ATP224-2026 — Corte Suprema

ATP224-2026Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2026

Magistrado ponente: Carlos Roberto Solórzano Garavito

Decreto 1069 de 2015Decreto 1983 de 2017Decreto 2591 de 1991Ley 527 de 1999

De qué trata

Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Legitimación en la causa e interés para actuar ACCIÓN DE TUTELA - Legitimación en la causa por activa: titularidad ACCIÓN DE TUTELA - Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa: deber de acreditar la imposibilidad para actuar del titular del derecho (c. j.) Tesis: «(…) el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone: La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 6.2. Bajo ese panorama se tiene que la acción constitucional puede ser propuesta por i) el titular de los derechos que se encuentran vulnerados o bajo amenaza, ii) su representante y iii) el agente oficioso, cuando la persona no esté en capacidad para su ejercicio, lo cual deberá indicarse de manera expresa en la solicitud. 6.3. Cuando la demanda sea presentada a través de agente oficioso, se deben exponer las razones que le impiden al accionante recurrir de manera directa ante el juez constitucional en procura de solicitar la protección de sus derechos fundamentales.» ACCIÓN DE TUTELA - Improcedencia de la acción por falta de legitimación en la causa por activa del ciudadano en calidad de agente oficioso del accionante privado de la libertad ACCIÓN DE TUTELA - Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa: requisitos ACCIÓN DE TUTELA - Legitimación en la causa por activa - Agencia oficiosa: elementos normativos (c. j.) Tesis: «Sobre este último supuesto, la Corte Constitucional en sentencia SU173 de 2015, señaló: 8. En relación con la agencia oficiosa, el artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela puede ejercerla toda persona “… por sí misma o por quien actúe a su nombre” para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud” (resaltado fuera de texto) 9. En esos términos, la agencia oficiosa en materia de tutela es un instrumento procesal de origen constitucional, por el cual se busca la eficacia de principios como la efectividad de los derechos constitucionales (artículo 2º C.P.), la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), y la solidaridad social (artículos 1º y 95.2 constitucionales), así como una faceta del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (artículos 229 C.P.). 10. Sin embargo, la Corporación ha establecido que la relevancia constitucional de la agencia oficiosa no implica que su ejercicio no pueda ser regulado, al punto que ha sostenido que ésta sólo opera cuando el titular del derecho no puede asumir su defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a que es la persona que considera amenazado un derecho fundamental quien decide, de manera autónoma y libre, la forma en que persigue la protección de sus derechos constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante la Jurisdicción. Estas consideraciones se desprenden directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, C.P.), fundamento y fin de los derechos humanos . 11. A partir de estos lineamientos, esta Corte ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que los elementos normativos que informan la agencia oficiosa son los siguientes “(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente”.” 9. Vista la normatividad y jurisprudencia antes transcrita, se concluye que es posible agenciar derechos de otros cuando su titular se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la tutela, pero si la calidad de agente oficioso no se acredita ni se prueba - siquiera sumariamente -, así como el apoderamiento judicial, el juez de tutela debe rechazar la demanda por falta de legitimación o interés.» ACCIÓN DE TUTELA - Rechaza la demanda de tutela ante la ausencia de requisitos mínimos para su admisión

CUI 11001020400020260004500 Radicado Nro. 151751 Tutela primera instancia ANDRÉS FABIAN HERNÁNDEZ VARGAS CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente ATP224-2026 Radicación n°. 151751 Acta No. 028 Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintiséis (2026). VISTOS 1. Sería del caso asumir el conocimiento de la demanda de tutela instaurada por JUAN ANTONIO CASADO MALDONADO, el cual manifestó que actúa como agente oficioso de ANDRÉS FABIAN HERNÁNDEZ VARGAS por la presunta transgresión de sus derechos fundamentales “ al debido proceso y la administración de justicia en conexidad con el derecho de petición ”, por parte de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BARRANQUILLA por la presunta mora injustificada para resolver el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria del 18 de septiembre de 2024, emitida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esa ciudad, si no fuera porque se observa el incumplimiento de uno de los requisitos de procedencia de la acción constitucional. 2.

Ahora bien, mediante auto del dieciséis (16) de enero de los corrientes, el magistrado sustanciador requirió a CASADO MALDONADO por un término de tres (3) días para que acreditara su calidad de agente oficioso – si actuaba en virtud de tal figura-, so pena del rechazo de la demanda de tutela, al tenor de lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991. 3.

El 3 de febrero de este año la Secretaría de la Sala de Casación Penal presentó informe en el que manifestó: Al Despacho del señor Magistrado CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO, las presentes diligencias una vez cumplido auto del dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026), a través del cual dispuso requerir JUAN ANTONIO CASADO MALDONADO, con el fin de que acredite su calidad de agente oficioso de ANDRÉS FABIAN HERNÁNDEZ VARGAS – si actúa en virtud de tal figura.

En virtud del auto en mención el 16 de enero de 2026 se enteró del contenido del auto de la referencia al accionante mediante notificación No. 49955, al correo electrónico, jeshuashalon@hotmail.com. Sin embargo, una vez vencido el plazo dado, se haya (sic) allegado respuesta alguna. CONSIDERACIONES Competencia. 4. De conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el numeral 7 del precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, y el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, la Sala de Casación Penal es competente para conocer la demanda de tutela instaurada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Legitimación en la causa por activa para acudir al sendero constitucional. 5. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando, por acción u omisión sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad o por particulares en los casos previstos de manera expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 6.

