AP1719-2025(64665) — Corte Suprema

AP1719-2025(64665)Corte Suprema de Justicia · Sala Penal2025

Magistrado ponente: Hugo Quintero Bernate

Ley 2213 de 2022Ley 527 de 1999Ley 600 de 2000Ley 906 de 2004

De qué trata

Tema: DEBIDO PROCESO - Estructura procesal: antecedente, consecuente / NULIDAD - Actos procesales: sólo los que constituyan parte esencial de la estructura del proceso, tienen ejecutoria material y son presupuesto de las actuaciones procesales subsiguientes / NOTIFICACIÓN - En estrados / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Audiencia de lectura de fallo: es de obligatorio cumplimiento / DEBIDO PROCESO - Se vulnera: cuando no se realiza la audiencia de lectura de fallo / DOBLE CONFORMIDAD - Impugnación especial: nulidad, decreto de oficio / NULIDAD - Debido proceso: se configura / NULIDAD - Indebida notificación: se configura / NOTIFICACIÓN PERSONAL - Formas de efectuarla: medio electrónico, es diferente a la notificación en estrados / SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Notificaciones, citaciones y comunicaciones: la Ley 2213 de 2022 no derogó el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 / DOBLE CONFORMIDAD - Impugnación especial: Corte Suprema de Justicia, ordena convocar a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo Tesis: «En el presente asunto la Sala no resolverá la impugnación especial porque se verifica el incumplimiento de presupuestos legales que afectan la estructura del debido proceso en aspectos sustanciales y que obligan la declaratoria de nulidad de la actuación conforme lo establece el artículo 457 del CPP/2004. La Sala recuerda, tal y como lo hizo en el auto AP6673-2024 (65711), que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29 C.Pol.), erigiéndose como garantía y derecho fundamental, así reconocido en instrumentos de derecho internacional integrados al ordenamiento jurídico nacional por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 ibidem). En materia procesal penal, el artículo 6 del CPP/2004 consagra que nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos y «con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio». El proceso penal tiene una estructura formal y otra conceptual. La primera, relacionada con el principio antecedente-consecuente hace referencia al conjunto o sucesión escalonada y consecutiva de actos con carácter preclusivo regidos por la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico-jurídica. La segunda concierne al carácter progresivo y vinculante del objeto del proceso para determinar la responsabilidad predicable del sujeto a quien se atribuye la ejecución de la conducta con relevancia jurídico-penal. En ese sentido, se vulnera el debido proceso cuando se omite “un acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito sine qua non para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin que cumpla los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia”. Para declarar la nulidad de un acto se deben comprobar los yerros de estructura o de garantía insalvables que conllevan a que la actuación pierda validez formal y material. De otra parte, la jurisprudencia ha considerado que si bien es cierto la Ley 906 de 2004 no contiene una regulación expresa de los parámetros para solicitar y decretar las nulidades procesales, a diferencia de lo previsto en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, ello no implica que hayan desaparecido los principios que la rigen. Por consiguiente, se debe constatar en un caso concreto la satisfacción de los principios de convalidación, protección, instrumentalidad de las formas, trascendencia y residualidad. Para efectos de resolver el presente asunto, referirá la Sala las normas que regulan la notificación de las providencias en el CPP/2004 y su correcta interpretación conforme el principio de oralidad que caracteriza el Sistema Penal Acusatorio. El artículo 179 del CPP/2004 regula el trámite del recurso de apelación contra sentencias y dispone que una vez adoptada la decisión por el Tribunal Superior del Distrito Judicial “la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes”. La anterior disposición se encuentra estrechamente ligada con el artículo 183 del mismo ordenamiento que consagra la oportunidad para interponer el recurso de casación “ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos […]”. Cuando el artículo 183 del CPP/2004 expone “la última notificación”, hace referencia precisamente a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, como quiera que se notifican las sentencias y los autos (artículo 168 CPP/2004) y la esencia del Sistema Penal Acusatorio está dada por la oralidad (artículos 9 y 10 como principios rectores