CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicado N° 44607 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Magistrado Ponente AL 930-2013 Radicación N° 44607 Acta N°24 Bogotá, D.C., seis (6) de Agosto de dos mil trece (2013). Procede la Sala a resolver la solicitud de aprobación de transacción, desistimiento del recurso extraordinario, desistimiento de las pretensiones y terminación del proceso ordinario laboral, presentada dentro del asunto que RAFAEL SÁNCHEZ FLÓREZ, TOMÁS FRANCISCO BOLAÑOS, HERNANDO PINILLO VILORIA, ANTONIA TORRES BLANCA, FERNANDO SOTO BERDUGO y CARLOS ACOSTA VENTURA le siguen a la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP –ELECTRICARIBE S.A. y, que obra a folios 123 a 126 del cuaderno de la Corte.

I.

ANTECEDENTES Mediante auto de fecha 24 de marzo de 2010, esta Corporación ordenó admitir el recurso de casación propuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 16 de octubre de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso ordinario referido en precedencia. En el trámite del recurso extraordinario, la demanda de casación fue debidamente sustentada dentro del término de traslado y no fue objeto de réplica por la parte opositora.

Los apoderados de las partes solicitan en escrito obrante a folios 123 a 126 del cuaderno de la Corte, la aprobación del acuerdo de transacción adjunto a la misma, que suscribieron conjuntamente la accionada y los demandantes RAFAEL SÁNCHEZ FLÓREZ, TOMÁS FRANCISCO BOLAÑOS y FERNANDO SOTO BERDUGO, con el propósito de dar por terminado el proceso y el consecuente desistimiento del recurso extraordinario por parte de la demandada en cuanto a éstos actores.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Corporación venía sosteniendo que era impropio solicitarle impartir aprobación a un contrato de transacción, por no encontrarse tal actuación dentro de sus atribuciones, y constituir un aspecto del proceso propio de las instancias y distinto a los que atañen al recurso de casación. Sin embargo, mediante providencia del 26 de julio de 2011, Rad. 49792, la Sala varió su criterio y arribó a un entendimiento distinto, para considerar que resulta procedente la aceptación de la transacción, en aquellos casos en que se reúnan los presupuestos para ello.

En dicha providencia, así reflexionó la Sala: “Previamente a resolver las anteriores solicitudes debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta Sala de Casación considerar que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida, tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en trámite del recurso de casación. No obstante, un nuevo estudio de los preceptos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendimiento distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional, en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocidos para las instancias del proceso.

En efecto, la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso es sabido, consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, la transacción impide el resurgimiento de la controversia judicial que fue su objeto entre quienes la suscribieron, así como que las obligaciones que de allí surjan pueden demandarse ejecutivamente.

Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro. La transacción, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, también es un acto procesal válido en el proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil prevé que la transacción puede hacerse ‘en cualquier estado del proceso’, incluso, con posterioridad al agotamiento de las instancias, esto es, para ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’. Ergo, el recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de aplicación de la citada figura, pues es claro para la Corte que aun cuando su trámite se surte con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, no lo es porque el proceso se haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia de segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso extraordinario.

De tal manera que, siendo el recurso extraordinario de casación parte del proceso laboral, la transacción es susceptible de producirse durante su trámite y aún después de dictarse la sentencia que lo resuelva, para, como ya se dijo, ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’. Así como la competencia funcional no puede afectar en modo alguno la posibilidad de que las partes puedan transigir la litis en curso de las impugnaciones, tampoco puede impedir o inhibir la facultad de los respectivos jueces para resolver los pedimentos derivados de lo transigido.

Esa la razón para que el mismo artículo 340 señale que ante tal situación las partes deberán dirigir escrito al ‘juez o Tribunal’ que conozca del proceso o de la actuación posterior a éste, precisando sus alcances o acompañado el documento que la contenga, caso en el cual se producirán los efectos procesales pertinentes, al punto de que si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, el funcionario correspondiente la aceptará si la encuentra a derecho, ‘quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme’.

En trámite del recurso extraordinario deben entenderse como tales las dictadas en las instancias, pues la de primer grado ha debido ser impugnada o encontrarse en consulta para que se hubiere proferido la del Tribunal que, a su vez, se encontrará sub júdice por efectos del recurso extraordinario. De esta manera, a la Sala de Casación Laboral compete en trámite del recurso extraordinario de casación someter a su estudio las transacciones de la litis que las partes en conflicto pongan a su consideración para, si es del caso, se cumplen los requisitos sustanciales y se respetan los derechos de las partes, entre ellos los que particularmente interesan a esta disciplina jurídica, es decir, los derechos ciertos e indiscutibles, aceptarlas y generar los efectos perseguidos por quienes las suscribieron, esto es, la terminación total o parcial de la litis, según el caso.

Ahora bien, no encuentra atinado la Corte separar los conceptos de desistimiento del recurso extraordinario y transacción, como lo venía haciendo, por la sencilla razón de que si se acepta aisladamente el desistimiento del recurso, ello significará que queda en firme el fallo del Tribunal, propósito en modo alguno querido por quienes suscriben la transacción, pues su querer precisamente debe entenderse es el que la sentencia del Tribunal no quede firme, sino que lo sea la transacción judicialmente aceptada.

Por tanto, el desistimiento del recurso debe entenderse como un mecanismo que allana a las partes a la transacción, no necesario por cierto, pues como se ha visto el legislador ya ha previsto que en caso de aceptarse la transacción total del proceso, éste se termina ‘quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme’.

