CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Magistrado ponente AP6369-2025 Radicación n.º 67818 Acta n.º 246 Bogotá D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). I. ASUNTO Sería del caso pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensa del procesado DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, que el 16 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del 13 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta (Norte de Santander), que resolvió absolverlo por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa y lo condenó por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado -art. 103, numeral 7º del art. 104, art. 365, inciso 3º, numeral 5º y art. 31 del CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 2 Código Penal-, a la pena principal de prisión de 480 meses, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años., si no fuera porque, como se explicará, se observa una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso.

II.

HECHOS Según los hechos que se declararon probados en los fallos de instancia, el 16 de julio de 2017, en el barrio Cuberos Niño, a la altura del sector conocido como «pele el ojo» de la ciudad de Cúcuta, (Norte de Santander), alrededor de las 2:00 a.m., personal del C.T.I fue informado, la que fue trasladada sobre la agresión a una persona con arma de fuego.

La víctima fue trasladada al centro asistencial Clínica de Leones, donde finalmente falleció, siendo identificada como Miguel Ángel Caicedo Cetina. La madre de la víctima, Benilda Caicedo Cetina, informó sobre las personas que el día de los hechos citaron a su hijo al «parque de la Curva», en el sector conocido como «pele el ojo». Uno de ellos era el acusado DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN, conocido como alias «Ñuñu», mientras que el otro individuo lo identificó como «Randy Glock».

Además, mencionó que alias «El Enano» fue testigo de la muerte de su hijo, quien fue identificado posteriormente como Jhoan Esteban Pedraza Cáceres. Según el testimonio de Pedraza Cáceres, la víctima, Miguel Ángel Caicedo Cetina, estaba con él el día de los CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 3 hechos, alrededor de la 1:00 a.m., en el sector del canal conocido como «los tres túneles», donde consumían una sustancia estupefaciente llamada «base».

En ese momento, el acusado llegó junto con seis hombres más, todos armados. Ante esto, los dos consumidores intentaron huir, pero alias «Ñuñu» les disparó mientras corrían. Caicedo Cetina fue alcanzado por los disparos y continuó corriendo hasta caer al suelo debido a las heridas. Este señalamiento fue ratificado por Pedraza Cáceres en un reconocimiento fotográfico.

La necropsia confirmó que la muerte fue causada por heridas de proyectil de arma de fuego y se verificó que HERNÁNDEZ RINCÓN no tenía permiso para portar armas. III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE 2.1. Por estos hechos, el 15 de diciembre de 2017, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado y homicidio agravado tentado.

La acusó en los mismos términos, en vista oral del 9 de abril de 2018 2.2. El 13 de agosto de 2021, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta resolvió absolverlo por el delito de homicidio agravado en la modalidad de tentativa y lo condenó por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado -art. 103, numeral 7º del art. 104, art. 365, inciso 3º, numeral 5º y art. 31 del Código Penal-, a la pena principal de CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 4 prisión de 480 meses, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años.

Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 2.3. El recurso de apelación interpuesto por la defensa de la procesada activó la competencia del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la condena. Lo anterior, mediante proveído del 16 de septiembre de 2024, que fue objeto del recurso de casación presentado por el apoderado del procesado DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN. El Tribunal no realizó la audiencia de lectura de sentencia. En su lugar, la Secretaría hizo constar que el fallo de segunda instancia «se notificó a las partes vía correo electrónico el día 19 de septiembre de 2024, es por lo que, los términos corren dentro del término hábil a partir del día 20 de septiembre de 2024 y vencen el día 26 de septiembre de 2024».1 Sobre esa base, se corrió «el término de traslado de treinta 30 días hábiles para la sustentación del recurso Extraordinario de casación, (…) a partir del día 27 de septiembre de dos mil 2024 a las 8:00 a.m. hasta el día 12 de noviembre de dos mil 2024 a las 6:00 p.m.»2 1 Folio 71 del cuaderno principal, segunda instancia del expediente digital. 2 Folio 74 del cuaderno principal, segunda instancia del expediente digital.

CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 5 IV. CONSIDERACIONES 4.1. La postura de la Sala sobre la nulidad de la actuación por la omisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia En reiteradas ocasiones, la Sala ha sostenido que la omisión de la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia constituye un vicio trascendente, que debe enmendarse con la anulación del trámite.

Sobre el particular, recientemente, en la decisión CSJ AP1095, 26 feb 2025, Rad. 68199, reiteró las razones que justifican la nulidad ante este tipo de irregularidades; dijo: La Sala reitera que el debido proceso, como garantía y derecho fundamental, comprende toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, artículo 29 Constitución Política; de igual forma, diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han reconocido tales garantías judiciales3, las cuales, a su vez, integran el ordenamiento jurídico nacional por vía del bloque de constitucionalidad, artículo 93 ibídem.

Así mismo, los artículos 6º de las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 refieren el principio de legalidad, el cual consagra que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En este contexto de garantías fundamentales, el proceso penal comporta una estructura formal y otra conceptual.

La primera hace referencia al conjunto o sucesión escalonada y consecutiva de actos con carácter preclusivo regidos por la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico- jurídica. La segunda, concierne al carácter progresivo y vinculante del objeto del proceso para determinar la responsabilidad predicable del sujeto a quien se atribuye la ejecución de la 3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8;

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14; y Carta Internacional de Derechos Humanos, artículo 10. CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 6 conducta con relevancia jurídico-penal (CSJ SP4251-2019, 2 oct., rad. 51167).

Por tanto, se vulnera el debido proceso cuando se omite un acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito sine qua non para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin que cumpla los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia (CSJ SP10400-2014, 5 ago. 2014, rad. 42495). De manera que, cuando se quebranta el debido proceso, y es necesario declarar la nulidad del acto procesal, se deben comprobar los yerros de garantía o de estructura insalvables que conllevan a que la actuación pierda validez formal y material.

De este modo, la fundamentación de las nulidades debe hacerse a la luz de los principios concurrentes de taxatividad4, acreditación5, convalidación6, protección7, instrumentalidad de las formas8, trascendencia9 y residualidad10. Expuesto lo anterior, concierne observar los fundamentos normativos que regulan el trámite de notificaciones de las providencias, según lo previsto en el artículo 169 de la Ley 906 de 2004 son formas de notificación: Por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados.

En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación. De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, 4 Solo es posible plantear nulidades por los motivos expresamente previstos en la ley. 5 Quien alega la configuración de un vicio enervante, debe especificar la causal que invoca y señalar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya. 6 Aunque se configure la irregularidad, ella puede convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado, a condición de ser observadas las garantías fundamentales. 7 No puede invocarlas el sujeto procesal que con su conducta haya dado lugar a la configuración del motivo invalidatorio, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 8 No es dable declarar la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad prevista por el legislador.

Como las formas no son un fin en sí mismo, a pesar de que el acto procesal no se ajuste estrictamente a las formalidades preestablecidas en la ley para su producción, lo importante es que haya alcanzado el propósito para el cual está destinado. 9 Quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que la irregularidad sustancial afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación y/o el juzgamiento y que la magnitud del defecto tenga incidencia en el sentido de justicia incorporado a la sentencia. 10 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para subsanar el yerro detectado.

CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 7 facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocación de impugnación. (Subrayados no originales) La anterior regla es clara en señalar que las notificaciones de las sentencias se realizan en estrados, lo que obliga al funcionario judicial a convocar a la respectiva audiencia y verificar que las partes e intervinientes hayan acudido a las mismas, salvo que medie una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que les haya impedido concurrir, justificada ante la autoridad judicial.

Cuando se trata de personas no privadas de la libertad, si las partes o intervinientes no pueden asistir a la audiencia por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, deben justificar la ausencia y, la notificación de la decisión se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación», conforme lo establece el artículo 169 ibidem.

