República de Colombia Corte Suprema de Justicia Radicado N° 61805 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Magistrado Ponente AL 842 - 2013 Radicación N° 61805 Acta N° 22 Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013). Resuelve la Corte el recurso de queja presentando por la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, contra el auto de fecha 30 de abril de 2013, dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante el cual se le negó el recurso extraordinario de casación propuesto contra la sentencia de 30 de noviembre de 2012, proferida dentro del proceso ordinario que VÍCTOR JULIO BUSTACARA VELANDIA, RAÚL AGUIRRE RAMÍREZ, NELSON HERNÁN ALZATE GALLO, JAIRO ALBERTO ALZATE PELÁEZ, MÓNICA ARANGO SALAZAR, MARÍA ELENA ARBELÁEZ JIMÉNEZ, JOSÉ JAIRO ARBOLEDA PATIÑO, ÁLVARO ASCANIO RAMÍREZ, DARÍO ANTONIO BARRAGÁN AYALA, ALDEMAR BEDOYA DUQUE, JAIRO BEDOYA MESA, LUZ HELENA BENJUMEA GUTIÉRREZ, DANIEL ALBERTO BERNAL BETANCUR, GUSTAVO DE JESÚS BERRIO LOAIZA, MARÍA RUTH BETANCURT DE GIRALDO, JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS JARAMILLO, RODRIGO CARDONA BLANDÓN, ULDARICO CARDONA DELGADO, MARTÍN EDUARDO CARDONA SUÁREZ, EZEQUIEL CARVAJAL CARVAJAL, CARLOS EMILIO CASTAÑEDA CALDERÓN, DAVID ENRIQUE CASTAÑO ROJAS, JAIME ALBERTO CASTAÑO VELÁZQUEZ, BERNARDO CASTELLANOS TORO, CARLOS ANDRÉS CASTRO PARDO, CARLOS AUGUSTO CATAÑO TREJOS, GLORIA PATRICIA CERÓN CHACÓN, JUAN PABLO CHICA GÓMEZ, NICOLÁS ERNESTO CHICA LOAIZA, LUIS FERNANDO CLAVIJO RAMÍREZ, ASDRÚVAL DÁVILA SEPÚLVEDA, DAIRO DÍAZ MONTOYA, ORLANDO DE JESÚS DUQUE CASTRO, JOSÉ FERNANDO ECHEVERRI G., RICARDO FLÓREZ MONTOYA, JUAN CARLOS FLOREZ OSORIO, RUBY ALBA GALLEGO, FRANCISCO ANTONIO GALVIS SUÁREZ, JAIME EDUARDO GARCÍA MORA, DIANA MARCELA GARCÍA POSADA, GLORIA EMILSE GARCÍA VALENCIA, ÓSCAR ANDRÉS GIL CHICA, CESAR AUGUSTO GIRALDO AVENDAÑO, MARÍA CRISTINA GIRALDO DE ECHEVERRY, YOLANDA GIRALDO LÓPEZ, JORGE MARIO GIRALDO MEJÍA, CARLOMÁN GÓMEZ ESCOBAR, LUZ AMPARO GÓMEZ GÓMEZ, JOSÉ ÓSCAR GÓMEZ OTALVARO, JULIO CESAR