AP4932-2016(48522) — Corte Suprema

AP4932-2016(48522)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2016

Magistrado ponente: José Luis Barceló Camacho

Ley 1395 de 2010Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: SENTENCIA - Condenatoria: proferida en única o segunda instancia o en casación, impugnación según la sentencia C - 792 de 2014, imposibilidad de cumplirla hasta que no se expida la ley que lo regule / SENTENCIA - Condenatoria: impugnación según la sentencia C - 792 de 2014, precisión hecha por la sentencia SU - 215 de 2016, según la cual aquélla sólo es aplicable a los casos que i) traten de condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, (ii) en procesos penales ordinarios regulados por la Ley 906 de 2004, (iii) y respecto de providencias que no se encuentren ejecutoriadas para el 24 de abril de 2016 Tesis: «La Sala rechazará el recurso de apelación interpuesto y concedido y declarará la nulidad el trámite relacionado con el mismo, para que, en su lugar, se imprima el procedimiento propio del recurso extraordinario de casación. Para hacerlo, reitera los argumentos expuestos el pasado 27 de julio (AP4810, rad. 48.442): “La Sala ha de precisar que no existe posibilidad de dar trámite al recurso de “apelación” irregularmente instituido por el Tribunal para permitir de los afectados con la sentencia, controvertirla, simplemente porque no es este un mecanismo que tenga soporte legal, ni mucho menos, cuente con habilitación de competencia o un trámite específico en la ley, cuando se trata de impugnar el fallo de segunda instancia, evidente como se hace que la norma procesal vigente para el caso, Ley 906 de 2004, solo habilita el recurso extraordinario de casación, de conformidad con el procedimiento allí establecido. Y si bien, como se anota en la justificación surtida por el Ad quem para soportar la concesión del hoy inexistente recurso de apelación contra la sentencia de segundo grado, la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, advirtió necesario exhortar al legislador para la expedición de una ley que permita impugnar los fallos condenatorios cuando ellos se dictan por primera vez, es lo cierto que la omisión en que incurrió el Congreso de la República en el lapso de un año otorgado para el efecto, impide materializar esa posibilidad, así en la parte sustancial de la referida sentencia de exequibilidad, la Corte Constitucional signifique que procede la dicha impugnación incluso para el caso en que se desatendiera, como sucedió, su exhorto al legislativo. Precisamente, en muy reciente decisión de la Corte (Radicado 48012, del 12 de julio de 2016), perfectamente aplicable al caso por corresponder al mismo recurso de “apelación” concedido por el Tribunal de Pereira respecto de un fallo condenatorio que revocó la absolución decretada por el A quo, esto se anotó como criterio hito de la Sala de Casación Penal, que por su trascendencia debe reiterarse de manera extensa aquí: La Corte Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que el tribunal cita, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004, por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y difirió sus efectos a un (1) año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015. En la misma decisión, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación del edicto del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y aclaró que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. En la sentencia de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al delimitar los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014, precisó (i) que surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal. La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho. En la misma dirección se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos. En el caso que se estudia, el Tribunal Superior de Pereira, arrogándose competencias que no tiene, resolvió sustituir el recurso de casación por uno de apelación, y por esta vía, asignarle a esta Sala una competencia que la normatividad vigente no le otorga, con desconocimiento del ordenamiento procesal penal vigente, que no prevé el recurso de apelación contra sentencias de segunda instancia, ni habilita a la Sala para actuar como tribunal de apelación en estos casos. Nada más debe añadir la Sala a lo consignado en la transcripción precedente, pues, se reitera, con el irregular trámite ofrecido a la defensa por el Tribunal, no solo asumió una competencia jamás deferida por la ley, sino que creó un recurso inexistente a partir de un trámite que, huelga anotar, tampoco comporta soporte legal. De esta manera, como se evidencia claro que en contra de la sentencia de segunda instancia, no importa su contenido, solo opera el recurso extraordinario de casación, el cual ha sido soslayado para introducir un mecanismo ordinario hoy carente de sustento legal, la Corte no solo debe restablecer la integridad del procedimiento, anulando la tramitación espuria, sino que ha de permitir de la parte afectada con el fallo, acudir al único medio establecido legalmente para controvertirlo, de conformidad con lo que regula el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con los artículos 181 y 184 ibídem”».