y 145, 147, 179 inciso final, entre otros del CPP/2004). En concordancia con el principio de la oralidad, el artículo 169 ibidem establece: “Por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados. En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación. De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. [...] [...] las notificaciones de las sentencias se realizan en estrados, lo que obliga al funcionario judicial (Jueces o Magistrados) a convocar a la audiencia y a las partes e intervinientes a acudir a las mismas cuando sean citados. Ahora, cuando un procesado se encuentra privado de la libertad, tal condición no exime al funcionario judicial de realizar la notificación por estrado de la sentencia. La sentencia queda notificada en la audiencia, en tal caso debe remitírsele copia de la misma al privado de la libertad. Así se desprende del mismo mandato legal cuando refiere que “las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia”. Esa comunicación que debe enviarse no suple la notificación, la complementa. Se realiza para facilitar el ejercicio de la defensa material a quién la asume desde las limitaciones de su libertad restringida. En todo caso, es del texto natural de la norma que la providencia se ha notificado en la audiencia en estrados. Recuérdese que respecto de los privados de la libertad pueden presentarse dos situaciones: La primera, que asista a la audiencia físicamente o que lo haga virtualmente; en el primer evento queda notificado de manera inmediata en estrados donde debe entregársele copia de la decisión (a él directamente o, si así lo desea, a su defensor); en el segundo evento, también queda notificado en estrados pues asistió y se enteró de la decisión, pero en este caso debe enviársele copia de la decisión al establecimiento de reclusión (puede ser virtualmente, lo importante es que el centro de reclusión se la entregue), como quiera que es un derecho tener copia de la providencia y un deber de los funcionarios judiciales garantizarlo. La segunda, que el procesado privado de la libertad voluntariamente decida no asistir a la audiencia de lectura de fallo porque así lo ha manifestado al funcionario judicial; en este evento, la providencia también queda notificada en estrados e igualmente se le comunicará al establecimiento de reclusión enviándole copia de la misma. En esa específica situación, de esa comunicación no dependen los términos que se contabilizan a partir de la notificación. Al ser una decisión voluntaria adoptada a ciencia y paciencia por el procesado no puede tener ninguna incidencia de obstaculización para la Administración de Justicia ni para modificar los términos para interponer los recursos que recuérdese, corren por virtud de la ley. Otra situación es la que ocurre cuando las partes o intervinientes no puedan concurrir a la audiencia por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, eventos en los cuales deben justificar la ausencia y “la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación”. Si fue el recluso quien no pudo concurrir a la audiencia por cuestiones inherentes al Estado, la comunicación y el envío de la providencia se constituyen en la forma de notificación, pues es claro que no puede imputársele al privado de la libertad negligencia en la inasistencia, pero estos casos son excepcionales y se justifican para no vulnerar los derechos del procesado. Estas pautas han sido fijadas por la Sala de antaño, pues obedecen a la dinámica propia del Sistema Penal Acusatorio. [...] [...] Las normas transcritas parten de un supuesto fundamental a saber, que las partes (incluyendo el privado de la libertad) e intervinientes deben ser citados correctamente a la audiencia de lectura de fallo donde se notifica la providencia en estrados. Precisamente la errada citación o la omisión en la realización de la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, genera una ruptura sustancial en la estructura del proceso pues resultan quebrantadas las bases propias del sistema de las notificaciones y de los términos procesales que de aquellas se derivan. La audiencia de lectura de fallo de segunda instancia es de obligatorio cumplimiento no solo porque está consagrada en la ley como un deber, no como potestad. Tal como lo manda el inciso final del artículo 179 CPP/2004 el “fallo será leído en audiencia”. Es aquí donde se expresa uno de los más importantes principios del Sistema Penal Acusatorio, el de la publicidad. En una democracia participativa como la que estructura el Estado Colombiano, un Juez leyendo su decisión de cara al procesado al que ha absuelto o condenado, frente a las víctimas y a todos los sujetos procesales e intervinientes, no solo cumple