ATC1131-2025 — Corte Suprema

ATC1131-2025Corte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2025

Magistrado ponente: Hilda González Neira

Ley 527 de 1999

De qué trata

Tema: ACCIÓN DE TUTELA - Impedimentos y recusaciones: finalidad (c. j.) ACCIÓN DE TUTELA - Impedimentos y recusaciones: taxatividad e interpretación restrictiva de las causales (c. j.) Tesis: «Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir litigios, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte de la discusión de llegar a estructurarse las circunstancias que constituyan las causales de “recusación e impedimento”. En esa dirección, esta Corporación en auto de 8 de abril de 2005 (rad. 00142-00), reiterado en ATC334-2024 rad. 2024-00288-00 (29 feb.), señaló, [L]os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador. Destacando que: (…) según las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley -en el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica (…). De lo anterior se desprende que las hipótesis que permiten al juzgador separarse del pleito, además de taxativas, son de interpretación restrictiva, en tanto corresponden a eventos excepcionales, puesto que, por regla general, los jueces deben asumir sin miramiento alguno el ejercicio de la competencia que les asigna la ley.» ACCIÓN DE TUTELA - Impedimentos y recusaciones: alcance de la causal 4ª del art. 56 de la Ley 906 de 2004 (c. j.) ACCIÓN DE TUTELA - Impedimentos y recusaciones - Causal 6ª del art.56 de la Ley 906 de 2004 referente a la previa participación del funcionario en el proceso Tesis: «(…) el citado dignatario expresó que en él concurren las causales de impedimento consagradas en los numerales 4º y 6° del canon 56 del Código de Procedimiento Penal, que, en su orden, establecen: “(…) el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso” y “Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar”. ACCIÓN DE TUTELA - Impedimentos y recusaciones: no aceptar el impedimento manifestado por el Magistrado Francisco Ternera Barrios, al no configurarse las causales 4.ª y 6.ª del art. 56 de la Ley 906 de 2004

Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02123-00 ATC1131-2025 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-02123-00 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025). Resuelve la Corte lo concerniente al impedimento manifestado por el Magistrado Francisco Ternera Barrios para conocer la tutela instaurada por Promotora Agroindustrial de Santander S.A. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.

ANTECEDENTES 1.- Con el propósito de garantizar a las partes e intervinientes la imparcialidad y transparencia de los funcionarios encargados de decidir litigios, el legislador ha previsto que el respectivo juez o magistrado se aparte de la discusión de llegar a estructurarse las circunstancias que constituyan las causales de «recusación e impedimento».

En esa dirección, esta Corporación en auto de 8 de abril de 2005 (rad. 00142-00), reiterado en ATC334-2024 rad. 2024-00288-00 (29 feb.), señaló, [L] os impedimentos fueron establecidos en la ley procesal, para preservar la recta administración de justicia, uno de cuyos más acendrados pilares es la imparcialidad de los jueces, quienes deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consideró bastante para afectar su buen juicio, bien sea por interés, animadversión o amor propio del juzgador.

Destacando que: (…) según las normas que actualmente gobiernan la materia, sólo pueden admitirse aquellos impedimentos que, amén de encontrarse motivados, estructuren una de las causales específicamente previstas en la ley -en el caso de la acción de tutela, del Código de Procedimiento Penal-, toda vez que, en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo más acompasado con la seguridad jurídica (…).

De lo anterior se desprende que las hipótesis que permiten al juzgador separarse del pleito, además de taxativas, son de interpretación restrictiva, en tanto corresponden a eventos excepcionales, puesto que, por regla general, los jueces deben asumir sin miramiento alguno el ejercicio de la competencia que les asigna la ley. 2.- En el sub lite, el citado dignatario expresó que en él concurren las causales de impedimento consagradas en los numerales 4º y 6° del canon 56 del Código de Procedimiento Penal, que, en su orden, establecen: «(…) el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso» y «Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar».