\ C O R T E SUPREMA D E J U S T I C I A SALA D E CASACIÓN PENAL JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO Magistrado Ponente AP4932-2016 Radicación N' 48.522 Aprobado acta N° 232 Bogotá, D. C, t r e s ( 3 ) d e a g o s t o d e d o s m i l dieciséis ( 2 0 1 6 ). MOTIVO D E LA DECISIÓN M e d i a n t e s e n t e n c i a d e l 1 4 d e m a r z o d e 2 0 1 6, e l J u e z P e n a l d e l C i r c u i t o d e G i r a r d o t a ( A n t i o q u i a ) absolvió a l señor J u a n Carlos Zambrano Ibarbo d e l o s c a r g o s q u e c o m o r e s p o n s a b l e d e l a c o n d u c t a p u n i b l e d e a c c e s o c a r n a l a b u s i v o c o n m e n o r d e 1 4 años l e había f o r m u l a d o l a Fiscalía. Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 2 j l » J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O ^X' E l d e l e g a d o d e l a Fiscalía apeló l a decisión. E l p a s a d o 2 8 d e j u l i o e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e Medellín l a revocó. E n s u l u g a r, declaró a Zambrano Ibarbo a u t o r p e n a d m e n t e r e s p o n s a b l e d e e s e d e l i t o. L e i m p u s o 1 2 años d e prisión y l e negó l a suspensión c o n d i c i o n a l d e l a ejecución d e l a p e n a y l a prisión d o m i c i l i a r i a. D e s d e l a emisión d e l a s e n t e n c i a, e l T r i b u n a l h i z o s a b e r q u e c o n t r a l a m i m a procedía e l r e c u r s o d e apelación, según l a s e n t e n c i a C - 7 9 2 d e l 2 0 1 4 d e l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l, e l c u a l f u e i n t e r p u e s t o y s u s t e n t a d o p o r e l d e f e n s o r. CONSIDERACIONES D E LA C O R T E L a S a l a rechazará e l r e c u r s o d e apelación i n t e r p u e s t o y c o n c e d i d o y declarará la nulidad e l tréimite r e l a c i o n a d o c o n e l m i s m o, p a r a q u e, e n s u l u g a r, s e i m p r i m a e l p r o c e d i m i e n t o p r o p i o d e l r e c u r s o e x t r a o r d i n a r i o d e casación. P a r a h a c e r l o, r e i t e r a l o s a r g u m e n t o s e x p u e s t o s e l p a s a d o 2 7 d e j u l i o ( A P 4 8 1 0, r a d. 4 8. 4 4 2 ): "La Sala ha de precisar que no existe posibilidad de dar trámite al recurso de "apelación'' irregularmente instituido por el Tribunal para permitir de los afectados con la sentencia, controvertirla, simplemente porque no es este un mecanismo que tenga soporte legal, ni mucho menos, cuente con habilitación de competencia o un trámite específico en la ley, cuando se trata de impugnar el fallo de segunda instancia, evidente como se hace que la norma procesal vigente para el caso.

Ley 906 de 2004, 2 Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 2 J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O solo habilita el recurso extraordinario de casación, de conformidad con el procedimiento allí establecido. Y si bien, como se anota en la justificación surtida por el Ad quem para soportar la concesión del hoy inexistente recurso de apelación contra la sentencia de segundo grado, la Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2014, advirtió necesario exhortar al legislador para la expedición de una ley que permita impugnar los fallos condenatorios cuando ellos se dictan por primera vez, es lo cierto que la omisión en que incurrió el Congreso de la República en el lapso de un año otorgado para el efecto, impide materializar esa posibilidad, así en la parte sustancial de la referida sentencia de exequibilidad, la Corte Constitucional signifique que procede la dicha impugnación incluso para el caso en que se desatendiera, como sucedió, su exhorto al legislativo.

Precisamente, en muy reciente decisión de la Corte (Radicado 48012, del 12 de julio de 2016), perfectamente aplicable al caso por corresponder al mismo recurso de "apelación" concedido por el Tribunal de Pereira respecto de un fallo condenatorio que revocó la absolución decretada por el A quo, esto se anotó como criterio hito de la Sala de Casación Penal, que por su trascendencia debe reiterarse de manera extensa aquí: 1.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-792 de 29 de octubre de 2014, que el tribunal cita, declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004, por déficit normativo, en cuanto omitían la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y difirió sus efectos a un (1) año, contado a partir de su notificación, que se cumplió entre el 22 y el 24 de abril del 2015. 2.

