AP245-2019(54470) — Corte Suprema

AP245-2019(54470)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2019

Magistrado ponente: José Francisco Acuña Vizcaya

Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: NULIDAD - Principio de trascendencia / NULIDAD - Vicios de estructura y de garantía / EXTRADICIÓN - Nulidad: fundamentos de la solicitud / EXTRADICIÓN - Nulidad: debido proceso, improcedencia / NULIDAD - No se configura Tesis: «[…] compete a la Sala pronunciarse sobre la petición de nulidad elevada por la defensa de RCDS, pues de verificarse la existencia de alguna irregularidad en el trámite, resultaría inane referirse a la primera. Debe recordarse, como lo ha precisado la Sala en pasadas oportunidades , que dentro del trámite de extradición existen actos de rito «relacionados con la estructura del proceso» y de garantía «referentes al derecho de defensa» , cuyo desconocimiento implica una afectación al debido proceso, lo que puede remediarse mediante la declaración de la nulidad, a efectos de salvaguardar las garantías del solicitado en extradición. En este caso, el defensor aduce como sustento de la pretensión invalidatoria, que la documentación aportada por el Estado requirente en apoyo de la solicitud de extradición no satisface el requisito de validez formal, pues la sentencia que sustenta la petición de entrega no cumple las solemnidades que exige la ley, toda vez que el reclamado no aparece plenamente identificado y no obra certificado de su ejecutoria. La petición de nulidad planteada en esos términos resulta inapropiada, pues en realidad el defensor no revela la presencia de algún error de actividad o de garantía en el que se haya incurrido que amerite la invalidez del trámite. Simplemente se dedica a realizar comentarios propios de la oportunidad prevista en el inciso 3º del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, respecto al supuesto incumplimiento de los requisitos contemplados en sus artículos 493, 495 y 502 ídem, mas no de demostrar la existencia de una verdadera irregularidad. Las críticas que realiza el apoderado del reclamado en punto de la sentencia y la validez formal de la documentación allegada, las debe proponer en el alegato de conclusión, en tanto el estudio del cumplimiento de los requerimientos previstos en el tratado de extradición y en la ley lo verifica la Corte al momento de conceptuar, valorando para el efecto la información brindada por el país requirente en la solicitud de extradición y sus anexos, además de la acopiada en la actuación. Conforme con lo anterior, como la Sala no observa irregularidad alguna y por el contrario considera que el trámite se ha surtido con estricto apego a la normatividad aplicable, negará la solicitud de nulidad deprecada por el defensor del reclamado». EXTRADICIÓN - Pruebas: se ordenan las relacionadas con los elementos del concepto / EXTRADICIÓN - Pruebas: conducencia, pertinencia, y utilidad / EXTRADICIÓN - Brasil: normatividad aplicable / EXTRADICIÓN - Brasil: requisitos Tesis: «En orden a determinar la procedencia de la práctica de un medio de conocimiento dentro del trámite de extradición, se ha de tener en cuenta que el mismo esté relacionado con alguno de los aspectos a revisar por la Corte al momento de emitir el respectivo concepto. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes en materia de extradición entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil, esto es, el «Tratado de Extradición» suscrito en Rio de Janeiro el 28 de diciembre de 1938, aprobado por la Ley 85 de 1939. Por tanto, las pretensiones probatorias formuladas por los intervinientes deben estar vinculadas con los requisitos establecidos en el citado convenio, como quiera que se encuentra incorporado en el orden interno. De conformidad con lo previsto en el Tratado de Extradición» suscrito en Rio de Janeiro el 28 de diciembre de 1938, aprobado por la Ley 85 de 1939, el análisis a realizar debe versar sobre: i) la documentación anexa a la solicitud de extradición y la validez formal de la misma, ii) la acreditación de la identidad plena de la persona solicitada en extradición; iii) la jurisdicción del Estado requirente; iv) la doble incriminación de la conducta imputada; v) la existencia de una decisión judicial expedida por autoridad competente con los presupuestos exigidos en la Convención y, vi) que no concurra alguna de las circunstancias que inhiben la procedencia de la solicitud de extradición, señaladas en el artículo 3º de ese Tratado. De manera que si las pruebas refieren a aspectos ajenos al trámite, versan sobre hechos notoriamente superfluos o carecen de utilidad deben ser desestimados». EXTRADICIÓN - Pruebas: identidad del requerido / EXTRADICIÓN - Pruebas: utilidad, no proceden las repetitivas / EXTRADICIÓN - Pruebas: innecesaria, no se ordena su práctica Tesis: «Reclama el defensor que se ordene a las autoridades correspondientes