HENAO VILLA, FRANCISCO JAVIER HERRERA GARCÍA, LUCY HIGUERA VALENCIA, JUAN CARLOS HOYOS LONDOÑO, JULIÁN DAVID HOYOS LONDOÑO, GLORIA NANCY HOYOS RODRÍGUEZ, INÉS HURTADO HURTADO, HÉCTOR ANDRÉS JIMÉNEZ ALZATE, LUIS FERNANDO JIMÉNEZ GÓMEZ, OLGA MARINA LONDOÑO MORALES, WILLIAM LÓPEZ AGUIRRE, CARLOS ALBERTO LÓPEZ SALAZAR, LUIS ÓSCAR MARÍN RAMÍREZ, LUZ HELENA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BLAS ANTONIO MARTÍNEZ MUÑOZ, LUIS ALBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ, GUSTAVO MARULANDA FRANCO, CLAUDIA BIBIANA MARULANDA LOAIZA, AMPARO MONTES GARCÍA, LUIS ALFONSO MONTOYA MARÍN, JORGE HERNÁN MORALES VALENCIA, GONZALO MUÑOZ LÓPEZ, JAIME ÓLIVER OCAMPO HERRERA, BLANCA DORIS OCAMPO RODRÍGUEZ, MAGNOLIA ORREGO ARIAS, ELIÉCER ORTEGA GONZÁLEZ, ÓSCAR DANILO OSORIO, ROBERTO OSORIO ZAPATA, GINA MARCELA OSPINA VALENCIA, JOSÉ MILAGRO PALACIO RESTREPO, URIEL ANTONIO PATIÑO ARISTIZÁBAL, GERMÁN PATIÑO GUTIÉRREZ, GUSTAVO ADOLFO PATIÑO TRUJILLO, BLANCA ESTELA QUICENO MARÍN, JORGE ENRIQUE QUIJANO RODRÍGUEZ, ELIANA PATRICIA QUINTERO A., JULIÁN QUINTERO HOLGUÍN, NHORA QUINTERO VALENCIA, GERARDO RAIGOZA GONZÁLEZ, GLORIA INÉS RAMÍREZ CARDONA, BIBIANA RAMÍREZ CARVAJAL, VÍCTOR RAÚL RAMÍREZ CEBALLOS, GUSTAVO RAMÍREZ RUBIO, JOSÉ MARINO RESTREPO, JOSÉ FERNEY RÍOS, JOSÉ LUIS RIVERA POSADA, ÓSCAR DE JESÚS RODRÍGUEZ, NICOLÁS ANTONIO ROMERO TORRES, MARÍA YERMÉN SALAZAR PÉREZ, FABIO SÁNCHEZ VALENCIA, OLGA BIBIANA SANZ ALZATE, GILBERTO SEGURA GÓMEZ, CLEMENCIA SERNA RESTREPO, MÓNICA ALEXANDRA TAPASCO GONZÁLEZ, ADIELA TEJADA DE PINILLA, CAROLINA VALDERRAMA GIRALDO, LUZ MARINA VALENCIA GONZÁLEZ, ÓSCAR VALENCIA SOTO, GLORIA INÉS VARGAS VALENCIA, MARÍA YOLANDA VARGAS VALENCIA, JOSÉ DUVÁN VEGA DUQUE, GUSTAVO DE JESÚS YEPES TABARES, LILIANA ZULUAGA ESCOBAR, CLAUDIA ZULUAGA ZULUAGA, YAMILÉ CUERVO MORALES, JOSUÉ MARÍN PÁEZ, LINA MARÍA ARENAS RÍOS, JOSÉ LEÓN CANO PATIÑO, LUIS ÁNGEL MUÑOZ ARIAS, MARTÍN EUGENIO CADON CALDERÓN, GABRIEL CORREA GARCÍA y JOSÉ ALFREDO CASTAÑO TRUJILLO, le siguen a la entidad recurrente.

