AP5787-2016(48711) — Corte Suprema

AP5787-2016(48711)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2016

Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: SENTENCIA - Condenatoria: impugnación según la sentencia C - 792 de 2014, precisión hecha por la sentencia SU - 215 de 2016, según la cual aquélla sólo es aplicable a los casos que i) traten de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016 / SENTENCIA - Condenatoria: proferida en única o segunda instancia o en casación, impugnación según la sentencia C - 792 de 2014, imposibilidad de cumplirla hasta que no se expida la ley que lo regule Tesis: «La Sala ha de precisar que no existe posibilidad de dar trámite al recurso de “apelación” irregularmente instituido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales para permitir del afectado con su sentencia, controvertirla, simplemente porque no es este un mecanismo que tenga un soporte legal, ni mucho menos, cuente con habilitación de competencia o un trámite específico en la ley. Cuando se trata de impugnar el fallo de segunda instancia, es evidente que la norma procesal vigente para el caso -Ley 906 de 2004-, únicamente habilita el recurso extraordinario de casación, de conformidad con el procedimiento allí establecido. […] En muy reciente decisión de la Corte (radicado 48.012 del 12 de julio de 2016, reiterada dentro del radicado 48.442 del 27 del mismo mes y año), perfectamente aplicable al caso por corresponder a la “apelación” de un fallo condenatorio de segunda instancia que revocó la absolución decretada en la primera, esto se anotó como criterio principal de la Sala de Casación Penal: “1. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que el tribunal cita, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004, por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y difirió sus efectos a un (1) año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015. 2. En la misma decisión, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación del edicto del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y aclaró que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. 3. En la sentencia de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al delimitar los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014, precisó (i) que surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal. 4. La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho. 5. En la misma dirección se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos. 6. En el caso que se estudia, el Tribunal Superior de Pereira, arrogándose competencias que no tiene, resolvió sustituir el recurso de casación por uno de apelación, y por esta vía, asignarle a esta Sala una competencia que la normatividad vigente no le otorga, con desconocimiento del ordenamiento procesal penal vigente, que no prevé el recurso de apelación contra sentencias de segunda instancia, ni habilita a la Sala para actuar como tribunal de apelación en estos casos.” Nada más debe añadir la Sala a lo consignado en la transcripción precedente, pues, se reitera, con el irregular trámite ofrecido a la defensa por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, no solo asumió una competencia jamás deferida por la ley, sino que además desquició el procedimiento ordinario creando un recurso inexistente a partir de un trámite que, huelga anotar, tampoco comporta soporte legal. De esta manera, siendo patente que en contra de la sentencia de segunda instancia, no importa su contenido, solo opera el recurso extraordinario de casación, el cual pasó a segundo plano en este caso para introducirse un mecanismo ordinario actualmente carente de sustento normativo, debe la Corte devolver la actuación al Tribunal a efecto de que se surta el término para que las partes puedan, si es su voluntad, recurrir en casación, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 32, 181 y ss. de la Ley 906 de 2004, que a s u vez habilitan a la Sala de Casación Penal para conocer del mismo».

República de Colombia C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a S a l a d a C a s a c i d n P a n a l C O R T E SUPREMA D E JUST IC IA SALA D E CASACIÓN PENAL GUSTAVO E N R I Q U E MALO FERNÁNDEZ Magistrado ponente AP5787-2016 Radicado N** 4 8 7 1 1, A p r o b a d o a c t a N o. 2 7 4. Bogotá, D. C., t r e i n t a y u n o ( 3 1 ) a g o s t o d e d o s m i l dieciséis ( 2 0 1 6 ).

