AP615-2022(59706) — Corte Suprema

AP615-2022(59706)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2022

Ley 600 de 2000Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: DEMANDA DE CASACIÓN - Requisitos / DEMANDA DE CASACIÓN - Formulación de los cargos: es deber del casacionista demostrar que la intervención de la Corte resulta necesaria para cumplir alguna de las finalidades del recurso / DEMANDA DE CASACIÓN - No es un alegato de instancia / CASACIÓN - No es un nuevo debate sobre valoración probatoria / CASACIÓN - Mecanismo extraordinario / CASACIÓN - Juicio lógico jurídico / CASACIÓN - Principio de presunción de acierto y legalidad de la sentencia / CASACIÓN - La simple discrepancia de criterios no constituye yerro demandable / CASACIÓN - Principio de lealtad / CASACIÓN - Principio de prioridad Tesis: «De conformidad con lo previsto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte examina la demanda de casación interpuesta por el apoderado judicial del procesado YDJAO, con el objeto de determinar si es admisible o no, lo cual dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado estatuto, que se refieren, básicamente, a la existencia de interés jurídico, al señalamiento de la causal de casación, al desarrollo de los cargos de sustentación y a la necesidad del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso. La demanda de casación, como reiteradamente lo ha explicado esta Corporación, no representa un simple alegato de instancia, ni tiene como finalidad ofrecer una nueva oportunidad para que se contrapongan los argumentos de las partes, a la motivación razonada de los falladores, a efectos de obtener satisfacción a sus pretensiones. Por su connotación de mecanismo extraordinario, el recurso de casación implica para el demandante la carga procesal de fundamentar adecuadamente su postulación dentro de precisos requisitos que obedecen a principios lógicos y jurídicos, en el entendido que a esta sede arriba el fallo, prevalido de una doble presunción de acierto y legalidad, solo quebrantable a partir de la definición precisa y objetivamente fundamentada, de que la sentencia comporta un yerro de tal magnitud, que su manifestación en el proceso emerge ostensible y tiene por sí misma la virtualidad de obligar la revocatoria de lo decidido o, cuando menos, su modificación trascendente. No es posible, por lo anotado, acometer la crítica de lo decidido por el ad quem, a partir de particulares apreciaciones, por demás interesadas, que en sí mismas no verifican la materialidad de un yerro que por lo ostensible y trascendente se asume de fácil determinación. Además, en aplicación del principio de lealtad, al demandante le es exigido presentar los cargos con plena corrección fáctica, en el entendido que los hechos soporte de lo discutido efectivamente corresponden a lo que contiene el expediente y las decisiones tomadas al interior de este. Ahora bien, conforme a las pautas generales citadas, la Corte abordará el examen de los cargos propuestos en el orden dispuesto por el casacionista; ello, por cuanto, como lo ha refrendado recientemente la Sala : Tradicionalmente se ha sostenido que el principio de prioridad impone denunciar en orden de prelación los cargos que cuestionan la validez de la actuación penal. Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que no siempre los cargos de nulidad son principales respecto de los cargos de apreciación probatoria, pues el pedido de absolución que la mayoría de las veces se solicita como consecuencia de los reproches de violación directa o indirecta de ley sustancial puede resultar más beneficioso que aquel mediante el cual se busca la declaración de invalidez de la actuación con el fin de reparar un vicio de estructura o de garantía, pues esto último no necesariamente redunda en la absolución del procesado. Por esa razón, desde el plano formal, que se haya propuesto el cargo de nulidad como subsidiario no puede ser un elemento sustancial para inadmitir la demanda, como si lo es la indebida proposición y desarrollo del cargo.». FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN - Concepto / FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN - Técnica en casación / INFORME DE POLICÍA JUDICIAL - Valor probatorio: tarifa legal negativa / FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN - No se configura: si la sentencia no se emitió con transgresión de la tarifa legal negativa / CASACIÓN - Principio de corrección material: se vulnera / CASACIÓN - Principio de coherencia / CASACIÓN - Principio de no contradicción: se vulnera / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Prueba de referencia: diferente a los medios de prueba con que se demostrará su existencia / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Prueba de referencia: no la constituye una declaración anónima / ANÓNIMO - No es un medio de prueba: por lo tanto no puede ser prueba de referencia / FALSO JUICIO DE CONVICCIÓN - No se configura / DEMANDA DE CASACIÓN - Sala de Casación Penal: inadmite cargo Tesis: «Esta especie de error de derecho es de difícil ocurrencia, pues, es propio de un sistema de tarifa legal y consiste en darle a una prueba un valor determinado, que no tiene, o en negarle el que la ley le atribuye. Ejemplo de un error de esta naturaleza, conocido como de tarifa legal negativa, lo constituye la previsión consagrada en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, a través de la cual se le resta eficacia a la prueba de referencia, en tanto, prohíbe emitir sentencia condenatoria sustentada únicamente en ella. También, se tiene dispuesto por vía legal y jurisprudencial, desde la expedición de la Ley 600 de 2000 y con plenos efectos para el trámite acusatorio, que los informes de los investigadores no cuentan con poder probatorio ninguno, respecto del objeto del proceso penal y sirven apenas como elementos ilustrativos que permitan de las autoridades dirigir la investigación hacia una hipótesis adecuada, por manera que, cabe relevar, si con ello se soportar algún elemento de la condena, el fallador incurre en un error de derecho por falso juicio de convicción. En esta misma senda de carencia de valor suasorio, el censor puso de manifiesto que en la sentencia de segunda instancia les fue asignado mérito probatorio a las declaraciones anónimas vertidas por fuera del juicio oral, en la medida en que a partir de ellas el juez colegiado construyó hechos indicadores que sirvieron de base para elaborar prueba indiciaria en contra de AO, en claro desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley 906 de 2004, cuyo contenido consideró extensivo a cualquier medio probatorio y no solo al de naturaleza documental. Sin embargo, pese a la adecuada delimitación formal del cargo, el defensor quebrantó el postulado de corrección material, pues, de la simple lectura del fallo atacado se desprende que el ad quem se ocupó de analizar lo concerniente a la declaración anónima, pero precisamente para omitir su valoración, en tanto, inadmisible como prueba de referencia por desconocimiento de la fuente de información. Concretamente, sostuvo el Tribunal en el fallo atacado: [...] De la misma manera, el planteamiento del libelista terminó por vulnerar los principios de coherencia y no contradicción, en tanto, sostuvo, de manera simultánea pero incompatible, que en la decisión atacada debía prescindirse de la información suministrada a través de la llamada anónima, pero al tiempo, terminó por valorarla, a fin de colegir que, como los procesados vestían prendas diferentes a las descritas por la fuente humana, se movilizaban en una motocicleta de un solo color, no dos como fue descrito por el sujeto desconocido, y ninguno de ellos poseía un tatuaje en su rostro, se erigía una duda razonable sobre su responsabilidad en el crimen perpetrado contra la vida de JELM. Con todo, es pacífica la concepción de que a los medios anónimos, según la legislación nacional , no puede atribuírseles la condición de medio de prueba, como acertadamente lo afirma el casacionista, pero sí resulta autorizado, como se dijo atrás, asignarles efecto en calidad de criterio orientador de las labores de indagación, cuando suministren datos específicos sobre hechos o situaciones de relevancia típica y sean susceptibles de verificación. Así lo ha sostenido la Sala , al indicar que: [...] Ese tratamiento fue, precisamente, el otorgado en el fallo de segunda instancia confutado, no solo porque así lo haya asegurado el Tribunal ad quem al indicar que “en todo caso, lo importante es que esa llamada sirvió como un criterio para orientar la indagación” , sino porque ello se observa del soporte probatorio de la decisión. En consecuencia, el error postulado en el primer cargo es inexistente y por ello debe inadmitirse.». VIOLACIÓN INDIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL - Error en la apreciación probatoria / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Modalidades: técnica en casación / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Técnica en casación: el recurrente debe precisar el aparte o fragmento de la prueba tergiversado, mutilado o adicionado / TESTIMONIO - Apreciación probatoria / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Diferente al falso raciocinio / CASACIÓN - Principio de corrección material: se vulnera / HOMICIDIO - Demostración / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - No se configura por desacuerdo en la valoración probatoria / FALSO JUICIO DE IDENTIDAD - Por cercenamiento: no se configura / DEMANDA DE CASACIÓN - Sala de Casación Penal: inadmite cargo Tesis: «La causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, contempla el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba fundamento de la sentencia, sobre la base de advertir que el juzgador puede incurrir en esa especie de desacierto al momento de apreciar determinado medio de conocimiento, bien porque le hace agregados que no corresponden a su contenido -adición-, omite tener en cuenta aspectos importantes de la misma -cercenamiento- o altera o tergiversa su texto -distorsión-. Empero, el demandante se margina de evidenciar la presencia de alguno de esos desatinos, -pese a mencionar que el yerro advertido es por cercenamiento- y se propone extractar, faltando a los principios de claridad y precisión que deben regir la elaboración de los reparos, algunas de las expresiones de los integrantes de la policía WAMM y GAT Delgado, para analizarlas desde su particular perspectiva, sin demostrar la ocurrencia del reparo y, mucho menos, su trascendencia en las conclusiones del fallo, en tanto, utiliza el cargo apenas como mampara para ofrecer su teoría en relación con la manera como ocurrieron los acontecimientos. Con ello, el censor deja de considerar que el yerro de identidad es de carácter objetivo y recae sobre el contenido o expresión fáctica de la prueba; por lo tanto, era su deber demostrar, mediante un ejercicio de simple comparación, en este caso, que lo narrado por los testigos, en todo o en parte, fue desconocido o ignorado por el sentenciador, y que, por tanto, les hizo decir lo que ellos realmente no expresaron. En este sentido, el libelista refirió que la inmediatez en la persecución iniciada como consecuencia de la información