Estas pautas, ya habían sido fijadas por la Corte en sentencia CSJ SP-2013, 6 feb., rad. 38975, en la que se consideró: 2. Cuando se trate de un [imputado] detenido en una cárcel y se convoque a una audiencia para enterar una decisión, aquel solamente puede tenerse como debidamente notificado en estrados, siempre y cuando su remisión hubiere sido solicitada en forma oportuna y se constate que su no presencia obedeció exclusivamente a su voluntad y no a la actuación del Estado, entendido este como jueces, fiscales, autoridades carcelarias, que tienen la carga de trasladar al recluso al estrado judicial.

Lo anterior, en el entendido de que el detenido tenga vocación de impugnación, como evidentemente acontece cuando se trata de la notificación de la sentencia de segunda instancia, como que el acusado, si bien no está facultado para presentar demanda de casación, sí lo está para interponer el respectivo recurso. La solución no es la misma cuando el recluso carezca de tal vocación, como sucede, por vía de ejemplo, con la notificación del fallo de casación, pues contra el mismo no procede ningún medio de gravamen.

En el último supuesto, la ausencia del acusado (así sea abonable a la poca diligencia estatal) resultaría inane, intrascendente. 3. Con ese entendimiento, que surge de los mandatos señalados, se tiene que las reglas del artículo 169 procesal de tener por CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 8 notificada en estrados la decisión, parten de la exigencia necesaria de la citación oportuna y de que la parte pudiese ejercer su voluntad de asistir o no. Tanto ello es así, que la norma y la jurisprudencia admiten la posibilidad de que la decisión no se tenga por notificada cuando el sujeto procesal justifique su ausencia por caso fortuito o fuerza mayor, y sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre el alcance de estos institutos, no admite discusión que para el recluso resulta ajeno a su voluntad salir del centro reclusorio si las autoridades se lo impiden o no le habilitan el camino para hacerlo. 4.

En el evento en que el detenido con vocación de impugnación no pueda asistir a la audiencia, la comunicación dirigida al centro carcelario para enterarlo de la providencia deja de tener connotación de simple acto de comunicación, para convertirse en uno de notificación, y de resultar este el último trámite de enteramiento, a partir del mismo comienzan a contabilizarse los plazos legales.

Las normas transcritas parten de un supuesto fundamental a saber: que las partes, incluyendo el procesado que se encuentra privado de la libertad, e intervinientes, deben ser citados correctamente a la audiencia de lectura de fallo donde se notifica la providencia en estrados. Además, estas disposiciones, junto con el principio rector de oralidad, artículos 9° y 145 ibidem, confirman que la actuación procesal será oral y se llevará a cabo en audiencias públicas, sin perjuicio de que para su realización, registro, conservación y reproducción de lo acontecido se haga utilizando los medios técnicos que garanticen agilidad y fidelidad.

La indebida citación o la omisión a la misma, así como la falta de realización de la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, comporta un vicio sustancial en la estructura del proceso, pues resultan quebrantados las bases propias del sistema de notificaciones y los términos procesales que de aquellas se derivan. Por tanto, la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia es de carácter obligatoria, de tal forma que el funcionario judicial no puede optar por realizar o no esta diligencia; pues de acuerdo con la ley, es un deber y no una potestad.

Así se desprende de la lectura del artículo 179 de la Ley 906 de 2004 que establece que; la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes. En lo que toca a la lectura de la sentencia de segunda instancia, el artículo 179 ibídem dispone que una vez adoptada la decisión por el Tribunal Superior del Distrito Judicial el «fallo será leído en audiencia» y en la misma se notifica en estrados a las partes e intervinientes.

CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 9 Esta disposición se relaciona con el artículo 183 ibídem, que consagra la oportunidad para interponer el recurso de casación ante el Tribunal, esto es, dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos.

A partir de la realización efectiva de la audiencia se contabilizan los términos para interponer el recurso extraordinario de casación -5 días después de la audiencia-; luego, para sustentarlo y presentar la demanda, se dispone de 30 días. Cuando la norma indica la última notificación, hace referencia a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, como quiera que en estrados se notifican las sentencias y los autos -artículo 169 de la Ley 906 de 2000-, al paso que el diligenciamiento se encuentra caracterizado por la oralidad, según se desprende del artículo 145 ibídem.