con el mandato legal que a ello lo obliga Artículo 179 sino que realiza el valor simbólico del principio de publicidad que es uno de los fundamentos filosóficos del Sistema Acusatorio, que le garantiza a todos los asociados enterarse de las decisiones de los Jueces y controlar su motivación como valor que justifica democráticamente fallos judiciales. Obrar en contrario de ello, como ocurrió aquí, contradice manifiestamente ese deber y restringe el derecho de las asociados a conocer los fallos judiciales en un acto que por definición debe ser abierto y público. Así realizada la audiencia en la forma y términos que lo manda la norma Artículo 179 C.P.P. se inicia la contabilización de los términos para interponer el recurso (5 después de la audiencia -última notificación) y para la presentación de la demanda (30 días después de vencidos los 5 de interposición del recurso). En este asunto particular, no se realizó la audiencia de lectura de fallo a la que se estaba obligado por ley. En su lugar la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Buga, resolvió: “Notificar por secretaría de la Sala Penal de esta Corporación la presente decisión por el medio excepcional previsto en el inciso 3 del artículo 169 de la Ley 906 de 2004, expresándole a las partes que contra la misma procede el recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el art 181 ibidem”. Al no motivar la razón por la cual decidió utilizar el medio excepcional de notificación dispuesto en el artículo 169 CPP/2004 , el Tribunal actuó en contravía de lo que le ordenaba la ley. Recuérdese que para el 28 de junio de 2023 había desaparecido la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y el Acuerdo PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura no tenía vigencia. Ahora, la secretaría del Tribunal de Buga realizó las comunicaciones por correo electrónico argumentando que “En atención al artículo 8, parágrafo 3º de la Ley 2213 de 2.022, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DEL MENSAJE”. Sin embargo, esa forma de actuar desconoció por completo que el artículo 7º de la misma normatividad establece en concreto que “Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos” y que “Las audiencias y diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación serán presididas por el ponente, y a ellas deberán concurrir la mayoría de los magistrados que integran la sala, so pena de nulidad”. Se reitera, como de igual forma se hizo en el auto AP6673-2024 (65711), que cuando es la ley la que establece los términos judiciales para cada caso concreto, como acaece en el presente evento donde el artículo 183 del CPP/2004 consagra de manera clara e inconfundible que el recurso de casación se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación por estrados en la audiencia de lectura de fallo y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda, no pueden los funcionarios judiciales omitir esa forma de notificación. En este asunto era obligatorio que el Magistrado Ponente convocara la audiencia de lectura de fallo de manera presencial o virtual. Para la Sala es claro que el Tribunal Superior de Buga incurrió en una irregularidad sustancial que afecta la estructura del debido proceso previsto en la Ley 906 de 2004, desnaturalizando la esencia del trámite de notificación por estrado de las sentencias de segunda instancia, conforme a los principios de oralidad y publicidad fundantes del sistema de enjuiciamiento criminal, sobre los cuales es abundante la jurisprudencia de esta Corporación. La falencia por ser de estructura no es subsanable sino mediante la declaratoria de nulidad que implica rehacer la actuación viciada. En caso de que los procesados aún se encuentren privados de la libertad, deberá citárseles para que las hagan comparecer personalmente o por medio virtual, pues sin perjuicio de lo explicado, cabe agregar, nada se opone a que dicha audiencia se realice ya sea de manera presencial o a través de medios tecnológicos, conforme hoy lo establece la Ley 2213 de 2022, en tanto lo relevante es que la diligencia se lleve a cabo y se cumpla el objeto de publicidad de la decisión que habilita la oportunidad para interponer el recurso extraordinario. En consecuencia, se declarará la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 28 de junio de 2023, con la finalidad de que esa instancia judicial proceda de manera URGENTE, a convocar a partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo (presencial o virtual) de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004. Para este efecto se otorgará un plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días, contados a partir de que se les comunique la presente decisión».