suministrada por la fuente humana no formal, impide sostener que los procesados, luego del supuesto homicidio, tuvieron tiempo para dirigirse al hogar de la víctima, hurtarle dinero que guardaba en una alcoba y hasta “bañarse”, sin que requirieran utilizar la llave de la vivienda, que se afirmó llevaban consigo, para en vez de ello forzar las guardas de seguridad. En su sentir, de esa inmediatez dieron cuenta los mencionados deponentes, pero el Tribunal cercenó tal circunstancia trascendental, lo que lo que le permitió construir los indicios de oportunidad y móvil para delinquir, en contra de AO. No obstante, la revisión de la sesión de juicio oral llevada a cabo el 4 de marzo de 2020, en la cual se evacuaron los testimonios de WAM y GATD, permite advertir que la síntesis de esas declaraciones, efectuada por el ad quem, corresponde al fiel relato de lo sostenido por los deponentes y que, finalmente, de lo que discrepa en realidad el profesional del derecho, es del mérito suasorio asignado a esos elementos de convicción y de la articulación de los mismos con los demás componentes del cúmulo probatorio. En este sentido, el Intendente de la Policía Nacional, WAMM, especificó que ante la imposibilidad de iniciar una persecución inmediata una vez observa a los sujetos sospechosos pasar en la moto Kawasaki de alto cilindraje , por la significativa diferencia en la capacidad de rodar a grandes velocidades, en comparación con la motocicleta de dotación de la institución, en lugar de seguir en pos de ella en ese instante , mejor se da inicio al plan candado, el cual se materializa al ponerse en contacto con unidades de las diferentes estaciones, una de ellas, la Toledo, que a su vez da aviso a los miembros del Ejército, quienes logran dar captura a YDJAO y a su acompañante, en el sector del “bombillo”, es decir, en lugar distante a aquel en el que se encontraba el testigo cuando avistó a los sospechosos -“por los lados de la federación”-. El deponente, de manera clara manifestó que no podía precisar la hora en la que vio a los sujetos, pues, “no me paré a revisar el reloj” , aunque de forma aproximativa sostuvo que “era tipo 10 y media más o menos de la mañana” . Por su parte, GATD señaló: Como se anticipó, la prueba no fue cercenada. Los testigos, contrario a lo afirmado por el censor, no dieron cuenta de una persecución y captura inmediatas a la llamada anónima, y ese presupuesto tampoco se verificó desde el momento en que el Intendente WAMM Observó a los sospechosos pasar movilizados en motocicleta. En primer lugar, porque MM se encontraba en imposibilidad de perseguirlos y alcanzarlos en la moto de dotación de la Policía, razón por la cual procedió a dar aviso a las demás autoridades, antes que intentar alcanzarlos directamente. En segundo término, porque el Teniente TD estaba en lugar diferente al de avistamiento de los implicados, razón por la cual, tampoco podía iniciar una persecución, en tanto, él directamente no fue quien vio a AO y ZÚ, sino que recibió la información de WM. Dicha conclusión (de imposibilidad de persecución inmediata), se refuerza al advertir que fueron miembros del Ejército Nacional quienes dieron captura en flagrancia a los procesados, en sitio distinto -el bombillo- al de ubicación del Teniente e Intendente, por llevar consigo un arma de fuego de manera ilegal y desplazarse en una motocicleta con un pendiente por hurto. Las conclusiones a las que arribó el Tribunal, encontraron respaldo en dichas declaraciones, por manera que, la crítica elevada por el recurrente, no corresponde a un yerro objetivo, como lo postuló en el cargo, sino que apenas verifica su contrariedad con el examen valorativo adelantado por los sentenciadores, no solo en relación con ese específico medio de convicción, aclara la Corte, sino con el grueso de pruebas que confluyeron a acreditar la responsabilidad de los acusados en las conductas endilgadas, convirtiéndose su exposición, así, en un alegato de instancia que deviene impropio de esta sede extraordinaria. Desde luego, si lo buscado es adentrarse en el proceso de ponderación probatoria de los falladores, debe tomarse en consideración que ese tipo de censura debe proponerse por la vía del error de hecho por falso raciocinio. De tal manera que, si el reclamo pretendía dirigirlo a denunciar la última modalidad de error aludida, era su obligación establecer qué dice concretamente el medio probatorio; qué se infirió de él en la sentencia atacada; cuál fue el mérito persuasivo otorgado; determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de la experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar su consideración correcta; identificar la norma de derecho sustancial indirectamente excluida o indebidamente aplicada; y, luego demostrar la trascendencia del error expresando con claridad cuál debe ser la adecuada apreciación de aquella prueba, con la indeclinable obligación de acreditar que la enmienda del yerro daría lugar a un fallo esencialmente diverso y favorable a los intereses de su representado. En ese orden, ninguna de las labores atrás enunciadas acometió el recurrente, quien dedicó su exposición al señalamiento de supuestos errores de hecho, tratándose algunas de esas falencias del mismo soporte que en su momento expuso en la sustentación a la alzada interpuesta en contra del fallo de primer grado, proceder inaceptable en sede extraordinaria. En ese contexto, se limitó a oponerse a las conclusiones judiciales vertidas en las instancias, a través de un argumento cimentado en la insuficiencia probatoria que revisten los medios de convicción, postura que no se compadece con la exposición vertida por los falladores, pues, allí se verifica un escenario totalmente opuesto, en el cual se destaca el análisis efectuado en torno del compromiso penal del implicado, soportado en prueba indiciaria. En este punto, el reproche referido al daño ejecutado en las chapas de la vivienda de la víctima, evidencia el desatino, pues, revela un simple desacuerdo con las conclusiones del fallo del Tribunal, sin que guarde relación con un error por cercenamiento del contenido de un medio probatorio. En todo caso, falta la defensa al principio de corrección material, en tanto, no todas las cerraduras del lugar fueron violentadas, conforme se extracta de las atestaciones emitidas por DYG -esposa del fallecido-, quien dio cuenta del despojo de las llaves llevadas consigo por la víctima y manifestó que fue su vecina quien advirtió que la reja de la casa estaba abierta y la puerta principal sin seguro, el día de los hechos, el tiempo que, jamás indicó que ese día o posteriormente hubiese observado que las cerraduras de ingreso a su residencia hubiesen sido forzadas. Finalmente, en lo que guarda relación con el acta de inspección técnica a cadáver, signada por el Patrullero EOFJ, en la cual se consigna, entre otros datos: “En el momento que se adelantaba y se dio por terminado la diligencia de Inspección Técnica al Cadáver, ya teniendo pleno conocimiento del hallazgo y de la existencia de otros Elementos Materiales de Prueba y Evidencias Físicas cerca del cuerpo durante la Inspección Técnica al lugar de los hechos objeto de la diligencia judicial, se procedieron a recolectar cada uno de estos, los cuales se relacionan a continuación, así: (…) EMP Nro.4. 01 motocicleta marca Yamaha línea XTZ 250, modelo 2017, color naranja y negro, laca […], numero de chasis […] y número de motor […], con sus respectivas llaves” . Es verdad que el Tribunal no se refirió a esa información, cuando sostuvo que “(…) al interfecto, no se le encontró dinero al momento de la inspección al cadáver, ni la llave de la motocicleta ni de la vivienda preindicada. De donde emerge la posibilidad que el dinero hallado a los capturados fuese aquél del que se despojó a la víctima” . No obstante, de la situación reseñada no se sigue la conclusión a la que pretende arribar el libelista. En efecto, el planteamiento del casacionista parte por considerar que la motocicleta de propiedad del occiso JELM, poseía dos llaves: la que fue encontrada en poder de YDJAO -sobre esto no hay discusión alguna e incluso así lo admitió el procesado en curso del juicio oral- y la que se halló en el lugar de los fatales acontecimientos, para, a partir de esa afirmación, colegir inexistente el indicio del móvil construido por el juez colegiado, en la medida en que no es cierto que los procesados quisieran hurtarle la moto y que por tal finalidad decidieron ultimarlo, pues, ningún sentido tendría entonces el hallazgo de dicho elemento junto al velomotor. La Sala debe destacar, al efecto, que la existencia de dos llaves no fue comprobada en el proceso. El acta de inspección a cadáver consigna el hallazgo de las llaves de la moto en el lugar de los hechos, pero, contrario a la postura del profesional del derecho, no refleja que indefectiblemente hubiese dos llaves de la moto Yamaha de propiedad de JEL. Nótese que las diligencias de inspección a cadáver y al lugar de los hechos, iniciaron sobre las 3 y 30 de la tarde del 21 de junio de 2018, esto es, varias horas después de la aprehensión de AO y ZÚ, al tanto que el hallazgo de la llave de una motocicleta Yamaha en poder del primero se produjo durante el procedimiento de captura, conforme lo narraron el Intendente WAMM y el Sargento adscrito a la Sijin de la Policía Nacional, que actuó como líder de la investigación, Y ALO, es decir, sobre las 10 de la mañana. El intendente manifestó que tal llave fue posteriormente cotejada en el switch de la motocicleta de la víctima y se verificó que efectivamente encendió, pero no mencionó -y no hubo preguntas en ese sentido-, en qué lugar y a qué hora se realizó esa comparación. DYG, por su parte, recordó el momento en el cual uno de los policías que llegó al lugar donde ultimaron a EL, le preguntó si conocía la llave que le fue exhibida, a lo que respondió que correspondía a la moto de su esposo; de inmediato “el señor policía le mete la llave al switch de la moto y efectivamente si era la llave de la moto”. Rememoró, así mismo, que el policial tenía en su poder la llave “ya que en el lugar de la represa de hidroituango habían capturado al señor Y y al señor D (…) y la policía encontró en las pertenencias de los señores la llave de mi esposo, de la moto de mi esposo” . La testigo mencionó que en el lugar en el que asesinaron a E L, de las pertenencias que llevaba la víctima -llaves, dinero y celular-, solo se encontró este último. En el mismo sentido, JJLG, progenitor de JEL, aseguró que su hijo salió de la casa con las llaves de la moto -él mismo se las entregó-, pero en el lugar donde fue hallado el cuerpo sólo se encontró su cédula, al tiempo que, afirmó, permaneció desde la mañana junto a la víctima, hasta que arribaron los agentes para realizar el levantamiento a cadáver, en horas de la tarde, momento en el cual “la policía le metió las llaves a la moto” . Por su parte, el Patrullero WAUR, quien participó en los actos urgentes de fijación del cuerpo del occiso y de los elementos hallados en el lugar, concretamente manifestó que en la escena del crimen solo “se encontró un celular y una vainilla” . El reparo que eleva el censor, entonces, carece de trascendencia y entidad para modificar la verdad declarada en los fallos de instancia, en la medida en que lo señalado por los medios de convicción, no es la existencia de dos llaves, sino de una sola, la que portaba EL cuando salió de su casa a encontrarse con Y DJA y DAZ, para concretar la negociación sobre la motocicleta, encontrada posteriormente en poder de AO al momento de su captura y probada en la moto de la víctima, aparcada en el lugar de los acontecimientos, una vez arriban al lugar, sobre las 4 de la tarde. En ese sentido, destaca la Sala, lo cierto es que los familiares que arribaron al lugar del fatídico acontecimiento, en horas más cercanas al deceso de la víctima, aseguraron que en el sitio no había ninguna llave, como lo confirmó el Patrullero encargado de realizar la fijación fotográfica a los elementos encontrados en el lugar. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.». NULIDAD - Debido proceso y derecho de defensa / DEFENSA TÉCNICA - Cuando se alega mejor condición profesional o estrategia defensiva / NULIDAD - Defensa técnica: el recurrente debe explicar la trascendencia de los yerros atribuibles al anterior defensor / DEFENSA TÉCNICA - Nuevo apoderado no puede argumentar la violación a este derecho por disparidad de criterios con el anterior apoderado / DEFENSA TÉCNICA - Procesado ausente / NULIDAD - Defensa técnica: es necesario acreditar que el resultado dañoso para el procesado proviene de abandono, negligencia o manifiesta contrariedad con la lex artis del abogado / NULIDAD - Principio de trascendencia: la censura ha de poner de manifiesto cómo la subsanación del error conduciría a variar el sentido de la decisión / NULIDAD - Defensa técnica: no se configura / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Mecanismo de insistencia: procedencia / DEMANDA DE CASACIÓN - Inadmisión por técnica Tesis: «En este cargo, el censor descalificó la gestión de su antecesor. En su criterio, la labor del abogado de la Defensoría Pública fue deficiente porque no conocía la dinámica del sistema regulado por la Ley 906 de 2004, al punto que asumió una actitud de total inactividad en desarrollo del interrogatorio cruzado y no presentó oposición a la incorporación de la totalidad de evidencias y elementos materiales probatorios de la Fiscalía, pese a que esa actividad la adelantó a través de un investigador que no los suscribió ni elaboró. Adicionalmente, agregó, sin estrategia defensiva alguna permitió que los acusados renunciaran a la prueba testimonial decretada, en perjuicio de sus intereses, al tiempo que, ningún reparo elevó en relación con la falta de prueba respecto de la causa de muerte de la víctima. Al margen de lo anterior, cuestionó los fundamentos de la decisión condenatoria y expuso los argumentos que desde su perspectiva conducirían a la absolución de AO. Pues bien, son reiterados los pronunciamientos de la Sala, en los que ha señalado que la inconformidad con la estrategia defensiva utilizada por quien asumió el encargo en el curso del proceso, o el resultado adverso en el juicio, no comporta violación al derecho de una asistencia calificada, por falta de idoneidad de la misma, pues, el ejercicio de la actividad defensiva es de medio, no de resultado, y el defensor, en la tarea de hacer efectiva esta asistencia, goza de autonomía y libertad en la selección de la táctica a adoptar, entre las múltiples alternativas pasibles de ser planteadas en el curso del debate público (CSJ AP 7 Mar 2012, rad. 37247). Además, la ley no le impone al abogado derroteros a seguir en el desarrollo de la gestión encomendada, ni le fijAOrientaciones de ninguna índole, y no existen reglas preestablecidas por la ciencia del derecho que indiquen que frente a una determinada situación deba actuarse de una específica manera, o plantearse unas concretas tesis defensivas. Se ha precisado, así mismo, que solo en casos de evidente e injustificable dejadez, omisión e ignorancia, objetivamente definitoria de que el procesado no contó, en la práctica, con defensa letrada, es posible anular la tramitación por violación de este indiscutible derecho. Y, de igual forma, que en tratándose de la técnica propia del sistema acusatorio, es dable advertir yerros de todos quienes intervienen en el mismo, sin que su manifestación permita advertir la cabal y trascendente afectación del derecho de defensa que faculte alguna decisión invalidatoria, si a la par no se demuestra cómo ello incidió en las resultas del proceso, afectando materialmente al acusado. En el caso concreto, no hay lugar a la admisión del reproche, dado que de lo actuado en el proceso se puede advertir cómo el defensor que precedió al demandante sí contó con una estrategia defensiva razonable, traducida en la teoría del caso que presentó en el juicio oral, sólo que ante la fortaleza probatoria de la acusación, la misma no tuvo acogida entre los juzgadores de instancia. El procesado AO, en otras palabras, no careció de defensa técnica, porque el apoderado asistió a las diligencias e intervino en ellas, incluso de manera activa, presentando teoría del caso, formulando objeciones y haciendo uso del contrainterrogatorio, en relación con varios de los testigos. Adicionalmente, el censor pasa por alto que la renuncia a escuchar a dos testigos de descargo fue avalada por los procesados de manera expresa en desarrollo del juicio oral, al punto que al juez no le quedó duda alguna sobre el asentimiento de ellos, luego de haber sido interrogados en ese sentido. No se conoce, ni puede hacerse, qué dirían dichos declarantes -aunque postula el demandante que avalarían la inocencia de los acusados-, pudiendo asumirse posible que la renuncia opere consecuencia de advertir su escaso efecto en avalar la teoría del caso de la defensa o, incluso, que terminara por desvirtuarla. Esto, para significar que el desconocimiento respecto de los motivos que impelieron, de consuno, a que el defensor y los acusados desistieran de las pruebas, torna apenas especulativo el efecto que pretende entronizar el ahora demandante. Así, lo evidente es que el profesional del derecho difiere de la estrategia que desarrolló el otrora defensor en el juicio, porque desde su perspectiva simplemente él lo habría hecho distinto. Las críticas, entonces, no son suficientes para demostrar la ineptitud de la gestión del abogado, mucho menos, para probar la afectación del derecho fundamental de defensa, en tanto, el censor no demostró, como debía hacerlo, que existían posibilidades reales de lograr un resultado distinto al obtenido y favorable al procesado, de haberse contado con una estrategia diferente. Los cuestionamientos, se insiste, sólo develan su discrepancia con el actuar de su predecesor, pero no la falta de idoneidad del profesional del derecho. Al efecto, plantear la violación del derecho a la defensa técnica, sobre la base de considerar que el otrora defensor no se opuso a la incorporación del informe pericial de necropsia y el acta de inspección al cadáver, efectuados por el investigador que los recolectó, es de igual manera artificioso y especulativo, a más que, termina por advertirse intrascendente. En primer lugar, porque no puede la defensa alegar fallas en su labor -entendida dentro del conjunto de los varios profesionales y su misión-, a fin de sacar provecho de ellas, pretendiendo obtener, como efecto benéfico para el procesado, una declaratoria de nulidad. En segundo término, por cuanto, el recurrente no indicó en qué consistiría la trascendencia de la irregularidad denunciada, ni cómo se materializaría sustancialmente en la indemnidad de los derechos de YDJAO, al punto de generar un fallo absolutorio. En efecto, como lo resaltado por el casacionista, es que la causa de la muerte de EL Mazo no resulta debidamente acreditada si se eliminan los documentos, en su sentir, indebidamente introducidos, debe señalársele que, en un sistema de libertad probatoria como el regido por la Ley 906 de 2004, ese aspecto es susceptible de ser demostrado a través de cualquier medio de convicción; en el caso particular, emana de la capacidad probatoria que revisten los medios suasorios incorporados al expediente, distintos de la prueba cuestionada. Destáquese, en este sentido, que los testigos Deisy Granda y Javier de Jesús López, bastarían para acreditar que Juan EL fue asesinado a través de disparos producidos con arma de fuego -único efecto pasible de extractar del informe de necropsia y la diligencia de levantamiento del cadáver-. Ellos arribaron al lugar donde fue encontrado el cadáver, apenas transcurridas pocas horas desde el fatal acontecimiento y observaron que tenía disparos en la cabeza. Así lo corroboró, además, el Patrullero WAUR en curso del juicio oral, en cuanto, tuvo a cargo la fijación fotográfica de los elementos hallados en el sitio y del cuerpo del occiso; además refirió el hallazgo de la vainilla en la escena del crimen. La causa de la muerte, por contera, no solo se verifica indiscutible, sino que no se evidencia indeterminada, como lo sugiere el casacionista, pues, gracias a lo atestado por los allegados a la víctima y los agentes que atendieron el procedimiento, nunca ha sido puesto en tela de juicio el ataque mortal y sus efectos, acorde con los hallazgos físicos en el cuerpo de la víctima. Por lo demás, la controversia suscitada en torno al dictamen de necropsia y los resultados de la inspección técnica a cadáver y a su indebida incorporación al juicio oral, además de operar intrascendente, en todo caso no conduciría a la nulidad de la actuación, conforme es pretendido, sino únicamente a la exclusión de tales medios de convicción; y ello, como viene de verse, en nada afectaría el sentido de la decisión condenatoria. Indiscutible que la víctima murió por consecuencia del ataque con arma de fuego referido por los testigos, circunstancia que nunca fue puesta en tela de juicio por la defensa, dada su contundencia, se entiende que la defensa, aún si se percató del yerro, no hubiese desgastado sus esfuerzos en controvertir el ingreso irregular de los informes de necropsia y de inspección del cadáver, introducidos como prueba documental. En consecuencia, incumplidas las exigencias legales dispuestas para que proceda la admisión del cargo, se inadmite. Corolario de lo expuesto, como en el escrito estudiado no se demuestra la configuración de vicios con la capacidad de enervar la declaración de justicia hecha en la sentencia de segunda instancia, la que solo puede ser resquebrajada en virtud de la acreditación de yerros manifiestos y graves que dejen sin efecto la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija, se impone la inadmisión del libelo, como perentoriamente lo ordena el artículo 184, inciso 2, de la Ley 906 de 2004, determinación contra la cual procede el mecanismo de insistencia, en los términos concretados por la Corte a partir del fallo de 12 de septiembre de 2005 (radicación 24322). Lo anterior sin perjuicio de puntualizar que la Sala no observa situación alguna que legalmente la habilite para superar los defectos de los reproches con el fin de decidir de fondo, ni observa violación alguna de las garantías fundamentales del enjuiciado con ocasión del procedimiento cumplido o en el fallo impugnado, como para que sea necesario el ejercicio de la facultad oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección.».

