CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-06 V.00 GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente AL976-2023 Radicación n. °97290 Acta 11 Barranquilla - Atlántico, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala sobre el conflicto de competencia suscitado entre el JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA y el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C., dentro del proceso ordinario laboral promovido por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A contra RAÚL ALONSO TORO GUTIÉRREZ.

I.

ANTECEDENTES La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a través de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva laboral en contra de Raúl Alonso Toro Gutiérrez, a fin de que se libre mandamiento de pago a su favor por las sumas de dinero adeudadas por Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 2 concepto de cotizaciones pensionales obligatorias, en su calidad de empleador de los señores John Wilmar Pérez Moreno, Francisco Julián Diez Pulgarín, José Heriberto Nieto López, Víctor Alfonso Gómez González, William Isaza Grisales, Arnoldo Gómez González, por períodos comprendidos entre septiembre 2007 hasta julio 2013; los intereses moratorios, las costas y agencias en derecho del proceso.

Como sustento de sus pretensiones sostuvo que, los empleados previamente relacionados, se encuentran vinculados a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.; que en los periodos comprendidos entre septiembre 2007 hasta julio 2013, la parte demandada omitió el cumplimiento de su obligación como empleadora, al dejar de efectuar los pagos por concepto de aportes al fondo de pensiones obligatorias de sus trabajadores; y, que, pese a que, adelantó las gestiones de cobro correspondientes, la accionada no ha procedido con el pago de los dineros adeudados.

Inicialmente, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, autoridad judicial que, mediante auto del 30 de noviembre de 2022, declaró su falta de competencia, al considerar que: “(…) no hay norma procesal laboral y de la seguridad social que regule expresamente la competencia para conocer los procesos a través de los cuales se pretende el pago compulsivo de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, no obstante, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 3 Suprema de Justicia, por virtud de la remisión analógica del artículo 145 del CPT y SS, se acude al artículo 110 de esa norma adjetiva (…) En el presente caso, acorde al al certificado de existencia y representación legal de la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir SA, se observa que el domicilio principal de la entidad demandante corresponde a Bogotá, Cundinamarca, y, con la demanda presentada se adjunta el documento equivalente al título ejecutivo o resolución correspondiente, acorde a la cual, el envío de la constitución en mora, presuntamente fue enviado desde la ciudad de Bogotá DC; por lo que para este caso, se estima que la competencia por el factor territorial no es de los jueces laborales de la ciudad de Pereira, sino que a tono con la regla establecida en el artículo 110 del CPT y SS, para este caso, corresponde a los jueces laborales de «el lugar del domicilio de dicho ente de seguridad social» (…)”.

En consecuencia, al declarar su falta de competencia para conocer del proceso, el sub lite fue remitido al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá D.C., quien, a fin de plantear el conflicto negativo de competencias, expuso varios argumentos en su providencia. Como primer punto explicó que: “(…) No se evidencia una razón contundente para que, en asuntos como el presente, resulte aplicable el artículo 110 del C.P.T y de la S.S, norma que hace parte de la redacción original del Decreto 2158 del año 1948, anualidad en la cual el Instituto de Seguros Sociales no tenía cobertura en todo el territorio nacional, lo cual permite entender la motivación del legislador de proteger a la entidad, al permitirle acudir al juez laboral de su propio domicilio para la ejecución de sus resoluciones, sin importar el domicilio del empleador ejecutado.

No obstante, el Instituto de Seguros Sociales hoy se encuentra extinto, y fue reemplazado por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, entidad que tiene presencia en los 32 departamentos del país, los cuales cuentan, cada uno de ellos, con al menos un juez laboral. De esta misma condición gozan las Administradoras de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, dado que estas operan en la totalidad del territorio nacional, con Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 4 el fin de garantizar a los trabajadores del país el derecho a la libre escogencia de régimen pensional tal y como lo ordena la Ley 100 de 1993 (…)”.

Posteriormente, en el numeral segundo, expuso que, al permitirles a las administradoras demandar en un domicilio extraño al del empleador se dificultaría el derecho de defensa de la ejecutada y se pondría en riesgo la garantía al debido proceso. También manifestó que, se está desconociendo que las AFP tienen la posibilidad de demandar en cualquiera de los municipios donde tienen operación. En ese sentido, dicho Juzgado consideró que, resulta desproporcionado demandar en el domicilio del demandante, pues permite que entidades que operan en todo el país demanden en un lugar que puede resultar ajeno al domicilio del empleador moroso e incluso distante al lugar donde se ejecuta o se ejecutó el contrato que generó los aportes al sistema de seguridad social que se pretenden cobrar.