HUGO QUINTERO BERNATE Magistrado Ponente AP1719-2025 Radicado 64665 Aprobado Acta Nro. 060 Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticinco (2025). I. VISTOS Sería del caso estudiar los requisitos de admisión de la demanda de casación presentada por el defensor de MARCO TULIO REYES APARICIO, contra la sentencia del 28 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga que confirmó la condena proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Buenaventura el 28 de octubre de 2021, si no fuera porque la Sala advierte irregularidad en el trámite procesal, que obliga la invalidación parcial de lo actuado.

CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 2 II. ACTUACION PROCESAL 3.1. El 30 de agosto de 2019 en el Juzgado 2º Penal Municipal de Garantías de Buenaventura se imputó a MARCO TULIO REYES APARICIO, y a otras personas, los delitos de contrabando, usurpación de derechos de propiedad industrial y concierto para delinquir (artículos 319, 306 y 340 CP). 3.2.

El 27 de diciembre de 2019 se presentó preacuerdo donde los imputados aceptaron los cargos y en contraprestación y, solo con fines punitivos, se les reconocía la calidad de cómplices. El 9 de marzo de 2020 en el Juzgado 4º Penal del Circuito de Buenaventura se avaló el preacuerdo y en sentencia del 28 de octubre de 2021 se condenó a MARCO TULIO REYES APARICIO a la pena principal de 66 de prisión y se le negó la prisión domiciliaria.

El defensor de los condenados YESSICA JARAMILLO VELÁSQUEZ interpuso el recurso de apelación. También resultaron condenados ERICA MARCELA SUAREZ ESTRADA, JOSÉ ANGULO CAICEDO Y ANGELA LORENA PINILLO VALENCIA. 3.3. El 28 de junio de 2023 el Tribunal confirmó el fallo y resolvió: “Notificar por secretaría de la Sala Penal de esta Corporación la presente decisión por el medio excepcional previsto en el CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 3 inciso 3 del artículo 169 de la Ley 906 de 2004, expresándole a las partes que contra la misma procede el recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el art 181 ibidem”.

(subrayado fuera del texto legal) 3.4. El 30 de junio de 2023 se remitió la sentencia a los siguientes correos electrónicos: “jessica.j26@hotmail.com; juanca1895@hotmail.com; jhoncaicedoa1979@gmail.com; Aderson Aleximandro Guzman Chavez; Juzgado 04 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Valle Del Cauca – Buenaventura; Elizabeth Quezada Hinestroza;

Daniel Gerardo Lopez Narvaez dglopez@procuraduria.gov.co (sic)”. 3.5. El mismo día se envió el siguiente correo: “Señores JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BUENAVENTURA Buenaventura, Valle del Cauca COMISION PARA NOTIFICACION Radicación: 76-109-6000-164-2017-01602-01- (AC-281-23) Procesados: YESICA JARAMILLO VELASQUEZ - MARCO TULIO REYES APARICIO Delitos: CONTRABANDO Y OTROS. ordial (sic.) saludo, Mediante el presente, se notifica la SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA, aprobado según Acta No. 244, presidida en sala, por el MP.

DR. JUAN CARLOS SANTACRUZ LÓPEZ, el cual, Resuelve: "( )

PRIMERO: CONFIRMAR en lo que fue motivo de impugnación la sentencia condenatoria No. 013 dictada el día 28 de octubre de 2.021, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura en contra de MARCO TULIO REYES APARICIO y YESSICA JARAMILLO VELÁSQUEZ, dentro del proceso de la referencia, acorde con lo expuesto ut supra. mailto:juanca1895@hotmail.com mailto:dglopez@procuraduria.gov.co CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 4 SEGUNDO: Notificar por secretaría de la Sala Penal de esta Corporación la presente decisión por el medio excepcional previsto en el inciso 3 del artículo 169 de la Ley 906 de 2004, expresándole a las partes que contra la misma procede el recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el art 181 ibidem.

( )” 3.6. El 13 de septiembre de 2022 se dejó la siguiente constancia secretarial: “En atención al artículo 8, parágrafo 3º de la Ley 2213 de 2.022, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DEL MENSAJE. Como quiera que la notificación de la sentencia aprobada por acta n.° 244 del 28 de junio de 2023, se surtió efectivamente el seis (06) de julio de 2.0232, conforme a lo ordenado por el artículo 183 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 98 de la ley 1395 de 2010, a partir del viernes siete (07) de julio de 2.023, empieza a correr el término COMÚN DE CINCO (5) DÍAS para que los sujetos procesales, INTERPONGAN EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN y presenten la demanda dentro de los 30 días siguientes”. 3.7.

