AP2758-2020(46673) — Corte Suprema

AP2758-2020(46673)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2020

Ley 600 de 2000Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: DOBLE CONFORMIDAD - Debido proceso / DOBLE CONFORMIDAD - Aplicación: evolución de la jurisprudencia constitucional / DOBLE CONFORMIDAD - Aplicación: evolución de la jurisprudencia penal / DOBLE CONFORMIDAD - Impugnación especial: la Sala extiende los efectos de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, a los ciudadanos sin fuero constitucional que hayan sido condenados por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar, reglas aplicables, si la Corte admitió la demanda y en la sentencia se pronunció de fondo, no cabe nueva impugnación / DOBLE CONFORMIDAD - Impugnación especial: la Sala no concede el recurso, al incumplirse las reglas establecidas en la providencia AP2118-2020 / DOBLE CONFORMIDAD - Impugnación especial: la Sala no concede el recurso, evento en que la Corte admitió la demanda de casación y se pronunció de fondo en la sentencia Tesis: «De conformidad con el art. 29, inciso primero, de la Constitución Política, el debido proceso es una garantía de composición normativa, integrada como ámbito de protección del derecho a través de prescripciones constitucionales genéricas, así como por la específica configuración legal de las formas propias de cada juicio. En ese sentido, el Acto Legislativo 01 de enero 18 de 2018, por medio del cual se modificaron los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementaron el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, no sólo delineó las bases fundantes de un proceso penal de doble instancia para los aforados mencionados en el referido artículo 235 de la Carta Política, sino que instituyó una garantía fundamental, en cabeza de toda persona condenada penalmente, a que la declaratoria de responsabilidad penal sea corroborada (doble conformidad de la sentencia condenatoria). [...] En relación con el derecho a impugnar la primera condena por parte de los procesados, esta Sala, mediante el auto AP2118-2020, 3 sep. 2020 (rad. 34017), desarrolló con amplitud el contenido de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, extendiendo sus efectos en virtud del principio de igualdad, para brindar la misma protección y trato a todas las personas que se encuentren en similares circunstancias a la del ex ministro AFAL, así como a quienes, sin ostentar fuero constitucional, hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar. Para ese cometido, la Corte llevó a cabo una serie de consideraciones sobre el desarrollo jurisprudencial del tribunal constitucional relacionado con la posibilidad de recurrir, mediante un recurso eficiente e idóneo, la primera sentencia condenatoria dictada en el proceso por los tribunales superiores al resolver el recurso de apelación contra una absolución de primera instancia. Así, se recordó que en la sentencia C 792 del 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional, al concluir que la Ley 906 de 2004 no consagraba la posibilidad de recurrir, mediante un recurso eficiente e idóneo, la primera sentencia condenatoria dictada en el proceso por los tribunales superiores al resolver el recurso de apelación contra una absolución de primera instancia, decidió diferir los efectos de ese fallo de constitucionalidad y exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación por edicto del fallo, regulara, integralmente, el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. Ese plazo venció el 24 de abril de 2016, sin que el legislador reglamentara el tema, razón por la cual, como se ordenó en la misma decisión de constitucionalidad, a partir de ese momento se entiende que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. Posteriormente, ante la falta de normas legales que instituyeran y reglamentaran el ejercicio del derecho a la doble conformidad, que sólo vino a remediarse parcialmente con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, la Corte Constitucional, emitió la sentencia SU 215 de 2016, en la que concluyó que los efectos de la sentencia C-792 de 2014 sólo irradiaban a las primeras condenas dictadas en segunda instancia y en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004; además, definió que aquella decisión de constitucionalidad solo tenía efectos hacia el futuro, no comprendía la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya terminados para ese momento y únicamente operaría respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha. De igual manera, la Sala puso de presente