CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Radicación n° 46238 CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO Magistrada Ponente ATL5924-2017 Radicación 46238 Acta extraordinaria no.88 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Se decide la consulta de la providencia de fecha 31 de julio de 2017, por medio de la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué resolvió el incidente de desacato propuesto por MARTHA JEANNETTE CORRALES, en calidad de agente oficioso de MARÍA PAULA DEVIA CORRALES contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, por el presunto incumplimiento al fallo de tutela proferido el 13 de septiembre de 2016 por esa Corporación, que le concedió el amparo de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas.

I.

ANTECEDENTES Dentro de la acción de tutela interpuesta por Martha Jeannette Corrales, en calidad de agente oficioso de María Paula Devia Corrales contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través de sentencia de 13 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Ibagué dispuso:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas a la menor María Paula Devia de Corrales.

SEGUNDO: ORDENAR al DIRECTOR DEL ÁREA DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL, BRIGADIER GENERAL GERMAN (sic) LÓPEZ GUERRERO, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo haga entrega del medicamento RALTEGRAVIR 100 mg TABLETAS, en la cantidad dispuesta por su médico tratante, así como el tratamiento integral que dicho médico disponga.

La anterior decisión no fue impugnada por las partes. El 5 de julio de 2017, la accionante presentó escrito ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, por medio del cual solicitó la apertura de trámite incidental de desacato, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el fallo anteriormente citado. Mediante auto de 10 de julio de 2017, el Tribunal en mención requirió al Brigadier General Germán López Guerrero, en su condición de Director de Sanidad del Ejército, a fin de que informara si dio o no cumplimiento al fallo de tutela.

En el mismo proveído, requirió al Mayor General Alberto José Mejía Ferrero, Comandante del Ejército Nacional, al Mayor General Jairo Salguero Casas, en calidad de Jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional y al General Juan Pablo Rodríguez Barragán, en calidad de Comandante de las Fuerzas Militares, como superiores jerárquicos de los responsables, a fin de que hicieran cumplir lo ordenado en sentencia de 13 de septiembre de 2016.

En el término otorgado, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, indicó que a través de oficio no. 20171400591741 de 13 de julio de 2017 remitió las diligencias por competencia al Director de Sanidad del Ejército Nacional y al Comando del Ejército para que informaran sobre el cumplimiento del fallo de tutela en cita. La Dirección de Sanidad del Ejército, guardó silencio.

Con auto de 18 de julio de 2017, el Tribunal Superior de Ibagué dio apertura al incidente de desacato contra el Brigadier General Germán López Guerrero, Director de Sanidad del Ejército Nacional, a quien le corrió traslado para que ejerciera los derechos de defensa y contradicción, y aportara las pruebas que tuviera en su poder. La autoridad encartada no hizo pronunciamiento alguno. Una vez agotado el trámite de rigor, la aludida Sala a través de decisión de 31 de julio de 2017, declaró incurso en desacato al Brigadier General Germán López Guerrero, Director de Sanidad del Ejército, por incumplimiento del fallo de tutela de 13 de septiembre de 2016, a quien impuso una sanción consistente en cinco días de arresto y multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, al considerar que hubo renuencia del incidentado para hacer cumplir el fallo de tutela, pues guardó absoluto silencio frente a los requerimientos que se le realizaron en curso de este trámite.

El 3 de agosto de la presente anualidad, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, manifestó que mediante oficio no. 20173390596363 de 13 de febrero de 2017 envió la orden de cumplimento al Director del Establecimiento de Sanidad Militar – Batallón A.S.P.C. No. 6 «Francisco Antonio Zea», para que hiciera la entrega «inmediata» del medicamento «raltegravir 100 mg tabletas».

Agregó que a través de oficio no. 20173390221791 de 3 de agosto de esta calenda, comunicó a la interesada, que el establecimiento de Sanidad en comento es quien debe hacerle la entrega de la prescripción médica y que, para ello, debe dirigirse a esa dependencia. Remitidas las presentes diligencias a esta Sala de la Corte a efectos de surtirse el grado jurisdiccional de consulta, es del caso proveer lo pertinente, conforme las siguientes, II.

CONSIDERACIONES El grado jurisdiccional de consulta, establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ha sido instituido como un medio de protección de los derechos de la persona que se sanciona como consecuencia de inobservar un fallo de tutela, y que impone la verificación, por parte del superior del juez que decide dicho trámite, sobre si se cumplió o no lo ordenado por el juez constitucional al amparar los derechos fundamentales y por tanto si la sanción debe o no mantenerse, por ser, en el primero de tales eventos, la resultante del capricho del accionado en desatender las imperativas señaladas en el fallo de resguardo o, en el segundo, al darse cumplimiento a lo allí ordenado.

El presente trámite incidental se inició ante la solicitud elevada el 5 de julio de 2017 por la accionante en representación de su hija María Paula Devia Corrales y culminó mediante proveído de 31 de julio de los corrientes, a través del cual se impuso la anotada sanción a la autoridad previamente indicada, en razón de haberse desacatado el fallo de tutela dictado el 13 de septiembre de 2016.

Establecido lo anterior, advierte la Sala que al conceder el amparo de los derechos fundamentales a la agenciada María Paula Devia Corrales, representada por la hoy incidentante, se ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional suministrar el medicamento Raltegravir 100 mg. tabletas, en la cantidad dispuesta por su médico tratante, así como el tratamiento integral que dicho galeno dispusiera.

No obstante, no obra en el expediente prueba alguna de que el incidentado diera cumplimiento al fallo de tutela, esto es, que entregara tal prescripción médica, como tampoco que garantizara la continuidad del tratamiento, pues si bien allegó el oficio mediante el cual requirió al Establecimiento de Sanidad de Sanidad Militar – Batallón A.S.P.C. No. 6 «Francisco Antonio Zea» para que proceda al suministro del mismo, lo cierto es que no hay evidencia de que se materializara la orden impartida a favor de la menor agenciada.

En consecuencia, se confirmará la sanción impuesta en la providencia consultada, toda vez que -se itera- no se demostró el cumplimiento al fallo de tutela, y como quiera que los argumentos jurídicos y probatorios en que se soporta, se ciñen al rigor legal, al advertir que la sanción aplicada aparece debidamente motivada y atendible su estimación en relación no solo con la entidad de los derechos infringidos, sino de la renuencia del incidentado en acatar su cumplimiento.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia consultada, de conformidad con los lineamientos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: ENTERAR de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: DEVOLVER las presentes diligencias al tribunal de origen, para lo pertinente. Notifíquese, publíquese y cúmplase. GERARDO BOTERO ZULUAGA Presidente de Sala JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ FERNANDO CASTILLO CADENA CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN 1 PAGE 3