El 14 de julio de 2023 se corrió traslado por 30 días para “presentar la demanda de casación, teniendo en cuenta que la defensa, dentro del término legal interpuso el Recurso extraordinario de casación”. 3.8. El 29 de agosto de 2023 el defensor presentó la demanda y por auto del 1º de septiembre de 2023 el Magistrado Ponente concedió el recurso y ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. III.

CONSIDERACIONES CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 5 En el presente asunto la Sala no resolverá la impugnación especial porque se verifica el incumplimiento de presupuestos legales que afectan la estructura del debido proceso en aspectos sustanciales y que obligan la declaratoria de nulidad de la actuación conforme lo establece el artículo 457 del CPP/2004.

La Sala recuerda, tal y como lo hizo en el auto AP6673- 2024 (65711), que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (artículo 29 C.Pol.), erigiéndose como garantía y derecho fundamental, así reconocido en instrumentos de derecho internacional1 integrados al ordenamiento jurídico nacional por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 ibidem).

En materia procesal penal, el artículo 6° del CPP/2004 consagra que nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos y «con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio». El proceso penal tiene una estructura formal y otra conceptual. La primera, relacionada con el principio antecedente-consecuente hace referencia al conjunto o sucesión escalonada y consecutiva de actos con carácter preclusivo regidos por la ley procesal, los cuales lo integran como unidad dentro del marco de una secuencia lógico- 1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8;

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXVI; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14; y Carta Internacional de Derechos Humanos, artículo 10. CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 6 jurídica. La segunda concierne al carácter progresivo y vinculante del objeto del proceso para determinar la responsabilidad predicable del sujeto a quien se atribuye la ejecución de la conducta con relevancia jurídico-penal. 2 En ese sentido, se vulnera el debido proceso cuando se omite “un acto procesal expresamente señalado por la ley como requisito sine qua non para adelantar el subsiguiente, o llevarlo a cabo sin que cumpla los requisitos sustanciales inherentes a su validez o eficacia”.3 Para declarar la nulidad de un acto se deben comprobar los yerros de estructura o de garantía insalvables que conllevan a que la actuación pierda validez formal y material.

De otra parte, la jurisprudencia ha considerado que si bien es cierto la Ley 906 de 2004 no contiene una regulación expresa de los parámetros para solicitar y decretar las nulidades procesales, a diferencia de lo previsto en el artículo 310 de la Ley 600 de 2000, ello no implica que hayan desaparecido los principios que la rigen. Por consiguiente, se debe constatar en un caso concreto la satisfacción de los 2 CSJ SP4251-2019 (51167), entre otras. 3 CSJ SP10400-2014, 05 ago. 2014, Rad. 42495.

CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 7 principios de convalidación4, protección5, instrumentalidad de las formas6, trascendencia7 y residualidad8. Para efectos de resolver el presente asunto, referirá la Sala las normas que regulan la notificación de las providencias en el CPP/2004 y su correcta interpretación conforme el principio de oralidad que caracteriza el Sistema Penal Acusatorio.

El artículo 179 del CPP/2004 regula el trámite del recurso de apelación contra sentencias y dispone que una vez adoptada la decisión por el Tribunal Superior del Distrito Judicial “la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes”. La anterior disposición se encuentra estrechamente ligada con el artículo 183 del mismo ordenamiento que consagra la oportunidad para interponer el recurso de casación “ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda que de manera precisa y concisa señale las causales invocadas y sus fundamentos […]”. 4 Las irregularidades pueden convalidarse con el consentimiento expreso o tácito del sujeto perjudicado. 5 El sujeto procesal que con su conducta no haya dado lugar a la configuración del vicio, es el único que lo puede alegar, salvo que se trate de ausencia de defensa técnica. 6 Como las formas no son un fin en sí mismo, siempre que se cumpla con el propósito que la regla de procedimiento pretendía proteger, no habrá lugar a la declaración de la nulidad. 7 La magnitud del defecto debe tener incidencia en el sentido final de la decisión o la actuación judicial. 8 La declaratoria de nulidad debe ser el único remedio procesal para superar el yerro detectado.

CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 8 Cuando el artículo 183 del CPP/2004 expone “la última notificación”, hace referencia precisamente a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, como quiera que se notifican las sentencias y los autos (artículo 168 CPP/2004) y la esencia del Sistema Penal Acusatorio está dada por la oralidad (artículos 9 y 10 como principios rectores y 145, 147, 179 inciso final, entre otros del CPP/2004).

En concordancia con el principio de la oralidad, el artículo 169 ibidem establece: “Por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados. En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito.

En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación. De manera excepcional procederá la notificación mediante comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las partes. Si el imputado o acusado se encontrare privado de la libertad, las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia. Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del término legal deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren vocación de impugnación.” (subrayados fuera de la norma) La norma transcrita es clara en regular que las notificaciones de las sentencias se realizan en estrados, lo que obliga al funcionario judicial (Jueces o Magistrados) a CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 9 convocar a la audiencia y a las partes e intervinientes a acudir a las mismas cuando sean citados.

Ahora, cuando un procesado se encuentra privado de la libertad, tal condición no exime al funcionario judicial de realizar la notificación por estrado de la sentencia. La sentencia queda notificada en la audiencia, en tal caso debe remitírsele copia de la misma al privado de la libertad. Así se desprende del mismo mandato legal cuando refiere que “las providencias notificadas en audiencia le serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la respectiva constancia”.

Esa comunicación que debe enviarse no suple la notificación, la complementa. Se realiza para facilitar el ejercicio de la defensa material a quién la asume desde las limitaciones de su libertad restringida. En todo caso, es del texto natural de la norma que la providencia se ha notificado en la audiencia en estrados. Recuérdese que respecto de los privados de la libertad pueden presentarse dos situaciones: La primera, que asista a la audiencia físicamente o que lo haga virtualmente; en el primer evento queda notificado de manera inmediata en estrados donde debe entregársele copia de la decisión (a él directamente o, si así lo desea, a su defensor); en el segundo evento, también queda notificado en estrados pues asistió y se enteró de la decisión, pero en este caso debe enviársele copia de la decisión al establecimiento de reclusión (puede ser virtualmente, lo importante es que el CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 10 centro de reclusión se la entregue), como quiera que es un derecho tener copia de la providencia y un deber de los funcionarios judiciales garantizarlo.

La segunda, que el procesado privado de la libertad voluntariamente decida no asistir a la audiencia de lectura de fallo porque así lo ha manifestado al funcionario judicial; en este evento, la providencia también queda notificada en estrados e igualmente se le comunicará al establecimiento de reclusión enviándole copia de la misma. En esa específica situación, de esa comunicación no dependen los términos que se contabilizan a partir de la notificación. Al ser una decisión voluntaria adoptada a ciencia y paciencia por el procesado no puede tener ninguna incidencia de obstaculización para la Administración de Justicia ni para modificar los términos para interponer los recursos que recuérdese, corren por virtud de la ley.

Otra situación es la que ocurre cuando las partes o intervinientes no puedan concurrir a la audiencia por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, eventos en los cuales deben justificar la ausencia y “la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación”. Si fue el recluso quien no pudo concurrir a la audiencia por cuestiones inherentes al Estado, la comunicación y el envío de la providencia se constituyen en la forma de notificación, pues es claro que no puede imputársele al privado de la libertad negligencia en la inasistencia, pero estos casos son CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 11 excepcionales y se justifican para no vulnerar los derechos del procesado.

Estas pautas han sido fijadas por la Sala de antaño, pues obedecen a la dinámica propia del Sistema Penal Acusatorio. Fíjese que en sentencia del 6 de febrero de 2013 (38975) se consideró: “La precisión, entonces, apunta a que cuando se trate de un sindicado detenido en una cárcel, cuando quiera que se convoque una audiencia para enterar una decisión, aquel solamente puede tenerse como debidamente notificado en estrados, siempre y cuando su remisión hubiere sido solicitada en forma oportuna y se constate que su no presencia obedeció exclusivamente a su voluntad y no a la actuación del Estado, entendido este como jueces, fiscales, autoridades carcelarias, que tienen la carga de trasladar al recluso al estrado judicial.