alleguen informe completo con la respectiva prueba pericial de dactiloscopia que permita determinar la plena identidad del requerido. Si bien uno de los aspectos que le corresponde verificar a la Corte para emitir el respectivo concepto es la plena identidad del reclamado, en este caso no resulta necesario practicar pruebas para establecerla, pues en el trámite obran diferentes elementos de juicio que permiten corroborarla. En efecto, vista la documentación aportada por el país requirente y la acopiada en razón del trámite adelantado en el país, se concluye que se tiene información suficiente a fin de determinar si concurre o no el requisito de la plena identidad. Además se cuenta con el dictamen decadactilar realizado por perito forense adscrito a la Policía Nacional, que echa de menos el defensor, razón por la cual no se accederá a su práctica. Por estos motivos, se negará la pretensión de la defensa en este sentido». EXTRADICIÓN - Brasil: equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, sentencia / EXTRADICIÓN - No es un proceso penal / EXTRADICIÓN - Corte: no asume función jurisdiccional sobre responsabilidad del solicitado / EXTRADICIÓN - No define de fondo los temas debatidos al interior del proceso que cursa en el país requirente / EXTRADICIÓN - Pruebas: impertinente, no se ordena su práctica Tesis: «Teniendo en cuenta los parámetros bajo los cuales corresponde adelantar la actividad probatoria en el trámite de extradición, resulta impertinente la postulación que en estos términos formula la defensa de RCDS, pues esos aspectos ninguna relación tienen con las materias que incumben a los fines del concepto a pronunciar por esta Corporación en este asunto. Por otro lado, la pretensión del apoderado no apunta a demostrar una eventual lesión del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento de los principios de cosa juzgada y non bis in ídem, en la medida que refiere a verificar la existencia en el país requirente de otras investigaciones en contra de DS, con la incomprensible aspiración, de que se indague si ese Estado desea requerirlo por esa causa. A la par busca el defensor que se aplique la normatividad del Estado extranjero relativa a la privación de la libertad del condenado cuando no está en firme la sentencia. Cuestiones extrañas y ajenas al trámite que no están dentro de aquellas que deba la Corte examinar a efecto de emitir el respectivo concepto. No debe perder de vista el abogado del reclamado que la competencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de extradición, no es discrecional, vale decir, que no depende del querer o liberalidad de la Corporación adentrarse en el estudio de situaciones de hecho o probatorias, menos aún de la legislación del Estado requirente. Está circunscrita a la verificación objetiva del cumplimiento de los presupuestos convencionales o legales que regulan el pedido de entrega del requerido, lo cual excluye cualquier postulación probatoria ajena a esas exigencias como lo ha dicho de manera reiterada la Corte. Se advierte, por tanto, la impertinencia de las pruebas en estudio, motivo por el cual la decisión que se impone adoptar es la negar su práctica». EXTRADICIÓN - Pruebas: pertinencia / EXTRADICIÓN - Pruebas: conducencia / EXTRADICIÓN - Non bis in ídem / EXTRADICIÓN - Pruebas: la Sala de Casación debe verificar si el requerido fue o está siendo juzgado en Colombia por los mismos hechos y delitos que sustentan la solicitud Tesis: «La pretensión elevada por el defensor del reclamado como por la representante del Ministerio Público en este sentido resulta procedente. Lo anterior, por cuanto en el Tratado que rige entre las partes se prevé como circunstancia que inhibe la extradición que el reclamado haya sido o esté siendo juzgado en el Estado requerido por los mismos hechos por los que se requiere su entrega. Igualmente dentro del trámite de extradición, según se ha decantado en la jurisprudencia , a la Corte le corresponde examinar para emitir el concepto, si no hay afectación de la garantía de cosa juzgada en relación con la persona solicitada, razón por la cual debe verificar que no se haya ejercido jurisdicción respecto del hecho que sustenta el pedido de entrega, pues de así establecerse se configura una causal impeditiva de la extradición. Con ese propósito entonces, y conforme se requiere, se ordenará oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, en orden a que informen si el reclamado RCDS, identificado con tarjeta de identidad de Brasil No. […] y número Nacional de identidad brasileña No. […], también conocido como JTC identificado con la cédula de ciudadanía colombiana No. […], ha sido investigado, juzgado o condenado, en caso afirmativo, se indique la radicación del proceso, los hechos que motivaron la investigación, qué delitos se le imputan. De existir decisiones de fondo se allegue copia con su respectiva constancia de ejecutoria».