V I S T O S L a C o r t e s e p r o n u n c i a r e s p e c t o d e l r e c u r s o d e «apelación» c o n c e d i d o p o r l a S a l a P e n a l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e D i s t r i t o J u d i c i a l d e M a n i z a l e s a l d e f e n s o r d e Héctor Torres Escalante, e n c o n t r a d e l f a l l o d e s e g u n d o g r a d o p r o f e r i d o p o r e s a Corporación e l 3 0 d e j u n i o hogaño, q u e revocó l a s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a e m i t i d a p o r e l J u z g a d o 5° P e n a l d e l C i r c u i t o d e e s a m i s m a c i u d a d, y e n s u l u g a r l o condenó a l a p e n a d e 3 4 años d e prisión y a l a sanción Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 Héctor T o r r e s E s c a l a c c e s o r i a d e inhabilitación p a r a e l e j e r c i c i o d e d e r e c h o s y f u n c i o n e s públicas p o r u n l a p s o d e 2 0 años, e n c a l i d a d d e a u t o r d e l o s d e l i t o s d e h o m i c i d i o a g r a v a d o y h u r t o a g r a v a d o. H E C H O S F u e r o n n a r r a d o s e n e l f a l l o d e c o n d e n a e m i t i d o p o r e l t r i b u n a l, d e l a s i g u i e n t e m a n e r a: En horas de la mañana del 28 de noviembre de 2013 el joven Víctor Manuel Mejía, preocupado por haber pasado casi dos días sin saber acerca de la suerte de su allegado y amigo Jorge Arturo Rodríguez García, volvió a la residencia de éste, sin obtener respuesta al tocar la puerta, situación que lo motivó a que subiera al techo para echar un vistazo por una claraboya, como efectivamente lo hizo, observando que al interior de la residencia había rastros de sangre.

Ante tal panorama el joven se dirigió al CAI del barrio (Bengala de la ciudad de Manizales), para que las autoridades verificaran lo sucedido, como en efecto lo hicieron al visitar la residencia en la que al entrar -dañando una ventana- encontraron el cuerpo sin vida, y con dantescas lesiones, del señor Jorge Arturo Rodríguez, debajo de un colchón y rodeado de un escenario sangriento, pues las paredes, el techo y el piso de la residencia tenían manchas de sangre.

Se germinó así la investigación, con ocasión de la cual se conoció que el señor HÉCTOR TORRES ESCALANTE, quien fungía como inquilino de la víctima, fue la última persona que tuvo contacto con el óbito Jorge Arturo, conociéndose además 2 Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 Héctor T o r r e s E s c a l que en la mañana anterior al día en que fue hallado el cuerpo sin vida, el inquilino fue visto sacando algunos elementos de la residencia en la que tenía alquilado un cuarto, tales como una olla pitadora, una jaula de pájaros y una talega con otros elementos, los cuales guardó en la cajuela de un taxi que, acto seguido, lo alejó de la residencia a la que no regresó ya más. Con fundamento en tales hechos, se direccionó la investigación penal en contra del señor HÉCTOR TORRES ESCALANTE.

A N T E C E D E N T E S P R O C E S A L E S C a p t u r a d o Héctor Torres Esca lante, a n t e e l j u e z 1*^ P e n a l M u n i c i p a l c o n F u n c i o n e s d e C o n t r o l d e Garantías d e M a n i z a l e s, s e l l e v a r o n a c a b o l a s a u d i e n c i a s c o n c e n t r a d a s d e legalización d e c a p t u r a, formulación d e imputación e imposición d e m e d i d a d e a s e g u r a m i e n t o. E n c u r s o d e e l l a s, a más d e d e f i n i r s e l e g a l l a aprehensión, s e imputó a l c a p t u r a d o l o s d e l i t o s d e h o m i c i d i o a g r a v a d o y h u r t o c a l i f i c a d o a g r a v a d o, a l o s c u a l e s n o s e allanó. D e o t r o l a d o, e l j u z g a d o s e a b s t u v o d e i m p o n e r e n s u c o n t r a m e d i d a d e a s e g u r a m i e n t o d e detención p r e v e n t i v a e n e s t a b l e c i m i e n t o c a r c e l a r i o, c o m o f u e r a s o l i c i t a d o p o r e l órgano p e r s e c u t o r, d e b i d o a l a a u s e n c i a d e e l e m e n t o s d e j u i c i o p a r a i n f e r i r s u participación e n l o s ilícitos e n d i l g a d o s. Impugnación e s p e c i a l No48.71^¿ Héctor T o r r e s EscaktfÍM' / Jx P r e s e n t a d o e s c r i t o d e acusación p o r p a r t e d e l a fiscalía, e l 2 2 d e m a y o d e 2 0 1 5, e n e l J u z g a d o 5° P e n a l d e l C i r c u i t o c o n F u n c i o n e s d e C o n o c i m i e n t o d e M a n i z a l e s, t u v o l u g a r l a a u d i e n c i a d e formulación d e acusación, e n l a c u a l s e atribuyó a Héctor Torres Esca lante, l o s m i s m o s d e l i t o s i m p u t a d o s. L a a u d i e n c i a p r e p a r a t o r i a s e realizó e l 2 0 d e a g o s t o d e 2 0 1 5.