que en la sentencia SU-217 de 2019, la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia, para precisar que la orden impartida en la providencia C-792 de 2014 sí debía extenderse a todos los procesos en los que se aplica la garantía de impugnación, incluyendo, por lo tanto, los adelantados bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000. Se dijo, igualmente, que después de haberse expedido el Acto Legislativo 01 de dicho año, por el cual se crearon al interior de la Sala de Casación Penal las Salas Especializadas de investigación y juzgamiento de primera instancia, y se constitucionalizó el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, la Corte Constitucional mediante la sentencia SU 373 de 2019, concluyó que la Corte Suprema de Justicia, al negar la posibilidad de impugnar la primera condena al acusado, desconoció el artículo 235-7 de la Constitución Política, que consagró el derecho a impugnar, ante tres magistrados de la Sala de Casación Penal que no hayan dictado la decisión, la primera sentencia de condena expedida por la Corte en casación o en segunda instancia. Finalmente, en la sentencia SU 146 de 2020, la Corte Constitucional le tuteló al ex ministro AFAL el derecho a impugnar la sentencia condenatoria que la Corte Suprema de Justicia dictó en su contra, en un proceso de única instancia, el 16 de julio de 2014. En aquella decisión se concluyó que: i) Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en procesos de única instancia contra aforados constitucionales, antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, son intangibles y legítimas, al haberse expedido bajo el procedimiento constitucional y legal vigente en el momento en que se profirieron, avalado expresamente por la propia Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad, por lo cual, en estricto sentido, la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 contra el accionante, se encuentra ejecutoriada y goza de la fuerza de cosa juzgada; ii) No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, al negarle al demandante la posibilidad de impugnar ante un superior funcional la sentencia condenatoria dictada en única instancia, violó directamente los artículos 29, 85, y 93 de la Constitución Política, y los artículos 14.5 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, encontrándose acreditados los requisitos para amparar el derecho fundamental, omitió su eficacia directa; iii) El estándar de protección del derecho a impugnar la sentencia condenatoria contra aforados constitucionales condenados en procesos de única instancia, anteriores por supuesto al Acto Legislativo 01 de 2108, resulta exigible para el Tribunal constitucional desde el 30 de enero de 2014. En esta fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, dictaminó que esa nación le violó al demandante, ex ministro de ese país condenado en única instancia por la Corte Suprema de Surinam, el derecho a impugnar ante un superior funcional la primera condena dictada en su contra. A través del citado auto AP2118-2020 (rad. 34017) la Sala precisó, con base en la comprensión de la misma Corte Constitucional (sentencia SU-215 de 2016), que los efectos de la sentencia C 792 de 2014 son vinculantes, erga omnes y hacia el futuro, a partir del 24 de abril de 2016, fecha en la cual se venció el término del exhorto al Congreso de la República para que regulara el derecho a impugnar las primeras sentencias condenatorias. Igualmente, que por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018, se garantizó a partir de una nueva estructura procesal la impugnación de la primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal en procesos contra aforados constitucionales (artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2018). Así mismo, que, desde el nivel constitucional, hoy cuentan todos los demás ciudadanos con el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria proferida por los Tribunales Superiores al resolver el recurso de apelación y por la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse en casación o segunda instancia (artículo 3 numeral 7 del mismo Acto Legislativo). Del mismo modo, que, con sujeción a las cambiantes posiciones de la Corporación de control constitucional, el derecho a la impugnación también procedía en actuaciones adelantadas bajo los ritos de la Ley 600 de 2000 (sentencia SU-217 del 21 de mayo de 2019). Así las cosas, como quiera que a través de la sentencia SU-146 de 2020, la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia y otorgó efectos retroactivos a la garantía de doble