AP7907-2025(61832) — Corte Suprema

AP7907-2025(61832)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2025

Ley 527 de 1999Ley 599 de 2000Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: DEMANDA DE CASACIÓN - Inadmisión: causales / DEMANDA DE CASACIÓN - Juicio de admisibilidad: comprende los aspectos de idoneidad formal y material / DEMANDA DE CASACIÓN - Admisión: reglas mínimas / DEMANDA DE CASACIÓN - Claridad y precisión / CASACIÓN - Principio de trascendencia / CASACIÓN - Principio de corrección material Tesis: «La Corte ha reiterado que la demanda de casación es el instrumento dispuesto para que el recurrente demuestre la validez de sus pretensiones; no obstante, de conformidad con el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 , la demanda no será admitida cuando el actor carece de interés, no señala la causal ni sustenta los cargos o cuando de su contexto se advierte que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso. Por tanto, el juicio de admisibilidad, como lo ha sostenido la Sala, comprende los aspectos de idoneidad formal y material, el primero relacionado con el cumplimiento de las exigencias de claridad, concreción y debida fundamentación y, el segundo, con la aptitud del escrito para la realización de los fines del recurso (CSJ AP2869-2022, 29 jun., rad. 61790 ). En este sentido, la idoneidad formal determina que la demanda debe cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, a saber: i) acreditar el agravio a los derechos o garantías ocasionado por la sentencia, ii) señalar la causal de casación sujetándose a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios de la causal invocada, y iii) determinar la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades del recurso, señaladas en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 (CSJ AP 2007, 13 jun., rad. 27537; CSJ AP 2007, 25 jul., rad, 27810; CSJ AP3637-2019, 27 ago., rad. 53402 y CSJ AP4322-2019, 2 oct., rad. 53102 , entre otros). Además, la demanda debe enmarcarse en los principios que gobiernan el recurso extraordinario de casación, entre los que destacan, para el presente caso, los de claridad y precisión, trascendencia y corrección material. El primero impone que el libelista señale de forma inteligible y concreta el problema jurídico. El segundo, por su parte, determina que la verificación del error denunciado tenga idoneidad suficiente para variar el sentido del fallo. Y, el tercero, el de corrección material exige que los argumentos esgrimidos se sujeten a la realidad procesal (CSJ AP 3439-2014, 25 jun., rad. 41752; CSJ AP4322-2019, 2 oct., rad. 53102 y CSJ AP2869-2022, 29 jun., rad. 61790 , entre otros)». RECURSO DE APELACIÓN - Principio de limitación / RECURSO DE APELACIÓN - Principio de limitación: explicación / RECURSO DE APELACIÓN - Competencia limitada del superior: asuntos inescindiblemente vinculados / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Indemnización integral: Requisitos / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS - Daños materiales y morales / INDEMNIZACIÓN INTEGRAL - No la constituye un pago parcial / RECURSO DE APELACIÓN - Principio de limitación: no se vulnera Tesis: «La demandante sostiene que el ad quem desconoció el principio de limitación, dado que a cambio de resolver el tema propuesto en el recurso de apelación, consistente en determinar sí el procesado al acudir a la reparación de la víctima debía pagar o no los prejuicios morales, por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, y no proceder a resolver sobre un aspecto que no tuvo polémica, como fue decidir en extenso sobre la indemnización integral, la consignación de los $150.000 estimados a través de un perito, dejando de lado el análisis sobre los perjuicios morales. La Corte ha considerado que los jueces ejercerán la competencia con estricto respeto del principio de limitación, lo que habilita para poder pronunciarse sobre los puntos objeto de inconformidad de los recurrentes y los aspectos inescindiblemente relacionados entre sí. En este sentido, si bien el funcionario de segunda instancia no está facultado para decidir libremente, ya que su labor, por virtud del principio de limitación, consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada a partir de los argumentos presentados por el recurrente, su facultad sí se extiende a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados con el objeto de la impugnación (CSJ SP2009, 12 ago., rad. 31854 y CSJ AP1076-2024, 28 feb., rad. 63814 ). Ahora, en el caso que se examina, el recurso de apelación promovido por la defensa contra el fallo proferido por el Juzgado 2º promiscuo municipal de C -C-, en los dos cargos propuestos, giró en torno a críticas relacionadas con la procedencia de la reparación de los daños morales, escindiéndolos de otro de los componentes de la reparación del perjudicado con la comisión del delito, como lo fue el monto de la indemnización integral determinada en un informe de tasación de perjuicios. Así, para sustentar el falso juicio de existencia -primer cargo-, la defensa argumenta que el ad quem no consideró la consignación del valor determinado en el ‘dictamen pericial’, en su opinión, depositado en una cuenta de la Fiscalía General de la Nación, sin que hiciera parte del recurso de apelación lo relacionado con el contenido del informe de perjuicios; por tanto, el ad quem al analizar el recurso no podía ocuparse de tema distinto a la reparación de los perjuicios morales. Además, la demandante no reconoce que la consideración sobre la estimación de los perjuicios morales haga parte de la reparación integral, contrariando de esta forma lo reglado en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 , cuando refiere lo relacionado sobre la indemnización de los ‘perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado’, los cuales están conformados por los daños materiales y morales consecuencia de la conducta punible y que deben ser compensados por vía de reparación. No le asiste razón a la recurrente, cuando advierte que el ad quem ha vulnerado el principio de limitación, pues es claro que si bien, en principio, su crítica versa sobre la tasación y procedencia de los daños morales, es claro que los mismos son una parte que integra el núcleo de la reparación de la víctima, la cual guarda relación directa con el segundo componente de la reparación, esto es, los perjuicios materiales. Estas dos categorías resultan inescindibles para la comprensión y alcance de la reparación integral; por tanto, al hacer parte de un todo, constituyó la razón de conocimiento que consideró el ad quem en desarrollo de su competencia; más aún cuando, el Tribunal advirtió las inconsistencias que se presentaron cuando se tasaron los perjuicios materiales y su incidencia en la pretensión de la