Ahora bien, el ordenamiento jurídico exige la constatación de una serie de requisitos mínimos para la presentación del amparo, dentro de ellas, la legitimación en la causa. 6.1. Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone: La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.

Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 6.2. Bajo ese panorama se tiene que la acción constitucional puede ser propuesta por i) el titular de los derechos que se encuentran vulnerados o bajo amenaza, ii) su representante y iii) el agente oficioso, cuando la persona no esté en capacidad para su ejercicio, lo cual deberá indicarse de manera expresa en la solicitud. 6.3.

Cuando la demanda sea presentada a través de agente oficioso, se deben exponer las razones que le impiden al accionante recurrir de manera directa ante el juez constitucional en procura de solicitar la protección de sus derechos fundamentales. 7. En el caso sub judice, se anticipa que la demanda deberá ser rechazada, pues no cumple con la legitimación por activa para acudir al sendero constitucional. 7.1.

Así, una vez revisada la documentación que obra en el expediente, resulta claro que el ciudadano JUAN ANTONIO CASADO MALDONADO carece de interés para perseguir los intereses fundamentales del accionante, no cuenta con mandato especial para el ejercicio del amparo constitucional, ni tampoco justificó de manera clara y específica por qué actúa en condición de agente oficioso de ANDRÉS FABIAN HERNÁNDEZ VARGAS, a pesar de ser requerido en ese sentido. 7.2.

Además, no demostró qué condiciones de incapacidad padece HERNÁNDEZ VARGAS que le permitirían acudir a la figura del agente oficioso y ello no fue objeto aclaración al ser requerido con esa finalidad. 8. Sobre este último supuesto, la Corte Constitucional en sentencia SU173 de 2015, señaló: 8. En relación con la agencia oficiosa, el artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela puede ejercerla toda persona “… por sí misma o por quien actúe a su nombre ” para la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que “ También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud ” (resaltado fuera de texto) 9. En esos términos, la agencia oficiosa en materia de tutela es un instrumento procesal de origen constitucional, por el cual se busca la eficacia de principios como la efectividad de los derechos constitucionales (artículo 2º C.P.), la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 de la Carta Política), y la solidaridad social (artículos 1º y 95.2 constitucionales), así como una faceta del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (artículos 229 C.P.). 10.

Sin embargo, la Corporación ha establecido que la relevancia constitucional de la agencia oficiosa no implica que su ejercicio no pueda ser regulado, al punto que ha sostenido que ésta sólo opera cuando el titular del derecho no puede asumir su defensa personalmente (o mediante apoderado), debido a que es la persona que considera amenazado un derecho fundamental quien decide, de manera autónoma y libre, la forma en que persigue la protección de sus derechos constitucionales, y determina la necesidad de acudir ante la Jurisdicción. Estas consideraciones se desprenden directamente de la autonomía de la persona (artículo 16, C.P.) y del respeto por la dignidad humana (artículo 1º, C.P.), fundamento y fin de los derechos humanos[footnoteRef:1]. [1: Sentencia T-312 de 2009.] 11.

A partir de estos lineamientos, esta Corte ha señalado, en reiterada jurisprudencia, que los elementos normativos que informan la agencia oficiosa son los siguientes[footnoteRef:2] [2: Sentencia T-799 de 2009.] “(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa.

(iii) La existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente”.» 9. Vista la normatividad y jurisprudencia antes transcrita, se concluye que es posible agenciar derechos de otros cuando su titular se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la tutela, pero si la calidad de agente oficioso no se acredita ni se prueba – siquiera sumariamente –, así como el apoderamiento judicial, el juez de tutela debe rechazar la demanda por falta de legitimación o interés. 10.

Por otra parte, el simple hecho de que ANDRÉS FABIAN HERNÁNDEZ VARGAS se encuentre privado de la libertad, no quiere decir que esté impedido para acudir a la administración de justicia para perseguir su protección constitucional, bien sea en nombre propio o por interpuesta persona. 11. De tiempo atrás, la Sala ha venido señalando que la sola privación de la libertad en centro carcelario en manera alguna implica que no se pueda presentar la acción de tutela, en tanto, la persona recluida cuenta con la posibilidad de interponerla a través de la oficina jurídica o hacer uso del correo dispuesto por cada institución carcelaria (CSJ, ATP893-2022, ATP1258-2022, ATP351-2023 entre otras). 12.

Por todo lo anterior, como quiera que JUAN ANTONIO CASADO MALDONADO no presentó la acción de tutela en procura de sus propios intereses, que tampoco acreditó su condición de apoderado o, demostró la existencia de los presupuestos para habilitar la agencia oficiosa, no queda otro camino que rechazar la demanda por falta de legitimación en la causa por activa.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA No. 1, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1º. RECHAZAR el amparo invocado por falta de legitimación en la causa por activa, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. 2°.

NOTIFICAR este fallo a las partes, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3º. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE FERNANDO LEON BOLAÑOS PALACIOS JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria 2