I.

ANTECEDENTES Inconforme con la sentencia que se pretende impugnar en casación, la parte demandada interpuso, dentro del término de ley, el recurso extraordinario que le fue negado, mediante proveído calendado 30 de abril de 2013, (folios 114 a 118), en el que el juez de segunda instancia, argumentó falta de interés para recurrir por parte de la accionada.

Contra dicha decisión, la sociedad llamada a juicio presentó recurso de reposición, que fue resuelto mediante auto del 17 de mayo de 2013, a través del cual, el Tribunal en mención mantuvo la providencia atacada, al estimar que, “el monto de las condenas impuestas individualmente, no superan (sic) los 120 salarios mínimos legales vigentes, exigidos por el artículo 86 del C.P.T. y S.S.”.

En consecuencia, dispuso compulsar las copias para surtir la queja. Dentro de la oportunidad prevista por C.P.C., Art. 378-6, el apoderado de la recurrente, interpuso el recurso de queja, para lo cual adujo: “Es ilógico y de sentido común que para determinar la cuantía de recurso tan importante y trascendental deba examinarse el monto económico DESFAVORABLE AL RECURRENTE pues, finalmente, ese monto económico es el que tiene que desembolsar para cumplir el mandato judicial contenido en la sentencia; es decir es totalmente ilógico mirar los montos individualizados ó independientes de cada uno de los demandantes que concurrieron al proceso si, obligatoriamente, lo que ha de cancelar la parte vencida es la SUMATORIA de las diferentes condenas.

Si los demandantes decidieron voluntariamente acumular sus pretensiones en una sola demanda es perfectamente entendible que hayan de asumir todas las consecuencias procesales que de dicha actuación legal se derivan”. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La parte convocada a juicio, funda la procedencia del recurso extraordinario que aspira le sea concedido, en que el Tribunal debió tener en cuenta el valor total de la condena impuesta a su cargo y no el monto correspondiente a cada uno de los demandantes.

Luego, al calcular el interés jurídico para recurrir de aquella manera, la condena total asciende a $890.137.218,oo, suma que supera los 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes exigidos por la Ley para acudir en casación. Pues bien, la jurisprudencia de la Sala, ha definido que la Corte es competente para conocer del recurso de casación, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) que el recurso haya sido interpuesto en tiempo;

(ii) que se trate de una sentencia proferida en proceso ordinario y, (iii) que se acredite el interés jurídico para recurrir. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito, esto es, el interés jurídico para recurrir, que es el controvertido en el recurso de queja que ocupa la atención de la Sala, ésta ha sostenido de manera reiterada, que para el caso del demandado, el mismo equivale al valor de las condenas impuestas.

Así mismo, ha adoctrinado con profusión que en los asuntos en que la parte actora se encuentre conformada por varios demandantes en presencia de un litisconsorcio facultativo, cada integrante ha de ser considerado como litigante independiente, pues las pretensiones de cada actor conservan sus efectos autónomos e individuales, al punto que los actos particulares, no redundarán en provecho, ni en perjuicio de los otros, sin que por ello se afecte la unidad del proceso; no siendo por tanto, viable sumar el monto de las condenas de todos ellos.

Lo anterior, por cuanto la acumulación de pretensiones obedece únicamente a la aplicación del principio de “economía procesal” que busca tramitar los diferentes autos por una misma cuerda y decidirlos en una misma providencia, pero en manera alguna puede producir el efecto de crear para una de las partes recursos que no cabrían en el proceso en caso de que los accionantes formularan la acción de manera individual; por ello, en el sub lite, el interés para recurrir por el ente demandado se contrae al agravio sufrido respecto de cada uno de ellos, de suerte que la tasación será individual y no sumando el monto de las condenas de todos los demandantes, como lo pretende el quejoso.

Sobre el mismo tema se pronunció la Sala dentro del Rad. 32484 de fecha 14 de agosto de 2007: “Esta doctrina viene fundada en que en tales eventos se está en presencia de un litis consorcio facultativo, por manera que cada demandante ha de ser considerado como un litigante independiente y separado. Así, en sentencia de 11 de septiembre de 1986, expresó la Corte: “Para los efectos del recurso de casación es menester evaluar separadamente el monto del interés jurídico de cada demandante y no como se hace en el dictamen apreciado con el sistema de sumar el valor de todas las pretensiones individualmente determinadas en la acumulación hecha en la demanda.