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado ponente AP615-2022 Radicado N° 59706. Acta 35. Bogotá, D.C, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022). ASUNTO Se pronuncia la Sala acerca del cumplimiento de los requisitos de lógica y debida fundamentación de la demanda de casación presentada por el defensor de YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO, contra la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior de Antioquia, que confirmó la decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango, mediante la cual este fue declarado responsable, junto con Dany Alejandro Zapata Úsuga, en calidad de autor de los punibles de homicidio y hurto.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 2 ANTECEDENTES Fácticos El 21 de junio de 2018, aproximadamente a las 9 de la mañana en el corregimiento de Santa Rita, Ituango, YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO y Dany Alejandro Zapata Úsuga ultimaron a Juan Esteban López Mazo, por medio de disparos producidos con arma de fuego.

Además, al occiso lo despojaron de la suma de $7,100.000. Procesales El 13 de noviembre de 2018, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Ituango, la Fiscalía formuló imputación a YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO y Dany Alejandro Zapata Úsuga, como posibles autores de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado.

Los imputados no aceptaron cargos y les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 3 El 29 de noviembre de “2019”1, se radicó el escrito de acusación. En el documento, el delegado fiscal solicitó la conexidad de la actuación con el proceso iniciado contra los prenombrados por los delitos de receptación y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por hechos acaecidos el 21 de junio de 2018.

El 18 de marzo de 2019 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango decretó la conexidad y, seguidamente, la fiscalía acusó a YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO y Dany Alejandro Zapata Úsuga como probables coautores de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y receptación. Los acusados optaron por celebrar un preacuerdo parcial por los punibles contra la seguridad pública y la eficaz y recta impartición de justicia, al tiempo que, continuó el trámite ordinario en relación con los restantes delitos.

Decretada la ruptura de la unidad procesal, concluido el debate y emitido sentido de fallo condenatorio, el juez dictó la respectiva sentencia el 21 de abril de 2020; a través de la misma, declaró penalmente responsables a YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO y Dany Alejandro Zapata Úsuga, como coautores de los punibles de homicidio y hurto. 1 En realidad es 2018 de acuerdo con el contexto de la reseña procesal de la sentencia. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 4 En la decisión les fueron negadas la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.

Recurrida la sentencia por la defensa, el Tribunal Superior de Antioquia la confirmó mediante fallo del 23 de noviembre de 2020, en providencia que es ahora objeto de impugnación extraordinaria, interpuesta y sustentada por el defensor de YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO2. LA DEMANDA Consta de tres cargos: 1. Al amparo de la causal tercera de casación consignada en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el defensor de AREIZA ORREGO advierte violada, de manera indirecta, la ley sustancial, por error de derecho derivado de un falso juicio de convicción. Al efecto, acusó la sentencia de segundo grado de valorar como hechos indicadores las manifestaciones anónimas vertidas por fuera del juicio oral, en contravía de lo normado en el canon 430 de la Ley 906 de 2004 –extensivo a cualquier medio de prueba–, “traídas a la gran audiencia por el testigo de la Fiscalía Germán Antonio Torres Delgado” –pese a que no fue testigo directo de los sucesos–, actuación errada que, a la postre, generó 2 A través de auto de 8 de abril de 2021 el Tribunal Superior de Antioquia aceptó el desistimiento del recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Dany Alejandro Zapata Úsuga el 19 de marzo pasado.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 5 la indebida aplicación del “artículo 103 y la falta de aplicación del artículo 29 superior inciso final y artículo 7, 372 y 381 del C.P.P”3. A partir de la anterior consideración, aseguró que el Tribunal no podía valorar “que los homicidas tenían x (sic) características; que huían en una motocicleta color naranja y negro; que uno de ellos tenía un tatuaje en el rostro y que esas dos personas fueron quienes le quitaron la vida al señor Juan Esteban”4, para derivar el indicio de presencia, no solo porque el legislador ha proscrito conferir poder suasorio a cualquier medio de prueba cuya fuente de información tenga la condición de anónimo, sino porque los demás medios de convicción infirman el contenido de tales hechos indicadores.

Con todo, consideró importante resaltar, de acuerdo con algunos medios de prueba allegados al plexo probatorio –no menciona cuáles–, que la duda procesal en torno a la responsabilidad de su representado surge a partir de considerar que: (i) ninguno de los condenados tenía tatuaje en su rostro, (ii) la motocicleta en que se transportaban era de color naranja exclusivamente, no naranja y negra, (iii) la vestimenta, al momento de ser capturados los dos condenados, no concuerda con la descrita en la llamada anónima, en especial, la chaqueta camuflada, que tampoco fue hallada entre sus pertenencias y, (iv) el arma hallada en 3 Folios 5 y 6.

Demanda de casación. Carpeta digital. 4 Folio 9. Ídem. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 6 poder de los procesados, no fue la misma que ocasionó las heridas mortales al occiso. 2. A su turno, en el segundo cargo alega la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado del falso juicio de identidad por cercenamiento, recaído en el análisis de los testimonios del Teniente Germán Antonio Torres Delgado y del Intendente Wilmer Alberto Morales Mosquera, así como de las conclusiones extraídas del acta de inspección técnica a cadáver, elaborada el 21 de junio de 2018 y firmada por el Patrullero Elio Osnaider Fierro Jimeno. El cercenamiento del contenido de tales medios de convicción, expresa, condujo a desconocer la duda edificada en favor de AREIZA ORREGO acerca de su participación en la conducta investigada.

En efecto, los testigos Wilmer Morales Mosquera y Germán Antonio Torres Delgado dieron cuenta de la inmediatez de la persecución una vez se recibió el anónimo vía telefónica, como también refirieron que al llegar al lugar de los acontecimientos, ya miembros del ejército tenían consigo a los dos capturados; aspectos que de haberse valorado conducirían a conclusión diversa de la expresada por el Tribunal, esto es, que los implicados tuvieron tiempo de ingresar a la vivienda ubicada en katios, hurtar los elementos y bañarse allí. De acuerdo con los apartes de las declaraciones mutiladas, adujo improbable que los implicados fuesen Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 7 quienes ingresaron a la residencia y contaran con el tiempo para hurtar y tomar un baño, por cuanto, la persecución fue inmediata y para el instante en que arribaron los policiales al lugar, los enjuiciados ya se encontraban retenidos.

En síntesis, de no haberse marginado esos apartes esenciales, imposible resultaba la construcción indiciaria planteada por el Tribunal en el fallo de segundo grado. Del acta de inspección técnica a cadáver extrajo igual conclusión, esto es, que “le cercenaron datos que advertían la posibilidad de que los hoy condenados no estuvieron en el lugar del homicidio del señor Juan Esteban, tal como lo dio por probado el ad quem dando por sentado una finalidad delictiva perseguida en el negocio de la compra de la motocicleta al occiso y la oportunidad de realización delictiva”5.

Concretamente, indicó que en el fallo de segunda instancia se construyó prueba indiciaria a partir del hallazgo de la llave de la motocicleta de propiedad de la víctima, en poder de AREIZA ORREGO, al momento de su aprehensión. Sin embargo, en el documento en cita se consignó que la llave del velomotor fue hallada en el lugar de los hechos, de manera que las hipótesis fraguadas en torno a ese aspecto fueron supuestas por el Tribunal sin soporte alguno, pues, finalmente, quedó demostrado que la llave nunca se perdió y que la copia que obtuvo AREIZA ORREGO de la misma, 5 Folio 19.