defensa, obtener una disminución de la pena de prisión a cumplir por el procesado. En la sentencia de segunda instancia se contestan los temas controvertidos y relacionados con las consideraciones de la decisión, y los que resultaron inescindiblemente ligados entre sí; por tanto, no es de recibo que la demandante pretenda desconocer la competencia de la Sala de decisión penal del Tribunal, para pronunciarse sobre la totalidad de los medios de prueba relacionados con la demostración de los daños morales y materiales, referidos a los perjuicios contemplados en el mencionado artículo 269 de la Ley 599 de 2000». FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por omisión / ERROR DE HECHO - Falso juicio de existencia / FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por omisión: configuración / FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por omisión: técnica en casación / FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Por omisión: principio de trascendencia / CASACIÓN - Principios de claridad y precisión: se vulneran / PRUEBA PERICIAL - Apreciación probatoria: corresponde al juez / PRUEBA PERICIAL - Apreciación probatoria: sus conclusiones no son absolutas para el juez pero si él se aparte de ellas debe argumentar con base en sustentos de la misma ciencia el por qué / DEMANDA DE CASACIÓN - Sala de Casación Penal: inadmite cargo Tesis: «La casacionista planteó un falso juicio de existencia por omisión, en principio, alega que el ad quem no valoró la consignación bancaria relacionada con el informe de perjuicios elaborado a instancia de la defensa por valor de $150.000, y luego, señalar que el tema objeto de debate fue la determinación de los perjuicios morales; en la medida que lo relacionado con los daños materiales fueron determinados teniendo en cuenta que la víctima recuperó los bienes hurtados y porque los daños fueron mínimos. Agrega que fue necesario acudir al informe de tasación de perjuicios debido a que no se llegó a un acuerdo con ella. Sobre el error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, es oportuno señalar que ocurre cuando pese a estar el medio de conocimiento en el proceso no es objeto de apreciación judicial, surgiendo entonces para el recurrente el deber de identificar el elemento probatorio omitido, cuál es la información objetivamente suministrada, el mérito demostrativo al que se hace acreedor y cómo su estimación conjunta con el resto de pruebas conduce a trastocar las conclusiones de la sentencia impugnada. En el desarrollo argumentativo del cargo, la recurrente incurrió en graves inconsistencias, veamos: i) postula que la consignación del valor relacionado con el informe de perjuicios no fue considerado por el ad quem; ii) a cambio de profundizar sobre la trascendencia del error planteado, la censora orientó su esfuerzo a pretender demostrar que el ad quem habría vulnerado el principio de limitación, porque debió ceñirse a la crítica expuesta sobre la tasación de los daños morales y no lo concerniente al trámite dado en la determinación de los materiales; iii) agrega que la Sala de decisión penal del Tribunal tampoco tuvo en cuenta las afirmaciones de las partes, del apoderado de la víctima y lo considerado en la sentencia de primera instancia y, iv) así concluir que el ad quem, a pesar de lo anterior, procedió a imponer una pena superior, al no efectuar el descuento punitivo reglado en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000. Desde luego, una cosa es sostener que un medio de conocimiento fue pretermitido por el ad quem y otra, bien distinta, afirmar que fueron apreciadas otras circunstancias a las que no se les otorgó el valor pretendido por la defensa, esta forma de ver las cosas desatiende los principios casacionales de claridad y precisión, pues si se advierte un falso juicio de existencia, la recurrente tenía la responsabilidad no solo de indicar la prueba sino también precisar su contenido y advertir su trascendencia en la resolución del caso. La demandante solo dirigió su actividad a hacer valer su consideración referida a que el informe de perjuicios fue completo y que el monto de los daños materiales allí definidos fueron los consignados por el acusado; de esta forma, se imponía reconocerle al procesado la rebaja de la pena prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, sin adentrarse a cuestionar de fondo la decisión del ad quem respecto determinación de los perjuicios en el informe pericial y lo dejado de pagar por el menoscabo moral. Al respecto, el Tribunal consideró: La indemnización de perjuicios materiales y morales deberá estar acreditada por cualquier medio de prueba aducible al proceso, o evidenciándose que entre el afectado y su lesionador se llegó a un acuerdo al respecto. En caso de que no haya sido posible construir un consenso bilateral sobre el monto de los daños generados, se entenderá cumplida la reparación, cuando el encartado cancele la suma fijada por un perito autorizado. Oportuno es indicar, que la reparación en cuestión es un derecho que tienen los acusados, por ende, una vez acatado lo mandado por el Art. 269 ibidem, se harán acreedores al respectivo descuento . No obstante, al legajo se hizo llegar un dictamen pericial del 21 de septiembre del 2021, confeccionado por la auxiliar de la justicia Doris Socorro Collazos, quien, efectuadas las pertinentes estimaciones, taza los perjuicios materiales en $151.000 cifra que, como no evidenció detrimento patrimonial, surge al considerar gastos de transporte y tiempo destinado por la víctima para la instauración de la denuncia, entrega de elementos hurtados y demás diligencias judiciales. Igualmente se precisa que no se fijaron los daños morales, toda vez que, es competencia del juez de conocimiento . Aunque es plenamente factible en los casos donde las partes e intervinientes no se ponen de acuerdo sobre la tasación de los perjuicios se acuda a un perito, ello no implica que se pueda ignorar a la víctima para concretar ese cometido. Aquí, la afectada aduce haber conversado sobre el monto con un señor de la defensoría y también refiere a una abogada, sin especificar su nombre, por lo que se infiere tuvo diálogos informales. Con quien debió haber entablado esa conversación sobre los perjuicios, con el fin de canalizar correctamente sus pretensiones, era con la Fiscalía, en aras de que esta autoridad la escuchará y adosará al proceso su exigencia . Finalizando, sobre los perjuicios morales, otorgándole en cierta medida la razón al juez, es verdad que su pago tampoco ha ocurrido, por lo tanto, no se cumple con lo dispuesto por el canon 269 ídem. Estímese que la víctima, en entrevista rendida, expuso que, cuando la saltaron estaba embarazada y sintió mucho miedo que estas personas la fueran a ‘matar’. La recurrente no tuvo en cuenta