Además, el artículo 9º ibídem, respecto a la oralidad, dispone que la actuación ha de desarrollarse bajo la utilización de medios técnicos que permitan dar mayor agilidad y fidelidad al asunto; sin perjuicio de que la actuación se adelante con respeto de los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, a fin de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia, razón por la cual se establece, con carácter de obligatorio, el cumplimiento de los procedimientos orales -artículo 10 Ley 906 de 2004-. 3.1.4.

De acuerdo con el estudio normativo expuesto, en lo pertinente, integran el debido proceso penal, por cuanto que las reglas específicas a cumplir contienen las causas que rigen la Ley 906 de 2004, es decir, en atención a la función de la estructura formal del procedimiento, que establece una serie de actos sucesivos, antecedente-consecuente, que permite la aplicación ordenada y consecutiva del trámite, incluso, en lo que refiere a la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la ley.

4.2. EL CASO OBJETO DE ANÁLISIS Como ya se indicó, el Tribunal Superior de Cúcuta omitió la audiencia de lectura del fallo de segunda instancia. En su lugar, se optó por las notificaciones vía correo electrónico, tal y como se explicó en precedencia. CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 10 Ello se aviene plenamente a la constancia sobre las formas de notificación y el respectivo cálculo de los términos procesales.

Por obvias razones, ello incidió en la fijación del plazo para la interposición y sustentación del recurso extraordinario de casación, pues no se tuvo como referente, como lo ordena la ley, la notificación en estrados propia de la audiencia de lectura del fallo, sino la remisión de comunicaciones vía correo electrónico, lo que era improcedente toda vez que no medió alguna de las razones previstas en la ley para utilizar otros medios de notificación, según se explicó en precedencia. A partir de esa notificación irregular, la Secretaría del Tribunal corrió un traslado común para la interposición de los recursos procedentes, contabilizado sobre la base de la notificación por correo electrónico, a partir del 19 de septiembre de 2024.

Por las razones indicadas en el acápite anterior, de esa manera se afectó la estructura del proceso y se comprometieron los derechos de las partes e intervinientes, razón suficiente para decretar la nulidad de lo actuado a partir de los trámites de notificación del fallo emitido por el Tribunal Superior de Cúcuta el 16 de septiembre de 2024, para que el mismo se rehaga como es debido.

En consecuencia, se dispondrá que la Sala Penal del Tribunal Superior convoque a las partes e intervinientes a la CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 11 audiencia de lectura de fallo, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004, y en la misma precise los recursos que proceden contra la decisión de segunda instancia. Igualmente, se tendrá especial cuidado con el trámite que se le imprima a los recursos que eventualmente sean interpuestos por las partes e intervinientes.

Para este efecto, se otorgará un plazo perentorio de quince (15) días, contados a partir de que se les comunique la presente decisión. Para este caso específico, el magistrado ponente podrá efectuar un resumen de la sentencia, el cual no sustituirá la decisión, ni la complementará, ni se integrará a ella, sino que simplemente constituirá una herramienta metodológica para racionalizar las labores de ese Cuerpo Colegiado, pues, al finalizar dicho acto público, deberá entregar copia íntegra de la sentencia a las partes, intervinientes y demás interesados.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero. DECLARAR la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta el 16 de septiembre de 2024. CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 12 Segundo. Devolver las diligencias a esa instancia judicial con el fin de que proceda a convocar a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004, y para que en la misma precise los recursos que proceden contra la decisión de segunda instancia. Se otorga un plazo perentorio de quince (15) días, contados a partir de la comunicación de la presente decisión. Contra esta determinación no proceden recursos.

Notifíquese y Cúmplase. Presidenta de la Sala CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 13 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: F1A5115B4CF0662906FF39FA55106D109ECA1F6E321D9E2A687B8E79FE4A1887 Documento generado en 2025-09-23 CUI 54001600113420170158401 Casación – ley 906 Radicación No 67818 DANNY FABIÁN HERNÁNDEZ RINCÓN 14