Demanda de casación. Expediente Digital Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 8 encontró explicación coherente, espontánea y verídica, de acuerdo a su declaración en curso del juicio oral. 3. El tercer cargo advierte la existencia de una nulidad, por falta de defensa técnica. En sustento de lo planteado, adujo que la actuación desarrollada por el profesional que asistía en el juicio a YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO, evidencia su desconocimiento de la práctica dispuesta en la Ley 906 de 2004, en tanto, asumió un comportamiento pasivo en curso de los interrogatorios cruzados y no se opuso a la incorporación de la totalidad de evidencias y elementos materiales probatorios por parte de la fiscalía, pues, se hizo a través de un investigador que no los suscribió, elaboró ni solicitó. A idéntica conclusión arribó respecto de la decisión de los acusados de renunciar a la práctica de la poca prueba testimonial decretada, como consecuencia del indebido asesoramiento del abogado, quien, sin estrategia alguna, decidió no llamar a la persona que podía explicar el origen del dinero que aquellos llevaban consigo.

Frente a este aspecto, agregó, la fiscalía no probó en sede de juicio oral la causa de la muerte de la víctima, en tanto, renunció a la práctica del testimonio de los peritos de medicina legal que podían establecerla y se limitó a introducir el informe de necropsia y el acta de inspección técnica a cadáver, con el investigador que recolectó la evidencia. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 9 Específicamente, sostuvo: El togado mostró un claro y evidente desconocimiento de la sistemática procesal penal, lo que le permitió a la Fiscalía introducir al juicio como prueba documental, prácticamente toda la carpeta procesal del fiscal, todas las entrevistas, álbumes fotográficos, una solicitud de entrega de motocicleta del occiso, las órdenes a Policía Judicial, los informes ejecutivos los de cumplimiento a las órdenes de trabajo con todos los anexos, solicitudes a laboratorios, informes de peritos, resultados extracción información de celulares, inspección a lugares de hechos como la casa de los Katios2, auto del despacho del fiscal Nro. 3441, reporte iniciación, acta prueba de absorción atómica, acta inspección técnica a cadáver, informe pericial de necropsia; todos ellos fueron ingresados con un investigador que ni los efectuó, ni los firmo, ni elaboro, ni solicito, es decir nada tenía que ver con dichos documentos; sin llevar al juicio a los peritos para la introducción y todo ello gracias al total desconocimiento de la ley 906 de 2004, del togado impuesto por la judicatura.

Finalmente, previa invocación del principio de caridad, resumió los indicios construidos en el fallo de segundo grado y expuso los contraargumentos, que introduce desde su particular interés. Con mención expresa a los artículos 29 Superior, 103, 372 y 381 de la Ley 906 de 2004, solicitó declarar la nulidad a partir del inicio del juicio oral, o bien, casar la sentencia y absolver a su representado.

CONSIDERACIONES De conformidad con lo previsto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, la Corte examina la demanda de casación Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 10 interpuesta por el apoderado judicial del procesado YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO, con el objeto de determinar si es admisible o no, lo cual dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado estatuto, que se refieren, básicamente, a la existencia de interés jurídico, al señalamiento de la causal de casación, al desarrollo de los cargos de sustentación y a la necesidad del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso.

La demanda de casación, como reiteradamente lo ha explicado esta Corporación, no representa un simple alegato de instancia, ni tiene como finalidad ofrecer una nueva oportunidad para que se contrapongan los argumentos de las partes, a la motivación razonada de los falladores, a efectos de obtener satisfacción a sus pretensiones. Por su connotación de mecanismo extraordinario, el recurso de casación implica para el demandante la carga procesal de fundamentar adecuadamente su postulación dentro de precisos requisitos que obedecen a principios lógicos y jurídicos, en el entendido que a esta sede arriba el fallo, prevalido de una doble presunción de acierto y legalidad, solo quebrantable a partir de la definición precisa y objetivamente fundamentada, de que la sentencia comporta un yerro de tal magnitud, que su manifestación en el proceso emerge ostensible y tiene por sí misma la virtualidad de obligar la revocatoria de lo decidido o, cuando menos, su modificación trascendente.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 11 No es posible, por lo anotado, acometer la crítica de lo decidido por el ad quem, a partir de particulares apreciaciones, por demás interesadas, que en sí mismas no verifican la materialidad de un yerro que por lo ostensible y trascendente se asume de fácil determinación. Además, en aplicación del principio de lealtad, al demandante le es exigido presentar los cargos con plena corrección fáctica, en el entendido que los hechos soporte de lo discutido efectivamente corresponden a lo que contiene el expediente y las decisiones tomadas al interior de este.

Ahora bien, conforme a las pautas generales citadas, la Corte abordará el examen de los cargos propuestos en el orden dispuesto por el casacionista; ello, por cuanto, como lo ha refrendado recientemente la Sala6: Tradicionalmente se ha sostenido que el principio de prioridad impone denunciar en orden de prelación los cargos que cuestionan la validez de la actuación penal.

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que no siempre los cargos de nulidad son principales respecto de los cargos de apreciación probatoria, pues el pedido de absolución que la mayoría de las veces se solicita como consecuencia de los reproches de violación directa o indirecta de ley sustancial puede resultar más beneficioso que aquel mediante el cual se busca la declaración de invalidez de la actuación con el fin de reparar un vicio de estructura o de garantía, pues esto último no necesariamente redunda en la absolución del procesado.7 Por esa razón, desde el plano formal, que se haya propuesto el cargo de nulidad como subsidiario no puede ser un elemento sustancial para inadmitir la 6 CSJ AP190-2020, Ene. 22 de 2020, Rad. 56248. 7CSJ.

SP, del 17 de abril de 2001, Rad. 35127. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 12 demanda, como si lo es la indebida proposición y desarrollo del cargo. Primer cargo – falso juicio de convicción Esta especie de error de derecho es de difícil ocurrencia, pues, es propio de un sistema de tarifa legal y consiste en darle a una prueba un valor determinado, que no tiene, o en negarle el que la ley le atribuye.

Ejemplo de un error de esta naturaleza, conocido como de tarifa legal negativa, lo constituye la previsión consagrada en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, a través de la cual se le resta eficacia a la prueba de referencia, en tanto, prohíbe emitir sentencia condenatoria sustentada únicamente en ella. También, se tiene dispuesto por vía legal y jurisprudencial, desde la expedición de la Ley 600 de 2000 y con plenos efectos para el trámite acusatorio, que los informes de los investigadores no cuentan con poder probatorio ninguno, respecto del objeto del proceso penal y sirven apenas como elementos ilustrativos que permitan de las autoridades dirigir la investigación hacia una hipótesis adecuada, por manera que, cabe relevar, si con ello se soportar algún elemento de la condena, el fallador incurre en un error de derecho por falso juicio de convicción. En esta misma senda de carencia de valor suasorio, el censor puso de manifiesto que en la sentencia de segunda Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 13 instancia les fue asignado mérito probatorio a las declaraciones anónimas vertidas por fuera del juicio oral, en la medida en que a partir de ellas el juez colegiado construyó hechos indicadores que sirvieron de base para elaborar prueba indiciaria en contra de AREIZA ORREGO, en claro desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 430 de la Ley 906 de 2004, cuyo contenido consideró extensivo a cualquier medio probatorio y no solo al de naturaleza documental.

Sin embargo, pese a la adecuada delimitación formal del cargo, el defensor quebrantó el postulado de corrección material, pues, de la simple lectura del fallo atacado se desprende que el ad quem se ocupó de analizar lo concerniente a la declaración anónima, pero precisamente para omitir su valoración, en tanto, inadmisible como prueba de referencia por desconocimiento de la fuente de información. Concretamente, sostuvo el Tribunal en el fallo atacado: De otro lado, el Teniente de la Policía Germán Antonio Torres Delgado, da cuenta de unas manifestaciones anteriores al juicio, concretamente, de una llamada anónima que recibió el 21 de junio de 2020, a eso de las 9 de la mañana, en el que le informaron de un homicidio ocurrido en la vereda “la camelia”, y que los perpetradores eran dos sujetos de piel blanca, que se movilizaban en una motocicleta negra con naranja, de alto cilindraje, e iban con destino al casco urbano de Ituango.

Es cierto que esas expresiones que reprodujo aquel policial, ni siquiera comportan prueba de referencia admisible, pues se ignora la fuente de la cual provienen, y por ello, no puede tenerse como cierto que el interlocutor del uniformado viera la muerte que concita, y a sus responsables; de ahí que fuera irrelevante establecer la identidad de ese desconocido.

(…) Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 14 Esas expresiones anteriores al juicio oral, no se tienen en cuenta por inadmisibles, como referenciales, al desconocerse la fuente –anónimo-; es decir, por falta de autenticidad, lo cual generó ausencia de eficacia del medio de prueba que se usó para demostrarlas– declaración del Teniente Torres Delago8.

Negrillas propias. De la misma manera, el planteamiento del libelista terminó por vulnerar los principios de coherencia y no contradicción, en tanto, sostuvo, de manera simultánea pero incompatible, que en la decisión atacada debía prescindirse de la información suministrada a través de la llamada anónima, pero al tiempo, terminó por valorarla, a fin de colegir que, como los procesados vestían prendas diferentes a las descritas por la fuente humana, se movilizaban en una motocicleta de un solo color, no dos como fue descrito por el sujeto desconocido, y ninguno de ellos poseía un tatuaje en su rostro, se erigía una duda razonable sobre su responsabilidad en el crimen perpetrado contra la vida de Juan Esteban López Mazo.

Con todo, es pacífica la concepción de que a los medios anónimos, según la legislación nacional9, no puede atribuírseles la condición de medio de prueba, como acertadamente lo afirma el casacionista, pero sí resulta autorizado, como se dijo atrás, asignarles efecto en calidad de criterio orientador de las labores de indagación, cuando suministren datos específicos sobre hechos o situaciones de relevancia típica y sean susceptibles de verificación. 8 Carpeta Digital.