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Definición de competencia No. 54470 Juan Carlos Sepúlveda Parra JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA Magistrado ponente AP245-2019 Radicación N° 54470 Aprobado Acta No. 22 Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019). VISTOS Se pronuncia la Sala respecto del incidente de definición de competencia promovido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES 1. El 24 de octubre de 2018, la Fiscalía 61 Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Medellín, radicó en esa ciudad escrito de preacuerdo celebrado con el imputado Juan Carlos Sepúlveda Parra, por el delito de concierto para delinquir agravado. En el mencionado documento se reseñaron, entre otros, los siguientes hechos: « … para mediados del año 2016, por parte de la comisión investigativa contra el crimen organizado CICOR 6 de la DIJIN, mediante información aportada por fuente humana, la cual ponía en conocimiento sobre la existencia de una organización criminal organizada (sic) autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o CLAN DEL GOLFO, sus principales cabecillas, zona de injerencia y posibles abonados telefónicos así como de mensajería instantánea (BlackBerry Messenger), se da inicio a un proceso investigativo bajo el numero único de noticia criminal N.U.N.C 0500160990292016-00036, por el delito de Concierto para Delinquir Agravado.

(…) Una de las personas de las que se logró precisar su participación en la estructura criminal es el señor JUAN CARLOS SEPULVEDA PARRA alias EL GORDO, de quien se consiguió declaraciones, interrogatorios a indiciado, reconocimientos fotográficos y en banco de imágenes, interceptaciones telefónicas al jefe o cabecilla de esta estructura delictiva, búsqueda selectiva en base de datos, de donde se puede inferir su probable participación en la organización criminal y donde se indica que es el encargado de la realización de homicidios, o transportar las armas con las cuales se van a cometer estos, y el tráfico de sustancias estupefacientes, además de realizar otras actividades de interés para la organización. Función en la que se desempeña desde el año 2016 hasta la fecha de su captura en el Sur oeste de Antioquia, especialmente en el municipio de Hispania Antioquia y sectores aledaños.

Como puede observarse, ésta persona sabía que se concertaba desde el año 2016 con otras personas, para la ejecución de diferentes conductas delictivas como homicidios, porte de armas de fuego, desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes, extorsiones, entre otras conductas delictivas, en el municipio de Hispania, y Tapartó y otros lugares aledaños y así quiso hacerlo.

Con su conducta puso en peligro el bien jurídico de la seguridad pública sin tener justa causa y además para el momento de ejecución de la conducta contaba con capacidad de comprender la ilicitud de la misma, tenía la posibilidad de determinarse conforme a esa comprensión y la posibilidad de actuar conforme a derecho, más se apartó del comportamiento ajustado a la ley, sin que lo ampare causal de inculpabilidad.