Como tercer punto menciona que, al dar aplicación al artículo 110 del CPT Y SS se desconoce que: “(…) actualmente el Régimen de Ahorro Individual está administrado por cuatro fondos de pensiones: i) la Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Protección S.A, ii) la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A, iii) Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y iv) Skandia Pensiones y Cesantías S.A., entidades que tienen su domicilio principal, la primera de ellas en la ciudad de Medellín y las restantes en la ciudad de Bogotá”.

Consideró dicho fallador que las circunstancias anteriormente Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 5 narradas generaban que la mayoría de casos fueran remitidos a la ciudad de Bogotá, con excepción de los procesos interpuestos por AFP Protección, entidad con domicilio en Medellín, generando una congestión. Para finalizar concluye que, no debería aplicarse el artículo 110 del CTP Y SS, sino el 5° de la misma normatividad, por lo que considera que el juez competente para tramitar el asunto es el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, ya que el proceso es en contra de una persona que tiene domicilio en dicha ciudad.

En consecuencia, ese Despacho propuso el conflicto negativo de competencia ante la Sala Laboral de esta Corporación y envió las diligencias para lo pertinente. II. CONSIDERACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 numeral 4° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 8° de la Ley 712 de 2001, en armonía con el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7° de la Ley 1285 de 2009, corresponde a esta Sala de la Corte dirimir el conflicto de competencia surgido entre los referidos despachos judiciales.

En el sub lite, el conflicto negativo de competencia se generó entre el Juzgado Segundo Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Pereira y el Juzgado Primero Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Bogotá D.C, quienes Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 6 consideran no ser competentes para asumir el conocimiento del asunto. Por un lado, el primer despacho en cita consideró que carecía de competencia para conocer del litigio, estableciendo que, el domicilio principal de la entidad ejecutante se encuentra ubicado en Bogotá D.C, razón por la cual concluyó que la autoridad judicial de esa ciudad es a quien corresponde el conocimiento del caso.

Por su parte, el último juzgado citado sostiene que no tiene competencia, en tanto que, debería darse aplicación al artículo 5° del del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social y no el 110 de la misma normatividad, en ese sentido y teniendo en cuenta que el proceso es contra una persona con domicilio en la ciudad de Pereira, consideró que el juez competente para tramitar el asunto sería el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira.

Como quiera que lo perseguido en el presente caso es el pago de aportes al Subsistema de Seguridad Social en pensión, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las entidades administradoras de los diferentes regímenes se encuentran obligadas a adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador.

Aun cuando no existe legislación expresa que defina la regla de competencia territorial para conocer del trámite de Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 7 la acción ejecutiva promovida por las diferentes administradoras de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual, lo cierto es que, acudiendo al principio de integración normativa que gobierna las normas procedimentales, se tiene que al presente asunto le es aplicable lo dispuesto en el artículo 110 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, que determina la competencia del juez laboral en temas de igual naturaleza cuando la entidad ejecutante es el Instituto de los Seguros Sociales.

En ese sentido, en los eventos en que, a través de una demanda ejecutiva, una administradora de fondos de pensiones y cesantías privada persiga el pago de cuotas que se le adeuden, el juez competente para asumir su conocimiento será el del lugar del domicilio de dicho ente de seguridad social o de la caja seccional del mismo que hubiere proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón o cuantía. Así las cosas, como la citada preceptiva determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente, se debe acudir a esa misma norma para efectos de dirimir la presente colisión negativa.

Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 8 Al efecto, esta Corporación ha emitido múltiples pronunciamientos, entre ellos, en las providencias CSJ AL2940 –2019, CSJ AL4167-2019, CSJ AL1046-2020 y CSJ AL398-2021, CSJ AL3473-2021, CSJ AL5527-2022, CSJ AL5498-2022, CSJ AL399-2023, CSJ AL401-2023, CSJ AL402-2023, en donde señaló: “En el caso bajo examen, si bien no existe una norma en materia procesal del trabajo que consagre de manera clara y precisa la competencia para conocer del trámite de la acción ejecutiva del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, encaminada en esta oportunidad al cobro de cotizaciones al Subsistema de Seguridad Social en Salud, lo cierto es que por aplicación analógica conforme lo permite el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la regla que se adapta es la establecida en su artículo 110, puesto que determina la competencia del juez del trabajo en asuntos de igual naturaleza, es decir, en los que se busca garantizar los derechos a la seguridad social de los afiliados a través del cobro ejecutivo a los empleadores de aquellas cotizaciones que no fueron satisfechas oportunamente.