A s u v e z, e l j u i c i o o r a l s e desarrolló l o s días 6 y 7 d e o c t u b r e d e l m i s m o año; a s u final, s e anunció s e n t i d o a b s o l u t o r i o d e l f a l l o. A c o r d e c o n e l l o, e l 6 d e n o v i e m b r e s i g u i e n t e, f u e e m i t i d a s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a d e p r i m e r g r a d o. L a fiscalía y l a r e p r e s e n t a n t e d e l a v i c t i m a, d e s c o n t e n t o s c o n e l f a l l o, i n t e r p u s i e r o n y s u s t e n t a r o n o p o r t u n a m e n t e r e c u r s o d e apelación e n s u c o n t r a. P o r c o n s e c u e n c i a d e l a a l z a d a, e n f a l l o p r o f e r i d o e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 6, l a S a l a P e n a l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e D i s t r i t o J u d i c i a l d e M a n i z a l e s revocó l o d e c i d i d o p o r e l a- quo p a r a, e n s u l u g a r, c o n d e n a r a l a c u s a d o d e l a f o r m a r e f e r e n c i a d a e n e l p r o e m i o d e e s t a p r o v i d e n c i a. E n e l f a l l o e n cuestión, e l t r i b u n a l destinó u n capítulo a a d v e r t i r q u e e n tratándose d e l a p r i m e r a s e n t e n c i a d e c o n d e n a p r o f e r i d a, d a d o q u e e l f a l l o d e p r i m e r g r a d o Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 Héctor T o r r e s E s c a l; emergió a b s o l u t o r i o, e s n e c e s a r i o o t o r g a r e l r e c u r s o «especial de apelación», e n s e g u i m i e n t o d e l o e x p u e s t o s o b r e e l p a r t i c u l a r p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n l a s e n t e n c i a C - 7 9 2 d e 2 0 1 4, c u y o s a p a r t a d o s más t r a s c e n d e n t e s t r a n s c r i b e. E n c o n s e c u e n c i a, l a p a r t e r e s o l u t i v a d e l f a l l o d e s e g u n d a i n s t a n c i a d i s p u s o, e n e l n u m e r a l 4°: «Notifiquese la presente decisión a las partes, informándole a la Fiscalía, a la Representación de Victima y al Ministerio Público que en contra de la misma procede el recurso extraordinario de casación; mientras que para la Unidad de Defensa, en razón en lo decantado en el acápite final de las consideraciones, procederá el recurso de apelación que habrá de interponerse al momento de la notificación del fallo y sustentarse oralmente en el acto o dentro de los cinco (5) días siguientes ».