Pag 27. Sentencia segunda instancia. Tribunal Superior de Antioquia. 9 Art 29 Ley 600 de 2000; 69 Ley 906 de 2004. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 15 Así lo ha sostenido la Sala10, al indicar que: Esta prohibición se desprende también del contenido del artículo 430 de la Ley 906 de 2004, que define el documento anónimo y regula su eficacia probatoria, donde expresamente se proscribe su admisión y utilización con pretensiones probatorias, es decir, como medio de prueba, en atención a su condición de fuente de información de origen desconocido.

Dice la norma: «Documentos anónimos. Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los procedimientos previstos en este capítulo, se consideran anónimos y no podrán admitirse como medio probatorio». Negrillas propias. Aunque el precepto solo se refiere a los documentos, es evidente que la prohibición aplica para todos los medios o fuentes de información que tengan la condición de anónimos, en aplicación del principio lógico jurídico que enseña que donde existe el mismo supuesto fáctico debe existir la misma consecuencia jurídica, o que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, pues no tendría sentido que siendo la razón de ser la misma (el origen desconocido de la fuente informativa), la prohibición solo operara para los documentos.

Este ha sido por lo demás el entendimiento que la jurisprudencia de la Sala viene haciendo del contenido de los artículos 69 inciso cuarto y 430 citados, como se desprende, entre otras decisiones, del auto AP3479-2014, de 25 de junio de 2014, dictado dentro del radicado 43865, donde se dijo, «La inteligencia de las disposiciones es clara: el anónimo no puede valorarse como prueba, pero debe utilizarse como criterio orientador por la fiscalía para sus labores de averiguación y solamente se impone su archivo cuando no suministra datos concretos que permitan encauzar la investigación». 10 CSJ SP 4 May 2016.

Rad. 41667. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 16 Ese tratamiento fue, precisamente, el otorgado en el fallo de segunda instancia confutado, no solo porque así lo haya asegurado el Tribunal ad quem al indicar que “en todo caso, lo importante es que esa llamada sirvió como un criterio para orientar la indagación”11, sino porque ello se observa del soporte probatorio de la decisión. En consecuencia, el error postulado en el primer cargo es inexistente y por ello debe inadmitirse.

Segundo cargo – falso juicio de identidad La causal tercera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, contempla el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba fundamento de la sentencia, sobre la base de advertir que el juzgador puede incurrir en esa especie de desacierto al momento de apreciar determinado medio de conocimiento, bien porque le hace agregados que no corresponden a su contenido -adición-, omite tener en cuenta aspectos importantes de la misma –cercenamiento- o altera o tergiversa su texto –distorsión–.

Empero, el demandante se margina de evidenciar la presencia de alguno de esos desatinos, -pese a mencionar que el yerro advertido es por cercenamiento- y se propone extractar, faltando a los principios de claridad y precisión que deben regir la elaboración de los reparos, algunas de las 11 Carpeta digital. Página 28, sentencia segunda instancia. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 17 expresiones de los integrantes de la policía Wilmer Alberto Morales Mosquera y Germán Antonio Torres Delgado, para analizarlas desde su particular perspectiva, sin demostrar la ocurrencia del reparo y, mucho menos, su trascendencia en las conclusiones del fallo, en tanto, utiliza el cargo apenas como mampara para ofrecer su teoría en relación con la manera como ocurrieron los acontecimientos.

Con ello, el censor deja de considerar que el yerro de identidad es de carácter objetivo y recae sobre el contenido o expresión fáctica de la prueba; por lo tanto, era su deber demostrar, mediante un ejercicio de simple comparación, en este caso, que lo narrado por los testigos, en todo o en parte, fue desconocido o ignorado por el sentenciador, y que, por tanto, les hizo decir lo que ellos realmente no expresaron.

En este sentido, el libelista refirió que la inmediatez en la persecución iniciada como consecuencia de la información suministrada por la fuente humana no formal, impide sostener que los procesados, luego del supuesto homicidio, tuvieron tiempo para dirigirse al hogar de la víctima, hurtarle dinero que guardaba en una alcoba y hasta “bañarse”, sin que requirieran utilizar la llave de la vivienda, que se afirmó llevaban consigo, para en vez de ello forzar las guardas de seguridad.

En su sentir, de esa inmediatez dieron cuenta los mencionados deponentes, pero el Tribunal cercenó tal circunstancia trascendental, lo que lo que le permitió Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 18 construir los indicios de oportunidad y móvil para delinquir, en contra de AREIZA ORREGO.

No obstante, la revisión de la sesión de juicio oral llevada a cabo el 4 de marzo de 2020, en la cual se evacuaron los testimonios de Wilmer Alberto Morales y Germán Antonio Torres Delgado, permite advertir que la síntesis de esas declaraciones, efectuada por el ad quem, corresponde al fiel relato de lo sostenido por los deponentes y que, finalmente, de lo que discrepa en realidad el profesional del derecho, es del mérito suasorio asignado a esos elementos de convicción y de la articulación de los mismos con los demás componentes del cúmulo probatorio.

En este sentido, el Intendente de la Policía Nacional, Wilmer Alberto Morales Mosquera, especificó que ante la imposibilidad de iniciar una persecución inmediata una vez observa a los sujetos sospechosos pasar en la moto Kawasaki de alto cilindraje12, por la significativa diferencia en la capacidad de rodar a grandes velocidades, en comparación con la motocicleta de dotación de la institución, en lugar de seguir en pos de ella en ese instante13, mejor se da inicio al plan candado, el cual se materializa al ponerse en contacto con unidades de las diferentes estaciones, una de ellas, la Toledo, que a su vez da aviso a los miembros del Ejército, quienes logran dar captura a YINIR DE JESÚS AREIZA 12 El testigo refirió que era se trataba de una motocicleta Versys 650, en tanto él se encontraba en una DR 200, con un cilindraje “para nada comparable” con la Kawasaki. 13 Sesión de juicio oral, 5 de marzo de 2020.

Récord 0:23:57. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 19 ORREGO y a su acompañante, en el sector del “bombillo”, es decir, en lugar distante a aquel en el que se encontraba el testigo cuando avistó a los sospechosos –“por los lados de la federación”–. El deponente, de manera clara manifestó que no podía precisar la hora en la que vio a los sujetos, pues, “no me paré a revisar el reloj” 14, aunque de forma aproximativa sostuvo que “era tipo 10 y media más o menos de la mañana”15.

Por su parte, Germán Antonio Torres Delgado señaló: (…) recibí el llamado anónimo más o menos a las 9:00 am (…) al término de 10 o 15 minutos me regresa la llamada el señor comandante de estación que se encontraba allá confirmándome la información del homicidio (…) entonces se colocó el puesto de control ahí en la Federación, al rato me llaman, como unos 30 minutos más o menos, me llaman y me dicen que estas personas ya habían pasado por ahí por el casco urbano, entonces nuevamente se alerta a la Estación de Policía Valle-Toledo y al Ejército y yo salgo para allá en la camioneta y cuando en el camino me llaman y me dicen que allá tienen a los dos sujetos, en el Bombillo, estaban esperando para pasar el Ferry y los revisaron y tenían un arma de fuego, unos celulares (…)16.

Respecto de este tópico puntual, en la decisión de segunda instancia se precisó: Wilmer Alberto Morales Mosquera, quien explicó que la única patrulla del pueblo no estaba en el referido punto al momento que el Teniente los llamó por radio, y les indicó su traslado al punto de “la Federación”, es decir, que se tuvo que desplazar hasta allá. 14 0:32:01 15 0:35:05 16 Ídem.

Récord 0:6:25 Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 20 En todo caso, adujo que fue imposible detenerlos, en la medida que solo estaba con su compañero Oquendo; es decir, sin apoyo del Ejército Nacional, y como quiera que esas personas transitaban en una motocicleta a alta velocidad, imposible de alcanzar en la de dotación de la Policía. Es verdad que el patrullero Wilmer Alberto Morales Mosquera, manifestó que observó a esas personas que transitaban, a eso de las 10 y 30 de la mañana, lo cual es poco probable, pues más o menos a esa hora, fueron capturados por el Ejército, en otro sitio, no obstante, esa imprecisión o incoherencia externa se justifica en que el testigo lanzó esa información sin estar seguro de su exactitud.

El señor Wilmer Alberto Morales Mosquera señaló que inicialmente estuvo en “la Federación”, a las 9 de la mañana, y se fue de ahí -entiende la Sala seguir patrullando. Y respecto de Germán Torres Delgado, se adujo: Por su parte, el Teniente Germán Antonio Torres Delgado, dijo que a las 9 de la mañana, más o menos, recibió la llamada anónima, y a los 10 o 15 minutos después, cuando confirmó la muerte, ordenó a los patrulleros el puesto de control en “la Federación”; entonces, dio esa indicación alrededor de las 9 y 10 o 9 y 15 de la mañana17.

Como se anticipó, la prueba no fue cercenada. Los testigos, contrario a lo afirmado por el censor, no dieron cuenta de una persecución y captura inmediatas a la llamada anónima, y ese presupuesto tampoco se verificó desde el momento en que el Intendente Wilmer Alberto Morales Mosquera observó a los sospechosos pasar movilizados en motocicleta.

En primer lugar, porque Morales Mosquera se 17 Página 29 Sentencia Segunda instancia. Carpeta digital. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 21 encontraba en imposibilidad de perseguirlos y alcanzarlos en la moto de dotación de la Policía, razón por la cual procedió a dar aviso a las demás autoridades, antes que intentar alcanzarlos directamente.