conformidad, incorporada al derecho interno por medio de la sentencia de constitucionalidad C-792 de 2014, entendió la Sala, con fundamento en el derecho de igualdad (Art. 13 de la C.P.), que la misma protección se debe brindar a todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, adicionalmente, extendió los efectos de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional a todas las personas sin fuero constitucional que resultaron condenadas desde el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casación. Igualmente, se extendió los efectos de ese fallo de la Corte Constitucional a los ciudadanos sin fuero constitucional que hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar, bajo las siguientes reglas: a) Debieron haber interpuesto el recurso de casación, que era el medio de impugnación en ese momento disponible para discutir sobre el trámite procesal, las garantías procesales y los aspectos probatorios y jurídicos de la condena. La no interposición por parte del procesado del recurso de casación, en ese momento el medio de impugnación dispuesto por la ley contra la primera condena dictada en segunda instancia, traduce conformidad con la decisión y, en esos casos, es improcedente la impugnación aquí autorizada. b) Si se interpuso el recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Penal lo inadmitió, claramente se deduce en esa hipótesis el ejercicio del derecho a impugnar la primera condena y la imposibilidad de acceso a una segunda opinión judicial respecto de la responsabilidad penal, por defectos técnicos de la demanda. La persona condenada en segunda instancia por el Tribunal, en ese caso, tiene derecho a la impugnación con fundamento en la sentencia SU-146 de 2020. c) Si la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación presentada contra la primera sentencia condenatoria del Tribunal y se pronunció de fondo en la sentencia de casación, quedó satisfecha la doble conformidad judicial y no cabe una nueva impugnación. Así las cosas, bien puede advertirse que el evento de la procesada RYAB se aviene a esta última hipótesis, puesto que en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2015 por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la absolución del juez de conocimiento y, en su lugar, la condenó como responsable de los delitos de Concierto para delinquir Agravado y Lavado de activos Agravado, a través de su abogado defensor se interpuso el recurso extraordinario de casación, el mismo que fue admitido por esta Sala de Casación Penal, pronunciándose de fondo para emitir la decisión mediante la cual se casó parcialmente el fallo impugnado (SP-17909-2017, 1º nov. 2017, rad. 46673). La condenada tuvo a su alcance un mecanismo de corroboración, esto es, el recurso extraordinario de casación, que ejerció a través de abogado, lo que precisamente dio lugar al fallo que, se reitera, casó parcialmente la sentencia de condena emitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala ha sostenido, en consonancia con el derecho internacional, que lo importante en la labor de preservar el derecho a la doble conformidad es que el recurso garantice el examen integral de la decisión por un superior, independientemente del nombre que se le asigne al mismo. Así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, al asentir que «Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida» . Ese cometido, para el caso de la procesada RYAB, fue alcanzado con la aplicación del régimen de casación penal previsto por la Ley 600 de 2000, concebido como un control constitucional y legal de los fallos judiciales de segunda instancia. Según puede advertirse, tras haberse emitido un fallo condenatorio por el Tribunal Superior al revocarse la absolución emitida en primera instancia, la Sala admitió la demanda de casación y llevó a cabo de manera rigurosa el estudio de constitucionalidad y legalidad de la sentencia recurrida, ejercicio en el cual se revisaron a fondo todas las pruebas incorporadas a la actuación, decidiendo casar de forma parcial. De esa manera, resultó corroborada la condena (doble conformidad de la sentencia condenatoria), satisfaciéndose el derecho de impugnación al ser sometida a revisión aquella decisión judicial. En este orden de ideas, no se dará el trámite solicitado por la memorialista, puesto que, en su caso, quedó satisfecho el derecho a la doble conformidad judicial y no cabe, como lo reclama, una nueva impugnación contra el fallo que en segunda instancia la condenó por los delitos de Concierto para delinquir Agravado y Lavado de activos Agravado».