E n e f e c t o, a c o r d e c o n l o d i s p u e s t o p o r e l ad-quem, e l d e f e n s o r d e Héctor Torres Esca lante, i n t e r p u s o r e c u r s o v e r t i c a l y, d e n t r o d e l l a p s o e s t a b l e c i d o p o r e s a Corporación p a r a e l e f e c t o, presentó e s c r i t o e n e l c u a l c o n d e n s a s u d e s c o n t e n t o c o n e l f a l l o d e c o n d e n a. L u e g o d e e f e c t u a r e l t r a s l a d o a l o s n o r e c u r r e n t e s, q u i e n e s n o s e p r o n u n c i a r o n, e l T r i b u n a l envió l a c a r p e t a a l a C o r t e a e f e c t o s d e d e s a t a r e l r e c u r s o d e apelación, c o n c e d i d o e n e l e f e c t o s u s p e n s i v o. Impugnación e s p e c i a l N o 4 8 Héctor T o r r e s E s c a l CONSIDERACIONES L a S a l a h a d e p r e c i s a r q u e n o e x i s t e p o s i b i l i d a d d e d a r trámite a l r e c u r s o d e «apelación» i r r e g u l a r m e n t e i n s t i t u i d o p o r l a S a l a P e n a l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e M a n i z a l e s p a r a p e r m i t i r d e l a f e c t a d o c o n s u s e n t e n c i a, c o n t r o v e r t i r l a, s i m p l e m e n t e p o r q u e n o e s e s t e u n m e c a n i s m o q u e t e n g a u n s o p o r t e l e g a l, n i m u c h o m e n o s, c u e n t e c o n habilitación d e c o m p e t e n c i a o u n trámite e s p e c i f i c o e n l a l e y. C u a x i d o s e t r a t a d e i m p u g n a r e l f a l l o d e s e g u n d a i n s t a n c i a, e s e v i d e n t e q u e l a n o r m a p r o c e s a l v i g e n t e p a r a e l c a s o - L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4 -, únicamente h a b i l i t a e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e casación, d e c o n f o r m i d a d c o n e l p r o c e d i m i e n t o allí e s t a b l e c i d o. Y s i b i e n, c o m o s e a n o t a e n l a justificación p r o p o r c i o n a d a p o r e l ad-quem p a r a s o p o r t a r l a concesión d e l h o y i n e x i s t e n t e r e c u r s o e s p e c i a l d e apelación c o n t r a l a s e n t e n c i a d e s e g u n d o g r a d o, l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n l a s e n t e n c i a C - 7 9 2 d e 2 0 1 4, advirtió n e c e s a r i o e x h o r t a r a l l e g i s l a d o r p a r a l a expedición d e u n a l e y q u e p e r m i t a i m p u g n a r l o s f a l l o s c o n d e n a t o r i o s c u a n d o e l l o s s e d i c t a n p o r p r i m e r a v e z, e s l o c i e r t o q u e l a omisión e n q u e incurrió e l C o n g r e s o d e l a República e n e l l a p s o d e u n año o t o r g a d o p a r a t a l e f e c t o, i m p i d e m a t e r i a l i z a r e s a p o s i b i l i d a d, a s i e n l a p a r t e s u s t a n c i a l d e l a r e f e r i d a s e n t e n c i a d e e x e q u i b i l i d a d, d i c h o alto t r i b u n a l h a y a señalado q u e 6 Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 1 Héctor T o r r e s E s c a l a n t p r o c e d e l a m e n c i o n a d a a l z a d a, i n c l u s o, p a r a e l c a s o e n q u e s e d e s a t e n d i e r a, c o m o sucedió, s u e x h o r t o a l l e g i s l a t i v o. P r e c i s a m e n t e, e n m u y r e c i e n t e decisión d e l a C o r t e ( r a d i c a d o 4 8. 0 1 2 d e l 1 2 d e j u l i o d e 2 0 1 6, r e i t e r a d a d e n t r o d e l r a d i c a d o 4 8. 4 4 2 d e l 2 7 d e l m i s m o m e s y año), p e r f e c t a m e n t e a p l i c a b l e a J c a s o p o r c o r r e s p o n d e r a l a "apelación" d e u n f a l l o c o n d e n a t o r i o d e s e g u n d a i n s t a n c i a q u e revocó l a absolución d e c r e t a d a e n l a p r i m e r a, e s t o s e anotó c o m o c r i t e r i o p r i n c i p a l d e l a S a l a d e Casación P e n a l: 1.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que el tribunal cita, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004, por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y difirió sus efectos a un (I) año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015. 2.

En la misma decisión, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación del edicto del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y aclaró que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. 3.

En la sentencia de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al delimitar los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014, precisó (i) que 7 Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 Héctor T o r r e s E s c a l a n surtia efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal. 4.

La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho. 5.

En la misma dirección se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 Héctor T o r r e s E s c a l a i i t creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos. ̂ 6.

En el caso que se estudia, el Tribunal Superior de Pereira, arrogándose competencias que no tiene, resolvió sustituir el recurso de casación por uno de apelación, y por esta vía, asignarle a esta Sala una competencia que la normatividad vigente no le otorga, con desconocimiento del ordenamiento procesal penal vigente, que no prevé el recurso de apelación contra sentencias de segunda instancia, ni habilita a la Sala para actuar como tribunal de apelación en estos casos.

