ATP301-2024 — Corte Suprema

ATP301-2024Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2024

Magistrado ponente: Jorge Hernán Díaz Soto

De qué trata

Tema: DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - Tensión con el derecho al habeas data DERECHO AL HABEAS DATA - Tratamiento de datos personales a personas condenadas: subreglas jurisprudenciales (c. j.) Tesis: «(…) la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ponderado la tensión que surge entre el libre acceso a la información pública y la protección del derecho al habeas data de las personas que se han visto involucradas en procesos penales, en atención a que la divulgación de datos asociados a esta situación puede resultar lesiva de los intereses amparados con esta última garantía. 7. En esa labor, al analizar la normatividad aplicable en la materia y la línea hermenéutica trazada en relación con ella por la Corte Constitucional en sentencia CC SU-458- 2012, ha decantado, entre otras, las siguientes subreglas, aplicables a esta clase de eventos: “Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público -sin la supresión de los nombres de los procesados- permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lectura. Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa (Cfr. CSJ AP, 19 ag. 2015, rad. 20889).” En relación con las solicitudes de anonimización, la Sala insistió (Cfr. CSJ AP, 26 en. 2022, rad. 42706, reiterada en CSJ AP393-2022, 9 feb. 2022, rad. 43706): “Al ponderar la tensión entre el derecho a la intimidad y al buen nombre (…), con el deber de divulgación de las sentencias judiciales, la Sala ha señalado que si bien sus providencias condenatorias o referidas a fallos de condena -como ocurre en este caso- se deben ofrecer íntegras al público en general, permitiendo así que los ciudadanos accedan a ellas mediante los buscadores web, lo cierto es que en virtud del derecho al olvido y el principio de caducidad de dato negativo, se impone suprimir los nombres de las personas condenadas cuando jurídicamente se ha declarado el cumplimiento de la pena o su prescripción. Desde luego, se precisó que, en las mismas decisiones citadas, el documento se mantendrá íntegro en los archivos de la Corporación, conforme las reglas del derecho de acceso a la información pública y podrá consultarse directamente en las oficinas donde reposa.” 9. Este parámetro de interpretación se fijó frente a personas cobijadas con condenas, es decir, de quienes han sido vencidos en juicio, señalando la Corte en el mismo precedente, que “ante la ausencia de una ley estatutaria que establezca el régimen al que se debe someter la administración de las bases de datos relacionadas con providencias judiciales, irá adoptando las pautas pertinentes a medida que la casuística vinculada a las peticiones ciudadanas vayan imponiendo el estudio de nuevos problemas”». DERECHO AL HABEAS DATA - Las anotaciones en la página web de la Rama Judicial son breves reseñas que han ocurrido en el proceso y no constituyen antecedentes penales (c. j.) Tesis: «(…) es pertinente indicar que, en cuanto a la eliminación de la información que figura en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Sala ha establecido que esta base de datos es de carácter netamente informativo. Por ende, su propósito esencial no es otro que mejorar la gestión de los funcionarios judiciales agilizando su labor. Por tal razón no puede considerarse la misma como un registro de actuaciones judiciales en curso o culminadas, ni fuente de consulta de antecedentes penales. Sobre el particular se dijo: (…) las anotaciones que figuran en el portal de internet www.ramajudicial.gov.co, no tienen por finalidad institucional, dar razón de sus antecedentes penales, la vigencia de los mismos, ni tampoco es su objetivo el dar constancia de su conducta en el pasado. La información que ahí aparece consignada, constituye pilar esencial de trabajo de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y en ese sentido, su finalidad va dirigida a procurar un mejor sistema de gestión institucional. Por ello, como bien se muestra al ingresar a la página www.ramajudicial.gov.co, ahí no existe ningún link que dé cuenta de los antecedentes penales de las personas, sino que sólo permite constatar información respecto a las diferentes actuaciones en los procesos judiciales que se han tramitado en la judicatura, la que se presenta de forma sistemática y cronológica, sin ningún otro fin que el de servir de soporte para una mejor gestión de los procesos administrativos y judiciales”». ACCIÓN DE TUTELA - Accede a la solicitud de anonimización ÓRDENES IMPARTIDAS EN LA SENTENCIA - La Sala ordena a la Relatoría y a la oficina de sistemas de la Corte, que procedan a la anonimización de la información que del accionante obra en los sistemas de consulta de esta Corporación frente al radicado interno n.° 111068 y, en ese sentido, limiten la consulta al público en general de todo aquel contenido que permita identificarlo o individualizarlo dentro de las bases de datos y los mecanismos de información de acceso público de la entidad

CUI 11001020400020200084100 Acción de Tutela No. 111068 K.A.S.B. JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO Magistrado ponente ATP301-2024 Radicado Nº 111068 (Acta No.024) Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024). I. ASUNTO 1. La Sala procede a resolver la petición elevada por K.A.S.B. consistente en que se retiren las decisiones que contengan su nombre, relacionadas con el proceso penal en el que fue condenado.