En la misma decisión, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación del edicto del fallo, regulara el derecho a impugnar las sentencias penales condenatorias dictadas por primera vez en cualquier estadio procesal, y aclaró que de incumplir este deber, se entendería que la impugnación procedía ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. 3.

En la sentencia de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, al delimitar los efectos y alcances de la sentencia C-792 de 2014, precisó (i) que surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en 3 Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 2 J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O cualquier estadio del proceso penal, y (iv) que la Corte Suprema, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancia de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria impuesta por primera vez por su Sala de Casación Penal. 4.

La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de fecha 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016, en el que precisó que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C-792 de 2014, de implementar, a partir del vencimiento del término de un año, la impugnación en todos los casos en que se dictara sentencia condenatoria por primera vez, resultaba irrealizable, porque ni la Corte, ni autoridad judicial alguna contaba con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitieran poner en práctica este derecho. 5.

En la misma dirección se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que una orden de la naturaleza de la que contienen las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso, por cuanto implica suplir un déficit legal normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos judiciales y la redistribución de competencias, entre otros aspectos.^ 6.

En el caso que se estudia, el Tribunal Superior de Pereira, arrogándose competencias que no tiene, resolvió sustituir el recurso de casación por uno de apelación, y por esta vía, asignarle a esta Sala una competencia que la normatividad vigente no le otorga, con desconocimiento del ordenamiento procesal penal vigente, que no prevé el recurso de apelación contra sentencias de segunda instancia, ni habilita a la Sala para actuar como tribunal de apelación en estos casos.

Nada más debe añadir la Sala a lo consignado en la transcripción precedente, pues, se reitera, con el irregular trámite ofrecido a la defensa por el Tribunal, no solo asumió una competencia jamás deferida por la ley, sino que creó un recurso inexistente a partir de un trámite que, huelga anotar, tampoco comporta soporte legal. De esta manera, como se evidencia claro que en contra de la sentencia de segunda instancia, no importa su contenido, solo opera el recurso extraordinario de casación, el cual ha sido soslayado para introducir un mecanismo ordinario hoy carente de sustento legal, la Corte no solo debe restablecer la integridad del procedimiento, anulando la tramitación espuria, sino que ha de permitir de la parte afectada con el fallo, acudir al único medio establecido legalmente para controvertirlo, de ' C S J A P, 1 8 d e m a y o d e 2 0 1 6, radicación 3 9 1 5 6;

C S J A P 3 2 8 0 - 2 0 1 6, 2 5 d e m a y o d e 2 0 1 6, radicación 3 7 8 5 8, e n t r e o t r a s. 4 J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 2 conformidad con lo que regula el artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en consonancia con los artículos 181 y 184 ihídem". E n mérito d e l o e x p u e s t o, l a Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Jus t i c i a, Primero. Rechazar, p o r i m p r o c e d e n t e, e l r e c u r s o d e apelación i n t e r p u e s t o p o r e l d e f e n s o r d e J u a n Carlos Zambrano Ibarbo, c o n t r a l a s e n t e n c i a p r o f e r i d a p o r e l T r i b u n a l S u p e r i o r d e Medellín e l 2 8 d e j u n i o d e 2 0 1 6.

Segundo. Decretar la nulidad d e l trámite d e e j e c u t o r i a d e l f a l l o m e n c i o n a d o y d i s p o n e r q u e s e c o r r a n l o s términos p a r a l a interposición d e l r e c u r s o d e casación, c o n sujeción a l o d i s p u e s t o e n e l artículo 1 8 3 d e l a L e y 9 0 6 d e 2 0 0 4, m o d i f i c a d o p o r e l 9 8 d e l a L e y 1 3 9 5 d e 2 0 1 0.

C o n t r a e s t a determinación n o p r o c e d e n r e c u r s o s. R E S U E L V E N o t i f i q u e s e y cúmplase. GU ÁNDEZ 5 Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 2 J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O 6 Impugnación e s p e c i a l 4 8. 5 2 [ J U A N C A R L O S Z A M B R A N O I B A R B O NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA S e c r e t a r i a 7