ATC317-2025 — Corte Suprema

ATC317-2025Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2025

Magistrado ponente: Francisco José Ternera Barrios

Decreto 2591 de 1991Ley 270 de 1996Ley 527 de 1999

De qué trata

Tema: DERECHO CONSTITUCIONAL - Acciones constitucionales - Acción de tutela - Conflicto de competencia - Conflicto entre juzgados de distintos distritos judiciales - Competencia a prevención: fuero electivo (c. j.) DERECHO CONSTITUCIONAL - Acciones constitucionales - Acción de tutela - Jurisdicción y competencia - Competencia a prevención - Factor territorial - Sitio de ocurrencia: concepto (c. j.) Tesis: «Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Bogotá y Cundinamarca-, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009, en armonía con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso, aplicables por el canon 4º del Decreto 306 de 1992. 2. Según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud”. Tal precepto fue reiterado en el artículo 1º, 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en el que se agregó “o donde se produjeren sus efectos”. Al respecto de la finalidad de dichas disposiciones, esta Sala ha enfatizado que, para: [F]acilitar al presunto afectado la elección del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garantías superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse a prevención, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violación o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuación u omisión cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para el importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en mención, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre estos. (CSJ ATC158-2021, reiterado en ATC700-2022, rad. 2022-01510-00). También ha dicho que: (…) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de este, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (Entre otros en CSJ ATC1386-2022 y ATC650-2023). En el mismo sentido, se ha determinado que la elección libre del accionante permite establecer cuál despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado. Por lo tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional» DERECHO CONSTITUCIONAL - Acciones constitucionales - Acción de tutela - Conflicto de competencia - Conflicto entre los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá y Segundo Civil Municipal de Chía: dirime conflicto ACCIÓN DE TUTELA - Remisión por competencia al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá

Radicación nº 11001-02-03-000-2025-00825-00 ATC317-2025 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-00825-00 Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá y Segundo Civil Municipal de Chía, atinente al conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Monroy Sánchez contra la Secretaría de Tránsito y Transporte de Chía y la Alcaldía de esa ciudad.

I.

ANTECEDENTES 1. En la acción de tutela dirigida al «JUEZ BOGOTÁ (REPARTO)»[footnoteRef:1], el actor reclama la protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, los cuales considera vulnerados con ocasión a la falta de respuesta de las accionadas. [1: Archivo 003escritotutela. ] 2. Recibida la solicitud de amparo, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá -con auto del 10 de febrero de 2025- resolvió rechazarla por falta de competencia. Manifestó que: Revisada la documental allegada al expediente, mediante la cual se pretende iniciar acción de tutela contra la SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE CHÍA – INSPECTOR DE TRÁNSITO y la ALCALDÍA DE CHÍA – SECRETARÍA DE HACIENDA, se advierte -de entrada- que el presente estrado judicial carece de competencia territorial para conocer de su contenido de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Lo anterior, por cuanto el lugar de ocurrencia de la vulneración alegada, esto es el sitio en el que se radicó el Derecho de Petición, se ubica en el municipio de Chía (Cundinamarca).[footnoteRef:2] [2: Archivo 004autoremite. ] 3. Allegadas las diligencias, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Chía -con proveído del 11 de febrero siguiente- indicó que no le correspondía asumir el conocimiento de este asunto y promovió el conflicto de competencia que ocupa la atención de la Corte.

Sostuvo que: De acuerdo con lo anterior, y como quiera que el aquí accionante instauró la presente acción de tutela en la ciudad de Bogotá, D. C. (archivo 003), es dicha urbe la escogida por el titular de la vulneración alegada, esto es, de la omisión de resolver la petición formulada, por lo que es el JUZGADO CUARENTA Y NUEVE (49) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, D. C., el competente a prevención para conocer de la presente acción de tutela, máxime cuando es el lugar donde se producen los efectos de la vulneración.[footnoteRef:3] [3: Archivo 008AutoProponeConflictoCompetencia.] II.

CONSIDERACIONES 1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Bogotá y Cundinamarca-, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009, en armonía con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso, aplicables por el canon 4º del Decreto 306 de 1992. 2.

Según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, «son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud». Tal precepto fue reiterado en el artículo 1º, 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 333 de 2021, en el que se agregó «o donde se produjeren sus efectos».

Al respecto de la finalidad de dichas disposiciones, esta Sala ha enfatizado que, para: [F]acilitar al presunto afectado la elección del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garantías superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse a prevención, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violación o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuación u omisión cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para el importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en mención, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre estos.

(CSJ ATC158-2021, reiterado en ATC700-2022, rad. 2022-01510-00). También ha dicho que: (…) por sitio de ocurrencia debe entenderse no sólo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, también, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de este, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinación o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio.

(Entre otros en CSJ ATC1386-2022 y ATC650-2023). En el mismo sentido, se ha determinado que la elección libre del accionante permite establecer cuál despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado. Por lo tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional[footnoteRef:4]. [4: CSJ ATC1322-2018 y ATC1117-2021, entre otros.] 3.

En el caso que ocupa la atención de la Corte, se advierte que el accionante presentó la acción de tutela ante los jueces de Bogotá, sede que queda suficientemente investida para definir el presente asunto. Se insiste, debe respetarse el criterio a prevención escogido por el accionante. Maxime que en dicho lugar es donde se producen los efectos de la presunta vulneración. En consecuencia, se remitirá el expediente a la autoridad judicial con asiento en Bogotá para que le imparta el trámite correspondiente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá es el competente para conocer del asunto.

SEGUNDO: Notificar esta providencia al Juzgado Segundo Civil Municipal de Chía.

TERCERO: Por Secretaría, remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión. Librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE. FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado 4