La conducta del citado ciudadano, se corresponde con el desarrollo de la hipótesis delictiva contemplada en el artículo 340-2 del CP., conducta denominada Concierto para Delinquir Agravado, que tiene pena de 8 a 18 años de Prisión y una multa de 2.700 a 30.000 SMLMV. 2. Formalizado el respectivo reparto, la actuación correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, el cual, mediante auto de 11 de diciembre de 2018 declaró su falta de competencia por factor territorial, porque los hechos materia de juzgamiento ocurrieron en diferentes municipios del departamento de Antioquia; supuesto que consideró trascendental para que se asigne el conocimiento de este asunto al Juzgado Especializado de ese circuito judicial.

Finalmente, en atención a lo ordenado en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, dispuso la remisión de la actuación a la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERACIONES 1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver, pues el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 le atribuye «la definición de competencia cuando se trate de (…) juzgados de diferentes distritos». 2.

Como se ha precisado en múltiples oportunidades, el incidente de definición de competencia es un mecanismo ágil y expedito que permite al superior funcional, en caso de debate frente a ese presupuesto procesal, determinar cuál funcionario judicial debe ocuparse de la actuación. En consecuencia, cuando el juzgador estima no ser competente y le atribuye el caso a un servidor judicial de un distrito diferente, la controversia debe resolverse por el superior común de los dos despachos, al cual debe enviarse inmediatamente el diligenciamiento. 3.

El artículo 43 ejusdem, en relación con el juez que debe cumplir con el juzgamiento, prevé: Es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito. –Subrayado fuera de texto-. Cuando no fuere posible determinar el lugar de ocurrencia del hecho, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente en audiencia de formulación de acusación. Adicionalmente, el artículo 52 ibídem respecto de los delitos conexos, señala lo siguiente: Cuando deban juzgarse delitos conexos conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto; si corresponden a la misma jerarquía será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave; donde se haya realizado el mayor número de delitos; donde se haya producido la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación. –Subrayado fuera de texto-.

Cuando se trate de conexidad entre delitos de competencia del juez penal de circuito especializado y cualquier otro funcionario judicial corresponderá el juzgamiento a aquel. 4. En este asunto se atribuye a Juan Carlos Sepúlveda Parra, el delito de concierto para delinquir agravado, previsto en el artículo 340 inciso 2° del Código Penal, por lo cual no existe discusión en cuanto a la competencia funcional.

Lo anterior, pues su asignación especial a los Jueces Penales de Circuito Especializados deriva del numeral 17 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004. La competencia de orden territorial, por su parte, se enmarca en el supuesto del artículo 43 antes citado, que establece que si el hecho se hubiere realizado en varios lugares, conocerá el juez de conocimiento del lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. 5.

Para el caso, si bien el Fiscal radicó el escrito de preacuerdo en la ciudad de Medellín, a partir del contenido fáctico no hay ninguna relación con ese distrito, pues en el convenio celebrado se indica que el delito concierto para delinquir agravado se cometió en varios lugares del territorio Antioqueño, concretamente en Hispania y Tapartó, los cuales son, respectivamente, municipio y corregimiento de Andes, circuito judicial perteneciente al distrito judicial de Antioquia. 6.

Acorde con esa precisión, se asignará la etapa de conocimiento al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Antioquia, pues tiene la competencia territorial dentro del circuito judicial en el cual se suscitó el hecho; sin que se advierta razón plausible que amerite su asignación al homólogo de Medellín. Para ese efecto, se ordenará remitir inmediatamente la actuación. Adicionalmente, se verifica en la carpeta que el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Medellín, informó que el proceso matriz (050016099029-2016-00036) al cual estaba sujeto el presente asunto, antes de la ruptura de unidad procesal; se remitió por competencia (lugar de los hechos), con destino al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Antioquia; lo cual es coherente con la determinación de este auto.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero.- Asignar el conocimiento del asunto al Juez Penal del Circuito Especializado de Antioquia (Reparto), al cual se ordena enviar inmediatamente el diligenciamiento. Segundo.- Infórmese de esta decisión al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, y a todos los intervinientes en este trámite procesal.

Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Comuníquese y cúmplase. EYDER PATIÑO CABRERA JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO Nubia Yolanda Nova García Secretaria � Folio 11. 1 PAGE 8