Lo anterior no significa, por otra parte, que siempre desistimiento del recurso y transacción deban verse como figuras dependientes, pues bien puede ocurrir que el asunto objeto a examen no sea susceptible de transigir pero que el acto procesal sí pueda ser materia susceptible de desistir, evento en el cual al funcionario competente no le será dado acceder a lo primero, pero por supuesto que a lo segundo sí. Entonces, en cada caso y conforme a la redacción del respectivo acuerdo, deberá tomarse camino por aceptar la transacción allegada por las partes o por la del desistimiento del acto procesal en curso.

Con fundamento en este nuevo entendimiento de la Corte sobre la figura de la transacción importa a la misma observar que, en el presente caso, con la transacción aportada por las partes a través de sus apoderados se persigue la terminación del proceso, para lo cual, el objeto del mismo, que lo fue la indexación del valor de la primera mesada pensional y el correlativo pago del retroactivo pensional generado hasta el momento, se soluciona por éstas, por una parte, imponiéndose unas obligaciones económicas a cargo de la demandada que se dicen ya satisfechas y, por otra, se establece un valor único a la pensión devengada por el actor a cargo de la demandada, a partir del mes de enero de la presente anualidad.

Adicionalmente, se dice desistir del recurso extraordinario por cuenta de la demandada en las instancias y la declaración de paz y salvo por cualquier diferencia económica surgida de la relación laboral que ató a las partes. En consecuencia, no aparece obstáculo alguno a la vista de la Corte para aceptar la transacción precisada en el memorial que acompaña la solicitud de terminación del proceso y desistimiento del recurso, fuera de estar los apoderados habilitados para transigir por cuenta de sus representados, de donde resulta pertinente, en atención a lo prescrito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo según lo ya anotado, acceder a los pedimentos suplicados dando terminación al proceso sin lugar a costas y sin que haya lugar a pronunciamiento alguno sobre el desistimiento del recurso extraordinario”.

De acuerdo a los nuevos parámetros establecidos, procede esta Sala a estudiar lo solicitado por los apoderados de las partes, para evidenciar si la transacción referida tiene como fin terminar el proceso en relación a la acción incoada por los demandantes RAFAEL SÁNCHEZ FLÓREZ, TOMÁS FRANCISCO BOLAÑOS y FERNANDO SOTO BERDUGO, cuyas pretensiones se contraen a que se condene a la demandada a reconocer y pagar el reajuste de sus pensiones convencionales, a partir del año 2000 en adelante, de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo; a cancelar los intereses moratorios, la indexación de las sumas adeudadas y las costas del proceso.

Para ello se imponen unas obligaciones económicas a cargo de la demandada (cláusula C. de la transacción, folio 129 del cuaderno de la Corte), las cuales, se dice, serán canceladas a favor de los accionantes al momento en que el acuerdo transaccional sea aceptado por esta Sala y con las que, manifiestan éstos, se “satisface y compensa la totalidad de los derechos que se estaban discutiendo en el proceso”.

Igualmente, se dice desistir del recurso extraordinario interpuesto por la parte accionada y de las pretensiones elevadas por la mencionada demandante, y solicitan conjuntamente la terminación del proceso y la no condena en costas para las partes. Ahora bien, a la luz del CST, Art. 15, la figura de la transacción es admisible en los asuntos del trabajo cuando ella versa sobre derechos inciertos y discutibles, lo cual supone que en el presente caso se pueda admitir, en el evento que se den los presupuestos de incertidumbre y controversia, respecto de la existencia del derecho convencional deprecado y de la incidencia económica del mismo.

Así las cosas, al revisar el objeto de la litis, no se evidencia obstáculo alguno para aceptar la transacción adjunta al memorial que acompaña la solicitud de terminación del proceso, por cuanto, en efecto, se trata de derechos inciertos y discutibles, en tanto precisamente se encuentran en controversia las variables de aplicación de la norma convencional que consagra el reajuste pensional deprecado, por lo que le correspondería al juez laboral verificar si están acreditados los requisitos para su exigibilidad, así como sus supuestos fácticos, para lo cual deberá atender las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso.

La Sala encuentra que, los derechos reclamados son transigibles, desistibles o conciliables y no desconocen el mínimo de derechos y garantías que se le reconocen a los hoy pensionados. Tampoco se afectan derechos adquiridos, entendidos éstos como aquellos que han entrado al patrimonio de los accionantes. Aunado a lo anterior, los apoderados se encuentran habilitados para desistir por cuenta de sus representados.

Luego, en atención a lo prescrito por el CPC, Art. 340, aplicable a los juicios del trabajo por permitirlo así el CPL y SS, Art. 145, se accederá a lo pretendido en cuanto a los indicados demandantes RAFAEL SÁNCHEZ FLÓREZ, TOMÁS FRANCISCO BOLAÑOS y FERNANDO SOTO BERDUGO, admitiendo la transacción y el desistimiento del recurso de casación y se continuará el trámite del mismo en relación con los otros accionantes HERNANDO PINILLO VILORIA, ANTONIA TORRES BLANCA, y CARLOS ACOSTA VENTURA, quienes no formaron parte de la transacción referida en precedencia. No hay lugar a costas por haberlo solicitado así las partes.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR la transacción suscrita entre RAFAEL SÁNCHEZ FLÓREZ, TOMÁS FRANCISCO BOLAÑOS y FERNANDO SOTO BERDUGO de una parte y la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.- E.S.P.- ELECTRICARIBE S. A. - E. S. P., de otra, presentada dentro del proceso ordinario laboral promovido por dichos demandantes y HERNANDO PINILLO VILORIA, ANTONIA TORRES BLANCA, y CARLOS ACOSTA VENTURA, contra la referida accionada.

SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite del recurso de casación respecto de los demandantes HERNANDO PINILLO VILORIA, ANTONIA TORRES BLANCA, y CARLOS ACOSTA VENTURA, con arreglo a lo expuesto.

TERCERO: Sin costas, en atención a lo considerado. Notifíquese y Cúmplase, CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 1 PAGE 9