La circunstancia de que las diferentes relaciones materiales acumuladas se resuelvan en una sola sentencia no les hace perder su autonomía al integrar el litis consorcio activo como acontece en el asunto sub lite, o sea la pluralidad de demandantes frente a la sociedad demandada. “Y tanto ello es así que para fijar la cuantía en el caso de acumulación de procesos, ella se constituye no por la suma del interés patrimonial de todos los demandantes que integran el litis consorcio activo, sino que respecto de cada uno debe hacerse su propia estimación económica en forma independiente, tal como lo prescribe el artículo 20, numeral 2° del Código de Procedimiento Civil.” “Cumple advertir que la misma doctrina es predicable cuando el recurso de casación lo interpone la parte demandada, en la hipótesis de que varios demandantes hubiesen acumulado sus pretensiones en una misma demanda o en la de acumulación de procesos, pues no tendría ninguna lógica establecer una regla diferente cuando se trata en realidad de la misma situación jurídica.

Al respecto, esta Sala, en sentencia de 31 de enero de 1974, asentó: " en cuanto al recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandada, es necesario examinar cada uno de los procesos acumulados, pues ellos son independientes para efectos de la casación, ya que la acumulación solamente busca tramitar los diferentes autos por una misma cuerda y decidirlos en una misma providencia, pero en manera alguna puede producir el efecto de crear para una de las partes recursos que no cabían en el proceso respectivo.

El interés para recurrir se contrae a la demanda correspondiente y la cuantía de ese interés se determina por el agravio que sufra en cada uno de los juicios, porque la acumulación no modifica la relación jurídico procesal, sino que altera la forma de tramitar y decidir, haciéndola conjunta cuando era separada." Con fundamento en los criterios que se dejaron expresados, para efectos de la procedencia del recurso extraordinario de casación, debe considerarse que el agravio que el fallo de segunda instancia le irrogó a la demandada recurrente está representado por la condena que se fulminó en su contra frente a cada uno de los demandantes individualmente considerados, y no por la acumulación de todas las condenas.” En el contexto que antecede, el gravamen causado a la parte demandada, se concreta al valor de las condenas impuestas por el ad quem, vistas separadamente para cada uno de los demandantes, sobre cuyos montos no existió discusión alguna.