Radicado 46673 Rubi Yiceth Ayala Barrera PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Magistrada ponente AP2758-2020 Radicación n° 46673 (Aprobado acta n.° 214) Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020). Visto el informe secretarial que antecede y los anexos del mismo, se observa que la procesada RUBI YICETH AYALA BARRERA eleva una petición de impugnación especial en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2015 por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. Al respecto, se recordará que esta Sala de Casación Penal, en sentencia del 1 de noviembre de 2017, dentro del radicado de la referencia, admitió la demanda de casación presentada por los apoderados de los acusados, estudió de fondo el proceso y resolvió: 1.

Casar parcialmente el fallo de segundo grado, para en su lugar imponer a NORMA CONSTANZA CÁRDENAS DUARTE, la pena de ciento veintiséis (126) meses de prisión y multa de siete mil (7.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autora de los delitos de Concierto para delinquir agravado y Testaferrato, cometidos en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta sentencia. 2.

Casar parcialmente el fallo de segundo grado, para en su lugar imponer a JAIME JERÉZ GALEANO, ÓSCAR ALBERTO JERÉZ PINEDA y RUBI YICETH AYALA BARRERA, la pena de ciento cuarenta y un (141) meses de prisión y multa de siete mil ciento sesenta y seis punto sesenta y seis (7.166,66) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autores de los delitos de Lavado de activos agravado y Concierto para delinquir agravado, cometidos en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta decisión. 3.

Casar parcialmente el fallo de segundo grado, para en su lugar imponer a NEMECIO AYALA BARRERA, la pena de setenta y dos (72) meses de prisión y multa de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del delito de Lavado de activos cometido en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta decisión. 4. Casar oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado, para en su lugar imponer a ÓSCAR RICHARD MARTÍNEZ ARANGO la pena de ciento cuarenta y un (141) meses de prisión y multa de siete mil ciento sesenta y seis punto sesenta y seis (7.166,66) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor de los delitos de Lavado de activos agravado y Concierto para delinquir agravado, cometidos en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta decisión. 5.

Casar oficiosa y parcialmente el fallo de segundo grado, para en su lugar imponer a NEMECIO AYALA la pena de setenta y dos (72) meses de prisión y multa de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del delito de Lavado de activos cometido en las circunstancias descritas en la parte motiva de esta decisión. 6.

No casar por los demás cargos planteados en las demandas por los defensores de NORMA CONSTANZA CÁRDENAS DUARTE, JAIME JERÉZ GALEANO, ÓSCAR ALBERTO JERÉZ PINEDA, RUBI YICETH AYALA BARRERA, ÓSCAR RICHARD MARTÍNEZ ARANGO, NEMECIO AYALA BARRERA y la totalidad de los presentados por el Agente Especial del Ministerio Público. En relación con la procesada RUBI YICETH AYALA BARRERA debe precisarse que la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la citada decisión, había revocado el fallo absolutorio proferido en su contra por el Juzgado 8º Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, condenándola por los delitos de Concierto para delinquir Agravado (artículo 340-2 del Código Penal), en calidad de autora, y Lavado de activos Agravado (artículos 323 y 324 ibídem), como coautora, en concurso de conductas punibles, a las penas principales de 184 meses y 15 días de prisión y multa de 19.375 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La memorialista reclama de la Sala la posibilidad de impugnar dicho fallo de condena al considerar que, tratándose de una garantía procesal de carácter sustancial, le asiste el derecho a que una instancia superior revise en su legalidad la sentencia condenatoria de la que fue objeto. En ese sentido, invoca precedentes jurisprudenciales de esta Sala y cita, especialmente, la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, aduciendo que «con base en lo preceptuado en tales sentencias, basado en el principio de igualdad, debido proceso, derecho a la defensa y a la doble conformidad, tengo el derecho a ser acreedora a esta impugnación, pues mis condiciones son idénticas a la del señor ARIAS, aunque se trate de delitos distintos».

Además, según sostiene, aunque la Corte admitió el recurso extraordinario de casación interpuesto por su defensor en contra de aquella decisión, «este no cumplió con los requisitos de impugnación de la sentencia condenatoria, toda vez que la casación tiene una finalidad específica y es muy técnica y solo basada en los errores que el funcionario o funcionarios pudieron haber cometido durante el desarrollo del juicio o de la investigación, pero muy distinto el análisis de la prueba y los argumentos utilizados para determinar si se cumplió con una adecuada aplicación de la ley en cuanto a la tipicidad, antijuridicidad y culpa, la existencia del hecho y la responsabilidad dentro de los mismos».

Por lo demás, insiste en que es inocente y que su condena fue consecuencia de que el Tribunal no examinó la prueba recibida en el juicio, limitándose a fundamentar el reproche penal en los elementos probatorios aducidos en la investigación. PARA RESOLVER, SE CONSIDERA: De conformidad con el art. 29, inciso primero, de la Constitución Política, el debido proceso es una garantía de composición normativa, integrada como ámbito de protección del derecho a través de prescripciones constitucionales genéricas, así como por la específica configuración legal de las formas propias de cada juicio.