que son los juzgadores quienes aprecian las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, sin que existan medios probatorios que les impongan cierta valoración, pues ni aún los dictámenes periciales los obligan, en la medida que pueden criticarlos por vía de apreciar los factores evaluados, la idoneidad del perito, la suficiencia de sus fuentes, la aptitud de sus evaluaciones y la corrección en sus conclusiones. De tal forma que, si bien la cuantía de los perjuicios no puede quedar únicamente al arbitrio y discrecionalidad de la víctima, no puede concluirse que el procesado a quien le asiste el derecho de obtener una rebaja de pena cuando indemniza, proceda a solicitar un informe de perjuicios que resulta indebidamente soportado y pagar lo que allí se dice, sin intervención de la víctima y sin apreciación de los funcionarios judiciales, pues esa no puede ser la mecánica propia de tal disminución punitiva. En consecuencia, el cargo debe ser inadmitido». VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Falta de aplicación / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Concepto / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Modalidades / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Es un juicio en derecho / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Técnica en casación: el demandante debe aceptar los hechos declarados en la sentencia y la valoración de la prueba realizada por el juzgador / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Indemnización integral: Previo al incidente de reparación integral, soporte probatorio / FALTA DE APLICACIÓN DE LA LEY - No se configura / DEMANDA DE CASACIÓN - Sala de Casación Penal: inadmite cargo Tesis: «La demandante postuló la violación directa por falta de aplicación del artículo 269 de la Ley 599 de 2000, recuerda la Corte que ese error tiene lugar cuando a partir de la apreciación de los hechos legal y oportunamente acreditados dentro del proceso, los sentenciadores omiten aplicar la disposición que se ocupa de la situación en concreto, en cuanto se equivocan acerca de su existencia (falta de aplicación o exclusión evidente), realizan una errada adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla el precepto (aplicación indebida), o le atribuyen a la norma un sentido que no tiene o le asignan efectos diversos o contrarios a su contenido (interpretación errónea). Sin que importe la especie de vulneración directa del precepto sustancial, el error de los juzgadores recae sobre la normatividad, circunstancia que ubica el debate en un ámbito estrictamente jurídico, lo cual exige del censor la aceptación de la realidad fáctica declarada en las instancias. Requisito que la recurrente no atendió cuando procedió a realizar juicios de valor para intentar demostrar el error en el que habría incurrido el Tribunal, al hacer apreciaciones sobre el informe de perjuicios y alegar que el ad quem había desconocido el principio de limitación, tal como anteriormente se analizó. No obstante, en este caso, la recurrente olvidó cómo el ad quem, en gracia de discusión, si hubiera aceptado que el acusado pagó el monto señalado en el informe de perjuicios por valor de $150.000, lo cierto es que en dicho documento no se establecieron adecuadamente los valores relativos a daños morales por la violencia ejercida sobre la víctima, lucro cesante derivado de lo que dejó de percibir y por otros gastos en que incurrió. Al respecto, el ad quem describe lo expuesto por la víctima: La verdad a mí me llamaron de la defensoría, un tal O, en pocas palabras me dijo usted puede pedir lo que desee, le dijo vea, yo no vivo ahí en la venta, yo vivo en el Valle, yo he gastado dinero en los pasajes, en todo lo que ese día me pasó y todo eso, les di un valor y la señora abogada me dijo no ellos no pueden darle ese valor, ellos no le pueden dar a usted $500.000, porque ellos son pobres, si ellos son pobres yo también soy pobre (…) la señora siempre hablaba en la audiencia y repita y repita que los señores no podían dar eso, bueno entonces si no se puede dar eso yo no acepto indemnización . De modo que, la defensa no demuestra que el ad quem al producir la sentencia de segunda instancia haya incurrido en una violación directa de la ley sustancial, por no haber aplicado el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, pues contrario a su afirmación de estar en el proceso probada la indemnización de los perjuicios ocasionados a la víctima, lo cierto es que -según el ad quem- el informe de pago de perjuicio no cumplió las exigencias previstas en el mencionado artículo 269, es decir, no se demostró la reparación integral a la víctima -perjuicios materiales y morales-; por tanto, no constituye la prueba que debió aceptarse sin cuestionamiento, para luego sostener, ante tal probanza, que el ad quem incurrió un error por violación directa, al no reconocer el descuento punitivo pedido. Por lo anterior, el cargo será inadmitido». DEMANDA DE CASACIÓN - Inadmisión por indebida sustentación Tesis: «La demandante no demostró que el juzgador haya incurrido en los errores recogidos en las modalidades de casación de los numerales tercero y primero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por cuanto que: i) no se evidenció que el ad quem haya vulnerado el principio de limitación, pues es claro que su análisis versó sobre la improcedencia de la reparación integral por los perjuicios materiales y morales; ii) no se constituyó el falso juicio de existencia por omisión, en la medida la defensa incurrió en contradicciones argumentativas, desatendiendo los principios casacionales de claridad y precisión, pues si se advierte un falso juicio de existencia, la recurrente tenía la responsabilidad no solo de indicar la prueba sino también precisar su contenido y advertir su trascendencia en la resolución del caso y, iii) no se demostró que la Sala de decisión penal del Tribunal haya incurrido en una violación directa de la ley sustancial, pues el informe de determinación de perjuicios no cumple las condiciones exigidas, para sostener que se debió aplicar el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, para efectos de reconocer el descuento punitivo que alega la recurrente. Además, la Sala tampoco advierte alguna razón para superar los yerros de la demanda y proceder a su admisión. Es decir, no existe motivo para desbloquear la presunción de acierto y legalidad que gobierna el fallo condenatorio, ya que la censora en su escrito de casación no logra destruirlo en su propósito de afirmar que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de su defendido. Por las razones expuestas y no advirtiendo violaciones a garantías fundamentales que esté en el deber de proteger de manera oficiosa, la Corte inadmitirá la demanda de casación estudiada».

CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado Ponente AP7907-2025 Radicación No. 61832 Acta No. 295 Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil veinticinco (2025). I. ASUNTO 1. La Corte estudia los requisitos de admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ, contra el fallo del 19 de abril de 2022, dictada por la Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, que confirmó la sentencia condenatorio emitida por el Juzgado 2º promiscuo municipal de Cajibío -Cauca- el 5 de noviembre de 2021, por el delito de hurto calificado y CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 2 agravado, artículos 239, 240 inciso 4 y 241 numeral 10 de la Ley 599 de 2000.

II.

ANTECEDENTES 2.1. Fácticos 2. De acuerdo con la actuación se concretan de la siguiente forma: El 24 de junio de 2021, a las 13:30 horas, en la vereda La Venta del municipio de Cajibío, sobre la vía panamericana, cuando Angie Ximena Elvira se encontraba esperando transporte público observa a dos sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales la interceptan, entre ellos estaba JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ y proceden a intimidarla con arma de fuego, le arrebatan los bienes muebles que llevaba consigo, esto es, un bolso, un smartphone Huawei Y6 y $1.000.000,.

Efectuado esto, emprenden la huida hacia el municipio de Piendamó. La víctima llama vía telefónica a su primo, Cristian Felipe Chocue, quien además de haber intentado perseguir en su motocicleta a los sujetos, le informa de que estos habían sido aprehendidos por la Guardia Indígena. 2.2. Procesales 3. El proceso se tramitó de conformidad con el procedimiento especial abreviado establecido por la Ley 1826 de 2017, con fundamento en el cual se adelantaron las siguientes actuaciones: CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 3 4.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 536 de la Ley 906 de 2004, el 25 de junio de 2021, en audiencia concentrada efectuada ante el Juzgado 2º promiscuo municipal de Cajibío (Cauca), la Fiscalía solicitó el control de legalidad de la captura del procesado JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ, asimismo, dispuso el traslado del escrito de acusación1 y solicitó la medida de aseguramiento privativa de la libertad2.

El procesado no se allanó a cargos. 5. Se acusó a MOSQUERA RODRÍGUEZ por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, artículos 239, 240 inciso 4 y 241 numeral 10 de la Ley 599 de 2000, diligencia en la que la Fiscalía efectuó el descubrimiento probatorio3. 6. El 22 de septiembre de 2021, la Fiscalía presentó el acta del preacuerdo celebrado con el procesado JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ, consistente en que, por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, se reconocería la pena prevista para la complicidad, esto constituiría la única rebaja compensatoria por el preacuerdo; además, según el informe de determinación de perjuicios presentado por la defensa se reconocería el descuento de pena por indemnización integral a la víctima4. 7.

El 27 de septiembre de 2021, se procedió a la verificación del preacuerdo por el delito de hurto calificado y 1 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, página 6. 2 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, páginas 10 y 11. 3 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, páginas 1 a 5. 4 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, página 43.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 4 agravado, artículos 239, 240 inciso 4 y 241 numeral 10 de la Ley 599 de 2000, bajo modalidad dolosa en calidad de autor, a cambio y para efectos punitivos se aplicará la pena prevista para la complicidad5. 8. El 22 de octubre de 2021, en continuación de la audiencia de verificación del preacuerdo, las partes e intervinientes se pronunciaron conforme a lo dispuesto en el artículo 447 de la Ley 906 de 20046.

Enseguida el a quo procedió a dar a conocer el sentido de fallo de carácter condenatorio. 9. El 5 de noviembre de 2021, el Juzgado 2º promiscuo municipal de Cajibío -Cauca- dictó fallo condenatorio en contra de JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ7, como coautor responsable del delito de hurto calificado y agravado, imponiéndose la pena de 72 meses de prisión8. 10.

Así mismo, se condenó al procesado MOSQUERA RODRÍGUEZ, por la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y por el mismo término de la pena principal9 y, se negó la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena10. 5 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, página 50. 6 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, página 61. 7 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, páginas 64 a 72. 8 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, página 72. 9 Ibidem. 10 Ibidem.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 5 11. El 12 de noviembre de 2021 la defensora del procesado MOSQUERA RODRÍGUEZ apeló el fallo de primera instancia11; luego, el 22 de noviembre de 2021 el representante legal de la víctima se pronunció como no recurrente12. 12. La Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán confirmó la sentencia recurrida el 19 de abril de 202213.