Afirmó que las «causales» antes citadas se configuran en este trámite porque «[fue] ponente en la a decisión CSJ STC234-2025 (Rad. 2025-00039-00), involucrada en el amparo constitucional actual». 3.- Confrontada tal directriz con la demanda de tutela actual, emerge que en ella ningún reproche se hace a lo resuelto en pasada ocasión por esta Magistratura, único evento en el que impediría a sus integrantes intervenir en su solución. Afírmese así, porque en el trámite n.° 2025-00039 la pretensión de la gestora se dirigió a que se ordenara al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja « responda el derecho de petición incoado…, en cuanto si realmente se contestó la oposición en el término de ley por parte de nuestra empresa, conforme a la línea de tiempo de las actuaciones que reposan en la Plataforma Web de Restitución de Tierras»; esta Corte negó dicha aspiración porque: «La información que reclamó la tutelante, en el sentido de que «se pronuncie el… despacho, con relación a la petición efectuada por el representante legal de la Sociedad Promotora Agroindustrial de Santander, en el sentido, si el suscrito Apoderado, contestó la demanda en tiempo», es un aspecto que, como quedó visto, fue definido por el Tribunal enjuiciado con proveído del 2 de marzo de 2022, decisión que conoce la promotora -pues le fue debidamente notificada en el curso del proceso criticado- y que consta en el expediente.

De donde, sus garantías fundamentales no se ven comprometidas, habida cuenta que el pronunciamiento que reclama ya obra en las diligencias y es conocido por ella, lo que permite predicar la carencia de trascendencia de este reclamo constitucional» (STC234-2025, 33 en.) En el escrito genitor de hoy, lo pretendido por la reclamante es que se « DEJE SIN EFECTO LA SENTENCIA del 31 de marzo de 2025, proferida por Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, y se decrete la nulidad de lo actuado, desde el 02 de marzo de 2022, inclusive el auto de dicha calenda, emitido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, que curso bajo la cuerda procesal 80813121401-2018-00011-00 (…)».

Bajo esa tesitura, no encuentra esta Sala configurada la causal 6ª del canon 56 del Código de Procedimiento Penal, al observar que los argumentos en que se funda el resguardo no suponen una participación trascendente, activa y previa del H. Magistrado Francisco Ternera Barrios, de tal forma que intervenir en el proferimiento del fallo STC234-2025, le impida conocer del actual ruego.

Conviene memorar que: La causal prevista en el numeral 6º del artículo 99 del Código de Procedimiento Penal, aquí invocada, refiere que el funcionario haya dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso, caso éste último en que ha de entenderse que no es cualquier participación en el mismo, sino una que haya recaído sobre aspectos esenciales del caso debatido, pues lo que se pretende es impedir que quien ha actuado con efectos vinculantes en el respectivo trámite procesal pueda posteriormente participar en su revisión. (auto de 25 de marzo de 2004, rad. 2004-00006-01, citado el 25 de julio de 2011, rad., 2011-01388-00) (Subraya el despacho). 3.1.- Ahora, la causal 4ª del canon 56 ya citado, también alegada, se entiende, por haber « dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso», tampoco se configura por haber «participado » en la sesión en la que se discutió y aprobó la sentencia mencionada, porque, se itera, en la acción tutelar actual no está siendo cuestionada.

Adicionalmente, de lo por él manifestado no se deduce que el «impedimento » sobrevenga por haber sido « apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos (…)». En torno a dicha «causal », esta Corte ha esbozado, que (…) constituye causal de impedimento, que «El funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso»; esto, es, en dicha normativa, el legislador previó tres hipótesis distintas: (i) Haber sido apoderado o defensor de alguno de los litigantes, (ii) Ser o haber sido su contraparte o, (iii) Haber manifestado su opinión o dado consejo «sobre el asunto materia del proceso.

(…) los hechos deben corresponder a lo ocurrido al interior del proceso en que se manifiesta, evento en el cual el mismo sobreviene en forma objetiva, es decir, de la simple verificación de la intervención anterior. Pero también puede surgir de manera subjetiva cuando en calidad de apoderado ha actuado en proceso diferente, caso en el cual el funcionario debe acreditar la influencia del mismo en su imparcialidad …» (CSJ.

APL2542-2018, rad. 2018-00296-00, reiterada en ATC1251-2022 y ATC071-2024) –Se subraya-. 4. Así las cosas, no se acogerá el « impedimento» prenotado. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala NO ACEPTA el impedimento expresado por el Magistrado Francisco Ternera Barrios en el asunto de la referencia. Vuelvan las diligencias al Despacho del Magistrado a quien inicialmente fueron repartidas.

NOTIFÍQUESE HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada 6