II.

ANTECEDENTES

2. CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ OTALVAREZ en calidad de agente oficioso de K.A.S.B., promovió acción de tutela contra el Juzgado 8° Penal Municipal con Función de Conocimiento de Barranquilla y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, aparentemente vulnerado al interior del proceso penal 08001600106220150046500 que se adelantó en su contra. 3.

El conocimiento del asunto fue asignado en primera instancia a esta Sala de decisión que, con auto de 17 de junio de 2020, rechazó la demanda por falta de legitimación procesal. III. SOLICITUD 4. Mediante memorial allegado al correo electrónico de la Secretaría de la Sala, K.A.S.B. solicitó la supresión o anonimización de toda la información que repose en la página Consulta Nacional Unificada de Procesos, respecto de las acciones constitucionales 11001020400020200030900 y 11001020400020200084100, esta última a cargo de este despacho por cuanto el registro de cualquier actuación relacionada con el proceso penal que cursó en su contra le “está ocasionando que sea objeto de discriminación social y laboral”. 5.

Para el efecto, aportó el auto proferido el 2 de noviembre de 2023 mediante el cual el Juzgado 4° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla decretó la extinción de las penas impuestas a K.A.S.B. en la causa penal 08001600106220150046500. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 6. Frente a peticiones de esta naturaleza, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ponderado la tensión que surge entre el libre acceso a la información pública y la protección del derecho al habeas data de las personas que se han visto involucradas en procesos penales, en atención a que la divulgación de datos asociados a esta situación puede resultar lesiva de los intereses amparados con esta última garantía. 7.

En esa labor, al analizar la normatividad aplicable en la materia y la línea hermenéutica trazada en relación con ella por la Corte Constitucional en sentencia CC SU–458– 2012, ha decantado, entre otras, las siguientes subreglas, aplicables a esta clase de eventos: “Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público –sin la supresión de los nombres de los procesados– permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lectura.

Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa (Cfr. CSJ AP, 19 ag. 2015, rad. 20889).” 8.

En relación con las solicitudes de anonimización, la Sala insistió (Cfr. CSJ AP, 26 en. 2022, rad. 42706, reiterada en CSJ AP393–2022, 9 feb. 2022, rad. 43706): “Al ponderar la tensión entre el derecho a la intimidad y al buen nombre (…), con el deber de divulgación de las sentencias judiciales, la Sala ha señalado que si bien sus providencias condenatorias o referidas a fallos de condena –como ocurre en este caso– se deben ofrecer íntegras al público en general, permitiendo así que los ciudadanos accedan a ellas mediante los buscadores web, lo cierto es que en virtud del derecho al olvido y el principio de caducidad de dato negativo, se impone suprimir los nombres de las personas condenadas cuando jurídicamente se ha declarado el cumplimiento de la pena o su prescripción. Desde luego, se precisó que, en las mismas decisiones citadas, el documento se mantendrá íntegro en los archivos de la Corporación, conforme las reglas del derecho de acceso a la información pública y podrá consultarse directamente en las oficinas donde reposa.” 9.

Este parámetro de interpretación se fijó frente a personas cobijadas con condenas, es decir, de quienes han sido vencidos en juicio, señalando la Corte en el mismo precedente, que “ante la ausencia de una ley estatutaria que establezca el régimen al que se debe someter la administración de las bases de datos relacionadas con providencias judiciales, irá adoptando las pautas pertinentes a medida que la casuística vinculada a las peticiones ciudadanas vayan imponiendo el estudio de nuevos problemas”. 10.

Adicionalmente, es pertinente indicar que, en cuanto a la eliminación de la información que figura en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, la Sala ha establecido que esta base de datos es de carácter netamente informativo. Por ende, su propósito esencial no es otro que mejorar la gestión de los funcionarios judiciales agilizando su labor.

Por tal razón no puede considerarse la misma como un registro de actuaciones judiciales en curso o culminadas, ni fuente de consulta de antecedentes penales. Sobre el particular se dijo: (…) las anotaciones que figuran en el portal de internet www.ramajudicial.gov.co, no tienen por finalidad institucional, dar razón de sus antecedentes penales, la vigencia de los mismos, ni tampoco es su objetivo el dar constancia de su conducta en el pasado.