Lo anterior, en el entendido de que el detenido tenga vocación de impugnación, como evidentemente acontece cuando se trata de la notificación de la sentencia de segunda instancia, como que el acusado, si bien no está facultado para presentar demanda de casación, sí lo está para interponer el respectivo recurso. La solución no es la misma cuando el recluso carezca de tal vocación, como sucede, por vía de ejemplo, con la notificación del fallo de casación, pues contra el mismo no procede ningún medio de gravamen.

En el último supuesto, la ausencia del acusado (así sea abonable a la poca diligencia estatal) resultaría inane, intrascendente. 3. Con ese entendimiento, que surge de los mandatos señalados, se tiene que las reglas del artículo 169 procesal de tener por notificada en estrados la decisión, parten de la exigencia necesaria de la citación oportuna y de que la parte pudiese ejercer su voluntad de asistir o no. Tanto ello es así, que la norma y la jurisprudencia reseñada admiten la posibilidad de que la decisión no se tenga por notificada cuando el sujeto procesal justifique su ausencia por caso fortuito o fuerza mayor, y sin necesidad de entrar en disquisiciones sobre el alcance de estos institutos, no admite discusión que para el recluso resulta ajeno a su voluntad salir CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 12 del centro reclusorio si las autoridades se lo impiden o no le habilitan el camino para hacerlo. 4.

En el evento en que el detenido con vocación de impugnación no pueda asistir a la audiencia, la comunicación dirigida al centro carcelario para enterarlo de la providencia deja de tener connotación de simple acto de comunicación, para convertirse en uno de notificación, y de resultar este el último trámite de enteramiento, a partir del mismo comienzan a contabilizarse los plazos legales.

En este supuesto no se trata de que se admitan ejecutorias parciales, sino que por las específicas circunstancias del caso se está ante una especie de notificación mixta (en estrados para quienes, citados oportunamente, se hicieron o no presentes en el acto) y personal respecto del sindicado detenido en centro carcelario, quien teniendo vocación de impugnación no pudo salir del establecimiento por circunstancias ajenas a él. En tal caso, los plazos de ley se contabilizan a partir del último acto válido de notificación”.

Las normas transcritas parten de un supuesto fundamental a saber, que las partes (incluyendo el privado de la libertad) e intervinientes deben ser citados correctamente a la audiencia de lectura de fallo donde se notifica la providencia en estrados. Precisamente la errada citación o la omisión en la realización de la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia, genera una ruptura sustancial en la estructura del proceso pues resultan quebrantadas las bases propias del sistema de las notificaciones y de los términos procesales que de aquellas se derivan.

La audiencia de lectura de fallo de segunda instancia es de obligatorio cumplimiento no solo porque está consagrada en la ley como un deber, no como potestad. CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 13 Tal como lo manda el inciso final del artículo 179 CPP/2004 el “fallo será leído en audiencia”.

Es aquí donde se expresa uno de los más importantes principios del Sistema Penal Acusatorio, el de la publicidad. En una democracia participativa como la que estructura el Estado Colombiano, un Juez leyendo su decisión de cara al procesado al que ha absuelto o condenado, frente a las víctimas y a todos los sujetos procesales e intervinientes, no solo cumple con el mandato legal que a ello lo obliga —Artículo 179— sino que realiza el valor simbólico del principio de publicidad que es uno de los fundamentos filosóficos del Sistema Acusatorio, que le garantiza a todos los asociados enterarse de las decisiones de los Jueces y controlar su motivación como valor que justifica democráticamente fallos judiciales.

Obrar en contrario de ello, como ocurrió aquí, contradice manifiestamente ese deber y restringe el derecho de las asociados a conocer los fallos judiciales en un acto que por definición debe ser abierto y público. Así realizada la audiencia en la forma y términos que lo manda la norma —Artículo 179 C.P.P— se inicia la contabilización de los términos para interponer el recurso (5 después de la audiencia -última notificación) y para la presentación de la demanda (30 días después de vencidos los 5 de interposición del recurso).

En este asunto particular, no se realizó la audiencia de lectura de fallo a la que se estaba obligado por ley. En su CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 14 lugar la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Buga, resolvió: “Notificar por secretaría de la Sala Penal de esta Corporación la presente decisión por el medio excepcional previsto en el inciso 3 del artículo 169 de la Ley 906 de 2004, expresándole a las partes que contra la misma procede el recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el art 181 ibidem”.