En ese sentido, el Acto Legislativo 01 de enero 18 de 2018, por medio del cual se modificaron los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementaron el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria, no sólo delineó las bases fundantes de un proceso penal de doble instancia para los aforados mencionados en el referido artículo 235 de la Carta Política, sino que instituyó una garantía fundamental, en cabeza de toda persona condenada penalmente, a que la declaratoria de responsabilidad penal sea corroborada (doble conformidad de la sentencia condenatoria).

Con ello, según lo ha definido la Corte: El derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria (art. 235 incs. 2º y 7º de la Constitución, modificados por el A.L. 01 de 2018), más que un asunto de estructura, es una garantía instituida a favor de quien es declarado penalmente responsable, al margen de la instancia en que es condenado; de esa manera, se pretende que la presunción de inocencia que cobija a toda persona deba pasar por un doble filtro -ordinario- de revisión, antes de ser desvirtuada mediante declaratoria judicial. [footnoteRef:1] [1: CSJ-SP-4883-2018, 14 nov. 2018, rad. 48820.] En relación con el derecho a impugnar la primera condena por parte de los procesados, esta Sala, mediante el auto AP2118-2020, 3 sep. 2020 (rad. 34017), desarrolló con amplitud el contenido de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional, extendiendo sus efectos en virtud del principio de igualdad, para brindar la misma protección y trato a todas las personas que se encuentren en similares circunstancias a la del ex ministro Andrés Felipe Arias Leyva, así como a quienes, sin ostentar fuero constitucional, hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar.

Para ese cometido, la Corte llevó a cabo una serie de consideraciones sobre el desarrollo jurisprudencial del tribunal constitucional relacionado con la posibilidad de recurrir, mediante un recurso eficiente e idóneo, la primera sentencia condenatoria dictada en el proceso por los tribunales superiores al resolver el recurso de apelación contra una absolución de primera instancia. Así, se recordó que en la sentencia C 792 del 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional, al concluir que la Ley 906 de 2004 no consagraba la posibilidad de recurrir, mediante un recurso eficiente e idóneo, la primera sentencia condenatoria dictada en el proceso por los tribunales superiores al resolver el recurso de apelación contra una absolución de primera instancia, decidió diferir los efectos de ese fallo de constitucionalidad y exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación por edicto del fallo, regulara, integralmente, el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias.

Ese plazo venció el 24 de abril de 2016, sin que el legislador reglamentara el tema, razón por la cual, como se ordenó en la misma decisión de constitucionalidad, a partir de ese momento se entiende que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena. Posteriormente, ante la falta de normas legales que instituyeran y reglamentaran el ejercicio del derecho a la doble conformidad, que sólo vino a remediarse parcialmente con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, la Corte Constitucional, emitió la sentencia SU 215 de 2016, en la que concluyó que los efectos de la sentencia C-792 de 2014 sólo irradiaban a las primeras condenas dictadas en segunda instancia y en procesos tramitados por la Ley 906 de 2004; además, definió que aquella decisión de constitucionalidad solo tenía efectos hacia el futuro, no comprendía la posibilidad de impugnar las sentencias dictadas en procesos ya terminados para ese momento y únicamente operaría respecto de las sentencias que para entonces aún estuvieran en el término de ejecutoria, o de las que se expidan después de esa fecha.

De igual manera, la Sala puso de presente que en la sentencia SU-217 de 2019, la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia, para precisar que la orden impartida en la providencia C-792 de 2014 sí debía extenderse a todos los procesos en los que se aplica la garantía de impugnación, incluyendo, por lo tanto, los adelantados bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000.

Se dijo, igualmente, que después de haberse expedido el Acto Legislativo 01 de dicho año, por el cual se crearon al interior de la Sala de Casación Penal las Salas Especializadas de investigación y juzgamiento de primera instancia, y se constitucionalizó el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria, la Corte Constitucional mediante la sentencia SU 373 de 2019, concluyó que la Corte Suprema de Justicia, al negar la posibilidad de impugnar la primera condena al acusado, desconoció el artículo 235-7 de la Constitución Política, que consagró el derecho a impugnar, ante tres magistrados de la Sala de Casación Penal que no hayan dictado la decisión, la primera sentencia de condena expedida por la Corte en casación o en segunda instancia. Finalmente, en la sentencia SU 146 de 2020, la Corte Constitucional le tuteló al ex ministro Andrés Felipe Arias Leiva el derecho a impugnar la sentencia condenatoria que la Corte Suprema de Justicia dictó en su contra, en un proceso de única instancia, el 16 de julio de 2014.