Como consecuencia, la defensa interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual sustentó por escrito de manera oportuna14. III. DEMANDA 13. La defensa del procesado JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ, con fundamento en las causales 3ª y 1ª contenidas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004 postuló dos cargos, uno por violación indirecta y, otro, por violación directa de la ley sustancial.

Además, señaló que el ad quem desconoció el principio de limitación. 3.1. Primer cargo: falso juicio de existencia 14. Cuestiona que el ad quem haya considerado que no se probó la existencia de la consignación sobre el pago de los perjuicios, cuando, por el contrario, si se demostró. 11 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, páginas 87 a 93. 12 Carpeta digital, Primera instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022011320254, páginas 104 y 105. 13 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, páginas 2 a 17. 14 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, páginas 43 a 58.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 6 15. Sostiene que al no llegar a un acuerdo con la víctima se optó por tasar los perjuicios a través de un informe de perjuicios, así se determinó el valor de $150.000, debido a que la afectada recuperó los bienes hurtados y los daños fueron mínimos.

Este valor fue debidamente consignado en las arcas de la Fiscalía, concretamente en la cuenta #110015001106 del Banco Agrario de Colombia, Oficina Morales - Cauca, entregándose el recibo al Fiscal Delegado ante los Jueces Municipales de Cajibío15. 16. El ad quem omitió tener en cuenta este medio de prueba, de esa forma incurrió en un falso juicio de existencia por omisión, pues desconoció que en el proceso obraba el documento correspondiente y, más bien, se inmiscuye en reparos que no fueron objeto de decisión en la sentencia de primera instancia ni tampoco expuestos en el recurso de apelación. 17.

En consecuencia, el Tribunal impuso una pena superior a la que se debió aplicar, esto es, por no efectuar el descuento punitivo reglado en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, pues de haberse tenido en cuenta, como también las afirmaciones de las partes, del apoderado de víctima y los considerados en la sentencia de primera instancia -al dar por acreditado que ese valor de 150.000 mil pesos fue consignado a efectos que la víctima pudiese cobrarlos-, el ad quem habría determinado la pena en 15 meses de prisión, lo que significa 15 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 52.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 7 que no debería estar condenado a la pena de 5 meses de prisión. 3.2. Segundo cargo: violación directa de la Ley sustancial llamada a regular el caso 18. La recurrente encuentra que el ad quem no centró el debate en el tema propuesto en cuestión, esto es, si como lo aceptó el a quo, el pagó se efectuó por consignación y por el valor tasado pericialmente como reparación o indemnización a la víctima, por eso, el Tribunal debió aplicar el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 y reconocer el descuento punitivo16. 19.

Lo anterior, porqué está demostrado que el procesado procedió a reparar integralmente a la víctima antes de producirse la sentencia de primera instancia. 3.3. Desconocimiento del principio de limitación 20. Adiciona la recurrente que, por la anterior razón, la Sala de decisión penal del Tribunal desconoció el principio de limitación, por cuanto que debió entrar a decidir sobre el punto debatido en el recurso, es decir, única y exclusivamente sobre sí se debía pagar o no los prejuicios morales al interior de un proceso penal por el delito de hurto calificado y agravado, motivo por el que la defensa interpuso y sustentó el recurso de apelación, el ad quem debió analizar 16 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 55.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 8 ese punto, no lo hizo, y contrariamente procedió a decidir un aspecto que no tuvo polémica; por tanto, generó un quebrantamiento al derecho de defensa, por no darse la oportunidad de pronunciarse sobre ese aspecto no propuesto en el recurso. 3.4.

Conclusión 21. La demandante solicita a la Sala de Casación Penal casar y revocar la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de abril de 2022 y, en su lugar, emitir nuevo fallo por el cual se tasa la pena según lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, es decir, imponer la pena de 15 meses de prisión. IV. CONSIDERACIONES 4.1.

Cuestión preliminar 22. La Corte ha reiterado que la demanda de casación es el instrumento dispuesto para que el recurrente demuestre la validez de sus pretensiones; no obstante, de conformidad con el inciso 2° del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la demanda no será admitida cuando el actor carece de interés, no señala la causal ni sustenta los cargos o cuando de su contexto se advierte que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso.

Por tanto, el juicio de admisibilidad, como lo ha sostenido la Sala, comprende los aspectos de idoneidad formal y material, el CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 9 primero relacionado con el cumplimiento de las exigencias de claridad, concreción y debida fundamentación y, el segundo, con la aptitud del escrito para la realización de los fines del recurso17 (CSJ AP2869-2022, 29 jun., rad. 61790). 23.

En este sentido, la idoneidad formal determina que la demanda debe cumplir con unas mínimas condiciones de admisibilidad, a saber: i) acreditar el agravio a los derechos o garantías ocasionado por la sentencia, ii) señalar la causal de casación sujetándose a los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios de la causal invocada, y iii) determinar la necesidad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades del recurso, señaladas en el artículo 180 de la Ley 906 de 2004 (CSJ AP 2007, 13 jun., rad. 27537;

CSJ AP 2007, 25 jul., rad, 27810; CSJ AP3637- 2019, 27 ago., rad. 53402 y CSJ AP4322-2019, 2 oct., rad. 53102, entre otros). 24. Además, la demanda debe enmarcarse en los principios que gobiernan el recurso extraordinario de casación, entre los que destacan, para el presente caso, los de claridad y precisión, trascendencia y corrección material.