Dichas sumas, a la letra son: N° NOMBRES Total Consolidado N° NOMBRES Total Consolidado 1 AGUIRRE R. RAÚL. $ 11.592.586 62 HURTADO H. INÉS. $ 3.983.906 2 ÁLZATE G. NELSON. $ 8.284.257 63 JIMÉNEZ A. HÉCTOR A. $ 3.410.812 3 ÁLZATE P. JAIRO A. $ 8.007.644 64 JIMÉNEZ GÓMEZ LUIS FERNANDO. $ 4.544.162 4 ARANGO S. MÓNICA. $ 3.860.133 65 LONDOÑO M. OLGA MARINA. $ 3.191.472 5 ARBELÁEZ J. MARÍA ELENA. $ 3.657.481 66 LÓPEZ AGUIRRE WILLIAM. $ 24.975.588 6 ARBOLEDA P. JOSÉ JAIRO. $ 10.203.918 67 LÓPEZ SALAZAR CARLOS A. $ 5.285.621 7 ARENAS RÍOS LINA MARÍA. -$ 42.149,00 68 MARÍN PÁEZ JOSUÉ. $ 451.745 8 ASCANIO R. ÁLVARO. $ 9.597.681 69 MARÍN RAMÍREZ LUIS OSCAR. $ 777.016 9 BARRAGÁN A. DARÍO A. $ 3.821.666 70 MARTÍNEZ M. LUZ HELENA. $ 7.978.606 10 BEDOYA D. ALDEMAR. $ 9.852.771 71 MARTÍNEZ M. BLAS ANTONIO. $ 3.166.110 11 BEDOYA MEZA JAIRO. $ 7.586.290 72 MARTÍNEZ R. LUIS ALBERTO. $ 2.872.679 12 BENJUMEA G. LUZ HELENA. -$ 606.965,00 73 MARULANDA F. GUSTAVO. $ 15.602.435 13 BERNAL B. DANIEL A. $ 13.167.443 74 MARULANDA L. CLAUDIA. $ 5.323.667 14 BERRIO L. GUSTAVO. $ 16.887.272 75 MONTES GARCÍA AMPARO $ 13.458.986 15 BETANCURT G. MARÍA R. $ 619.735 76 MONTOYA M. LUIS ALFONSO. $ 6.714.439 16 BUSTACARA V. VÍCTOR J. $ 21.711.473 77 MORALES V. JORGE HERNÁN. $ 1.661.467 17 CANO PATIÑO JOSÉ LEÓN. $ 12.350.612 78 MUÑOZ ARIAS LUIS ÁNGEL. $ 3.466.308 18 CÁRDENAS J. JOSÉ F. $ 12.044.941 79 MUÑOZ LÓPEZ GONZALO. $ 22.938.485 19 CARDONA B. RODRIGO. $ 2.710.337 80 OCAMPO BLANCA DORIS. $ 5.290.844 20 CARDONA C. MARTÍN E. $ 6.874.409 81 OCAMPO H. JAIME OLIVER. $ 11.911.937 21 CARDONA D. ULADRICO. $ 9.035.106 82 ORREGO ARIAS MAGNOLIA. $ 7.200.327 22 CARDONA S. MARTÍN E. $ 7.033.028 83 ORTEGA G. ELIECER. $ 2.188.772 23 CARVAJAL C. EZEQUIEL. $ 18.468.930 84 OSORIO OSORIO OSCAR DANILO. $ 745.483 24 CASTAÑO T. JOSÉ A. $ 9.038.547 85 OSORIO ZAPATA ROBERTO. $ 6.163.164 25 CASTAÑEDA C. CARLOS E. $ 6.600.732 86 PALACIO R. JOSÉ MILAGRO. $ 6.655.451 26 CASTAÑO R. DAVID E. $ 9.098.719 87 OSPINA V. GINA MARCELA. $ 4.826.443 27 CASTAÑO V. JAIME A. $ 11.804.031 88 PATIÑO A. URIEL ANTONIO. $ 1.731.963 28 CASTELLANOS T. BERNARDO. $ 20.319.637 89 PATIÑO G. GERMÁN. $ 17.111.899 29 CASTRO P. CARLOS A. $ 10.567.063 90 PATIÑO T. GUSTAVO A. $ 9.610.835 30 CATAÑO T. CARLOS A. $ 7.907.936 91 QUICENO MARÍN BLANCA STELLA. $ 4.166.355 31 CERÓN CH.