En aquella decisión se concluyó que: i) Las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en procesos de única instancia contra aforados constitucionales, antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2018, son intangibles y legítimas, al haberse expedido bajo el procedimiento constitucional y legal vigente en el momento en que se profirieron, avalado expresamente por la propia Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad, por lo cual, en estricto sentido, la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 contra el accionante, se encuentra ejecutoriada y goza de la fuerza de cosa juzgada; ii) No obstante lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, al negarle al demandante la posibilidad de impugnar ante un superior funcional la sentencia condenatoria dictada en única instancia, violó directamente los artículos 29, 85, y 93 de la Constitución Política, y los artículos 14.5 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, encontrándose acreditados los requisitos para amparar el derecho fundamental, omitió su eficacia directa; iii) El estándar de protección del derecho a impugnar la sentencia condenatoria contra aforados constitucionales condenados en procesos de única instancia, anteriores por supuesto al Acto Legislativo 01 de 2108, resulta exigible para el Tribunal constitucional desde el 30 de enero de 2014.

En esta fecha la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam, dictaminó que esa nación le violó al demandante, ex ministro de ese país condenado en única instancia por la Corte Suprema de Surinam, el derecho a impugnar ante un superior funcional la primera condena dictada en su contra. A través del citado auto AP2118-2020 (rad. 34017) la Sala precisó, con base en la comprensión de la misma Corte Constitucional (sentencia SU-215 de 2016), que los efectos de la sentencia C 792 de 2014 son vinculantes, erga omnes y hacia el futuro, a partir del 24 de abril de 2016, fecha en la cual se venció el término del exhorto al Congreso de la República para que regulara el derecho a impugnar las primeras sentencias condenatorias.

Igualmente, que por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018, se garantizó a partir de una nueva estructura procesal la impugnación de la primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal en procesos contra aforados constitucionales (artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 1 de 2018). Así mismo, que, desde el nivel constitucional, hoy cuentan todos los demás ciudadanos con el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria proferida por los Tribunales Superiores al resolver el recurso de apelación y por la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse en casación o segunda instancia (artículo 3 numeral 7 del mismo Acto Legislativo).

Del mismo modo, que, con sujeción a las cambiantes posiciones de la Corporación de control constitucional, el derecho a la impugnación también procedía en actuaciones adelantadas bajo los ritos de la Ley 600 de 2000 (sentencia SU-217 del 21 de mayo de 2019). Así las cosas, como quiera que a través de la sentencia SU-146 de 2020, la Corte Constitucional cambió su jurisprudencia y otorgó efectos retroactivos a la garantía de doble conformidad, incorporada al derecho interno por medio de la sentencia de constitucionalidad C-792 de 2014, entendió la Sala, con fundamento en el derecho de igualdad (Art. 13 de la C.P.), que la misma protección se debe brindar a todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, adicionalmente, extendió los efectos de la sentencia SU-146 de 2020 de la Corte Constitucional a todas las personas sin fuero constitucional que resultaron condenadas desde el 30 de enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia o en el marco del recurso extraordinario de casación. Igualmente, se extendió los efectos de ese fallo de la Corte Constitucional a los ciudadanos sin fuero constitucional que hayan sido condenados, por primera vez en segunda instancia, desde el 30 de enero de 2014, por los Tribunales Superiores de Distrito y el Tribunal Superior Militar, bajo las siguientes reglas: a) Debieron haber interpuesto el recurso de casación, que era el medio de impugnación en ese momento disponible para discutir sobre el trámite procesal, las garantías procesales y los aspectos probatorios y jurídicos de la condena.

La no interposición por parte del procesado del recurso de casación, en ese momento el medio de impugnación dispuesto por la ley contra la primera condena dictada en segunda instancia, traduce conformidad con la decisión y, en esos casos, es improcedente la impugnación aquí autorizada. b) Si se interpuso el recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Penal lo inadmitió, claramente se deduce en esa hipótesis el ejercicio del derecho a impugnar la primera condena y la imposibilidad de acceso a una segunda opinión judicial respecto de la responsabilidad penal, por defectos técnicos de la demanda.