El primero impone que el libelista señale de forma inteligible y concreta el problema jurídico. El segundo, por su parte, determina que la verificación del error denunciado tenga idoneidad suficiente para variar el sentido del fallo. Y, el tercero, el de corrección material exige que los argumentos 17 De acuerdo con el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, el recurso de casación tiene por finalidad «la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia».

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 10 esgrimidos se sujeten a la realidad procesal (CSJ AP 3439- 2014, 25 jun., rad. 41752; CSJ AP4322-2019, 2 oct., rad. 53102 y CSJ AP2869-2022, 29 jun., rad. 61790, entre otros). 4.2. Desconocimiento del principio de limitación 25. Si bien la recurrente en la formulación de los cargos postula un orden diferente, es claro que la censura respecto de la vulneración del principio de limitación tiene carácter principal, pues de resolverse que se desconoció este principio en la resolución del recurso de apelación, esto tendría trascendencia en el análisis a cargo de la Sala de casación penal. 26.

La demandante sostiene que el ad quem desconoció el principio de limitación, dado que a cambio de resolver el tema propuesto en el recurso de apelación, consistente en determinar sí el procesado al acudir a la reparación de la víctima debía pagar o no los prejuicios morales, por la comisión del delito de hurto calificado y agravado, y no proceder a resolver sobre un aspecto que no tuvo polémica, como fue decidir en extenso sobre la indemnización integral, la consignación de los $150.000 estimados a través de un perito, dejando de lado el análisis sobre los perjuicios morales. 27.

La Corte ha considerado que los jueces ejercerán la competencia con estricto respeto del principio de limitación, lo que habilita para poder pronunciarse sobre los puntos objeto de inconformidad de los recurrentes y los aspectos CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 11 inescindiblemente relacionados entre sí. En este sentido, si bien el funcionario de segunda instancia no está facultado para decidir libremente, ya que su labor, por virtud del principio de limitación, consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada a partir de los argumentos presentados por el recurrente, su facultad sí se extiende a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados con el objeto de la impugnación (CSJ SP2009, 12 ago., rad. 31854 y CSJ AP1076-2024, 28 feb., rad. 63814). 28.

Ahora, en el caso que se examina, el recurso de apelación promovido por la defensa contra el fallo proferido por el Juzgado 2º promiscuo municipal de Cajibío -Cauca-, en los dos cargos propuestos, giró en torno a críticas relacionadas con la procedencia de la reparación de los daños morales, escindiéndolos de otro de los componentes de la reparación del perjudicado con la comisión del delito, como lo fue el monto de la indemnización integral determinada en un informe de tasación de perjuicios. 29.

Así, para sustentar el falso juicio de existencia - primer cargo-, la defensa argumenta que el ad quem no consideró la consignación del valor determinado en el ‘dictamen pericial’, en su opinión, depositado en una cuenta de la Fiscalía General de la Nación, sin que hiciera parte del recurso de apelación lo relacionado con el contenido del informe de perjuicios; por tanto, el ad quem al analizar el recurso no podía ocuparse de tema distinto a la reparación de los perjuicios morales.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 12 30. Además, la demandante no reconoce que la consideración sobre la estimación de los perjuicios morales haga parte de la reparación integral, contrariando de esta forma lo reglado en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, cuando refiere lo relacionado sobre la indemnización de los ‘perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado’, los cuales están conformados por los daños materiales y morales consecuencia de la conducta punible y que deben ser compensados por vía de reparación. 31.

No le asiste razón a la recurrente, cuando advierte que el ad quem ha vulnerado el principio de limitación, pues es claro que si bien, en principio, su crítica versa sobre la tasación y procedencia de los daños morales, es claro que los mismos son una parte que integra el núcleo de la reparación de la víctima, la cual guarda relación directa con el segundo componente de la reparación, esto es, los perjuicios materiales.

Estas dos categorías resultan inescindibles para la comprensión y alcance de la reparación integral; por tanto, al hacer parte de un todo, constituyó la razón de conocimiento que consideró el ad quem en desarrollo de su competencia; más aún cuando, el Tribunal advirtió las inconsistencias que se presentaron cuando se tasaron los perjuicios materiales y su incidencia en la pretensión de la defensa, obtener una disminución de la pena de prisión a cumplir por el procesado.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 13 32. En la sentencia de segunda instancia se contestan los temas controvertidos y relacionados con las consideraciones de la decisión, y los que resultaron inescindiblemente ligados entre sí; por tanto, no es de recibo que la demandante pretenda desconocer la competencia de la Sala de decisión penal del Tribunal, para pronunciarse sobre la totalidad de los medios de prueba relacionados con la demostración de los daños morales y materiales, referidos a los perjuicios contemplados en el mencionado artículo 269 de la Ley 599 de 2000. 4.3.

Primer cargo: falso juicio de existencia 33. La casacionista planteó un falso juicio de existencia por omisión, en principio, alega que el ad quem no valoró la consignación bancaria relacionada con el informe de perjuicios elaborado a instancia de la defensa por valor de $150.000, y luego, señalar que el tema objeto de debate fue la determinación de los perjuicios morales; en la medida que lo relacionado con los daños materiales fueron determinados teniendo en cuenta que la víctima recuperó los bienes hurtados y porque los daños fueron mínimos.

Agrega que fue necesario acudir al informe de tasación de perjuicios debido a que no se llegó a un acuerdo con ella. 34. Sobre el error de hecho por falso juicio de existencia por omisión, es oportuno señalar que ocurre cuando pese a estar el medio de conocimiento en el proceso no es objeto de apreciación judicial, surgiendo entonces para el recurrente el CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 14 deber de identificar el elemento probatorio omitido, cuál es la información objetivamente suministrada, el mérito demostrativo al que se hace acreedor y cómo su estimación conjunta con el resto de pruebas conduce a trastocar las conclusiones de la sentencia impugnada. 35.

