sin la representación de abogado, estableciendo así de manera general que la representación en las acciones judiciales, incluida la acción de tutela, requieren del mencionado título profesional. 3.
Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por el titular del derecho fundamental vulnerado o amenazado, o por intermedio de apoderado, es decir, que para que una persona diversa al titular de los derechos fundamentales que se estiman conculcados se encuentre legitimada para interponer esta acción se requiere que esté debidamente habilitada por la ley, como cuando el padre representa los intereses de sus hijos menores; o que le haya sido otorgado poder especial para ello, siempre que ostente la calidad de abogado inscrito; o bien, que actúe como agente oficioso, caso en el cual le corresponde expresar las razones que motivan la imposibilidad del titular para proveer la defensa de sus derechos fundamentales. 4.
De la disposición última referenciada, se concluye que es posible agenciar derechos ajenos cuando su titular se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la tutela, pero si la calidad de agente oficioso no se acredita ni se prueba –siquiera sumariamente–, el juez de tutela debe rechazar la demanda por falta de legitimación o interés. 5.
Debe recordarse que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional: «La agencia oficiosa es, entonces, una herramienta jurídica que permite poner en funcionamiento el aparato judicial sin necesidad de que la persona directamente afectada tenga que acudir por sí misma. No significa lo anterior que cualquier persona pueda, en aras de obtener pronunciamiento de un juez, comprometer el nombre de un tercero. Por ello se exige que se ratifique la actuación del agente por el agenciado cuando está en condiciones de hacerlo.
Al respecto la Corte Constitucional, en sentencia T-044 de 1996, señaló: “La agencia oficiosa no puede llevar a que se comprometa el nombre de otro para obtener la actuación del juez sin manifestación alguna de quien figura como sujeto pasivo de la vulneración o amenaza de los derechos. De allí que la norma legal exija la ratificación de lo actuado por el agente oficioso como requisito de legitimación dentro del proceso.
Tampoco sería admisible el ejercicio de la acción de tutela a nombre de otra persona cuando en realidad se persigue el propio beneficio o interés. Quien alega que la persona a cuyo nombre intenta la acción de tutela no puede hacer valer derechos de manera directa, carece de facultad para seguir representándola legítimamente cuando luego se establece, evaluados los hechos por el juez, que aquélla sí podía, por sí misma, acceder a la administración de justicia, de donde resulta que en tales casos, a menos que el verdaderamente interesado ratifique de manera expresa su voluntad de continuar con el proceso iniciado y reafirme ante el juez la relación de los hechos que dan lugar a la petición de amparo, la actuación debe culminar con la negación de las pretensiones de la demanda”» (C.C.S.T-244/2015).
Asimismo, ese máximo Tribunal ha señalado que «la agencia oficiosa permite instaurar la acción constitucional en procura de los derechos fundamentales de terceros cuando estos no puedan hacerlo por sí mismos, quienes deberán luego, de ser posible, ratificar las actuaciones adelantadas por el agente» (C.C.S.T-244/2015). 6. En el caso concreto, la razón que aduce el profesional del derecho WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGEZ para actuar como agente oficioso de PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, es que éste último se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario de Cómbita (Boyacá).
Esa circunstancia, a juicio del demandante, ha impedido que el señor VINASCO PATIÑO, de una parte, le confiera en debida forma el poder especial exigido por la ley y, de otro lado, promover la defensa de sus derechos de manera directa. En ese contexto, es importante destacar que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha clasificado los derechos de las personas privadas de la libertad (en razón de la imposición de una medida de aseguramiento o del cumplimiento de una sentencia condenatoria) en tres grupos, a saber: derechos (i) intocables, (ii) suspendidos o (iii) restringidos, explicando al respecto que: «(i) los derechos intocables, aquellos que son inherentes a la naturaleza humana y no pueden suspenderse ni limitarse por el hecho de que su titular se encuentre recluido.
En este grupo se encuentran los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal, la igualdad, libertad religiosa, debido proceso y petición, (ii) los derechos suspendidos, son consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, tales como: la libertad personal, la libre locomoción entre otros, (iii) los derechos restringidos, son el resultado de la relación de sujeción del interno para con el Estado, dentro de éstos encontramos los derechos al trabajo, a la educación, a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión» (Cfr. Corte Constitucional Sentencias: T-213/2011, T-035/2013, T-149/2014, T-588A/2014.
Reiteradas en: T-244/2015). De conformidad con lo anterior, es claro, que el ejercicio de la acción de tutela no está comprendido entre aquellas prerrogativas suspendidas o restringidas, por el contrario es un derecho inherente a la persona humana (Art. 86 C.N) sin importar su condición y, ello cobija, incluso, a las que, por diferentes razones, están privadas de la libertad.
En esa medida, quienes se hallen en esa circunstancia, no pueden utilizarla de excusa o impedimento para acudir directamente ante el juez de tutela, máxime que para tales efecto los Establecimientos Penitenciarios tienen oficinas de asistencia jurídica que bien pueden facilitarles tal labor. Esta Corte, a diario, conoce de demandas que son interpuestas por reclusos, bajo el anterior mecanismo.
En efecto, sobre el particular, esta Corporación en sede de tutela, mediante sentencia CSJ SCP STP3691, 17 mar. 2016, Radicación n.° 84626, señaló: «2.3. Dicha razón [la privación de la libertad] no es de recibo per se, y es que la sola restricción del derecho a la libertad no se constituye en óbice para que la mencionada propenda por sus garantías prevalentes, pues es bien sabido, la misma no supone la anulación de todos los demás que le asisten como persona, entre ellos, la posibilidad de dirigirse a las autoridades. […] 2.4.
Así, la sola condición de privación de la libertad no conduce a dar por acreditado el impedimento para concurrir directamente al mecanismo constitucional, y la mera circunstancia de anunciar derechos fundamentales presuntamente vulnerados no es más que una simple invocación la cual de manera alguna habilita al demandante para acudir por vía de tutela a obtener la protección de los intereses de E.D.R.». 8.
Así las cosas, es indudable que las garantías constitucionales que se plantean vulneradas son las del ciudadano PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, quien pese a su condición de persona privada legalmente de la libertad, no está imposibilitado para promover la defensa directa de sus intereses ni mucho menos está impedido para conferir poder amplio y suficiente a un profesional del derecho para que promueva acciones, como la presente, en su nombre, pues como se anotó, para facilitarle tales actuaciones se encuentran dispuestas las Oficinas de Asistencia Jurídica de los Establecimientos Carcelarios.
En esa medida, el profesional del derecho WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGUEZ carece de legitimidad para solicitar el amparo, toda vez que, como se mencionó en precedencia, no demostró satisfactoriamente la condición de agente oficioso, pues reitera la Sala, PAULO ANDRÉS VINASCO PATIÑO, no se encuentra en una circunstancia insuperable que le impida el ejercicio de la acción de tutela, ni mucho menos, lo imposibilite para conferir poder en legal forma.
En consecuencia, lo procedente en este caso es rechazar, nuevamente, la demanda de tutela por falta de legitimidad en la causa de la parte actora. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas n.° 2, RESUELVE 1. RECHAZAR la demanda de tutela interpuesta por falta de legitimidad del profesional del derecho WALTER ALONSO FIGUEROA RODRÍGUEZ. 2.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 1 2