La persona condenada en segunda instancia por el Tribunal, en ese caso, tiene derecho a la impugnación con fundamento en la sentencia SU-146 de 2020. c) Si la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación presentada contra la primera sentencia condenatoria del Tribunal y se pronunció de fondo en la sentencia de casación, quedó satisfecha la doble conformidad judicial y no cabe una nueva impugnación. Así las cosas, bien puede advertirse que el evento de la procesada RUBI YICETH AYALA BARRERA se aviene a esta última hipótesis, puesto que en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2015 por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la absolución del juez de conocimiento y, en su lugar, la condenó como responsable de los delitos de Concierto para delinquir Agravado y Lavado de activos Agravado, a través de su abogado defensor se interpuso el recurso extraordinario de casación, el mismo que fue admitido por esta Sala de Casación Penal, pronunciándose de fondo para emitir la decisión mediante la cual se casó parcialmente el fallo impugnado (SP-17909-2017, 1º nov. 2017, rad. 46673).

La condenada tuvo a su alcance un mecanismo de corroboración, esto es, el recurso extraordinario de casación, que ejerció a través de abogado, lo que precisamente dio lugar al fallo que, se reitera, casó parcialmente la sentencia de condena emitida por el Tribunal. Al respecto, la Sala ha sostenido, en consonancia con el derecho internacional, que lo importante en la labor de preservar el derecho a la doble conformidad es que el recurso garantice el examen integral de la decisión por un superior, independientemente del nombre que se le asigne al mismo.

Así lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, al asentir que «Independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida»[footnoteRef:2]. [2: Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 165.

En el mismo sentido, caso Cesareo Gómez Vásquez vs. España, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 69º periodo de sesiones 10-28 de julio de 2000. Dictamen. Comunicación Nº 701/1996, párrafo 11.1.; asunto Reid vs Jamaica, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, asunto George Winston Reid vs. Jamaica, Comunicación No. 355/1989, CCPR/C51/D/355/1989, párrafo 14.3. ] Ese cometido, para el caso de la procesada RUBI YICETH AYALA BARRERA, fue alcanzado con la aplicación del régimen de casación penal previsto por la Ley 600 de 2000, concebido como un control constitucional y legal de los fallos judiciales de segunda instancia. Según puede advertirse, tras haberse emitido un fallo condenatorio por el Tribunal Superior al revocarse la absolución emitida en primera instancia, la Sala admitió la demanda de casación y llevó a cabo de manera rigurosa el estudio de constitucionalidad y legalidad de la sentencia recurrida, ejercicio en el cual se revisaron a fondo todas las pruebas incorporadas a la actuación, decidiendo casar de forma parcial.

De esa manera, resultó corroborada la condena (doble conformidad de la sentencia condenatoria), satisfaciéndose el derecho de impugnación al ser sometida a revisión aquella decisión judicial. En este orden de ideas, no se dará el trámite solicitado por la memorialista, puesto que, en su caso, quedó satisfecho el derecho a la doble conformidad judicial y no cabe, como lo reclama, una nueva impugnación contra el fallo que en segunda instancia la condenó por los delitos de Concierto para delinquir Agravado y Lavado de activos Agravado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE:

1. NO CONCEDER a la condenada RUBI YICETH AYALA BARRERA la impugnación en contra de la sentencia proferida el 24 de marzo de 2015 por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual fue condenada por los delitos de Concierto para delinquir Agravado (artículo 340-2 del Código Penal), en calidad de autora, y Lavado de activos Agravado (artículos 323 y 324 ibídem), como coautora, en concurso de conductas punibles.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición. Cópiese, notifíquese y cúmplase, PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR Presidenta JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA GERSON CHAVERRA CASTRO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER SALVO VOTO LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA JAIME HUMBERTO MORENO ACERO FABIO OSPITIA GARZÓN EYDER PATIÑO CABRERA HUGO QUINTERO BERNATE Nubia Yolanda Nova García Secretaria 11