N a d a más d e b e añadir l a S a l a a l o c o n s i g n a d o e n l a transcripción p r e c e d e n t e, p u e s, s e r e i t e r a, c o n e l i r r e g u l a r trámite o f r e c i d o a l a d e f e n s a p o r l a S a l a P e n a l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e M a n i z a l e s, n o s o l o asumió u n a c o m p e t e n c i a jamás d e f e r i d a p o r l a l e y, s i n o q u e además desquició e l p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o c r e a n d o u n r e c u r s o i n e x i s t e n t e a p a r t i r d e u n trámite q u e, h u e l g a a n o t a r, t a m p o c o c o m p o r t a s o p o r t e l e g a l. D e e s t a m a n e r a, s i e n d o p a t e n t e q u e e n c o n t r a d e l a s e n t e n c i a d e s e g u n d a i n s t a n c i a, n o i m p o r t a s u c o n t e n i d o, s o l o o p e r a e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e casación, e l c u a l pasó a s e g u n d o p l a n o e n e s t e c a s o p a r a i n t r o d u c i r s e u n m e c a n i s m o o r d i n a r i o a c t u a l m e n t e c a r e n t e d e s u s t e n t o n o r m a t i v o, d e b e l a C o r t e d e v o l v e r l a actuación a l T r i b u n a l a e f e c t o d e q u e s e s u r t a e l término p a r a q u e l a s p a r t e s 1 CSJ AP, 18 de mayo de 2016, radicación 39156;

CSJ AP3280-2016, 25 de mayo de 2016, radicación 37858, entre otras. Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 1 " Héctor T o r r e s E s c a l a f T f e p u e d a n, s i e s s u v o l u n t a d, r e c u r r i r e n casación, d e a c u e r d o a l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n l o s artículos 3 2, 1 8 1 y s s. d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, q u e a s u v e z h a b i l i t a n a l a S a l a d e Casación P e n a l p a r a c o n o c e r d e l m i s m o. E n mérito d e l o e x p u e s t o, l a Corte Suprema de Jus t i c i a, Sala de Casación Penal, Primero: RECHAZAR, p o r i m p r o c e d e n t e, e l r e c u r s o d e apelación i n t e r p u e s t o p o r e l d e f e n s o r d e Héctor Torres Escalante, c o n t r a l a s e n t e n c i a p r o f e r i d a p o r l a S a l a P e n a l d e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e M a n i z a l e s e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 6.

Segundo: D E V O L V E R l a c a r p e t a a l T r i b u n a l d e o r i g e n a e f e c t o d e q u e s e c o r r a n l o s términos p a r a l a interposición d e l r e c u r s o d e casación, c o n sujeción a l o d i s p u e s t o e n e l artículo 1 8 3 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, m o d i f i c a d o p o r e l 9 8 d e l a L e y 1 3 9 5 d e 2 0 1 0.

C o n t r a e s t a decisión n o p r o c e d e r e c u r s o a l g u n o. N o t i f i q u e s e y cúmplase. / R E S U E L V E ANDEZ 10 Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 Héctor T o r r e s E s c a l a c PATRICIA SALAZAR LUIS Glm/LERAfp SALAZAR OTERO 11 Impugnación e s p e c i a l N o 4 8. 7 1 Héctor T o r r e s E s c a l a n t Ñubia Y o l a n d a N o v a García S e c r e t a r i a 12 Impugnación E s p e c i a l 4 8 7 1 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALVAMENTO DE VOTO Impugnación E s p e c i a l R a d i c a d o. 4 8 7 1 1 A c t a N o. 2 7 4 d e l 3 1 d e a g o s t o d e 2 0 1 6 S e n t e n c i a: T r i b u n a l d e S u p e r i o r d e M a n i z a l e s F e c h a: 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 6 R e s p e t o e l c r i t e r i o m a y o r i t a r i o d e l a S a l a. S a l v o e l v o t o p o r l a s r a z o n e s y a e x p r e s a d a s e n e l r a d i c a d o 4 8. 0 1 3.

C o r d i a l m e n t e, Fecha ut supra 1