En segundo término, porque el Teniente Torres Delgado estaba en lugar diferente al de avistamiento de los implicados, razón por la cual, tampoco podía iniciar una persecución, en tanto, él directamente no fue quien vio a AREIZA ORREGO y Zapata Úsuga, sino que recibió la información de Wilmer Morales. Dicha conclusión (de imposibilidad de persecución inmediata), se refuerza al advertir que fueron miembros del Ejército Nacional quienes dieron captura en flagrancia a los procesados, en sitio distinto –el bombillo– al de ubicación del Teniente e Intendente, por llevar consigo un arma de fuego de manera ilegal y desplazarse en una motocicleta con un pendiente por hurto.

Las conclusiones a las que arribó el Tribunal, encontraron respaldo en dichas declaraciones, por manera que, la crítica elevada por el recurrente, no corresponde a un yerro objetivo, como lo postuló en el cargo, sino que apenas verifica su contrariedad con el examen valorativo adelantado por los sentenciadores, no solo en relación con ese específico medio de convicción, aclara la Corte, sino con el grueso de pruebas que confluyeron a acreditar la responsabilidad de los acusados en las conductas endilgadas, convirtiéndose su Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 22 exposición, así, en un alegato de instancia que deviene impropio de esta sede extraordinaria.

Desde luego, si lo buscado es adentrarse en el proceso de ponderación probatoria de los falladores, debe tomarse en consideración que ese tipo de censura debe proponerse por la vía del error de hecho por falso raciocinio. De tal manera que, si el reclamo pretendía dirigirlo a denunciar la última modalidad de error aludida, era su obligación establecer qué dice concretamente el medio probatorio; qué se infirió de él en la sentencia atacada; cuál fue el mérito persuasivo otorgado; determinar el postulado lógico, la ley científica o la máxima de la experiencia cuyo contenido fue desconocido en el fallo, debiendo a la par indicar su consideración correcta; identificar la norma de derecho sustancial indirectamente excluida o indebidamente aplicada; y, luego demostrar la trascendencia del error expresando con claridad cuál debe ser la adecuada apreciación de aquella prueba, con la indeclinable obligación de acreditar que la enmienda del yerro daría lugar a un fallo esencialmente diverso y favorable a los intereses de su representado.

En ese orden, ninguna de las labores atrás enunciadas acometió el recurrente, quien dedicó su exposición al señalamiento de supuestos errores de hecho, tratándose algunas de esas falencias del mismo soporte que en su momento expuso en la sustentación a la alzada interpuesta Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 23 en contra del fallo de primer grado, proceder inaceptable en sede extraordinaria.

En ese contexto, se limitó a oponerse a las conclusiones judiciales vertidas en las instancias, a través de un argumento cimentado en la insuficiencia probatoria que revisten los medios de convicción, postura que no se compadece con la exposición vertida por los falladores, pues, allí se verifica un escenario totalmente opuesto, en el cual se destaca el análisis efectuado en torno del compromiso penal del implicado, soportado en prueba indiciaria.

En este punto, el reproche referido al daño ejecutado en las chapas de la vivienda de la víctima, evidencia el desatino, pues, revela un simple desacuerdo con las conclusiones del fallo del Tribunal, sin que guarde relación con un error por cercenamiento del contenido de un medio probatorio. En todo caso, falta la defensa al principio de corrección material, en tanto, no todas las cerraduras del lugar fueron violentadas, conforme se extracta de las atestaciones emitidas por Deisy Yaneth Granda –esposa del fallecido–, quien dio cuenta del despojo de las llaves llevadas consigo por la víctima y manifestó que fue su vecina quien advirtió que la reja de la casa estaba abierta y la puerta principal sin seguro, el día de los hechos, el tiempo que, jamás indicó que ese día o posteriormente hubiese observado que las cerraduras de ingreso a su residencia hubiesen sido forzadas.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 24 Finalmente, en lo que guarda relación con el acta de inspección técnica a cadáver, signada por el Patrullero Elio Osnaider Fierro Jimeno, en la cual se consigna, entre otros datos: “En el momento que se adelantaba y se dio por terminado la diligencia de Inspección Técnica al Cadáver, ya teniendo pleno conocimiento del hallazgo y de la existencia de otros Elementos Materiales de Prueba y Evidencias Físicas cerca del cuerpo durante la Inspección Técnica al lugar de los hechos objeto de la diligencia judicial, se procedieron a recolectar cada uno de estos, los cuales se relacionan a continuación, así: (…) EMP Nro.4. 01 motocicleta marca Yamaha línea XTZ 250, modelo 2017, color naranja y negro, laca CUD-11E, numero de chasis 9FKKG0412H2015562 y número de motor G391E015562, con sus respectivas llaves”18.

Es verdad que el Tribunal no se refirió a esa información, cuando sostuvo que “(…) al interfecto, no se le encontró dinero al momento de la inspección al cadáver, ni la llave de la motocicleta ni de la vivienda preindicada. De donde emerge la posibilidad que el dinero hallado a los capturados fuese aquél del que se despojó a la víctima”19.

No obstante, de la situación reseñada no se sigue la conclusión a la que pretende arribar el libelista. En efecto, el planteamiento del casacionista parte por considerar que la motocicleta de propiedad del occiso Juan 18 Página 3. Expediente digital. Carpeta primera instancia. 19 Página 33. Expediente digital. Sentencia de segunda instancia. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 25 Esteban López Mazo, poseía dos llaves: la que fue encontrada en poder de YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO –sobre esto no hay discusión alguna e incluso así lo admitió el procesado en curso del juicio oral– y la que se halló en el lugar de los fatales acontecimientos, para, a partir de esa afirmación, colegir inexistente el indicio del móvil construido por el juez colegiado, en la medida en que no es cierto que los procesados quisieran hurtarle la moto y que por tal finalidad decidieron ultimarlo, pues, ningún sentido tendría entonces el hallazgo de dicho elemento junto al velomotor.

La Sala debe destacar, al efecto, que la existencia de dos llaves no fue comprobada en el proceso. El acta de inspección a cadáver consigna el hallazgo de las llaves de la moto en el lugar de los hechos, pero, contrario a la postura del profesional del derecho, no refleja que indefectiblemente hubiese dos llaves de la moto Yamaha de propiedad de Juan Esteban López.

Nótese que las diligencias de inspección a cadáver y al lugar de los hechos, iniciaron sobre las 3 y 30 de la tarde del 21 de junio de 2018, esto es, varias horas después de la aprehensión de AREIZA ORREGO y Zapata Úsuga, al tanto que el hallazgo de la llave de una motocicleta Yamaha en poder del primero se produjo durante el procedimiento de captura, conforme lo narraron el Intendente Wilmer Alberto Morales Mosquera y el Sargento adscrito a la Sijin de la Policía Nacional, que actuó como líder de la investigación, Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 26 Yeison Antonio López Ospino, es decir, sobre las 10 de la mañana.

El intendente manifestó que tal llave fue posteriormente cotejada en el switch de la motocicleta de la víctima y se verificó que efectivamente encendió, pero no mencionó –y no hubo preguntas en ese sentido–, en qué lugar y a qué hora se realizó esa comparación. Deisy Yaned Granda, por su parte, recordó el momento en el cual uno de los policías que llegó al lugar donde ultimaron a Esteban López, le preguntó si conocía la llave que le fue exhibida, a lo que respondió que correspondía a la moto de su esposo; de inmediato “el señor policía le mete la llave al switch de la moto y efectivamente si era la llave de la moto”.

Rememoró, así mismo, que el policial tenía en su poder la llave “ya que en el lugar de la represa de hidroituango habían capturado al señor Yinir y al señor Dani (…) y la policía encontró en las pertenencias de los señores la llave de mi esposo, de la moto de mi esposo”20. La testigo mencionó que en el lugar en el que asesinaron a Esteban López, de las pertenencias que llevaba la víctima –llaves, dinero y celular–, solo se encontró este último.

En el mismo sentido, Javier de Jesús López Guerra, progenitor de Juan Esteban López, aseguró que su hijo salió 20 Récord 0:45:52 audiencia de juicio oral. Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 27 de la casa con las llaves de la moto –él mismo se las entregó–, pero en el lugar donde fue hallado el cuerpo sólo se encontró su cédula, al tiempo que, afirmó, permaneció desde la mañana junto a la víctima, hasta que arribaron los agentes para realizar el levantamiento a cadáver, en horas de la tarde, momento en el cual “la policía le metió las llaves a la moto”21.

Por su parte, el Patrullero Wilson Alexánder Urán Restrepo, quien participó en los actos urgentes de fijación del cuerpo del occiso y de los elementos hallados en el lugar, concretamente manifestó que en la escena del crimen solo “se encontró un celular y una vainilla”22. El reparo que eleva el censor, entonces, carece de trascendencia y entidad para modificar la verdad declarada en los fallos de instancia, en la medida en que lo señalado por los medios de convicción, no es la existencia de dos llaves, sino de una sola, la que portaba Esteban López cuando salió de su casa a encontrarse con YINIER DE JESÚS AREIZA y Danny Alejandro Zapata, para concretar la negociación sobre la motocicleta, encontrada posteriormente en poder de AREIZA ORREGO al momento de su captura y probada en la moto de la víctima, aparcada en el lugar de los acontecimientos, una vez arriban al lugar, sobre las 4 de la tarde. 21 Récord 1:31:41 audiencia de juicio oral. 22 Récord 52:05 audiencia de juicio oral.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 28 En ese sentido, destaca la Sala, lo cierto es que los familiares que arribaron al lugar del fatídico acontecimiento, en horas más cercanas al deceso de la víctima, aseguraron que en el sitio no había ninguna llave, como lo confirmó el Patrullero encargado de realizar la fijación fotográfica a los elementos encontrados en el lugar.