En el desarrollo argumentativo del cargo, la recurrente incurrió en graves inconsistencias, veamos: i) postula que la consignación del valor relacionado con el informe de perjuicios no fue considerado por el ad quem; ii) a cambio de profundizar sobre la trascendencia del error planteado, la censora orientó su esfuerzo a pretender demostrar que el ad quem habría vulnerado el principio de limitación, porque debió ceñirse a la crítica expuesta sobre la tasación de los daños morales y no lo concerniente al trámite dado en la determinación de los materiales; iii) agrega que la Sala de decisión penal del Tribunal tampoco tuvo en cuenta las afirmaciones de las partes, del apoderado de la víctima y lo considerado en la sentencia de primera instancia y, iv) así concluir que el ad quem, a pesar de lo anterior, procedió a imponer una pena superior, al no efectuar el descuento punitivo reglado en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000. 36.

Desde luego, una cosa es sostener que un medio de conocimiento fue pretermitido por el ad quem y otra, bien distinta, afirmar que fueron apreciadas otras circunstancias a las que no se les otorgó el valor pretendido por la defensa, esta forma de ver las cosas desatiende los principios casacionales de claridad y precisión, pues si se advierte un CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 15 falso juicio de existencia, la recurrente tenía la responsabilidad no solo de indicar la prueba sino también precisar su contenido y advertir su trascendencia en la resolución del caso. 37.

La demandante solo dirigió su actividad a hacer valer su consideración referida a que el informe de perjuicios fue completo y que el monto de los daños materiales allí definidos fueron los consignados por el acusado; de esta forma, se imponía reconocerle al procesado la rebaja de la pena prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, sin adentrarse a cuestionar de fondo la decisión del ad quem respecto determinación de los perjuicios en el informe pericial y lo dejado de pagar por el menoscabo moral.

Al respecto, el Tribunal consideró: La indemnización de perjuicios materiales y morales deberá estar acreditada por cualquier medio de prueba aducible al proceso, o evidenciándose que entre el afectado y su lesionador se llegó a un acuerdo al respecto. En caso de que no haya sido posible construir un consenso bilateral sobre el monto de los daños generados, se entenderá cumplida la reparación, cuando el encartado cancele la suma fijada por un perito autorizado.

Oportuno es indicar, que la reparación en cuestión es un derecho que tienen los acusados, por ende, una vez acatado lo mandado por el Art. 269 ibidem, se harán acreedores al respectivo descuento18. … No obstante, al legajo se hizo llegar un dictamen pericial del 21 de septiembre del 2021, confeccionado por la auxiliar de la justicia Doris Socorro Collazos, quien, efectuadas las pertinentes estimaciones, taza los perjuicios materiales en $151.000 cifra que, como no evidenció detrimento patrimonial, surge al considerar gastos de transporte y tiempo destinado por la víctima para la 18 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 8.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 16 instauración de la denuncia, entrega de elementos hurtados y demás diligencias judiciales. Igualmente se precisa que no se fijaron los daños morales, toda vez que, es competencia del juez de conocimiento19. … Aunque es plenamente factible en los casos donde las partes e intervinientes no se ponen de acuerdo sobre la tasación de los perjuicios se acuda a un perito, ello no implica que se pueda ignorar a la víctima para concretar ese cometido.

Aquí, la afectada aduce haber conversado sobre el monto con un señor de la defensoría y también refiere a una abogada, sin especificar su nombre, por lo que se infiere tuvo diálogos informales. Con quien debió haber entablado esa conversación sobre los perjuicios, con el fin de canalizar correctamente sus pretensiones, era con la Fiscalía, en aras de que esta autoridad la escuchará y adosará al proceso su exigencia20. … Finalizando, sobre los perjuicios morales, otorgándole en cierta medida la razón al juez, es verdad que su pago tampoco ha ocurrido, por lo tanto, no se cumple con lo dispuesto por el canon 269 ídem.

Estímese que la víctima, en entrevista rendida, expuso que, cuando la saltaron estaba embarazada y sintió mucho miedo que estas personas la fueran a ‘matar’. 38. La recurrente no tuvo en cuenta que son los juzgadores quienes aprecian las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, sin que existan medios probatorios que les impongan cierta valoración, pues ni aún los dictámenes periciales los obligan, en la medida que pueden criticarlos por vía de apreciar los factores evaluados, la idoneidad del perito, la suficiencia de sus fuentes, la aptitud de sus evaluaciones y la corrección en sus conclusiones. 39.

De tal forma que, si bien la cuantía de los perjuicios no puede quedar únicamente al arbitrio y discrecionalidad de 19 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 9. 20 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 14. CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 17 la víctima, no puede concluirse que el procesado a quien le asiste el derecho de obtener una rebaja de pena cuando indemniza, proceda a solicitar un informe de perjuicios que resulta indebidamente soportado y pagar lo que allí se dice, sin intervención de la víctima y sin apreciación de los funcionarios judiciales, pues esa no puede ser la mecánica propia de tal disminución punitiva.

