Radicación n° 23001-22-14-000-2018-00065-01 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1423-2018 Radicación n° 23001-22-14-000-2018-00065-01 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991 constituye requisito esencial para la impugnación de un fallo proferido en acción de tutela, que quien actúe para tales efectos tenga un interés que legitime su intervención, el cual no se satisface con la simple manifestación en el sentido que le asiste, sino que es menester acompañarla de los medios cognoscitivos que la demuestren ante el respectivo funcionario, y en el caso de los apoderados dicha vocación se ha de acreditar a través de poder especial.

Por ello la Corte en reiterados pronunciamientos ha puntualizado que: …cuando la presunta violación de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un específico trámite judicial, la legitimidad para pretender su reparación sólo está radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aquí acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso ejecutivo, esa condición no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, ‘ pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimación para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso’ de dichos procesos ». -Negrillas ajenas al texto- (CSJ ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01;

ATC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01; y ATC, 13 jun. 2016, rad. 2016-00119-01). Bajo el contexto planteado, se advierte que como el abogado Manuel Enrique Bracho Altamiranda no aportó al expediente el poder especial que lo facultara para representar en el trámite de la tutela a Domingo José Petro Saad, en nombre de quien adujo formular la impugnación (folios 75 a 78, cuaderno 1), se impone inadmitir el aludido mecanismo interpuesto contra la sentencia tutelar de primer grado y disponer que, en cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la providencia censurada, se envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En mérito de lo expresado, el suscrito Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: 1.

Rechazar la impugnación interpuesta contra el fallo de 5 de junio de la anualidad en curso, dictado por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela incoada por Ramiro Tobías Ortiz Petro contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté. 2. Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión. Notifíquese, AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado 1 2