La citada norma señala: Juez competente en las ejecuciones promovidas por el Instituto de Seguros Sociales. De las ejecuciones de que trata el artículo anterior y el 32 de la Ley 90 de 1946 conocerán los jueces del trabajo del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo, que hubiese proferido la resolución correspondiente y de acuerdo con las reglas generales sobre competencia por razón de la cuantía. Debe precisarse entonces, que el transcrito precepto adjetivo legal, además, es el aplicable al caso, porque para la época de expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (año 1948), la única entidad administradora del Sistema de Seguridad Social lo era el Instituto de Seguros Sociales, mientras que con la Ley 100 de 1993, se originó la creación de diferentes administradoras de los subsistemas que lo integran, sin que se determinara tampoco, como se anunció precedentemente, en quién recaía la competencia para conocer de la ejecución por cotizaciones a la seguridad social insolutas, situación que como se dijo, sí estaba prevista en su momento para el ISS, y que en tal virtud, resulta ser la más cercana para dilucidar el presente conflicto”.

Respecto a lo anterior, es dable advertir que, aunque en ejercicio del fuero electivo que le asiste, la entidad ejecutante Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 9 determinó la competencia para conocer del presente proceso en atención el domicilio de las partes, demandó ante el juez de Pereira (domicilio de la empresa ejecutada), asignación que, de conformidad con lo erigido en el artículo 110 ibidem, no corresponde a los factores que ha determinado la ley en tratándose de las pretensiones relacionadas con el pago de cotizaciones en mora al Subsistema de Seguridad Social en pensiones.

Frente al particular, se precisa que, el factor de competencia - en estos casos - se determina exclusivamente en atención a dos parámetros: (i) el domicilio de la entidad ejecutante o (ii) el lugar en donde se expidió el título ejecutivo. En tal medida, resulta conveniente tener en cuenta, por un lado, lo consignado en la Liquidación de Aportes Pensionales de Periodos adeudados, a folio 1-2 (anexo 3 de la demanda – expediente digital), en donde no se evidencia el lugar de expedición del título ejecutivo; y, por otro lado, la información visible a folio 30 del expediente, en donde obra el Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad ejecutante, documental de la que es posible extraer como domicilio principal la ciudad de Bogotá. Bajo las consideraciones que anteceden, habrá de concluirse que es el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, el llamado a conocer de este proceso, por lo que será allí a donde se devolverán las presentes diligencias, a efecto de que se surtan los trámites respectivos.

Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 10 Por último, resulta pertinente hacer un llamado de atención a los jueces, para que, en lo sucesivo, examinen con mayor rigorismo y cuidado las demandas sometidas a su conocimiento a efectos de su admisión, y de contera, se abstengan de propiciar conflictos de competencia infundados, en franco desconocimiento con la postura que de tiempo atrás viene sosteniendo la Sala Laboral de la Corte, en tanto ese tipo de comportamientos lo que hace es desgastar y congestionar la administración de justicia. III.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, RESUELVE:

PRIMERO: DIRIMIR el conflicto de competencia negativo suscitado entre el JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA y el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C., dentro del proceso ordinario laboral promovido por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A contra RAUL ALONSO TORO GUTIERREZ, en el sentido de remitir el expediente al último de los despachos mencionados.

SEGUNDO: INFORMAR lo resuelto al JUZGADO Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 11 SEGUNTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE PEREIRA.

TERCERO. Por Secretaría procédase de conformidad con lo aquí resuelto. Notifíquese y cúmplase. Presidente de la Sala Radicación n.° 97290 SCLAJPT-06 V.00 12 No firma por ausencia justificada IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ SCLTJPT-05 V.01 Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN En la fecha 12 de mayo de 2023, a las 8:00 a.m. se notifica por anotación en estado n.° 070 la providencia proferida el 29 de marzo de 2023.

SECRETARIA__________________________________ Secretaría Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia CONSTANCIA DE EJECUTORIA En la fecha 17 de mayo de 2023 y hora 5:00 p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida el 29 de marzo de 2023. SECRETARIA___________________________________