En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar. Tercer cargo – nulidad por violación del derecho a la defensa técnica En este cargo, el censor descalificó la gestión de su antecesor. En su criterio, la labor del abogado de la Defensoría Pública fue deficiente porque no conocía la dinámica del sistema regulado por la Ley 906 de 2004, al punto que asumió una actitud de total inactividad en desarrollo del interrogatorio cruzado y no presentó oposición a la incorporación de la totalidad de evidencias y elementos materiales probatorios de la Fiscalía, pese a que esa actividad la adelantó a través de un investigador que no los suscribió ni elaboró. Adicionalmente, agregó, sin estrategia defensiva alguna permitió que los acusados renunciaran a la prueba testimonial decretada, en perjuicio de sus intereses, al tiempo que, ningún reparo elevó en relación con la falta de prueba respecto de la causa de muerte de la víctima.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 29 Al margen de lo anterior, cuestionó los fundamentos de la decisión condenatoria y expuso los argumentos que desde su perspectiva conducirían a la absolución de AREIZA ORREGO. Pues bien, son reiterados los pronunciamientos de la Sala, en los que ha señalado que la inconformidad con la estrategia defensiva utilizada por quien asumió el encargo en el curso del proceso, o el resultado adverso en el juicio, no comporta violación al derecho de una asistencia calificada, por falta de idoneidad de la misma, pues, el ejercicio de la actividad defensiva es de medio, no de resultado, y el defensor, en la tarea de hacer efectiva esta asistencia, goza de autonomía y libertad en la selección de la táctica a adoptar, entre las múltiples alternativas pasibles de ser planteadas en el curso del debate público (CSJ AP 7 Mar 2012, rad. 37247).

Además, la ley no le impone al abogado derroteros a seguir en el desarrollo de la gestión encomendada, ni le fija orientaciones de ninguna índole, y no existen reglas preestablecidas por la ciencia del derecho que indiquen que frente a una determinada situación deba actuarse de una específica manera, o plantearse unas concretas tesis defensivas.

Se ha precisado, así mismo, que solo en casos de evidente e injustificable dejadez, omisión e ignorancia, objetivamente definitoria de que el procesado no contó, en la Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 30 práctica, con defensa letrada, es posible anular la tramitación por violación de este indiscutible derecho.

Y, de igual forma, que en tratándose de la técnica propia del sistema acusatorio, es dable advertir yerros de todos quienes intervienen en el mismo, sin que su manifestación permita advertir la cabal y trascendente afectación del derecho de defensa que faculte alguna decisión invalidatoria, si a la par no se demuestra cómo ello incidió en las resultas del proceso, afectando materialmente al acusado.

En el caso concreto, no hay lugar a la admisión del reproche, dado que de lo actuado en el proceso se puede advertir cómo el defensor que precedió al demandante sí contó con una estrategia defensiva razonable, traducida en la teoría del caso que presentó en el juicio oral, sólo que ante la fortaleza probatoria de la acusación, la misma no tuvo acogida entre los juzgadores de instancia. El procesado AREIZA ORREGO, en otras palabras, no careció de defensa técnica, porque el apoderado asistió a las diligencias e intervino en ellas, incluso de manera activa, presentando teoría del caso, formulando objeciones23 y haciendo uso del contrainterrogatorio, en relación con varios de los testigos. 23 Récord 0:40:40 Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 31 Adicionalmente, el censor pasa por alto que la renuncia a escuchar a dos testigos de descargo fue avalada por los procesados de manera expresa en desarrollo del juicio oral, al punto que al juez no le quedó duda alguna sobre el asentimiento de ellos, luego de haber sido interrogados en ese sentido.

No se conoce, ni puede hacerse, qué dirían dichos declarantes –aunque postula el demandante que avalarían la inocencia de los acusados-, pudiendo asumirse posible que la renuncia opere consecuencia de advertir su escaso efecto en avalar la teoría del caso de la defensa o, incluso, que terminara por desvirtuarla. Esto, para significar que el desconocimiento respecto de los motivos que impelieron, de consuno, a que el defensor y los acusados desistieran de las pruebas, torna apenas especulativo el efecto que pretende entronizar el ahora demandante.

Así, lo evidente es que el profesional del derecho difiere de la estrategia que desarrolló el otrora defensor en el juicio, porque desde su perspectiva simplemente él lo habría hecho distinto. Las críticas, entonces, no son suficientes para demostrar la ineptitud de la gestión del abogado, mucho menos, para probar la afectación del derecho fundamental de defensa, en tanto, el censor no demostró, como debía hacerlo, Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 32 que existían posibilidades reales de lograr un resultado distinto al obtenido y favorable al procesado, de haberse contado con una estrategia diferente.

Los cuestionamientos, se insiste, sólo develan su discrepancia con el actuar de su predecesor, pero no la falta de idoneidad del profesional del derecho. Al efecto, plantear la violación del derecho a la defensa técnica, sobre la base de considerar que el otrora defensor no se opuso a la incorporación del informe pericial de necropsia y el acta de inspección al cadáver, efectuados por el investigador que los recolectó, es de igual manera artificioso y especulativo, a más que, termina por advertirse intrascendente.

En primer lugar, porque no puede la defensa alegar fallas en su labor –entendida dentro del conjunto de los varios profesionales y su misión-, a fin de sacar provecho de ellas, pretendiendo obtener, como efecto benéfico para el procesado, una declaratoria de nulidad. En segundo término, por cuanto, el recurrente no indicó en qué consistiría la trascendencia de la irregularidad denunciada, ni cómo se materializaría sustancialmente en la indemnidad de los derechos de YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO, al punto de generar un fallo absolutorio.

En efecto, como lo resaltado por el casacionista, es que la causa de la muerte de Esteban López Mazo no resulta Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 33 debidamente acreditada si se eliminan los documentos, en su sentir, indebidamente introducidos, debe señalársele que, en un sistema de libertad probatoria como el regido por la Ley 906 de 2004, ese aspecto es susceptible de ser demostrado a través de cualquier medio de convicción; en el caso particular, emana de la capacidad probatoria que revisten los medios suasorios incorporados al expediente, distintos de la prueba cuestionada.

Destáquese, en este sentido, que los testigos Deisy Granda y Javier de Jesús López, bastarían para acreditar que Juan Esteban López fue asesinado a través de disparos producidos con arma de fuego -único efecto pasible de extractar del informe de necropsia y la diligencia de levantamiento del cadáver-. Ellos arribaron al lugar donde fue encontrado el cadáver, apenas transcurridas pocas horas desde el fatal acontecimiento y observaron que tenía disparos en la cabeza.

Así lo corroboró, además, el Patrullero Wilson Alexánder Urán Restrepo en curso del juicio oral, en cuanto, tuvo a cargo la fijación fotográfica de los elementos hallados en el sitio y del cuerpo del occiso; además refirió el hallazgo de la vainilla en la escena del crimen. La causa de la muerte, por contera, no solo se verifica indiscutible, sino que no se evidencia indeterminada, como lo sugiere el casacionista, pues, gracias a lo atestado por los allegados a la víctima y los agentes que atendieron el procedimiento, nunca ha sido puesto en tela de juicio el Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 34 ataque mortal y sus efectos, acorde con los hallazgos físicos en el cuerpo de la víctima.

Por lo demás, la controversia suscitada en torno al dictamen de necropsia y los resultados de la inspección técnica a cadáver y a su indebida incorporación al juicio oral, además de operar intrascendente, en todo caso no conduciría a la nulidad de la actuación, conforme es pretendido, sino únicamente a la exclusión de tales medios de convicción; y ello, como viene de verse, en nada afectaría el sentido de la decisión condenatoria.

Indiscutible que la víctima murió por consecuencia del ataque con arma de fuego referido por los testigos, circunstancia que nunca fue puesta en tela de juicio por la defensa, dada su contundencia, se entiende que la defensa, aún si se percató del yerro, no hubiese desgastado sus esfuerzos en controvertir el ingreso irregular de los informes de necropsia y de inspección del cadáver, introducidos como prueba documental.

En consecuencia, incumplidas las exigencias legales dispuestas para que proceda la admisión del cargo, se inadmite. Corolario de lo expuesto, como en el escrito estudiado no se demuestra la configuración de vicios con la capacidad de enervar la declaración de justicia hecha en la sentencia de segunda instancia, la que solo puede ser resquebrajada en Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 35 virtud de la acreditación de yerros manifiestos y graves que dejen sin efecto la doble presunción de legalidad y acierto que la cobija, se impone la inadmisión del libelo, como perentoriamente lo ordena el artículo 184, inciso 2, de la Ley 906 de 2004, determinación contra la cual procede el mecanismo de insistencia, en los términos concretados por la Corte a partir del fallo de 12 de septiembre de 2005 (radicación 24322).

Lo anterior sin perjuicio de puntualizar que la Sala no observa situación alguna que legalmente la habilite para superar los defectos de los reproches con el fin de decidir de fondo, ni observa violación alguna de las garantías fundamentales del enjuiciado con ocasión del procedimiento cumplido o en el fallo impugnado, como para que sea necesario el ejercicio de la facultad oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero: INADMITIR la demanda de casación que el defensor de YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO, presentó contra la sentencia de fecha, naturaleza y origen indicados.

Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 36 Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184, inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, es facultad del recurrente elevar petición de insistencia. Comuníquese y cúmplase. Presidente Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 37 DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Casación acusatorio N° 59706 CUI 05361610928120188007101 YINIR DE JESÚS AREIZA ORREGO / Otro 38 Nubia Yolanda Nova García Secretaria