La información que ahí aparece consignada, constituye pilar esencial de trabajo de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y en ese sentido, su finalidad va dirigida a procurar un mejor sistema de gestión institucional. Por ello, como bien se muestra al ingresar a la página www.ramajudicial.gov.co, ahí no existe ningún link que dé cuenta de los antecedentes penales de las personas, sino que sólo permite constatar información respecto a las diferentes actuaciones en los procesos judiciales que se han tramitado en la judicatura, la que se presenta de forma sistemática y cronológica, sin ningún otro fin que el de servir de soporte para una mejor gestión de los procesos administrativos y judiciales”[footnoteRef:1]. [1: CSJ STP9839-2014, 22 jul. 2014, Rad. 74.601, reiterado en CSJ AP1431-2022, 6 ab. 2022, rad. 21879.] 11.

Bajo esos derroteros se advierte que esta Sala de Decisión al interior del trámite constitucional 1001020400020200084100, profirió auto de 17 de junio de 2020 mediante la cual rechazó la demanda por falta de legitimación procesal. 12. Luego, aunque en dicha oportunidad no se incluyeron aspectos específicos del proceso penal por el cual resultó condenado K.A.S.B., lo cierto es que en el auto de rechazo figuran todos los datos procesales y por tanto los criterios de búsqueda en los sistemas de consulta relacionados con los datos del memorialista correlacionan ambas actuaciones. 13.

En este orden, aunque el pedimento examinado no versa sobre una sentencia o auto proferido en la especialidad penal en el que se haga expresa referencia a una sentencia condenatoria, nada impide estudiar la procedencia de la solicitud de cara a las variables señaladas por la Corporación, si se tiene en cuenta que del trámite constitucional en cuestión se puede deducir la existencia del proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria en disfavor del interesado. 14.

Al interior del proceso penal que motivó la referida acción de tutela (radicación 08001600106220150046500), el Juzgado 4° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, mediante auto del 2 de noviembre de 2023, resolvió declarar extintas la pena de 59 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas a K.A.S.B. proferidas por el Juzgado 8° Penal Municipal con Función de Conocimiento de la misma ciudad, al encontrarlo responsable del delito de hurto calificado agravado. 15.

En las anotadas condiciones, no se observan motivos que impidan la restricción de la circulación del dato negativo y la anonimización de datos en los sistemas de consulta que maneja esta Corporación respecto del trámite constitucional con radicación 11001020400020200084100, ante la extinción de la condena impuesta al ciudadano K.A.S.B., postura que responde a la necesidad de no propiciar la presencia intemporal de una circunstancia con la capacidad de generar sospecha sobre las calidades de la persona, ni favorecer prácticas de exclusión social y discriminación prohibidas por la Constitución Nacional. 16.

Con todo, es pertinente aclarar que los vínculos publicados por los motores de búsqueda como «Google, Bing, Yahoo», entre otros, en los que se menciona el nombre del peticionario relacionándolo con el proceso penal cuya anonimización pretende, no son administrados por la Corte Suprema de Justicia, en tanto se tratan de sitios web sobre los cuales no ejerce ningún tipo de control. 17.

Por consiguiente, se ordenará a la Relatoría de esta Corporación suprimir del auto de 17 de junio de 2020 proferido al interior del trámite constitucional adelantado bajo la radicación 11001020400020200084100 el nombre del memorialista, de tal manera que no sea un descriptor válido de búsqueda, toda vez que judicialmente se ha declarado la prescripción de la pena.

No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación, «bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa» (CSJ AP, 19 ago. 2015, rad. 20889). 18. También se ordenará a la oficina de sistemas realizar las gestiones a su cargo para suprimir los datos de identificación de K.A.S.B de los criterios de búsqueda de la Consulta Nacional Unificada de Procesos y el Sistema de Consulta Jurisprudencial de la página web de la Rama Judicial. 19.

Por último, es pertinente aclarar al accionante que no se emitirá pronunciamiento alguno en relación con la solicitud de ocultamiento y anonimización de los datos obrantes en el trámite de tutela 11001020400020200030900, por cuanto la misma no está a cargo de esta Sala. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 1, V.

RESUELVE

1. ACCEDER a la petición de anonimización formulada por K.A.S.B. con relación a la acción de tutela radicado interno No. 111068, de conformidad con la parte motiva de esta decisión. 2. En consecuencia, ORDENAR a la relatoría y a la oficina de sistemas de la Corte, que procedan a la anonimización de la información que del mencionado obra en los sistemas de consulta de esta Corporación frente al referido radicado y, en ese sentido, limiten la consulta al público en general de todo aquel contenido que permita identificarlo o individualizarlo dentro de las bases de datos y los mecanismos de información de acceso público de la Corporación. 3.

Contra lo aquí decidido no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 2