En consecuencia, el cargo debe ser inadmitido. 4.4. Segundo cargo: violación directa de la Ley sustancial llamada a regular el caso 40. La demandante postuló la violación directa por falta de aplicación del artículo 269 de la Ley 599 de 2000, recuerda la Corte que ese error tiene lugar cuando a partir de la apreciación de los hechos legal y oportunamente acreditados dentro del proceso, los sentenciadores omiten aplicar la disposición que se ocupa de la situación en concreto, en cuanto se equivocan acerca de su existencia (falta de aplicación o exclusión evidente), realizan una errada adecuación de los hechos probados a los supuestos que contempla el precepto (aplicación indebida), o le atribuyen a la norma un sentido que no tiene o le asignan efectos diversos o contrarios a su contenido (interpretación errónea). 41.

Sin que importe la especie de vulneración directa del precepto sustancial, el error de los juzgadores recae sobre la normatividad, circunstancia que ubica el debate en un ámbito estrictamente jurídico, lo cual exige del censor la CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 18 aceptación de la realidad fáctica declarada en las instancias.

Requisito que la recurrente no atendió cuando procedió a realizar juicios de valor para intentar demostrar el error en el que habría incurrido el Tribunal, al hacer apreciaciones sobre el informe de perjuicios y alegar que el ad quem había desconocido el principio de limitación, tal como anteriormente se analizó. 42. No obstante, en este caso, la recurrente olvidó cómo el ad quem, en gracia de discusión, si hubiera aceptado que el acusado pagó el monto señalado en el informe de perjuicios por valor de $150.000, lo cierto es que en dicho documento no se establecieron adecuadamente los valores relativos a daños morales por la violencia ejercida sobre la víctima, lucro cesante derivado de lo que dejó de percibir y por otros gastos en que incurrió. Al respecto, el ad quem describe lo expuesto por la víctima: La verdad a mí me llamaron de la defensoría, un tal Oscar, en pocas palabras me dijo usted puede pedir lo que desee, le dijo vea, yo no vivo ahí en la venta, yo vivo en el Valle, yo he gastado dinero en los pasajes, en todo lo que ese día me pasó y todo eso, les di un valor y la señora abogada me dijo no ellos no pueden darle ese valor, ellos no le pueden dar a usted $500.000, porque ellos son pobres, si ellos son pobres yo también soy pobre (…) la señora siempre hablaba en la audiencia y repita y repita que los señores no podían dar eso, bueno entonces si no se puede dar eso yo no acepto indemnización21. 43.

De modo que, la defensa no demuestra que el ad quem al producir la sentencia de segunda instancia haya incurrido en una violación directa de la ley sustancial, por no 21 Carpeta digital, Segunda instancia, Cuaderno principal 1, Código 2022105414004, página 10. CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 19 haber aplicado el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, pues contrario a su afirmación de estar en el proceso probada la indemnización de los perjuicios ocasionados a la víctima, lo cierto es que -según el ad quem- el informe de pago de perjuicio no cumplió las exigencias previstas en el mencionado artículo 269, es decir, no se demostró la reparación integral a la víctima -perjuicios materiales y morales-; por tanto, no constituye la prueba que debió aceptarse sin cuestionamiento, para luego sostener, ante tal probanza, que el ad quem incurrió un error por violación directa, al no reconocer el descuento punitivo pedido.

Por lo anterior, el cargo será inadmitido. 4.3. Conclusión 44. La demandante no demostró que el juzgador haya incurrido en los errores recogidos en las modalidades de casación de los numerales tercero y primero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por cuanto que: i) no se evidenció que el ad quem haya vulnerado el principio de limitación, pues es claro que su análisis versó sobre la improcedencia de la reparación integral por los perjuicios materiales y morales; ii) no se constituyó el falso juicio de existencia por omisión, en la medida la defensa incurrió en contradicciones argumentativas, desatendiendo los principios casacionales de claridad y precisión, pues si se advierte un falso juicio de existencia, la recurrente tenía la responsabilidad no solo de indicar la prueba sino también precisar su contenido y CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 20 advertir su trascendencia en la resolución del caso y, iii) no se demostró que la Sala de decisión penal del Tribunal haya incurrido en una violación directa de la ley sustancial, pues el informe de determinación de perjuicios no cumple las condiciones exigidas, para sostener que se debió aplicar el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, para efectos de reconocer el descuento punitivo que alega la recurrente. 45.

Además, la Sala tampoco advierte alguna razón para superar los yerros de la demanda y proceder a su admisión. Es decir, no existe motivo para desbloquear la presunción de acierto y legalidad que gobierna el fallo condenatorio, ya que la censora en su escrito de casación no logra destruirlo en su propósito de afirmar que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia de su defendido. 46.

Por las razones expuestas y no advirtiendo violaciones a garantías fundamentales que esté en el deber de proteger de manera oficiosa, la Corte inadmitirá la demanda de casación estudiada y ordenará la devolución del proceso al tribunal de origen. 47. Al amparo del inciso segundo del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, hay que señalar que cuando la Corte decide no dar curso a una demanda de casación, es procedente la insistencia, cuyas reglas, en ausencia de disposición legal, fueron definidas por la Sala desde el auto CSJ AP, 12 dic. 2005, rad. 24322, precisadas en CSJ AP3481–2014, 25 jun. 2014, rad. 42597.

CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 21 En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero: Inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ, contra el fallo dictada por la Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el 19 de abril de 2022, por los motivos expuestos en esta decisión. Segundo: Contra esta decisión procede el mecanismo de insistencia, en los términos indicados en la parte considerativa.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE Presidenta de la Sala CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 22 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: 9720E2334BA1B9AAECE5813D1759AEF43F267C54643D2C837A68CF672203816E Documento generado en 2025-11-11 CUI: 19001600060220210003201 Radicado: 61832 Casación: Ley 906 de 2004 JAN CARLOS MOSQUERA RODRÍGUEZ 23