Al no motivar la razón por la cual decidió utilizar el medio excepcional de notificación dispuesto en el artículo 169 CPP/2004, el Tribunal actuó en contravía de lo que le ordenaba la ley. Recuérdese que para el 28 de junio de 2023 había desaparecido la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y el Acuerdo PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura no tenía vigencia. Ahora, la secretaría del Tribunal de Buga realizó las comunicaciones por correo electrónico argumentando que “En atención al artículo 8, parágrafo 3º de la Ley 2213 de 2.022, la notificación se entenderá realizada una vez transcurridos DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DEL MENSAJE”.

Sin embargo, esa forma de actuar desconoció por completo que el artículo 7º de la misma normatividad establece en concreto que “Las audiencias deberán realizarse utilizando los medios tecnológicos” y que “Las audiencias y diligencias que se deban adelantar por la sala de una corporación serán presididas por el ponente, y a ellas deberán concurrir la mayoría de los magistrados que integran la sala, so pena de nulidad”.

CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 15 Se reitera, como de igual forma se hizo en el auto AP6673-2024 (65711), que cuando es la ley la que establece los términos judiciales para cada caso concreto, como acaece en el presente evento donde el artículo 183 del CPP/2004 consagra de manera clara e inconfundible que el recurso de casación se interpondrá ante el Tribunal dentro de los cinco (5) días siguientes a la última notificación –por estrados en la audiencia de lectura de fallo— y en un término posterior común de treinta (30) días se presentará la demanda, no pueden los funcionarios judiciales omitir esa forma de notificación. En este asunto era obligatorio que el Magistrado Ponente convocara la audiencia de lectura de fallo de manera presencial o virtual.

Para la Sala es claro que el Tribunal Superior de Buga incurrió en una irregularidad sustancial que afecta la estructura del debido proceso previsto en la Ley 906 de 2004, desnaturalizando la esencia del trámite de notificación por estrado de las sentencias de segunda instancia, conforme a los principios de oralidad y publicidad fundantes del sistema de enjuiciamiento criminal, sobre los cuales es abundante la jurisprudencia de esta Corporación. La falencia por ser de estructura no es subsanable sino mediante la declaratoria de nulidad que implica rehacer la actuación viciada.

En caso de que los procesados aún se encuentren privados de la libertad, deberá citárseles para que las hagan CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 16 comparecer personalmente o por medio virtual, pues sin perjuicio de lo explicado, cabe agregar, nada se opone a que dicha audiencia se realice ya sea de manera presencial o a través de medios tecnológicos, conforme hoy lo establece la Ley 2213 de 2022, en tanto lo relevante es que la diligencia se lleve a cabo y se cumpla el objeto de publicidad de la decisión que habilita la oportunidad para interponer el recurso extraordinario.

En consecuencia, se declarará la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 28 de junio de 2023, con la finalidad de que esa instancia judicial proceda de manera URGENTE, a convocar a partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo (presencial o virtual) de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004.

Para este efecto se otorgará un plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días, contados a partir de que se les comunique la presente decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE Primero. DECLARAR la nulidad de la actuación procesal a partir de los trámites de notificación de la CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 17 sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el 28 de junio de 2023.

Segundo. Devolver las diligencias a esa instancia judicial con el fin de que proceda con CARÁCTER URGENTE a convocar a las partes e intervinientes a la audiencia de lectura de fallo de segunda instancia de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 179 de la Ley 906 de 2004. Para este efecto se otorgará un plazo perentorio de quince (15) días contados a partir de que se les comunique la presente decisión. Contra esta determinación no procede recurso alguno. Comuníquese y cúmplase.

Presidenta de la Sala CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 18 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999 Código de verificación: F6DC0356E722D6DC3A2A0443C606BA969EB2C340DDCA2004EC49D51EDC5F4227 Documento generado en 2025-04-01 CUI 76109600016420170160201 Número Interno 64665 Casación Marco Tulio Reyes Aparicio y otros 19