GLORIA P. $ 3.977.239 92 QUIJANO R. JORGE ENRIQUE. $ 13.637.711 32 CHICA G. JUAN PABLO. $ 2.994.994 93 QUINTERO A. ELIANA PATRICIA. $ 334.934 33 CHICA L. NICOLÁS E. $ 19.147.120 94 QUINTERO HOLGUÍN JULIÁN. $ 2.233.130 34 CLAVIJO R. LUIS. $ 23.609.481 95 QUINTERO V. NHORA. $ 4.123.828 35 CORREA G. GABRIEL. $ 2.435.668 96 RAIGOZA G. GERARDO. $ 4.260.183 36 CUERVO M. YAMILE. $ 3.229.222 97 RAMÍREZ C. GLORIA INÉS. $ 6.570.291 37 DÁVILA S. ASDRÚBAL. $ 15.060.374 98 RAMÍREZ C. BIBIANA. $ 3.173.312 38 DÍAZ M. DARÍO JUAN B. $ 9.304.559 99 RAMÍREZ C. VICTIR (sic) RAÚL. $ 25.241.450 39 DUQUE C. ORLANDO. $ 1.391.371 100 RAMÍREZ RUBIO GUSTAVO. $ 12.398.429 40 ECHEVERRI G. JOSÉ F. $ 7.622.365 101 RESTREPO JOSÉ MARINO. $ 13.721.424 41 FLORES M. RICARDO. $ 14.212.897 102 RÍOS JOSÉ FERNEY. $ 3.558.318 42 FLOREZ O. O. (sic) JUAN CARLOS. $ 11.559.976 103 RIVERA POSADA JOSÉ LUIS. $ 3.230.475 43 GALLEGO O. RUBY ALBA. $ 8.777.450 104 RODRÍGUEZ OSCAR D. JESÚS. $ 1.836.433 44 GALVIS S. FRANCISCO A. $ 19.330.025 105 ROMERO T. NICOLÁS A. $ 8.414.503 45 GARCÍA M. JAIME E. $ 8.876.531 106 SALAZAR PÉREZ MARÍA YERMEN. $ 9.130.257 46 GARCÍA P. DIANA M. $ 663.653 107 SÁNCHEZ VALENCIA FABIO. $ 9.790.937 47 GARCÍA V. GLORIA E. $ 8.859.188 108 SANZ ÁLZATE OLGA BIBIANA. -$ 63.944,00 48 GIL CHICA OSCAR A. $ 7.281.699 109 SEGURA GÓMEZ GILBERTO. $ 1.903.260 49 GIRALDO A. CESAR A. $ 10.118.375 110 SERNA R. CLEMENCIA. $ 6.897.457 50 GIRALDO DE E. MARÍA C. $ 6.490.069 111 TAPASCO G. MÓNICA A. $ 15.499.224 51 GIRALDO L. YOLANDA. $ 4.026.663 112 TEJADA DE PINILLA ADÍELA. $ 1.165.072 52 GIRALDO M. JORGE MARIO. $ 2.976.354 113 VALDERRAMA G. CAROLINA. $ 5.377.046 53 GÓMEZ E. CARLOMAN. $ 6.673.244 114 VALENCIA G. LUZ MARINA. $ 6.702.859 54 GÓMEZ G. LUZ AMPARO. $ 6.117.843 115 VALENCIA SOTO OSCAR. $ 3.547.040 55 GÓMEZ O. JOSÉ OSCAR. $ 6.305.440 116 VARGAS V. MARÍA YOLANDA. $ 1.250.621 56 HENAO VILLA JULIO CESAR. $ 3.228.567 117 VARGAS V. GLORIA INÉS. $ 6.046.585 57 HERRERA G. FRANCISCO J. $ 1.597.228 118 VEGA DUQUE JOSÉ DUVÁN. $ 7.169.788 58 HIGUERA V. LUCY. -$ 4.201.394 119 YEPEZ T. GUSTAVO DE J. $ 8.832.174 59 HOYOS L. JUAN CARLOS. $ 3.524.851 120 ZULUAGA E. LILIANA. $ 4.319.078 60 HOYOS L JULIAN DAVID. $ 3.975.676 121 ZULUAGA Z. CLAUDIA. $ 1.010.119 61 HOYOS R. GLORIA N. $ 196.255 TOTALES $ 890.137.218 Como puede verse, el valor de las condenas decretadas a favor de cada uno de los accionantes, no alcanza ninguna a cumplir la suma fijada por la ley para que el recurso extraordinario de casación pueda ser concedido, pues la L. 712/2001, Art. 43, vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia (30 de noviembre de 2012), dispuso que serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2012, equivalía a $68.004.000.oo, toda vez que el salario mínimo para dicha anualidad ascendía a la suma de $566.700.oo.

Significa lo anterior, que el Tribunal acertó, al denegar el recurso de casación propuesto por la parte demandada, que por lo explicado no tiene interés jurídico para recurrir. En consecuencia, no procede conceder el recurso extraordinario interpuesto por la convocada a juicio. Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR bien denegado el recurso extraordinario formulado por la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, contra la sentencia de 30 de noviembre de 2012, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario que VÍCTOR JULIO BUSTACARA VELANDIA y otros, instauraron contra la recurrente.

SEGUNDO: DEVOLVER la actuación al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS 1 PAGE 11